Medio ambiente mortal

Informe sobre el aumento del número de asesinatos de defensores del medio ambiente y la tierra

«Al principio pensé que luchaba para salvar los árboles del caucho. Más tarde pensé que lo

hacía para salvar la selva amazónica. Ahora sé que estoy luchando para salvar la

humanidad». (Chico Mendes1)

1. Resumen ejecutivo

Nunca ha sido tan importante proteger el medio ambiente, y nunca ha tenido unas

consecuencias tan mortales. La competencia por el acceso a recursos naturales está

aumentando en el contexto de una profunda desigualdad mundial, mientras la humanidad

ha sobrepasado ya un gran número de fronteras ambientales fundamentales para el

planeta2. Asimismo, cada vez hay más personas corrientes que se colocan en la línea de

fuego para defender el medio ambiente del abuso de las empresas y gobiernos y de la

explotación insostenible.

Este informe arroja luz sobre las peores consecuencias de este problema tan desconocido

que tan rápidamente está agravándose. Se trata de una cuestión en la que existe una

notable falta de información, pero hemos podido verificar que, entre 2002 y 2013, 908

ciudadanos murieron asesinados cuando protegían los derechos sobre la tierra y el medio

ambiente. En 2012 el número de muertos triplicó al de 10 años antes, y en los últimos

cuatro años el índice de muertes ha aumentado a una media de dos activistas por semana.

Es prácticamente seguro que se hayan dado más casos, pero es difícil encontrar la

información pertinente debido a la naturaleza del problema, y es aún más difícil verificarla.

En cualquier caso, incluso el número de asesinatos que se conoce es equiparable al índice de

periodistas asesinados en el mismo periodo mientras desempeñaban su labor (913), que es

un dato más prominente3. Además, la cifra de víctimas mortales apunta a que el nivel de

violencia no letal e intimidación es mucho mayor, aunque estos problemas no quedan

documentados en este informe.

Esta situación que tan rápidamente está agravándose parece estar oculta a plena vista. La

falta de un control sistemático y de información sobre la amenaza cada vez mayor a la que

se enfrentan los activistas de la tierra y el medio ambiente está permitiendo que se cometan

estos asesinatos y toda una serie de abusos, mientras los gobiernos y sistemas judiciales

nacionales fracasan constantemente en su intento de proteger a sus ciudadanos contra

posibles daños.

En junio de 2012, se hizo público en la Cumbre de Río+20 el informe de Global Witness

titulado «A Hidden Crisis»4 (Una crisis oculta). Casi 25 años después del asesinato de Chico

Mendes, el famoso recolector de caucho y activista forestal brasileño, el informe advertía de

una creciente emergencia humana en los sectores agrario y forestal de todo el mundo: el

número de asesinatos aumentaba sin cesar y la protección del medio ambiente se convertía

en uno de los principales campos de batalla de los derechos humanos.

Los hallazgos y recomendaciones del informe se mencionaron en la cumbre, y Navi Pillay, la

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó: «Es

espeluznante, pero no me resulta sorprendente porque es lo que ha descubierto también mi

oficina al analizar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas, no solo aquí en

Brasil, sino en todas partes»5.

Así y todo, en el mes posterior a la Cumbre de Río, 18 defensores de la tierra y el medio

ambiente fueron asesinados en siete países. El día de la clausura de la cumbre, dos

defensores de los derechos de los pescadores fueron secuestrados en el Estado de Río de

Janeiro. Unos días después, se descubrió que Almir Nogueira de Amorim y João Luiz Telles

Penetra6 7 8 9 habían sido ejecutados. Llevaban mucho tiempo luchando para proteger las

comunidades pesqueras de Río de la expansión de las operaciones petroleras. Hasta la

fecha, aún no hay nadie que haya respondido ante la justicia por estos asesinatos.

Pero estos solo fueron dos de los 147 activistas asesinados en 2012 de los que se sabe, lo

cual convierte ese año en el más mortífero de la historia en el ámbito de la defensa de los

derechos sobre la tierra y el medio ambiente.

En diciembre de 2014 volverán a reunirse, esta vez en Lima (Perú), funcionarios

gubernamentales de todo el mundo para las siguientes conversaciones sobre el cambio

climático. Si no se toman medidas urgentes, lo más probable es que vuelvan a hablar sobre

las diversas maneras de proteger las condiciones de vida en nuestro planeta, mientras se

sigue haciendo caso omiso de los asesinatos o la intimidación a la que se enfrentan las

personas corrientes que realmente defienden la tierra y el medio ambiente.

Con este informe se pretende aumentar la sensibilización y mejorar el conocimiento que se

tiene de esta crisis, preguntar el motivo por el que se hace tan poco por solucionar este

problema y plantear unas recomendaciones de lo que debería suceder. Teniendo en cuenta

que en «A Hidden Crisis» la falta de información fidedigna sobre este asunto ya se identificó

como una de las causas principales del problema, hemos mejorado nuestra metodología de

recabación de datos y nuestra definición de los afectados. Esperamos ofrecer así una sólida

base para que Global Witness y cualquier otro interesado puedan llevar a cabo otros

estudios y control en el futuro. Además, hemos analizado las causas subyacentes del

problema a nivel mundial y en algunos países específicos, y hemos consultado a un gran

número de socios que trabajan sobre el terreno para saber qué labores se están llevando a

cabo y qué se necesitaría para complementarlas. Asimismo, hemos actualizado nuestras

estadísticas para abarcar los dos años que han transcurrido desde nuestra publicación

anterior.

Toda una variedad de necesidades y derechos ambientales han provocado la muerte de

personas que los protegían, pero surgen algunos temas dominantes. Muchas de las víctimas

de amenazas son personas corrientes que combaten el acaparamiento de tierra, las

operaciones mineras y el comercio industrial de madera; personas a las que se suele

expulsar de sus hogares y que se ven gravemente amenazadas por la devastación ambiental.

Las comunidades indígenas se ven particularmente afectadas por este problema. En muchos

casos, sus derechos sobre la tierra no quedan reconocidos ni en la legislación ni en la

práctica, con lo cual se exponen a la explotación por parte de poderosos intereses

económicos que los catalogan como ‘contrarios al desarrollo’. Sin embargo, las

comunidades locales están constantemente esforzándose para obtener un buen sustento

como resultado de su gestión de los recursos naturales, que es fundamental para el

desarrollo sostenible. A menudo, la primera noticia que tienen de un acuerdo que afecta a

sus intereses es el ruido de las excavadoras cuando llegan a sus granjas y bosques.

Este es un problema que ni se entiende ni se aborda correctamente. Cuando se reconocen o

registran casos de este tipo, normalmente se consideran casos aislados en lugar de verlos

como parte de una tendencia mayor. Las definiciones de las víctimas presentan importantes

diferencias, y el conjunto de problemas que solo sufren estos defensores a menudo se

considera únicamente desde el punto de vista de sus derechos humanos o la dimensión

ambiental. Un gran número de ONG está desarrollando labores excelentes y realmente

audaces en contextos específicos, normalmente en un único país o región, pero necesitan

un apoyo externo mucho mayor y mejor. Un tema principal que surgió de nuestro proceso

de consulta fue la opinión de que se necesita un esfuerzo más coordinado y concertado por

parte de los gobiernos, la sociedad civil y organismos internacionales como la ONU para

controlar y combatir esta crisis como un fenómeno mundial en sí mismo.

Nuestro análisis saca a la luz una cultura endémica de impunidad, que los gobiernos

nacionales y sus donantes tienen la responsabilidad de solucionar. A menudo, los

defensores se enfrentan a las amenazas precisamente de las personas que deberían

protegerles: en varios casos se han visto implicados miembros de las fuerzas de seguridad

del estado, que suelen colaborar con empresas y propietarios particulares de tierras. La falta

de voluntad política para garantizar que los acuerdos importantes de extracción de recursos

sean justos y públicos parece combinarse con una falta de voluntad política para hacer

justicia a los asesinados en los conflictos que surgen de dichos acuerdos. Las pruebas de las

que se dispone parecen indicar que la persona que aprieta el gatillo rara vez es la única

responsable: en última instancia, tras estos crímenes suelen esconderse complejas redes

secretas de intereses creados. Entre 2002 y 2013 solo se tiene constancia de que se haya

juzgado, condenado y castigado a 10 personas10, lo cual representa aproximadamente un

1% de la cifra total de asesinatos conocidos. Esta falta de reparación para las víctimas y sus

familias tiene un efecto silenciador añadido sobre el activismo ambiental, que disuade a

otras personas de proteger los derechos sobre la tierra y el medio ambiente. En palabras de

Isolete Wichinieski, coordinadora nacional de la Commisão Pastoral da Terra (CPT) de Brasil,

«lo que aviva la violencia es la impunidad»11

.

Su escaso conocimiento de los derechos o su falta de capacidad para ejercitarlos están entre

las principales razones por las que los activistas de la tierra y el ambiente son uno de los

grupos más vulnerables de defensores de los derechos humanos12, según Margaret

Sekaggya, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos

humanos: «[Ellos] están particularmente desfavorecidos debido al escaso conocimiento que

suelen tener de sus derechos y la falta de información sobre cómo reivindicarlos, sus pocos

recursos y su limitada capacidad de organización»13

.

Por otro lado, John Knox, Experto Independiente de la ONU sobre Derechos Humanos y

Medio Ambiente, comentó a Global Witness: «Los derechos humanos solo tienen sentido si

la gente puede ejercerlos. Los defensores de los derechos humanos en relación con el

medio ambiente se dedican a garantizar que podamos vivir en un medio ambiente que nos

permita disfrutar de nuestros derechos fundamentales, incluidos los derechos a la vida y la

salud. La comunidad internacional debe esforzarse más para proteger a estas personas de la

violencia y los abusos a los que se enfrentan por su trabajo»14.

El objetivo de este informe es presionar para que esto ocurra, en primer lugar haciendo que

el problema se haga más visible y urgente para los gobiernos, los responsables de políticas y

el público en general. Hemos incluido casos prácticos extensos que se centran en países en

los que esta crisis es particularmente grave (Filipinas y Brasil) para ayudar a comprender

estos contextos. Brasil se ha visto especialmente afectado, ya que representa la mitad del

total mundial de muertes acaecidas en el periodo 2002-2013.

Es probable que nuestros hallazgos solo sean la punta del iceberg en dos aspectos

importantes. Por un lado, el aumento del número de muertos supone el extremo más grave

y perceptible de toda una serie de amenazas, como la intimidación, violencia,

estigmatización y criminalización. Sin embargo, la falta de información pública sobre estas

amenazas y las repercusiones de seguridad para las personas que están en peligro dificultan

enormemente el seguimiento y sistematización de los datos.

Por otro lado, no hay duda de que hay más casos de los que hemos podido verificar. Debido

a la falta de reconocimiento que recibe este problema y su evolución, no es posible llevar a

cabo un análisis exhaustivo a nivel mundial de la situación. Por ejemplo, es muy probable

que algunos países africanos como Nigeria, la República Democrática del Congo, la

República Centroafricana o Zimbabue, que están sufriendo disturbios ocasionados por los

recursos, también se estén viendo afectados, pero es casi imposible obtener información al

respecto sin unas investigaciones de campo exhaustivas. Global Witness espera poder llevar

a cabo esta labor en el futuro, con el objetivo de seguir dirigiendo la atención nacional e

internacional hacia este problema.

Pero hay más personas que deben actuar, y deben hacerlo ya. Hay una cosa que podemos

afirmar con una amarga convicción: que nos encontramos ante una situación mundial que

empeora de forma dramática, y que los gobiernos nacionales, las empresas y la comunidad

internacional deben hacer mucho más para acabar con la violencia, la intimidación y el

asesinato de aquellas personas a las que deberíamos estar rindiendo homenaje por su

heroicidad.

Estadísticas principales:

• Se tiene constancia de que, entre 2002 y 2013, 908 personas fueron asesinadas en

35 países por su labor en cuestiones agrarias y ambientales.

• En 2012 se cometió el triple de asesinatos que 10 años antes, y en los últimos cuatro

años el índice se ha duplicado hasta una media de dos personas por semana.

• 2012 fue, hasta la fecha, el año más sangriento, habiéndose registrado 147 muertes.

• Entre 2002 y 2013 solo se tiene constancia de que se haya juzgado, condenado y

castigado a 10 personas: aproximadamente un 1% de la cifra total de asesinatos conocidos.

• El lugar más peligroso para defender los derechos sobre la tierra y el medio

ambiente es Brasil, con un total de 448 casos. Después se encuentran Honduras (109) y

Filipinas (67).

2. Recomendaciones

Los asesinatos mencionados se están multiplicando debido a que está aumentando la

competencia por los recursos en una economía mundial que se basa en un crecimiento y un

consumo vertiginosos, a pesar de que hay cientos de millones de personas que no tienen ni

lo más básico. Son asesinatos que pasan inadvertidos por su falta de visibilidad y rendición

de cuentas. Los derechos de los defensores de la tierra y el medio ambiente deben

reconocerse y respetarse; y los defensores deben tener la oportunidad de desempeñar su

labor sin miedo al asesinato, persecución, intimidación o amenazas a sí mismos, sus familias

y sus compañeros. Los gobiernos nacionales, la sociedad civil y los organismos

internacionales de derechos humanos deberían llevar un control adecuado de los abusos a

activistas y sus asesinatos, y garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia.

Las empresas, por su parte, deberían llevar a cabo comprobaciones efectivas de sus

operaciones y cadenas de suministro para garantizar que no sean perjudiciales.

La labor que realizan los defensores de la tierra y el ambiente para proteger los derechos de

los indígenas sobre la tierra, enfrentándose a poderosos intereses económicos y

protestando contra las actividades de las industrias extractivas y los proyectos de desarrollo,

los coloca en una situación particularmente vulnerable frente al abuso, y es por eso que

debe prestárseles especial atención. El contexto generalmente aislado y rural de la lucha

que llevan a cabo estas personas, sus limitados recursos y el escaso conocimiento que

tienen de sus derechos aumentan su riesgo.

Los gobiernos nacionales, incluidos los de los países más gravemente afectados, como Brasil y Filipinas, deben tomar inmediatamente las siguientes medidas:

Afianzar y reconocer públicamente la importante labor que desempeñan los defensores de la tierra y el medio ambiente, y tomar medidas para respetar, proteger y promover sus derechos, tal como estipuló la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en 201115.

Respetar y aplicar todas las disposiciones expuestas en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos16, prestando especial atención al deber y la responsabilidad de los estados de proteger, promover y hacer cumplir los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente seguro y saludable.

Garantizar que se investiguen rápida e imparcialmente las acusaciones de ataques y violaciones contra defensores, y proporcionar a las víctimas una reparación e indemnización adecuadas.

Reconocer y hacer cumplir el derecho que tienen las comunidades potencialmente afectadas por inversiones y proyectos extractivos a un consentimiento genuinamente libre, previo e informado antes de que se llegue a ningún acuerdo.

Firmar y cumplir (cuando corresponda) la Convención de Aarhus17, que otorga a los ciudadanos el derecho a participar en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, a tener acceso a la información relacionada con el medio ambiente y a reclamar justicia en cuestiones ambientales. Asimismo, la Convención debería ponerse a disposición de todos los Estados miembros de la ONU para que la firmaran y ratificaran.

Abordar el aumento del riesgo al que se enfrentan los defensores de la tierra y el medio ambiente en el proceso de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tantos en sus propios informes como en las recomendaciones que hagan para los informes de otros estados.

Todos los gobiernos deben:

Tomar pasos firmes y decisivos para abordar el aumento del riesgo al que se

enfrentan los defensores de la tierra y el medio ambiente. En primera instancia,

recomendamos que exijan una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la

ONU a este efecto y que se aseguren de que todos los Estados miembros faciliten

unos planes de protección mejorados que cuenten con los recursos necesarios.

Respecto a los organismos internacionales:

Los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos (específicamente

los que tienen el mandato de ocuparse de los defensores de los derechos humanos,

pueblos indígenas, derechos humanos y empresas, derechos humanos y el medio

ambiente y ejecuciones extrajudiciales) deberían abordar en sus informes el

aumento del riesgo al que se enfrentan los defensores de la tierra y el medio

ambiente.

La Comisión de Derechos Humanos de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los pueblos deberían crear un mecanismo basado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ofrecer protección a los defensores de los derechos humanos en caso de emergencia («medidas de precaución»).

Las empresas que operan en zonas en las que los defensores de la tierra y el medio ambiente se encuentran en peligro deben tomar inmediatamente las siguientes medidas:

Negarse a tomar decisiones de inversión o planificar proyectos a no ser que cuenten con el consentimiento genuinamente libre, previo e informado de las comunidades que pudieran verse afectadas.

Abstenerse de operar en zonas militarizadas o usar seguridad privada si existen acusaciones creíbles de participación en violaciones de los derechos humanos en el pasado.

Aplicar comprobaciones de diligencia debida a sus cadenas de suministro para garantizar que su política de adquisiciones no esté relacionada con empresas cuyas operaciones causan daños sociales o ambientales.

Adoptar y aplicar los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos18, los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos19 y el resto de los estándares internacionales de derechos humanos pertinentes.

Adoptar y aplicar las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional20.

1

Chico Mendes, cita extraída de Elkins, P. (1992). A New World Order: Grassroots movements for

Global Change, Taylor & Francis, p. 57.

2

Rockstrom, J. et al. (2009). «A Safe Operating Space for Humanity». Nature [en Internet]. Disponible en: http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html (Último acceso: 1 de abril de 2014). 3 Comité para la Protección de los Periodistas (2014). «Dataset: Journalists killed since 1992» [en

Internet]. Disponible en: https://www.cpj.org/killed/cpj-database.xls (Último acceso: 18 de marzo de 2014).

Análisis de los datos descargados el 18 de marzo de 2014.

4 Global Witness (2012). «A Hidden Crisis». Disponible en:

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/A_hidden_crisis.pdf (Último acceso: 5 de abril de 2014). 5 Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un acto paralelo

ACNUDH-PNUMA sobre los derechos humanos en el desarrollo sostenible, celebrado el 19 de junio de 2012 en la Cumbre de Río+20.

6 Comissão Pastoral da Terra (2013). «Conflitos no Campo Brasil 2012» [en Internet]. Disponible en:

http://www.cptne2.org.br/index.php/component/jdownloads/viewdownload/4-caderno-conflitos/195-

conflitos-no-campo-brasil-2012.html?Itemid=19 (Último acceso: 24 de abril de 2013).

7 Resumen del caso facilitado a Global Witness por la Unidad de documentación de la Comissão

Pastoral da Terra en marzo de 2014.

8 Front Line Defenders (2012). «Brazil: Killing of human rights defenders Mr Almir Nogueira de Amorim

and Mr João Luiz Telles Penetra» [en Internet]. Disponible en:

https://www.frontlinedefenders.org/node/18768 (Último acceso: 12 de febrero de 2014).

9 Friends of the Earth International (2012). «Denouncing the brutal murder of two fishermen from Rio

de Janeiro» [en Internet]. Disponible en: http://www.foei.org/en/blog/2012/06 (Último acceso: 2 de marzo de

2014).

10 Hay constancia de que se ha condenado a diez personas por el asesinato de siete defensores.

Sabemos que también se ha detenido a otras 33 personas, que se enfrentan a cargos por el asesinato de 15 defensores. 11

Entrevista de Global Witness a Isolete Wichinieski, coordinadora nacional de la Comissão Pastoral da Terra, el 14 de marzo de 2014. 12

Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2007). «Informe presentado por la Representante

Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani»

(A/HRC/4/37), artíc. 45. Disponible en: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/104/20/PDF/G0710420.pdf?OpenElement (Último acceso: 9 de abril de

2014).

13 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2011). «Informe de la Relatora Especial sobre la situación

de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya» (A/HRC/19/55). Disponible en:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-55_sp.pdf

(Último acceso: 14 de marzo de 2014).

14 Entrevista por correo electrónico de Global Witness al catedrático John H. Knox, Experto

Independiente de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, el 28 de marzo de 2014.

15

Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2011). «Informe de la Relatora Especial sobre la situación

de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya» (A/HRC/19/55), artíc. 124. Disponible en:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-55_sp.pdf

(Último acceso: 1 de abril de 2014).

16 Resolución A/RES/53/144 de 1998 de la Asamblea General de la ONU. «Declaración sobre los

defensores de los derechos humanos». Disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx (Último acceso: 1 de abril de 2014).

17 Comisión Económica para Europa de la ONU (1998). «Convención sobre el acceso a la información, la

participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales». Disponible

en: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43s.pdf (Último acceso: 1 de abril de 2014).

18 «Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos» (2000). Disponible en:

http://voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios_espanol.pdf (Último acceso: 1 de abril de 2014).

19 ACNUDH (2011). «Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos». Disponible en:

http://www.business-humanrights.org/media/documents/a-hrc-17-31_spanish.doc (Último acceso: 1 de abril

de 2014).

20 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2012). «Directrices

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional» [en Internet]. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf (Último acceso: 28 de marzo de 2014).