Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización ... · 1.1. Infografía de la 2a....

Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

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r

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENTREGA DE LOS INFORMES

INDIVIDUALES DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

Enero 2018

CVASF

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

DOCUMENTO PARA LA COMISIÓN

DE PRESUPUESTO Y CUENTA

PÚBLICA

La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Unidad de

Evaluación y Control <http://uec.diputados.gob.mx> o <www.diputados.gob.mx/UEC>

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Documento para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Conclusiones del análisis de la segunda entrega de los informes individuales de Auditoría correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

CONTENIDO Presentación .............................................................................................................................................. 5 1. Datos Básicos de los Informes Individuales de Auditorías ............................................................... 7

1.1. Infografía de la 2a. entrega de informes individuales ................................................................ 7 1.2. Numeralia de la 2a. entrega de informes individuales de auditorías ........................................ 9

1.2.1. Auditorías practicadas ........................................................................................................ 9 1.2.2. Entidades fiscalizadas ....................................................................................................... 10 1.2.3. Observaciones-acciones emitidas .................................................................................... 12 1.2.4. Recuperaciones determinadas ......................................................................................... 13

2. Resultados Relevantes de la 2a. Entrega de Informes Individuales de Auditorías ....................... 15

2.1. Funciones de Gobierno ............................................................................................................ 15 2.1.1. Sector Hacendario ............................................................................................................ 15 2.1.2. Otras Funciones de Gobierno ........................................................................................... 58

2.2. Funciones de Desarrollo Económico ........................................................................................ 63 2.3. Funciones de Desarrollo Social............................................................................................... 123 2.4. Gasto Federalizado ................................................................................................................. 167

3. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis a la 2a. entrega de los informes individuales de

auditorías ....................................................................................................................................... 185 3.1. Sobre el cumplimiento del marco jurídico ............................................................................. 185 3.2. Sobre la numeralia de la fiscalización superior efectuada ..................................................... 186 3.3. Sobre el avance en el cumplimento del PAAF 2016 ............................................................... 191 3.4. Sobre el enfoque de la fiscalización superior ......................................................................... 196

4. Planteamientos, opiniones y sugerencias en torno a la 2a. entrega de informes individuales de

auditorías ....................................................................................................................................... 198 4.1. Propuestas de modificaciones y reformas legislativas de la ASF ........................................... 198 4.2. Atención de la ASF a los planteamientos y propuestas de la CVASF pendientes de la 1a.

entrega de informes individuales de auditorías ..................................................................... 211 4.2.1. Atención a los planteamientos por Grupos Parlamentarios .......................................... 211 4.2.2. Atención a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones ................................ 254

4.3. Planteamientos de los grupos parlamentarios que integran la CVASF en torno a la 2a. entrega de los informes individuales de auditorías ............................................................................. 262

4.3.1. Grupo Parlamentario del PRD ........................................................................................ 262 4.3.2. Grupo Parlamentario del PRI .......................................................................................... 265 4.3.3. Grupo Parlamentario del PAN ........................................................................................ 272 4.3.4. Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano ............................................ 278

ANEXO I. Resumen de Auditorías Practicadas ...................................................................................... 281 ANEXO II. Resumen de Observaciones-Acciones ................................................................................. 285 ANEXO III. Resumen de Recuperaciones Determinadas ...................................................................... 289

5



Presentación

Con fundamento en los artículos 44; 80; 81, fracción III; 103 y 104, fracción X, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) envía a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) de la H. Cámara de Diputados, las conclusiones del análisis de la segunda entrega de los informes individuales de auditoría correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, para su evaluación y consideración en la elaboración del dictamen de la Cuenta Pública correspondiente.

Para tal fin, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), integró el presente documento que considera los principales aspectos de los trabajos de análisis realizados por la Comisión en torno a los informes individuales de auditorías correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, entregados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 31 de octubre de 2017. Los documentos de análisis considerados en la integración del presente documento, son: el documento de Datos Básicos de los Informes Individuales 2016; los 5 cuadernos de análisis sectorial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 (sector Hacienda, funciones de Gobierno, funciones de Desarrollo Social, funciones de Desarrollo Económico y Gasto Federalizado); así como el documento de Conclusiones y Recomendaciones que se derivan del análisis de la segunda entrega de informes individuales.

El documento elaborado ex profeso para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, consta de cuatro apartados. El primero hace una revisión numérica de la segunda entrega de informes individuales correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 (auditorías practicadas, cobertura considerada, observaciones-acciones emitidas y recuperaciones determinadas). El segundo apartado reporta los resultados relevantes de una muestra representativa de la segunda entrega de informes individuales de auditoría, referidos a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ordenados por grupo funcional y sectores que lo integran.

El tercer apartado contiene las principales conclusiones derivadas del análisis de la segunda entrega de los informes individuales de auditoría, en lo que concierne al cumplimiento del marco jurídico, los datos generales de la fiscalización efectuada, la consistencia y avance de los informes individuales con relación al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 2016 (PAAF 2016), y el enfoque de fiscalización realizado por la ASF.

El cuarto apartado, incorpora propuestas de modificaciones y reformas legislativas de la ASF a la Cámara de Diputados; la atención que la ASF le ha dado a los planteamientos y propuestas derivadas del análisis de la primera entrega de informes individuales; y los planteamientos de los grupos parlamentarios que conforman la Comisión, respecto de los resultados de la segunda entrega de informes individuales. Como apoyo de información, al final del documento se incorpora un anexo estadístico acerca de las auditorías practicadas, las observaciones-acciones emitidas y las recuperaciones determinadas.

7



1. Datos Básicos de los Informes Individuales de Auditorías

1.1. Infografía de la 2a. entrega de informes individuales

De las 1,865 auditorías programadas para la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó 664 en la segunda entrega de informes individuales, equivalente a 35.6% del total, con corte al 31 de octubre de 20171.

Derivado de las auditorías practicadas por el ente fiscalizador, se determinaron 2,642 observaciones que, a su vez, dieron lugar a la promoción de 3,465 acciones2.

1 Datos obtenidos de las Consideraciones para la Labor Legislativa de la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2016. 2 Datos obtenidos de la Matriz de Datos Básicos de la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2016.

Cumplimiento Financiero, 245, 36.9%

Inversiones Físicas,47, 7.1%

Forenses, 2, 0.3%

Cumplimiento Financiero con

Enfoque de Desempeño, 330, 49.7%

Desempeño, 38, 5.7%

Estudios, 2, 0.3%

664 REVISIONES PRACTICADAS EN LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016, 2a ENTREGA

Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Gobierno,25, 3.1%

Desarrollo Económico, 93, 11.7%

Desarrollo Social, 72, 9.0%

Gasto Federalizado,

607, 76.2%

ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN PARCIAL DE LA CUENTA PÚBLICA 20161/

1/. Segunda entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

R, 1,287

RD, 300

SA, 238

PRAS, 798

PO, 797

M, 4

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ACCIONES PROMOVIDAS, 20161/

PEFCF, 41


35

5

33

6

33

8 42

4

62

7 75

4

96

2

98

7

94

5 1,0

31

1,1

11

1,1

73 1

,41

3 1,6

59

1,6

43

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

AUDITORÍAS PRACTICADAS, 2001-2016


502 auditorías practicadas con corte al 30 de junio (26.9% del total)

699 auditorías por entregar en febrero de 2018 (37.5% del total)

664 auditorías practicadas con corte al 31 de octubre (35.6% del total)

1,865 auditorías programadas en el PAAF

2016

8



La ASF reporta que, derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se han operado recuperaciones por 1 mil 927.2 millones de pesos, con corte al 15 de octubre de 2017.

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el mayor número de irregularidades se presentó en entidades federativas y municipios.

12,333.5

11,504.0

14,466.9

17,777.7

8,621.1

5,406.73,126.8

1,927.2

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

RECUPERACIONES OPERADAS POR LA ASF, 2009-2016(Millones de Pesos)

75,163.8 MDP TOTAL

2010

2012

2014

2013

2011

2015

2009

20161/


R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTAL

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 482 1,498 423 0 30 78 442 607 0 1,580

GASTO FEDERALIZADO 469 1,383 386 0 30 0 431 607 0 1,454

Aguascalientes 15 46 17 9 20 46

Baja California 10 44 6 4 20 18 48

Baja California Sur 10 51 12 4 8 31 55

Campeche 19 45 15 5 12 23 55

Chiapas 16 39 7 1 7 25 40

Chihuahua 14 44 10 1 14 21 46

Ciudad de México 12 27 8 11 8 27

Coahuila 16 56 19 13 30 62

Colima 14 21 5 5 11 21

Durango 13 25 12 7 6 25

Guanajuato 15 39 7 19 13 39

Guerrero 13 27 8 1 18 27

Hidalgo 11 41 9 3 29 41

Jalisco 19 43 26 18 16 60

México 14 62 16 40 6 62

Michoacán 15 51 8 1 16 29 54

Morelos 14 50 9 26 15 50

Nayarit 15 93 28 2 38 29 97

Nuevo León 13 24 15 7 7 29

Oaxaca 16 60 10 2 18 32 62

Puebla 17 39 12 22 5 39

Querétaro 17 20 5 1 18 24

Quintana Roo 16 29 1 1 9 18 29

San Luis Potosí 16 65 20 30 19 69

Sinaloa 16 48 12 16 21 49

Sonora 15 68 16 4 22 29 71

Tabasco 15 18 9 1 8 18

Tamaulipas 12 26 8 2 16 26

Tlaxcala 12 24 7 1 16 24

Veracruz 15 63 14 3 6 41 64

Yucatán 13 48 28 1 5 14 48

Zacatecas 14 33 4 14 15 33

Secretarías y Entidades Federales 7 14 3 11 14

OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 13 115 37 78 11 126


OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/

1/. Segunda entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.

ENTIDAD REVISIONES OBSERVACIONES

ACCIONES

9



1.2. Numeralia de la 2a. entrega de informes individuales de auditorías

1.2.1. Auditorías practicadas Con base en el reporte del segundo paquete de informes individuales de auditorías correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Comisión de Vigilancia (CVASF) el pasado 31 de octubre, se constató la práctica de 664 auditorías (vs. 502 reportadas en el primer paquete), de las cuales, 245 (vs. 236 en el primer paquete) fueron de cumplimiento financiero (36.9% del total); 330 (vs. 154 del primer paquete) de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño (49.7%); 47 (vs. 40 en el primer paquete) de inversiones físicas (7.1%); 38 (vs. 72 en el primer paquete) de desempeño (5.7%); 2 forenses (no se reportaron de este tipo en la primera entrega); y 2 estudios (no se reportaron estudios en la primera entrega).

Considerando las 1,865 auditorías programadas para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, las 664 auditorías practicadas en el segundo paquete representan el 35.6% del total programado. En acumulado, es decir, considerando los dos paquetes de informes individuales entregados al 31 de octubre de 2017, se llevan practicadas 1,166 auditorías que representan en su conjunto el 62.5% del total programado, quedando por reportarse 699 informes individuales, que equivalen al 37.5% restante de lo programado.

Realizadas (%) Realizadas (%) Realizadas1/ (%)

Total 1,659 100.0 1,643 100.0 664 100.0

Desempeño 149 9.0 149 9.1 38 5.7

Financiera con enfoque de desempeño 748 45.1 792 48.2 330 49.7

Evaluación de políticas públicas 8 0.5 8 0.5

Estudios 5 0.3 15 0.9 2 0.3

Cumplimiento Financiero 605 36.5 527 32.1 245 36.9

Inversiones Físicas 133 8.0 138 8.4 47 7.1

Forenses 10 0.6 14 0.9 2 0.3

Situación Excepcional 1 0.1 0.0

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016


Grupo/Tipo

Auditorías 2014 Auditorías 2015


Auditorías 2016

Absoluto %

Total de Auditorías PAAF CP 2016 1,865 100.0

Auditorías por entregar en febrero de 2018 699 37.5

Subtotal primera y segunda entrega de informes individuales 1,166 62.5

Auditorías concluidas al 31 de octubre de 2017 664 35.6

Auditorías concluidas al 30 de junio de 2017 502 26.9

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 RESPECTO AL PAAF REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

ConceptoAvance


10



1.2.2. Entidades fiscalizadas

Universo fiscalizado de acuerdo al catálogo de la ASF La cobertura de entes públicos fiscalizados de los tres poderes de la nación (legislativo, judicial y ejecutivo) y órganos autónomos fue de 75 entes públicos a quienes se les aplicaron 186 auditorías, los cuales incluyeron: un ente del Poder Judicial a quien se le practicaron dos auditorías; 69 entidades del Poder Ejecutivo a quienes se les practicó 177 auditorías; y cinco órganos autónomos que fueron objeto de siete revisiones. Considerando adicionalmente a las entidades federativas y la Ciudad de México (32, que fueron sujetas a 147 auditorías), los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (245, que fueron objeto de 328 auditorías), así como las instituciones públicas de educación superior revisadas (tres, a las que se les aplicaron igualmente una auditoría a cada una), la cobertura de fiscalización total fue de 355 entes fiscalizados, mismos que fueron objeto de 664 auditorías.

Fiscalización por grupo funcional Por grupo funcional, se tiene que en este segundo paquete de informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, funciones de Gobierno fue objeto de 49 auditorías (7.4% de las 664 auditorías practicadas) a 17 entidades de cinco sectores y órganos autónomos. Particularmente, el sector Hacienda y Crédito Público, que forma parte del grupo funcional Gobierno, fue objeto de 36 auditorías practicadas a 9 entidades.

Sujetos de Auditoría Universo RevisadoAuditorías

Practicadas% de Cobertura

Total de Entidades Fiscalizadas 3,310 355 664 10.7

Entidades Federativas y Ciudad de México 32 32 147 100.0

Municipios y Órganos Político-Administrativos del

Distrito Federal2,462 245 328 10.0

Instituciones Públicas de Educación Superior 494 3 3 0.6

Subtotal 322 75 186 23.3

Poder Legislativo 2 0 0 0.0

Poder Judicial 3 1 2 33.3

Poder Ejecutivo: 305 69 177 22.6

Dependencias 21 13 69 61.9

Entidades Coordinadas Sectorialmente 188 40 66 21.3

Entidades No Coordinadas Sectorialmente 10 3 6 30.0

Órganos Desconcentrados 86 13 36 15.1

Órganos Autónomos 12 5 7 41.7

COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/



11



Por su parte, el grupo funcional de Desarrollo Económico fue objeto de 93 auditorías (14.0% de los 664 informes individuales) que fueron practicadas a 35 entidades de 9 sectores. Por lo que toca a funciones de Desarrollo Social fue objeto de 40 revisiones (6.0% de los 664 informes individuales) practicadas a 25 entidades agrupadas en 5 sectores y entidades no coordinadas sectorialmente. Finalmente, con Estados y Municipios están vinculadas 482 auditorías (72.6% del total), que incluye 469 auditorías a Gasto Federalizado y otras 13 revisiones de diversa índole a entidades federativas. De las 469 auditorías practicadas a Gasto Federalizado, correspondieron: 182 auditorías a fondos de Infraestructura Social Básica; 2 a Educación; 172 a Seguridad Pública; 72 a Participaciones Federales; 3 a Financiamiento Público; 7 al Sistema de Evaluación del Desempeño de Gasto Federalizado y 31 a Participación y Contraloría Social. Es de destacarse que para esta segunda entrega de informes individuales se practicaron 72 auditorías sobre Participaciones Federales: 33 a la distribución de los recursos; 17 a la ministración a entidades federativas; 21 a la ministración a municipios y una revisión del reintegro del ISR –derivado del pago de nómina financiado con las mismas participaciones- que realiza la Federación a las entidades federativas.

Sectores más auditados en la APF Dentro de la Administración Pública Federal (APF), los sectores más auditados, por grupo funcional, fueron: en el grupo funcional de Gobierno, el Sector Hacienda y Crédito Público con 36 auditorías de 49 practicadas en el grupo funcional; en funciones de Desarrollo Social, el sector Salud con 14 de 40; y en funciones de Desarrollo Económico, el sector Comunicaciones y Transportes con 28 auditorías de 93 practicadas al grupo funcional.

Entidades más fiscalizadas De la Administración Pública Federal, los entes más auditados por grupo funcional, fueron: en el grupo funcional de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 18 y Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 9 auditorías. En el grupo funcional de Desarrollo Económico, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (16 auditorías) y la Comisión Nacional de Agua (11 auditorías). En el grupo funcional de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública (7 auditorías), así como SEDESOL y el Instituto Mexicano del Seguro Social (con cuatro auditorías cada uno). Respecto a Gasto Federalizado, las entidades federativas más auditadas fueron: Campeche y Jalisco con 19 auditorías cada una y Puebla y Querétaro con 17 auditorías cada una. Por el lado de los subsidios y fondos fiscalizados en Gasto Federalizado, los más auditados fueron: los comprendidos en Infraestructura Social Básica (182 auditorías) y Seguridad Pública (172).

12



1.2.3. Observaciones-acciones emitidas

Derivado del segundo paquete de informes individuales de auditorías de la Cuenta Pública 2016, y con base en los datos estadísticos del anexo Matriz de Datos Básicos, se informa que la ASF determinó 2 mil 642 observaciones que dieron cauce a la promoción de 3 mil 465 acciones, de las que se cuentan 1 mil 587 acciones preventivas (45.8%) y 1 mil 878 correctivas (54.2%).

Por el lado de las acciones preventivas, se emitieron 1 mil 287 recomendaciones y 300 recomendaciones al desempeño. Por su parte, de las acciones correctivas, se contabilizaron 798 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria PRAS; 797 pliegos de observaciones PO; 238 solicitudes de aclaración SA; 41 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal PEFCF y 4 multas M. Nuevamente la ASF no da cuenta del número de denuncias de hechos DH que presentó ante las instancias correspondientes, ni ofrece una explicación al respecto. Por grupo funcional, las entidades con mayor número de acciones emitidas fueron: En el grupo funcional de Gobierno, la SHCP con 90 acciones promovidas, la SRE con 72 y el SAT con 39 acciones. En el grupo funcional de Desarrollo Económico, SCT con 199 acciones promovidas; CONAGUA con 94; SAGARPA con 84 acciones promovidas y PEMEX con 80 acciones promovidas.

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Auditorías practicadas 1,659 1,643 664

Observaciones 6,346 6,491 2,642

Acciones Promovidas 8,245 100.0 9,472 100.0 3,465 100.0

Preventivas 3,365 40.8 3,942 41.6 1,587 45.8

R 2,233 27.1 2,735 28.9 1,287 37.1

RD 1,132 13.7 1,207 12.7 300 8.7

Correctivas 4,880 59.2 5,530 58.4 1,878 54.2

SA 1,207 14.6 377 4.0 238 6.9

PEFCF 75 0.9 73 0.8 41 1.2

PRAS 1,871 22.7 2,400 25.3 798 23.0

PO 1,639 19.9 2,662 28.1 797 23.0

M 88 1.1 18 0.2 4 0.1

R. Recomendación.

RD. Recomendación al Desempeño.

SA. Solicitud de Aclaración.

PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

PRAS. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

PO. Pliego de Observaciones.

M. Multa.



OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016

Concepto2014 2015 20161/

13



En el grupo funcional de Desarrollo Social, SEDESOL con 91 acciones promovidas, IMSS con 75, SEP con 68, INBAL con 42 y el Hospital Regional con Alta Especialidad de la Península de Yucatán con 39 acciones. En Gasto Federalizado, la mayor cantidad de acciones se presentó en Nayarit con 97 acciones promovidas, Sonora con 71, San Luis Potosí con 69 y Veracruz con 64 acciones promovidas. Con base en los datos reportados, se tiene que, en promedio, la ASF determinó 4.0 observaciones por auditoría y promovió 5.22 acciones por revisión. Asimismo, la ASF determinó en promedio, 7.44 observaciones y 9.76 acciones por entidad fiscalizada.

1.2.4. Recuperaciones determinadas

En la Matriz de Datos Básicos se reporta que, respecto del segundo paquete de informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se han obtenido recuperaciones (recuperaciones operadas) por poco más de 355 millones de pesos, cifra muy inferior a los 1 mil 581.9 millones de pesos reportados en el primer paquete de informes individuales, quedando aún por aclarar 28 mil 603.7 millones de pesos, que constituyen las recuperaciones probables, las cuales sólo pueden hacerse válidas si los entes auditados no presentan la documentación comprobatoria del gasto observado. Las recuperaciones operadas que se derivan del segundo paquete de los informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016 (355 millones de pesos) provienen en su mayor parte de: la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios con recuperaciones operadas por 52.1 millones de pesos; Chiapas (80.2 millones de pesos); Quintana Roo (40.3 millones de pesos) y Yucatán (34.6 millones de pesos). Las recuperaciones de las cuatro entidades referidas (207.2 millones de pesos) equivalen al 58.4% del total de las recuperaciones operadas por la ASF. Cabe señalar que el monto operado de las recuperaciones equivale al 1.2% de las recuperaciones determinadas por la ASF (28 mil 958.7 millones de pesos). De manera acumulada, por la revisión de las Cuentas Públicas 2001-2015 (116 mil 425.2 millones de pesos) más lo reportado en las dos entregas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 (1 mil 927.2 millones de pesos), se han operado un total de recuperaciones por 118 mil 352.4 millones de pesos.

14



Ahora bien, conforme a su origen, del total de recuperaciones operadas en el periodo 2001-2016 (118 mil 352.4 millones de pesos), 98.2% proviene de la solventación de observaciones (116 mil 255.5 millones de pesos) y 1.8% se deriva de la solventación de observaciones 2 mil 097.0 millones de pesos).

ConceptoMonto

(Mi l lones de Pesos)

Total de Recuperaciones Operadas 2001-2016 118,352.4

Recuperaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2016 1/ 1,927.2

Subtotal 2001-2015 116,425.2

Recuperaciones Derivadas de Procedimientos Resarcitorios 2001-2015 2,097.0

Recuperaciones Derivadas de la Solventación de Observaciones 2001-2015 114,328.3

Cuenta Pública 2015 3,126.8













Cuenta Pública 2002 964.5


RESUMEN DE RECUPERACIONES OBTENIDAS 2001-2016 (Ci fras a l 15 de octubre de 2017)



ConceptoMonto



Recuperaciones Derivadas de Procedimientos Resarcitorios 2,097.0

Recuperaciones Derivadas de la Solventación de Observaciones 116,255.5


Recuperaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2001-2015 114,328.3




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2. Resultados Relevantes de la 2a. Entrega de Informes Individuales de Auditorías

2.1. Funciones de Gobierno

2.1.1. Sector Hacendario Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Remanente Operativo” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 62.

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del remanente del Banco de México; verificar su entero en la Tesorería de la Federación y que su aplicación se realizó en los términos del artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que los recursos del Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal se aplicaron a los fines establecidos en su contrato, así como constatar que esas operaciones se registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa. Transferencia condicionada del remanente operativo de Banxico al gobierno Federal. La ASF preciso que el importe íntegro del remanente de operación de Banxico una vez constituidas las reservas previstas en la Ley de Banco de México se otorgara al Gobierno Federal, siempre que ello no implique la reducción de reservas provenientes de la revaluación de activos. Comentario. De la precisión de la ASF se puede derivar la interpretación siguiente: El importe generado por el remanente operativo que Banxico tiene que transferir al gobierno no puede provenir de la reducción de las reservas internacionales vinculadas a la revaluación de activos. De lo que se deduce que una revisión rigurosa de auditoría tiene que constatar puntualmente el origen del remanente operativo de Banxico transferido al Gobierno Federal. La ASF señala que Las reservas Internacionales han sido un eje fundamental en las utilidades netas del Banco de México (BANXICO) en los últimos tres años, no se explica con claridad cómo estas utilidades se convierten en remanente operativo de Banxico susceptible de transferirse si no puede haber reducción de reservas provenientes de la revaluación de activos. La depreciación cambiaria que revalúa las reservas sin la venta efectiva de dichas reservas no genera el flujo de efectivo necesario para hacer la transferencia en la forma de remanente. Si las utilidades provienen solo de revaluación cambiaria no hay forma de monetizar la ganancia por revaluación a menos que se vendan los activos revaluados. Generación de remanente operativo positivo por tercer año consecutivo. Para los últimos tres años el remanente operativo fue positivo, en el 2014 fue de 31 mil 448.8 millones de pesos, para el 2015 fue de 239 mil 093.77 millones de pesos y para el 2016 fue de 321 mil 653.26 millones de pesos.

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Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la ASF. Recomendación de la UEC. Que la CVASF solicite a la ASF un cálculo histórico del costo beneficio de mantener elevados montos de reservas internacionales en una comparativa histórica y con respecto de las mejores prácticas en el ámbito internacional. Las fluctuaciones cambiarias el componente principal del Remanente Operativo de Banxico. La ASF determinó que los resultados por concepto de Fluctuaciones Cambiarias al 31 de diciembre de 2016, que incluyen los dos remanentes (2015 y 2016), significó aproximadamente el 94.4% de los Activos Internacionales.

APLICACIONES DEL REMANENTE OPERATIVO DE BANXICO

Año

Remanente

operativo

(Millones de

pesos)

Destino Observaciones de la ASF

2014 31,448.78

Fideicomiso Fondo de

Inversión para Programas y

Proyectos de Infraestructura

del Gobierno Federal

(Fideicomiso). Recursos

acumulados por el

Fideicomiso con intereses.

33 mil 063.7 millones de

pesos

El remanente con sus intereses se mantuvo un tiempo en

la cuenta de disponibilidades del Gobierno, luego se

transfirieron al Fideicomiso. La SHCP extinguió el

Fideicomiso sin comprobar que los 33 mil 063.7 millones

de pesos enterados por el Fideicomiso a la TESOFE se

hayan aplicado a los programas y proyectos de

infraestructura previstos en el Presupuesto de Egresos

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en

incumplimiento al mandato del Fideicomiso.

2015 239,093.77

1. Pago de deuda

pública y reducción del

monto del financiamiento

(70%).

2. Fondo de

Estabilización de los Ingresos

Presupuestarios (30%)

Costo por la administración de la acumulación de activos

internacionales al comprar Banxico divisas al Gobierno

Federal y a Petróleos Mexicanos, lo que genera un

diferencial negativo prevaleciente entre las tasas de

interés que se obtienen por las inversiones de los activos

internacionales y las correspondientes a los pasivos que

se tienen en moneda nacional. Este costo se denomina

“Carry Trade negativo”.

2016 321,653.26

1. Pago de deuda

pública y reducción del

monto del financiamiento

(70%).

2. Fondo de

Estabilización de los Ingresos

Presupuestarios (30%)

Costo por la administración de la acumulación de activos

internacionales al comprar Banxico divisas al Gobierno

Federal y a Petróleos Mexicanos, lo que genera un

diferencial negativo prevaleciente entre las tasas de

interés que se obtienen por las inversiones de los activos

internacionales y las correspondientes a los pasivos que

se tienen en moneda nacional. Este costo se denomina

“Carry Trade negativo.

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Insuficiencia del remanente operativo en las finanzas públicas. Al 31 de diciembre de 2017 el Gobierno Federal tuvo que hacer uso del margen de endeudamiento autorizado por el H. Congreso de la Unión, razón por la cual el uso del remanente tuvo un efecto parcial en las finanzas públicas. Dictamen: No Cumplió. Número de Observaciones: 2, Número de Acciones: 1 (1 PRAS) Sugerencias a la Cámara de Diputados: 1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Esquema de Financiamiento Mediante la Emisión de Bonos Cupón Cero “Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 37. Objetivo .Fiscalizar la gestión financiera del esquema, las características de los créditos contratados y sus autorizaciones y constatar su impacto en las participaciones que les corresponden a las entidades federativas y municipios, así como que los créditos y sus costos financieros se registraron y presentaron en la Cuenta Pública, conforme a la normativa Potenciación de los recursos financieros del PEF mediante el esquema de bonos cupón cero. Al 31 de diciembre de 2016, la SHCP había creado tres fideicomisos: a) Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fideicomiso núm. 2186); b) Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Fideicomiso núm. 2198) y c) Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas (Fideicomiso núm. 2211). Los recursos para financiar estos proyectos se potenciarían con la emisión de bonos cupón cero. Resultados de la aplicación de recursos en los fideicomisos

Fideicomiso 2186. Recibió aportaciones en 2015 por 300 millones de pesos para Baja California Sur, 17.8 millones de pesos para Jalisco. La ASF constató que al 31 de agosto de 2016 se liberaron recursos por 50.2 millones de pesos por parte del fiduciario, distribuidos como sigue: Estado de Oaxaca por 39.4 millones de pesos, Estado de Campeche por 10.7 millones de pesos. Del fideicomiso 2186, el Estado de Jalisco realizó dos disposiciones por 4.3 millones de pesos, asociadas con un crédito por 223.8 millones de pesos, y a su vez, el fiduciario adquirió las emisiones de bonos cupón cero con un valor al vencimiento de 16.3 millones de pesos.

Fideicomiso 2198 La Auditoría Superior de la Federación señaló que BANOBRAS, como fiduciario, solicitó a la SFP que incluya al fideicomiso núm. 2198 en el Programa Anual de Auditorías Externas (PAAE) para el ejercicio 2017, así como la designación del auditor externo para dictaminar los estados financieros del fideicomiso por los ejercicios 2015, 2016 y 2017, elementos de los que carecía

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el Fideicomiso 2198 un Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad. Este recibió aportaciones en el 2012 por cuatro mil millones de pesos.

Fideicomiso 2211 La ASF constató la cancelación de diez proyectos para los que se tenían comprometidos recursos del fideicomiso por 53.5 millones de pesos, del Estado de Baja California (2.5 millones de pesos), Jalisco (31.5 millones de pesos) y del Estado de Oaxaca (19.5 millones de pesos), e instruyó al fiduciario disminuir 45.2 millones de pesos de esos recursos comprometidos y mantener los 8.2 millones de pesos restantes, a solicitud del Estado de Oaxaca. Del fideicomiso 2211, las entidades federativas de Baja California, Jalisco y Oaxaca realizaron 13 disposiciones por 107.6 millones de pesos y el fiduciario adquirió las emisiones de los bonos cupón cero con un valor al vencimiento de 463.8 millones de pesos. Compromiso de recursos futuros de largo plazo mediante financiamiento con bonos cupón cero. La ASF comprobó que, en 2016, las emisiones de bonos cupón cero se realizaron a un plazo de 20 años, a favor de tres entidades federativas, con un valor al vencimiento por 480.1 millones de pesos, monto que incluye la capitalización de los rendimientos por 368.2 millones de pesos. Por otro lado, los bonos servirán como fuente de pago del principal de los créditos contratados por las entidades federativas con BANOBRAS, como institución financiera, ya que su fecha de vencimiento corresponde a la del vencimiento de los créditos, como se estableció en los contratos de los fideicomisos, sus reglas de operación y los Lineamientos para Apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas. Esquema financiero oneroso con bonos cupón cero. La ASF realizó una proyección realizada por las disposiciones efectuadas por las entidades federativas por 480.1 millones de pesos, concluyendo lo siguiente: i) BANOBRAS, como institución financiera, recibirá intereses por 802.0 millones de pesos de los créditos otorgados, al vencimiento de los 20 años. ii) El principal de los créditos por 1 mil 461.8 millones de pesos se liquidará con los recursos obtenidos al vencimiento de los bonos cupón cero, lo que significa que los intereses que pagarán las entidades federativas cubrirían 1.6 veces el principal del crédito. Significativa potenciación financiera mediante el esquema de bonos cupón cero a partir de los recursos asignados por el PEF. La ASF determinó que la compra de los bonos cupón cero por 8 mil 473.7 millones de pesos, realizada desde la constitución de los tres fideicomisos hasta 2016, representa el 93.0% del total de recursos autorizados en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2010 a 2012 y 2014 a 2015, por 9 mil 106.4 millones de pesos. Ese monto respalda el importe de las disposiciones de los créditos otorgados por el BANOBRAS, como institución financiera, a favor de 25 entidades federativas por 38 mil 395.6 millones de pesos, cuyos intereses estimados por el BANOBRAS en 50 mil 330.2 millones de

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pesos, que representan 1.3 veces en promedio el valor de los créditos, que se pagarán con los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones que les correspondan a cada una de ellas. Implicaciones negativas de la potenciación financiera mediante el esquema de bonos cupón cero a partir de los recursos asignados por el PEF a través de la creación de Fideicomisos no paraestatales (Números 2186, 2198 y 2211). De acuerdo a la ASF en relación a la creación de las figuras jurídicas, el órgano fiscalizador indicó que la Cámara de Diputados no ordenó que se constituyeran como fideicomisos públicos no paraestatales, la SHCP fue la que i) determinó que se constituyeran de esa forma, y ii) diseñó el esquema financiero para potenciar los recursos autorizados por la Cámara de Diputados. La ASF concluyó que “las entidades federativas, que han hecho uso del esquema de financiamiento diseñado por la SHCP, limitaron su viabilidad financiera para atender otras prioridades en un determinado sector de sus presupuestos estatales, por estar comprometidos los recursos futuros que les corresponderán del Fondo General de Participaciones en cada año”. Al respecto la ASF señaló lo siguiente: “En 2016, de las entidades federativas que realizaron disposiciones de recursos de los créditos formalizados con BANOBRAS, como institución financiera, los que afectaron el mayor porcentaje del Fondo General de Participaciones para el pago de intereses de dichos créditos durante 20 años créditos o en su caso a la fecha de redención o liquidación anticipada, fueron el Estado de Baja California Sur por 8 mil 495.1 millones de pesos que representa el 93.6% anual y Oaxaca por 12 mil 330.7 millones de pesos correspondiente al 90.0% anual. Por lo tanto, estas dos entidades son las que comprometieron la mayor parte de sus participaciones (93.6% y 90.0%) para el pago de los intereses de los créditos durante 20 años o en su caso a la fecha de redención o liquidación anticipada. Entidades con pagos anticipados de créditos y del bono cupón cero. Las entidades federativas que realizaron pagos anticipados fueron: Sonora. Esta entidad, el 19 de junio de 2014, efectuó el pago anticipado de los créditos ejercidos con el BANOBRAS, como área financiera, por 491.6 millones de pesos, al amparo del Fideicomiso núm. 2198, y realizó la redención anticipada de los bonos cupón cero adquiridos, que sirvieron como fuente de pago de una parte del crédito contratado, por 124.7 millones de pesos y el importe restante fue a cargo de la entidad federativa por 366.9 millones de pesos. Como parte de la refinanciación, se determinó que la fuente primaria del pago del nuevo crédito serán los derechos sobre participaciones.

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Hidalgo El 25 de junio de 2015, el Estado de Hidalgo realizó el pago anticipado de los créditos ejercidos con BANOBRAS, como área financiera, por 1 mil 033.4 millones de pesos, en el marco del Fideicomiso núm. 2186, y efectuó la redención anticipada de los bonos cupón cero adquiridos, que sirvieron como fuente de pago de una parte del crédito contratado, por 293.8 millones de pesos y el importe restante fue a cargo de la entidad federativa por 739.7 millones de pesos. Los costos del rompimiento del fondeo fueron de 57.4 millones de pesos. La entidad prosiguió con otras refinanciaciones de estas obligaciones cuyas consecuencias fueron que el Estado de Hidalgo debió afectar el 8.0% mensual del Fondo General de Participaciones como fuente de pago, y deberá incluir dentro de su presupuesto anual de egresos, las partidas necesarias para cubrir los pagos de capital e intereses, así como los accesorios financieros que se originen por el ejercicio del crédito, durante su vigencia. La ASF concluyó que las operaciones de pago anticipado de los créditos contratado con BANOBRAS, como institución financiera, en el marco de los fideicomisos núms. 2186 y 2198, tuvieron el impacto siguiente: (i) el Estado de Hidalgo tuvo un costo de 1 mil 013.5 millones de pesos, con un ahorro del 37.6%, y (ii) el Estado de Sonora tuvo un costo de 433.0 millones de pesos, con un ahorro del 46.0%. Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 6 recomendación (es), 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 5, Número de Acciones 8 (6R, 1PEFCF y 1PRAS) Secretaría de Hacienda y Crédito Público “Integración de la Información Financiera de las Empresas Productivas del Estado y del Sector Paraestatal Federal en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 53. Objetivo. Revisar el proceso de supervisión que realiza la Secretaría de la Función Pública a los auditores externos en el desarrollo de sus auditorías a las entidades del Sector Paraestatal Federal (ISSAI 1610). Revisar las cifras de los estados financieros consolidados de las Empresas Productivas del Estado y de las entidades del SPA, con base en su materialidad y de acuerdo con la clasificación administrativa y los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como la adecuada valuación, presentación, revelación suficiente y libre de errores materiales, en congruencia con las mejores prácticas internacionales para la consolidación de los estados financieros del Gobierno Federal (ISSAI 1320,1710,1810).

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Dictaminación de salvedad de auditores externos respecto de los estados financieros del ISSSTE y de la Empresa Exportadora de Sal (ESA). Los auditores externos del ISSSTE y los de ESA, emitieron opiniones con salvedades debido a que la información financiera presentó cifras con errores y limitaciones al alcance, por 11 mil 106 millones de pesos. Criterios contables e información inconsistente respecto del pasivo Laboral y pasivos contingentes. La ASF identificó lo siguiente:

IMSS y ESA, reconocerán pasivos por obligaciones laborales hasta que no generen resultados desfavorables y que las reservas que debieran constituir por el resto del pasivo se registrarán en cuentas de orden.

El IPAB no cuantificó el pasivo laboral; y el ISSSTE que asumirá esas obligaciones no registró ese pasivo laboral.

NAFIN e ISSSTE no registraron en Cuenta Pública Pasivos Contingentes por 218 mil 909.8 millones de pesos que si registraron en los estados financieros dictaminados

Criterios contables e información inconsistente en Entidades no supervisadas por la Secretaría de la Función Pública respecto del pasivo laboral y pasivos contingentes La ASF identificó lo siguiente:

La Universidad Autónoma Metropolitana no registró en Cuenta Pública Pasivos Contingentes por 35 mil 630 millones de pesos que si registraron en los estados financieros dictaminados.

Hallazgos relevantes en la revisión a los estados financieros al IMSS: Los estados financieros del IMSS incluyeron errores materiales referentes a pasivos no registrados, valuación de activos y activos intangibles, déficit y patrimonio, en lo particular se detectó lo siguiente:

Los estados financieros del consolidado de las Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social, no reconocieron conforme a las mejores prácticas, pasivos laborales por 1.7 billones de pesos.

El rubro de inversiones financieras a largo plazo de los estados financieros consolidados del GF, no reconocieron conforme a las mejores prácticas, 1.5 billones de pesos correspondientes a un déficit patrimonial no registrado.

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Hallazgos relevantes en la revisión a los estados financieros al ISSSTE: Los estados financieros del ISSSTE incluyeron errores materiales referentes a consolidación, pasivos no registrados y pérdidas no reflejadas en el resultado del ejercicio y en su patrimonio, en lo particular se detectó lo siguiente:

Los estados financieros del consolidado de Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social, incluyeron errores de por lo menos 7 mil 725.0 millones de pesos correspondientes a pasivos no registrados del ISSSTE.

El rubro de inversiones financieras a largo plazo de los estados financieros consolidados del GF no reconoció conforme a las mejores prácticas, por lo menos 7 mil 725.0 millones de pesos correspondientes a pasivos laborales no registrados del ISSSTE.

Hallazgos relevantes en la revisión a los estados financieros de la UAM:

“La Universidad no tiene los recursos económicos para crear la reserva del pasivo contingente, porque en base a la antigüedad del personal que labora en la institución se requerirían aproximadamente de 2,500 a 3,000 millones de pesos; recursos que tendría que proporcionar la SHCP para la creación de la reserva del pasivo laboral observado”.

“En las notas a los estados financieros a diciembre de 2017, se revelará que la Universidad no tiene un fondo contingente de pasivo laboral”.

Hallazgos relevantes en la revisión a los estados financieros de NAFINSA:

El “Informe de pasivos contingentes” presentado por NAFIN no revela su cuantificación. Hallazgos relevantes en la revisión a los estados financieros de BANOBRAS:

Opacidad en el manejo financiero de los bonos cupón cero, cuyos recursos financiaron la potenciación de créditos para los fideicomisos 2186 “Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas”, 2198 “Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad”, 2211 “Fideicomiso para la implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas”, y Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (FONAPIS). Estos fideicomisos fueron fondeados por el Gobierno Federal con el objeto de invertir sus recursos en “Bonos cupón cero”.

En las notas a los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016 de BANOBRAS no incluyeron revelaciones sobre las características de operación, y los compromisos y obligaciones de los “Bonos cupón cero”.

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Hallazgos relevantes en la revisión a los estados financieros de Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V.:

En los estados financieros consolidados de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria (Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V.) y sus notas, presentados en el Tomo VII de la Cuenta Pública 2016, no incluyeron revelaciones sobre pasivos contingentes.

Hallazgos relevantes en la revisión a los estados financieros del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM):

Opacidad en la información financiera que presenta el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Hallazgos relevantes en la revisión a los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad:

Los saldos iniciales del ejercicio 2016 en los estados financieros consolidados dictaminados, no coincidieron con los saldos finales de los estados financieros consolidados dictaminados de 2015.

Las cifras presentadas en el cuadro de impuestos diferidos de los estados financieros dictaminados no coinciden con las presentadas en las notas a los estados financieros de la Cuenta Pública, y el activo por impuestos diferidos no reconocido, no corresponde al escenario de mejora significativa en los resultados financieros futuros incluido en los Principales Elementos del Plan de Negocios 2017–2021.

No se informó en las notas a los estados financieros las características de los documentos para los activos del plan de pensiones y jubilaciones otorgados a la CFE por el GF.

Las notas a los estados financieros, tanto dictaminados como los incluidos en los formatos de la Cuenta Pública, tuvieron errores aritméticos y de presentación.

Hallazgos relevantes en la revisión a los estados financieros de PEMEX:

Falta la elaboración, actualización, autorización y difusión del “Procedimiento Administrativo para la Emisión de estados financieros consolidados de las Empresas Productivas Subsidiarias”, con el fin de que la entidad cuente con un documento normativo para sustentar el tratamiento contable de sus operaciones, de la valuación y presentación de su información financiera.

El estado de situación financiera y las notas que los acompañan correspondientes al año 2016, difieren en algunos rubros de los estados financieros dictaminados y los presentados en la Cuenta Pública.

Los pagarés recibidos del GF por la asunción del pasivo laboral de PEMEX se presentaron como documentos por cobrar a largo plazo, no se les incluyó como activos del plan y disminuyeron las obligaciones laborales.

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En enero de 2017 SENER emitió 2 “Documentos Soporte Decisión de Reconocimiento del Justo Valor Económico” de 56 áreas de las 92 que le fueron solicitadas durante el año de 2016. En dichos documentos se emite la resolución de los activos que se reconocerán con justo valor económico por un total de 2 mil 176.9 millones de pesos de activos cuyo valor en libros es de 11 mil 696.7 millones de pesos, sin embargo, no se reveló el ajuste de valor a dichos activos, como evento posterior en los estados financieros dictaminados. El importe total en riesgo de sufrir deterioro es por 7 mil 460 millones de pesos, registrado como activo no financiero mantenido para la venta.

Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 3, Número de Acciones: 19 (19 R) Sugerencias a la Cámara de Diputados: 1 Servicio de Administración Tributaria: Devoluciones y Condonaciones a Grandes Contribuyentes. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 76. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones relacionadas a este concepto y verificar que los procesos de autorización, registro contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa. Crecimiento de las devoluciones tributarias en el 2016. El importe de las devoluciones del ejercicio 2016 fue por 377 mil 185.94 millones de pesos, importe mayor en un 15.3%, respecto de las del ejercicio 2013, que ascendieron a 327 mil 186.72 millones de pesos. Reducción de las devoluciones tributarias de los Grandes Contribuyentes Fiscales en el 2016. Las devoluciones autorizadas a Grandes Contribuyentes disminuyeron 4.8%, al pasar de 270 mil 678.43 millones de pesos en 2013, a 257 mil 675.0 millones de pesos en 2016. Tendencia declinante (aunque elevada) de la participación de los Grandes Contribuyentes en las devoluciones tributarias. En el periodo 2013-2016, las devoluciones tributarias a Grandes Contribuyentes Fiscales significaron 73.95%, este porcentaje declinó en el 2016 a 68.32%.

EVOLUCIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN

DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES 2013-2016

(Millones de pesos y porcentaje)

Contribución 2013 2014 2015 2016 2013-2016

Total de Devoluciones 327,186.72 288,297.06 352,396.63 377,185.94 1,345,066.36

Devoluciones a Grandes

Contribuyentes 270,678.43 231,504.64 234,854.14 257,674.98 994,712.19

% de representatividad 82.73 80.30 66.64 68.32 73.95

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF

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Tendencia de la participación de las devoluciones tributarias como porcentaje de los ingresos tributarios. Las devoluciones de impuestos entre los ingresos tributarios han tenido un descenso significativo en estos últimos tres años, al pasar de 20.9 % en 2013 a 13.9% en 2016, siendo 7 puntos menos. En lo que respecta a las Devoluciones de Impuestos de Grandes contribuyentes Fiscales entre Ingreso Tributario este también ha presentado una disminución en el transcurso del tiempo al pasar de 17.3% en 2013 a 9.5% en 2016 siendo este casi una disminución de 8 puntos porcentuales. Dichos porcentajes se encuentran por debajo de los registrados durante el periodo 2013-2016.

Concentración de las devoluciones tributarias en el IVA. En el ejercicio 2016, se otorgaron devoluciones a Grandes Contribuyentes por 257 mil 674.98 millones de pesos, de las cuales, el 96.1%, equivalente a 247 mil 645.26 millones de pesos, correspondió al IVA, el cual constituye el principal impuesto devuelto, debido a su mecánica de determinación y a las actividades que la Ley del Impuesto al Valor Agregado grava a la tasa 0.0%, como son las exportaciones de bienes y servicios, la enajenación de medicinas de patente, de productos destinados a la alimentación y el oro, en virtud de que no se generan impuestos a cargo y, por lo mismo, el contribuyente tiene el derecho de acreditar el IVA que le trasladan. Concentración de las devoluciones tributarias de los Grandes Contribuyentes Fiscales en el sector manufacturero. En 2016, se pagaron devoluciones a Grandes Contribuyentes de diversos sectores económicos por 257 mil 674.98 millones de pesos, siendo el más representativo el sector de industrias manufactureras que representó el 66.8% del total de las devoluciones autorizadas, en este sector se encuentran la industria automotriz, la de refinación de metales y la industria maquiladora, entre otras. Concentración de las devoluciones tributarias en reducido número de Grandes Contribuyentes Fiscales. 19 Grandes Contribuyentes representaron en el 2016 devoluciones tributarias por 112 mil 350.17 millones de pesos, que representaron el 29.8% de las devoluciones totales por 377

EVOLUCIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS COMO

PORCENTAJE DE LOS INGRESO TRIBUTARIOS 2013 -2016

(Millones de pesos y porcentaje)

Contribución 2013 2014 2015 2016 2013-2016

Total ingresos tributarios 1,561,751.56 1,807,813.70 2,366,465.60 2,715,998.00 8,452,028.86

Devoluciones de Impuestos Tributarios 327,186.72 288,297.06 352,396.63 377,185.94 1,345,066.36

Devoluciones a Grandes Contribuyentes 270,678.43 231,504.64 234,854.14 257,674.98 994,712.19

Devoluciones de Impuestos/ Ingreso

Tributarios (%) 20.9 15.9 14.9 13.9 15.9

Devoluciones de Impuestos de Grande

Contribuyentes Fiscales/ Ingreso

Tributarios (%)

17.3 12.8 9.9 9.5 11.8

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF y la SHCP. Cuenta Pública.

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mil 185.94 millones de pesos, y el 43.6% de las devoluciones de los Grandes Contribuyentes fiscales por 257 mil 674.98 millones de pesos.

Elevados montos de condonaciones fiscales. Las bajas de créditos fiscales relacionadas con condonaciones en el ejercicio 2016 fueron por 8 mil 168.14 millones de pesos, de las cuales 5 mil 014.66 millones de pesos, el %, correspondieron a 9 Grandes Contribuyentes.

Dictamen: Cumplió. Número de Observaciones: 0, Número de Acciones: 0

112,350,165.9019 Contribuyentes




De 2,000,000 o más De 500,000 a 1,999,999.9 De 100,000 a 499,999.9 Menores de 100,000

DEVOLUCIONES AUTORIZADAS A GRANDES CONTRIBUYENTES POR REPRESENTAVIDAD

miles de pesos

Fuente: ASF. Información proporcionada por el SAT.

5,014,664.0

650,804.8

74,236.3 2,684.70.0

1,000,000.0

2,000,000.0

3,000,000.0

4,000,000.0

5,000,000.0

6,000,000.0

De100,000 o más De 10,000 a 99,999.9 De 1,000 a 9,999.9 Menores de 1,000

CONDONACIONES OTORGADAS A GRANDES CONTRIBUYENTES EN 2016

miles de pesos

Fuente: ASF. Información proporcionada por el SAT.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público“Disponibilidades”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 35 Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la recepción, concentración, y administración de las disponibilidades del Gobierno Federal, así como su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: La Tesorería de la Federación (TESOFE) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargada de la gestión financiera de los recursos y valores del Gobierno Federal, incluyendo la recepción de ingresos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y otros conceptos que deba percibir el Gobierno Federal, la ejecución de pagos con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la administración de los recursos disponibles.

En 2008, se implementó el Sistema Integral de Contabilidad de Fondos Federales operado por la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo para el registro de las operaciones relacionadas con el movimiento de fondos y valores. Y se dejaron de constituir depósitos a favor de terceros en la TESOFE.

En 2013 la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo intensifico el proceso de revisión de las operaciones relacionadas con el movimiento de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.

El 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Tesorería de la Federación, y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación continuo vigente en todo lo que no se oponga a la Ley de Tesorería de la Federación.

A partir del ejercicio 2016, la TESOFE adoptó el catálogo de cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo, alineado con el Sistema de Contabilidad Gubernamental que opera la Unidad de Contabilidad Gubernamental.

En 2016, se depuró y actualizó el inventario de valores en custodia de la TESOFE

Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, se consideró verificar la razonabilidad del origen y aplicación de las disponibilidades del Gobierno Federal, presentadas en el rubro de "Efectivo y equivalentes" en el estado de situación financiera del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2016. Cambio en la tendencia de las disponibilidades del Gobierno Federal al cierre del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2016, el saldo del rubro "Efectivo y equivalentes" del Gobierno Federal fue de 400 mil 740.3 millones de pesos, importe inferior en 40 mil 042.1 millones de pesos a los 440 mil 782.4 millones de pesos del ejercicio 2015, lo que representó una disminución del 9.1% de las disponibilidades en 2016; no obstante que desde 2012 y hasta 2015 se habían reportado incrementos como se muestra en la gráfica siguiente:

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Concentración de las disponibilidades en el Poder Ejecutivo El 97.3% del efectivo y equivalentes del Gobierno Federal están concentrados en el Poder Ejecutivo, a razón de 389 mil 819.7 millones de pesos, que se integran por 344 mil 848.4 millones de pesos en bancos, 28 mil 906.2 millones de pesos en inversiones financieras a corto plazo y 16 mil 065.1 millones de pesos en otros efectivos y equivalentes.

No se cuenta con sustento de la información en el rubro de las ADEFAS. En lo referente a adeudos de ejercicios fiscales anteriores que corresponden a “Operaciones Devengadas” en 2015 que fueron pagadas en 2016, no fueron considerados 2 mil 201.5 millones de pesos por ese concepto en el estado de flujos de efectivo del Gobierno Federal, ya que conforme al estado analítico de egresos fueron 33 mil 441.4 millones de pesos monto que discrepa de los datos revelados de 31 mil 239.9 millones de pesos. La diferencia resulta al comparar el valor de las

179.42

342.86 354.92

440.78400.74

2012 2013 2014 2015 2016

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL GOBIERNO FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 a 2016

miles de millones

Fuente: Elaborado por la UEC, con Datos de la ASF. Estados de situación financiera del Gobierno Federal al 31 de diciembrede cada año.

97.3%

1.80%

0.60%

0.30%

-1.0% 9.0% 19.0% 29.0% 39.0% 49.0% 59.0% 69.0% 79.0% 89.0% 99.0%

1

2

3

4

DISPONIBILIDADES DEL GOBIERNO FEDERALAL CIERRE DE 2016

Fuente: Elaborado por la UEC, con Datos de la ASF.

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Cuentas por Liquidar Certificadas que se liberaron como ADEFAS de 2015 pagadas en 2016 y el valor neto de los ADEFAS (pagadas menos sus reintegros) de 2016 a pagarse en 2017. Sin embargo, el ente auditado no proporcionó evidencia que sustente lo informado. Inconsistencias en la información relativa a los reintegros a la TESOFE. Los Reintegros de 2016 ascienden a 4 mil 193.4 millones de pesos, y son aplicados por la Tesorería de la Federación (TESOFE) en 2017, sin embargo la TESOFE los reconoce como recibidos en 2017, pero afectan el presupuesto del 2016 e impactan las cuentas de los bancos, en tanto que para el estado de flujos de efectivo se agrupa contablemente en el rubro “Otras aplicaciones de financiamiento”, ya que su efecto en el presupuesto está reconocido en el gasto de 2016. Sin que el ente auditado acredite que forman parte de los reintegros. Diferencias en los registros. La SHCP informó que transfirió a los poderes Legislativo y Judicial y órganos autónomos montos por 109 mil 718.9 millones de pesos, sin embargo, en los estados de flujos de efectivo (orígenes) se mostró un monto total recibido por la cantidad de 109 mil 380.5 millones de pesos, cantidad que difiere en 338.4 millones de pesos con lo informado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental. Carencia de Sustento de la Información en el rubro de Otras Aplicaciones de Financiamiento. La Unidad de Contabilidad Gubernamental incluyó 17 mil 452.99 millones de pesos en el rubro de “Otras aplicaciones de financiamiento” del estado de flujos de efectivo sin contar con la información que sustente su presencia en ese rubro, asimismo omitió incluir en dicho estado 2 mil 201.5 millones de pesos por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del ejercicio de 2015, pagados en 2016 que fueron presentados en el estado analítico de egresos de 2016, como ADEFAS pagadas en ese ejercicio. El Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo, no se encuentra alineado con el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. La Unidad de Contabilidad Gubernamental no incluyó en el catálogo de cuentas, la cuenta 1116 de "Depósitos de fondos de terceros en garantía o administración" establecida en el Plan de Cuentas publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para registrar en esa cuenta los fondos de terceros depositados en la Tesorería de la Federación (TESOFE). Sin actualización y control de los depósitos de terceros. La TESOFE mantuvo 126 depósitos de terceros, de los cuales el depósito con número de referencia 01051191 por 4.2 millones de pesos no había tenido movimientos en un periodo de 15 años. Al respecto, la Dirección General Adjunta de Ingresos de la TESOFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, realizó la aplicación de los 4.2 millones de pesos en favor del erario federal, con base en los artículos 30 y quinto transitorio de la Ley de Tesorería de la Federación, mediante acuerdo para el asiento de traspaso del 14 de septiembre de 2017. Cumplimiento normativo en el manejo de las disponibilidades. La inversión de las disponibilidades realizadas por la TESOFE, cumplió con los porcentajes máximos establecidos por el Comité Técnico de Inversión y Administración de la Liquidez en las "Políticas y directrices

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que deberá observar la Tesorería de la Federación en materia de inversión y liquidez". Al cierre del ejercicio de 2016, la Dirección de Inversión informó que en el Portafolio de la Tesorería de la Federación, las disponibilidades de la TESOFE ascendieron a 367 mil 547.8 millones de pesos, de los cuales 330 mil 844.8 millones de pesos fueron en moneda nacional y 36 mil 703 millones de pesos en moneda extranjera.

Administración razonable de la cuenta única de tesorería (CUT). La TESOFE administró razonablemente las cuentas bancarias de las dependencias y entidades y verificó el registro en el sistema de Cuenta Única de Tesorería que opera, en cumplimiento de los "Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes". Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 2, Número de Acciones 3(2R y 1PRAS). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gastos de Operación (Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo). Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 50. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los gastos para la operación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como la determinación y pago de los honorarios fiduciarios, su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) es un fideicomiso público del Estado constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente y el Banco de México (BANXICO) como institución fiduciaria, cuyo fin es recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos en materia de energía. Propuesta y aprobación del gasto de operación con la generación de subejercicio presupuestario. El 10 de diciembre de 2015, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo

Tipo de banca Moneda Nacional Divisas convertidas a

Moneda Nacional Total %

Banco de México 322,956.77 7,710.13 330,666.89 90

Banca de desarrollo 4.28 28,933.48 28,937.76 7.9

Banca múltiple 7,883.71 59.43 7,943.14 2.1

Total 330,844.76 36,703.04 367,547.80 100

Fuente: Elaborado con datos de la ASF.Reporte de integración de las disponibilidades e informe de la integración del

portafolio de la Tesorería de la Federación (TESOFE) con su respectiva valuación al 31 de diciembre de 2016, y estados de

cuenta bancarios a nombre de la TESOFE.

DISPONIBILIDADES DE LA TESOFE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR TIPO DE BANCA

(Millones de pesos)

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para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) aprobó el gasto de operación para el ejercicio 2016 por 95.2 millones de pesos, propuesto por el Banco de México (BANXICO) en su calidad de fiduciario del fondo. Al 31 de diciembre de 2016, el FMPED ejerció 79.2 millones de pesos, 16.0 millones de pesos menos de lo autorizado, los recursos no ejercidos representaron 16.8% del presupuesto aprobado Erogaciones por concepto de recursos humanos. Se verificó que el cálculo de la nómina por 38.1 millones de pesos, fue realizado de conformidad con las Condiciones General de Trabajo del Banco de México y con el Anexo "A", fracción I, inciso a, de los lineamientos y coincide con lo registrado en la contabilidad al igual que el Impuesto sobre nóminas, cuotas al IMSS y al INFONAVIT el cual ascendió a 5.4 millones de pesos, Servicio médico por 4,682.3, Aportaciones al Fondo Complementario de Pensiones 2.993 millones de pesos, Promoción sociocultural y deportiva 90.6 miles de pesos, Capacitación y adiestramiento (incluye viáticos) 1,180.1 siendo el total en los pagos por 52.5 millones de pesos. Detección áreas de oportunidad. Se corroboraron la cantidad de plazas con las que contó el fondo en 2016 y las actividades que realizaron, se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Descripciones de Puesto. De los 19 entrevistados en 4 de los casos se detectaron áreas de oportunidad en cuanto al nivel de estudio, idiomas y experiencia previstos en las descripciones de puesto y de un trabajador, en la formulación de su descripción de puesto y su incorporación en el "Manual de Organización de la Coordinación Ejecutiva del FMPED y Coordinación Administrativa del FMPED". Así como, de 5 casos en cuanto a la identificación exacta de los documentos donde se describen los valores institucionales. En relación con las funciones y finalidades, se determinó que el 100.0% del personal entrevistado realiza actividades encomendadas para sus puestos. En atención a los hallazgos derivados de esta auditoría, se llevará a cabo una campaña de capacitación al personal entrevistado, con el objetivo de reforzar los conocimientos de dicha normativa. Las coordinaciones Ejecutiva y Administrativa del FMPED están dando continuidad al ejercicio del Programa de Capacitación 2017, Se actualizaron las descripciones y perfiles de puesto, del personal de las unidades administrativas del BANXICO adscritas a las coordinaciones Ejecutiva y Administrativa del FMPED, de acuerdo a la normativa. La Unidad de Auditoría del BANXICO precisó que los requisitos y niveles de estudio que se establecen en los perfiles de puesto, se determinaron conforme a las mejores prácticas internacionales.

3 Se consideró el equivalente al 9.0% de las remuneraciones de conformidad con el Anexo "A", fracción I, inciso f, de los lineamientos.

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Erogaciones por concepto de tecnologías de la información. En 2016, se ejercieron 17.7 millones de pesos por tecnologías de la información, de los cuales se revisaron 17.4 millones de pesos, el 98.0%. BANXICO en su calidad de fiduciario del FMPED, erogó los gastos de servicios de telecomunicaciones, técnicos especializados y noticiosos; software, y desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC), de conformidad con el Anexo "A", fracciones III, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y VI, numeral 3 de los lineamientos y el artículo 96 de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México. Costos de ocupación y otros gastos de operación. Por concepto de costos de ocupación, los servicios de la Dirección de Seguridad, de chofer, obras de adaptación y equipamiento de inmueble, servicio de comedor, consumo de agua y energía eléctrica, servicios de mantenimiento y de limpieza, y papelería e insumos, los gastos se determinaron y efectuaron de conformidad con el Anexo "A", fracciones II y IV, de los lineamientos. En conclusión, los costos de ocupación por 7.1 millones de pesos y otros gastos de operación por 1.7 millones de pesos, se determinaron de conformidad con la normativa aplicable, para su inclusión en los honorarios fiduciarios. En el caso de mobiliario y equipo de oficina, no se incluyeron 1.9 miles de pesos en el pago de los honorarios fiduciarios, por lo que el BANXICO realizó el registro contable de esa cantidad, así como el ajuste en los honorarios fiduciarios de la factura del mes de julio de 2017. Elevados pagos del Fondo a Banxico por concepto de honorarios fiduciarios. El monto pagado por el FMPED fue reportado en los estados de cuenta bancarios y coincide con las facturas emitidas por el BANXICO en su calidad de fiduciario del FMPED. En conclusión, el BANXICO cobró al FMPED 79.2 millones de pesos de honorarios fiduciarios, los cuales equivalen al monto de los gastos en que incurrió el banco para cumplir con los fines del fondo. Registro contable de los gastos de operación y su presentación en estados financieros y Cuenta Pública. En el apartado denominado "Ingresos Presupuestarios" de la Cuenta Pública 2016, se reportó el Flujo de Efectivo del FMPED, en el cual se reflejó la disminución por 84.3 millones de pesos por concepto de honorarios fiduciarios, monto que coincide con su Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2016, incluido en los estados financieros, auditados por un despacho externo. En conclusión, el FMPED registró en la contabilidad y presentó correctamente los honorarios fiduciarios en los estados financieros y en la Cuenta Pública. Dictamen: Cumplió. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Fondo de Prevención de Desastres Naturales”. Auditoría de Desempeño, No. 48. Objetivo: Fiscalizar las actividades en materia de prevención de desastres naturales, mediante el financiamiento de proyectos que incentiven la mitigación de riesgos así como la implantación de una política y cultura de autoprotección ante desastres naturales.

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Gestión positiva del gobierno de los riesgos por desastres naturales a través del FOPREDEN durante 13 años. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 13 años de la operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), ha contribuido a implementar una política de fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos destructivos originados por fenómenos naturales. Se debe anticipar sistemática y científica sobre la ocurrencia de desastres asociados a los fenómenos naturales. En las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, se identificó que el problema público que se busca atender con el programa presupuestario N002 “Fondo para la Prevención de Desastres Naturales” se refiere a la necesidad de que las instituciones públicas y su plataforma jurídica, en conjunción con los sectores privado y social, se orienten hacia un estado en el que prevalezca la anticipación sistemática y científica sobre la ocurrencia de desastres asociados a los fenómenos naturales. Los objetivos, alcances o metas sin afectación en los proyectos. En el periodo 2012-2015, se destinaron 426.7 millones de pesos para la ejecución de 11 proyectos, de los cuales 9 (81.8%) fueron preventivos estratégicos y 2 (18.2%) preventivos. A 2016, se evidenció que el fondo canalizó recursos para la ejecución de 7 (63.6%) obras programadas, las cuales reportaron un ejercicio de los recursos en un rango del 97.0% al 100.0%; y 4 (36.4%) registraron un avance del 18.6% al 92.4%, dichos avances se realizaron de conformidad con los programas de actividades, plazos y costos, o con las modificaciones autorizadas por el Comité Técnico, sin que se vieran afectados los objetivos, alcances o metas de dichos proyectos. Cabe destacar que en anteriores revisiones como la del Informe de 2012, la ASF detecto Cancelación de obras sin reintegración de los recursos al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN y Existencia de obras no ejecutadas y saldos no ejercidos, sin embargo en esta revisión se observó que este tipo de anomalías no se presentaron por lo que sería conveniente realizar una evaluación más a fondo de las obras efectuadas en relación al uso de los recursos. El financiamiento promovió y fomentó la prevención tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos destructivos originados por fenómenos naturales. De los 11 proyectos preventivos y preventivos estratégicos que continuaban en ejecución, se concluyeron 2 (18.2%), denominados “Atlas de riesgo del estado de Baja California Norte. Actualización e identificación de peligros”, y “Modernización de la infraestructura que brinda soporte a los sistemas preventivos operados por el CENAPRED. Garantía para su continuidad de operaciones”, de los cuales se remitieron las copias de los libros blancos y se precisó que su financiamiento promovió y fomentó la prevención tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos destructivos originados por fenómenos naturales, a fin de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. Carencia de información en la Cuenta Pública la información que permita evaluar y dar seguimiento a los objetivos del programa presupuestario N002. La fiscalización del programa presupuestario N002 “Fondo para la Prevención de Desastres Naturales” contribuirá a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca las estrategias necesarias para incorporar

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en la Cuenta Pública la información que permita evaluar y dar seguimiento a los objetivos del programa presupuestario N002 "Fondo para la Prevención de Desastres Naturales". Así como, para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, envíen los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de aportaciones federales y fortalezca los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño del programa presupuestario. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 1, Número de Acciones: 1 (1 RD). Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. “Apoyos Recuperables del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 92. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los apoyos recuperables, sus esquemas de operación, rentabilidad y recuperación, así como su registro contable y presentación en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa. Antecedentes. El Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) se creó como un fideicomiso no paraestatal, con la finalidad de ser un vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura. De 2012 a 2016 entregó 16 mil 872 millones de pesos como apoyos recuperables para ser coparticipe con la iniciativa privada en el financiamiento de proyectos carreteros, turísticos, de energía e hidráulicos. Alcance. El universo seleccionado por 4 mil 886.1 millones de pesos correspondió a las erogaciones realizadas en 2016 en la modalidad de apoyos recuperables para promotores de proyectos de infraestructura (13 apoyos) y fondos de inversión (10 apoyos). FONADIN opera al margen de las competencias de la Cámara de Diputados.

Las decisiones del ejercicio de sus recursos corresponden a los integrantes de su Comité Técnico; no están reguladas en alguna normativa gubernamental. Sus atribuciones sólo se encuentran referidas en el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación.

No se consideran como aprovechamientos del Gobierno Federal, y no se registran en la Ley de Ingresos de la Federación, los ingresos por la explotación de las concesiones carreteras del FONADIN. En 2016, los ingresos por ese concepto fueron de 25.1 miles de millones de pesos, que sumados con los ingresos de las disposiciones de la línea de crédito y del cobro anticipado de los pagarés a cargo del Gobierno Federal ascendieron a 56.2 miles de millones de pesos.

No se reconocen como deuda pública, no obstante que están garantizados por el Gobierno Federal, los pasivos a largo plazo del FONADIN, por 239.1 miles de millones de pesos.

No se consideran como parte del gasto público en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos erogados por el fideicomiso, que en 2016 fueron de 56 mil 169.6 millones de pesos.

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Supervisión insuficiente. BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, no realiza un seguimiento de la rentabilidad financiera de los proyectos y fondos de inversión apoyados, con el fin de administrar el riesgo y prever que éstos puedan cubrir el costo financiero y el pago del principal. Tampoco identificó empresas inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública y en caso de que la empresa hubiera sido inhabilitada por dicha secretaría, no es una limitante para otorgarle el apoyo financiero, toda vez que la autorización de los apoyos no se rige bajo la Ley de Obra Pública o la Ley de Adquisiciones. Créditos sin análisis de riesgo. Las Reglas de Operación del FONADIN, el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Apoyos Recuperables y No Recuperables Otorgados por el Fondo y la Metodología para la Evaluación y Estructuración de Estudios y Proyectos de Infraestructura, no prevén que, para el otorgamiento del apoyo a los fondos de inversión, previamente se analice y evalúe su nivel de riesgo. Además de que esa normativa no se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. En las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Infraestructura y Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Apoyos Recuperables y No Recuperables Otorgados por el Fondo. Sugerencias a la Cámara de Diputados. Para que, con base en sus facultades y por conducto de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, así como de Infraestructura, evalúe la conveniencia de que se promueva, ante el Ejecutivo Federal, que el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura se constituya como una Entidad de la Administración Pública Paraestatal. Esto a fin de evitar opacidad y discrecionalidad en la administración de los recursos del fideicomiso en términos de aprobación del gasto, transparencia y rendición de cuentas. Dictamen: No cumplió. Número de Observaciones: 4, Número de Acciones: 10 (9R y 1PRAS). Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. “Cartera de Crédito Vigente”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 93. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito vigente para verificar que en su otorgamiento, supervisión, recuperación y registro, se observaron las disposiciones legales y normativas; y que los recursos se aplicaron conforme a lo autorizado y contratado. Antecedentes La misión del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), es impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos, así como promover el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas y municipios.

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Banobras no verificó la aplicación de créditos otorgados:

Los estados de Sinaloa, Chiapas, Chihuahua, de México y Veracruz no presentaron documentación comprobatoria y justificativa de los proyectos autorizados por un total de 243 millones de pesos.

Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo realizaron erogaciones, por 214 millones de pesos con recursos de programas diferentes de los autorizados por BANOBRAS; los titulares de los OIC mediante oficio de certificación señalaron que los recursos de BANOBRAS fueron aplicados en infraestructura; sin embargo su destino no se comprobó ante este Órgano Fiscalizador.

El ejercicio de los recursos de la muestra por 20.1 miles de millones de pesos se comprobó con la certificación mediante oficios firmados por los titulares de los órganos internos de control estatales, sin que esto acredite que los proyectos de infraestructura se realizaron.

En el estado de Chiapas no se realizó un proyecto de infraestructura por 26 millones de pesos, con un anticipo de 7.6 millones de pesos, sin que el constructor desarrollara trabajo alguno. Por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno del Estado presentó una querella ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado.

En las revisiones de las cuentas públicas 2012 y 2015, la Auditoría Superior de la Federación recomendó a BANOBRAS incorporar en su Manual de Crédito la obligación de verificar directamente la aplicación de los recursos de los créditos otorgados a los gobiernos federales, así como establecer y fortalecer sus procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los créditos otorgados a estados y municipios, a efecto de garantizar y comprobar que los acreditados. La entidad fiscalizada incorporó una acción de mejora para 2017, pero esta es a consideración (optativa) del área de Negocios de BANOBRAS.

Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 7, Número de Acciones: 11 (11R). Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. “Erogaciones por Servicios Generales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 99. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por servicios generales, a fin de constatar que se presupuestaron, autorizaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y normativas. Antecedentes. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI) tiene el mandato de realizar funciones de banca social, con el objeto de promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento

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de la innovación, la perspectiva de género y la inversión, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el desarrollo económico nacional y regional del país. Está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Incumplimientos normativos. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., tuvo los siguientes incumplimientos legales y normativos:

Se pagaron 383.4 millones de pesos, por un contrato de outsourcing, sin que en la justificación ni el contrato, se describieran la cantidad de personas ni las áreas que solicitarían esos servicios por lo que no se tiene la certeza de que los pagos se hayan realizado de manera correcta.

De 23 adjudicaciones fundamentadas en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por 96.7 millones de pesos, el BANSEFI no demostró que solicitó a los prestadores de servicios la documentación que acreditara que contaban con la capacidad técnica, material y humana, para realizar el objeto de cada contrato.

No se realizó el procedimiento de adjudicación, ni se formalizaron los contratos de los servicios de vigilancia, asesoría en información económica y financiera y servicios médicos, por 52.1 millones de pesos.

En 26 facturas, por 10.2 miles de pesos de servicios médicos, los comprobantes de pago no contaron con la evidencia de que se recibió el servicio.

No se realizaron las requisiciones de compra para iniciar 13 procedimientos de adjudicación, de los cuales se derivaron 11 contratos y 2 pedidos, por los que se pagaron 11.8 millones de pesos.

Los gastos médicos, por 3.6 millones de pesos, generados a partir del 1 de noviembre de 2016, se registraron en la subpartida 154013 “Otras prestaciones de Condiciones Generales de Trabajo”, en lugar de la subpartida presupuestaria 339014 “Hospitales y clínicas”, en la cual se registraron los gastos por este concepto de enero a octubre del 2016, por 48.0 millones de pesos.

Dictamen. No cumplió. Número de Observaciones: 7, Número de Acciones: 10 (5R, 4 PRAS y 1 PO). Se determinaron recuperaciones probables por 10.2 mies de pesos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo”. Auditoría Estudio, No. 1781. Objetivo. Evaluar las sensibilidades del gasto público respecto de la actividad productiva, medida por el Producto Interno Bruto, en el marco de la estrategia de política fiscal, además de revisar las mejores prácticas internacionales en la materia.

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Antecedentes. En la auditoría núm. 84 “Gasto Público Federal” se observó que la SHCP tenía la oportunidad de mejorar la estrategia de gasto público como instrumento contracíclico que contribuye a que la economía retome la senda de crecimiento de largo plazo, con el apoyo de modelos econométricos que permitieran medir las sensibilidades de los principales programas presupuestarios respecto del PIB y la demanda agregada, principalmente los de inversión física directa, los subsidios focalizados y la prestación de los servicios públicos prioritarios. La SHCP informó que se realizarían modelos econométricos que intentaran medir el impacto de los agregados del gasto público sobre el crecimiento del PIB, como elementos de trabajo interno y como un complemento del análisis del gasto público cuando se considerara que es pertinente debido a la fase del ciclo en que se encuentra la economía. El Estado tiene facultades para promover el crecimiento económico. Los gobiernos tienen facultades legales para promover el crecimiento económico y el desarrollo social, proporcionar bienes y servicios, regular la conducta de las empresas y los individuos, y redistribuir el ingreso. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea que el sector público se debe transformar para tener la capacidad de conducir el rumbo general de la sociedad, procesar los conflictos conforme a reglas democráticas, garantizar eficazmente el funcionamiento del sistema legal, preservar la seguridad jurídica, regular los mercados, establecer equilibrios macroeconómicos, fortalecer sistemas de protección social y asumir la preeminencia de la democracia como principio de organización social. No es suficiente la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es necesaria para el crecimiento, pero no es suficiente. Al diseñar la política fiscal se deben considerar los canales de transmisión mediante los cuales la política tributaria y de gasto público incide en el crecimiento a largo plazo y en el nivel y calidad de vida de la población. El gasto en inversión productiva y en infraestructura, con una adecuada evaluación de costo-beneficio, contribuye a fomentar el crecimiento. Standard & Poor’s estima que incrementar el gasto en infraestructura en un 1.0% del PIB aumentaría el tamaño de la economía en 1.3% en México a partir de los tres años. Es necesario distinguir entre el gasto público productivo y el improductivo, para lo cual se requiere identificar la eficiencia del gasto público. Será productivo si incrementa la rentabilidad de la inversión en general, promueve la inversión privada y el crecimiento económico, sin que el sector público desincentive o desplace al sector privado (efecto crowding out). Política fiscal y de desarrollo social para aliviar la desigualdad. La desigualdad social es uno de los principales retos de los países de ALC, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2011, el ingreso del 20.0% más rico de la población en ALC era 17 veces mayor que el del 20.0% más pobre, y esa diferencia llegó a ser de hasta 25 veces en los países con mayor desigualdad. El crecimiento económico no parece cambiar por sí solo los niveles de desigualdad. Puede reducir los niveles de pobreza en los países con menor nivel de

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desigualdad, pero resulta importante propiciar el uso de la política fiscal y el desarrollo social como medio para mejorar la distribución del ingreso. México; Desigualdad, gasto social y bajo gasto público. De acuerdo con la OCDE, la desigualdad de ingresos en México es una de las más altas en los países miembros y ha aumentado en años recientes. La evolución del gasto social presentó un incremento en el periodo de 2010 a 2016, con un comportamiento pro cíclico. El uso del gasto social como instrumento de la política fiscal en dicho lapso justificó en parte el déficit presupuestario y el aumento de la deuda pública. No obstante, el nivel del gasto público en México fue de 24.0% del PIB en dicho periodo, mientras que asciende al 31.0% del PIB en promedio en los países de ALC, y al 41.5% promedio en los países de la OCDE.

El gasto corriente, en especial las transferencias y subsidios, se han convertido en el instrumento principal para promover acciones de combate a la pobreza y de desarrollo social. No obstante, el impacto del gasto público sobre el desarrollo humano (reducción de la pobreza) y el crecimiento económico dependerá en mayor medida de la eficacia y eficiencia del gasto y no de la cantidad de recursos. Estimulo sin medición de impacto. De 2010 a 2016, el gasto público aumentó a una Tasa media de crecimiento anual (TMCRA) de 4.3%; superior al crecimiento de la actividad económica de 2.7% en el mismo periodo. La inversión física disminuyó de 20.3% del total del gasto programable en 2010 a 15.9% en 2016, con una TMCRA negativa de 1.1% de 2010 a 2016. La reducción de este tipo de gasto implica afectar la actividad económica, la competitividad, el entorno para la productividad e incluso la cobertura y calidad en la provisión de infraestructura y servicios públicos.

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No obstante, persisten indicadores sociales que muestran que el crecimiento de la economía no se ha traducido en disminución de la pobreza y de la desigualdad social medida por el índice de Gini. En educación México está por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, y el gasto en salud es menor al nivel recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió las fuentes del crecimiento del PIB según los componentes de la demanda final, y destacó que el gasto público tuvo una reducida contribución desde 2009 e inclusive negativa en 0.2 puntos porcentuales (pp) en 2016. La inversión pública tuvo una tendencia negativa en 22 de los últimos 23 trimestres. En el presente estudio se comprobó que la SHCP no midió los efectos sobre la actividad económica de la estrategia de utilizar el gasto público como instrumento contracíclico en el periodo de 2010 a 2016, mediante los programas específicos aprobados en el PEF y sus indicadores de desempeño. Además, como parte de la reingeniería del gasto público anunciada en 2015, la SHCP identificó 18 programas estratégicos que ofrecerían para 2016 “el mayor potencial multiplicador de crecimiento económico”; sin embargo, durante la elaboración del presente estudio no se encontró evidencia estadística de su mayor incidencia en la actividad económica. Al respecto, la ASF considera pertinente que se realice una evaluación de impacto en los programas presupuestarios que, de acuerdo con la SHCP, inciden en la productividad y la competitividad. Se posterga la emisión de recomendaciones de la ASF. En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se hace constar que, al cierre de este estudio, no fue posible acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el Artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el Artículo 39 de la misma normativa. Análisis de los criterios sobre la calidad del gasto público. Se solicitó a la SHCP los análisis realizados para medir los criterios de eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio del gasto público para satisfacer los objetivos a los que está destinado. La SHCP informó que con la participación del CONEVAL, se coordina la evaluación del desempeño mediante la cual se verifica el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Oportunidades de mejora. La ASF ha realizado auditorías para revisar la información presentada, los atributos y los avances de las metas de los indicadores de desempeño (Id) de los programas presupuestarios (Pp) y su relación con las asignaciones presupuestarias, en el marco del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Principales observaciones:

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La alineación de los Pp con los Programas Sectoriales y con las Metas Nacionales no corresponde en algunos casos a las relaciones válidas señaladas por la SHCP.

Se detectaron Pp en los que no fue posible comprobar la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Un número importante de los Id pueden no tener los elementos necesarios para un diseño y/o programación adecuado y/o consistente, y no cumplen con sus metas.

Las adecuaciones presupuestarias mostraron insuficiencias en reportar sus efectos en las metas y la información sobre los resultados esperados y alcanzados.

No existe una obligatoriedad para realizar evaluaciones de impacto de los Pp.

Se detectaron cómo principales áreas de oportunidad de mejora: Que las dependencias y entidades realicen una adecuada vinculación de los objetivos y

metas de los Pp con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de éste derivan. Fortalecer la normativa y los mecanismos institucionales que aseguren que los

ejecutores de gasto que ejecuten Pp realicen la MIR. Fortalecer los mecanismos para que en la programación anual del gasto público, en

todos los Pp exentos y sin obligación de elaborar la MIR, se construya al menos un Id (Indicador de Desempeño).

Implementar medidas para que las Unidades Responsables ejecutoras de gasto programable de la APF construyan y presenten los elementos mínimos para el adecuado diseño de los Id.

Implementar la normativa y los mecanismos institucionales que permitan a los ejecutores de gasto identificar y rendir cuentas sobre las causas y situación de todos los Id que no reportan avances en sus metas.

Mejorar la normativa y los mecanismos que contribuyan e incentiven el logro de los resultados esperados de los Pp, medidos por sus Id y se consideren en el proceso de programación y presupuesto, en especial en las adecuaciones presupuestarias.

Número de Observaciones: 1, Número de Acciones: 2 (2R). Sugerencia a la Cámara de Diputados: 1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas”. Estudio, No. 1788. Objetivo. Evaluar los resultados de las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en su Reglamento, en comparación con las mejores prácticas internacionales, a fin de plantear áreas con oportunidad de mejora para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Persistencia de déficit presupuestario. A partir de 2009 el gasto neto pagado fue superior a los ingresos presupuestarios (271 mil 147.3 millones de pesos), y tanto el balance primario como

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el balance presupuestario con inversión de PEMEX resultaron en déficit persistente hasta 2016. En 2016 la diferencia entre el balance presupuestario observado y el aprobado fue de 85 mil 891.6 millones de pesos, cifra equivalente a 1.8% del gasto neto total aprobado y superior al considerado como límite (47 mil 638.7 millones de pesos), lo que resultó en un déficit menor al previsto originalmente. Condiciones insuficientes para alcanzar el efecto del Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural (LMGCE) sobre la sostenibilidad fiscal. En 2015 el Gasto Corriente Estructural ascendió a 2 billones 223 mil 948.3 millones de pesos, superior en 3.6% real en comparación con el ejercido en 2014 (2 billones 094 mil 633.6 millones de pesos), por lo anterior, se superó el límite de 2.0% real establecido en el artículo Tercero Transitorio de la reforma a la LFPRH publicada el 24 de enero de 2014. En este sentido, en 2016 no se dieron las condiciones necesarias para que el LMGCE funcionara como estabilizador automático en la regla fiscal, toda vez que el dinamismo del GCE estuvo por abajo del LMGCE de 2% real establecido para el año. Posible margen de discrecionalidad en la metodología que aplica la SHCP para estimar el PIB Potencial y la brecha del producto. En el periodo de 2009 a 2016 la brecha del producto fue negativa y alcanzó su mayor nivel en 2009 con 4.6% del PIB, en el caso del ejercicio 2016 presentó un nivel de 2.2% del PIB. Al respecto, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF acreditó que la metodología que aplica la SHCP para estimar el PIB Potencial y la brecha del producto, podría implicar un margen de discrecionalidad para solicitar al Congreso de la Unión la aprobación de un déficit presupuestario y de recursos para su financiamiento. Precio de la mezcla mexicana del petróleo como elemento fundamental en la sostenibilidad de las finanzas públicas. La SHCP planteó que la fórmula del precio del petróleo “permite dar estabilidad a las finanzas públicas al generar certeza en el financiamiento del sector público”. Sin embargo, en razón de que el precio de la mezcla mexicana del petróleo se determina en el mercado respectivo y no es posible tener certeza y estabilidad en los ingresos petroleros, esta situación afectó en los años recientes las finanzas públicas por la caída en los precios internacionales del petróleo, lo que se compensó con los recursos que se recuperaron de las coberturas petroleras contratadas (107 mil 512.4 millones de pesos en 2015 y 53 mil 737.6 millones de pesos en 2016). Insuficientes disponibilidades financieras en los fondos de estabilización y ahorro que permitan hacer frente a las contingencias financieras asociadas con la caída en la recaudación de ingresos. La acumulación de disponibilidades financieras en los fondos de estabilización y ahorro no ha sido suficiente para asegurar recursos que permitan cubrir las contingencias financieras asociadas con la caída en la recaudación de ingresos Cabe señalar que para 2015 y 2016 las reservas acumuladas del FEIP fueron de 36 mil 729.0 millones de pesos y 98 mil 406.0 millones de pesos, respectivamente, representaron 16.9% y 42.5% del límite máximo de las reservas para esos años (217 mil 926.4 millones de pesos y 231 mil 460.2 millones de pesos, en el mismo orden).

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Y, en el caso del FMPED, no alcanzó la referencia del 4.7% del PIB de transferencias de ingresos petroleros al GF (en 2015 fueron de 2.2% del PIB y en 2016 de 1.6% del PIB) y tampoco ha logrado acumular recursos para el ahorro de largo plazo, de conformidad con la Ley del FMPED.

Deficiencias en la normativa y mecanismos de presupuestación y control respecto de la LIF y el PEF. En el periodo de 2010 a 2016, lo aprobado en la LIF y el PEF resultó inferior a lo recaudado y ejercido. En 2016, los ingresos recaudados experimentaron una variación de 16.6% respecto de los ingresos aprobados (4 billones 154 mil 633.4 millones de pesos), y el gasto ejercido una variación de 12.9% respecto del gasto aprobado (4 billones 763 mil 874.0 millones de pesos). Al respecto, la SHCP justifica las variaciones entre lo aprobado y lo obtenido y lo ejercido respecto de la LIF y el PEF con la LFPRH, en lo que se refiere a la aplicación de los ingresos excedentes, y el Reglamento de la LFPRH, respecto de las adecuaciones que los ejecutores pueden realizar al presupuesto aprobado. Sin embargo, la observación de la ASF destaca la

Disponibilidades Reservas Disponibilidades Reservas Disponibilidades Reservas

2011 11,036.20 8,046.00 5,554.80 n.a. n.a. n.a.

2012 17,453.40 13,620.00 13,469.30 n.a. n.a. n.a.

2013 33,782.80 28,845.00 20,307.60 n.a. n.a. n.a.

2014 43,979.90 37,517.00 34,140.00 n.a. 53.50 n.a.

2015 44,813.70 36,729.00 36,179.70 n.a. 17.50 n.a.

2016 110,141.40 98,406.00 30,276.90 n.a. 53.00 n.a.

n.a. No aplicable.

FEIEF FEIEF1/

Fuente: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2011‐2016 e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre

de 2011 a 2016.

1/ El contrato constitutivo del FMPED se suscribió el 30 de septiembre de 2014, la SHCP es el fideicomitente y el Banco de México (BANXICO) es el fiduciario. La SHCP realizó una aportación

patrimonial inicial de 53.5 millones de pesos y comenzó a operar el 1 de enero de 2015.

AÑOFEIP

FIDEICOMISOS FEIP, FEIEF Y FMPED, 2011-2016

( Millones de Pesos )

4.70%

2.20%

1.60%

Referencia Histórica de Transferencia Referencia Efectiva 2015 Referencia Efectiva 2016

COMPARATIVO DE TRANSFERENCIAS DE INGRESOS PETROLEROS VERSUS REFERENCIA DE TRANSFERENCIAS % DEL PIB

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF.

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pertinencia de mejorar la normativa y los mecanismos de presupuestación y control respecto de la LIF y el PEF, debido a los ingresos excedentes y las ampliaciones presupuestarias en relación con el destino y resultados alcanzados mediante el ejercicio del gasto en los programas aprobados en el PEF. Incremento del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público y Sostenibilidad Fiscal. Como resultado del déficit presupuestario durante el periodo de 2000 a 2016, la relación deuda/PIB del GF se incrementó de 17.0% a 36.8%, y el SHRFSP, que es el indicador más amplio de las obligaciones financieras, pasó de 31.7% a 50.1% del PIB. Se observa que en 16 años la deuda y el SHRFSP muestran una tendencia creciente, a la par del crecimiento del déficit presupuestario, lo que no es congruente con el Reglamento de la LFPRH que define que la meta anual de los RFSP es congruente con la capacidad de financiamiento del sector público, cuando dicha meta implique una trayectoria del saldo histórico de los RFSP como proporción del PIB constante o decreciente en el mediano plazo. Necesidad de fortalecer y complementar integralmente con mejoras a la normativa y a ciertos mecanismos institucionales. Derivado del estudio, se considera pertinente reforzar el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o bien la normativa para mejorar elementos relacionados con indicadores macroeconómicos y financieros que sirven como referente básico para la definición de la política fiscal y deuda pública en un marco de sostenibilidad a mediano y largo plazos. En un contexto internacional, las Instituciones Fiscales Independientes (IFI) han contribuido a la aplicación de una política fiscal responsable; monitorear el cumplimiento de la regla fiscal; evitar efectos negativos o colaterales de las decisiones políticas sobre la sostenibilidad fiscal; aumentar la transparencia, coordinación y rendición de cuentas; y facilitar la comprensión del contribuyente y del ciudadano sobre las decisiones de política fiscal y sus efectos de corto, mediano y largo plazos. Al respecto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez (IBD) de la Cámara de Senadores, realizan actualmente algunas de las principales funciones que se encomiendan a las Instituciones Fiscales Independientes (IFI). No obstante, al estar relacionadas con los procesos políticos y electorales mediante los partidos en competencia, podría ser conveniente establecer un conjunto de funciones, indicadores, mediciones y evaluaciones que se determinen únicamente por factores de objetividad, confiabilidad, calidad e imparcialidad, sin que esto signifique que estarán exentas de incertidumbre y complejidad. El propósito es que esos elementos se respeten como referente fundamental. Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1R).

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Servicio de Administración Tributaria. “Multas por Infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 81. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y verificar que los procesos de determinación, cobro, registro contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa. Recaudación de multas por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).Se constató que la recaudación de multas por infracciones a la Ley Federal de Competencia (LFCE) ascendió a 181.8 millones de pesos en 2016, de los cuales 78.1 millones de pesos correspondieron a recaudación de multas determinadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a 33 agentes económicos y, 101.8 millones de pesos, correspondieron a la cartera de recaudación de multas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a cinco agentes económicos. Determinación de multas por la COFECE de conformidad con la LFCE y con las atribuciones establecidas en su estatuto orgánico. Los ingresos recaudados por concepto de multas por infracciones a la LFCE, se registraron en la contabilidad y se correspondieron con los presentados en la Cuenta Pública 2016, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Al respecto, el 99.7% de la recaudación total de dichas multas, se integró por 29 Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR), entre las que destacaron “Distrito Federal 2” con el 47.5%, “Querétaro” con el 15.4% y, “Tijuana” con el 10.6% del total de la recaudación. El 0.3% restante de la recaudación correspondió principalmente al Distrito Federal y Campeche. Multas determinadas por la COFECE pendientes de cobro a 2016. Se constató que las multas pendientes de cobro a 2016, determinadas a 94 agentes económicos, ascendieron a 219.2 millones de pesos y se distribuyeron en 32 ADR, de las cuales 7 concentraron el 88.5% del total y correspondieron a 10 agentes económicos. Contravención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la cartera de multas recaudadas por el IFT. En la comparación de cifras de la recaudación proporcionadas por el SAT contra las entregadas por el IFT, se constató en los reportes del Sistema MAT cobranza, que el SAT informó de nueve multas pagadas en 2016, de las cuales ocho correspondieron a infracciones emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por 232.3 miles de pesos, y una a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por 134.6 miles de pesos, no formaban parte de la cartera del IFT, ni de la clave de cómputo correspondiente, en contravención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dictamen: Cumplió.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Revelación de Estímulos, Beneficios y Exenciones Fiscales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 64. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de estos conceptos e identificar el tipo de contribuyentes beneficiados y los importes involucrados, específicamente, en lo que se refiere a impuestos y derechos, así como su revelación en el Presupuesto de Gastos Fiscales. Carente información proporcionada en el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó en el PGF 2016 una estimación de renuncias recaudatorias por 670 mil 323.0 millones de pesos, correspondientes a 120 tratamientos que involucraron estímulos, beneficios y exenciones identificadas como gastos fiscales; la SHCP presentó estimaciones de 84 de ellos, en el caso de los 36 restantes, no se consideraron estimaciones en dicho documento de las renuncias recaudatorias correspondientes, situación que aun cuando no implicó un incumplimiento de la normativa, limita el análisis del comportamiento de las finanzas públicas, así como la transparencia y evaluación de los beneficios de esas medidas y, por consiguiente, la toma de decisiones en materia de política fiscal y hacendaria. Cabe destacar que los estímulos, beneficios y exenciones fiscales estuvieron dirigidos a personas físicas y morales, las cuales, de acuerdo con sus actividades, pueden incorporarse a un sector en específico; al respecto, el sector de industrias manufactureras fue el principal beneficiario, con el 17.2% de las estimaciones para ese sector. Significativa renuncia recaudatoria no revelada como un gasto fiscal. Referente a los 36 tratamientos que involucraron estímulos, beneficios y exenciones otorgados que no fueron estimados e incorporados en el PGF 2016, la ASF cuantificó y estimó las renuncias recaudatorias correspondientes a cuatro de ellos, que totalizaron 10 mil 170.1 millones de pesos, de los cuales 605.8 millones de pesos corresponden a estímulos fiscales otorgados mediante “Decretos presidenciales” y 9 mil 564.3 millones de pesos a condonaciones y reducciones de contribuciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación. En conjunto, lo anterior representa 1.5% de los gastos fiscales reportados en ese documento. Menores recursos para el Fisco Federal por concepto de derechos no reportados en el PGF. En 2016, a partir de información proporcionada por las dependencias y órganos desconcentrados referidos, se estimaron en 7 mil 172.2 millones de pesos de recursos que dejó de recibir el Fisco Federal, de naturaleza distinta a los impuestos tributarios, como son los derechos, que no son considerados gastos fiscales y que, por lo tanto, no se reportan en el PGF; de ellas, el sector financiero fue el principal beneficiado con 6 mil 586.2 millones de pesos. Cabe destacar que, derivado de estimaciones de los efectos similares a las renuncias recaudatorias que el Fisco Federal tuvo, por concepto de derechos en el periodo 2014-2016 ascendieron a 10 mil 502.8 millones de pesos, de los cuales, el 85.4% correspondió a beneficios relacionados con funciones o servicios prestados por la Comisión Nacional Bancaria y de

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Valores, el 8.8% por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 4.8% por la Secretaría de Educación Pública y el 1.0% por la Comisión Nacional del Agua. Dictamen: Cumplió. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 3 (3R). Sugerencia a la Cámara de Diputados: 1. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. “Rehabilitación Estructural del Pavimento con Concreto Hidráulico del Km 43+000 al Km 68+560 del Cuerpo A de la Autopista México-Querétaro; y del Km 53+000 al Km 63+000 en Ambos Cuerpos y Tratamiento Superficial del Km 41+700 al Km 53+000, así como la Ampliación y Modernización de la Plaza de Cobro de San Martín Texmelucan de la Autopista México-Puebla”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 94. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. No cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia de obra pública y su reglamento de los siguientes conceptos: Se realizaron pagos improcedentes por 2.22 millones de pesos por concepto de gastos no recuperables. Se pagaron de 278.7 miles de pesos sin llevarse a cabo los conceptos de colocación de letreros informativos de obra, señalamiento y dispositivos para seguridad y protección de obra y oficinas de reuniones y trabajos. El diferencial de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto, por 10.9 millones de pesos en diversos conceptos. Incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios por 15.6 millones de pesos; la no acreditación del destino final del señalamiento por 6.2 millones de pesos; no justificación de precios unitarios extraordinarios por 9.9 millones. Aun cuando se realizaron las aclaraciones por parte de la dependencia sobre las observaciones realizadas por la ASF, a los rubros aludidos en el párrafo anterior, subsisten las inconsistencias y falta de probidad y procedencia en los pagos realizados. Se reconoció por la ASF que existieron diversas problemáticas que generaron ampliaciones en tiempo y costo de los diferentes contratos fincados por la dependencia para la realización de las obras y servicios auditados, al sustentarse en términos validables su justificación. Dadas las suspensiones parciales de los trabajos de construcción, supervisión y los de control de calidad, como fue el caso del problema social con el Juicio de amparo por la comunidad Ejidal de Santa María Moyotzingo.

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Dictamen: No cumplió. Número de observaciones: 13, Número de Acciones: 13 (1 R, 3 SA, 1 PRAS y 8 PO). Se determinaron recuperaciones probables por: 38.9 millones de pesos. Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. “Estados Financieros Consolidados de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (SHF); sus Subsidiarias y Fideicomisos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1801. Objetivo: Revisar las cifras de los estados financieros consolidados de SHF, sus subsidiarias y fideicomisos que consolidan, de acuerdo con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito en el Anexo 33 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV), así como la adecuada valuación, presentación y revelación suficiente, en congruencia con las mejores prácticas internacionales para la consolidación de los estados financieros del Gobierno Federal. Falta de evidencia documental e Inadecuada definición de riesgos. No se contó con la evidencia documental de la aplicación de pruebas de cumplimiento y efectividad del control interno, de la revisión de nóminas y de partes relacionadas, así mismo, en cuanto a los riesgos, no se logró identificar su congruencia con los alcances determinados, ya que la falta de cobro de cartera (cartera vencida) de crédito de la SHF en ejercicios anteriores, originó la creación de fideicomisos de administración de cartera para vigilar de forma puntual el seguimiento y cobro de la misma. No aplicó el auditor externo procedimientos adecuados. Por lo que, para los efectos de la auditoría practicada por la ASF, considera necesaria la aplicación de un especialista, para verificar la razonabilidad del trabajo. Incluyendo el hallazgo de evidencia sobre la revelación de los impactos por diferencias entre su normativa contable y las mejores prácticas internacionales. Criterios contables y presentación inconsistente en la integración de los Pasivos Contingentes. El informe sobre pasivos contingentes conforme a los Términos de Referencia y la nota 28 al dictamen de los estados financieros, no revelan la cantidad ni el tipo de demandas que tiene la SHF, tampoco cuantificaron el importe de este tipo de pasivos. Sin embargo, en la nota 27 de Cuentas de orden, se incluyó lo siguiente: El Informe de la Cuenta Pública no cuantificó la Nota 27 Cuentas de orden inciso a) Avales Otorgados, del dictamen de los auditores externos. El Informe de la Cuenta Pública no cuantificó la Nota 27 Cuentas de orden inciso b) Compromisos crediticios, del dictamen de los auditores externos. Concluyéndose que los registros contables y las revelaciones correspondientes a los pasivos contingentes no fueron mencionados adecuadamente en las notas a los estados financieros consolidados del Sector Paraestatal Federal. Dictamen. Cumplió. Número de Observaciones: 2, Número de acciones 2 (2R).

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Servicio de Administración Tributaria. “Impuestos a Hidrocarburos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 78. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación y verificar que los procesos de autorización, cobro, registro contable, y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa. Cumplimiento en la recaudación y registro ingresos por concepto de impuestos a los hidrocarburos. Derivado de la muestra auditada se comprobó que los ingresos por concepto de impuestos a los hidrocarburos cumplen con un total de 4 mil 218.7 millones de pesos, de los cuales 224.9 millones de pesos fueron de la recaudación de ISR “Contratistas y Asignatarios” y 3 mil 993.8 millones de pesos, por el “Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos”, fueron reportados en la cuenta pública 2016 y se correspondieron con lo registrado en la contabilidad de la entidad fiscalizada. Mayor porcentaje de personal eventual. La ASF determinó que la entidad fiscalizada cumplió con la aprobación y registro de la plantilla ante la Secretaría de la Función Pública y se verificó que los pagos realizados al personal permanente y eventual ascendió a 177.6 millones de pesos, de los cuales 30.1 millones de pesos, el 16.9%, correspondieron al personal permanente, y 147.5 millones de pesos, a personal eventual, lo que representó el 83.1% del total. Incremento de plazas como respuesta de la Reforma Energética sin afectar su presupuesto. El SAT creó un área especializada en hidrocarburos mediante movimientos compensados, en cumplimiento con el artículo Noveno Transitorio del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Se recomienda elaborar programa de Trabajo para generar y dictaminar las compensaciones de manera oportuna. Se recomienda que el SAT mejore la conveniencia de elaborar un programa de trabajo entre el área requirente y ejecutora para establecer tareas y fechas compromiso para la puesta en operación de reportes de compensaciones en el modelo de administración tributaria de devoluciones y compensaciones. Con el fin de AGH pueda generar y dictaminar las compensaciones que correspondan de manera oportuna. Dictamen: Cumplió. Número de Observaciones: 1, Número de Acciones 1 (1 R) Servicio de Administración Tributaria. “Derechos sobre Minería”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 75. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos sobre minería y de su aplicación al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros y a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

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verificar que este fondo cumplió́ con sus fines, y comprobar que las operaciones respectivas se registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. A 8 años de detectarse irregularidades como resultado de las auditorias de 2007 a 2015 a la Secretaría de Economía (SE) no ha resuelto aún la problemática. No se ha resulto la problemática de la falta de sistemas adecuados para su administración y vigilancia, así ́como la falta de sanciones por el incumplimiento de obligaciones por parte de los concesionarios mineros. En materia minera, se han generado diversas observaciones relacionadas con: i) la administración del padrón de concesiones mineras, ii) la presentación de informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación y iii) los informes sobre la producción, beneficio y destino de minerales. Cabe destacar que estas irregularidades detectadas desde hace 8 años atrás persisten en la revisión de 2016 y siguen sin subsanarse por parte de la Secretaría de Economía. Deficiencias en la información. El Servicio de Administración Tributaria se encuentra limitado en el ejercicio de sus facultades de comprobación debido a las deficiencias en la información proporcionada por la Secretaría de Economía. No se ha cumplido con el Acuerdo para el Intercambio de información entre las dos instituciones. El incremento de la recaudación de los derechos sobre minería a partir de 2014, se debió́ al establecimiento de tres nuevos derechos, y no como resultado de los controles que debieron ser implementados por la Secretaría de Economía, y el Servicio de Administración Tributaria. Cabe destacar que la SE no cumplió con el “Acuerdo para el Intercambio de Información”, en donde debe proporcionar al SAT los concesionarios omisos en la presentación del Informe de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos, para efectos de comprobación fiscal. Sin acreditación de gestiones por parte de la SE. La SE no acreditó las gestiones realizadas para la aplicación de la sanción a titulares de 1,918 concesiones, que omitieron la presentación del Informe de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación. Deficiencia en la integración de expedientes. Los recursos obtenidos por la recaudación de los derechos sobre minería, el 80.0% de los recursos que fueron destinados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la muestra revisada mostró deficiencias en la integración de los expedientes que documentan la verificación de la correcta aplicación de los recursos en proyectos de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

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Serias irregularidades en el Padrón de Concesiones Mineras. Las principales irregularidades identificadas por la ASF en relación al Padrón de Concesiones Mineras son:

1. Los plazos establecidos en las reglas no fueron respetados 2. Sin modificación del plazo de entrega por las dos instituciones, sin que a la fecha se

hayan realizado adecuaciones al acuerdo ni a sus reglas de operación. 3. Se tiene una diferencia de más, por 262 concesiones; se constató que ambas versiones

contenían deficiencias en su integración. 4. Existencia de 7,732 concesiones sin informar si ya han terminado su fecha de vigencia o

si existe prórroga. 5. En 1,909 concesiones, la suma de los porcentajes de participación de los titulares

superaban el 100.0%, en algunos casos van de 101.0% y otras hasta el 500.0 %.

El sistema informático para “el Diagnóstico de Descubrimiento de iniciativas de calidad de Datos (SIDIGEM) para la administración de concesionarios se encuentra desactualizado y carece de confiabilidad. Este sistema que emplea la Secretaría de Economía, se encuentra con deficiencias lo que ocasiona que los reportes generados no sean confiables, y genera un riesgo operativo para la toma de decisiones y para los usuarios de la información, entre los que se encuentra el SAT. Deficiencias en la recaudación por contribuyente .Se reportaron ingresos por 2 mil 740.8 millones de pesos, derivado de la recaudación de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, correspondiente a 161 contribuyentes, y de la comparación con los pagos realizados en 2015, se constató que, si bien los tres derechos mineros reflejaron mayor recaudación, se disminuyó la cantidad de contribuyentes que realizaron el pago en los derechos especial y extraordinario entre 1.3% y el 70.7%. El SAT no informó sobre contribuyentes omisos a la Secretaría de Economía. Durante el 2016, el SAT no informó a la SE respecto de los contribuyes omisos en el pago de los derechos, en incumplimiento de los acuerdos asumidos entre ambos organismos para definir paulatina y consecuentemente los procedimientos de determinación; asimismo, la SE y el SAT no han realizado acciones que permitan identificar y sancionar a los concesionarios que han omitido el pago de los derechos sobre minería. Deficiencias en el control de pago de sus obligaciones fiscales. El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI)4 proporcionó servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica a empresas mineras, sin solicitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que se identificó que de 15 concesionarios que les otorgaron créditos, en el 93% (14), no se tiene evidencia del pago de sus contribuciones.

4 Entidad Paraestatal el cual promueve el desarrollo de la minería nacional y otorga servicios de financiamiento, capacitación y asistencia

técnica para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras en el país.

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Sin mecanismos de control y registro que eficiente para su debida identificación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no aportó información en el 20.0% restante de la recaudación destinada a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por carecer de mecanismos para su debida identificación. Dictamen: No cumplió. Número de Observaciones: 8, Número de Acciones: 21 (16 R, 1 PEFCF y 4PRAS). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 40 Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos recibidos, su inversión, registro, distribución y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Se cumplió con el objetivo5 en lo que respeta a la gestión financiera de los ingresos recibidos, su inversión, registro, distribución y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública. La ASF determinó que en términos generales, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas, constatando que el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas recibió 3 mil 110.7 millones de pesos de ingresos que por ley le correspondieron, mantuvo invertidas sus disponibilidades por 39 mil 290.3 millones de pesos en valores gubernamentales y, en cumplimiento de su objeto, pagó anticipos por 10 mil 353.8 millones de pesos a las entidades federativas y municipios para compensar de manera provisional la disminución de la recaudación federal participable del primer trimestre de 2016, los cuales se reintegrarían al patrimonio del fondo en 2017 en cumplimiento de la normativa, debido a que la SHCP determinó que al cierre de 2016, la recaudación federal participable fue superior al monto estimado anual en 44 mil 877.7 millones de pesos. Recursos de acuerdo a la normatividad. Una vez realizado la verificación de los recursos aportados al fideicomiso se determinó que se entregaron en conformidad con la normativa de igual manera los rendimientos generados con motivo de la inversión de los recursos del patrimonio del fideicomiso se calcularon correctamente, en tanto las transferencias de los recursos a las entidades federativas y municipios otorgadas por la disminución de la recaudación federal participables 2016 se realizó correctamente, en lo referente a los gastos de administración y vigilancia los cálculos se realizaron de forma correcta. La reserva del fondo se encuentra dentro de los límites establecidos por la normativa correspondiente y finalmente se verificó que los ingresos, rendimientos egresos y disponibilidades del fideicomiso fueron reportados en los estados financieros así como en la Cuenta Pública. Dictamen. Cumplió.

5 El objeto es compensar la disminución en la recaudación federal participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la

Federación para el ejercicio fiscal que correspondiente.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 52. Objetivo: Revisar en forma global los ingresos públicos presupuestarios y los gastos fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. Falta de la identificaron de los conceptos y montos que integran el rubro de otros aprovechamientos. En los ingresos no petroleros y no tributarios se reportaron aprovechamientos clasificados como de tipo corriente y de capital, sin embargo, el 70.7% de esos ingresos se concentró en el renglón de otros. Falta información de la totalidad de los ingresos excedentes sobre el destino específico y el nivel de clave presupuestaria. Respecto de los ingresos excedentes por 244 mil 907.1 millones de pesos que se reportaron en la Cuenta Pública 2015, la SHCP sólo informó a nivel de clave presupuestaria el destino del 26.5% de ese total (64 mil 943.6 millones de pesos). Con deficiencias en el Marco Normativo del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) desfavoreciendo la posibilidad de acumular recursos para el ahorro. Las transferencias al Gobierno Federal para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación fueron de 1.6% del PIB, menores que el referente de 4.7% del PIB establecido en el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el artículo 16, fracción II, inciso g, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Por lo cual la ASF recomienda la revisión el marco institucional que regula el diseño y funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con el objetivo de que las transferencias al Gobierno Federal para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación se ajusten a lo que establece el marco normativo y el Fondo esté en la posibilidad de acumular recursos para el ahorro de largo plazo. Oportunidad de Mejora en el control de la clasificación de los gastos fiscales. La clasificación de los gastos fiscales tanto en la aplicación general, como en la particular, constituyen un área de oportunidad para mejorar el control, seguimiento y evaluación de resultados de los gastos fiscales. Para que cada uno de los gastos fiscales se identifique plenamente a los beneficiarios, de conformidad con la ley o Decreto Presidencial con que se establecieron, a fin de evaluar sus resultados y evitar conductas de evasión o elusión fiscal que merman la recaudación tributaria. Mayores ingresos del Sector Público Presupuestario. Al analizar la evolución de los ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario, la carga fiscal, la evasión fiscal y las devoluciones de impuestos se observa que en 2016 los ingresos ordinarios del SPP ascendieron a 4,845,530.3 millones de pesos, superiores en 16.6% (690,896.9 millones de pesos) a lo aprobado en la LIF 2016 y en 8.6% real respecto de 2015. Como proporción del PIB representaron 24.8%, superior en 3.2 puntos porcentuales al aprobado en 2016 y en 1.4 puntos al obtenido en 2015.

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En el periodo de 2010 a 2016 los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar los gastos; en promedio cubrieron 89.4% de los gastos. La insuficiencia de los ingresos presupuestarios para sufragar el gasto, en relación con la renuncia recaudatoria que implica el Presupuesto de Gastos Fiscales (3.4% del PIB), las devoluciones en efectivo de ingresos (1.9% del PIB), y la evasión fiscal estimada del ISR e IVA de 2.9% del PIB en 2015, constituyen áreas de mejora en la política de ingresos. Se conocieron los montos y conceptos que integran el rubro de aprovechamientos de forma parcial. En lo que respecta a los ingresos petroleros e ingresos excedentes origen y destino tenemos que en la Cuenta Pública 2016 se reportó́ en los ingresos no petroleros y no tributarios la integración del rubro de aprovechamientos, clasificados como de tipo corriente y de capital, sin embargo solo en un 29.3%. En la Cuenta Pública se reportó la apertura parcial de los aprovechamientos de tipo corriente, otros, otros y quedando pendiente la información de los aprovechamientos de capital, otros, otros, que no se incluyeron en la Cuenta Pública, ni en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Publicas y la Deuda Pública de 2016. Siendo posible conocer los montos y conceptos que integraron el rubro de aprovechamientos de capital, otros, otros, con información proporcionada por el SAT, NAFIN y BANJERCITO. Reducción en la participación de los ingresos petroleros en los ingresos totales del Sector Público Presupuestario (SPP). En el periodo de 2010 a 2014 los ingresos petroleros mantuvieron una participación superior al 30.0% como proporción de los ingresos totales del SPP. Cabe mencionar que la caída de los precios internacionales del petróleo en 2014, 2015 y 2016, implicó menores ingresos fiscales, mayor deuda pública y recorte del gasto público, como en 2015 y 2016 en los que se aplicaron reducciones de 124 mil 265.6 millones de pesos y 164 mil 077.7 millones de pesos. Falta fortalecer la recaudación de los Ingresos Tributarios. En lo concerniente a la carga fiscal se considera prudente continuar con la implementación de medidas que permitan elevar la recaudación de ingresos tributarios para un sano financiamiento del gasto público dirigido a incentivar la inversión y el empleo formal, sin incrementar la inflación ni desalentar la actividad productiva y el empleo. Recaudación Importante de Ingresos Excedentes. La SHCP informó a la ASF a nivel de clave presupuestaria el destino de 13.2% (90 mil 936.4 millones de pesos), de los 690 mil 896.9 millones de pesos de ingresos excedentes que se reportaron en la Cuenta Pública 2016. Se recomienda a la SHCP proporcionar el origen a nivel de concepto específico, ramo o entidad y el destino a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos excedentes. En el PGF 2016 la SHCP no agrupó los gastos fiscales como de aplicación general o particular y los que se obtienen de manera automática o mediante un proceso. Por tal motivo, se recomienda que el PGF considere un cuadro que incluya esa información, con todas las

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consideraciones que se indican en el PGF, para mejorar el control, seguimiento y evaluación de resultados de los gastos fiscales con el fin de evaluar sus resultados y evitar conductas de evasión o elusión fiscal que merman la recaudación tributaria. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 4, Número de Acciones: 4 (4 R). Sugerencias a la Cámara de Diputados: 3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 38 Objetivo: Analizar que la información contenida en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2016, presente razonablemente la situación financiera y los resultados de la operación, conforme a la normativa aplicable y las mejores prácticas en la materia, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables. Falta Actualizar los criterios contables gubernamentales pues existen errores en los saldos acumulados. No se han homologado los criterios contables utilizados y subsisten limitaciones en la normativa gubernamental y su cumplimiento, por lo que para emitir una opinión de auditoría es necesario entender que los estados financieros tienen por objetivo proporcionar información financiera integra y confiable. Existen observaciones de la ASF en transparencia informativa en relación a la presentación Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal. Los estados financieros tienen por objetivo proporcionar información financiera íntegra y confiable por lo que se requiere transparentar sus acciones y rendir cuentas sobre los resultados de su gestión administrativa y financiera y por tal motivo se determina que:

Se actualicen los criterios contables gubernamentales relativos a la valuación, presentación y revelación de activos, pasivos, patrimonio y contingencias por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) asimismo, se requiere homologar los criterios que se refieren a la preparación e integración de los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal (EFCGF).

Que los entes públicos concluyan con el proceso de armonización contable y la depuración de saldos, así como observar la normativa gubernamental y las mejores prácticas para el registro contable, además de que incluya las cuentas de orden.

Que se identifiquen, registren y revelen los activos y pasivos no registrados, como las obligaciones laborales y otras obligaciones plurianuales.

Los OIC en el ámbito de sus respectivas competencias, participen en la supervisión y validación de la información financiera que se integra en la consolidación de los estados financieros del Gobierno Federal. Asimismo, es necesario establecer mecanismos que fortalezcan el control interno de sus unidades de registro para dar seguimiento a los

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hallazgos y corregir la información financiera, además de establecer los controles necesarios para que ésta se integre de manera confiable, oportuna, clara y veraz.

Que se considere fortalecer las facultades de revisión de la SHCP en sus funciones de integración y emisión de la información financiera consolidada del Gobierno Federal, para asegurar la calidad de la información que se incluye en el Sistema Integral de Cuenta Pública por parte de los entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos.

Que en los EFCGF y sus notas se solventen las inconsistencias que presentan en la información presente homologada entre sus componentes. Es necesario que la información financiera se presente homologada entre sus componentes.

Afectación en la calidad e integridad de la información que se consolida. La ASF identificó con información de EFCGF las siguientes irregularidades e inconsistencias de seis secretarías del Poder Ejecutivo, un ente del Poder Legislativo, una institución del Poder Judicial y dos Organismos Autónomos, se identificaron, entre otras, situaciones que afectan la calidad e integridad de la información que se consolida, las cuales se indican a continuación:

Se observaron saldos antiguos y en depuración; bienes muebles no registrados; bienes inmuebles registrados a un valor superior al que les corresponde; bienes en desuso registrados a su costo histórico; obras en proceso no capitalizadas; pasivos no registrados; bienes construidos en terrenos que no son propiedad del ente público, e inconsistencias en el reconocimiento y valuación de activos y pasivos. Se detectaron en la normativa gubernamental áreas de oportunidad de mejora en lo referente a las Principales Reglas de Registro y Valuación del Patrimonio, las cuales establecen que para reconocer un activo se debe atender “la sustancia económica de la operación” con el objetivo de su reconocimiento en los estados financieros, independientemente de la forma jurídica que dicha operación puede tener.

Detección en la normativa gubernamental áreas de oportunidad de mejora. Las posibles mejoras detectadas en lo referente a las Principales Reglas6 de Registro y Valuación del Patrimonio son:

a) Obligaciones laborales y sistema de costos. El pasivo por obligaciones laborales de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y de los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Autónomos, no está registrado por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y tampoco por los entes públicos. , se estimó el valor presente de las obligaciones de pago de beneficio definido del Sistema Nacional de Pensiones en 11.5 billones de pesos

b) Deuda pública. Existen obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal (GF) no reportadas en las notas a los estados financieros, las cuales son necesarias para identificar la deuda total a una fecha determinada, como la correspondiente a la banca de desarrollo; las obligaciones financieras netas del Instituto para la Protección al

6 Dichas reglas consideran que la finalidad es informar y no dar al ente público la propiedad jurídica del activo.

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Ahorro Bancario, y el Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores; las obligaciones de los Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad; las obligaciones derivadas del Fondo Nacional de Infraestructura; y el cambio en la situación patrimonial de la banca de desarrollo y los fondos de fomento. Lo anterior, no permite identificar en los EFCGF la deuda total garantizada por el GF para el análisis de la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública federal. Adicionalmente a lo anterior, se identifica un importe no revelado al 31 de diciembre de 2016 por 1,096,250.9 mdp, que resulta de la diferencia entre los instrumentos de política pública que pudieran impactar endeudamiento a cargo del Sector Público Federal por 9,797,439.6 mdp, y los EFCGF por 8,701,188.7 mdp.

c) El CONAC, no consideran el registro de pasivos a largo plazo de obligaciones de pago superior a doce meses.

d) Contratos a largo plazo. En la muestra analizada, se detectó un monto no registrado por 2 mil 237.6 mdp.

e) Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio. Indican que el valor inicial y posterior del activo y hacienda pública, corresponde a su costo histórico, o bien, a su valor estimado o de avalúo. La vigencia del avalúo conforme al artículo 148 de la Ley General de Bienes Nacionales no excederá de un año, a partir de su emisión.

f) En la integración de los EFCGF, se observa la existencia de criterios diferentes para la valuación de bienes inmuebles y muebles entre los entes públicos que consolidan su información. El efecto acumulado de la depreciación y amortización de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos, asciende a 7 mil 776.4 mdp

g) Construcciones en terrenos que no son propiedad del ente público. el importe del terreno no está reconocido debido a que no es de su propiedad. No se observó la existencia de lineamientos o normativa gubernamental para la revelación de los inmuebles en esta situación.

h) Se observan Operaciones no reveladas en las notas a los estados financieros consolidados. El GF asumió obligaciones laborales de las Empresas Productivas del Estado, Pemex y CFE, por 184 mil 230.0 mdp y 161 mil 080.0 mdp, respectivamente, las cuales se registraron como parte de la deuda pública

i) Informe de Pasivos Contingentes. Se revela que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales “dada su autonomía se apega a la normatividad de las empresas paraestatales, para el registro de sus operaciones contables y financieras por lo que respecta a contingencias futuras de obligaciones laborales”.

Dictamen: No Cumplió. Número de Observaciones: 7, Número de Acciones: 15 (15 R). Sugerencias a la Cámara de Diputados: 2

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2.1.2. Otras Funciones de Gobierno Consejo de la Judicatura Federal. “Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede de Juzgados para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal, en Puente Grande, en el Estado de Jalisco”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 07. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Contrato de obra adjudicado directamente por 129.8 millones de pesos con modificación de fecha de terminación. Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el este proyecto, se revisó el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-06/AD/CJPFJ/2016 el cual fue adjudicado directamente el 21 de abril de 2016 a Grupo Escompi, S.A. de C.V.; en él se pactaron un monto de 129.8 millones de pesos y un plazo de 180 días naturales, comprendido del 22 de abril al 18 de octubre de 2016; y se difirió la fecha de terminación de los trabajos para el 15 de diciembre de 2016. La entidad fiscalizada no acreditó haber tramitado las licencias y/o permisos de construcción ni la manifestación de impacto ambiental correspondientes. Se observó que la terminación de los trabajos fue el 15 de diciembre de 2016, no obstante la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal no solicitó el permiso de construcción de la citada obra sino hasta el 9 de diciembre de ese año, siendo otorgado por el gobierno municipal de El Salto, Jalisco, el 13 de diciembre de 2016 mediante el oficio núm. DGOP-0767/2016; permiso que debió tramitarse y obtenerse previamente a la realización de los trabajos. Además, la entidad fiscalizada no acreditó, para este proyecto la manifestación de impacto ambiental ni el resolutivo correspondiente. Inconsistencias en la adjudicación directa del contrato. En la revisión del proyecto integral para la construcción del anexo al edificio sede de juzgados para la instalación de un centro de justicia penal federal, en Puente Grande, Jalisco, se observó que mediante el oficio núm. SEA/DGPP/STP/DPP/4352/2015 del 14 de diciembre de 2015 la Dirección General de Programación y Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) comunicó a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento la autorización de recursos. Se verificó que la obra se adjudicó el 8 de abril de 2016 y el contrato no se formalizó sino hasta el 21 del mismo mes y año; es decir, 128 días naturales después de la fecha de autorización de los recursos, lo que resulta inconsistente con los supuestos de excepción a la licitación pública y con base en los cuales se adjudicación directamente dicho contrato. Diferencias por 2.0 millones de pesos, entre los volúmenes de obra estimados y pagados, y los realmente ejecutados. Se determinaron diferencias por 2.0 millones de pesos; dicho monto se integró de la manera siguiente: 88.6 miles de pesos en el concepto “Tope de hule reciclado para estacionamiento con kit de instalación…”; 76.2 miles de pesos en el concepto “Motores con cámara…”; 49.9 miles de pesos en el concepto “Mueble para equipo de seguridad, ergonómico

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con estación de trabajo…”; 86.6 miles de pesos en el concepto “Paquete de relevador temporizado inteligente programable…”; 108.8 miles de pesos en el concepto “Módulo para aplicaciones locales, conexión RS-485, FTT-10A…”; 323.0 miles de pesos en el concepto “Fuente de poder auxiliar con regulación de voltaje y respaldo…”; 211.0 miles de pesos en el concepto “Gabinete metálico NEMA 3, 400X300X160 mm IP65 con riel din, tapa abatible…”; 49.2 miles de pesos en el concepto gabinete de protección…”; y 980.7 miles de pesos en el concepto “Impermeabilización de azotea…”, en donde se observaron filtraciones importantes de agua pluvial al interior del edificio. Por lo que se presentó una solicitud de aclaración para que el Consejo de la Judicatura Federal, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa o comprobatoria de 2.0 millones de pesos por concepto de diferencias detectadas entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 5, Número de Acciones: 5 (4R y 1 SA). Se determinaron recuperaciones probables por 2.0 millones de pesos. Secretaría de Gobernación. “Contratación de Servicios”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 14. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al capítulo 3000 "Servicios Generales", para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. No se proporcionó la documentación que comprueba la realización de 21 reintegros reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 por 2.1 millones de pesos. La SEGOB reportó reintegros por 11.1 millones de pesos durante 2016 por concepto de recursos no devengados en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, con cuya revisión documental se constató que contaron con el reporte del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), línea de captura y depósitos bancarios efectuados a la Tesorería de la Federación por 9.0 millones de pesos, por lo que quedaron pendientes de sustentar 21 reintegros por 2.1 millones de pesos, de los que no se presentó evidencia de los depósitos bancarios correspondientes. Por lo que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por dicho monto. El Manual del Comité no se encuentra actualizado. Se constató que el Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) de fecha 15 de agosto de 2007 estuvo vigente para 2016 de acuerdo con su primera sesión ordinaria celebrada el 14 de enero de 2016. Se constató que debido a los cambios en la estructura de la entidad fiscalizada, las áreas que integraron el CAAS difieren de las establecidas en el citado manual, por lo que se concluye que no estuvo actualizado. Se realizaron pagos en exceso por 3.2 millones de pesos del servicio integral de transporte vehicular. Por lo que se refiere al contrato núm. SG/CNS/01/2015-2016, para la prestación del servicio integral de transporte vehicular para la Secretaría de Gobernación, el monto máximo

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contratado fue por 81.7 millones de pesos, sin embargo, se realizaron pagos por 84.9 millones de pesos sin que existiera evidencia del convenio modificatorio con el que se autorizó el incremento de dicho monto por 3.2 millones de pesos. Dos empresas privadas contratadas que no fueron localizadas en las bases de datos del IMSS que recibieron pagos importantes. Hay dos empresas que formalizaron contratos con la dependencia para la prestación de los servicios de alimentación y mantenimiento, y que presentaron la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que no fueron localizadas en las bases de datos de los pagos correspondientes y una de ellas no contó con antecedentes de cuotas obrero-patronales durante el ejercicio fiscal 2016. Cabe señalar, que estas empresas recibieron pagos por 19.9 y 18.0 millones de pesos. En los pagos de servicios de vigilancia no se contó evidencia de las deductivas aplicadas por inasistencias del personal por 33.0 miles de pesos. Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 33.0 miles de pesos por concepto de deductivas no aplicadas debido a inasistencias del personal de vigilancia relacionado con el contrato SG/CPS/01/2016 de fecha 31 de diciembre de 2015. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 10, Número de Acciones: 15 (9R, 1 PEFCF, 2 PRAS y 3 PO). Se determinaron recuperaciones probables por 2.2 millones de pesos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Auditoría de TIC”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 119. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Deficiente planeación del ejercicio de su presupuesto por parte del INEGI derivando en incumplimiento de funciones básicas. En 2016, el INEGI celebró un contrato con la empresa Technotrend, S.A. de C.V., con objeto de adquirir dispositivos de cómputo móvil (DCM) necesarios para el levantamiento de información para las dos fases del Censo Agropecuario 2016-2017, el monto del contrato fue de 103.6 millones de pesos, los cuales se destinaron para la adquisición de 11,330 equipos de cómputo móvil para realizar el levantamiento del Censo; sin embargo, debido al impacto presupuestal no fue posible continuar con la segunda etapa del Censo Agropecuario, los dispositivos adquiridos no se pudieron aplicar íntegramente a dicho propósito, por lo que se han utilizado en otras actividades que tiene el Instituto, sin llevar a cabo la segunda etapa del Censo.

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Carente procedimiento en el Análisis Costo-Beneficio que permita corroborar el dictamen técnico de las contrataciones. Del análisis realizado a la documentación que proporcionó el INEGI sobre la contratación respecto al Análisis Costo-Beneficio, no se identificó el procedimiento a través del cual fue calculado el monto estimado para cada componente tecnológico; asimismo, no fue posible corroborar el dictamen técnico a través del cual se determinó que era más viable realizar la nueva adquisición de los equipos de cómputo móviles, en lugar del reemplazo de las baterías de los equipos de la compra efectuada en 2013 para los mismos fines. Deficiencias en el Gobierno y Administración de las TIC. Derivado de la evaluación de los procesos de gobernabilidad y administración de las TIC en 2016, se identificaron deficiencias significativas, tales como la carencia de mecanismos de control y/o actividades, que permitan verificar que existe un adecuado seguimiento de los servicios operativos contratados; no se cuenta con una matriz de segregación de funciones que permitan identificar oportunamente las actividades con posibles fraudes, irregularidades en los procesos, etc.; no se realiza un análisis de riesgos en materia de TIC; y no fue posible verificar las acciones para la gestión de riesgos en los servicios de las TIC; entre otras irregularidades detectadas por la ASF. Riesgos por la carencia y operación de controles de seguridad de la información. El Comité del Sistema de Seguridad de la Información no cuenta con mecanismos de vigilancia de cumplimiento a dichas disposiciones, en consecuencia, se identifican riesgos principalmente en la pérdida de la confidencialidad de la información que puede ser conocida y utilizada por personas que no tienen autorización, así como falta de integridad ya que los datos pueden ser alterados con facilidad, provocando pérdidas económicas y fraudes. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 11 (10R y 1PRAS) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. “Acceso a la Información Pública”. Auditoría de Desempeño, No. 128. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la difusión, promoción y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y del manejo de los datos personales, a fin de evaluar su contribución a la protección de los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales. No armonizaron su marco normativo con la legislación general en 11 estados de la República Mexicana, limitando la coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia. Del universo de sujetos obligados, se encontró que 78 no dispusieron de la información sobre su normativa actualizada y se determinó que el 34.6% de sujetos obligados, registraron una versión no actualizada de la normativa, así mismo el 29.50% dispuso de una normativa no publicada en el DOF, el 24.3% si se inscribió en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) con la normativa actualizada sin embargo no fue publicada en el DOF, el 7.7% incorporó en el sistema una normativa sin fecha de actualización y no publicada en el DOF, el 2.6% anotó una

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normativa sin fecha de actualización, y fue publicada en el DOF y el 1.3% agregó normativa sin fecha de actualización. Así mismo, el 36.8% no dispuso de la emisión de reglamentos generales ni normas reglamentarias y en cuanto a tiempo, el plazo en promedio para emitir las normas fue de 188 días después de entrada en vigor de la norma general. Michoacán y San Luis Potosí, no habían armonizado su marco normativo con la legislación general, situación que limitó la coordinación efectiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). No se cumplieron las metas de registro de información en el SIPOT. Respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, al 5 de mayo de 2016, fecha límite para el registro de la información correspondiente al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), de los 868 sujetos obligados, 128 no registraron su información en el SIPOT. En 2016, de las 280 leyes federales y generales vigentes, el 36.8% no dispuso de la emisión de reglamentos generales ni normas reglamentarias. En promedio, el plazo para que se emitan los reglamentos o las normas reglamentarias fue de 188 días después de la entrada en vigor de la norma general; no obstante, los reglamentos tienen un retraso promedio de emisión de 3 años después de lo dispuesto. Al mes de octubre del 2017, no contaban con los reglamentos dispuestos en sus artículos transitorios: La Ley de Expropiación; la Ley de Seguridad Nacional; la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley Federal de Defensoría Pública. No se tienen actualizados los Reglamentos Interiores de las dependencias de la Administración Pública Federal. En cuanto a la actualización de los Reglamentos Interiores de las 18 dependencias de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, se constató que 1 dependencia mantuvo su reglamento actualizado en 2017; 3, en 2016; 1, en 2015; 2, en 2014; 3, en 2012; 3, en 2012; 1, en 2011; 3, en 2009; 1, en 2008 y 1, en 2005. Al mes de octubre de2017, la Secretaría de Cultura, no contaba con Manual de Organización. En 15 dependencias, primero se actualizó el Reglamento Interior y después el Manual de Organización correspondiente, y en 4 se encontraba actualizado el Manual de Organización, pero no los reglamentos interiores. Limitaciones en la implementación del SNT. No se armonizó la totalidad de las leyes locales en el plazo dispuesto por la LGTAIP. Al asumirse las acciones sobre las observaciones emitidas por la ASF se logrará el fortalecimiento de la coordinación del SNT y del Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI, así también, con la gestión, para que se promulguen los reglamentos de las leyes que a la fecha no cuentan con dicho instrumento, y que se actualicen permanentemente los reglamentos interiores y los manuales de organización de las dependencias y entidades de la APF. Sugerencia de la ASF. La ASF sugirió que la Cámara de Diputados analice la pertinencia de emitir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que gestione lo necesario a efecto de que se promulguen los reglamentos de las leyes que a la fecha no cuentan con dicho instrumento y

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cuyo plazo está vencido; así como para que se actualicen permanentemente los reglamentos interiores y los manuales de organización de las dependencias a su cargo y de las demás instancias administrativas de apoyo que conforman la Administración Pública Federal. Dictamen: No cumplió. Número de observaciones: 1, Número de Acciones: 1 (1R).

2.2. Funciones de Desarrollo Económico Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA. “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0284. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Falta de documentación comprobatoria de los apoyos otorgados. No se proporcionaron los expedientes que soporten la entrega de apoyos, así como su comprobación por 28.197 millones de pesos. Comprobación de apoyos con documentos fiscales cancelados y/o alterados. La ASF detectó que para acreditar la aplicación de los apoyos recibidos por 21.706 millones de pesos, los beneficiarios presentaron comprobantes fiscales cancelados y, en otros casos, se emitieron documentos fiscales de egresos (notas de crédito) que anularon o disminuyeron el importe de los comprobantes presentados en los proyectos. Uso de los recursos otorgados a fines distintos a los autorizados. Se otorgaron recursos que no fueron aplicados de conformidad con lo autorizado, aunado a que no se constató que se realizó el pago de los proyectos por 400.0 miles de pesos. Otorgamiento de apoyos a proyectos no concluidos. Se identificaron proyectos que no estaban concluidos por 320.0 miles de pesos. Duplicidad en el otorgamiento de apoyos. Se otorgaron apoyos duplicados a productores por 6.190 millones de pesos por los mismos conceptos tanto en el “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, como en el “Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol” y en el “Programa de Fomento a la Agricultura. Componente Modernización de Maquinaria y Equipo”.

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Número Observaciones: 7; Número Acciones: 19 (3 R; 3 PRAS; 13 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 56.8, Operadas: 0.0, Probables: 56.8. SAGARPA. “Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE)”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0280. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Otorgamiento de apoyos a servidores públicos. Se constató el pago de apoyos a un grupo beneficiario en el que uno de sus integrantes, al momento de presentar la solicitud de apoyo, fungía como servidor público adscrito a la Delegación Estatal de la SAGARPA en Chihuahua, quién además estaba vinculado con la operación del programa y componente revisado, situación prohibida en las Reglas de Operación. Falta de documentación comprobatoria de los apoyos otorgados. Se detectó que 122 proyectos productivos no han presentado la documentación comprobatoria de la aplicación y destino de los recursos por un monto de 25.496 millones de pesos. Comprobación de apoyos con documentos fiscales cancelados. Se constató que en la comprobación de los apoyos por 779.6 miles de pesos, los grupos beneficiarios presentaron 14 facturas que, de acuerdo con el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del SAT, se encuentran canceladas. Duplicidad en el otorgamiento de apoyos. Se detectó que en 21 proyectos productivos apoyados por el PROMETE por un monto de 4.715 millones de pesos, hasta cinco integrantes de un mismo grupo beneficiario ya habían recibido apoyos de otros programas que otorga el Gobierno Federal y, al no haber presentado carta de desistimiento de los integrantes ya apoyados, debieron haberse cancelado los apoyos. No se localizan los bienes adquiridos con los apoyos otorgados. Se constató que en 7 proyectos productivos visitados no se localizaron bienes por 147.1 miles de pesos que presuntamente se habían adquirido con apoyos del PROMETE. Ubicación del domicilio del proyecto diferente al consignado en la solicitud de apoyo. Se detectó que 3 proyectos apoyados por un monto de 604.8 miles de pesos, se ubicaron en un domicilio diferente del consignado en las solicitudes de apoyo, sin que se presentara la solicitud de autorización para cambio de domicilio ante la SAGARPA para su validación, por lo que procedía la cancelación de los apoyos.

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Uso de los recursos otorgados a fines distintos a los autorizados. Se otorgó apoyos a un proyecto por 201.6 miles de pesos para la implementación de una tienda de abarrotes (se presentó la comprobación); no obstante, en la visita efectuada por personal auditor, se localizó en operación una farmacia, cambio que no fue solicitado ante la SAGARPA para su validación, por lo que el apoyo debió cancelarse. Número Observaciones: 7; Número Acciones: 10 (1 R; 2 PEFCF; 7 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 32.1, Operadas: 0.0, Probables: 32.1. SAGARPA. “Programa de Productividad Rural: Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0290. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Falta de documentación comprobatoria de la aplicación y reintegro de los recursos a la TESOFE. Se detectó que la unidad dispersora de recursos no comprobó la aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 6.767 millones de pesos, aunado a que presentó irregularidades en el proceso de contratación del “Servicio de Aseguramiento para Apoyos Directos del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores”. Diversas irregularidades en el contrato celebrado entre la SAGARPA y la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh). La SAGARPA celebró un contrato con la UACh al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) sin asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, ya que dicha universidad subcontrató el 76.4% de los servicios, y efectuó retiros de su cuenta bancaria a favor de dos personas físicas por 3.8 millones de pesos para el pago de materiales de oficina, alimentos, combustibles, pasajes terrestres y honorarios, entre otros, sin acreditar que estos gastos se encontraban vinculados con el cumplimiento de las acciones pactadas con la SAGARPA; además, se comprobó que una vez pagados los servicios subcontratados, las empresas realizaron transferencias por 9.218 millones de pesos a un beneficiario que coincide con una de las dos personas físicas a las que también la citada universidad emitió cheques a su favor, y éste, a su vez, transfirió 300.0 miles de pesos y 2.721 millones de pesos a un servidor público adscrito a la SAGARPA, y a dos servidores públicos de la universidad, respectivamente. Número Observaciones: 5; Número Acciones: 8 (1 R; 5 PRAS; 2 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 11.8, Operadas: 1.2, Probables: 10.6.

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SAGARPA. “Programa de Productividad Rural: Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0292. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Falta de documentación comprobatoria de gastos realizados. Se detectó la inexistencia de la documentación comprobatoria de la aplicación del gasto por 10.540 millones de pesos. Proveedores vinculados con ex servidores públicos. Se detectó la interrelación entre cuatro proveedores que suministraron los bienes e insumos, con dos ex servidores públicos en el estado de Chiapas; uno de ellos durante 2014, se desempeñó como Subsecretario de Reconversión Productiva Sustentable de la Secretaría del Campo del Estado de Chiapas, unidad que funge como instancia ejecutora del PESA en dicho estado y quien, en el ejercicio 2017, prestó servicios en la Delegación Estatal de la SAGARPA, por lo cual se presume que se obtuvo una ventaja derivada de la función que ejercían. Simulación de actividades con los recursos otorgados. La carencia de mecanismos de control, operación y supervisión de los apoyos motivó, entre otros, simulación de la celebración de Tianguis de Proveedores, toda vez que la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas asignó a los beneficiarios el proveedor que suministraría los bienes. Otorgamiento de apoyos a beneficiarios fallecidos. Se constató pagos improcedentes a 20 personas que fallecieron antes de la presentación de su solicitud de apoyo por un monto de 86.9 miles de pesos, los cuales, por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. Falta de documentación comprobatoria de la aplicación, reintegro y/o entero de los recursos a la TESOFE. No se proporcionó evidencia documental del reintegro y/o entero a la Tesorería de la Federación por concepto de recursos no devengados al cierre del ejercicio y de productos financieros generados, con motivo del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Sustentable celebrado con el Gobierno de Zacatecas, por un monto de 200.0 miles de pesos. Falta de evidencia documental del catálogo de precios. Se detectó la falta de evidencia documental de las cotizaciones que sirvieron de base para la elaboración del documento denominado catálogo de precios máximos PESA 2016. Proveedores seleccionados no cumplen los requisitos del catálogo de proveeduría. La ASF constató que los proveedores no cubrieron la totalidad de los requisitos requeridos para formar parte del catálogo de proveedores.

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No se entregaron los bienes e insumos a beneficiarios de proyectos productivos. No se entregaron bienes e insumos a los beneficiarios de proyectos productivos por un importe de 857.3 miles de pesos. Entrega de insumos no se ajusta a los lineamientos operativos y metodológicos. Se detectó que la entrega de los insumos no se ajustaron a los lineamientos operativos y metodológicos del PESA 2016 por 76.8 miles de pesos. Número Observaciones: 14; Número Acciones: 20 (4 R; 1 PEFCF; 9 PRAS; 6 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 22.0, Operadas: 10.3, Probables: 11.7. SAGARPA. “Programa de Productividad Rural: Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0291. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Otorgamiento de apoyos a beneficiarios fallecidos. Se detectó la realización de pagos improcedentes a cinco personas que fallecieron antes de la presentación de su solicitud de apoyo por un monto de 201.9 miles de pesos. Falta de documentación comprobatoria de los apoyos otorgados. Se constató que en 30 expedientes de beneficiarios apoyados por un monto de 38.705 millones de pesos, no obran documentos que acrediten la realización de la supervisión final y el respectivo finiquito; asimismo, no se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria por 21.071 millones de pesos; la comprobación es parcial, o bien, no comprueban el gasto. No se cuenta con las actas cierre-finiquito de los apoyos otorgados. Se constató que no se elaboraron las actas de cierre finiquito de 16 Convenios de Concertación que recibieron apoyos por 19.349 millones de pesos. Simulación en la comprobación de los apoyos otorgados. Se constató la simulación en la comprobación de un apoyo por 2.0 millones de pesos correspondiente a una bodega de acopio que desde el ejercicio 2009 ya se encontraba construida. Número Observaciones: 6; Número Acciones: 6 (6 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 46.7, Operadas: 4.0, Probables: 42.6.

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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). “Administración de Riesgos de Precios”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0301. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la administración de riesgos de precios para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Reintegro inoportuno a la TESOFE. No se reintegró oportunamente a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 51.614 millones de pesos de recursos presupuestales no aplicados en el “Incentivo a la Administración de Riesgos de Mercados” por aportaciones que los participantes realizaron para la compra de coberturas que previamente la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) había pagado en su totalidad; dichos recursos se reintegraron a la TESOFE debido a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, los intereses generados durante 2016 en la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del incentivo por 4.720 millones de pesos no se concentraron en la TESOFE el día hábil siguiente al de su recepción. No se enteraron a la TESOFE las recuperaciones obtenidas. No se enteraron a la TESOFE 6.413 millones de pesos por concepto de recuperaciones a favor de la ASERCA y por beneficios correspondientes al volumen incumplido por los productores respecto del volumen contratado de los cuales ya se formalizó el informe de finiquito del volumen comercializado. Asimismo, se excedió el plazo para enterar a la TESOFE los rendimientos de la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del “Incentivo a la Administración de Riesgos de Mercado”. Deficiencias y concentración en la colocación de coberturas. La compra entre las cuatro corredurías no se asignó con base en criterios equidad y transparencia, ya que el 51.2% de las operaciones de colocación de coberturas se concentró en una correduría, y el 32.5% en otra. Número Observaciones: 6; Número Acciones: 9 (1 PRAS; 1 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 58.5, Operadas: 52.1, Probables: 6.4. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Componente Sanidad Federalizado”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0300. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en su Componente Sanidad Federalizado, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Deficiencias en la autorización y administración de los recursos del programa. Se constató que el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa (FOFAE), no realizó el

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reintegro de los productos financieros generados al cierre del ejercicio de los recursos por 300.1 miles de pesos, de los cuales no se acreditó su aplicación; se pagó una evaluación del impacto del programa en el estado de Sinaloa por 1.313 miles de pesos con cargo en los productos financieros generados, lo cual no está autorizado efectuarse con dichos recursos. Deficiencias en la administración, operación, comprobación y aplicación de los recursos. Se detectó que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVIN) no efectuó reintegros por 81.6 miles de pesos derivados del cierre del ejercicio y productos financieros generados de la cuenta bancaria; realizó reintegros extemporáneos por 273.6 miles de pesos, de los cuales no se enteraron las cargas financieras correspondientes; se ejercieron recursos por 2.749 millones de pesos que rebasaron los montos máximos establecidos en los programas de trabajo autorizados; erogaciones por 1.496 millones de pesos sin haber devengado el servicio; 1.466 millones de pesos carecen de comprobación de la nómina autorizada; efectuaron pagos por 2.106 millones de pesos sin acreditar la recepción de servicios y bienes, y por 1.383 millones de pesos sin haber proporcionado la documentación comprobatoria. Deficiencias en la administración, operación, comprobación y aplicación de los recursos. Se detectó que el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa, A.C. (CEFPPS), realizó reintegros extemporáneos por 1.656 millones de pesos, de los cuales no se enteraron las cargas financieras correspondientes; 1.330 millones de pesos no fueron devengados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; se realizaron adquisiciones sin someterlas a concurso para garantizar las mejores condiciones para el Estado, y se determinaron diferencias por 924.9 miles de pesos entre el presupuesto ejercido y los registros contables. Número Observaciones: 19; Número Acciones: 37 (21 R; 9 PRAS; 7 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 11.8, Operadas: 0.0, Probables: 11.8. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). “Gestión Financiera”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0299. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Irregularidades en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos: Se realizaron pagos por 151.5 miles de pesos por concepto de pagos en exceso a prestadores

de servicios; y por 1,841.0 miles de pesos por la contratación de ocho plazas, las cuales no estaban autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Se exentó indebidamente al prestador del servicio del pago del Impuesto al Valor Agregado por 6.613 millones de pesos correspondientes a dos contratos.

Se realizaron pagos por 41.331 millones de pesos sin contar con la validación y autorización

de los entregables por parte del personal responsable de dos contratos y un convenio modificatorio.

Se realizaron pagos por 41.313 millones de pesos, correspondientes a los servicios

prestados mediante tres contratos de los cuales se comprobó que las facturas que avalan dichos pagos no contaron con el visto bueno del administrador del contrato.

No se proporcionó la totalidad de la documentación justificativa por 79.1 miles de pesos

que acredite la prestación de los servicios contratados con cargo en la partida 33801 "Servicios de Vigilancia".

Se realizaron pagos con recursos del ejercicio 2016 por 118.805 millones de pesos,

correspondientes a bienes y servicios devengados en los ejercicios 2014 y 2015, los cuales no fueron considerados en el pasivo circulante reportado a la SHCP, sin acreditar la causa del desfase en el pago del concepto referido.

No se verificó que los expedientes de 50 prestadores de servicios contratados con cargo en

la partida presupuestal 12201 "Remuneraciones al personal eventual", se integraran con la documentación señalada en la normativa.

No se contó con evidencia del personal adscrito al área técnica solicitante que validó la

entrega de los bienes mediante 48 facturas por 28.737 millones de pesos, con cargo en la partida 25101 "Productos básicos", de conformidad con lo señalado en la normativa.

Se realizó el pago de 32 facturas por concepto de arrendamiento, de las cuales las

solicitudes de pago rebasaron los 20 días naturales posteriores a la emisión de la factura; asimismo, no se verificó que las firmas recabadas para la autorización del pago y recepción de las facturas, correspondieron a los cargos de las personas autorizadas para tal fin.

A la fecha de la auditoría (5 de julio de 2017) 10 bienes correspondientes a material para

laboratorio por 652.7 miles de pesos, permanecen en el Subalmacén de Tecámac dependiente de la Dirección General de Administración e Informática, sin justificar las causas por las cuales no han sido utilizados para los fines requeridos; asimismo, de cuatro bienes correspondientes a material para laboratorio por 58.9 miles de pesos se comprobó que permanecieron en el subalmacén por un periodo de entre 167 y 280 días hasta la entrega a las áreas requirentes.

Comentario de la UEC: En las observaciones de esta auditoría se señalan montos de probables irregularidades cuya suma rebasa con mucho las recuperaciones determinadas en esta

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auditoría. Sería conveniente que la ASF indicara en su revisión los conceptos precisos que integran los conceptos de recuperaciones determinadas. Número Observaciones: 17; Número Acciones: 33 (19 R; 1 PEFCF; 9 PRAS; 4 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 43.44, Operadas: 0.04, Probables: 43.4. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). “Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, en el Estado de Chiapas”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0297. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Pagos improcedentes por un monto de 19.433 millones de pesos, integrados de la siguiente manera: 3.192 millones de pesos en el concepto extraordinario EXTRA0106 bulbos de soldadura

cuando dichos trabajos están incluidos en los alcances de los precios unitarios de concurso núms. 030.03.08 y 030.03.09, de acero de refuerzo en estructura de los núms. 10 y 12, respectivamente.

39.1 miles de pesos en el concepto extraordinario EXTRA0241 construcción de pila tipo P-1,

debido a que no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo en el concreto hidráulico ni se ajustaron las pruebas de muestreo; además, de que no demuestran las cantidades realmente utilizadas para el insumo de manejo de agua.

2.662 millones de pesos en 16 conceptos extraordinarios relativos a placas embebidas para diversos tipos de conexión, debido a que la contratista no acreditó los rendimientos de la mano de obra y de los equipos utilizados, ni las cantidades de los materiales utilizados en función del grado de dificultad y las condiciones reales de ejecución de los trabajos extraordinarios.

4.142 millones de pesos en 4 conceptos extraordinarios relativos a losacero, debido a que

la contratista adicionó materiales que no incluyó en el precio unitario del concurso; además, de no haber determinado dichos precios con base en los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales.

816.0 miles de pesos en el concepto extraordinario EXTRA0357 pinturas epóxicas debido a

que la contratista adicionó materiales que no incluyó en el precio unitario del concurso;

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además, de no haber determinado dichos precios con base en los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales.

8.582 millones de pesos por concepto de gastos financieros generados por los pagos

anticipados de 86 unidades generadoras de agua helada y manejadoras de aire de diferentes modelos y capacidades, sin que éstas hayan sido totalmente ejecutadas.

Número Observaciones: 6; Número Acciones: 6 (6 SA). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 19.4, Operadas: 0.0, Probables: 19.4.

Comunicaciones y Transportes Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”. Auditoría Inversiones Físicas, No. 0307. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Determinadas Operadas Probables

Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación

Programa de Concurrencia con las

Entidades Federativas56.8 0.0 56.8




Programa de Apoyos a Pequeños

Productores: Componente Apoyo para

la Productividad de la Mujer

Emprendedora

32.1 0.0 32.1




Programa de Productividad Rural:

Componente Atención a Siniestros

Agropecuarios para Atender a

Pequeños Productores

11.8 1.2 10.6





Componente Proyecto Estratégico de

Seguridad Alimentaria

22.0 10.3 11.7





Componente Desarrollo Comercial de

la Agricultura Familiar

46.7 4.0 42.6

Agencia de Servicios a la

Comercialización y Desarrollo de

Mercados Agropecuarios

Administración de Riesgos de Precios 58.5 52.1 6.4

Servicio Nacional de Sanidad,

Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria

Programa de Sanidad e Inocuidad

Agroalimentaria. Componente

Sanidad Federalizado

11.8 0.0 11.8


Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria

Gestión Financiera 43.4 0.0 43.4


Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria

Construcción de la Planta de Cría y

Esteril ización de Machos de la

Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y

su Equipamiento en Metapa de

Domínguez, en el Estado de Chiapas

19.4 0.0 19.4

(Millones de pesos)

Monto Observado por la ASFEnte Auditoría

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Hallazgos relevantes de auditoría Contrataciones al margen de los preceptos de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se otorgaron de manera directa los trabajos de supervisión de la Construcción de Talleres y Cocheras, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. Materiales de origen distinto al solicitado. Se constató que en el Viaducto 1 se suministró acero estructural de origen Coreano, sin considerar que en su propuesta la constructora señaló que sería de origen nacional. Pagos indebidos por obra pagada no realizada. Se constató que 6.0 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en proyecto. Errónea integración de precios unitarios en conceptos de obra. Se constató que se pagaron 21.4 millones de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo en la perforación de pilas de cimentación y construcción de muretes guía de muros Milán; y, 51.5 millones de pesos por la incorrecta integración de dos precios unitarios fuera de catálogo en líneas de distribución eléctrica de media tensión. Imprecisión en el suministro de materiales. Se constató que se pagaron 86.2 millones de pesos por el aceleramiento de los conceptos de acero de refuerzo estructural, acero de refuerzo y concreto en intertramos; y, 15.6 millones de pesos debido a que no se acreditó la utilización del acero de refuerzo en la construcción de micropilotes. Número de Observaciones: 12; Número de Acciones: 12 (10 SA; 2 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 39.9, Operadas; 1.8, Probables: 38.1. Adicionalmente, existen 141.0 millones de pesos por aclarar. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en el Estado de Hidalgo”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0309. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. Hallazgos relevantes de auditoría Errores en la integración de precios unitarios de conceptos fuera de catálogo. Se determinaron 5.7 millones de pesos sin justificar los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipo, por la incorrecta integración de precios unitarios fuera de catálogo.

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Diferencias entre volúmenes de obra pagada versus cuantificada. Se pagó un monto de 5.4 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto. Pago de servicios que no cumplieron con los términos de referencia. Se pagó un importe de 1.1 millones de pesos sin cumplir con los términos de referencia de los servicios relacionados con la obra pública. Pago de obra no ejecutada por cambios del proyecto original. Se realizó un pago de 9.5 millones de pesos por obra pagada no ejecutada y por el incremento en cambios en el proyecto original. Número de Observaciones: 11; Número de Acciones: 11 (10 SA; 1 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 16.7, Operadas; 0.0, Probables: 16.7. Comentario de la UEC: Adicionalmente, existen 5.0 millones de pesos por aclarar. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500, en el Estado de Coahuila de Zaragoza”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0315. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Contrataciones de obra y servicios que no observaron los montos autorizados. Se formalizaron siete contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y seis de servicios relacionados con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado, por un importe mayor al autorizado para el ejercicio 2016. Imprecisiones en las fechas para el otorgamiento de anticipos. Se constataron errores en las bases de licitación y en la formalización de dos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado se indicó que el anticipo se otorgaría al lograr las contratistas el 5.0% de avance de los trabajos conforme al programa de ejecución, debiendo ser con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. Omisiones en la administración de la obra. No se registraron los avances físicos y financieros en las bitácoras de dos contratos de obra pública, ni se aplicaron correctamente las retenciones por atraso de los trabajos conforme al programa de ejecución pactado en tres contratos de obra pública y dos de servicios relacionados con las mismas; y, se omitió iniciar y formalizar oportunamente el proceso de rescisión administrativa de tres contratos de obra pública por el atraso considerable del programa de ejecución pactado en los contratos.

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Pago de obra no ejecutada. Se detectaron pagos por trabajos no ejecutados por 222.2 miles de pesos al amparo de un contrato de servicios relacionados con la obra pública. Pagos indebidos por duplicidad en insumos para la obra. Se constataron pagos por duplicidad de insumos de mano de obra con los cargos por indirectos por 231.0 miles de pesos, al amparo de un contrato de servicios relacionados con la obra pública; y, un pago improcedente del volumen que ocupan las obras de drenaje en la ejecución de terracerías por un importe de 363.5 miles de pesos Diferencias en volúmenes de materiales utilizados versus materiales indicados en el proyecto. Se observaron diferencias de volúmenes de concreto hidráulico en obras de drenaje en relación con el proyecto en un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado por 47.2 miles de pesos. Pago improcedente en obras de drenaje. Se detectó un pago improcedente del volumen que ocupan las obras de drenaje en la ejecución de terracerías por un importe de 363.5 miles de pesos. Penalizaciones no aplicadas ni calculadas en contratos de obra. Se determinaron penalizaciones no calculadas ni aplicadas por incumplimiento del plazo de ejecución en tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado por 4.4, 5.7 y 4.5 millones de pesos respectivamente. Anticipo no amortizado sin recuperar. Se observó que no se solicitó a la contratista el reintegro del anticipo faltante de amortizar al notificar el inicio del proceso de rescisión en un contrato de obra, razón por la cual no se recuperó dicho monto en el ejercicio 2016. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 10 (6 SA; 4 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 38.0, Operadas: 3.7, Probables: 34.3. Comentario de la UEC: El monto del anticipo no amortizado que no se señala en el dictamen del informe individual es de 23.4 millones de pesos, lo cual arroja una diferencia por aclarar de 893.4 miles de pesos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa, en el Estado de Veracruz”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0317. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Pagos injustificados por diferencia entre volúmenes de obra pagados y verificados. En un contrato de obra pública que tuvo por objeto la modernización de un subtramo de la carretera

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Coatzacoalcos–Tuxtla Gutiérrez, se determinaron diferencias por un monto de 3.2 millones de pesos entre los volúmenes pagados por la entidad fiscalizada y los verificados físicamente en diversos conceptos. Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1 SA). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 3.2, Operadas: 0.0, Probables: 3.2. Comentario de la UEC: La ASF determinó que el GACM cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, no obstante que se determinaron observaciones. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Libramiento Ferroviario de Celaya de 45.5 Km y Circuito de 14.0 Km de la Vía Rápida Bicentenario Benito Juárez, en el Estado de Guanajuato”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0319. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Incumplimiento de metas físicas, objetivo y beneficio social del proyecto. Se constató que la entidad fiscalizada no cumplió con las metas físicas, el objetivo y el beneficio esperado para la población prevista en los proyectos autorizados por la SHCP, en dos carteras de inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario, y la construcción de la “Vía Rápida Bicentenario en León, Guanajuato. Anticipo no amortizado sin recuperar en contrato de obra. Se constató que en un contrato de obra pública la entidad fiscalizada no comprobó que la contratista reintegró 35.6 millones de pesos, por concepto del anticipo no amortizado. Pagos injustificados por diferencia de volúmenes de obra autorizados vs cuantificado. Se constató que en un contrato de obra pública se pagaron a la contratista 407.9 miles de pesos de más, ya que se determinaron diferencias de volúmenes entre lo autorizado y lo cuantificado por la ASF en un concepto. Pagos incorrectos por diferencias en volúmenes de obra estimada-pagada-verificada. Se constató que en un contrato de obra pública se pagaron a la contratista 5.8 millones de peso de más, debido a que se determinaron diferencias entre lo estimado y pagado por la SCT y lo verificado por la ASF en diversos conceptos. Pagos improcedentes por desatención de la empresa de supervisión externa. Se constató que en dos contratos de obra pública se pagaron a la contratista 520.6 miles de pesos de más, ya que no se verificó que al volumen de concreto se le descontara la densidad del acero estructural en diversos conceptos.

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Pagos inadecuados por diferencias de volúmenes de obra estimada-pagada-cuantificada. Se constató que en un contrato de obra pública se pagaron 502.2 miles de pesos de más, ya que se determinaron diferencias de volúmenes entre lo estimado y pagado y lo cuantificado por la ASF en diversos conceptos. Número de Observaciones: 18; Número de Acciones: 18 (1 R; 17 SA). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 42.9, Operadas: 0.0, Probables: 42.9. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Modernización de la Carretera Palenque San Cristóbal de las Casas y de la Autopista a la Frontera desde Comitán (1ra Etapa) en el Estado de Chiapas”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0323. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Pagos injustificados por obra pagada no ejecutada. Se constató que en un contrato de obra pública, se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados, pagados y verificados físicamente en campo, por un monto de 9.6 millones de pesos. Pago de servicios no ejecutados en contratos de obra. Se identificó que en dos contratos de obra pública no se acreditó que la contratista realizara el video editado del desarrollo de las obras por un monto de 82.8 miles de pesos. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 3 (3 SA). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 9.7, Operadas: 0.0, Probables: 9.7. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Modernización y Ampliación Carretera México 002, Tramo: Cananea-Agua Prieta, en el Estado de Sonora”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0324. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Deficiente administración del proyecto. Se presentó una deficiente planeación, programación y presupuesto de la obra, ya que en un contrato formalizó un convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del anticipo por falta de disponibilidad de recursos, no obstante que la entidad fiscalizada contaba con recursos.

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Sin evidencia de la aplicación de penas convencionales. Se constató que no se tiene evidencia de la aplicación de las penas convencionales por atrasos de obra. Cobros indebidos sin contar con el soporte técnico. Se determinó que se cobraron conceptos sin contar con los generadores de los trabajos y se detectaron diferencias en la volumetría en los conceptos de obra. Anticipo sin la debida amortización en un contrato. Se identificó la falta de amortización del anticipo en un contrato de obra. Omisiones en la administración de la obra. Se determinó que no se formalizaron las actas de entrega-recepción, los finiquitos ni las actas de extinción de derechos, en tres contratos de obra pública. Inconsistencias en el programa de obra. Se detectaron incongruencias en la fecha de inicio de los trabajos y en su período de ejecución, y en el programa mensual de ejecución de la empresa a la que se adjudicó un contrato de obra pública. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 10 (3 R; 7 SA). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 10.2, Operadas: 0.0, Probables: 10.2. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0326. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. Hallazgos relevantes de auditoría Bienes adquiridos no instalados en la obra, ni ubicados en el almacén. En un contrato de obra pública se autorizó el pago de 2,819 piezas adicionales a las originalmente adquiridas, para el suministro y colocación de barrera vial; aun cuando no se justificaba su adquisición, en visita de supervisión se constató que dicho señalamiento no fue encontrado en almacén, adquisición cuyo monto ascendió 8.0 millones de pesos. Pagos indebidos por omisiones del licitante. Se pagó de más un monto de 1.3 millones de pesos, ya que el licitante omitió incluir en sus costos indirectos la renta, el montaje y desmontaje de andamios, destinados a la extensión de un puente peatonal.

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Mala calidad de suministros para la obra. Se observó mala calidad en la carpeta de concreto hidráulico y bases estabilizadas, así como incumplimiento de espesores, índices de perfil y de rugosidad. Pago de servicios no ejecutados. En un contrato de obra pública no se acreditó la ejecución de trabajos relacionados con el suministro de energía, por un importe de 3.3 millones de pesos. Errores en la integración de precios unitarios derivan en pagos indebidos. Se determinó pago de 383.5 millones de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios. Inconsistencias en volúmenes de obra pagada versus ejecutada. Se identificó diferencia de volúmenes de obra por un importe de 184.5 millones de pesos. Inobservancia a especificaciones establecidas en el catálogo de conceptos. Se constató incumplimiento a los términos de referencia y las especificaciones particulares en los servicios de obra por 18.7 millones de pesos. Pago de servicios de obra no ejecutados. Se identificó que no existe evidencia de la ejecución de los trabajos de servicios por 943.1miles de pesos Comentario de la UEC: En las observaciones de esta auditoría se señalan montos de probables irregularidades cuya suma rebasa con mucho las recuperaciones determinadas en esta auditoría. Sería conveniente que la ASF indicara en su revisión los conceptos precisos que integran los conceptos de recuperaciones determinadas. Número de Observaciones: 23; Número de Acciones: 25 (1 R; 21 SA; 3 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 108.7, Operadas: 0.0, Probables: 108.7. Adicionalmente, existen 491.6 millones de pesos por aclarar. Secretaría de Comunicaciones y Transportes “Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0328. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. Hallazgos relevantes de auditoría Pagos injustificados por diferencias entre volúmenes de obra pagados versus cuantificados. Se pagó un monto de 1.7 millones de pesos sin detectar la existencia de diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en proyecto.

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Pagos indebidos por obra no ejecutada. Se pagó obra no ejecutada por 3.9 millones de pesos y aun cuando se aplicó la deductiva correspondiente no se recuperaron los intereses generados. Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 5 (5 SA). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 2.3, Operadas: 0.0, Probables: 2.3. Adicionalmente, existen 3.9 millones de pesos por aclarar. Comentario de la UEC: Adicionalmente, existen pagos en demasía en un contrato de obra pública por un monto de 601.9 miles de pesos, debido a que no se verificó que se cumpliera el alcance del precio unitario, ya que se comprobó que no fue utilizada la pavimentadora autopropulsada de concreto hidráulico. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0335. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagada y cuantificada. Se identificaron diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en proyecto por 9.0 millones de pesos. Recursos ministrados no devengados. Se comprobó que 1 mil 532.0 millones de pesos constituyeron recursos ministrados que no fueron devengados ni se hayan reintegrado a la TESOFE. Pago de gastos no comprobados ni registrados. En un contrato de obra pública se realizaron pagos a personal de la contratista por 4.3 millones de pesos, sin considerar que estos gastos debieron ser comprobados y registrados en la bitácora o en el documento de control de asistencia que definieran las partes. Pago de conceptos de obra fuera de catálogo. Se determinó la improcedencia de cinco precios unitarios fuera de catálogo, así como el pago de ajuste de costos a la empresa encargada de la asesoría, control y seguimiento del proyecto por 51.0 millones de pesos. Duplicidad de pagos en el control del proyecto. Se realizaron pagos a la empresa encargada de la asesoría, control y seguimiento del proyecto por 38.4 millones de pesos, sin verificar que el Gobierno de la Ciudad de México fue el encargado de llevar a cabo la logística, administración, planeación, desarrollo, ejecución y conclusión de los trabajos de obra.

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Pagos injustificados a empresas de supervisión externa. Se determinaron incumplimientos de los alcances y de los términos de referencia de las empresas de supervisión externa por 2.6 millones de pesos. Pagos de conceptos duplicados fuera de catálogo. Se identificaron pagos de conceptos fuera de catálogo que se duplicaron con las actividades establecidas en los alcances y términos de referencia por 17.0 millones de pesos. Pagos improcedentes a empresa proyectista. Se determinaron pagos a la empresa proyectista por las adecuaciones del proyecto, sin verificar que fue ella quien lo realizó originalmente por 117.2 millones de pesos. Errores de cálculo en el costo financiero del proyecto. Se determinó incorrecta integración del análisis del costo de financiamiento por 964.3 miles de pesos. Errónea consideración de pagos a personal en costos indirectos. En la integración de los precios unitarios, la contratista incluyó categorías de personal que corresponden a los costos indirectos por 2.3 millones de pesos. Desatención de la empresa de supervisión externa. Se omitió descontar la densidad del acero en los conceptos de concreto hidráulico por 618.7 miles de pesos. Derechos de vía por aclarar. Se determinaron importes por aclarar de 1 mil 102,3 millones de pesos por la falta de liberación del derecho de vía. Número de Observaciones: 19; Número de Acciones: 19(18 SA; 1 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 126.1, Operadas: 1.1, Probables: 125.0. Adicionalmente, existen 2,751.5 millones de pesos por aclarar. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). “Autopistas Tijuana-Ensenada y La Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja California”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0338 Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable Hallazgos relevantes de auditoría Inobservancia a lo señalado en el artículo 134 constitucional. Se constataron incorrectos procedimientos de licitación pública, debido a que no se realizaron los estudios de mercado y la extemporaneidad de la formalización de los contratos correspondientes, con el fin de

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asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad por situaciones de emergencia técnica. Inobservancia a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se constató un incorrecto procedimiento para que en las excepciones a la licitación pública considere y documente la invitación y participación de personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos, financieros y demás necesarios, con el fin de garantizar la imparcialidad en los procesos de adjudicación de los trabajos. Faltas del agente financiero y mandatario en el proyecto. Se determinó incumplimiento de BANOBRAS, respecto de la validación de la fianza ante la aseguradora para los trabajos de emergencia técnica, así como validación de suficiencia presupuestal con cargo al Programa de Emergencias Técnicas conforme a los procedimientos establecidos para la atención y pago de las acciones requeridas en la atención de emergencias técnicas. Pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagados vs ejecutados. Se determinaron pagos improcedentes por un total de 21.2 millones de pesos, en virtud de que se encontraron diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados. Número de Observaciones: 12; Número de Acciones: 12 (2 R; 6 SA; 2 PRAS; 2 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 42.3, Operadas: 0.0, Probables: 42.3. Comentario de la UEC: Adicionalmente, existen 21.1 millones de pesos correspondientes a la omisión de aplicar una pena convencional por el incumplimiento al programa de obra, en un contrato. Comentario de la UEC: En las observaciones de esta auditoría se señalan montos de probables irregularidades cuya suma es inferior a las recuperaciones determinadas en esta auditoría. Sería conveniente que la ASF indicara en su revisión los conceptos precisos que integran los conceptos de recuperaciones determinadas Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. “Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 118+000 al Km 165+000 Cuerpo B de la Autopista La Tinaja-Cosoleacaque, Tramo Isla-Acayucan, en el Estado de Veracruz”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0344. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Pagos indebidos por duplicidad en conceptos de obra. En la revisión del contrato de obra pública, relativo a la rehabilitación estructural del pavimento, se observó que en el análisis de sus costos indirectos se consideró la medición de las pruebas de coeficiente de fricción e índice de perfil por un monto de 283.0 miles de pesos; sin embargo, en los precios unitarios

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correspondientes se incluyen lo relativo a la medición del coeficiente de fricción e índice de perfil, por lo que está duplicado el monto de 283.0 miles de pesos. Sin soporte documental que acredite pago de conceptos catalogados como costos indirectos. En la revisión del contrato de obra pública relativo a la rehabilitación estructural del pavimento, se observó que en sus costos indirectos se consideró la conservación de caminos de acceso o de desvíos provisionales por un monto de 1,992.0 miles de pesos, sin que exista evidencia documental ni notas de bitácora que los acredite conforme a la especificación complementaria, Caminos de desvíos provisionales. Número de Observaciones: 2; Número de Acciones: 2 (2 SA). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 2.2, Operadas: 0.4, Probables: 1.8. Comentario de la UEC: La ASF determinó que CAPUFE cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, no obstante que se determinaron observaciones. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. “Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0360. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos transferidos para el pago de estudios y proyectos para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Se carece de bases jurídicas y administrativas que sustenten el control de recursos. Se observó que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) carece de normativa interna que establezca las áreas responsables y las actividades por desarrollar para controlar, conciliar y registrar la totalidad de los recursos solicitados al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y pagados a terceros (proveedores), como resultado de los Convenios de Apoyo Financiero (CAF), así como para obtener oportunamente la documentación soporte de los servicios recibidos, derivado de la autorización que dio el FONADIN (diciembre de 2014) para la sustitución de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) por GACM, S.A. de C.V., para que éste asuma todos los derechos y obligaciones que tenía ASA y continúe, en su carácter de promotor, con la construcción del NAICM, por lo que el 29 de enero de 2015 se suscribió el Convenio de Sustitución de Promotor y Reexpresión del CAF, celebrado entre el FONADIN, ASA y GACM, donde se reconoció el saldo insoluto de los apoyos otorgados y se reasignaron recursos. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (3 R; 1 PRAS). Comentario de la UEC: La ASF determinó que el GACM cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, no obstante que se determinaron observaciones.

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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. “Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0359. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la actualización del costo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM); verificar que las disposiciones de la línea de crédito revolvente, los recursos obtenidos por la emisión de bonos y el pago de intereses y de comisiones por las disposiciones y emisiones se realizaron de conformidad con lo pactado, así como que los recursos obtenidos se destinaron a la construcción del NAICM. Hallazgos relevantes de auditoría Carencia de instancia responsable del control presupuestal y contable de los recursos. Se determinó que los recursos obtenidos por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., del esquema de financiamiento (58 mil 851.0 millones de pesos de 2014 a 2016) se han destinado al fideicomiso no paraestatal 80726 para que los aplique en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; sin embargo, no existe alguna instancia responsable de la consolidación, registro y seguimiento de las erogaciones realizadas para ese fin por otras dependencias, entidades y figuras jurídicas. Información disgregada limita la actualización del costo del proyecto y el ejercicio de recursos. Con la información proporcionada por 11 dependencias, dos entidades, dos fideicomisos no paraestatales (80726 y Fondo Nacional de Infraestructura) y dos fideicomisos privados (80460 y 2172), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un costo por 22 mil 010.3 millones de pesos, pagado de 2011 a 2016, con cuatro fuentes de financiamiento: i) 6 mil 979.2 millones de pesos provinieron de recursos presupuestales ejercidos por dependencias y entidades del Gobierno Federal; ii) 10 mil 517.1 millones de pesos del fideicomiso no paraestatal 80726; iii) 2.200.3 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura, y iv) 2 mil 313.7 millones de pesos de los recursos del esquema de financiamiento, operados por los fideicomisos privados 2172 y 80460. Se carece de la infraestructura administrativa que garantice el control de recursos. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., controla y registra los recursos erogados por el fideicomiso no paraestatal 80726 y el Fondo Nacional de Infraestructura (12.717.4 millones de pesos), el 57.8% del total de recursos erogados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Opacidad en el esquema financiero del Proyecto. Se advierte que el esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si bien permite al Gobierno Federal captar recursos para atender necesidades que no pueden ser cubiertas presupuestalmente, también origina que la captación del financiamiento no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en las finanzas públicas.

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Sugerencias a la Cámara de Diputados Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones, y de Transportes, revise y evalúe modificar la Ley Federal de Deuda Pública, para que se regulen los mecanismos de financiamiento utilizados por dependencias y entidades, estructurados mediante fideicomisos privados que contraten deuda y la liquiden con flujos futuros de ingresos públicos o privados, para la construcción de infraestructura pública, como fue el mecanismo utilizado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que comprometieron recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) mediante su cesión para obtener recursos de lo que denominaron una contraprestación, proveniente de un crédito contratado por un fideicomiso privado, mecanismo que no se reconoció como deuda pública. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 5 (4 R; 1 PRAS). Comentario de la UEC. La ASF no determinó montos observados, mas sin embargo, dada la magnitud del proyecto, dados los riesgos que acechan al esquema financiero basado en bursatilizaciones, la opacidad que rodea al proyecto, y la experiencia histórica tan negativa que han experimentado los proyectos de asociación público-privados en infraestructura en México, valdría la pena que la ASF se pronunciara sobre los riesgos integrales de este proyecto en adición a la recomendación sugerida a la Cámara de Diputados emitida en esta auditoría. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. “Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0358. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos transferidos al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para verificar que las erogaciones se aplicaron en el cumplimiento de su objetivo, que se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Falta de documentación soporte que compruebe la prestación de servicios. De 31 contratos, 3 convenios y 1 acuerdo, se carece de la evidencia de la prestación de los servicios contratados, por 269.6 millones de pesos, como informes y reportes, listas de asistencia y de nómina, constancias de la entrega de equipos, videos de los proyectos, bitácoras, informes de las obras, estimaciones, finiquitos y constancias de aceptación de los servicios. Omisiones en la entrega-recepción de bienes y servicios. No se verificó que en la recepción parcial y total de los bienes y servicios se contara con los oficios de aceptación de conformidad de los bienes y servicios, y de designación o sustitución del residente de obra.

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Falta de documentación soporte de los procesos de adjudicación. No se obtuvieron las solicitudes de servicio, autorizaciones de contrataciones plurianuales, justificaciones de la contratación, investigación de mercado, oficios de verificación de trabajos similares y de notificación de adjudicación, así como evidencia de la publicación en CompraNet de diversos procesos de adjudicación de 2016. Falta de garantías en la celebración de contratos. Con la revisión de contratos, convenios de colaboración y solicitudes de servicios formalizados en 2016, se comprobó la obligación de presentar garantías de cumplimiento; adicionalmente, se estableció la obligación de presentar fianzas de vicios ocultos, anticipos y de responsabilidad civil. Al respecto, la entidad fiscalizada carece de la evidencia de la entrega de 4 fianzas de vicios ocultos y 1 de anticipo. Omisión del instrumento jurídico que formalice acuerdo de voluntades. Falta de formalización de un convenio para modificar el importe por erogar por año, la fecha de inicio de los trabajos y el importe del anticipo. Falta de transparencia en la documentación de contratistas. Tres prestadores de servicios no presentaron su declaración anual y uno declaró ingresos menores a los cobrados en 2016, por 73.4 millones de pesos. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 10 (4 R; 1 PEFCF; 4 PRAS; 1 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 269.6, Operadas: 0.0, Probables: 269.6. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. “Trabajos Relativos a los Pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0366. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Omisiones al plan maestro de ejecución de obra. En un contrato plurianual de obra pública se entregó el anticipo 97 días después de la fecha de inicio de los trabajos relativos a los pilotes y no presentó el dictamen técnico ni formalizó el convenio modificatorio al contrato por los cambios del proyecto ejecutivo. Negligencia en el desempeño de la empresa de supervisión externa. En un contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública, se constató que no se instaló la oficina móvil para el residente de obra ni la sala de juntas para siete personas incluidas en los costos indirectos

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por 86.7 miles de pesos; y no se aplicó a la empresa supervisora una sanción de 34.2 miles de pesos, debido a que no se acreditó su participación en la revisión de las modificaciones efectuadas al proyecto original de los pilotes en la torre de control Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (1 R; 3 SA). Recuperaciones Determinadas (miles de pesos): 120.9, Operadas: 0.0, Probables: 120.9. Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos por aclarar. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. “Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0355. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Inobservancia al cronograma de actividades de la obra. No se firmó un contrato plurianual de obra pública en la fecha señalada en el fallo, se entregó el anticipo de manera extemporánea y no se iniciaron los trabajos en la fecha pactada. Contravención a la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. En un contrato de obra pública se adjudicó directamente a la contratista que en un primer procedimiento ocupó el cuarto lugar, con una propuesta en 61.4% más cara con respecto a la más baja, se duplicó el impuesto sobre nómina tanto en el análisis del factor de salario real como en los cargos adicionales por 101.2 miles de pesos y se pagaron 6.2 millones de pesos en 6 conceptos referentes a la conformación de tezontle con precios unitarios fuera de mercado. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 6 (3 R; 2 SA; 1 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 6.3, Operadas: 0.0, Probables: 6.3.

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Economía Secretaría de Economía. “Negociaciones Internacionales para la Integración y Competitividad de México en las Cadenas Globales de Valor”. Auditoría de Desempeño, No. 0368. Objetivo: Fiscalizar que la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación contribuyeron a la integración de México en las Cadenas Globales de Valor. Hallazgos relevantes de auditoría Diseño del programa incongruente con el diagnóstico de necesidades. Debido a que la dependencia no definió con precisión el problema público que se pretende atender, en términos cualitativos y cuantitativos y, no identificó las deficiencias en los procesos de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, ni le permitió conocer el universo de empresas, áreas comerciales y sectores productivos que presentan la necesidad de incrementar su participación en las cadenas globales de valor.


Secretaría de Comunicaciones y

Transportes

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana

de Guadalajara39.9 1.8 38.1 141.0


Transportes

Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en el

Estado de Hidalgo16.7 0.0 16.7 5.0


Transportes

Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500, en el Estado de

Coahuila de Zaragoza38.0 3.8 34.3 0.9


TransportesEntronque Allende-Entronque Nuevo Teapa, en el Estado de Veracruz 3.2 0.0 3.2


Transportes

Libramiento Ferroviario de Celaya de 45.5 Km y Circuito de 14.0 Km de la Vía

Rápida Bicentenario Benito Juárez, en el Estado de Guanajuato42.9 0.0 42.9


Transportes

Modernización de la Carretera Palenque San Cristóbal de las Casas y de la

Autopista a la Frontera desde Comitán (1ra Etapa) en el Estado de Chiapas9.7 0.0 9.7


Transportes

Modernización y Ampliación Carretera México 002, Tramo: Cananea-Agua

Prieta, en el Estado de Sonora10.2 0.0 10.2


TransportesPaso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos 108.7 0.0 108.7 491.6


Transportes

Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la

Ciudad de Puebla2.3 0.0 2.3 3.9


Transportes

Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de

México126.1 1.1 125.0 2,751.5

Caminos y Puentes Federales de

Ingresos y Servicios Conexos

Autopistas Tijuana-Ensenada y La Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja

California42.3 0.0 42.3 21.1

Caminos y Puentes Federales de

Ingresos y Servicios Conexos

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 118+000 al Km 165+000

Cuerpo B de la Autopista La Tinaja-Cosoleacaque, Tramo Isla-Acayucan, en

el Estado de Veracruz

2.2 0.4 1.8

Grupo Aeroportuario de la Ciudad

de México, S.A. de C.V.

Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para

el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México0.0 0.0 0.0



Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México0.0 0.0 0.0



Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México269.6 0.0 269.6



Trabajos Relativos a los Pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y

el Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México

0.1 0.0 0.1 0.0001



Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México6.3 0.0 6.3

(Millones de pesos)

Ente AuditoríaMonto Observado por la ASF

Por aclarar

CUANTIFICACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS EN LA MUESTRA REVISADA POR LA UEC DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF A COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PAQUETE DE REVISIONES DE 2016

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No existe un proceso de planeación. Se constató que la dependencia no acreditó contar con una planeación que estableciera objetivos, metas, estrategias, prioridades, responsabilidades y tiempos de ejecución específicos para el diseño de estrategias comerciales internacionales que permitieran incrementar la participación de México en las cadenas globales de valor. Descoordinación entre el sector privado y las entidades de la APF. No existe evidencia de la coordinación con el sector privado y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la conducción de las negociaciones comerciales internacionales. No existen mecanismos de seguimiento y de evaluación del programa. Se constató que la dependencia no implementó mecanismos de seguimiento al cumplimiento del objetivo del programa, ni de evaluación que permitan identificar áreas de oportunidad en la conducción de la política. Deficiente Sistema de Evaluación del Desempeño. Se constató que la dependencia no contó con objetivos referentes a las actividades de un programa de modalidad “P”. Número Observaciones: 10; Número Acciones: 10 (10 RD). Secretaría de Economía. “Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la Innovación”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0369. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa S151-"Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación", para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Deficiencias en la operación, supervisión y seguimiento de los recursos ejercidos en el programa. Se constató el otorgamiento de recursos a 8 entidades federativas que fungieron como Organismos Promotores sin que hubieran participado en el taller de capacitación de la normativa del programa; no se verificó que 3 organismos promotores (entidades federativas) publicaran los impactos esperados de los proyectos autorizados; se autorizaron prórrogas para la entrega de tres proyectos, de los cuales las solicitudes de modificación se recibieron por la Instancia Ejecutora de entre 1 y 42 días después de la fecha de vencimiento de los proyectos; y se autorizó como Organismo Promotor al gobierno del estado de Nuevo León aun cuando no se dio la capacitación a los responsables operativos designados. Falta de documentación comprobatoria de los recursos otorgados. La dependencia no proporcionó la documentación que acredite la transferencia de recursos al beneficiario, para la ejecución de un proyecto por 104.0 miles de pesos; de dos proyectos por un total de 18.471 millones de pesos, y que acredite el ejercicio de los recursos correspondientes a dos retiros

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realizados el día 12 de enero de 2017 por un total de 332.5 miles de pesos de la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del programa. Recursos no reintegrados a la TESOFE. Se constató que la dependencia no reintegró a la Tesorería de la Federación el saldo de la cuenta bancaria al 28 de febrero de 2017 por 6.378 millones de pesos. No existe evidencia de los entregables de un proyecto. Se constató que la dependencia no presentó evidencia documental de la autorización por la Instancia Ejecutora del cambio de proveedor, de la cotización del proyecto, del reporte de avance, ni de los entregables correspondientes por 50.050 millones de pesos. Retrasos en la transferencia de los recursos. La dependencia no supervisó ni vigiló que se garantizara la liberación expedita de los recursos a los beneficiarios, ya que se comprobó que 13 Organismos Promotores transfirieron los recursos a los beneficiarios de 97 proyectos por 109.248 millones de pesos, con retrasos que van de 1 hasta 110 días naturales. Deficiencias en el seguimiento de la información registrada en el sistema informático del programa. La dependencia no dio seguimiento a la información registrada en el programa informático del PROSOFT y la Innovación 2016, ya que se comprobó que seis proyectos por 29.010 millones de pesos, no se encuentran registrados en dicho sistema, no obstante que ya concluyó su fecha de ejecución. Número Observaciones: 13; Número Acciones: 23 (9 R; 9 PRAS; 5 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 75.3, Operadas: 0.0, Probables: 75.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). “Derechos de los Consumidores y el Sistema Nacional del Consumidor”. Auditoría de Desempeño, No. 0372. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de proteger los derechos de los consumidores y prevenir conflictos entre éstos y los proveedores, así como la implementación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Hallazgos relevantes de auditoría No se cuenta con una metodología ni con información para cuantificar la población potencial y objetivo. La PROFECO no dispuso de la metodología ni de la información para cuantificar su población potencial y objetivo, por lo que se desconoce la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa. Por lo que se refiere a la población atendida la procuraduría informó que, mediante los diversos servicios que otorga, fue de 1,614,826 personas, pero no acreditó documentalmente dicha cifra y no dispuso de un indicador para medir la cobertura.

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No existe evidencia documental de los servicios que otorga la PROFECO. De los servicios otorgados por el “Teléfono del Consumidor” y “Teléfono del Consumidor en Línea”, la procuraduría no acreditó la información proporcionada, las bases de datos no son confiables, debido a que presentan inconsistencias en la información; no registra ni da seguimiento de cada atención que presta; desconoce la calidad de la atención otorgada, así como si la información y la calidad de dicha atención fue satisfactoria para los consumidores. No se acredita la instalación de módulos de información. La PROFECO no acreditó documentalmente los módulos temporales instalados en las centrales camioneras de autobuses ni sus resultados. No existe información que soporte el número de quejas y su resolución. La PROFECO no dispuso de la documentación que soporta la información sobre las quejas rechazadas y aceptadas. Por lo que se refiere a las resoluciones, la PROFECO resolvió 80,023 (58.9%) de las 135,863 quejas aceptadas; de las 55,840 (41.1%) restantes no acreditó su estado, o en su caso, por qué no habían sido resueltas. No se acredita si se impusieron todas las sanciones y si el monto de infracciones se ajustó a la LFPC. La PROFECO no dispuso de la información que acredite que fueron todas las sanciones que debió imponer. El monto de las infracciones que la procuraduría determinó fue de 180.391 millones de pesos, pero no se acreditó que dicho monto se ajustó a lo establecido en la LFPC. No existe evidencia documental de las visitas de verificación realizadas. Se constató que la PROFECO no cuenta con el soporte documental del origen de las sanciones, de la imposición de la multa, así como de su seguimiento. Retrasos en la elaboración y aprobación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Se constató que, a la fecha, continúa pendiente la aprobación del proyecto de decreto del sistema y la creación de la Comisión Intersecretarial para su desarrollo y no hay una fecha límite para su implementación. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 11 (11 RD). ProMéxico. “Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa: Atracción de la Inversión”. Auditoría de Desempeño, No. 0376. Objetivo: Fiscalizar que los apoyos y servicios otorgados por ProMéxico contribuyeron a incrementar la atracción de inversión extranjera directa. Hallazgos relevantes de auditoría Deficiencias en el marco normativo que reguló la operación del programa. Se detectó que ProMéxico no estableció los mecanismos con los que coadyuvaría en la conducción, coordinación y ejecución de actividades en la materia, para realizar la promoción de las

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gestiones tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. No contribuyó a la atención del problema público. ProMéxico no dispuso de elementos que permitieran determinar su contribución en la atención del problema público relativo a que la IED se encontraba estancada, debido al desaprovechamiento de los flujos internacionales de inversión extranjera directa, ya que no acreditó el ingreso de la inversión a México por parte de los 168 proyectos por un monto de 14 mil 477.6 millones de dólares (equivalentes a 272 mil 577.139 millones de pesos), apoyados mediante el otorgamiento de servicios. Sin registro una alta proporción de empresas identificadas como oportunidades de negocio. La dependencia no registró el 78.1% (114) de las empresas identificadas como oportunidades de negocio, ni asignó una Oficina de Representación en el Exterior (OREX) o Coordinador Regional a 6 (18.8%) de las 32 empresas que sí registró y careció de criterios para evaluar su viabilidad de las oportunidades. No todos los proyectos cumplieron con la totalidad de la documentación requerida. Se constató que de los 180 proyectos reportados como confirmados en la Cuenta Pública 2016, se identificó que 168 (93.3%) fueron los que cumplieron con la totalidad de la documentación requerida para su validación y los 12 (6.7%) restantes, carecieron cuando menos de un requisito para confirmar la inversión y su monto; además de que el fideicomiso promocionó por lo menos un servicio a 145, con el fin de concretar su interés de invertir en México, sin que estos servicios estuvieran regulados. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 7 (7 RD). ProMéxico. “Proyectos para la Atracción de Inversión Extranjera Estratégica”. Auditoría de Desempeño, No. 0376. Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó al incremento en la inversión extranjera directa en sectores estratégicos. Hallazgos relevantes de auditoría Importantes apoyos otorgados. En 2016, ProMéxico otorgó 360.025 millones de pesos (25.553 millones de dólares), que corresponden al 83.5% de los 431.224 millones de pesos aprobados en el PEF, a 8 empresas, con igual número de proyectos, de las 12 programadas. Deficiencias en el diseño del proyecto. Contrario a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ProMéxico no estableció en los “Lineamientos para el otorgamiento de apoyos del programa de proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera, Fondo ProMéxico” las fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia.

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Deficiencias en la operación del proyecto. Se constató que en dos de los ocho expedientes no se localizaron los documentos en donde se determinó la viabilidad de los proyectos de inversión extranjera directa en México y no se dispuso de los criterios mediante los cuales realizó la supervisión de las empresas beneficiadas. Apoyos otorgados contribuyeron a la atracción de inversión extranjera directa. Con los apoyos otorgados, ProMéxico contribuyó a la atracción de inversión de 1 mil 502.394 millones de dólares, que generaron 6,953 empleos en los sectores estratégicos automotriz y autopartes, aeroespacial, alimentos y fabricación de equipo de transporte, de los cuales se dieron de baja 1,035 (14.9%) y se conservaron 5,918 (85.1%) empleos. En cuanto al desarrollo económico regional, se verificó que cinco de los ocho proyectos se establecieron en los sectores automotriz y autopartes (62.5%), y tres en fabricación de transporte, aeroespacial y alimentos (37.5%), los cuales se desarrollaron en Sonora, Puebla, Guanajuato, Estado de México, Querétaro y Baja California, con lo que se impulsó el desarrollo económico regional. Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1 RD).

Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. “Conservación de los Recrusos Forestales en Áreas Naturales Protegidas”. Auditoría de Desempeño, No. 0424. Objetivo. Fiscalizar el culmplimiento de los objetivos y metas de fomento y coordinación para el manejo de los recursos forestales en Áreas Naturales Protegidas y su contribució a propiciar un desarrollo forestal sustentable. Hallazgos relevantes de auditoría Insuficiente prevención de la canalización de apoyos. En 2016, se constató que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) otorgó 84 de cada 100 solicitudes de apoyo viables para el fomento de acitivades forestales, debido a la falta de recursos presupuestarios de los programas S049 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)”


Secretaría de EconomíaNegociaciones Internacionales para la Integración y Competitividad de

México en las Cadenas Globales de Valor0.0 0.0 0.0

Secretaría de Economía Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la Innovación 75.3 0.0 75.3

Procuraduría Federal del

ConsumidorDerechos de los Consumidores y el Sistema Nacional del Consumidor 0.0 0.0 0.0

ProMéxicoPromoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera

Directa: Atracción de la Inversión0.0 0.0 0.0

ProMéxico Proyectos para la Atracción de Inversión Extranjera Estratégica 0.0 0.0 0.0


CUANTIFICACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS EN LA MUESTRA REVISADA POR LA UEC DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF A ECONOMÍA

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PAQUETE DE REVISIONES DE 2016

(Millones de pesos)

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y “Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)”, lo que significó un índice de satisfacción de las solicitudes viable de 84.2%, dado que la comisión requeriría de 45.1 millones de pesos para poder atender la demanda. Baja cobertura de ANP contribuyen al desarrollo forestal sustentable. Se constató que en 2016 la CONANP y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) firmaron las Bases de colaboración para la implementación de la estrategia para el desarrollo forestal sustentable en Áreas Naturales Protegidas (ANP), que se implemetará en 5 de las 152, por lo que 147 ANP aún no cuentan con un programa que establezca las acciones sobre manejo de fuego, aspectos fitosanitarios, restauración ecológica, investigación y planeación, monitoreo, desarrollo y fortalecimiento de empresas comunitarias y grupos de trabajo; comercialización, certificación y etiquetado de productos forestales; restauración y monitoreo de ecosistemas forestales y pago de servicios ambientales. En riesgo las funciones ambientales de los ecosistemas y sus servicios. El fomento del manejo forestal realizado por la CONANP, mediante el otorgamiento de apoyos, y la coordinación con las instituciones federales, con incidencia en el sector forestal, fue insuficiente para reducir la degradación y deforestación de los ecosistemas forestales de las Áreas Naturales Protegidas, poniendo en riesgo las funcines ambientales de los ecosistemas y sus servicios, por lo que no logró propiciar el desarrollo forestal sustentable en beneficio de los 122.3 millones de mexicanos. Número de Obsrvaciones: 4; Número de Acciones: 12 (12 RD). Comisión Nacional del Agua. “Atención de Emergencias y Desastres Naturales”. Auditoría de Desempeño, No. 1795. Objetivo. Fiscalizar los procesos de prevención y atención de emergencias ante fenómenos hidrometeorológicos en municipios afectados, a fin de mitigar los efectos causados a la población y su patrimonio. Hallazgos relevantes de auditoría Gran número de habitantes no disponen de un atlas de riesgo conducente. La CONAGUA identificó 63 zonas de alto riesgo por inundación en lugar de las 26 programadas. De las 63, el 84.1% (53 atlas) fueron enviados al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para su integración en el Atlas Nacional de Riesgo por inundación (ANRI), y del 15.9% (10), la comisión no acreditó las causas por las que no se integraron en el ANRI, por lo que 4.5 millones de habitantes no disponen de un Atlas de Riesgo Conducente que permita contar con información para la adopción de mecanismos de prevención ante la presencia de un fenómeno hidrometeorológico.

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No se acredita la participación de las instancias involucradas en la elaboración e instrumentación de campañas de atención de emergencias. Se constató que la CONAGUA en su Programa Anual de Comunicación Social para 2016, asignó un presupuesto para tres campañas de prevención y atención de emergencias por 251.8 millones de pesos, de los que la institución sí comprobó su ejercicio; sin embargo, no acreditó la participación con otras unidades administrativas para la elaboración e instrumentación de las campañas. Carencia de indicadores que limitan evaluar los resultados de la coordinación entre instancias involucradas. Se constató la coordinación entre CONAGUA y representantes de la SCT, SEMAR, SEDENA y SEGOB, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), participó en ocho reuniones con el objetivo de analizar los posibles efectos de los fenómenos hidrometeorológicos; conjuntamente con la Organización Meteorológica Mundial de Miami emitió 38 avisos para alertar a la población y envió 108 a la Coordinación Nacional de Protección Civil para comunicar los efectos que ocasionarían los fenómenos hidrometeorológicos. Sin embargo, no estableció indicadores para evaluar los resultados de la coordinación de la comisión con el SINAPROC y demás autoridades competentes. Se desconoce la cifra real de habitantes que recibieron auxilio. Se determinó que la CONAGUA efectuó 1,044 visitas de inspección para la detección y determinación de daños en la infraestructura hidráulica de las 1,056 visitas programadas; identificó 288 municipios en zonas de riesgo, de los cuales atendió 178 que contaron con una población de 23.8 millones de habitantes, y de las 110 restantes con 25.5 millones de habitantes, se desconoció si recibieron el auxilio correspondiente por parte de la entidad fiscalizada o por alguna otra dependencia Número Observaciones: 9; Número Acciones: 15 (15RD). Comisión Nacional del Agua. “Controles Establecidos para el Registro, Seguimiento y Recaudación de los Títulos de Concesión, Asignación y Permisos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0409. Objetivo. Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos para el registro, seguimiento y recaudación relacionada con los títulos de concesión y asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y permisos de descarga de aguas residuales, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. Debilidades significativas en el sistema de control interno de la institución. Se constató que el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas, debido a que los 10 riesgos considerados por la CONAGUA en su Matriz de Administración de Riesgos Institucional, 5 se relacionaron con los procesos de otorgamiento de concesiones y asignaciones, cobro de derechos y vigilancia, y se comprobó que si bien estableció actividades de control para su mitigación, éstas no fueron suficientes, eficientes y eficaces ya que los riesgos se materializaron.

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Inexistente implementación de controles para la gestión de recursos hídricos. La coherencia entre la asignación de recursos actual y los programas relacionados con el cobro de derechos causados por la explotación, uso, aprovechamiento, descarga y protección del agua, representa un riesgo de alto impacto, porque no se considera la distribución financiera para la implementación de controles suficientes, eficientes, y eficaces, en la gestión, aprovechamiento y restauración de los recursos hídricos del país. Transgresión a lo previsto en la ley de aguas nacionales. Se comprobó que la CONAGUA de 2012 a 2016 recibió 215.1 millones de pesos y recaudó 79 mil 840.1 millones de pesos, monto que reprsenta el 37.1% de los egresos que ejerció en el periodo referido, incumpliendo los principios de la Política Hídrica Nacional, previstos en la Ley de Aguas Nacionales. Créditos fiscales pendientes de cobro. Se comprobó que la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización reportó al Servicio de Administración Tributaria 330 créditos fiscales por 874.2 millones de pesos, correspondientes a liquidaciones y multas y sólo se han cobrado 40 créditos por un monto de 12.3 millones de pesos. Desconocimiento de contribuyentes obligados al pago. Se comprobó que el Padrón Único de Usuarios y Contricuyentes no incluye el número del título de concesión, asignación o permiso y no tiene interoperabilidad con el padrón del Registro Público de Derechos de Agua, situación que impide conocer el universo de contribuyentes obligados a pago. En el padrón mencionado están registrados 35,163 contribuyentes, de los cuales 23,915 presentaron declaración de pago de derechos por 18 mil 269.5 millones de pesos, y de los 11,248 restantes, la CONAGUA no tiene constancia de haber presentado la declaración correspondiente. Riesgo de daño o perjuicio al erario público federal. Se constató que en el Registro Público de Derechos de Agua se tienen registrados 531,357 títulos de concesión, asignaciones y permisos reportados; en 2016 la CONAGUA programó 3,070 visitas de inspección y sólo se realizaron 2,697. En 37 casos revisados, todas las solicitudes de trámites, concesiones, asignaciones y permisos se contestaron fuera del plazo establecido. Los manuales de procedimientos no están actualizados, no se asignan roles específicos y se dejan brechas en la cobertura de los controles. Número Observaciones: 10; Número Acciones: 22 (18 R; 4 PRAS). Comisión Nacional del Agua. “Contratación de Terceros”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0408. Objetivo. Fiscalizar la gestión finaciera para verificar que el presupuesto asignado a la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Hallazgos relevantes de auditoría

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Falta de documentación comprobatoria del ejercicio de recursos. Se identificó que respecto al convenio específico de colaboración num. CNA/SMN-INFOTEC 01-2015, celebrado con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, se realizaron pagos por 170.6 miles de pesos por concepto de viáticos sin documentación justificativa. Falta documentación soporte de la entrega de procuctos por servicios prestados. Se constató que la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no acreditaron documentalmente la capacidad técnica, material y humana antes de su contratación, no se aseguraron de la entrega de los productos de los servicios, y en el caso de la segunda subcontrató más del 49% y no realizó los procesos de contratación de acuerdo con la Ley de Adqusiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; respecto de ocho contratos formalizados, no se cuenta con la evidencia documental de la recepción de los entregables por 10.1 millones de pesos, sin embargo, de los manuales facturados, existe coincidencia de los textos con los de diversas obras, libros y compilaciones, editados y publicados en otros países en años anteriores. Número Observaciones: 9; Número Acciones: 14 (6 R; 1 PEFCF; 5 PRAS; 2 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 10.2; Operadas: 0.0; Probables: 10.2. Comisión Nacional del Agua. “Proyectos Ejecutivos del Túnel Río de la Compañía-Dren General del Valle, de la Interconexión de los Ríos Teotihuacán y Papalotla y de las Lagunas de Regulación de Aguas Pluviales de la Uno a la Cinco, así como la Ingeniería Básica de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las Cuencas de los Ríos de Oriente del Lago de Texcoco, en el Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0417. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Pagos indebidos por fallas en la administración financiera de proyectos. Se determinó que para los efectos de la fiscalización de los recursos federales transferidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), mediante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para los proyectos ejecutivos relativos a las obras hidráulicas a cargo de la CONAGUA en 2016, se revisaron cuatro contratos de servicios relacionados con las obras públicas y sus convenios respectivos. De la revisión se desprende que se determinaron pagos indebidos por 7.1 millones de pesos de los cuales 1.5 millones de pesos son por la incorrecta integración del análisis del costo financiero y los 5.6 millones de pesos restantes son por la integración incorrecta de los costos indirectos. Asimismo, no se aplicaron retenciones a los contratistas por 2.3 millones de pesos por los incumplimientos de las cláusulas contractuales. Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3 (3 SA). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 9.4; Operadas: 0.0; Probables: 9.4.

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Comisión Nacional del Agua. “Primera Etapa de Construcción del Túnel Emisor Poniente II y Proyecto y Rectificación del Tramo a Cielo Abierto del Emisor Poniente, en el Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0414. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Pagos injustificados por diferencias entre volúmenes de obra pagada y ejecutada. Se identificaron diferencias de volúmenes de obra entre lo pagado y lo ejecutado por 4.8 millones de pesos. Pagos indebidos por inconsistencias en la integración de precios unitarios. Se autorizó el pago de 44.2 millones de pesos sin que se justificara la procedencia de los básicos del precio unitario extraordinario. Errónea integración de precios unitarios deriva en pagos improcedentes. No se comprobó la correcta integración de los precios unitarios extraordinarios por un monto de 76.3 millones de pesos. Duplicidad de pagos en conceptos extraordinarios. Se autorizó el pago de 2.1 millones de pesos en el concepto extraordinario núm. 174, que ya estaba considerado en el concepto núm. 141 del catálogo original. Desatención de la empresa de supervisión externa deriva en pagos improcedentes. Se autorizó el monto de 63.4 millones de pesos en acarreos, sin que se justificara que el volumen total acarreado al banco de tiro fuera totalmente clasificado como lodo para que fuera acarreado hasta dicho banco y no a los bancos ubicados más cercanos a la obra. Debilidades en la administración financiera del proyecto. Se pagó un importe de 515.6 miles de pesos, sin que se acreditara el gasto por primas de seguros ni la vigilancia y protección de valores; importe que fue cobrado en los costos indirectos de la supervisión externa. Número Observaciones: 10; Número Acciones: 11 (1 R; 9 SA; 1 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 191.4; Operadas: 0.0; Probables: 191.4. Comentario de la UEC: En las observaciones de esta auditoría se señalan montos de probables irregularidades cuya suma es inferior a las recuperaciones determinadas en esta auditoría. Sería conveniente que la ASF indicara en su revisión los conceptos precisos que integran los conceptos de recuperaciones determinadas.

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Comisión Nacional del Agua. “Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0402. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Deficiencias en la administración financiera del proyecto. Posterior a la revisión de dos contratos de obra, se determinó que se efectuaron pagos por 1.8 millones de pesos, sin verificar que se duplicó el pago de los días domingos considerados en el factor de salario real y no se acreditó la totalidad de los servicios pagados. Desatención de la empresa de supervisión externa deriva en trabajos de mala calidad. Se constató que se realizaron trabajos de mala calidad en el sellado en las uniones de los tubos de las cajas 19 y 20. Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3 (2 SA; 1 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 1.9; Operadas: 0.0; Probables: 1.9. Comisión Nacional del Agua. “Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0407. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físics se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Cambios de especificaciones técnicas de suministros sin justificación. Falta de justificación técnica y del impacto económico generado por el cambio de anillos de dovelas de 1.0 m de ancho considerados originalmente por los de 1.5 m de ancho. Deficiencias en la gestión técnica del proyecto. Se calcularon y aplicaron incorrectamente a la contratista las retenciones y devoluciones por los incumplimientos en que incurrió en relación con el programa de obra convenido. Omisión del instrumento jurídico que modifica las condiciones originalmente establecidas. Se constató que la entidad fiscalizada no formalizó con la contratista un convenio modificatorio que ampara las modificaciones realizadas al proyecto.

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Inobservancia a las especificaciones técnicas señaladas en el proyecto. Se modificó en el proyecto la ubicación de siete lumbreras sin que se respetara la distancia máxima entre sus ejes recomendada en el proyecto geométrico. Pagos indebidos por omisión de materiales en el catálogo de conceptos. Se determinaron pagos indebidos por 11.1 millones de pesos por la incorrecta integración de la matriz de un concepto que no se había considerado en el catálogo original. Número Observaciones: 5; Número Acciones: 5 (3 SA; 2 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 11.2; Operadas: 0.0; Probables: 11.2.

Energía Comisión Federal de Electricidad. “Deuda Pública”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0489. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del costo financiero, aplicación de la deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas; así como, evaluar la sostenibilidad de la deuda. Hallazgos relevantes de auditoría Se omitió información financiera relevante en informes semestrales. De acuerdo con el artículo 111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Director General de esa entidad remitirá un informe semestral, aprobado por el Consejo de Administración, al Congreso de la Unión y al


Comisión Nacional de Areas

Naturales ProtegidasConservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas 0.0 0.0 0.0

Comisión Nacional del Agua Atención de Emergencias y Desastres Naturales 0.0 0.0 0.0

Comisión Nacional del AguaControles Establecidos para el Registro, Seguimiento y Recaudación de los

Títulos de Concesión, Asignación y Permisos0.0 0.0 0.0

Comisión Nacional del Agua Contratación con Terceros 10.2 0.0 10.2

Comisión Nacional del Agua

Proyectos Ejecutivos del Túnel Río de la Compañía-Dren General del Valle, de

la Interconexión de los Ríos Teotihuacán y Papalotla y de las Lagunas de

Regulación de Aguas Pluviales de la Uno a la Cinco, así como la Ingeniería

Básica de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las Cuencas de

los Ríos de Oriente del Lago de Texcoco, en el Estado de México

9.5 0.0 9.5

Comisión Nacional del Agua

Primera Etapa de Construcción del Túnel Emisor Poniente II y Proyecto y

Rectificación del Tramo a Cielo Abierto del Emisor Poniente, en el Estado de

México

191.4 0.0 191.4

Comisión Nacional del AguaConstrucción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el

Estado de México1.9 0.0 1.9

Comisión Nacional del Agua Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México 11.2 0.0 11.2


CUANTIFICACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS EN LA MUESTRA REVISADA POR LA UEC DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF A MEDIO AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PAQUETE DE REVISIONES DE 2016

(Millones de pesos)

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Ejecutivo Federal, sobre el uso del endeudamiento de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias, fundamentalmente respecto de la rentabilidad de los proyectos; sus condiciones financieras; el manejo de disponibilidades asociadas con el endeudamiento; calendarios de ejecución y desembolsos y perfil de riesgos. La ASF constató, que en los informes semestrales no se informaron las cesiones de derechos de deuda efectuadas entre las instituciones de banca múltiple, que si bien no representaron movimientos de flujo de efectivo mediante desembolsos, sí se modificaron los montos y los acreedores. Asimismo, detectó que no se reportó el endeudamiento por 12 mil 500.0 millones de pesos autorizado en el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y tampoco el obtenido por la CFE por 5 mil 398.4 millones de pesos, en incumplimiento del artículo 111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Además la ASF, identificó que no existe normativa que regule la fecha límite para la entrega de los informes semestrales al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. Número de Observaciones: 2; Número de acciones: 3 (2 R y 1 PRAS). Comisión Federal de Electricidad. “Auditoria TIC”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0488. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Hallazgos relevantes de auditoría Penalizaciones no aplicadas. De acuerdo con la ASF, del análisis del contrato número 800782039 celebrado con Alternativas en Computación, S.A. de C.V., adjudicado mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, con el objeto de prestar el servicio de protección contra código malicioso, control de medios de almacenamiento y correo spam. Al respecto, la ASF detectó que existe una penalización no cobrada por 207.8 miles pesos, debido a que se identificó un atraso de 12 días en el documento “Guía de procedimientos e instrucciones para el control de cambios, políticas y versiones”. Evaluación pendiente del MAAGRHyOyMSPC. Durante el ejercicio 2016, la ASF detectó que la CFE no llevó a cabo las actividades señaladas en describir, perfilar y valuar los puestos del “Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y Manual del Servicio Profesional de Carrera” (MAAGRHyOyMSPC), asimismo, la ASF mencionó que no ha llevado a cabo acciones para implementar una normativa interna que lo regule. Inobservancia a las políticas, bases y lineamientos en Materia de adquisición. En las “Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de

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Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, la ASF identificó lo siguiente: No se tienen definidas las áreas encargadas de salvaguardar la información generada en la

“Investigación de Condiciones de Mercado”.

Se carecen de criterios para la elaboración, revisión y autorización del estudio de factibilidad.

No se señalan los requerimientos mínimos que deberá de contener la fianza ni el área encargada de su guarda, custodia y administración.

En la disposición 41. “Contenido de los contratos”, no se contempla la descripción de las licencias, autorizaciones y permisos requeridos para la prestación de los servicios correspondientes, así como los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación.

Número de Observaciones: 5; Número de acciones: 14 (10 R; 2 PRAS; 1 PO y 1 M). Recuperaciones Determinadas (miles de pesos): 260.3; Operadas: 52.5; Probables: 207.8. Petróleos Mexicanos. “Deuda Pública”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0445. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del costo financiero, aplicación de la deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas; así como, evaluar la sostenibilidad de la deuda. Hallazgos relevantes de auditoría Compromisos de pagos sin justificación. La ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por las posibles irregularidades de los servidores públicos que en su gestión consideraron como financiamiento 1 mil 508.4 millones de pesos para su inclusión en la Cuenta Pública 2016, cifra superior en 56.9 millones de pesos respecto de los 1 mil 451.4 millones de pesos asentado en el pagaré no negociable formalizado por Pemex Transformación Industrial el 25 de mayo de 2016 a favor del Estado de Hidalgo. Compromisos de pagos sin justificación. La ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por las posibles irregularidades cometidas de los servidores públicos que en su gestión consideraron amortizaciones por 113.8 millones de pesos, del pagare que suscribió Pemex Transformación Industrial a favor del Estado de Hidalgo el 25 de mayo del 2016, cifra que corresponde al doble de lo efectivamente pagado por 56.9 millones de pesos.

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Opacidad en informes financieros. De acuerdo con la ASF, PEMEX disminuyó del endeudamiento neto de 231 mil 618.0 millones de pesos los conceptos recouponing y venta de cuentas por cobrar futuras, por un total de 11 mil 414.5 millones de pesos, para su presentación en la Cuenta Pública 2016, con lo que determinó un monto de 220 mil 203.4 millones de pesos, basado en las opiniones emitidas por la SHCP, sin embargo para la “Venta de cuentas por cobrar futuras”, la opinión fue aplicable únicamente durante la etapa de construcción de los PIDIREGAS, razón por la cual ya no fue vigente para PEMEX en 2016. Además, la ASF determinó que, PEMEX no informó con claridad en la Cuenta Pública en qué consistió el concepto de “Venta de cuentas por cobrar futuras” que disminuyó del endeudamiento neto, al hacer sólo mención del “producto de un desfase en la recuperación de la reventa de cuentas por cobrar”. Número de Observaciones: 4; Número de acciones: 5 (3 R y 2 PRAS). Petróleos Mexicanos. “Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisición de Medicamentos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0446. Objetivo: Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Hallazgos relevantes de auditoría Falta de políticas bases y lineamientos. Se constató que la Subdirección de Servicios de Salud no cuenta con políticas, procedimientos, criterios o lineamientos formalmente establecidos que permitan evaluar las cantidades de insumos que cubran las necesidades de las 47 Unidades Médicas de Pemex que están a su cargo, las cuales están distribuidas en la zona sur, norte y centro del país. Falta de supervisión y seguimiento a la administración de contratos. Se constató que en materia de adquisición, de una muestra de 6 contratos (558.8 millones de pesos, es decir el 55.1% del importe contratado de 1 mil 015.0 millones de pesos), no existe evidencia de supervisión por parte de los mandos medios y superiores de la Gerencia de Contrataciones para Procesos de Soporte y Servicios de Salud de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento (DOPA), tanto para el comprador como el administrador de proyecto en el proceso de contratación, lo cual puede presentar riesgos de corrupción y desviaciones al funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI). Inexistencia de controles para la recepción de bienes adquiridos. Se constató que la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento (DOPA), no proporcionó la evidencia documental de los servicios contratados con el proveedor de logística Farmacéuticos MAYPO, SA de CV. (MAYPO), para la recepción, almacenamiento, control, distribución y entrega de medicamentos a las farmacias que

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justificara la adjudicación del mismo, por un monto de 26.4 millones de pesos, contraviniendo las disposiciones normativas de Pemex. Ausencia de matriz Riesgo-Control y metodología para la evaluación y administración de riesgos. Se constató que para la identificación de riesgos y controles, la Unidad de Control Interno Institucional (UCII), no elaboró la matriz de Riesgo-Control vinculada al proceso general de la operación de medicamentos con sus respectivos subprocesos, ni instrumentó las metodologías en materia de evaluación y administración de riesgos en el ámbito del control interno. Carencia de mecanismos de control interno. Se constató que se carece de mecanismos de control en materia de trazabilidad de la operación e identificación de los responsables de las actividades, desactualización de sus manuales de procedimientos administrativos; capacitación de su personal en temas de riesgos y controles, y Conciliación y Salvaguarda de activos Número de observaciones: 7; Número de acciones: 15 (11 R y 4 PRAS). Petróleos Mexicanos “Gestión Financiera de la Estrategia al Desempeño y Capacidades Operativas de Petróleos Mexicanos”. Auditoría de Inversiones Físicas: No. 0448. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la estrategia al desempeño y capacidades operativas de Petróleos Mexicanos para la salvaguarda de sus instalaciones estratégicas y del Sistema Nacional de Ductos, para verificar que en los procesos de planeación, presupuestación, contratación, prestación del servicio, pago, registro presupuestal y contable se observaron las disposiciones normativas, así como la efectividad de las acciones implementadas para disminuir los actos ilícitos de robo, extracción, adulteración y comercialización ilícita de los productos petrolíferos. Hallazgos relevantes de auditoría Pérdidas excesivas por robo de tomas clandestinas. Del análisis de la “Relación de Tomas Clandestinas Sistema de Transporte por Ducto”, proporcionada por la Gerencia de Transporte, Mantenimiento, y Servicios de Ductos de Pemex Logística, la ASF concluye que las estrategias implementadas por la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) no cumplen con la meta de “Reducir de manera significativa el número de tomas clandestinas que se presentan a nivel nacional”, lo que genera a Pemex pérdidas anuales de 19 mil 640.3 millones de pesos por robo de combustible, así como erogaciones por reparación y saneamiento de tomas clandestinas, por 2 mil 809.0 millones de pesos, además de que existen bienes, por 2 mil 555.0 millones de pesos, que la SSE no acreditó utilizar en actividades de vigilancia y monitoreo. Ineficiente uso de bienes asignados a la SSE. De acuerdo con la ASF, de la muestra seleccionada para su revisión por 3 mil 327.7 millones de pesos de bienes administrados por la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), se detectó que han transcurrido de 22 a 49 meses sin que la

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SSE y Pemex Exploración y Producción utilizaran bienes, por 1 mil 119.6 millones de pesos, además de proporcionar seguridad a las instalaciones estratégicas, industriales y administrativas de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y, a la red de ductos. Pagos injustificados. La ASF emitió un Pliego de Observaciones debido a que se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un monto de 25.2 millones de pesos, por el pago de servicios de mantenimiento de bienes del Cuartel General por el periodo de agosto de 2015 a diciembre de 2016, cuya instalación y operación no se realizó sino hasta febrero de 2017. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 15 (9 R; 5 PRAS y 1 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 25.2; Operadas: 0.0; Probables: 25.2. Petróleos Mexicanos “Intereses en Empresas no Controladas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: No. 0449. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la participación de Petróleos Mexicanos como no controladora, el origen, administración y control de las operaciones, así como su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Incumplimiento normativo de PEMEX en relación a su participación en empresas iguales o minoritarias. PEMEX no ha generado los Lineamientos que regulen lo concerniente al ejercicio de los derechos que como propietario o accionista correspondan a Petróleos Mexicanos, la actuación de los empleados o mandatarios que ejerzan los derechos correspondientes, en incumplimiento de la normativa aplicable (artículo 70, párrafo segundo, de la Ley de Petróleos Mexicanos), tampoco tuvo las "Políticas generales conforme a las cuales Petróleos Mexicanos o sus empresas productivas subsidiarias, así como sus respectivas empresas filiales, podrán participar en forma minoritaria en el capital social de otras sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, determinando aquellas inversiones relevantes que deban ser previamente aprobadas por el propio Consejo”. No se acredita el pago de Dividendos en la participación de PEMEX en las empresas Texas Frontera, LLC., Frontera Brownsville, LLC., y Deer Park Refining Limited Partnership. En 2016, PEMEX no recibió pago de dividendos de las filiales por conducto de las cuales tuvieron participación en las tres empresas extranjeras, y no acreditó contar con evidencia del decreto y pago de dividendos de ese ejercicio de las dos empresas mencionadas. Irregularidades en los procesos de liquidación de empresas nacionales en las que PEMEX es socio en 50% o menos.

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Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 10 (7 R y 3 PRAS). Petróleos Mexicanos. “Programa de Responsabilidades y Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0452. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del programa de responsabilidad y desarrollo social, para verificar que la entrega y seguimiento, comprobación de los recursos y su registro contable y presupuestal, se realizó de conformidad con las disposiciones normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Falta de seguimiento al destino de las donaciones: Los gobiernos de los estados de Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas no comprobaron el uso y

destino de las donaciones de productos petrolíferos por 110.8, 17.3 y 129.9 millones de pesos, respectivamente, lo que da un total de 258.0 millones de pesos.

La Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social (GRDS) no supervisó conforme a la normativa que, en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, los productos petrolíferos no fueran objeto de venta, traspaso, transferencia o permuta a otro donatario o tercero.

La GRDS omitió dar seguimiento a un donativo por 15.7 millones de pesos para apoyar la

adquisición de un helicóptero para el estado de Tabasco; por intervención de la ASF dicho gobierno reintegró el donativo.

La GRDS carece de mecanismos de evaluación, seguimiento y supervisión sobre los aspectos técnicos, plazos, desarrollo de actividades y alcance de metas de los proyectos autorizados en materia de responsabilidad y desarrollo social.

El “Manual de Organización de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social” está

desactualizado, respecto del Estatuto Orgánico de PEMEX, por lo que los servidores públicos

Empresa Situación actual de liquidación u operación

Unión de Crédito de los

Distribuidores en Combustibles y

Lubricantes S.A. de C.V.

No fue posible llevar a cabo el emplazamiento de la unión de

crédito de liquidación instruida por la CNBV porque no se

localizó la ubicación de la empresa en el domicilio señalado en

autos.

Servicios Aéreos Especializados

Mexicanos, S.A. de C.V

En el Informe anual de PEMEX se reportó liquidada, la entidad

fiscalizada no sustentó el avance de dicha liquidación.

BICI-PMX, S.A. de C.V., Entidad liquidada.

Ductos El Peninsular, S.A.P.I. de C.V., No operó en el 2016.

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carecen de un marco normativo que dé certeza jurídica sobre las atribuciones y responsabilidades relacionadas con los procesos de donativos y donaciones.

Número de Observaciones: 5, Número de Acciones: 12 (6R; 3 PRAS y 3 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 258.0; Operadas: 0.002; Probables: 258.0. Petróleos Mexicanos “Servicio de Administración y Otorgamiento de Atención Médica a Nivel Nacional Mediante una Red Médica de Prestadores de Servicios, para Trabajadores, Jubilados y Derechohabientes de PEMEX”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0454. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas para proporcionar servicios integrales de hospitalización subrogada para derechohabientes de PEMEX, para comprobar que los servicios contratados se recibieron, pagaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Falta de transparencia en procesos de adjudicación de servicios médicos subrogados. De acuerdo con la ASF, Pemex no llevó a cabo con trasparencia el proceso de adjudicación del contrato para la prestación de servicios médicos subrogados, por 1 mil 305.4 millones de pesos, ni dicho contrato operó de acuerdo con las condiciones pactadas. Incumplimiento del contrato para el Sistema Eléctrico de Gestión Clínica y Financiera. La ASF observó que Pemex pagó 158.8 millones de pesos más IVA, por concepto de “Fee Administrativo” por derechohabiente (Cuota Administrativa), aun cuando no se implementó el Sistema Electrónico de Gestión Clínica y Financiera, conforme a lo pactado en el contrato. Dicho pago se realizó al consorcio, a pesar de que incumplió con las condiciones pactadas en el contrato, ya que no implementó dicho sistema. Pagos injustificados. La ASF observó que durante el desarrollo del contrato, se rebasó el monto máximo establecido, por 105.4 millones de pesos (8.8%), sin contar con la documentación que fundamente y justifique la autorización para la ampliación y pago de los servicios médicos subrogados; tampoco celebró los convenios modificatorios y no requirió al proveedor la ampliación de la garantía correspondiente. Procedimientos de contratación fuera de norma. La ASF observó que durante el desarrollo del proceso de adjudicación del contrato, no contó con la participación de un “Testigo Social”, para atestiguar que el procedimiento de la licitación se llevó a cabo con transparencia. De igual forma, la ASF detectó, que el expediente de los procesos realizados para la adjudicación del contrato carece de documentos que acrediten que el prestador del servicio contaba con el Sistema Electrónico de Gestión Clínica y Financiera para operar y administrar una red médica de salud, así como su capacidad financiera.

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Diferencias contables en pagos realizados. La ASF determinó que el importe reportado como pagado por la prestación de servicios médicos subrogados, al 31 de diciembre de 2016 por 982.2 millones de pesos, difiere en 17.6 millones de pesos, respecto de lo reportado en el auxiliar contable, por 964.6 millones de pesos y en 17.4 millones de pesos, con los registros de la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, por 964.7 millones de pesos. Incumplimiento y manipulación en los compromisos pactados en el contrato. La ASF comprobó que a partir de marzo de 2016, el consorcio aplicó incrementos del 5.0% al 57.0% en los precios de los servicios médicos (hospitales de urgencias entre otros) y del 3.0% al 30.0% en servicios de medicina general, los cuales fueron autorizados por el Gerente de Servicios Médicos (administrador del contrato) con lo que se incumplieron los compromisos pactados en el contrato. Número de Observaciones: 9; Número de acciones: 17 (10 R, 6 PRAS y 1 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 159.3; Operadas: 0.428; Probables: 158.8. Petróleos Mexicanos. “Auditoría de TIC”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0444. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Hallazgos relevantes de auditoría Carencia de fianza requerida para el cumplimento de contratos. En el proceso de contratación celebrado con CERAGON NETWORKS S.A. de C.V, se carece de la fianza requerida por 1.3 millones de pesos, de acuerdo al artículo 48 de la LAASSP. Si bien el contrato ya venció, debió requerirse la fianza correspondiente durante 2016. Incumplimiento de los tiempos establecidos en la normativa correspondiente a la realización de pagos de servicios. Del análisis a los pagos realizados por PEMEX, se observó que en los contratos celebrados, por un lado, con CERAGON NETWORKS S.A. de C.V y, por otro, con Axtel, S.A.B. de C.V., Avantel, S. de R.L. de C.V. y Avantel Infraestructura, S. de R.L. de C.V., en forma conjunta, el pago de los servicios se realiza en promedio cada 42 días, lo cual incumple con lo establecido en la LAASSP, la cual indica que los pagos no pueden exceder de veinte días naturales a partir de la entrega de la factura respectiva. Sobredimensionamiento de los servicios requeridos. El contrato celebrado con Axtel, S.A.B. de C.V., Avantel, S. de R.L. de C.V. y Avantel Infraestructura, S. de R.L. de C.V., en forma conjunta, por un monto mínimo de 1 mil 301.9 millones de pesos y un máximo de 2 mil 436.0 millones de pesos, tuvo el objeto de prestar "Servicios integrales de centros de cómputo primario y alterno para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios o Empresas Productivas Subsidiarias". Al

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respecto, se observó que en el contrato se establecieron servicios que a la fecha no se han requerido, realizando un sobredimensionamiento en la definición de los posibles requerimientos. Pemex argumentó no haber contado con la suficiencia presupuestal necesaria, ya que tuvo una disminución del orden de 100.0 millones de pesos, derivada de una incorrecta administración de los recursos previamente asignados para el cumplimiento de los objetivos planteados. Deficiente validación de competencias de los recursos humanos derivando en una posible afectación en la operación de las TIC. Considerando una muestra aleatoria de 33 empleados, que representan el 15.3% del total de plazas correspondientes a la Dirección Corporativa de Procesos de Negocio y Tecnología de Información, se observó que las competencias a cubrir por los candidatos para ocupar las vacantes no se encuentran incluidas en el Perfil del Puesto. Asimismo, no se entregó evidencia de las evaluaciones que aplica Recursos Humanos, lo que podría comprometer la correcta operación de las TIC en la entidad, ya que no se tiene evidencia de que el personal cuente con los conocimientos necesarios. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 6 (5 R y 1 PRAS). Pemex Fertilizantes “Contratos de Mantenimiento y Rehabilitación en los Activos de Pemex Fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Cosoleacaque, Veracruz”. Auditoría de Inversión Física, No. 0469. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Pagos en exceso sin justificación. En la revisión del contrato de obra pública “Rehabilitación de circuitos de tuberías, conexiones a equipos y estructuras metálicas y silenciadores del proceso de la Planta de Amoniaco IV y servicios auxiliares”, la ASF determinó, un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal a Pemex Fertilizantes por un monto de 261.3 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, por concepto de la diferencia que resulta entre los 466.2 miles de pesos pagados por la entidad y los 204.8 miles de pesos, que debió pagar por 574.3010 m ejecutados del concepto de Suministro, manejo y erección de tubería recta de acero al carbón, por el precio unitario de 356.74 pesos. Posteriormente, la ASF también determinó, otro daño por 842.8 miles de pesos, por el pago de los precios unitarios extraordinarios C9-340, C9-341, C9-342 y C9-343 referentes a inspección visual de soldaduras, sin descontar el pago de andamios y equipos empleados para la realización de las soldaduras inspeccionadas, por haber sido pagadas en los conceptos de soldadura originales.

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Número de Observaciones: 3; Número de acciones: 3 (1 R, y 2 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 1.1; Operadas: 0.0; Probables: 1.1. Pemex Logística. “Ingresos por Servicios”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0472. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, su determinación, facturación y cobro; así como su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Importante pérdida para PLOG. Al cierre de 2016, el valor en libros de los activos transferidos por PEMEX Logística (PLOG) al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) totalizó 35 mil 333.4 millones de pesos; sin embargo, el 23 de diciembre de 2016 ambas entidades acordaron que el valor inicial de los 4,818 activos que integraron la infraestructura del Sistema Nacional de Gasoductos y del Sistema Naco-Hermosillo fue por 7 mil 450.9 millones de pesos, es decir, el 21.1% del valor en libros de los activos, lo que originó una pérdida para PLOG de 27 mil 882.5 millones de pesos, y una pérdida neta de 16 mil 917.4 millones de pesos. Lo anterior debido a que el CENAGAS consideró los activos registrados en la contabilidad regulada y Pemex Logística consideró el valor de los activos a valor razonable de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Cabe mencionar que el 2 de agosto de 2017, se solicitó al CENAGAS la metodología que utilizó para determinar el valor del activo transferido por 7 mil 450.9 millones de pesos. Al respecto, ese organismo relacionó las resoluciones y directrices que emitió la CRE para autorizar la lista de tarifas máximas para la prestación del servicio de transporte de gas natural del Sistema Nacional de Gasoductos y del Sistema Naco-Hermosillo, el costo de capital y la metodología del cálculo. Lo anterior, repercutió en que en el ejercicio 2016 en la transferencia de activos del Sistema Nacional de Gasoductos y Sistema Naco-Hermosillo al CENAGAS, PLOG registrara la pérdida de 27 mil 882.5 millones de pesos registrados como parte de las operaciones discontinuas. Fuerte incremento en el concepto de “Ductos”. En los estados financieros dictaminados por los periodos de enero-diciembre 2014 y enero-octubre de 2015, el concepto “Ductos” se incrementó 34 mil 886.8 millones de pesos al pasar de 8 mil 796.6 a 43 mil 683.5 millones de pesos con motivo de la transición de las Normas de Contabilidad Gubernamental a las Normas Internacionales de Información Financiera (valor razonable). Como parte de operaciones discontinuas, se presenta una pérdida de PLOG. En el ejercicio 2016 en la transferencia de activos del Sistema Nacional de Gasoductos y Sistema Naco-Hermosillo al CENAGAS, PLOG registrara la pérdida de 27 mil 882.5 millones de pesos, como parte de las operaciones discontinuas. Sin actualizar los servicios de operación, mantenimiento y conservación de un sistema de transporte de gas natural a clientes particulares. Las contraprestaciones que consideró PLOG

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en 2016 en los servicios de operación, mantenimiento y conservación de un sistema de transporte de gas natural a clientes particulares no están actualizadas, ya que las tarifas se aplicaron con base en la resolución núm. RES/208/2009 emitida por la Comisión Reguladora de Energía en septiembre de 2009, por lo que si se considera el efecto inflacionario a septiembre de 2016, se tiene un promedio mensual del 0.3% y una tasa acumulada del 27.5%. PLOG dejó de cobrar un monto importante por concepto de intereses moratorios. En 24 facturas por 7 mil 325.4 millones de pesos, por servicios prestados a Pemex Transformación Industrial, el pago excedió el plazo de crédito, por lo cual PLOG dejó de cobrar 114.5 millones de pesos de intereses moratorios. En conclusión, los ingresos por servicios se reportaron en su totalidad, así como los estados y la información financiera presupuestaria se presentaron en los formatos previstos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP; PLOG reportó 7 mil 674.1 millones de pesos en el apartado de “Ingresos por Venta de Bienes y Servicios” que corresponden a la venta de activos al CENAGAS entre otros, de acuerdo con la norma emitida por el CONAC, NOR 0103001 “Plan de Cuentas”, numeral 4.3.9. Número de Observaciones: 4, Número de Acciones: 14 (11R, 2PRAS y 1 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 114.5; Operadas: 0.0; Probables: 114.5. Pemex. “Transformación Industrial Ingresos por Venta de Metanol”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: No. 0476. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la producción, la comercialización, la facturación y el cobro, así como el registro contable y su presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes de auditoría Pemex Transformación Industrial (PTRI) no cumplió con la meta programada de producción de metanol de 2016. Debido al desabasto durante 17 días, de gas natural que es la principal materia prima para producir metanol; se tuvo un paro no programado de 4 días para reparar un equipo, y durante 11 días de agosto la planta quedó fuera de operación por altos inventarios ocasionados por situaciones operativas del Sistema Nacional de Refinación. No existen estrategias a corto, mediano y largo plazos. Se requiere que PTRI, implemente las referidas estrategias operativas, que le permitan cumplir con las metas establecidas en los programas de producción de metanol; como medidas precautorias que en el futuro abatan los diferenciales de producción no realizada, por diversas contingencias. Precios de venta de metanol desactualizados. Se requiere que PTRI a través de la Subdirección de Productos y Combustibles Industriales en coordinación con la Gerencia de Desarrollo

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Comercial y Servicio a Clientes revisen y propongan una actualización en el mecanismo de determinación los precios de metanol y que dicha actualización también se incluya en los contratos de compraventa y suministro de metanol. Así también, asignar mayor responsabilidad al Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e Interorganismos. Daño al patrimonio de Pemex Transformación Industrial. Se determinó un monto de 30.4 millones de pesos, debido a que no aplicó la fórmula de determinación de precio del metanol correspondiente a los clientes minoristas, ya que se observó que la variable E1 “escala para clientes minoristas” se mantuvo en cero durante el ejercicio 2016, lo cual implicó que el precio al minorista fuera igual al mayorista, sin importar el volumen vendido. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Se instruyó que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión no aplicaron la fórmula de precios establecida en los contratos de compraventa de metanol. Debido a que se determinó que la variable E1 “escala para clientes minoristas” se mantuvo en cero durante el ejercicio 2016, lo cual implicó que el precio al minorista fuera igual al mayorista, sin importar el volumen establecido. Número de Observaciones: 3, Número de Acciones: 5 (3R, 1 PRAS y 1 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 30.4; Operadas: 0.0; Probables: 30.4. Pemex Transformación Industrial “Mantenimiento de la Capacidad de Producción, Tren Energético, Optimización de la Reconfiguración y Contratos ROPL08212P y PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-117-13 en las Refinerías de Cadereyta y Madero”. Auditoría de Inversión Física, No. 0480. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Sobrecostos por incremento de horas-hombre. En la revisión de la ASF, del contrato “Ingeniería de detalle, procura de equipo y materiales, construcción, pruebas, capacitación, preparativos de arranque y pruebas de comportamiento para la adecuación del sistema de gases de combustión de la planta catalítica núm. 1 de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa", la ASF observó una deficiente planeación, programación y supervisión por parte de la entidad fiscalizada, ya que no se liberaron en su totalidad los equipos en tiempo y forma para realizar los trabajos ni se consideraron todos los trabajos necesarios para la ejecución del contrato, ya que se ejecutaron trabajos extraordinarios tanto de ingeniería como de otra índole por lo que

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se incrementaron las horas-hombre de trabajo, lo que ocasionó un sobrecosto de 30.1 millones de dólares. Trabajos suspendidos sin justificación. De acuerdo con la ASF, con la revisión de la documentación proporcionada del contrato de obra pública a precio alzado núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-117-13, por un monto de 941. 9 millones de pesos (45.6 millones de dólares) y un plazo de 640 días. La ASF constató en mayo 2017 que los trabajos se encontraban parcialmente suspendidos, toda vez que la Subdirección de Petrolíferos no ha establecido oficialmente la fecha de paro de la planta, ni ha formalizado el convenio para regularizar la fecha de término y colocación de los equipos críticos teniendo así un desfasamiento de 623 días en relación con la fecha de término contractual (17 de septiembre de 2015). De lo cual, la ASF denoto una deficiente planeación, programación y falta de supervisión por parte de la Subdirección de Proyectos que ha originado sobrecostos por el equipo y personal disponible solicitado por Pemex Transformación Industrial, sin que existan trabajos por efectuar ni su justificación. Pagos injustificados. De acuerdo con la ASF, con la revisión del contrato de obra pública núm. DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-2/15, que tuvo por objeto el Remplazo de la membrana interna flotante y cambio de sello doble wiper a sello perimetral en los tanques. La ASF observó, que la entidad fiscalizada no acreditó el monto ejercido de 56.4 millones de pesos, toda vez que no presentó los controles de avance de la obra contratada originalmente, de la obra extraordinaria, ni los reportes diarios de las actividades del personal utilizado por la contratista, los rendimientos, el equipo, la mano de obra, de los análisis de precios, de los materiales, ni de las entradas y bajas del material; y tampoco acreditó haber realizado el estudio de mercado para garantizar que los precios convenidos contractualmente fueron los más convenientes para la entidad fiscalizada. Evaluación deficiente de las propuestas económicas durante las contrataciones. En la revisión de la ASF, los contratos de obra públicas núms. PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-40-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13. La ASF observó, que la entidad fiscalizada no comprobó haber realizado el análisis, la evaluación y los cálculos que permitieran acreditar que se realizaron los mercadeos para la evaluación de los precios contratados, a fin de asegurar al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Posibles pagos injustificados. La ASF determinó, emitir una solicitud de aclaración debido a que se realizaron pagos para los conceptos extraordinarios de "Estudio para el análisis y diagnóstico para la estructura que soporta los tambores V-31001, V-31003 y V-31004 de la Planta de Coque fase 1" y "Estudio para el análisis y diagnóstico para la estructura que soporta los tambores V-31001, V-31003 y V-31004 de la Planta de Coque fase 2". No obstante, la ASF observó que en las especificaciones del contrato, se estipuló que la contratista realizaría el análisis y los estudios para analizar el estado de la estructura existente del edificio de los tambores. Posibles pagos injustificados. La ASF determinó, emitir una solicitud de aclaración debido a que se realizaron pagos para los conceptos extraordinarios de "Ampliación de las cuatro ventanas

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ubicadas en el piso 2, para la visibilidad en la operación del descabezado de los tambores V-31001, V-31002, V-31003 y V-31004 de la Planta de Coque" y "Descripción y alcances del proyecto". La ASF se estipuló que, antes de que se iniciaran los trabajos, el licitante debió haber efectuado un análisis físico de las áreas en que se instalarían los diversos componentes de los nuevos sistemas a fin de verificar las instalaciones existentes que debía modificar, además de que no cuenta con los soportes que justifiquen las cantidades y rendimientos de los insumos utilizados en la integración del precio unitario. Posibles pagos injustificados. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado que ampara la rehabilitación de la caldera marca Babcock & Wilcox, modelo BI DRUM-TS 18/18. La ASF concluyó, que la entidad fiscalizada efectuó pagos por 1.9 millones de dólares (34.0 millones de pesos) por materiales que no se encuentran dentro de la refinería y de los que no tiene registro físico de su existencia. Número de Observaciones: 12, Número de Acciones: 14 (7R, 4 SA y 3 PRAS). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 100.7; Operadas: 0.0; Probables: 100.7. Pemex. “Transformación Industrial Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Conversión de Residuales en las Refinerías Salamanca y Tula”. Auditoría de Inversiones Físicas: No. 0479 Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Hallazgos relevantes de auditoría Diversos pagos improcedentes: Por 936.7 millones de pesos, debido a que no se revisó que los costos y rendimientos que la

contratista consideró en la integración de los precios unitarios fueran razonables y convenientes en relación con las obras o trabajos similares.

Por 13.6 millones de pesos, debido a que en la propuesta presentada por la contratista se

incluyeron porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad, mayores que los de otros contratos similares.

Por 11.4 millones de pesos, en virtud de que en la integración del cálculo del porcentaje por

financiamiento que la contratista presentó en su propuesta no se consideraron todas las diferencias que resultan entre los ingresos y egresos, así como la amortización del anticipo otorgado a los proveedores.

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Por 139.9 millones de pesos, debido a que en la ejecución de los trabajos por un monto superior al contratado dentro del mismo plazo de ejecución no se efectuaron los ajustes en los costos indirectos, de la utilidad y de los cargos adicionales.

Por 49.7 millones de pesos, puesto que no se consideraron los cambios en los alcances de

los trabajos, por lo que el pago de los conceptos no se ajustó a las nuevas condiciones convenidas. No se aplicaron las retenciones por atrasos en la ejecución de los trabajos.

Por un monto de 13.3 millones de pesos porque en los equipos para izaje no se

establecieron los elementos y medidas necesarias que permitieran garantizar el pago de las horas realmente trabajadas.

Por 8.8 millones de pesos, debido a que en la realización de los trabajos por un monto

superior al contratado dentro del mismo periodo de ejecución no se consideró efectuar el ajuste de los costos indirectos, de la utilidad y de los cargos adicionales.

Por 52.7 millones de pesos, en virtud de que en los precios unitarios de las adjudicaciones

directas para contratos de ingeniería no se contó con un mercadeo acorde a con las actividades que se habrían de realizar.

Pagos en exceso Por 110.9 miles de pesos en virtud de que en un concepto extraordinario no se verificó que

ya estaba considerado en el alcance del concepto de obra original. Por 31.4 miles de pesos debido a que en los elementos estructurales de concreto reforzado

no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo. Número de Observaciones: 14; Número de Acciones: 14 (4 SA; 2 PRAS y 8 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 1,250.6; Operadas: 0.0; Probables: 1,250.6. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 4 irregularidades detectadas. Comisión Nacional de Hidrocarburos “Proceso Licitatorio Núm. 4 de la Ronda 1 para Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Profundas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: No. 0132. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la adjudicación de contratos, la obtención de los ingresos recibidos, así como su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas.

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Hallazgos relevantes de auditoría Resultados del Proceso licitatorio Ronda 1, Convocatoria 4. Campo: áreas profundas, 10 áreas licitadas 8 áreas adjudicadas. En el proceso licitatorio de la Ronda 1, convocatoria 4, la CNH aprobó la participación de 26 empresas, entre ellas Petróleos Mexicanos, con capacidades técnicas y financieras, así como con experiencia en proyectos de exploración o extracción en aguas profundas. En el proceso resultaron ganadoras 12 empresas que a continuación se listan:

1. China Offshore Oil Corporation E&P México, S.A.P.I. de C.V. 2. Total E&P México, S.A. de C.V. 3. ExxonMobil Exploración y Producción México, S. de R.L. de C.V. 4. Chevron Energía de México, S de R.L. de C.V. 5. Pemex Exploración y Producción 6. Inpex Corporation 7. Statoil E&P México, S.A. de C.V. 8. BP Exploration México, S.A. de C.V. 9. PC Carigali México Operations, S.A. de C.V. 10. Sierra O&G Offshore Exploración y Producción, S. de R.L. de C.V. 11. Murphy Sur, S. de R.L. de C.V. 12. Ophir México Holdings Limited

Las 12 empresas ganadoras incluyeron cinco consorcios conformados por 11 compañías agrupadas que participaron conjuntamente, y una que participó de manera individual. Cambio en la modalidad de licitación de Producción Compartida a Concesión. La Subsecretaría de Hidrocarburos informó a la CNH que determinó, de manera conjunta con la SHCP, que la modalidad de contratación fuera la de “Producción compartida”, con el argumento de que ésta permitiría al Estado mantener los controles óptimos y supervisar las operaciones de manera eficiente e incrementar los beneficios económicos de la extracción de hidrocarburos dentro de las áreas contractuales. No obstante, el 28 de septiembre de 2015, la subsecretaría propuso la modalidad contractual de “Licencia”2, en sustitución de la modalidad de “Producción compartida”. Riesgo de pérdida de Renta Petrolera por la asociación entre grandes jugadores que podría implicar elevados riesgos de coordinación anticompetitiva y de colusión, que podría afectar los ingresos del Estado. Esta licitación permitió que los consorcios o asociaciones en participación se conformaran por más de una compañía petrolera de gran escala con el propósito de fomentar su participación, con el argumento de que la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas necesita de mayores requerimientos técnicos, experiencia y una capacidad financiera superior a la de las aguas someras y áreas terrestres.

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Antecedente licitatorio negativo. Durante el desarrollo de la revisión núm. 140- GB “Proceso Licitatorio para Contratos de Producción Compartida y de Licencia”, relativa a la Cuenta Pública 2015, se observó que en las bases de licitación y en los criterios de precalificación se limitaban a indicar que los interesados debían acreditar un monto de capital contable, sin precisar los rubros que debían o no considerar en su integración; dos personas actuaron indebidamente al mismo tiempo como representantes legales de dos compañías licitantes y en un caso una compañía no acreditó con la ficha curricular presentada la experiencia solicitada en las bases de licitación, por estas observaciones esta entidad de fiscalización superior emitió las recomendaciones correspondientes para que se realizaran acciones y se atendieran las observaciones, por lo que la CNH realizó ajustes a las bases que elaboró para las subsecuentes licitaciones. Ingresos por Aprovechamientos. De conformidad con las bases de licitación para la adjudicación de los contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas, cuarta convocatoria, respecto de la licitación CNH-R01-L04/2015, los interesados en participar en las distintas etapas de la licitación deben pagar 38.5 millones de pesos del Aprovechamiento por el Acceso a la Información de las 10 áreas contractuales que integran el cuarto de datos, pago obligatorio para los interesados en precalificar como operadores, y 280.0 miles de pesos de la inscripción de la licitación, también obligatorio. La ASF constató que por ambos conceptos sumaron 777.3 millones de pesos de los Aprovechamientos por la prestación de servicios que ofrece la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), correspondientes a la Licitación 4 de la Ronda 1. Comentario de la UEC. Sería Conveniente efectuar un comparativo internacional para determinar si fueron óptimos los resultados de esta y el resto de las licitaciones. Antecedente negativo en los pagos de las licitaciones. En la revisión núm. 140- GB “Proceso Licitatorio para Contratos de Producción Compartida y de Licencia” relativa a la Cuenta Pública 2015, la ASF determinó que la CNH careció de procesos de validación, supervisión y control de las operaciones relacionadas con los pagos efectuados por las compañías participantes en los procesos licitatorios, por lo cual se implantó el procedimiento denominado “Proceso de Aprovechamientos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos”. La ASF en esta ocasión comprobó que las direcciones generales de Finanzas, Adquisiciones y Servicios y la de Licitaciones de la CNH validaron y supervisaron las operaciones relacionadas con los pagos de los participantes en el proceso licitatorio, en cumplimiento del procedimiento citado. Número de Observaciones: 0; Número de Acciones: 0.

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Turismo Secretaría de Turismo (SECTUR). “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo”. Auditoría de Desempeño, No. 0440.

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de fortalecer la competitividad del turismo en México por medio de factores de calidad, innovación, productividad y sustentabilidad en el sector. Hallazgos relevantes de auditoría

Se desconoce el universo de prestadores de servicios en operación. Se constató que la SECTUR reportó como inscritos 5,176 Prestadores de Servicios Turísticos (PST) en el Registro Nacional de Turismo (RNT) como catálogo único; sin embargo, la dependencia desconoció el universo de prestadores en operación, por lo que no fue posible determinar el avance en la implementación del catálogo. PST que actúan fuera de lo establecido en las NOM’s. La SECTUR realizó por medio del Programa Nacional de Verificación 2,149 revisiones para impulsar el cumplimiento de las normas oficiales por parte de los PST, de las cuales 1,602 PST contaron con elementos para estar en posibilidad de firmar contratos con los turistas; sin embargo, a 87 casos se les inició un procedimiento de infracción que continua en trámite por no actuar conforme a las NOM, y presentar deficiencias en su seguro de responsabilidad civil para la seguridad de los turistas.


Comisión Federal de Electricidad Deuda Pública 0.0 0.0 0.0

Comisión Federal de Electricidad Auditoría de TIC 0.3 0.1 0.2

Petróleos Mexicanos Deuda Pública 0.0 0.0 0.0

Petróleos Mexicanos Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisición de Medicamentos 0.0 0.0 0.0

Petróleos MexicanosGestión Financiera de la Estrategia al Desempeño y Capacidades Operativas

de Petróleos Mexicanos25.2 0.0 25.2

Petróleos Mexicanos Intereses en Empresas no Controladas 0.0 0.0 0.0

Petróleos Mexicanos Programa de Responsabilidades y Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos 258.0 0.0 258.0

Petróleos Mexicanos

Servicio de Administración y Otorgamiento de Atención Médica a Nivel

Nacional Mediante una Red Médica de Prestadores de Servicios, para

Trabajadores, Jubilados y Derechohabientes de PEMEX

159.3 0.4 158.8

Petróleos Mexicanos Auditoría de TIC 0.0 0.0 0.0

Pemex Fertil izantesContratos de Mantenimiento y Rehabilitación en los Activos de Pemex

Fertil izantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Cosoleacaque, Veracruz1.1 0.0 1.1

Pemex Logística Ingresos por Servicios 114.5 0.0 114.5

Pemex Transformación Industrial Ingresos por Venta de Metanol 30.4 0.0 30.4

Pemex Transformación Industrial

Mantenimiento de la Capacidad de Producción, Tren Energético,

Optimización de la Reconfiguración y Contratos ROPL08212P y PXR-OP-SCC-

SPR-GPARR-L-117-13 en las Refinerías de Cadereyta y Madero

100.7 0.0 100.7

Pemex Transformación IndustrialMantenimiento de la Capacidad de Producción y Conversión de Residuales

en las Refinerías Salamanca y Tula1,250.6 0.0 1,250.6

Comisión Nacional de

Hidrocarburos

Proceso Licitatorio Núm. 4 de la Ronda 1 para Contratos de Licencia para la

Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Profundas0.0 0.0 0.0


CUANTIFICACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS EN LA MUESTRA REVISADA POR LA UEC DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF A ENERGÍA


(Millones de pesos)

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Dudosa calidad de las certificaciones a PST. Se constató que SECTUR implementó siete programas de calidad por medio de los cuales otorgó sellos, distintivos, reconocimiento y acreditaciones a los PST; sin embargo, únicamente 2 de los 7 tipos de certificación se emitieron con base en una norma, por lo que se desconocieron los criterios para validar la calidad de los prestadores. Falta actualización en estándares de calidad para la certificación de servicios turísticos. Se constató que de los 18 tipos de servicios turísticos existentes, la SECTUR únicamente contó con programas de calidad para 10 tipos de servicios, lo que significa que se dejó de evaluar la calidad de las arrendadoras de autos, los guardavidas o salvavidas, operadoras de buceo, operadoras de marina turística, parques temáticos, tiempos compartidos, tour operador y vuelo en globo. Escasa asistencia en los destinos turísticos prioritarios. La Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV) otorgó 198,234 servicios de asistencia a turistas nacionales y extranjeros; sin embargo, esta asistencia se focalizó en la Ciudad de México y en entidades del centro del país y no en zonas con el mayor número de destinos turísticos. Riesgo de pérdida de competitividad pese a mejora en el ranking del FEM. Se constató que de 2015 a 2017 el sector mejoró 8 posiciones en el ranking de competitividad sobre la llegada turistas del Foro Económico Mundial (FEM), esta situación no tiene relación directa con la gestión de los actores del sector, si no con la diversidad cultural y natural del país y las fluctuaciones de los mercados financieros internacionales que ocasionaron devaluaciones de la moneda mexicana, haciendo los destinos más accesibles para los turistas respecto de otros países. Número de observaciones: 8; Número de acciones: 19 (19 RD). Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). “Derechos a Recibir Efectivo, Bienes y Equivalentes”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0441. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las Cuentas por Cobrar del rubro Derechos a Recibir Efectivo, Bienes y Equivalentes, para verificar que correspondieron a derechos reales de cobro, que se originaron por operaciones propias de la entidad, que se contó con las garantías suficientes y que su recuperación se gestionó oportunamente, que en el cálculo de la estimación para cuentas incobrables se cumplió con los lineamientos emitidos por la entidad, y que el registro contable se efectuó conforme a la normativa. Hallazgos relevantes de auditoría Deficiencias en los procesos legales para la recuperación de créditos refaccionarios. Se constató un saldo de cuentas por cobrar por créditos refaccionarios de 221.3 millones de pesos, mismos que se otorgaron en 1990 a un deudor, quien lo destinaría a la reparación, remodelación,

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rehabilitación y puesta en operación de un inmueble; sin embargo, a la fecha FONATUR no ha recuperado el importe, debido a que el deudor ha promovido diversos juicios de amparo. Deficiencias en las acciones de cobranza por adeudos de empresas filiales. Se comprobó en el análisis de las cuentas por cobrar un adeudo de 128.1 millones de pesos, a cargo de la empresa filial FONATUR Constructora, S.A. de C.V. por la prestación de servicios de administración y finanzas, promoción y publicidad; así como de carácter legal. Ante este contexto FONATUR Constructora, S.A. de C.V. manifestó que no le es posible atender la solicitud de pago debido a su frágil situación financiera y FONATUR no ha iniciado las acciones legales para recuperar dicho adeudo. Ausencia de mecanismos para la recuperación de recursos por venta de bienes. Se detectó que FONATUR careció de mecanismos de control y supervisión para la recuperación de 3.0 millones de pesos, más actualizaciones e intereses moratorios derivados de la venta a crédito de 2 lotes situados en el Malecón Cancún-Tajamar. Número de Observaciones: 9; Número de acciones: 16 (9 R; 7 PRAS). Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 4 irregularidad (es) detectada (s). Recuperaciones Determinadas (miles de pesos): 681.1, Operadas: 681.1, Probables: 0.0.

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. “Programa de Prevención de Riesgos”. Auditoría de Desempeño, No. 0389. Objetivo: Fiscalizar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la población por efectos de fenómenos perturbadores.


Secretaría de Turismo Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo 0.0 0.0 0.0

Fondo Nacional de Fomento al

TurismoDerechos a Recibir Efectivo, Bienes y Equivalentes 0.7 0.7 0.0

CUANTIFICACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS EN LA MUESTRA REVISADA POR LA UEC DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF A TURISMO



(Millones de pesos)

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Hallazgos relevantes de auditoría Deficiencias en la definición de objetivos y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Se constató que el diseño de la MIR del programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” no permitió valorar el cumplimiento de los resultados de la SEDATU en su contribución a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, situación que impidió precisar el avance en la atención del problema público que dio origen a ese programa. Deficiencias de las Reglas de Operación establecidas. Se constató que el diseño e integración de las Reglas de Operación del programa no incluyó 2 (22.2%) de los 9 criterios para la entrega de los subsidios. Asimismo, la SEDATU no identificó con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio. Entrega de subsidios no se ajustan a las Reglas de Operación. Se constató que en 2016, la SEDATU entregó subsidios para financiar 81 proyectos para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; sin embargo, no acreditó que los montos entregados por las autoridades locales correspondientes se ajustaron a los previstos en las reglas de operación, por lo que no fue posible verificar si las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales beneficiadas aportaron el monto complementario correspondiente para la ejecución del proyecto. Falta de integración y registro del padrón de beneficiarios. La SEDATU no acreditó que los proyectos financiados hubiesen integrado y registrado el padrón de beneficiaros en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) ni que éstos se concluyeran en el plazo previsto ante la Secretaría de la Función Pública. Entrega de recursos pese a incumplimiento de requisitos en las Reglas de Operación. Se constató que de los 81 proyectos financiados, únicamente el 8.6% (7) cumplió los requisitos establecidos en las reglas de operación y el 91.4% (74) presentó al menos un incumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia del expediente técnico respectivo, por lo que la dependencia entregó discrecionalmente 106.2 millones de pesos, que representaron el 87.0% (122.1 millones de pesos) del presupuesto ejercido. Incumplimiento en los plazos establecidos para la conclusión de obras. Se constató que en 5 (6.2%) de los 81 proyectos, el Comité de Prevención de Riesgo autorizó mayores recursos para su ejecución; sin embargo, no se acreditó que las obras se concluyeron en el plazo establecido, aun cuando fueron definidas como acciones urgentes e impostergables relacionadas con la prevención y reducción de riesgos. Número de observaciones: 2; Número de acciones: 2 (2 RD).

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Comisión Nacional de Vivienda. “Control Interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0390. Objetivo: Evaluar los mecanismos de control interno establecidos para coordinar la asignación del subsidio, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa en 2016, con criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad social y de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Hallazgos relevantes de auditoría Falta de mecanismos para la identificación de riesgos. Se constató que en 2016, los servicios tercerizados, cuyos contratos en promedio son por 75.0 millones de pesos al año, carecen de un informe en el que las empresas contratadas en 2015, 2016 y 2017 hayan identificado los riesgos y el diseño de controles respecto del trabajo que desempeñan para determinar si estos son apropiados para asegurar que la institución alcance sus objetivos, conforme lo establece el Acuerdo de Control Interno. Desigual distribución de los subsidios. La ASF constató que CONAVI otorgó subsidios por un total de 1,602.6 millones de pesos de los 8,709.6 millones de pesos ejercidos en 2016, a los estados de Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Baja California y Chihuahua, los cuales concentraron 4,613,426 viviendas con rezago a nivel nacional, (51.0% de un total de 9,045,934 viviendas); mientras que a los estados de Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato e Hidalgo les otorgó subsidios por 3,523.8 millones de pesos, los cuales concentraron 995,053 viviendas con rezago habitacional a nivel nacional (11%). Debilidades en la gobernanza de la institución. A través de la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, la ASF identificó que la CONAVI no cumple con las funciones administrativas de asistir a los Comités y a la Junta de Gobierno, no existen mecanismos de control interno en materia de línea ética; de capacitación del personal en temas de control interno, ética e integridad y prevención de la corrupción; identificación de riesgos, autoevaluaciones, segregación de funciones, así como de controles preventivos vinculados al proceso general para el otorgamiento de subsidios. Número de observaciones: 19; Número de acciones: 28 (21 R; 7 PRAS). Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). “Aplicación de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0391. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Apoyo a la Vivienda para verificar que los recursos asignados al mismo, se destinaron a apoyar a los hogares de menores ingresos económicos, que el proceso de otorgamiento, seguimiento y comprobación de los subsidios, y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa, así como verificar el cumplimiento de metas y objetivos del programa.

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Hallazgos relevantes de auditoría Incumplimiento de los objetivos del programa. Se constató que el FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del Programa de Apoyo a la Vivienda, ya que al 30 de junio de 2017 no se habían iniciado, o se encontraban en proceso de construcción 86,891 acciones de vivienda por 1,792.6 millones de pesos, lo que representó el 63.5%, de las 123,500 acciones de vivienda contratadas mediante 1,147 convenios de ejecución de 2016, por 2,824.1 millones de pesos. Ausencia de información confiable, oportuna e uniforme. Se constató que el Sistema Integral de Seguimiento (SISE) no cuenta con información actualizada y difiere de la información registrada por las 31 delegaciones estatales de la SEDATU, lo que limita al FONHAPO para dar seguimiento a la ejecución de las acciones de vivienda realizadas por los ejecutores. Deficiencias en la ejecución de viviendas, pese a aumento en los plazos de construcción. Se constató que el plazo de cuatro meses para ejecutar los subsidios de "Mejoramiento de Vivienda" y seis para la "Construcción de Unidades Básicas de Vivienda" en 2014, se incrementó a cinco y siete meses en 2015, y a seis y ocho meses en 2016, respectivamente; sin embargo para el 30 de junio de 2017, se reportaron 86,891 acciones, por 1,792.6 millones de pesos, que no fueron concluidas, lo que significó un incremento de 238.4%, en relación con las viviendas que no fueron concluidas en el año anterior por 752.0 millones de pesos. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 10 (5 R; 4 PRAS; 1 PO). Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 1,794.6, Operadas: 2.0, Probables: 1,792.6.

2.3. Funciones de Desarrollo Social

— Educación Secretaría de Educación Pública (SEP). “Aseguramiento Integral, Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 134-DS. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido en el aseguramiento de bienes patrimoniales, en arrendamiento de bienes inmuebles, así como en


Secretaría de Desarrollo Agrario, Programa de Prevención de Riesgos 0.0 0.0 0.0

Comisión Nacional de ViviendaControl Interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones

Habitacionales0.0 0.0 0.0

Fideicomiso Fondo Nacional de

Habitaciones PopularesAplicación de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda 1,794.6 2.0 1,792.6

CUANTIFICACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS EN LA MUESTRA REVISADA POR LA UEC DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF A DESARROLLO

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PAQUETE DE REVISIONES DE 2016

(Millones de pesos)


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cuotas y aportaciones a organismos internacionales, se ejerció y registró conforme a los montos aprobado y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Falta de validación de la SHCP en materia de seguros. La SEP no efectuó oportunamente los trámites sobre la factibilidad de incorporarse a las pólizas de los bienes institucionales patrimoniales ante la SHCP, así como realizó de forma extemporánea la solicitud de asesoría en materia de seguros y no se localizó la respuesta a dicha solicitud, por lo que la convocatoria del aseguramiento no contó con la validación de la SHCP. Reducción injustificada de plazos para contratación del servicio de aseguramiento. La entidad auditada realizó la reducción de plazos bajo el argumento de situaciones de fuerza mayor, no obstante, la SEP no proporcionó la documentación que lo acreditará, además tampoco acreditó contar con los antecedentes de haber analizado la posibilidad de ampliar el monto y tiempo del contrato de aseguramiento que se encontraba vigente a esa fecha. Carencia de mecanismos de seguimiento y supervisión del programa se aseguramiento. Se constató que el ente auditado carece de mecanismos de seguimiento y supervisión de su programa de aseguramiento debido a que su Sistema de Administración de Siniestros es deficiente al no contar sus expedientes con la documentación soporte de los siniestros y que permitan el adecuado seguimiento para las recuperaciones en especie o en dinero de los eventos ocurridos. Por otro lado, se comprobó que la SEP no cuenta con el instrumento legal para realizar aportaciones al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, por lo que se presume un probable daño patrimonial por el otorgamiento de cuotas y aportaciones al referido instituto. Dictamen: En términos generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos referidos. Recuperaciones Probables: 96.7 millones de pesos. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 7 (3 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 Pliegos de Observaciones). Secretaría de Educación Pública. “Diseño de la Política de Educación Básica y Educación Media Superior”. Auditoría Horizontal. Dos auditorías de Desempeño, No. 140 y 141. Educación Básica. Auditoría No. 140 Objetivo: Fiscalizar el diseño de la política de educación básica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Deficiencias en el proceso de la planeación de la política de educación básica. La SEP no dispuso de lineamientos en los que se establecieran los procedimientos que debía realizar para

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coordinar las actividades de planeación conforme a los objetivos, estrategias y prioridades determinados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, para los diversos tipos, niveles y modalidades de educación, así como para el sector educativo en su conjunto, y de contribuir al desarrollo y coordinación de un sistema nacional de planeación, en el que participen las subsecretarías y los órganos administrativos desconcentrados de la SEP, las entidades paraestatales sectorizadas a ella, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo anterior a pesar de que la dependencia contó con el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE), que es una herramienta para la programación anual. De igual manera, la ASF constató que la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa SIGED de la SEP aún no cuenta con el “Modulo de Gestión Educativa” y el “Módulo Analítico”; dichos módulos son necesarios para regular y proporcionar soluciones de automatización a las escuelas de educación básica, Así mismo se careció de un programa en el que se establezcan los plazos para su conclusión, no obstante, la SEP operó el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), con el objetivo de proporcionar información al Sistema Educativo Nacional (SEN), que permita su planeación, operación, administración y evaluación. El SIGED es una plataforma que contiene estadísticas, por entidad federativa y municipio, del número de alumnos, docentes y escuelas de educación básica, del ciclo escolar 2006-2007 al 2015-2016. Información contenida en la plataforma del SIGED sin difusión. La SEP publicó el documento denominado “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016”, con base en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), el cual se difundió a las autoridades educativas federales y locales, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el propósito de presentar los datos estadísticos para apoyar las tareas de planeación, programación, evaluación y rendición de cuentas. Ausencia de indicadores y metas para evaluar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. Los indicadores y metas tienen por objeto permitir el mejoramiento de la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo Nacional (SEN), no obstante, se analizaron los resultados de la prueba “Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes” (PLANEA) del ciclo escolar 2015-2016. En el caso de primaria, del ciclo 2014-2015 al 2015-2016, el porcentaje de alumnos que obtuvo el grado I, el mínimo logro académico en la prueba, en comunicación y lenguaje, disminuyó 8.6 puntos porcentuales, al pasar de 49.5% a 40.9%, mientras que en el mejor logro académico (nivel IV), aumentó en 4.0 puntos porcentuales, al pasar de 2.6% a 6.6%; en matemáticas, el porcentaje de alumnos con el mínimo logro académico (nivel I) disminuyó 12.1 puntos porcentuales, al pasar de 60.5% a 48.4%, mientras que en el nivel IV, aumentó en 7.7 puntos porcentuales, al pasar de 6.8% a 14.5%. Incumplimiento de metas en el ciclo escolar 2015-2016. La tasa de escolarización en preescolar, del ciclo 2010-2011 al 2015-2016, se incrementó en 1.0%, en promedio anual, al pasar de 68.9% a 72.5%; en primaria, del ciclo 2010-2011 al 2015-2016, se mantuvo por arriba del 100.0%, y en

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secundaria, en el ciclo 2015-2016, la tasa se ubicó en 101.6%; 19 entidades federativas (59.4%) registraron tasas de escolarización superiores al 100.0%, y 13 (40.6%), coberturas de 96.0%. La tasa de abandono escolar en primaria fue de 0.5%, superior en 0.1 puntos porcentuales a la programada por la SEP, de 0.6%. En este ciclo, de las 32 entidades federativas, 22 (68.7%) lograron mantener su tasa por debajo de esta meta; mientras que 10 (31.3%) presentaron tasas superiores a las programadas. En secundaria, la tasa de abandono escolar, en el ciclo 2015-2016, se ubicó en 4.2%, superior en 0.8 puntos porcentuales a la programada por la SEP, de 5.0%. En este ciclo, 24 entidades federativas (75.0%) mantuvieron la tasa de abandono por debajo de la meta programada; mientras que 8 (25.0%) superaron dicha meta. Insuficiencia de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de 2016 en el programa “Diseño de la Política Educativa”. La MIR elaborada por la SEP que tiene definido el problema central como “el diseño de la política educativa se sustenta en procesos de planeación débiles y en información insuficiente”, no aborda todas las variables que intervienen en el problema, tales como la falta de un sistema para la planeación, que permita visualizar la implementación de la política educativa y medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y de la programación sectorial, así como de los programas presupuestarios; de un sistema único que concentre la información del Sistema Educativo Nacional (SEN), para la toma de decisiones, y de una evaluación del sistema, que retroalimente el diseño de la política educativa. En términos generales, los 9 objetivos y los 10 indicadores del programa presupuestario P001 “Diseño de la Política Educativa”, contenidos en la MIR 2016, fueron insuficientes para realizar una valoración completa del desempeño del programa en la atención del problema. Reducción del presupuesto asignado al programa “Diseño de la Política Educativa. Los recursos erogados por la SEP en 2016, en dicho programa ascendieron a 70.5 millones de pesos, inferiores en 71.8% (179.2 millones de pesos) a los 249.6 millones de pesos aprobados originalmente. El 5.3% (3.7 millones de pesos) lo ejerció la Subsecretaría de Educación Básica y el 94.7% (66.7 millones de pesos), la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, que son las responsables del diseño de la política de educación básica. Las reducciones aplicadas al presupuesto se destinaron al pago de: un contrato para brindar los servicios del Sistema de Información y Gestión Educativa; eventos educativos; impresión de libros de texto; impuestos sobre nómina, y arrendamiento de edificios y locales, energía eléctrica, y vigilancia. Consecuencias Sociales: Las deficiencias en el diseño de planeación, seguimiento, difusión y evaluación limitaron el avance en el cumplimiento del fin último de la política de educación básica, de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a los alumnos matriculados en el ciclo escolar 2015-2016, ya que, en primaria, el 40.9% de los evaluados en lenguaje y comunicación logró el nivel más bajo (nivel I), y en matemáticas, el 48.4%; en secundaria, el 26.1% de los alumnos evaluados en lenguaje y comunicación se ubicó en el grado más bajo (nivel I), y en matemáticas, el 48.3%. Respecto de la tasa de escolarización, en el ciclo 2015-2016, en preescolar, la media nacional fue de 72.5%; en primaria, fue superior al 100.0%, y en secundaria, la tasa se ubicó en 101.6%; 19 entidades federativas (59.4%) registraron

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coberturas de alumnos inscritos superiores al 100.0% y 13 (40.6%) no alcanzaron dicha tasa. La tasa de abandono escolar, en el ciclo escolar 2015-2016, en primaria, fue de 0.5%, superior en 0.1 puntos porcentuales que el 0.6% programado, pero, de las 32 entidades federativas, 10 (31.3%) no alcanzaron lo programado, y en secundaria, la tasa se ubicó en 4.2%, porcentaje superior en 0.8 puntos porcentuales al 5.0% previsto, aunque 8 entidades federativas (25.0%) no alcanzaron lo programado. Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el problema relativo a que el diseño de la política de educación básica se sustentaba en un proceso de planeación débil y en información insuficiente, lo cual propició un escaso seguimiento de la política educativa federal y una limitada comunicación del quehacer de la SEP, persistió, ya que no se dispuso de lineamientos para regular los procesos de planeación, seguimiento y evaluación en los que se establecieran los procedimientos y responsabilidades de cada unidad administrativa que participa en dichos procesos, y el Sistema de Información y Gestión Educativa, que tiene la finalidad de ofrecer al SEN información para la planeación, operación, administración y evaluación, aún no está concluido; lo anterior ha limitado la retroalimentación del diseño de la política, lo que incide en el marginal avance en la mejora de la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad de la educación básica. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 7 Recomendaciones al Desempeño. Educación Media Superior. Auditoría No. 141 Objetivo: Fiscalizar el diseño de la política de educación media superior para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Deficiencias en el proceso de la planeación de la política de educación media superior. La SEP contó con el Sistema para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE), que es una herramienta para la programación anual; sin embargo, careció de lineamientos en los que se definieran los procedimientos que debía realizar para cumplir con las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública de coordinar las actividades de planeación de la SEP, conforme a los objetivos, estrategias y prioridades establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, para los diversos tipos, niveles y modalidades de educación, así como para el sector educativo en su conjunto. Con la información disponible, no fue posible determinar en qué medida los programas presupuestarios contribuyeron al logro de los objetivos y metas; asimismo, la SEP no acreditó disponer de instrumentos para mejorar el proceso de planeación, que promueva el desarrollo del sistema educativo. Por su parte, la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa SIGED, de la SEP aún no cuenta con el “Modulo de Gestión Educativa” y el “Módulo Analítico”, ni con los plazos para su conclusión. Los módulos son necesarios para regular y proporcionar soluciones de

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automatización a las escuelas, así mismo, careció de un programa en el que se establezcan los plazos para su conclusión. El SIGED es una plataforma que contiene estadísticas, por entidad federativa y municipio, del número de alumnos, docentes y escuelas de educación media superior, del ciclo escolar 2006-2007 al 2015-2016. Insuficiente difusión de la información que contiene la plataforma del SIGED. La SEP, con base en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), publicó el documento denominado “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016”, el cual se difundió a las autoridades educativas federales y locales, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el propósito de presentar los datos estadísticos para apoyar las tareas de planeación, programación, evaluación y rendición de cuentas. Carencia de procedimiento para constatar cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Educación (PSE). En cuanto al seguimiento de la implementación del PSE, la SEP, por medio del SIPSE, registró y monitoreo los resultados de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados; además, integró y publicó el Informe de Logros del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, que presenta las principales actividades realizadas y los resultados obtenidos por objetivo sectorial, y hasta nivel de estrategia del programa Falta de indicadores para evaluar contribución en la mejora de los servicios de educación media superior. Se analizaron los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), registrados durante los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016, los cuales reflejan que, a 2016, no se observó un efecto del diseño de la política de educación media superior en el fortalecimiento de la calidad de la educación media superior, ya que, del ciclo 2014-2015 al 2015-2016, el porcentaje de alumnos en el nivel IV de logro académico, que representa el mayor nivel, en el área de comunicación y lenguaje, disminuyó en 3.2 puntos porcentuales, al pasar de 12.2% a 9.0%; en tanto que en el área de matemáticas, el porcentaje de alumnos en el nivel IV se mantuvo prácticamente constante, al pasar de 6.4% a 6.3%. Resultados no cumplen con las metas establecidas el ciclo escolar 2015-2016. La tasa de abandono escolar fue de 12.1%, 0.9 puntos porcentuales inferior al 11.2% programado. En ese ciclo, 8 entidades federativas (25.0%) cumplieron la meta establecida, mientras que 24 (75.0%), no la alcanzaron. De acuerdo con la proyección realizada por la SEP, para el ciclo 2017-2018, la tasa de abandono escolar se colocará en 11.4%, 2.4 puntos porcentuales inferior a la meta prevista de 9.0%; asimismo, para el indicador “tasa bruta de escolarización de educación media superior para los primeros cuatro deciles de ingreso monetario per cápita”, en el ciclo 2015-2016, la SEP reportó que el 69.5% de los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, pertenecientes a familias ubicadas en el decil I al IV de ingreso per cápita (2,517,397 de los 3,624,990 jóvenes), estuvieron matriculados, lo que significó un cumplimiento del 100.0% de lo programado; sin embargo la SEP, no acreditó disponer de la información para sustentar lo reportado. Si bien en el diseño de la política se incluyeron indicadores para medir la inclusión y la equidad educativa, éstos no son suficientes, ya que no permiten valorar en qué medida se está dando trato igual,

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en cuanto al acceso, permanencia, aprendizaje y éxito en el sistema educativo para todos, sin distinción alguna. Insuficiencia de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa “Diseño de la Política Educativa”. Si bien en el árbol del problema se incluyen algunas de las causas y efectos del problema central, definido como “el diseño de la política educativa se sustenta en procesos de planeación débiles y en información insuficiente”, no aborda todas las variables que intervienen en el problema, tales como la falta de un sistema para la planeación, que permita visualizar la implementación de la política educativa y medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y de la programación sectorial, así como de los programas presupuestarios; de un sistema único que concentre la información del Sistema Educativo Nacional (SEN), para la toma de decisiones, y de una evaluación del sistema, que retroalimente el diseño de la política educativa. Consecuencias Sociales : Las deficiencias en el diseño de la política de educación media superior, en los procesos de planeación, seguimiento, difusión y evaluación, limitaron el avance en el cumplimiento del fin último de la política, de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a los 4,985,080 alumnos de ese nivel educativo, matriculados en el ciclo escolar 2015-2016, lo que se reflejó en que, del ciclo 2014-2015 al 2015-2016, el porcentaje de alumnos en el nivel IV de logro académico, que representa el mayor nivel, en el área de comunicación y lenguaje, disminuyó en 3.2 puntos porcentuales; en tanto que, en el área de matemáticas, el porcentaje de alumnos en el nivel IV se mantuvo prácticamente constante, al pasar de 6.4% a 6.3%; para el ciclo escolar 2015-2016, la tasa de escolarización de educación media superior fue de 74.2%, dos puntos porcentuales más que la meta establecida de 72.2%, donde 19 entidades federativas (59.4%) superaron la meta prevista y 13 (40.6%), no la alcanzaron, y la tasa de abandono escolar fue de 12.1%, 0.9 puntos porcentuales, inferior al 11.2% programado. Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2016, el problema relativo a que el diseño de la política de educación media superior se sustentaba en un proceso de planeación débil y en información insuficiente, lo cual propició un escaso seguimiento de la política educativa federal y una limitada comunicación del quehacer de la SEP, persistió, ya que no se dispuso de lineamientos para regular los procesos de planeación, seguimiento y evaluación, en los que se establecieran los procedimientos y responsabilidades de cada unidad administrativa que participa en dichos procesos, y el Sistema de Información y Gestión Educativa, que tiene la finalidad de ofrecer al SEN información para la planeación, operación, administración y evaluación, aún no está concluido; lo anterior ha limitado la retroalimentación del diseño de la política, lo que incide en el marginal avance en la mejora de la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad de la educación media superior. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 11 Recomendaciones al Desempeño.

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Secretaría de Educación Pública. “Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Modalidad Tecnológica y Modalidad Universitaria”. Auditoría Horizontal. Dos auditorías de Desempeño, No. 146 y 147. Educación Tecnológica. Auditoría No. 146 Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a fortalecer e instrumentar los programas educativos en las Instituciones Públicas de Educación Superior de la modalidad tecnológica. Reducción de recursos en programa educativo sin justificación. La SEP no acreditó las causas de que los recursos del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” de 2016 se redujeron en 84.4 millones de pesos; el monto señalado es inferior en 28.4% al aprobado en el PEF (296.9 millones de pesos), lo que representó que se otorgaran el 36.9% de los subsidios que fueron solicitados por las instituciones, y significó 29.8 puntos porcentuales menos de la meta programada de 66.7%. En las reglas de operación del programa, la dependencia no incluyó la cuantificación de la población potencial, la temporalidad del otorgamiento de subsidios para los proyectos a apoyar, ni el mecanismo para procurar que los recursos fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que exigía la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Deficiencias de control en la verificación del proceso de evaluación para el otorgamiento de subsidios. En 8 de las 109 universidades apoyadas, les asignó recursos por 6.6 millones de pesos, sin cumplir los criterios de asignación de las reglas de operación; no analizó 20 de los 108 informes financieros disponibles, ni aseguró la entrega de uno de ellos, y no definió metas para los indicadores académicos de los PE que lograron o conservaron la acreditación de su calidad y su matrícula asociada, ni realizó el seguimiento para validar el grado de avance y la consistencia de los datos. Incumplimiento de metas en la calidad de Programas Educativos (PE). La población potencial de las Instituciones de Educación Superior (IES) y sus programas educativos fue de 177 instituciones con 2,083 PE; la población objetivo de 157 IES con 2,011 PE, y la SEP benefició a 109 IES con 1,470 PE. En ese año, las IES contaron con la acreditación de la calidad de 413 PE, el 26.2% de los 1,575 PE evaluables, resultado inferior en 13.6 puntos porcentuales que la meta programada de 39.8%, lo que representó el 20.5% de los 2,011 PE totales. De igual manera, se constató que la SEP no acreditó contar con un registro útil y oportuno, de manera desagregada de los PE ni de los de los que lograron o conservaron su calidad en ese año, ni sobre la relación del número de PE acreditados con los proyectos que recibieron subsidios. Falta de elementos en reglas de operación. La SEP no incluyó en las reglas de operación del programa, la cuantificación de la población potencial, la temporalidad del otorgamiento de subsidios. Lo anterior para los proyectos a apoyar, ni el mecanismo para procurar que los

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recursos fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que exigía la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Deficiencias de control en la verificación del proceso de evaluación. Para el otorgamiento de los subsidios en 8 de las 109 universidades apoyadas, se asignaron recursos por 6.8 millones de pesos sin cumplir los criterios de asignación de las reglas de operación; la SEP no analizó 20 de los 108 informes financieros disponibles, ni aseguró la entrega de uno de ellos, y no definió metas para los indicadores académicos de los PE que lograron o conservaron la acreditación de su calidad y su matrícula asociada, ni realizó el seguimiento para validar el grado de avance y la consistencia de los datos. Debilidades en el control interno del programa “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. En materia de administración de riesgos la SEP no acreditó contar con un mecanismo que permitiera identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos durante 2016; para las actividades de control, se determinaron deficiencias en sus mecanismos de seguimiento, evaluación, validación y control para verificar que los recursos se destinaran a los proyectos aprobados a las universidades y realizar el análisis de los informes financieros y comprometer metas para los indicadores académicos y, en lo correspondiente con la información y comunicación, se determinó que su sistema mostró deficiencias para que en sus registros se identificaran, de manera desagregada, los programas educativos que lograron o conservaron la acreditación de la calidad, y no evidenció la reducción presupuestal que afectó el cumplimiento de meta de recursos otorgados a la IES y de la falta de acreditación de programas educativos en las universidades apoyadas. Incumplimiento de las disposiciones de las reglas de operación de los informes académicos y financieros. Se detectó la falta de cumplimiento de las reglas de operación para validar el grado de avance del ejercicio de los recursos y la consistencia de los datos de los indicadores académicos establecidos en el convenio de apoyo signado. Por su parte, la SEP analizó 88 de los 109 informes financieros correspondientes al primer trimestre, (80.7%), por lo que no acreditó el análisis de 20 de ellos, y el de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala no fue remitido. De las irregularidades detectadas por la dependencia, mediante el análisis de dichos informes, se constató que 23 IES no abrieron la cuenta para el manejo de los recursos en el tiempo establecido en las Reglas de Operación del Programa. Para el segundo trimestre, de las 86 IES que continuaban en el programa, la SEP realizó el análisis de 83 (96.5%), de cuyos resultados se determinaron irregularidades en 8 informes, debido a que no abrieron la cuenta para el manejo de los recursos en el tiempo establecido o no destinaron los recursos para los fines autorizados, por lo que la SEP emitió observaciones a las IES, informó su baja del programa y solicitó el reintegro del presupuesto, sin asegurarse que las universidades hicieran la devolución. Ausencia de metas sobre indicadores de los informes trimestrales sobre el cumplimiento académico. La ASF constató que el ente auditado no contó con metas sobre los indicadores de los informes trimestrales de los siguientes programas: “Programas Educativos que alcanzarán

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el nivel 1 del CIEES”, “Programas Educativos que serán acreditados por COPAES”, “Programas Educativos de calidad respecto de la oferta educativa evaluable” y “Matrícula atendida en Programas Educativos de calidad”, lo que impidió que llevara a cabo el seguimiento para identificar el avance en el logro o conservación de la acreditación de los PE y su matrícula asociada. Consecuencias Sociales: En 2016, el 79.5% del total de los PE (1,598 de los 2,011 programas educativos de las 157 IES que conformaron la población objetivo del programa) carecieron de personal académico, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados y procesos administrativos reconocidos por su calidad, lo que significó que el 67.6% (220.6 de los 326.3 miles de alumnos) de los jóvenes matriculados en la modalidad tecnológica no tuvieron la posibilidad de estudiar en programas educativos de calidad. Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016 persistió el problema público que sustentó la operación del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en la modalidad tecnológica, ya que los recursos del programa se redujeron en 84.4 millones de pesos, monto inferior en 28.4% al aprobado en el PEF (296.9 millones de pesos), por lo cual se otorgó el 36.9% del monto solicitado por las instituciones, 29.8 puntos porcentuales menor que la meta programada de 66.7%, y ello motivó que las 109 IES beneficiadas no hayan conseguido fortalecer e instrumentar el 79.5% de los 2,011 programas educativos de licenciatura y Técnico Superior Universitario mediante la acreditación de los organismos avalados por la SEP. La dependencia mostró deficiencias de operación y carencias de información para conocer los PE que lograron o conservaron la acreditación de su calidad; controlar que el otorgamiento de subsidios se cumpliera con los criterios de asignación y la falta de seguimiento financiero y académico. Por lo anterior, en las Instituciones de Educación Superior Públicas prevaleció la falta de validación de la calidad en el personal académico, la infraestructura, el plan de estudios, las actividades académicas, los resultados y los procesos administrativos, lo que repercutió en que el 67.6% (220.6 miles de alumnos) de los 326.3 miles de jóvenes matriculados en la modalidad tecnológica continuaran sin adquirir las habilidades y competencias necesarias. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 11 Recomendaciones al Desempeño. Educación Universitaria. Auditoría No. 147 Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a fortalecer e instrumentar los programas educativos en las Instituciones Públicas de Educación Superior de la modalidad universitaria. Incumplimiento de la meta presupuestaria de apoyo a las Instituciones de Educación Superior (IPES). Si bien se otorgaron 1 mil 539.1 millones de pesos en forma de subsidios, ello representó el 44.0% respecto de los 3 mil 500.0 millones de pesos establecidos como meta del indicador “Porcentaje de apoyos financieros otorgados a Instituciones de Educación Superior Públicas respecto del monto solicitado por las Instituciones en el año t”, lo que significó 32.8 puntos porcentuales menor que lo programado de 76.8%. Lo anterior, se debió al ajuste presupuestal

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de 1 mil 241.7 millones de pesos, monto inferior en 55.3% al aprobado en el PEF (2 mil 780.1 millones de pesos), por las transferencias realizadas de la partida 43401 “Subsidios a la prestación de servicios” Tipo de Gasto (TG) 1 a la misma en TG 7; no obstante, sólo justificó 41.7 millones de pesos. Inobservancia de metas del programa “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. Si bien se comprobó que se benefició a 58 IES (93.5% de la población objetivo de 62 IES) que contaron con la acreditación de la calidad de 1,695 PE, lo que significó el 67.8% de la meta establecida de 2,499 PE acreditados para su indicador “Porcentaje de programas educativos de las Instituciones de Educación Superior Públicas, que logran o conservan la calidad avalada por organismos evaluadores y acreditadores reconocidos por la SEP”; el resultado fue inferior en 3.5 puntos porcentuales que la meta de 71.3% prevista para ese año. Los 1,695 PE acreditados significaron el 72.0% de los 2,366 programas evaluables (PE susceptibles al reconocimiento por su calidad) y el 51.6% (1,695) de los 3,287 PE de la modalidad universitaria, lo que implicó que se atendiera al 75.6% de la matrícula (848.5 de los 1,121.9 alumnos inscritos) en los PE acreditados de la modalidad. Asimismo, se constató que en el 19.4% (12) de las IES no tuvieron PE acreditados, lo que significó que el 24.4% (273.4 de los 1,121.9 miles de alumnos) de los jóvenes matriculados en la modalidad universitaria no tuvieron la posibilidad de estudiar en programas educativos de calidad. Falta de elementos para la acreditación en el otorgamiento de subsidios. La SEP no cuantificó a la población potencial que presentó el problema o necesidad que justifica la operación del programa. En este sentido tampoco se previó la temporalidad del otorgamiento del subsidio, ni estableció medidas para procurar que los apoyos del programa fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas. En 2016, el diseño del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” de la SEP, presentó deficiencias relacionadas con el cumplimiento de la normativa en materia de subsidios. Aun cuando en las Reglas de Operación se incluyeron los criterios de equidad, transparencia, publicidad y selectividad para identificar la población objetivo; se establecieron los montos máximos por beneficiario; señalaron la distribución, operación y administración de los recursos con equidad para todos los grupos sociales y géneros; implementaron mecanismos para garantizar que los recursos se canalizarán exclusivamente a la población objetivo; propusieron mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; precisaron las condiciones para buscar fuentes alternativas de ingresos para la autosuficiencia; determinaron las acciones para asegurar la coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos de administración, así como para contar con reportes sobre el presupuesto ejercido por medio de informes trimestrales. Por otro lado, la SEP no incluyó en las reglas de operación del programa, la cuantificación de la población potencial, ni la temporalidad del otorgamiento de subsidios para los proyectos a apoyar; tampoco incluyó el mecanismo para procurar que los recursos fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que exigía la Ley Federal de Hacendaria Presupuesto y Responsabilidad.

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Sistema de seguimiento no cumple con los criterios de utilidad y oportunidad. La ASF constató que la SEP presentó deficiencias en el establecimiento de metas para el seguimiento de los indicadores académicos reportados por las Instituciones de Educación Superior (IES), y sobre el avance de los mismos; lo que no permitió vincular los indicadores con el objetivo específico del programa y limitó la verificación del cumplimiento de las metas institucionales con el uso eficiente de los recursos. En la operación del programa, la dependencia cumplió en 88.5% (561 proyectos) la meta reprogramada de 634 proyectos para el indicador “Porcentaje de proyectos evaluados favorablemente para fortalecer la educación superior respecto del total de proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año”, por lo que superó en 5.9 puntos porcentuales la meta de 82.6%. Ausencia de registro oportuno de los Programas Educativos (PE). No se tuvo un registro sobre la relación del número de PE acreditados con los proyectos para mejora de la gestión institucional que recibieron subsidios. En 2016, la SEP estableció 62 IES de la población potencial de la modalidad universitaria y el mismo número de IES en la población objetivo que contaron con 3,287 PE, de las cuales benefició a 58 IES. En ese año, las IES acreditaron la calidad de 1,695 PE, el 72.0% de los 2,366 PE evaluables, resultado inferior en 3.5 puntos porcentuales que la meta programada de 71.3% para el indicador de 2,499 programas educativos. Debilidades en el control interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2016. La SEP no proporcionó una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos del programa S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en el 37.1% (13) de los 35 aspectos revisados, lo que revela que no ha adoptado y adaptado las mejores prácticas en materia de control interno. Falta de mecanismos de evaluación del control interno. En la evaluación del entorno de control, de los 10 aspectos revisados, la SEP no acreditó el 10.0% (1) de los componentes evaluados, ya que no contó con un mecanismo para evaluar el control interno, debido a que la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización, encargada de dichas actividades, desapareció de la estructura orgánica de la SEP; en el de “Administración de riesgos” no refirió el 33.3% (1) de 3, pues no envío la documentación comprobatoria de la solicitud para la integración de la Matriz de Riesgos para el ejercicio fiscal 2016. Consecuencias Sociales: En 2016, la SEP solo acreditó la calidad del 51.6% (1,695) de los 3,287 PE en 62 Instituciones de Educación Superior Públicas de la modalidad universitaria que conformaron la población objetivo del programa, mientras que el 48.4% del total (1,592) de los PE carecieron de personal académico, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados y procesos administrativos reconocidos por su calidad, lo que significó que el 75.6% (848.5 miles de alumnos de los 1,121.9 de los alumnos inscritos) de los jóvenes matriculados en la modalidad universitaria no tuvieran la posibilidad de estudiar en programas educativos que acreditarán su calidad.

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Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016 persistió el problema público que sustentó la operación del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en la modalidad universitaria, ya que los recursos del programa se redujeron en 1,241.7 millones de pesos, monto inferior en 55.3% al aprobado en el PEF (2,780.8 millones de pesos), por lo cual se otorgó el 44.0% de los subsidios que fueron solicitados por las IES, 32.8 puntos porcentuales menos que la meta programada de 76.8%, lo que motivó que las 58 IES beneficiadas no hayan conseguido fortalecer e instrumentar el 48.4% (1,592 PE) de los programas educativos de licenciatura, Profesional Asociado y Técnico Superior Universitario mediante la acreditación de los organismos avalados por la SEP. La dependencia mostró deficiencias de operación y carencias de información para conocer los PE que lograron o conservaron su calidad, por lo que desconoció en qué medida el otorgamiento de subsidios a 561 proyectos para mejora de la gestión institucional apoyados contribuyó a que 58 IES contaran con 1,695 programas educativos acreditados. Por lo anterior, en las Instituciones de Educación Superior Públicas prevaleció la falta de validación de la calidad en el personal académico, la infraestructura, el plan de estudios, las actividades académicas, los resultados y los procesos administrativos, lo que repercutió en que el 24.4% (273.4 miles de alumnos) de los 1,121.9 miles de jóvenes matriculados en la modalidad universitaria continuaran en PE que no se encuentran acreditados por su calidad. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 9 Recomendaciones al Desempeño. Secretaría de Educación Pública. “Inclusión y Equidad Educativa”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 148-DS. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S244 Programa para la Inclusión y Equidad Educativa se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Deficiencias de control en Educación Básica. En el nivel de Educación Básica se identificaron deficiencias de control derivadas de la falta de acciones de seguimiento y supervisión del ejercicio de los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. Falta de acreditación de transferencias a las Autoridades Educativas Locales. La entidad auditada no proporcionó los recibos institucionales que acrediten la recepción de los recursos por 9 Autoridades Educativas Locales. La SEP no supervisó que las Autoridades Educativas Locales le proporcionaran en tiempo y forma las informaciones de la cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos, los recibos institucionales, los informes trimestrales técnico-pedagógico y físico-financiero, la Carta Compromiso Única para participar en el programa, su Programa Anual de Trabajo y la designación del Coordinador local del programa. Deficiencias de control en el nivel de educación superior. La Secretaría de Educación Pública no acreditó que las Instituciones Públicas de Educación Superior ejercieron o mantuvieron en sus cuentas bancarias el importe de 33.5 millones de pesos. La SEP no aportó la información relativa

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al cumplimiento de la misión y fines del programa, los ingresos, los rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos, el listado de beneficiarios y los estados de cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del programa. En la visita física realizada al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se identificaron bienes faltantes por 6.4 millones de pesos; penas convencionales que no se aplicaron al proveedor por el retraso en la entrega de bienes por 862.1 miles de pesos, y gastos sin comprobar por 250.5 miles de pesos, la compra de los mismos bienes se adjudicó de manera directa sin acreditar fundamentación y justificación correspondientes. Dictamen: Se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Recuperaciones Probables: 168.4 millones de pesos. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 22 (9 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 9 Pliegos de Observaciones). Secretaría de Educación Pública. “PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Educativo”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No.155-DS. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S072 "PROSPERA Programa de Inclusión Social", Componente Educativo, en el estado de Guanajuato, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Incumplimiento en la entrega de apoyos. Respecto de la diferencia de 5 beneficiarios por 4.1 miles de pesos, no se realizó la entrega de los apoyos, ya que las titulares de familia no se presentaron en el día y lugar establecidos para la entrega de los apoyos de acuerdo con los operativos; por lo anterior, el monto no entregado se clasifica como apoyo no entregado para posteriormente reutilizarlo. Para validar la entrega de los apoyos a los 1,058 beneficiarios por 925.6 miles de pesos, se visitó a la sucursal de BANSEFI número 326 ubicada en el municipio de León, Guanajuato (Institución liquidadora encargada de realizar la entrega de dichos apoyos) Formatos de divulgación desactualizados. Con la revisión en la delegación estatal en Guanajuato de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, se constató que la difusión de PROSPERA Programa de Inclusión Social se realizó por medio de folletos, flyers y dípticos, entre otros; bimestralmente se modificó el “Material de apoyo para responsables de atención y enlaces de fortalecimiento comunitario”, la “Carta descriptiva de las sesiones de orientación” y la “Guía para vocales” que se utilizan en las Mesas de Atención de la delegación estatal en Guanajuato encargadas de la entrega de los apoyos monetarios y de la orientación a los beneficiarios en los operativos. Dictamen: Se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y la Coordinación Nacional de PPROSPERA Programa

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de Inclusión Social cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 Recomendación. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. “Impulso al Desarrollo de la Cultura”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 168-DS. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Deficiencias de control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) El Manual General de Organización y los manuales de Procedimientos Específicos del Instituto se encuentran desactualizados. Falta de acreditación del Programa Anual de Comunicación Social. Se constató el incumplimiento de los artículos 4, 13 y 16 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. Irregularidades en las contrataciones revisadas por falta de normatividad interna. La ASF determinó un probable daño al erario por 13.1 millones de pesos. De la cantidad mencionada 5.3 millones de pesos corresponden a servicios generales sin documentación justificativa y comprobatoria que acrediten su devengo; 1.4 millones de pesos corresponden a un donativo del que no se acreditó que la donataria mantuvo los recursos en una cuenta bancaria exclusiva, ni proporcionó la documentación comprobatoria respectiva y, finalmente, 6.4 millones de pesos que fueron ejercidos en cuotas y aportaciones a organismos internacionales, de los que el ente fiscalizado no acreditó la fundamentación para sustentar dichas erogaciones. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no presentaron en la Cuenta Pública la situación real de los recursos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal auditado al no registrar en el rubro de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores los importes devengados en 2016, lo que ocasionó que éstos se pagaran con recursos del ejercicio 2017. Carencia de normativa interna que regule las atribuciones del personal. La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores

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públicos que en su gestión adjudicaron de forma directa de 7 contratos, así como de un pedido sin sustentarlos con una investigación de mercado. Dictamen: Se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Recuperaciones Probables: 13.1 millones de pesos. Número de Observaciones: 29; Número de Acciones: 42 (14 Recomendaciones, 19 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 9 Pliegos de Observaciones). Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. “Rezago Educativo”. Auditoría de Desempeño, No. 174-DS. Objetivo: Fiscalizar la atención del rezago educativo en la educación básica y media superior para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Deficiencias en el diseño de la política dirigida a atender el rezago educativo en 2016. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) presentó deficiencias que afectaron su operación. Lo anterior con respecto a la promoción de los servicios que ofrece; la formación de figuras educativas; la cobertura de los servicios de alfabetización, primaria y secundaria; la disminución del rezago educativo en el nivel básico y en medio superior, y el ejercicio de los recursos. Por su parte, el ente fiscalizador constató que el INEA no cuantificó a la población objetivo que sería susceptible de atender en 2016, mediante los servicios de alfabetización, primaria y secundaria. Carencia de un diagnóstico nacional de las necesidades formación de figuras educativas. En 2016, el INEA proporcionó cursos de inducción, de formación inicial y continua a las figuras educativas; sin embargo, en 2016 sólo el 93.1% (15,203) de los 16,334 asesores de nuevo ingreso recibió formación inicial. La formación continua se proporciona a los asesores con más de un año de servicio; en 2016, se dio este tipo de formación al 43.1% (23,648) de los 54,865 asesores en esa condición, con lo cual se superó en 14.1 puntos porcentuales la meta de atender al 29.0% de éstos. Aumento del rezago educativo en la educación básica. Al 31 de diciembre de 2016, los indicadores del INEA mostraron que, de las 89, 483,784 personas de 15 años y más que había, 29, 318,212 (32.8%) se encontraban en rezago educativo, cantidad superior en 2.1 puntos porcentuales a la meta programada de 34.9%. De 2015 a 2016, únicamente se redujo el rezago en 1.3 puntos porcentuales. En el nivel medio superior, el INEA y la SEP carecieron de información del rezago educativo, debido a que hasta 2012 ese nivel no formaba parte de la educación obligatoria, por lo que las autoridades educativas no cuantificaban a esta población.

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Desvinculación del comportamiento del presupuesto destinado al rezago con respecto a la disminución del mismo. Si bien los recursos aumentaron, la reducción del rezago educativo mantuvo una tendencia constante. De 2002, año en que se implementó por primera vez el programa “Educación para Adultos”, a 2016, el presupuesto erogado se incrementó en 51 veces, al pasar de 59.9 millones de pesos a 3 mil 146.9 millones de pesos., si bien los recursos aumentaron, la reducción del rezago educativo mantuvo una tendencia constante. Deficiencias en la lógica horizontal de la MIR del INEA. Se detectó que el indicador “tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior” fue inadecuado, ya que, si bien mide la escolarización de educación media superior y superior, el rango de edad establecido es la edad normativa para cursar estos niveles, por lo que no corresponde a la población en rezago educativo, ni tiene relación directa con el rezago en la educación básica y media superior, y en el nivel componente, el indicador “porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación” no fue adecuado, debido a que presentó inconsistencias con el objetivo definido, ya que los círculos de estudio no se incluyeron en el objetivo, únicamente se señaló a las plazas comunitarias. Consecuencias Sociales: En 2016, en el ámbito nacional, se alfabetizó al 5.6% de las 4,749,057 personas de 15 años y más analfabetas; concluyó la primaria el 8.8% de las 9,468,442 personas de 15 años y más que no tenían ese nivel educativo, y terminó la secundaria el 6.3% de las 16,113,744 personas de 15 años y más que no contaban con esos estudios; sin embargo, de 2015 a 2016, únicamente se redujo el rezago en 1.3 puntos porcentuales, debido a que tan sólo durante el ciclo escolar 2015-2016 el sistema escolarizado del Sistema Educativo Nacional arrojó a 397,661 alumnos que no concluyeron satisfactoriamente sus estudios o que, aun concluyendo un nivel educativo, no continuaron en el siguiente. Dictamen: En opinión de la ASF, si bien de 2002 a 2016 el rezago educativo decreció en 2.8% en promedio anual, al pasar de 48.9% a 32.8%, éste no disminuirá consistentemente en el mediano plazo, debido, principalmente, a que el Sistema Educativo Nacional aún no ha logrado evitar que cada año se incremente el número de personas que abandona sus estudios (en el ciclo escolar 2015-2016, el número de jóvenes que se incorporaron al rezago educativo ascendió a 397,661). Lo anterior, evidencia la necesidad de atender el rezago desde sus dos vertientes: la producción del fenómeno y su acumulación, lo que implica el fortalecimiento de los programas dirigidos a mejorar las condiciones de acceso, permanencia y conclusión entre los distintos niveles que integran la educación básica y media superior. En consecuencia, el INEA carece de la capacidad operativa y financiera para reducir, por sí solo, el rezago educativo, por lo que su atención seguirá siendo marginal; más aún, si se considera que el tamaño del reto que enfrenta, una población potencial de 29, 318,212 personas al 31 de diciembre de 2016, superior a la población que se encontraba matriculada en el sistema escolarizado, de 25, 897,630 alumnos. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 10 Recomendaciones.

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— Salud La ASF practicó 7 Auditorías al Desempeño bajo un enfoque horizontal a 7 diversos institutos de salud (Instituto de Cancerología; Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas; Instituto Nacional de Geriatría; Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional de salud Pública) con el objetivo de fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas oncológicos (DS-225), los padecimientos de la población en materia de salud cardiovascular (DS-226), los padecimientos de la población en materia de salud respiratoria (DS-227), los padecimientos de la población adulta mayor(DS-228), los problemas de nutrición (DS-229), los padecimientos de la población infantil (DS-230) y la realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública que contribuyó a resolver los problemas de salud pública (DS-231); por lo que respecta a sus principales hallazgos y observaciones-acciones determinadas por la ASF, a continuación se destacan las siguientes: Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 225. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas oncológicos. Posible incumplimiento en la producción de investigaciones. Con base en los resultados de la auditoría, la ASF señaló que el INCAN no acreditó, que se incrementó la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes, en 2016, debido a que, aun cuando contó con 56 investigaciones, no justificó la disminución del 26.3% respecto de las 76 realizadas en 2015, además de no contar con un indicador y meta para programar su realización. Elaboración de investigaciones sin vinculación con sus objetivos. El INCAN tampoco acreditó la vinculación de las investigaciones con los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes, ni con las líneas de investigación definidas; asimismo, se pudo verificar que del 55.4% (31) de las investigaciones producidas (56) en el año de revisión, el Instituto no evidenció el estatus y el área de investigación a la cual fueron dirigidas, ni demostró la clasificación de las investigaciones en básica o aplicada, situación que demostró que no atendió la causa señalada en el árbol del problema relativa a la baja producción de investigación científica y tecnológica, ya que tampoco dispuso de mecanismos apropiados para la integración y resguardo de información clara y confiable. Los resultados precisan, que pese a que durante el transcurso de la auditoría la ASF instruyó acciones de control que buscaban desarrollar una base de datos en la cual se registrarían las investigaciones, así como su vinculación con el tema a contribuir y la línea de investigación a desarrollar, además de un programa para llevar el registro del estatus y área de investigación a la cual están dirigidas las investigaciones, así como, la clasificación de éstas en básica o

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aplicada; al respecto, no se acreditó la programación de un indicador y metas para medir el número de investigaciones a realizar durante el año fiscal, por lo que persistió esta última observación. Inconsistencia de los registros de publicación vs publicaciones acreditadas. La ASF determino que el INCAN, para 2016, contó con el registro de la publicación de 141 artículos científicos mediante libros y revistas, pero no acreditó que la información publicada se relacionara con los resultados de las investigaciones realizadas en ese año o en ejercicios anteriores; cabe señalar que a pesar de la existencia del indicador “Porcentaje de artículos científicos publicados”, donde el instituto reportó en la Cuenta Pública 2016, la publicación de 120 artículos científicos de alto impacto en revistas de los niveles III al VII, y 132 artículos en revistas de los niveles I y II; el Instituto no acreditó haber programado una meta, por lo cual el INCAN desconoció en qué medida se cumplió con la publicación de los resultados de las investigaciones. Difusión de resultados a entes y sujetos distintos a los considerados como objetivo. Por lo que respecta a la difusión de los resultados de las investigaciones realizadas por el INCAN, esta se llevó a cabo mediante 20 actividades en foros de diversas organizaciones para la comunidad científica, pero no acreditó que ello se correspondió con los resultados de las 56 investigaciones realizadas en ese año o las de años anteriores, y tampoco comprobó que fueron dirigidos a la sociedad, como se estableció en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Además, no acreditó la programación de un indicador y las metas para medir las actividades de difusión a la comunidad científica y a la sociedad en general. Investigaciones que no contribuyen a mejorar la salud de la población objetivo. Sobre las 56 investigaciones, la ASF señaló que la institución no acreditó cómo éstas tuvieron una aplicación para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento del cáncer y la rehabilitación de los pacientes, ni de la promoción de medidas de salud en la materia, en atención a los que establece la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por lo cual se desconoce, en qué medida los resultados de las investigaciones contribuyeron a mejorar la salud de la población y a la toma de decisiones en el sector. Incremento de recursos que no reflejan un mejor uso de los mismos. Por lo que respecta a la suficiencia presupuestaria en el desarrollo de investigación científica y tecnológica, al INCAN le fueron autorizados 65.4 millones de pesos, en el PEF para operar el Pp E022, los cuales fueron modificados a 67.2 millones de pesos lo que significó un incremento de 2.7% (1.7 millones de pesos); sin embargo, el instituto no acreditó el aumento en los recursos mediante las adecuaciones presupuestarias correspondientes, ni las cuentas por liquidar certificadas con las cuales ejerció el presupuesto, como se establece en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Determinación de objetivos e indicadores insuficientes. Por lo que respecta al diseño de la MIR, la ASF determinó que los objetivos e indicadores establecidos en la MIR del Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” fueron insuficientes para medir la contribución del programa en la atención del problema público, así como las causas que lo

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justifican, ya que el fenómeno problemático definido en el árbol del problema referente a la “insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población” no es claro ni concreto, ya que en el diagnóstico para su determinación no se cuantificó la insuficiencia de esas investigaciones; además, la causa “insuficientes investigaciones sobre prioridades en salud” es similar a lo establecido en el fenómeno problemático y el efecto “diagnósticos poco precisos sobre enfermedades emergentes” es determinado como una causa en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018, por lo que resultan inconsistentes. En la lógica vertical, el objetivo de Propósito no permitió identificar la contribución del programa a la atención del problema público, ya que no definió el resultado directo que se espera lograr con las investigaciones científicas, referente a su vinculación con los problemas de salud de la población. En la lógica horizontal, los indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Componente fueron insuficientes para valorar el desempeño del programa y conocer su impacto social; en los de nivel Fin, no se midió la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad; en los de nivel Propósito, no se evaluó la calidad de las investigaciones; en los de Componente, cuatro de los seis indicadores no permitieron medir el cumplimiento del objetivo propuesto, puesto que el objetivo no especificó los productos o servicios de la política institucional para impulsar la investigación científica, además su frecuencia (anual) fue incorrecta, puesto que este tipo de indicadores deben evaluarse al menos de forma semestral; en los de nivel Actividad los indicadores se corresponden directamente con cada uno de sus objetivos; sin embargo, su frecuencia (semestral y anual) fue incorrecta, ya que para este tipo de indicadores la periodicidad máxima de medición debe ser trimestral. Consecuencias Sociales. En 2016, el INCAN realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos susceptibles de padecer esta enfermedad; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos problemas y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen. En opinión de la ASF, en 2016, el INCAN desarrolló 56 investigaciones en su área de conocimiento sin poder acreditar el avance en la atención del problema público, ya que el Instituto no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes de salud en materia de cáncer; por lo que toca a la publicación y difusión la entidad fiscalizada no pudo demostrar que estas estuvieran relacionadas con los temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que permitiera demostrar que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, así como la rehabilitación de los pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector.

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Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 8 (RD). Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCICH). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 226. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población en materia de salud cardiovascular. Posible incumplimiento en la producción de investigaciones. La ASF determinó que de la revisión practicada a la Producción de Investigaciones Vinculadas con los Padecimientos Cardiovasculares Prioritarios y Emergentes, el INCICH no acreditó que, para 2016, incrementó la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos cardiovasculares prioritarios y emergentes, debido a que aun cuando desarrolló 169 investigaciones, no justificó la disminución del 1.2% respecto de las 171 realizadas en 2015, tampoco contó con un indicador ni meta para programar su realización. Elaboración de investigaciones sin vinculación con sus objetivos. Respecto de la difusión de los resultados de las investigaciones, se observó que el INCICH sólo acreditó 5 (2.6%) de esas intervenciones realizadas. Tampoco comprobó que esas difusiones correspondieron a los resultados de las investigaciones desarrolladas en ese año o en ejercicios anteriores y si estas fueron dirigidas a la comunidad científica y a la sociedad, como se estableció en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Además, el instituto no acreditó que contó con indicadores y metas que midieran la difusión de los resultados de las investigaciones. Determinación de objetivos e indicadores insuficientes. Por lo que respecta al diseño de la MIR, la ASF señala que los objetivos e indicadores establecidos en la MIR del Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” fueron insuficientes para medir la contribución del programa en la atención del problema público, así como las causas que lo justifican, ya que el fenómeno problemático definido en el árbol del problema referente a la “insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población” no es claro ni concreto, puesto que en el diagnóstico para su determinación no se cuantificó la insuficiencia de esas investigaciones; además, la causa “insuficientes investigaciones sobre prioridades en salud” es similar a lo establecido en el fenómeno problemático y el efecto “diagnósticos poco precisos sobre enfermedades emergentes” es determinado como una causa en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018, por lo que resultan inconsistentes. La ASF precisa que en la MIR no se realizó una adecuada alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, debido a que se vinculó al objetivo 4.1. “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”, ya que la finalidad del programa es realizar investigación científica y desarrollo tecnológico para asegurar la producción y el uso efectivo de los recursos en salud. En la lógica vertical, el objetivo de Propósito no permitió identificar la contribución del programa a la atención del problema público; Los objetivos de componente fueron insuficientes

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para cumplir los objetivos de Propósito y los de Actividad no tuvieron una relación con los de Componente. En la lógica horizontal, los indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Componente fueron insuficientes para valorar el desempeño del programa y conocer su impacto social; en los de nivel Fin, no se midió la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad; en los de nivel Propósito, no se evaluó la calidad de las investigaciones; en los de Componente, cuatro de los seis indicadores no permitieron medir el cumplimiento del objetivo propuesto, puesto que el objetivo no especificó los productos o servicios de la política institucional para impulsar la investigación científica, además su frecuencia (anual) fue incorrecta, puesto que este tipo de indicadores deben evaluarse al menos de forma semestral; en los de nivel Actividad los indicadores se corresponden directamente con cada uno de sus objetivos; sin embargo, su frecuencia (semestral y anual) fue incorrecta, ya que para este tipo de indicadores la periodicidad máxima de medición debe ser trimestral. Consecuencias Sociales. En 2016, el INCICH realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico vinculada con los padecimientos cardiovasculares prioritarios, pero no identificó los emergentes, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos 12/ susceptibles de padecer estas enfermedades, y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, el INCICH avanzó en la atención del problema público que debió atender, mediante el Pp E022, relativo a la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los padecimientos cardiovasculares prioritarios, ya que los identificó y comprobó que el 97.6% de las 169 investigaciones desarrolladas en ese año se vincularon con éstos, pero no precisó los temas por investigar respecto de los emergentes que, en su caso, pudieran suscitarse y constituir un problema de salud pública. Además, el instituto no justificó que las publicaciones y difusiones científicas realizadas se derivaron de los resultados de sus investigaciones, y careció de mecanismos de control que demostraran que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de los pacientes, y la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud cardiovascular de la población y a la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (RD). Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 227. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población en materia de salud respiratoria. Elaboración de investigaciones sin vinculación con sus objetivos. La ASF señaló que el INER para 2016, identificó los temas prioritarios en materia respiratoria con base en las 10 principales

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causas de morbilidad presentadas en el instituto7, pero no acreditó la vinculación de 4 de éstas con las 10 líneas temáticas amplias por investigar remitidas por el instituto a su H. Junta de Gobierno, ni su correspondencia con las 188 líneas específicas mediante las cuales desarrolló sus investigaciones en ese año. Tampoco demostró la identificación de temas emergentes por investigar, conforme a lo establecido en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018. Por lo que respecta a la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes, El INER desarrolló, para 2016, 407 investigaciones, 5.2% más que en el año anterior (387 investigaciones), conforme a las 188 líneas específicas de investigación identificadas en su base de datos; sin embargo, no acreditó contar con un indicador ni meta para programar su realización, ni la vinculación de esas líneas con los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes, tampoco con las 10 líneas temáticas amplias que el instituto reportó como “Programas de investigación”. Asimismo, en 2016, respecto del total de investigaciones desarrolladas por el INER, 9 (2.2%) fueron canceladas en el periodo de junio a diciembre del ejercicio fiscal, 283 (69.5%) quedaron en proceso y 115 (28.3%) se concluyeron. Al respecto, el instituto no demostró que contó con la normativa que regulara la cancelación de investigaciones, en incumplimiento a lo indicado en la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités en Investigación. Difusión de resultados a entes y sujetos distintos a los considerados como objetivo. En cuanto a la difusión de los resultados de las investigaciones, la ASF determinó que, con la revisión de la base de datos “Participación en actividades científicas” que contiene la relación de la difusión realizada por el instituto, en 2016, mediante congresos y eventos, y de su soporte documental consistente en los reconocimientos y programas de los eventos, se constató que la entidad fiscalizada no acreditó que esas difusiones se correspondieron con los resultados de las investigaciones desarrolladas en ese año o en ejercicios anteriores, ni si fueron dirigidas a la comunidad científica y a la sociedad, como se estableció en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Además, el instituto no acreditó que contó con indicadores y metas que midieran la difusión de los resultados de las investigaciones. Falta de controles presupuestales. En cuanto a su gestión financiera, el instituto no acreditó contar con un registro de la gestión financiera aplicada al proceso de cada investigación para determinar si los recursos presupuestarios asignados al Pp E022 fueron suficientes para realizar esa actividad, tal como lo identificó en su árbol del problema. Consecuencias Sociales. En 2016, el INER realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó los padecimientos respiratorios emergentes sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, no acreditó la correspondencia de

7 Para 2016, el INER consideró las principales causas de morbilidad registradas en el instituto en 2015, las cuales fueron: influenza (gripe) y neumonías; tumores malignos; enfermedades intersticiales primarias y secundarias; asma; enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); enfermedades pleurales; rinitis alérgica y obstructiva, tuberculosis, secuelas de tuberculosis y micobacteriosis; trastornos del sueño y SOH, y estenosis traqueal y laríngea.

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los temas prioritarios con las investigaciones realizadas, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos 8/ susceptibles de padecer estas enfermedades; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, el INER desarrolló 407 investigaciones en su área de conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas respiratorios prioritarios y emergentes, tampoco que las publicaciones y difusiones científicas realizadas se relacionaran con los resultados de los temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que demostrara que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico, y tratamiento de las enfermedades respiratorias, así como la rehabilitación de los pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma decisiones en el sector. Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 9 (RD). Instituto Nacional de Geriatría (INGER). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 228. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población adulta mayor. Elaboración de investigaciones sin vinculación o alcance con sus objetivos. De la revisión practicada al INGER, la ASF determinó que respecto de su producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de la población adulta mayor prioritarios y emergentes, la entidad no acreditó, para 2016, el incremento en la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de la población adulta mayor prioritarios y emergentes, debido a que registró por primera vez 11 investigaciones y 28 estuvieron en proceso, sin justificar la disminución del 47.6%, respecto de las 21 que inició en 2015; y tampoco dispuso de un indicador ni metas para programar su realización; además, no acreditó la vinculación de éstas con los padecimientos de salud de adultos mayores prioritarios y emergentes, ni con las líneas de investigación definidas, concluyendo la ASF que la entidad fiscalizada, no atendió la causa señalada en el árbol del problema relativa a la insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población, ni dispuso de mecanismos apropiados para la generación y resguardo de información clara y confiable. Además, se observó que el INGER canceló y suspendió 4 investigaciones en 2016 sin notificar al Comité de Ética de Investigación las razones por las cuales ya no se llevaron a cabo, ni el resumen de sus resultados; de igual forma, tampoco realizó un procedimiento para determinar la cancelación y suspensión de éstas, por lo que no dispuso de información clara, confiable y suficiente. Investigaciones que no contribuyen a mejorar la salud de la población objetivo. Por lo que toca a la contribución de las investigaciones científicas y tecnológicas para mejorar la salud de la población y para la toma de decisiones, la ASF determinó que para 2016, el INGER, inició 11

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investigaciones, pero no acreditó con evidencia documental cómo éstas tuvieron una aplicación para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento de los padecimientos de los adultos mayores y la rehabilitación de los pacientes, ni de la promoción de medidas de salud en la materia, como se señaló en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Por ello, desconoció si los resultados de las investigaciones contribuyeron a mejorar la salud de la población y a la toma de decisiones en el sector. Determinación de objetivos e indicadores insuficientes. En cuanto al diseño de la MIR, en 2016, la ASF determinó que los objetivos e indicadores establecidos en la MIR del Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” fueron insuficientes para medir la contribución del programa en la atención del problema público, así como las causas que lo justifican, ya que el fenómeno problemático definido en el árbol del problema referente a la “insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población” no es claro ni concreto, ya que en el diagnóstico para su determinación no se cuantificó la insuficiencia de esas investigaciones; además, la causa “insuficientes investigaciones sobre prioridades en salud” es similar a lo establecido en el fenómeno problemático y el efecto “diagnósticos poco precisos sobre enfermedades emergentes” es determinado como una causa en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018, por lo que resultan inconsistentes. Tampoco se realizó una adecuada alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, debido a que se vinculó al objetivo 4.1. “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”, ya que la finalidad del programa es realizar investigación científica y desarrollo tecnológico para asegurar la producción y el uso efectivo de los recursos en salud. En la lógica vertical, el objetivo de Propósito no permitió identificar la contribución del programa a la atención del problema público, ya que no definió el resultado directo que se espera lograr con las investigaciones científicas, referente a su vinculación con los problemas de salud de la población. En la lógica horizontal, los indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Componente fueron insuficientes para valorar el desempeño del programa y conocer su impacto social; en los de nivel Fin, no se midió la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad; en los de nivel de Propósito, no se evaluó la calidad de las investigaciones; en los de Componente, cuatro de los seis indicadores no permiten medir el cumplimiento del objetivo propuesto, puesto que el objetivo no especificó los productos o servicios de la política institucional para impulsar la investigación científica, además su frecuencia (anual) es incorrecta, puesto que este tipo de indicadores deben evaluarse al menos de forma semestral; en los de nivel Actividad los indicadores se corresponden directamente con cada uno de sus objetivos; sin embargo, su frecuencia (semestral y anual) fue incorrecta, ya que para este tipo de indicadores la periodicidad máxima de medición debe ser trimestral. Consecuencias Sociales. En 2016, el INGER realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó los padecimientos prioritarios y emergentes de salud sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, ni la vinculación de sus

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resultados con las necesidades de los 10 millones de mexicanos adultos mayores susceptibles de padecer alguna enfermedad; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de los problemas y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, el Instituto Nacional de Geriatría inició 11 investigaciones en su área de conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes en materia de salud de la población adulta mayor; y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que acreditara que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los adultos mayores, así como la rehabilitación de los pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 7 (RD). Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño. No. 229. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas de nutrición. Se requiere realizar investigaciones vinculadas con objetivos. De acuerdo con la ASF se pudo observar que el INCMNSZ respecto a su Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del Pp E022 de 2016, se pudo reconocer como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y que los recursos financieros destinados a la investigación son escasos. Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, el INCMNSZ identificó los temas prioritarios y emergentes en materia de nutrición, por lo que las 305 líneas de investigación que formuló para guiar la investigación estuvieron fundamentadas con base en esos temas. Se requiere realizar investigaciones vinculadas a la atención de problemas de salud específicos. Por lo que respecta a la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de nutrición prioritarios y emergentes, en 2016, el instituto realizó 305, 85 más que en 2015; sin embargo, sólo en 23 casos (7.5%), el instituto las vinculó con una línea de investigación y 25 grupos (58.1%), de los 43 registrados, guardaron correspondencia con los temas definidos. Inconsistencia entre las publicaciones acreditadas vs los resultados de investigaciones reportados. En la publicación y difusión de los resultados de las investigaciones científicas y de

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desarrollo tecnológico, en 2016, el INCMNSZ publicó 779 artículos, de los cuales 422 (54.2%) fueron artículos; 214 (27.5%) capítulos de libros; 127 (16.3%) tesis de los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y 16 (2.0%) libros editados, pero no acreditó que la información publicada se relacionara con los resultados de las investigaciones realizadas; asimismo, llevó a cabo 49 actividades de difusión en foros para la comunidad científica, con lo que efectuó 485 comunicaciones de los aspectos relevantes investigados y comprobó que la información publicada y difundida se dirigió a la sociedad en general, como se establece en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. No se cuenta con indicadores que evalúen el uso del presupuesto. En relación con la suficiencia presupuestaria, el INCMNSZ ejerció 248.2 millones de pesos en el Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”, cifra superior en 13.8% (30.0 millones de pesos) respecto del monto aprobado de 218.1 millones de pesos debido al pago del incremento salarial y la reubicación de plazas de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, así como por la adquisición de materiales y suministros para realizar las investigaciones; sin embargo, el instituto no contó con un parámetro para cuantificar la insuficiencia presupuestaria, identificada como una de las causas del fenómeno problemático del Pp E022. Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INCMNSZ contribuyó a atender el problema público relativo a la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, debido a que identificó la evolución de las enfermedades prioritarias que inciden en las principales causas de mortalidad y, estudió los problemas emergentes de salud para establecer 10 líneas de investigación estratégicas, de las cuales el 80.0% (8) se relacionaron con las principales causas de muerte en el país con las que vinculó sus proyectos de investigación; se emitieron 779 publicaciones científicas entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas, así como 49 eventos de difusión, mediante los cuales realizó 485 comunicaciones de los aspectos relevantes investigados y dispuso de la evidencia para acreditar que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como la rehabilitación de los pacientes, y la promoción de medidas para mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 0 Instituto Nacional de Pediatría (INP). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 230. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población infantil. Investigaciones que no se vinculan con la problemática de salud objetivo. De acuerdo con la ASF la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes realizadas por el INP no acreditaron el incremento en la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes en

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2016, debido a que aun cuando contó con 64 investigaciones, no justificó la disminución de 8.6% respecto de las 70 realizadas en 2015, tampoco especificó que tuviera un indicador ni metas para programar su realización, no acreditó la vinculación de éstas con los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes, ni con las líneas de investigación definidas; por lo que se considera que el INP no atendió la causa señalada en el árbol del problema relativa a la insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población, ni dispuso de mecanismos apropiados para la generación y resguardo de información clara y confiable. Además, la entidad fiscalizada en ese mismo año registró 64 investigaciones, de las cuales 56 pudieron ser vinculadas por el grupo auditor a 11 líneas de investigación mediante prueba supletoria y 8 no se encontraron dentro de las determinadas por el instituto, y la denominada “Medicina ambiental y adicciones” no se relacionó con ninguno de los estudios. Publicaciones que no acreditan su relación con el resultado de las investigaciones realizadas. En cuanto al rubro de la publicación de los resultados de las investigaciones, de los 286 artículos científicos mediante libros y revistas publicadas por el INP, no se acreditó que dicha información se relacionara con los resultados de las investigaciones realizadas en ese año o en ejercicios anteriores, como se ordenó en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, lo que evidencia que el instituto no contó con mecanismos apropiados para la generación y resguardo de información clara y confiable. Por lo que respecta a la difusión de los resultados de las investigaciones, pese a la difusión de los resultados de las investigaciones mediante 400 participaciones, a congresos, eventos, cursos, foros, reuniones, conferencias y seminarios; no se acreditó que ello se correspondió con los resultados de las investigaciones realizadas en ese año o en ejercicios anteriores y tampoco se comprobó que fueron dirigidos a la comunidad científica y a la sociedad, como se estableció en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Investigaciones que no contribuyen a mejorar la salud de la población objetivo. En cuanto a la Contribución De Las Investigaciones Científicas Y Tecnológicas Para Mejorar La Salud De La Población Y Para La Toma De Decisiones, para 2016, la ASF observó que el INP contó con 64 investigaciones, pero no acreditó con evidencia documental sobre cómo éstas tuvieron una aplicación para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento de los padecimientos de salud infantil y la rehabilitación de los pacientes, ni de la promoción de medidas de salud en la materia, como se señaló en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, situación que impidió conocer en qué medida los resultados de las investigaciones contribuyeron a mejorar la salud de la población y a la toma de decisiones en el sector. Insuficiencia de indicadores de desempeño. En cuanto al diseño de la MIR, la ASF preciso que en 2016, los objetivos e indicadores establecidos en Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” fueron insuficientes para medir la contribución del programa en la atención del problema público, así como las causas que lo justifican, ya que el fenómeno problemático definido en el árbol del problema referente a la “insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población” no es claro ni concreto, ya que en el diagnóstico para su determinación no se cuantificó la insuficiencia de esas investigaciones; además, la causa “insuficientes investigaciones sobre prioridades en salud” es similar a lo establecido en el fenómeno problemático y el efecto “diagnósticos poco precisos

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sobre enfermedades emergentes” es determinado como una causa en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018, por lo que resultan inconsistentes. Asimismo, el INP no realizó una adecuada alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, debido a que se vinculó al objetivo 4.1. “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”, ya que la finalidad del programa es realizar investigación científica y desarrollo tecnológico para asegurar la producción y el uso efectivo de los recursos en salud. En la lógica vertical, el objetivo de Propósito no permitió identificar la contribución del programa a la atención del problema público, ya que no definió el resultado directo que se espera lograr con las investigaciones científicas, referente a su vinculación con los problemas de salud de la población; sus objetivos de componente fueron insuficientes para cumplir los objetivos de Propósito y los de Actividad no tuvieron una relación con los de Componente. Además, no se integraron objetivos de Actividad para atender la causa que origina el problema público referente a diagnósticos poco precisos sobre enfermedades emergentes. En la lógica horizontal, los indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Componente fueron insuficientes para valorar el desempeño del programa y conocer su impacto social; en los de nivel de Fin, no se midió la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad; en los de nivel de Propósito, no se evaluó la calidad de las investigaciones; en los de Componente, cuatro de los seis indicadores no permitieron medir el cumplimiento del objetivo propuesto, puesto que el objetivo no especificó los productos o servicios de la política institucional para impulsar la investigación científica, además su frecuencia (anual) fue incorrecta, puesto que este tipo de indicadores deben evaluarse al menos de forma semestral; en los de nivel Actividad los indicadores se corresponden directamente con cada uno de sus objetivos; sin embargo, su frecuencia (semestral y anual) fue incorrecta, ya que para este tipo de indicadores la periodicidad máxima de medición debe ser trimestral. Controles presupuestales que no permiten medir los beneficios derivados de su aplicación. La ASF también determinó que, durante 2016, el instituto no evidenció contar con un registro de la gestión financiera aplicada al proceso de cada investigación para determinar si los recursos presupuestarios asignados al Pp E022 fueron suficientes para realizar esa actividad, tal como lo identificó en su árbol del problema. Además de no contar con mecanismos de control para clasificar los resultados de las 64 investigaciones desarrolladas, en 2016, en cuanto a los beneficios para la población en términos de comprender, prevenir, diagnosticar y tratar los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes, así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas de salud, a fin de contribuir a mejorarla y tomar decisiones en el sector, conforme a lo establecido en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en el PAEIS 2013-2018. Consecuencias Sociales. En 2016, el INP realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó los padecimientos prioritarios y emergentes de salud sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 39.2 millones de niños mexicanos susceptibles de padecer

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alguna enfermedad; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, el Instituto Nacional de Pediatría desarrolló 64 investigaciones en su área de conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes en materia de salud infantil; y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que acreditara que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infantiles, así como la rehabilitación de los pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 11 (RD). Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No.231. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica realizada por el INSP contribuyó a resolver los problemas de salud pública. Indicadores que no se vinculan con la problemática registrada. La ASF señala, que los resultados de la revisión practicada al INSP relativos a la identificación de temas prioritarios y emergentes en materia de salud pública, éstos indicaron que el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del Pp E022 de 2016, reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y la insuficiencia de recursos financieros. Para ello durante 2016, el INSP operó el Pp E022 con el objetivo de realizar investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, publicar y difundir sus resultados, y disponer de los recursos presupuestarios suficientes para su comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento, así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas para mejorar la salud de la población y la toma de decisiones. El instituto ejerció 428,642.5 miles de pesos en la operación del programa, lo que representó 27.7% más que los 335,788.6 miles de pesos asignados8. Al respecto, la ASF precisó que el INSP contó con un diagnóstico de mediano plazo en el que analizó la evolución de las enfermedades que inciden en las principales causas de mortalidad

8 En 2016, al Pp E022 se le aprobó un presupuesto de 2,057,098.3 miles de pesos, y fue operado por 25 unidades responsables: 12 institutos nacionales de salud, seis hospitales regionales de alta especialidad, cuatro hospitales generales, un centro de integración juvenil, uno de servicios de atención psiquiátrica y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

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en el país y que se corresponden con las identificadas como prioritarias en la planeación sectorial de mediano plazo. Asimismo, el instituto elaboró el “Diagnóstico de la Salud Pública en México” en el que analizó la situación actual de la salud pública, que se refiere a los problemas emergentes de salud, de conformidad con lo señalado en el PAEIS 2013-2018. La investigación científica y de desarrollo tecnológico que realizó, se agrupó en 20 Líneas de Investigación por Misión (LIM). Investigaciones vinculadas con la problemática. Respecto del incremento de la producción de investigaciones vinculadas con los problemas de salud pública, el instituto realizó 296 proyectos de investigación para 2016, 7 más que los 289 programados; del total de proyectos del instituto, 287 (97.0%) se correspondieron con las 20 LIM; asimismo, de las cinco LIM con mayor número de investigaciones, tres se vincularon con los problemas prioritarios en salud pública. Aceptable difusión de las investigaciones. En la publicación y difusión de los resultados de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, el instituto contó con 357 publicaciones, de las cuales 297 (83.2%) fueron artículos, para los que estableció cinco indicadores, en tres no se alcanzaron sus metas; 49 (13.7%) correspondieron a capítulos de libros, y 11 (3.1%) a libros. Además, participó en 457 eventos de difusión, relacionados con 16 de las 20 LIM, y realizó 18 reuniones de intercambio científico nacionales e internacionales, de las cuales cinco se vincularon con las LIM. Insuficiencia de Indicadores que permitan cuantificar el uso de recursos. En cuanto a la suficiencia presupuestal, el INSP ejerció 428.6 millones de pesos del Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”, cifra superior en 27.7% (92.8 millones de pesos) respecto del monto aprobado de 335.7 millones de pesos, debido a la contratación de personal para llevar a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2016) y la compra de reactivos insustituibles para desarrollar y estandarizar un sistema multiplex para el estudio de los virus de Chikungunya, Zika y Dengue; sin embargo, el instituto no contó con un parámetro para cuantificar la insuficiencia presupuestal, identificada como una de las causas del fenómeno problemático del Pp E022. Investigaciones que cumplen con sus objetivos. En 2016, de los 296 proyectos realizados por el INSP, 46 (15.5%) fueron investigaciones de tipo biomédica; 20 (6.8%), clínica; 214 (72.3%), sociomédica-epidemiológica, y 16 (5.4%), tecnológica, de conformidad con la clasificación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; los cuales contaron con beneficios asociados a la atención de 23 enfermedades, en las que destacan las del corazón, diabetes, tumores malignos y accidentes, identificadas como las principales causas de muerte en el país. Consecuencias Sociales. En 2016, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico vinculada con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, además de asociar sus resultados para contribuir a atender las enfermedades que afectan a los 119.5 millones de mexicanos susceptibles de presentar enfermedades y acreditó su contribución en la mejora de la atención de esos problemas, así como en la toma de decisiones del sector.

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Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INSP contribuyó a atender el problema público relativo a la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, debido a que identificó la evolución de las enfermedades prioritarias que inciden en las principales causas de mortalidad y, en su “Diagnóstico de la Salud Pública en México de 2016”, estudió los problemas emergentes de salud para establecer 17 (85.0%) de las 20 las líneas de investigación con las que vinculó sus proyectos de investigación; se emitieron 357 publicaciones científicas entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas, así como 457 eventos de difusión, y dispuso de la evidencia para acreditar que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como la rehabilitación de los pacientes, y la promoción de medidas para mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 0

— Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Programa 3x1 para Migrantes”. Auditoría de Desempeño, No. 262. Objetivo. Fiscalizar el Programa 3X1 para Migrantes para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Debilidades en el diseño del “Programa 3x1 para Migrantes” inhiben la participación de los migrantes en el apoyo a sus comunidades. La ASF considera que el diseño metodológico del programa inhibe la participación de los migrantes, debido a que los lineamientos no incluyen opciones para aquellos que pretendan participar de manera individual y no pertenezcan a algún club de migrantes, lo que se contrapone con el diseño normativo, que señala que la política de desarrollo social se sujetará al principio de participación social, entendido como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente, en la ejecución de los programas de desarrollo social. La ASF observó que los diseños: normativo, metodológico y de evaluación del programa, carecen de criterios para definir las características que deben cumplir las comunidades para considerarse desarrolladas, y en cuáles de esos criterios incide el programa; así como los parámetros para su medición, lo que no permite valorar en qué medida, mediante los proyectos apoyados, el programa impulsa el desarrollo comunitario de las localidades beneficiarias. SEDESOL no cuenta con mecanismos específicos que permitan evitar la presencia de duplicidades con otros programas. La ASF detectó que el programa no tiene una estrategia específica de coordinación interinstitucional, en la que establezca con qué programas del Gobierno Federal y con cuáles gobiernos estatales y municipales se puede coordinar para garantizar que el programa no se contraponga o se duplique. Además, no acreditó la vigencia

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de los acuerdos de coordinación con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, a fin de identificar y contactar a los clubes de migrantes. Deficiente promoción, difusión, supervisión e inspección del programa. En cuanto a la promoción y difusión del programa, la SEDESOL no acreditó que la Unidad de Microrregiones y las delegaciones lo promovieran y difundieran en 2016, e informaran de las medidas a realizar y las comunidades beneficiadas. Por lo que respecta al seguimiento de los proyectos apoyados, la SEDESOL no acreditó el establecimiento de clubes espejo; la programación y ejecución de visitas de supervisión, por la Unidad de Microrregiones (UMR); la supervisión e inspección de los proyectos, por parte de las delegaciones; los avances físico-financiero de los proyectos; la integración del cierre del ejercicio, y el acta de entrega-recepción o acta de certificación de acciones; instrumentos que debía utilizar de conformidad con las disposiciones normativas. Consecuencias Sociales. La ASF considera que debido a que la SEDESOL careció de criterios para definir las características que deben cumplir las comunidades para considerarse desarrolladas, y en cuáles de dichos criterios incide el programa, así como los parámetros para su medición, no se puede valorar en qué medida el programa (mediante los proyectos apoyados) impulsó el desarrollo comunitario de las localidades beneficiarias . Dictamen. La ASF opina que durante 2016 la SEDESOL, mediante el Programa 3x1 para Migrantes, no fortaleció la participación social de los clubes de migrantes, ya que en el periodo 2010-2016 el número de clubes apoyados disminuyó en 32.3%, al pasar de 881 a 596, mientras que el número de proyectos apoyados lo hizo en 12.0%, al pasar de 2 mil 469 a 2 mil 172. Número de Observaciones: 11; Número de Acciones: 30 (30 RD). Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Pensión para Adultos Mayores”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 261. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Pensión para Adultos Mayores, para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. El programa presenta irregularidades en materia de adecuación presupuestaria. La ASF detectó el reintegro de recursos extemporáneos por un importe de 555.0 miles de pesos; se aplicaron los gastos del Programa relacionados con mantenimiento y administración de cuentas bancarias del programa, servicio de incorporación al Sistema Financiero Nacional, ferias institucionales y talleres de capacitación de gestores, como apoyos del programa cuando, debido a su naturaleza del gasto, se trató gastos de operación; se omitió el registro oportuno de recursos ejercidos, lo que ocasionó que se registrara en el Estado del Ejercicio del Presupuesto un importe menor que al ejercido en la partida 43101 “Subsidios a la Producción” por 168.9 miles de pesos. SEDESOL sigue otorgando apoyos a beneficiarios que no cumplen con los requisitos de elegibilidad y sin tener sustento documental. La ASF comprobó que no se presentaron 39

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“Formatos de Aceptación del Beneficiario” por 19.7 miles de pesos; no se proporcionó el expediente de un beneficiario con la documentación que acredita que cumplió con los criterios y requisitos de elegibilidad para recibir los apoyos por 1.2 miles de pesos; no se constató la prueba de supervivencia de 77 beneficiarios por 758.6 miles de pesos; se realizaron pagos por reexpedición a 37 beneficiarios por 97.4 miles de pesos, correspondientes a bimestres de ejercicios anteriores, además se realizaron pagos de apoyos duplicados a 10 beneficiarios del Programa por 11.6 miles de pesos. Respecto al “Pago de Marcha” o servicios funerarios, se constató que 4 beneficiarios fallecidos no se registraron en el Padrón de Baja de Beneficiarios; se registró el fallecimiento de un beneficiario un año después de su deceso, en 2 casos no se contó con los “Acuses de Ficha de Atención de Ventanilla” o “Fichas de Atención”; en 85 casos no se contó con el documento de designación del beneficiario, en 42 casos no se contó con las identificaciones de los representantes de los beneficiarios y en 5 casos los registros de la fecha de defunción de los beneficiarios no corresponden con las asentadas en la base de datos; se realizaron cuatro pagos, en los que el nombre señalado en la identificación del representante del beneficiario no corresponde con el registrado en el sistema de captura de fichas de atención por 4.6 miles de pesos, además de que en 13 casos por 15.1 miles de pesos no se contó con la copia del acta de defunción y de 1 pago por 1.2 miles de pesos no se contó con la documentación justificativa del gasto. SEDESOL sigue manteniendo deficiencias en los padres de beneficiarios. En relación a la confronta del Padrón de Beneficiarios del Programa contra los padrones de beneficiarios de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos, la ASF constató que se pagaron apoyos a 112,817 beneficiarios del Programa que también recibieron pensiones de las entidades señaladas; es importante señalar que esta irregularidad ya había sido detectada y promovida por la ASF en la auditoría 229 de la Cuenta Pública 2014, en la cual promovió de igual forma una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Por otra parte, de la conciliación de la base de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores del ejercicio 2016 contra el registro de fallecimientos, se constató que se otorgaron apoyos a 8,637 beneficiarios por 23.5 millones de pesos, con fechas posteriores a la de defunción según lo registrado en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados anteriormente. Número de Observaciones: 19; Número de Acciones: 37 (19 R; 11 PRAS y 7 PO). Recuperaciones determinadas: 24.6 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 24.6 millones de pesos.

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Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). “Programa de Coinversión Social”. Auditoría de Desempeño, No. 268. Objetivo. Fiscalizar el Programa de Coinversión Social para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Es necesario fortalecer las estrategias para focalizar los apoyos del programa a los grupos vulnerables. La ASF detectó que el proceso para la emisión de convocatorias que emite SEDESOL no cuenta con una estrategia aprobada y autorizada por un servidor público facultado, en la que se considere la atención de la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de rezago y de marginación, mediante el fomento del sector social de la economía. SEDESOL carece de indicadores que permitan medir el cumplimiento del programa, así como el avance de los proyectos apoyados. En cuanto a la evaluación de los proyectos, respecto de la promoción de la cohesión y el capital social, y el impulso al desarrollo comunitario, la ASF comprobó que el INDESOL dispuso de los indicadores “Sistematización de la experiencia” y “Estrategias de vinculación”, sin embargo, estos indicadores no permiten medir cuantitativamente la imputabilidad y avance de los proyectos apoyados mediante el programa, respecto del cumplimiento del objetivo de promover la cohesión y el capital social e impulsar el desarrollo comunitario de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión. El diseño del programa limita la participación de los actores sociales. La ASF concluyó que aun cuando el interés de los actores sociales por participar en el programa se incrementó, ya que 3,178 actores sociales propusieron proyectos en 2016, cifra superior en 33.4% que los 2,383 que los presentaron en 2010, el programa no contó con la capacidad de capitalizar su voluntad de participar ya que el número de beneficiarios disminuyó en 25.0%, al pasar de 1,602 en 2010 a 1,202 en 2016, lo que limitó su derecho a concurrir colectivamente en el desarrollo social. Asimismo, el número de proyectos apoyados de 2010 a 2016 disminuyó en 33.0%, al pasar de 1,951 a 1,307, lo cual denota que el programa tuvo limitantes para propiciar la participación de los actores sociales mediante los subsidios del programa. SEDESOL no cuenta con parámetros para valorar la imputabilidad de los proyectos en el capital social9 de los grupos y comunidades que viven en situación de vulnerabilidad. La ASF comprobó que en 2016, el INDESOL contó con el “Modelo de Impacto Humano y Social”, mediante el cual pretende conocer cualitativamente la incidencia del programa en la promoción de la cohesión social10 y el capital social, sin embargo no acreditó contar con parámetros e información para valorar la imputabilidad del programa en la promoción de la cohesión social y del capital social

9 Es el conjunto de formas de interacción, cooperación y suma de capacidades para incrementar el bienestar colectivo y que a su vez genera confianza pública y reciprocidad. 10 Conjunto de valores e instituciones compartidos y de lazos solidarios fundados en la confianza y la tolerancia, que permiten la articulación de la sociedad en torno a un proyecto en común que garantice el reconocimiento de los Derechos Humanos y la inclusión social.

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de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión, en términos de la estrategia 5.1 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo que establece las reglas de operación del Programa de Coinversión Social. Además, carece de criterios para definir las características que deben cumplir las comunidades para considerarse desarrolladas en 2016, ni en cuáles de dichos criterios incidiría el programa; lo que no permite valorar si, mediante los proyectos apoyados en 2016, el programa impulsó el desarrollo comunitario de las localidades beneficiarias, y en qué medida. El programa opera con deficiencias en su control interno y con carente rendición de cuentas. El Sistema de Control Interno del INDESOL presentó deficiencias en su implementación, lo que inhibió el logro de los objetivos institucionales, ya que, de los 32 aspectos evaluados por la ASF, respecto a las cinco normas generales de control interno, en 30 aspectos (93.8%) la institución demostró contar con mecanismos de control interno, y en 2 (6.2%), no dispuso de información para evaluar los mecanismos de control implementados. Respecto a la información reportada por el INDESOL en la Cuenta Pública 2016, la ASF no pudo verificar en qué medida, con los subsidios que otorgó el Programa de Coinversión Social a los proyectos propuestos por los actores sociales, se impulsó el desarrollo comunitario y se promovió la cohesión y el capital social, objetivo del programa para ese año. Asimismo, no se informó sobre el mandato establecido, de que, con los proyectos, se incidiría en la superación de la pobreza y en la atención de grupos vulnerables. Consecuencias Sociales. Debido a la falta de recursos en 2016 el número de proyectos apoyados por INDESOL disminuyó en 33.0%, al igual que el número de los actores sociales beneficiados, limitando el fortalecimiento de la participación social. Además, se desconoce la incidencia del programa en el desarrollo de las comunidades en las que se ejecutaron los proyectos apoyados. Dictamen. En opinión de la ASF, el INDESOL, mediante el Programa de Coinversión Social, no fortaleció la participación social de los actores sociales. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 16 (16 RD).

— Seguridad Social (Entidades no Coordinadas) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Gestión Financiera del Programa de Salud IMSS-PROSPERA”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 247. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos administrados por el Programa IMSSPROSPERA; a fin de verificar que los recursos obtenidos se aplicaron en el cumplimiento de su objetivo y que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. IMSS no cumplió con la obligación de generar rendimientos financieros. La ASF revisó 4 convenios de colaboración interinstitucional, en los que identificó que en el celebrado con el

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Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, se estableció que los 1 mil 355.4 millones de pesos otorgados debían administrarse en una cuenta exclusiva y productiva, con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros, se identifiquen y destinen al objeto correspondiente; sin embargo, no fue así, ya que el Programa IMSS-PROSPERA recibió los recursos de todos los convenios en una cuenta bancaria a su nombre y los transfirió el mismo día a las cuentas del IMSS, encargado de la administración y el pago. Sobre los tres convenios restantes, es importante señalar que las instituciones que otorgaron los recursos al programa no solicitaron que éstos se administraran en cuentas exclusivas y productivas. Irregularidades en las constancias de recepción de medicamentos y vacunas. La ASF revisó 210 remisiones con las que se suministraron medicamentos (185) y vacunas (25), por 14.9 millones de pesos, bajo resguardo de las coordinaciones delegacionales de Abasto y Equipamiento (CDAE) de Chiapas, Oaxaca y Puebla y de los hospitales rurales (HR) y unidades médicas rurales (UMR), adscritos a dichas delegaciones, donde se detectaron remisiones que no cumplieron con los requisitos normativos, ya que carecen de fecha, hora, sello o acuse y en algunos casos, de todo lo anterior; errores en la fecha de recepción; y remisiones recibidas por personal distinto del responsable de farmacia. Además, observó que 49 remisiones (48 de medicamento y 1 de vacunas), por 1.3 millones de pesos, se registraron de forma inoportuna en el Subsistema de Farmacia (SAIF), entre 1 y 8 días después de la fecha de recepción, y 4 recetas se registraron en un mes distinto del que se surtieron. Deficiencias en la recepción de medicamentos por concepto de compras emergentes y en el cobro de penas convencionales. En 2016 las delegaciones estatales de Chiapas, Oaxaca y Puebla erogaron 1.0 millón de pesos, por la compra emergente de medicamentos; con la revisión detallada de 672.0 miles de pesos (64.9%), de los cuales 640.7 miles de pesos son de la Delegación Estatal de Chiapas y 31.3 miles de pesos de dos HR de la Delegación Estatal de Oaxaca (“Miahuatlán de Porfirio Díaz” y “Matías Romero Avendaño”), se constató que contaron con las facturas correspondientes y cumplieron con los requisitos fiscales; sin embargo, se observó que en mayo de 2016, la Delegación Estatal de Chiapas formalizó un contrato, por 664.6 miles de pesos, de los cuales sólo se recibió medicamento por 640.7 miles de pesos, los 23.9 miles de pesos restantes no se ejercieron, debido a que el proveedor canceló la entrega 39 días después de la fecha establecida, por lo que debió aplicarse una pena convencional por 2.4 miles de pesos, de la cual no se proporcionó evidencia. Irregularidades en la recepción y autorización de servicios de transporte aéreo. Con la revisión realizada por la ASF a los contratos S6M0143 y S5MO517, celebrados en 2016 por la Delegación Estatal de Chiapas, por servicios de traslado en avioneta a las unidades de difícil acceso de la región fronteriza y traslado aéreo de pacientes a tercer nivel de atención médica y funcionarios, constató que las erogaciones por servicios de transporte en avioneta estuvieron amparadas en 7 facturas, por 769.1 miles de pesos, que cumplieron con los requisitos fiscales y 51 recibos, de los cuales se constató que 24 tuvieron la firma de los funcionarios que recibieron y autorizaron el servicio, de acuerdo con lo establecido en el contrato; sin embargo, los 27 restantes por 203.6 miles de pesos, contienen la firma de autorización de un funcionario distinto del designado como administrador del contrato.

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Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 12 (5 R y 7 PRAS). Recuperaciones Probables: 662.8 miles de pesos; Operadas: 662.8 miles de pesos. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Prestaciones del IMSS a través de Fondos y Fideicomisos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 249. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las prestaciones otorgadas por el IMSS mediante sus fondos y fideicomisos, para constatar que cumplieron con su objeto de creación, que los recursos captados y ejercidos se registraron conforme a los montos aprobados y que el registro contable de las operaciones se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. La información revisada por la ASF se integró por las disponibilidades del Fondo de Fomento a la Educación Médica (FOFOE); del Fideicomiso de Beneficios Sociales (FIBESO); del Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud (FIS) y del Fideicomiso del Fondo para ayudas extraordinarias, con motivo del Incendio de la Guardería ABC (Fideicomiso ABC):

FOFOE

El fondo carece de mecanismos de control y conciliación para registrar los gastos que realizan las delegaciones estatales. Con el análisis de la ASF respecto a los gastos del FOFOE, por 6.7 millones de pesos, constató que 5.1 millones de pesos, se aplicaron en la adquisición de mobiliario, equipamiento médico, material y equipo audiovisual, publicaciones, becas, suscripciones, mensajería y arrendamiento y gastos de administración; y los 1.6 millones de pesos restantes, se destinaron a honorarios pagados a personas físicas, quienes emitieron recibos y fueron objeto de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre la Renta (ISR).Asimismo, constató que la cuenta contable para el registro de honorarios es equivalente a la partida presupuestal del gasto 12101 “Honorarios asimilables a salarios”; sin embargo, no es congruente el registro contable por Honorarios asimilables a salarios, que pertenecen al Capítulo 1000, con el tratamiento legal y fiscal de los honorarios por la prestación de servicios profesionales independientes, que son objeto de retención de IVA e ISR, y pertenecen al Capítulo 3000. Además, la ASF identificó gastos devengados y pagados, por 5.5 millones de pesos, realizados por las delegaciones estatales y regionales del IMSS, con cargo en el fondo, que a la fecha de la revisión (marzo 2017) no se reconocieron en la contabilidad del FOFOE. Respecto a la cuenta contable “Capacitación” el IMSS registró gastos con cargo en el fondo, por 5.4 millones de pesos, de los que documentalmente se comprobaron 4.7 millones de pesos, y 612.9 miles de pesos, no se comprobaron, ni justificaron.

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El FOFOE sigue sin cumplir con su Programa de Trabajo Anual. El Programa de Trabajo 2016 del fondo se integró por 18 subprogramas a cargo de las tres divisiones normativas de la Coordinación de Educación en Salud, y fue autorizado por el H. Consejo Técnico del IMSS, el 27 de enero de 2016. Con la revisión realizada por la ASF comprobó que el FOFOE canceló y reprogramó las actividades del Programa de Trabajo 2016 para 2017, lo que se refirió en su Informe de Gestión 2016, y demuestra que no cumplió con su programa; esta situación es recurrente, ya que en la revisión de la Cuenta Pública 2009, efectuada por la entidad de fiscalización superior, el FOFOE tampoco cumplió con su programa de trabajo y reprogramó sus actividades para la siguiente cuenta pública, con lo que se observa la ausencia de mecanismos que regulen la obligatoriedad de cumplir con las actividades programadas y autorizadas.

FIBESO

Irregularidades en las obras con cargo al fondo. El H. Consejo Técnico del IMSS, autorizó el 23 de julio de 2014, la instalación de oficinas administrativas en el predio donde se ejecutaba obra destinada originalmente para el Velatorio de Xalapa Veracruz, sin que se regularizara el cambio de uso de suelo; la obra se concluyó el 21 de noviembre de 2014, por 58.6 millones de pesos, con vicios ocultos que no fueron reparados por el proveedor y por los que no se hizo efectivo el cobro de la fianza. A la fecha de la inspección física (4 de mayo 2017), el inmueble se encontraba deteriorado y sin uso. Respecto a la construcción de un velatorio de 7 capillas, con horno de cremación en Querétaro, la ASF constató que el predio ubicado en Santiago de Querétaro, Qro., sobre el que se desarrolló el estudio para la ejecución de la obra, es un baldío, no delimitado, ni identificado como propiedad del IMSS y que procedió de una donación del Municipio de Santiago de Querétaro, del 9 de marzo de 2011, del que el instituto contó con la escritura pública a su nombre; pero el proyecto no prosperó, porque en noviembre de 2012, se notificó a la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación del IMSS en Querétaro, el dictamen de uso de suelo, en el que se autorizó establecer junto al predio donado una gasolinera y dos locales comerciales, con lo que se generó un factor de riesgo, por lo que el FIBESO dejó sin efectos los dictámenes presupuestales para la construcción del velatorio; sin embargo, en la información financiera permanece el registro en la cuenta de Obras en Proceso. Deficiente administración de los contratos para adquisición de hornos crematorios y falta de transparencia en su registro contable. La Delegación Regional del Estado de México Poniente (DREP) llevó a cabo un Procedimiento de Licitación Pública Nacional, el 14 de septiembre de 2012, para adquirir 5 hornos crematorios, cuyo fallo fue a favor del proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) DCP790511D36, para los velatorios ubicados en Pachuca, Hidalgo; Villahermosa, Tabasco; Tampico, Tamaulipas; Toluca y Ecatepec en el Estado de México. Derivado de la revisión realizada, la ASF comprobó que la compra de 3 hornos por un monto de 5.2 millones de pesos se registró primeramente en la cuenta de Activo Fijo, como “obra en proceso” y después se reclasifico como “edificios”. Respecto a los 2 hornos restantes que están en poder del fideicomiso en Toluca y Tabasco, no han sido pagados, ni registrados contablemente; su valor es de 3.5 millones de pesos, más IVA.

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Derivado de la inspección física realizada por la ASF, comprobó que los hornos están clasificados por el FIBESO y el proveedor, como “obsoletos e inoperables”. Del horno del velatorio Toluca se elaboró un acta de entrega-recepción parcial por no haberse realizado las pruebas de funcionamiento, además de no haberse puesto en operación, y quedó aislado dentro de las oficinas de la nueva Subdelegación Toluca del IMSS. El contrato celebrado con el proveedor refiere una garantía de fabricación de cobertura amplia por 36 meses contra vicios ocultos o defectos de fabricación, la cual era aplicable para los tres hornos pagados en su totalidad, sin embargo, no fue aplicada por el administrador del contrato. Aunado a lo anterior, la ASF detectó que el FIBESO tuvo faltantes, por 1.6 millones de pesos, que correspondieron a ingresos no depositados en las cuentas bancarias del fideicomiso y por el pago de facturas, presumiblemente apócrifas.

FIS

El FIS desconoce el valor real de los montos percibidos a través del financiamiento de los Protocolos de Investigación en Salud (PIS). La ASF revisó 6 PIS, por 3.0 millones de pesos, financiados en dólares americanos por “Otras Instituciones”, por lo que pudo observar que la entidad fiscalizada desconoce los tipos de cambio utilizados para valuarlos; los expedientes integraron los “Informes de Seguimiento Financiero”, “Conciliaciones Bancarias” e “Informes Técnicos”, pero carecieron de firmas autógrafas. Además, observó que un PIS, con recursos asignados en dólares canadienses, desde septiembre de 2015 (periodo en que se formalizó el convenio de colaboración), estuvo inactivo y sin la ministración de recursos. Por lo anterior, la ASF concluye que el FIS careció de un procedimiento definido para la valuación de la moneda extranjera que le permitiera conocer el valor real de los montos percibidos al momento de su recepción y la ministración de recursos a protocolos que no se pueden operar y de los que no se obtuvo su justificación. Ineficiencias en la integración de la base de datos de los PIS obstaculiza la transparencia de sus operaciones. La ASF revisó 206 PIS con estatus “Inactivos”, por 61.2 millones de pesos: 86 Protocolos nuevos; 45 Protocolos finiquitados en 2017; 19 Ejercidos hasta 2017; 50 En proceso de finiquito; y 6 Protocolos en espera de ministración. De los 86 Protocolos Nuevos, constató que 72 cumplieron con los aspectos normativos y 14 no tuvieron recursos ministrados por el FIS, cuando el protocolo más antiguo tenía 1 año 5 meses y el más reciente, 5 meses. De los 45 protocolos finiquitados, se observó que 39, por 12.6 millones de pesos, cumplieron con su proceso normativo, pero 6, por 3.1 millones de pesos, no fueron proporcionados por la entidad fiscalizada. Al respecto, el FIS informó a la ASF que no se contó con ellos porque: “por un error de escritura, se catalogaron como Protocolos Finiquitados en 2017”, cuando debieron tener el estatus de “En Proceso de Finiquito”, la entidad de fiscalización superior determina que este error ocurrió porque no existe un control que permita conocer cuántos son los protocolos asignados, ni las modificaciones a los contratos originales, el monto total asignado, o ministrado; así como tampoco el estatus que presentaban al cierre del ejercicio 2016, situación que restó transparencia a las operaciones.

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Se presume el desvió de recursos económicos del fondo para fines distintos de los asignados. Derivado de la revisión documental de los protocolos, la ASF observó que un responsable administrativo del FIS, presuntamente desvió recursos económicos del fondo para fines distintos de los asignados, al realizar transferencias bancarias electrónicas de una cuenta, propiedad del FIS, a su cuenta personal, por 814.0 miles de pesos, con lo que ocasionó un perjuicio económico para el instituto, lo cual sucedió del 23 de noviembre de 2011 al 10 de enero de 2014, es decir durante 2 años y 1 mes. Es importante señalar que los estados financieros dictaminados del FIS, al 31 de diciembre de 2016, sólo refieren el desvío de recursos, por 504.1 miles de pesos, en lugar de 814.0 miles de pesos.

Fideicomiso ABC

Es necesario realizar un ajuste a los apoyos otorgados a través del fideicomiso. Derivado de la visita domiciliaria realizada por la ASF a las fideicomisarias, la ASF comprobó que, si han recibido sus apoyos conforme a las reglas de operación, y no tienen observación de los servicios recibidos; sin embargo, consideran que existen áreas de oportunidad para el Fideicomiso ABC, ya que los servicios que reciben están rebasados por las necesidades de los ahora preadolescentes y adolescentes. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 17; Número de Acciones: 34 (26 R; 5 PRAS y 3 PO). Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente con motivo de 4 irregularidades detectadas. Recuperaciones Probables: 868.7 miles de pesos, Operadas: 0.0; Probables: 868.7 miles de pesos. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Servicios Administrados de Nube”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 251. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Insuficiencias en la administración de contratos. La ASF determinó que la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT) del IMSS no supervisó el cumplimiento de la totalidad de los servicios contratados bajo el amparo del contrato P6M0015, toda vez que se

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carece de la documentación que acredite el aprovisionamiento de 13 solicitudes de incrementos de Bloques de Construcción Fundamentales (BCFs); no obstante, se realizó el pago por 431.6 miles de pesos. Además, identificó deficiencias en el proceso del cálculo y aplicación de deductivas por el incumplimiento de los servicios de Continuidad (SCONI) e Integralidad (SINI) del periodo enero a marzo de 2016, debido a que se dejaron de cobrar 91.7 miles de pesos, así como las actualizaciones respectivas al día de su pago. Sobre el contrato P6M0015, la ASF observó que no se cuenta con los reportes que permitan identificar el comportamiento real del consumo de los recursos, lo cual permita garantizar que se cuenta con la suficiencia presupuestal para solicitar aquellos servicios bajo demanda que aún no son solicitados por el IMSS y que son sustantivos para la continuidad de la operación. Por otro lado, también identificó que el IMSS carece de la definición de los roles y perfiles relacionados a los usuarios administradores de los servicios contratados. Irregularidades en la gestión de Recursos Humanos. Respecto al personal de Confianza Estatuto, la ASF no logró identificar la información que permita acreditar la valoración realizada por el área de Recursos Humanos; no obstante, la entidad fiscalizada señaló que los servidores públicos pertenecientes este tipo de contratación, y que fueron contratados conforme a lo estipulado en el Art. 64 del Estatuto de Trabajadores de Confianza "A" del IMSS, no se encuentran sujetos al proceso de reclutamiento, debido a que corresponden a puestos de libre designación. Respecto al personal de Confianza, la entidad fiscalizada señaló que los servidores públicos que cuentan con este tipo de puesto, se encuentran contratados con fundamento en los artículos 256, 264, fracción IX, 268 A de la Ley del Seguro Social; 2 fracción IV, inciso a, 31 fracción III, y 138 del Reglamento Interior del IMSS; y corresponden a personal de libre designación, por lo que estos no están sujetos al proceso de reclutamiento. Si bien la ASF comprobó que estos puestos son de libre designación, la ASF considera que el IMSS debe definir los perfiles de puestos en donde se describan los requisitos mínimos que debe de cumplir el personal interesado en ocupar cada uno de los puestos, así como realizar una evaluación al candidato, a fin de garantizar la contratación del personal que tenga las competencias necesarias para cumplir con sus funciones en la Institución. Dictamen. La ASF concluyó que en términos generales el IMSS cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados señalados anteriormente. Número de Observaciones: 2; Número de Acciones: 8 (5 R; 2 PRAS y 1 PO). Recuperaciones Probables: 545.0 miles de pesos; Operadas: 113.3 miles de pesos; Probables: 431.7 miles de pesos.

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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Adquisición de Material de Titanio para la Atención de los Derechohabientes. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1799. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición, contratación, control y suministro de materiales de Titanio, para constatar que se obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que se recibieron conforme a lo contratado y se utilizaron en la atención médica de los derechohabientes, y que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas. Deficiencias en los procedimientos de control para la adquisición de material de titanio. Respecto de la planeación, contratación, recepción y el pago del material de titanio para la atención médica de los derechohabientes, la ASF observó que el ISSSTE careció de procedimientos de control que normen las actividades y la eficiencia operativa que realizan las unidades de coordinación entre las unidades médicas usuarias del material de titanio y la Dirección Médica, la cual define y controla los procesos de contratación, como es el caso de los proveedores que sólo contaron con siete contratos derivados de la Licitación Pública Internacional (LPI) núm. LA-019GYN059-E1-2016, la convocatoria y sus anexos, los cuales contienen los formatos y procesos para la solicitud, confirmación, reprogramación, registro de insumos y niveles implantados, recepción de bienes, responsables de firmar y sellar los formatos, elaboración de actas administrativas circunstanciadas por entregas incompletas y aplicación de penas; sin embargo, ninguno de los documentos antes citados, se difundió ni se capacitó a las unidades médicas para que conocieran las particularidades de los procesos y se cumplieran los términos establecidos en ellos. Lo anterior tuvo como consecuencia que el proveedor presentara ante el Jefe de Servicios de Medicina de Especialidades y Hospitalaria (administrador del contrato), la documentación con firmas y sellos que no reconocieron las unidades médicas ni los propios médicos que intervinieron en los procedimientos médicos y, sin embargo, obtuvo el pago de la Tesorería General del Instituto. Respecto a la identificación, administración y seguimiento de los riesgos, el ISSSTE cuenta con la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, donde se identificaron seis riesgos, de los cuales ninguno corresponde con la determinación de irregularidades o salvaguarda de recursos públicos derivado de los procesos de adquisición, recepción y pago de insumos médicos para la atención de los derechohabientes, y, en consecuencia, no existen mecanismos de control para su prevención. Además, la ASF detectó deficiencias de la Jefatura de Servicios de Medicina de Especialidades y Hospitalaria en la supervisión de la prestación del servicio, administración, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los siete contratos que formalizó la Dirección Médica con el prestador de servicios, ya que no comprobó que los bienes contratados y pagados contaran con las características establecidas en el contrato y en las demás disposiciones aplicables (convocatoria, bases y anexos de la licitación) y que los insumos de titanio fueran efectivamente utilizados en las cirugías practicadas en las unidades médicas. Aunado a lo anterior, no se proporcionó documentación que acredite que la Jefatura de

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Servicios de Medicina de Especialidades y Hospitalaria concilió cada mes, con el proveedor, los implantes efectuados, a efecto de pagar estrictamente los materiales utilizados. Anomalías en la recepción y pago del material de titanio. En 23 unidades médicas, la ASF determinó que, en 155 casos, con pagos por 13.2 millones de pesos, los insumos de titanio no se recibieron, ni utilizaron; las irregularidades tienen su origen principalmente en cancelaciones de cirugías, por fallecimiento o desistimiento de los pacientes y cirugías no realizadas por reprogramación. Al respecto, la ASF observó que el proveedor omitió solicitar a los hospitales, los formatos 3-A “Reprogramación de Cirugía”, firmados por los médicos cirujanos y los jefes del servicio, con el visto bueno del Subdirector Médico o Director de la unidad hospitalaria. En su lugar, presentó para efectos de validación y pago a la Dirección Médica, el anexo 3-D “Formato Registro de Insumos Implantados (Sistemas de Columna)”, la factura y la remisión, como si se hubieran realizado los implantes. En 9 unidades médicas observó 48 casos con pagos, no justificados, por 4.5 millones de pesos ya que se trata de materiales que se utilizaron en las cirugías, distintos de los autorizados en los contratos; para su pago, el proveedor realizó equivalencias sin que los términos de éstas se consideraran en los contratos. De un total de 856 casos pagados, en 700 (81.8%) de 19 unidades médicas, las firmas de los documentos que presentó el proveedor (anexos 3-C, 3-D, 3-E) para su pago y que se anexaron a las CLC, no son reconocidas como propias ni por el personal médico o administrativo. De igual forma, de los 856 casos, en 510 (59.6%), 14 unidades médicas no reconocieron como suyos los sellos plasmados en los anexos que el proveedor presentó para cobro; por ese motivo, el Hospital Regional de Alta Especialidad Puebla, levantó un Acta Circunstanciada de Hechos, el 26 de junio de 2017, para los efectos legales procedentes. La ASF concluye que existen omisiones de servidores públicos del ISSSTE, ya que en su momento no aseguraron que en los contratos de adquisición de material de titanio que celebró la Dirección Médica, se establecieran las condiciones previstas en la convocatoria y sus anexos, con el fin de garantizar que el proveedor cumpliera con la entrega de los insumos en los plazos establecidos en la convocatoria. Dictamen. La ASF concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los antes señalados. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 15 (9 R; 3 PRAS y 3 PO). Recuperaciones Probables: 29.0 millones de pesos; Operadas 0.0; Probables: 29.0 millones de pesos.

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2.4. Gasto Federalizado

RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES En apego a la nueva facultad de la ASF para revisar las Participaciones Federales, en la segunda entrega de informes individuales se concluyeron los resultados de las auditorías realizadas a los siguientes mecanismos de las Participaciones Federales: Distribución de las Participaciones Federales, Participaciones Federales en Entidades Federativas y Participaciones Federales en los Municipios. Distribución de las Participaciones Federales De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados de la distribución de las Participaciones Federales, se presentan a continuación:

— No se acredito el pago a terceros, por cuenta de los Municipios, de las deducciones efectuadas a las Participaciones Federales de los Municipios, por un monto de 2 mil 404.3 millones de pesos, lo que significó el 65.7% del monto total observado.

— No se entregaron recursos a los Municipios y se detectaron retrasos en su ministración, por 533.0 millones de pesos, es decir, el 14.6% del monto total observado.

— Aplicación inadecuada de las fórmulas de distribución de las Participaciones Federales por las Entidades Federativas, por 388.5 millones de pesos, lo que representó el 10.6% del monto total observado.

— Se detectaron deducciones no justificadas a las Participaciones Federales de los Municipios, por 294.2 millones de pesos, es decir, el 8.0% del monto total observado.

— Se determinaron otras irregularidades por 40.8 millones de pesos, es decir el 1% del monto total observado.

Participaciones Federales en Entidades Federativas De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados de las Participaciones Federales en Entidades Federativas, se presentan a continuación:

— No se acredito el pago a terceros, por un monto de 5 mil 354.1 millones de pesos, lo que significó el 39.1% del monto total observado.

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— No se tiene la documentación comprobatoria del gasto, por 3 mil 987.5 millones de pesos, es decir, el 29.1% del monto total observado.

— Se determinó que no se entregaron los recursos a los ejecutores; asimismo, se detectaron irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros, por 1 mil 719.9 millones de pesos, que significaron el 12.5% del monto total observado.

— Se determinaron otras irregularidades por 2 mil 646.9 millones de pesos, que representaron el 19.3% del monto total observado.

Participaciones Federales en los Municipios De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados de las Participaciones Federales en los Municipios, se presentan a continuación:

— No se tiene la documentación comprobatoria del gasto, por 571.1 millones de pesos, es decir, el 74.6% del monto total observado.

— Se determinaron retenciones no enteradas a terceros institucionales, por un monto de 143.1 millones de pesos, que representaron el 18.7% del monto total observado.

— Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 41.6 millones de pesos, lo que significó el 5.4% del monto total observado.

— Se determinaron otras irregularidades por 9.6 millones de pesos, que representaron el 1.3% del monto total observado.

RAMO GENERAL 33 EDUCACIÓN FAETA En materia de educación, como parte de la segunda entrega de informes individuales, la ASF reportó dos informes del FAETA de los que sobresale el siguiente resultado:

— En el Estado de Jalisco se determinó un subejercicio por 25.8 millones de pesos. INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA De los informes individuales entregados el 31 de octubre de 2017 por la ASF en materia de infraestructura social básico, sobresalen los resultados de auditoría de los siguientes

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mecanismos fiscalizados: El Fondo de Infraestructura Social Estatal y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. FISE Como parte de su segunda entrega de informes individuales la ASF una auditoría realizada al Estado de Jalisco: los principales resultados del FISE, se presentan a continuación:

— Se detectaron pagos de obras que no operan y que no benefician a la población objetivo 9.3 millones de pesos;

— Se determinaron conceptos de obra pagados y no ejecutados por 1.5 millones de pesos.

FISMDF De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la segunda entrega realizada el 31 de octubre de 2017: los principales resultados del FISMDF, se presentan a continuación:

— En 36 Municipios se determinó la falta de documentación comprobatoria del gasto por 783.1 millones de pesos, lo que representa el 46.8% de las recuperaciones determinadas.

— En 23 Municipios destinaron 224.6 millones de pesos en rubros que no contempla la Ley de Coordinación Fiscal ni el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo emitido por la SEDESOL, lo que representó el 13.4% del monto total de las observaciones determinadas. En este tipo de resultado destaca que 6 Municipios revisados, principalmente del Estado de Guerrero, destinaron 163.8 millones de pesos en la adquisición y distribución de fertilizantes.

— En 24 Municipios se transfirieron 141.0 millones del fondo a otras cuentas bancarias, recursos que en ocasiones se reintegraron parcialmente y en otras de forma total sin considerar los intereses correspondientes, esto significó el 8.4% de las recuperaciones determinadas.

— En 17 Municipios se detectaron obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema por 146.6 millones de pesos, y que tampoco atendieron a las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.

— En 21 Municipios se pagaron conceptos de obra que no fueron ejecutados o de mala calidad por 30.0 millones de pesos.

— En 8 Municipios se pagaron volúmenes en exceso en obras y adquisiciones realizadas por 4.5 millones de pesos.

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— En 8 Municipios fueron ejercidos 6.9 millones de pesos por encima de los límites establecidos para los Gastos Indirectos o en el renglón de Desarrollo Institucional, así como en pagos no contemplados en estos rubros.

— El Estado de Veracruz no entregó 292.2 millones de pesos a 8 de sus Municipios, lo que significó el 17.4% de los recursos observados.

— En 15 Municipios se detectaron anticipos no amortizados por 6.9 millones de pesos y penas convencionales no aplicadas a contratistas por 9.0 millones de pesos, estas irregularidades significaron el 0.9% de los recursos observados.

— En 23 Municipios se detectaron facturas que no reúnen los requisitos fiscales; intereses no reintegrados, y otras por 29.9 millones de pesos, que representan el 1.8% del monto total determinado como daño.

SEGURIDAD PÚBLICA De los informes individuales entregados el 31 de octubre de 2017 por la ASF, sobresalen los resultados de auditoría de los siguientes mecanismos fiscalizados: El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). FASP De las dos auditorías reportadas por la ASF; los principales resultados del FASP, se presentan a continuación:

— En el Estado de Chiapas se determinó un subejercicio por 8.3 millones de pesos.

— En el Estado de Jalisco se determinó un subejercicio por 35.3 millones de pesos. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF; los principales resultados del PFORTAMUN-DF, se presentan a continuación:

— Se determinó la falta de documentación comprobatoria del gasto por 570.6 millones de pesos, los cuales representan el 44.6% de las recuperaciones determinadas al corte de la auditoría. De monto detectado sobresalen por su importancia los Municipios de: Campeche, Campeche por 23.8 millones de pesos; Morelia, Michoacán por 11.8 millones de pesos; Santa Lucia del Camino, Oaxaca por 25.4 millones de pesos; San Luis Potosí, San Luis Potosí por

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80.3 millones de pesos; Culiacán, Sinaloa por 22.6 millones de pesos; Matamoros, Tamaulipas por 205.0 millones de pesos; Rio Bravo, Tamaulipas por 49.1 millones de pesos; San Pablo del Monte, Tlaxcala por 37.9 millones de pesos y; Kanasín, Yucatán por 14.3 millones de pesos.

— Se realizaron transferencias de recursos del Fondo a otras cuentas Bancarias, no reintegrados o reintegrados por 160.0 millones de pesos, que significan el 12.5% de las recuperaciones. De monto detectado sobresalen por su importancia los Municipios de: Ensenada en el Estado de Baja California con 79.6 millones de pesos; Los Cabos, Baja California Sur con 14.4 millones de pesos; Acuña, Coahuila con 11.2 millones de pesos; la Piedad Michoacán con 24.0 millones de pesos y; Othón P. Blanco, Quintana Roo con 11.3 millones de pesos.

— Se realizaron pagos improcedentes o en exceso por 93.1 millones de pesos, es decir, el 7.3% de las recuperaciones determinadas. De monto detectado sobresalen por su importancia los Municipios de: Ensenada, Baja California por 18.4 millones de pesos y Tijuana, Baja California por 56.4 millones de pesos.

— Se detectaron otras irregularidades por 396.2 millones de pesos, que representan el 31.0% de las recuperaciones.

PROGRAMAS DEL RAMO GENERAL 33 Como parte de la segunda entrega de informes individuales, la ASF reportó en materia de Programas del Ramo General 33, sólo los resultados del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FORTALECE). FORTALECE De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF; los principales resultados del FORTALECE, se presentan a continuación:

— Se identificaron subejercicios a la fecha de la auditoría por 245.7 millones de pesos, en los Municipios de Juárez, Chihuahua, Torreón, Coahuila, León, Guanajuato, Bacalar, quintana Roo, Ahome, Sinaloa., Cd. Madero y Reynosa, Tamaulipas, Xalapa, Veracruz, y Delegaciones de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, CDMX, lo que representó el 64.3% del monto total observado.

— Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 30.6 millones de pesos, en los Municipios de Ensenada, Baja California, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, Yurécuaro, Michoacán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y Matamoros Tamaulipas, lo que representó el 8.0% del monto total observado.

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— No se acreditó la propiedad del Gobierno del Estado o del Municipio del predio donde se realizó la obra ni se presentó el registro patrimonial del inmueble construido por 25.5 millones de pesos, en los Municipios de Campeche, Campeche, Ahome, Sinaloa, y Reynosa, Tamaulipas, lo que representó el 6.7% del monto total observado.

— Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, sin acreditar su destino y aplicación por 22.5 millones de pesos, en los Municipios de Ensenada, Baja California, y Pueblo Nuevo, Durango, lo que representó el 5.9% del monto total observado.

— Se detectaron obras de mala calidad o que no cumplieron con las especificaciones contratadas por 12.3 millones de pesos, en los Municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, y Reynosa, Tamaulipas, lo que representó el 3.2% del monto total observado.

— Recursos o intereses no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 por 2.2 millones de pesos, en los Municipios de Ensenada, baja California, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, Torreón, Coahuila, Ayotlán, Jalisco, Venustiano Carranza y Yurécuaro, Michoacán, Cerralvo, Nuevo León, Ahome, Sinaloa, Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, y Jeréz, Zacatecas, lo que representó el 0.6% del monto total observado.

— Otro tipo de irregularidades por 43.2 millones de pesos, que representaron el 11.3% del monto total observado, que se refieren principalmente a: falta de amortización de anticipos, falta de operación de obras concluidas, pago de conceptos extraordinarios no autorizados, modificaciones del calendario de las obras sin contar con la autorización de la UPCP, obras pagadas no ejecutadas, anticipos otorgados no amortizados, obras ejecutadas de las que no se acreditó que fueran públicas, recursos o intereses no transferidos por la Entidad federativa al ejecutor, falta de aplicación de sanciones o penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones pactadas, falta de aplicación de retenciones o retenciones no enteradas a las instancias correspondientes, ejecución de proyectos no autorizados, entre otros.

DEUDA SUBNACIONAL Financiamiento Público Local del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza En apego a la nueva atribución establecida en la LFRCF, la ASF reporto en la segunda entrega de informes individuales los resultados del proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; de los que sobresalen los siguientes:

— Se analizó el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del Estado reportada al cierre del ejercicio fiscal 2016, con los siguientes resultados:

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Sobresale el incremento de 29 mil 596.9 millones de pesos, equivalente a 452.3% real anual, que tuvo el saldo de la deuda pública del Estado sólo en 2011 (año del refinanciamiento).

Se encontró, que el Gobierno del Estado presenta una relación de la deuda pública a Ingresos por Participaciones de 220.1% en 2016, componente principal de los ingresos de libre disposición. Esto último refleja la alta dependencia a los ingresos federales participables como proporción de los ingresos totales y revela la alta vulnerabilidad del Gobierno del Estado ante una variación negativa en las participaciones.

En cuanto al Costo Financiero y el Servicio de la Deuda, éstos representaron en 2015 el 71.0% y 86.9%, respectivamente, de los ingresos derivados por financiamiento; debido a que en 2016 el Gobierno del Estado no adquirió nuevos financiamientos, la relación no se pudo estimar.

El Gobierno del Estado tiene un margen muy bajo disponible para invertir y generar derrama en la economía del estado.

— Se verificó que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y reestructuras realizadas por el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hayan realizado en cumplimiento a la normativa con los resultados siguientes:

El Gobierno del Estado destinó parcialmente los recursos del crédito a corto plazo a gasto corriente, lo que podría incumplir lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico de un crédito a corto plazo por un monto de 830.0 millones de pesos.

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no reportó contrataciones de obligaciones financieras a corto y largo plazo durante 2016, ni operaciones de refinanciamiento o reestructura.

En la Cuenta Pública 2016, informó un saldo de Deuda Pública a Largo Plazo por un importe total de 36 mil 494.0 millones de pesos, así como amortizaciones de capital por 1 mil 019.8 millones de pesos e intereses ordinarios pagados por 2 mil 298.2 millones de pesos.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza durante 2016 podría no haber llevado un control adecuado en el pago de los intereses ordinarios de la deuda pública del gobierno, debido que pagó en exceso 11.8 millones de pesos correspondientes a ocho créditos de tres instituciones financieras.

No existe ninguna cláusula u ordenamiento en el contrato del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de pago No. F/1163, suscrito con INVEX como fiduciario, en la

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que se defina que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza tiene la obligación o buena práctica de verificar los cálculos realizados por la institución financiera sobre el pago de intereses ordinarios y la amortización del capital.

— Cronología de la Deuda Pública del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de 2010 a 2016.

Al 31 de diciembre de 2016 el Gobierno del Estado reportó en la Cuenta Pública 36 mil 494.0 millones de pesos correspondientes al saldo insoluto de 21 créditos de largo plazo que adquirió con siete instituciones financieras entre 2011 y 2015 por 38 mil 628.9 millones de pesos, a un plazo promedio de vencimiento de 228 meses.

Las instituciones financieras otorgaron periodos de gracia de hasta 24 meses al Gobierno del Estado durante la reestructuración de 2011.

El Gobierno del Estado suscribió con Proyectos de Infraestructura Optiva S.C. un contrato de prestación de servicios profesionales como asesor financiero y agente estructurador, en el cual se estableció el pago de una comisión de éxito por el refinanciamiento y/o reestructura de la Deuda Pública, por un monto de 20.9 millones de pesos que incluyó las actividades operativas, administrativas y financieras que realizaba, y el pago de 2.3 millones de pesos por honorarios. Se incrementó el costo financiero de la deuda pública por el monto de esta comisión y los honorarios pagados durante la reestructura de 2015. Sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de los resultados por los servicios profesionales prestados por el asesor financiero.

— La ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Estado de Coahuila de Zaragoza por malos manejos de la deuda pública, como sigue:

Se detectaron pagos en exceso de los intereses ordinarios por 10.0 millones de pesos, debido a un ajuste que BANOBRAS realizó a un crédito de largo plazo.

Se comprobaron pagos en exceso de los intereses ordinarios de cuatro créditos de largo plazo con BBVA BANCOMER por 1.8 millones de pesos.

— Se evalúo la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas Públicas de la Entidad con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal y, se obtuvieron los siguientes resultados:

Se observó que las cifras contenidas en el formato “Balance Presupuestario” derivado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no fueron elaborados de acuerdo con lo que establecen los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera. En específico, se omitió un monto de 1 mil 019.8 millones de pesos de Financiamiento Neto en la evaluación del Balance

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Presupuestario; en consecuencia, en lugar de superávit de 876.6 millones de pesos reportado por el Estado de Coahuila, se tiene un déficit de 143.1 millones de pesos estimado por la ASF.

La entidad reportó un Balance Primario de 1 mil 429.2 millones de pesos de déficit, y la estimación de la ASF resulta en un superávit de 3 mil 182.6 millones de pesos, lo que resultaría suficiente cubrir el costo financiero de 2 mil 305.9 millones de pesos.

Se observó que el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles que resulta de la diferencia entre los Ingresos de Libre Disposición, el Financiamiento Neto y los Gastos No Etiquetados, fue deficitario en 2 mil 019.9 millones de pesos, lo que obliga al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la LDFEFM, a explicar al Congreso Local las razones que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo, el monto de recursos necesarios para cubrirlo, las acciones y el tiempo para que el Balance Presupuestario sea sostenible.

De acuerdo con lo publicado en el portal del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza es elevado, por lo que para el ejercicio fiscal 2018 tendrá un Techo de financiamiento neto anual igual a cero.

— Se verificó que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria, y programática se haya realizado conforme a las disposiciones aplicables, con los siguientes resultados:

En el informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se reportó dentro del rubro de largo plazo en el saldo inicial de 2016 un crédito de corto plazo por 830.0 millones de pesos suscrito con MULTIVA, el cual se liquidó en diciembre de 2016.

De la revisión del Estado de Situación Financiera Detallado LDF, cabe destacar que el importe de 3,145.0 millones de pesos de la cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, disminuye el importe del rubro pasivo circulante para ajustar su monto.

Se detectaron diferencias entre los saldos del bono cupón cero, reportados por la entidad en la Cuenta Pública de 2016, en el RPU y en el Sistema de Alertas.

Financiamiento Público Local del Gobierno del Estado de Jalisco (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara). En apego a la nueva atribución establecida en la LFRCF, la ASF reporto en la segunda entrega de informes individuales los resultados del proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado; de los que sobresalen los siguientes:

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— Se analizó el comportamiento de la deuda pública del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de 2006 a 2016, con los siguientes resultados:

Se observó que la deuda pública del SIAPA presentó un crecimiento moderado en los últimos 10 años en relación con la del Estado de Jalisco, debido a que en 2006 la deuda del organismo representó el 17.6% respecto de la reportada por el Estado ese mismo año, mientras que en 2016 la relación disminuyó a 10.4%.

Se identificó que el Gobierno del Estado avaló la deuda pública del SIAPA con el 6.2% sobre el total de las participaciones que en ingresos federales le correspondieron en el ejercicio, lo que se reflejó en un costo financiero menor para el organismo.

Se concluyó que el SIAPA en 2016 contó con la liquidez para hacer frente a sus obligaciones financieras constitutivas de deuda pública, debido a que el indicador de deuda pública con relación a los ingresos totales sin financiamiento fue de 66.0%; el servicio de la deuda y la provisión de la deuda pública a largo plazo con relación al efectivo y equivalentes fueron de 16.3% y 5.2%, respectivamente.

— Del análisis realizado al origen del saldo de la deuda pública del SIAPA revelada en la Cuenta Pública 2016, la ASF concluye lo siguiente:

La deuda pública por 2 mil 832.4 millones de pesos reportada al 31 de diciembre de 2016 corresponde a la totalidad de las obligaciones financieras a largo plazo del SIAPA, de acuerdo con la confirmación de los saldos con cargo al organismo reportados por las instituciones financieras.

El 37.0% equivalente a 1 mil 047.2 millones de pesos de la deuda pública del SIAPA vigente al 31 de diciembre de 2016, corresponde a las obligaciones adquiridas desde 1991 y que el organismo liquidará en 2036, en caso de no realizar un cuarto refinanciamiento de su deuda.

El 63.0% equivalente a 1 mil 785.2 millones de pesos de la deuda vigente en 2016 se destinó a inversión pública productiva.

Las calificaciones crediticias obtenidas por el Gobierno del Estado, como aval solidario y subsidiario, generaron efectos positivos y negativos en el incremento y disminución de las tasas de interés aplicables a los créditos obtenidos por el SIAPA.

— Del análisis realizado a las autorizaciones de la Legislatura Local para el refinanciamiento y adquisición de la deuda pública del SIAPA en 2016, se obtuvieron los siguientes resultados:

En 2016 la Legislatura Local autorizó al SIAPA contratar deuda pública por 3 mil 030.0 millones de pesos, monto superior a los 800.0 millones de pesos solicitados por el

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organismo para realizar obras públicas de infraestructura hidráulica. Se observó que los 3 mil 030.0 millones de pesos tuvieron su origen en 2003, año en que la Legislatura Local autorizó al Gobierno del Estado contratar deuda pública por 6 mil 700.0 millones de pesos, aunque sólo necesitó 3 mil 670.0 millones de pesos ya que el Gobierno Federal participó con el importe restante.

— Se analizaron los procesos para la contratación de la deuda pública del SIAPA en 2016, con los siguientes resultados:

El 15 de abril de 2016, bajo las disposiciones establecidas en la LDPEJM, el Comité del Gobierno del Estado determinó como ganadora a la institución financiera Banorte en el proceso de selección para adquirir un crédito por 1 mil 074.8 millones de pesos, autorizado para refinanciar la deuda pública del SIAPA a un plazo de 20 años. La decisión se basó en una mayor liberación de flujos de efectivo, aunque la oferta de Banorte representó un mayor costo financiero para el SIAPA, con base en el cálculo de la tasa integral que el Comité realizó, en el que BBVA Bancomer tuvo como resultado la menor tasa en 30 pb en relación con la tasa vigente con Banco Interacciones objeto del refinanciamiento, mientras que Banorte solo fue menor en 2 pb.

El 21 de junio de 2016, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado invitó a ocho instituciones financieras a participar en el proceso competitivo para la adquisición de 800.0 millones de pesos a cargo del SIAPA con el aval del Gobierno del Estado, mediante cartas invitación, aunque el monto superó el equivalente a los 100 millones de UDIS. Estas acciones incumplieron lo establecido en el artículo 29 de la LDFEFM y en el artículo 12 de los Lineamientos para el cálculo del menor costo, por lo que se debió realizar mediante una licitación pública, la cual el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado convocó el 30 de junio de 2016, nueve días después de emitir de forma improcedente las cartas invitación a las instituciones financieras; además el Secretario publicó los resultados cuatro y cinco días hábiles posteriores a la fecha en que el Comité determinó a la institución financiera Banamex como ganadora y no confirmó que el financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones de mercado.

— Se verificó el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los contratos de financiamiento suscritos en 2016 por el SIAPA y el Gobierno del Estado, en su carácter de aval solidario y subsidiario, derivado del análisis a los contratos se identificó lo siguiente:

El 22 de junio de 2017, el SIAPA y BBVA Bancomer celebraron la contratación de un CAP con duración de 23 meses y 8 días, dividido en 24 plazos; sin embargo, la duración requerida por Banorte en el contrato de financiamiento y en las condiciones generales del proceso competitivo fue de 24 meses.

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— Se verificó la fuente y garantía de pago que el SIAPA y el Gobierno del Estado otorgaron a las instituciones financieras para el pago del servicio de la deuda pública del organismo en 2016, como los resultados siguientes:

El SIAPA constituyó dos fideicomisos irrevocables de administración y fuente alterna de pago con Banorte y Santander, los cuales administran los recursos del organismo para el pago del servicio de la deuda pública. En los fideicomisos se obligó al SIAPA a destinar la totalidad de sus recursos obtenidos por la prestación de servicios y el Gobierno del Estado a afectar un porcentaje de sus participaciones federales, en su carácter de aval solidario y subsidiario, así como constituir fondos de reserva. Sin embargo, desde octubre de 2016 el SIAPA destinó la totalidad de sus ingresos solo al Fideicomiso Santander mediante el mecanismo de ingresos bancarizados y el Fideicomiso Banorte recibió los importes equivalentes requeridos para el pago del servicio de la deuda, aunque el contrato establece el 100.0% de los ingresos, lo que puede generar que Banobras solicite, en su carácter de fideicomisario del fideicomiso con Banorte, la aceleración o vencimiento anticipado.

De 2008 a 2016, el SIAPA y el Gobierno del Estado no emitieron instrucciones a Banorte para que invirtiera el fondo de reserva fijo por 43.5 millones de pesos, que el SIAPA entregó en garantía del crédito otorgado por Banco Interacciones desde 2008, conforme lo establecido en el contrato del fideicomiso.

El Gobierno del Estado no ha afectado el 2.13% del FGP para destinar las participaciones al Fideicomiso Santander y cumplir con lo establecido en los contratos de financiamiento suscritos con Banorte y Banamex, en su carácter de aval solidario de la deuda pública del SIAPA, y no ha desafectado el 3.9% del Fideicomiso Banorte, porcentaje que otorgó como aval del organismo del crédito obtenido con Interacciones y el cual se liquidó en octubre de 2016.

— La ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por malos manejos de la deuda pública, como sigue:

Se determinó un probable daño al patrimonio del SIAPA por 1.1 millones de pesos, derivado de los intereses que dejó de percibir el fideicomiso y por los posibles daños generados de 2008 a 2015.

Se determinó un probable daño al patrimonio del SIAPA por 10.2 millones de pesos, por el diferencial de 1.02 puntos porcentuales entre la tasa activa (5.95%) y la tasa pasiva (6.97%) que cobro Banamex por el otorgamiento del crédito de 800.0 millones de pesos.

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— Se verificó el destino de los recursos obtenidos por el SIAPA mediante el financiamiento suscrito el 17 de agosto de 2016 con Banamex por 800.0 millones de pesos, con los resultados siguientes:

El SIAPA adjudicó mediante licitaciones públicas, obras de infraestructura hidráulica por 724.9 millones de pesos para el programa PIMI, importe menor en 75.1 millones de pesos de los 800.0 millones de pesos obtenidos mediante financiamiento.

El SIAPA no administró los recursos del financiamiento con eficiencia, eficacia y economía, debido a que no estableció con Banamex desde la firma del contrato un plazo que le permitiera disponer de los recursos en función de las necesidades de pago determinadas en las estimaciones de los avances físicos de las obras para las cuales adquirió el crédito.

A junio de 2017 el organismo pagó 37.0 millones de pesos a los contratistas a cargo del proyecto “Colector pluvial y tanque de detención Parque San Rafael”, obra que tuvo suspensiones derivadas por juicios de amparo interpuestos por la ciudadanía.

— Se evalúo la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas Públicas del SIAPA con base en el Balance Presupuestario y la Posición Financiera, del análisis sobresale lo siguiente:

Se observó que el SIAPA reportó 3 mil 433.7 millones de pesos de balance presupuestario en el formato 4, “Balance Presupuestario – LDF”, importe mayor en 1 mil 134.4 millones de pesos al identificado por la ASF de 2 mil 299.3 millones de pesos, debido a que en el concepto “A3. Financiamiento Neto” el organismo registró 1 mil 847.2 millones de pesos, importe que correspondió al total de los ingresos obtenidos mediante financiamiento en 2016 y no descontó las amortizaciones de capital, por lo que la cifra correcta era 712.8 millones de pesos.

— Se verificó la contratación de los servicios de asesoría jurídica y financiera en finanzas públicas, de lo que se observó lo siguiente:

En 2016 el Gobierno del Estado requirió de los servicios de asesoría jurídico financiera de un despacho para refinanciar y adquirir deuda pública por 1 mil 847.2 millones de pesos a cargo del SIAPA con su aval. Sobre el particular, se observó que el despacho contratado fue el que negoció, administró y controló la totalidad de la información que se utilizó en los procesos competitivos, además de analizar las ofertas presentadas por las instituciones financieras y determinar la mejor oferta, facultades que le correspondían a los servidores públicos de las áreas administrativas del SIAPA y del Gobierno del Estado así como al Comité del Gobierno del Estado; además, se identificó que en las actas de sesiones del Comité, que éste utilizó la información notificada por el despacho como un análisis realizado por él mismo.

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Financiamiento Público Local del Gobierno del Nuevo León En apego a la nueva atribución establecida en la LFRCF, la ASF reporto en la segunda entrega de informes individuales los resultados del proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública del Estado de Nuevo León; de los que sobresalen los siguientes:

— Se analizó el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del Estado reportada al cierre del ejercicio fiscal 2016, con los siguientes resultados:

Sobresale el incremento de 10 mil 079.5 millones de pesos (41.2% real anual), en el saldo de la deuda pública en 2013 (año en que se ejecutaron las operaciones de refinanciamiento). Dicho incremento repercutió en la relación Deuda a PIBE, que pasó de 2.1% a 3.0% en tan sólo un año. De 2014 a 2016, dicha relación se estabilizó.

En 2016 el saldo de la deuda en relación a los Ingresos por Participaciones fue de 75.4% (este concepto es el componente principal de los ingresos de libre disposición con el 63.0%) y refleja la alta dependencia de los ingresos federales y la alta vulnerabilidad del Gobierno del Estado ante una variación negativa en las participaciones.

En 2016, el Servicio de la Deuda y el Costo Financiero fueron equivalentes a 130.0% y 32.3% de los ingresos derivados por financiamiento, respectivamente.

— Se verificó que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y reestructuras realizadas por el Gobierno del Estado de Nuevo León, se hayan realizado en cumplimiento a la normativa con los resultados siguientes:

El Gobierno del Estado de Nuevo León destinó recursos por 2 mil 912.5 millones de pesos para finiquitar tres créditos a corto plazo (dos de INTERACCIONES con saldos insolutos a marzo de 2016 por un monto conjunto de 1 mil 567.5 millones de pesos, y un crédito de BANORTE por 1 mil 345.0 millones de pesos), de los cuales 1 mil 400.0 millones de pesos se utilizaron para fines distintos respecto de los que fueron solicitados.

Los financiamientos a corto plazo que no se destinaron a inversión pública productiva, se utilizaron para resolver problemas de liquidez temporal. Al respecto, se observa que destinar recursos de empréstitos a corto plazo para solventar problemas de liquidez por gasto corriente, podría no ser congruente con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que define “En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente”.

Se observó una diferencia de 237.5 millones de pesos, la cual el Gobierno del Estado informó que se destinó a cubrir necesidades de corto plazo, como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Sin embargo, a septiembre de 2017, el Gobierno del

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Estado no ha proporcionado la documentación justificativa y comprobatoria del destino y aplicación de la diferencia detectada.

El Gobierno del Estado de Nuevo León pagó 11.6 millones de pesos, por incurrir en el incumplimiento del crédito de INTERACCIONES, que señaló en la cláusula 6.20 denominada “Probabilidad de Incumplimiento”, que si se efectúa la disposición del crédito durante el ejercicio 2016, INTERACCIONES calculará la probabilidad de incumplimiento que corresponda al Estado y en caso de que ésta sea superior a 0.99%, el Gobierno del Estado pagará al acreditante a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2016 una cantidad equivalente a 0.50% del monto del crédito contratado más IVA, que corresponde a la cantidad de 10.0 millones de pesos más 1.6 millones de pesos del IVA, lo que sumó un total de 11.6 millones de pesos. El Gobierno del Estado reconoció dicho incumplimiento.

— La ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Estado de Nuevo León por malos manejos de la deuda pública, como sigue:

No se identificó el destino y aplicación de recursos por 182.5 millones de pesos, provenientes de un crédito a corto plazo celebrado con BANORTE.

No se identificó el destino y aplicación de recursos por 55.0 millones de pesos, provenientes de un crédito a corto plazo celebrado con INTERACCIONES.

Se determinó un probable daño al patrimonio del Estado de Nuevo León por 11.6 millones de pesos, derivado del pagó por la materialización de la cláusula del contrato 6.20 "Probabilidad de Incumplimiento", vinculada con la disposición del crédito de INTERACCIONES durante el ejercicio 2016 y que utilizó para liquidar el adeudo de INBURSA.

— Se evalúo la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas Públicas del Estado con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal y, se obtuvieron los siguientes resultados:

Se observó que las cifras contenidas en el formato “Balance Presupuestario” derivado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), difieren de lo que establecen los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera.

Existe una subestimación de los ingresos totales publicados por la Entidad en Cuenta Pública y en las cifras registradas en el Estado Analítico que presenta la entidad, por la cantidad de 2 mil 746.4 millones de pesos. Esto fue resultado de una diferencia de 36.2 millones de pesos en los Ingresos de Libre Disposición y de 2 mil 710.3 millones de pesos en las Transferencias Federales Etiquetadas.

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El Techo de Financiamiento Neto del Estado de Nuevo León autorizado para el ejercicio 2018 será el correspondiente al 5.0% de los Ingresos de Libre Disposición que presente en el ejercicio fiscal 2017.

— Se verificó que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria, y programática se haya realizado conforme a las disposiciones aplicables, con los siguientes resultados:

Se identificó que no se registró el saldo de otros pasivos del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos por 7.1 millones de pesos y 7.9 millones de pesos en 2015 y 2016.

Se detectaron diferencias entre los saldos de deuda pública reportados por la entidad en la Cuenta Pública de 2016 y en el RPU.

Falta de registro contable en la cuenta de deuda pública a largo plazo, de los pagarés denominados Bonos Cupón Cero del Gobierno Estatal y cuyo importe al 31 de diciembre de 2016 fue de 5 mil 101.8 millones de pesos.

OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Gobierno del Estado de Guanajuato. Programas y Fondos Federales

— Se detectaron recursos federales que al último día hábil de diciembre de 2016 no se erogaron o vincularon a compromisos formales de pago: Del Fondo Regional 2016 por 2.7 millones de pesos; del Fondo Metropolitano 2016 por 3.5 millones de pesos; del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 por 10.3 millones de pesos y; del Programa Fortalecimiento Financiero 2016 por 293.9 millones de pesos. Finalmente, se detectaron deficiencias de supervisión en la ejecución de la obra pública por 8.4 millones de pesos relacionados con los recursos federales del Programa Fortalecimiento Financiero.

Gobierno del Estado de Guerrero. Programas y Fondos Federales

— Se detectó que al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron recursos del FONREGIÓN y FORTAFIN INFRAESTRUCTURA por 2.9 millones de pesos y; del FORTALECE no fueron ejercidos recursos al termino del programa por un importe de 4.6 millones de pesos.

Gobierno del Estado de Michoacán. Programas y Fondos Federales

— Se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron recursos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos: Metropolitano, Regional por 7.3 millones de pesos.

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— No se ejercieron recursos del Programa Fortalecimiento Financiero conforme los plazos establecido en la normativa aplicable por 89.4 millones de pesos.

— Se observaron diversas irregularidades de obra pública por 24.7 millones de pesos.

Gobierno del Estado de Nuevo León. Programas y Fondos Federales

— Recursos ministrados del FONMETRO 2016 por 188.6 millones de pesos de pesos y del FORTALECE 2016 por 9.9 millones de pesos de pesos que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Nuevo León con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FORTAFIN 2016 por 10.0 millones de pesos de pesos, del FONMETRO 2016 por 652.7 millones de pesos de pesos y del FORTALECE 2016 por 18.7 millones de pesos de pesos; y por lo que se refiere al Gobierno del Municipio de San Nicolás de los Garza, un monto por 64.6 millones de pesos de pesos, del FORTALECE 2016 y de FORTAFIN 2016 recursos por un total de 217.8 millones de pesos de pesos.

Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Programas y Fondos Federales

— De la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Programa de Fortalecimiento Financiero y a los fondos Regional, Metropolitano, y para el Fortalecimiento Financiero de la Infraestructura Estatal y Municipal. Se detectó que la entidad fiscalizada tiene pendiente de comprobar la vinculación de compromisos por un importe de 5.6 millones de pesos por la adquisición de la reserva territorial del derecho de vía del bulevar Ferrocarrilero Bicentenario. Adicionalmente, no se acreditaron las gestiones para formalizar el diferimiento del plazo, la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato ni la recuperación del anticipo otorgado por un importe de 2.6 millones de pesos.

Gobierno del Estado de Tabasco. Programas y Fondos Federales

— Del programa Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) no se acreditó que se destinó un importe de 2.7 millones de pesos para la fiscalización de los proyectos convenidos de dicho programa en el estado de Tabasco, y el uno por ciento del monto total asignado para su administración.

Gobierno del Estado de Zacatecas. Programas y Fondos Federales Se detectaron recursos federales que al último día hábil de diciembre de 2016 no se erogaron o vincularon a compromisos formales de pago: Del Fondo Metropolitano 2016 por 0.8 millones de pesos; del Fondo Regional 2016 por 26.4 millones de pesos; del FORTAFIN 2016 por 5.0 millones de pesos.

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— Recursos comprometidos en exceso por 4.2 millones de pesos, respecto de los ministrados mediante seis convenios en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2016.

— No se acreditó el ejercicio de recursos del Programa para el Fortalecimiento Financiero 2016 por 13.9 millones de pesos.

— Con recursos del del Programa FORTAFIN B se pagó obra no ejecutada por 1.5 millones de pesos.

— Se observaron diversas irregularidades de obra pública por 3.3 millones de pesos.

Bus Rapid Transit (BRT) Tijuana y Construcción de Puente Vehicular Centro Histórico-Puerta México, (BRT Tijuana Corredor 1 Puerta México-El Florido) en Tijuana, en el Estado de Baja California

— Se comprobaron pagos por 26.6 miles de obra de mala calidad; se realizaron pagos en exceso por 0.7 miles de pesos y; se realizaron pagos por 2.4 miles de pesos en los contratos de supervisión por no realizar los trabajos conforme a los términos de referencia de su contrato.

Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, en el Estado de México

— Se pagaron 6.7 millones de pesos en obra no ejecutada.

Construcción del Hospital Materno-Infantil de 160 Camas en Mérida y Centro Nacional de la Música Mexicana, en el Estado de Yucatán

— Cuantificación incorrecta de volúmenes de obra por 6.8 millones de pesos y; se realizaron pagos de los conceptos extraordinarios fuera de norma por 2.4 millones de pesos.

— Modificación del proyecto ejecutivo original autorizado sin que exista justificación técnica por 91.4 millones de pesos

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3. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis a la 2a. entrega de los informes individuales de auditorías

3.1. Sobre el cumplimiento del marco jurídico

Una vez realizado el análisis técnico y normativo de los 664 informes individuales de auditorías que corresponden a la segunda entrega referida a la Cuenta Pública 2016, se considera que existen los elementos técnicos necesarios y suficientes para determinar que, en términos generales, las auditorías practicadas por la ASF a las entidades vinculadas a los grupos funcionales de Gobierno, Gasto Federalizado, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, fueron realizadas de conformidad con las disposiciones generales establecidas en el marco legal y normativo aplicable.

Asimismo, se considera que los informes presentados atendieron los criterios normativos y legales que regulan la formulación, presentación y contenido de los informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 fracción VI y 79, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 14, 15, 35, 36, y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF).

Los informes de auditoría emitidos permiten observar con suficiencia sus criterios de selección, el objetivo, el alcance de cada una de ellas, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión (artículo 36, fracción I de la LFRCF); el cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas(artículo 36, fracción III de la LFRCF); los resultados de la fiscalización efectuada (artículo 36, fracción IV de la LFRCF); las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa (artículo 36, fracción V de la LFRCF), y en algunos casos, el apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones (artículo 36, fracción VI de la LFRCF).

Respecto de la inclusión de los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría (artículo 36, fracción II de la LFRCF), de la muestra revisada por esta Unidad, solo se encontraron los nombres de los Directores Generales y Directores de Área, pero no de los auditores que realizaron la auditoría, por lo que se considera que no se está dando cumplimiento puntual a lo establecido en el artículo antes referido.

La ASF refirió en los informes individuales entregados a la Cámara sobre las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, así como la imposición de las

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multas y demás acciones derivadas de los resultados de las auditorías practicadas en la revisión parcial de la Cuenta Pública 2016 (artículo 37 de la LFRCF).

Las denuncias de hechos (DH) correspondientes a la segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2016 al igual que de la primera entrega, no fueron reportadas por la ASF, (artículo 36, fracción V, de la LFRCF).

Por último, se constató que los informes individuales tuvieron un carácter público, al ser publicados en la página de internet de la ASF, en formatos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (artículo 36, último párrafo de la LFRCF).

3.2. Sobre la numeralia de la fiscalización superior efectuada

— Auditorías practicadas y la cobertura de fiscalización

Se verificó que derivado de la fiscalización superior parcial (segunda entrega) a la Cuenta Pública 2016, entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Comisión de Vigilancia (CVASF) el pasado 31 de octubre, se practicaron de 664 auditorías (vs. 502 reportadas en el primer paquete), de las cuales, 245 (vs. 236 en el primer paquete) fueron de cumplimiento financiero (36.9% del total); 330 (vs. 154 del primer paquete) de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño (49.7%); 47 (vs. 40 en el primer paquete) de inversiones físicas (7.1%); 38 (vs. 72 en el primer paquete) de desempeño (5.7%); 2 forenses (0.3%), (no se reportaron de este tipo en la primera entrega); y 2 estudios (0.3%), (no se reportaron estudios en la primera entrega).

Con el número de auditorías practicadas hasta la segunda entrega (31 de octubre de 2017) se contabiliza un total de 1 mil 166 revisiones correspondientes a la Cuenta Pública2016, mismos que representan el 62.5% respecto del total de revisiones consideradas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016 (PAAF 2016).

Realizadas (%) Realizadas (%) Realizadas1/ (%)

Total 1,659 100.0 1,643 100.0 664 100.0

Desempeño 149 9.0 149 9.1 38 5.7

Financiera con enfoque de desempeño 748 45.1 792 48.2 330 49.7

Evaluación de políticas públicas 8 0.5 8 0.5

Estudios 5 0.3 15 0.9 2 0.3

Cumplimiento Financiero 605 36.5 527 32.1 245 36.9

Inversiones Físicas 133 8.0 138 8.4 47 7.1

Forenses 10 0.6 14 0.9 2 0.3

Situación Excepcional 1 0.1 0.0

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016


Grupo/Tipo

Auditorías 2014 Auditorías 2015


Auditorías 2016

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Por lo que respecta a la cobertura de fiscalización, se constató que los entes públicos fiscalizados en los tres poderes de la nación (legislativo, judicial y ejecutivo) y órganos autónomos fue de 75 entes públicos a quienes se les aplicaron 186 auditorías, los cuales incluyeron: un ente del Poder Judicial a quien se le practicaron dos auditorías; 69 entidades del Poder Ejecutivo a quienes se les practicó 177 auditorías; y cinco órganos autónomos que fueron objeto de siete revisiones. Considerando adicionalmente a las entidades federativas y la Ciudad de México (32, que fueron sujetas a 147 auditorías), los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (245, que fueron objeto de 328 auditorías), así como las instituciones públicas de educación superior revisadas (tres, a las que se les aplicaron igualmente una auditoría a cada una), la cobertura de fiscalización total fue de 355 entes fiscalizados, mismos que fueron objeto de 664 auditorías.

Por grupo funcional, se tiene que en este segundo paquete de informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se observó que las funciones de Gobierno fueron objeto de 49 auditorías (7.4% de las 664 auditorías practicadas) a 17 entidades de cinco sectores y órganos autónomos. Particularmente, el sector Hacienda y Crédito Público, que forma parte del grupo funcional Gobierno, fue objeto de 36 auditorías practicadas a 9 entidades.

Asimismo, el grupo funcional de Desarrollo Económico fue objeto de 93 auditorías (14.0% de los 664 informes individuales) que fueron practicadas a 35 entidades de 9 sectores. En cuanto a las funciones de Desarrollo Social estas fueron objeto de 40 revisiones (6.0% de los 664 informes individuales) practicadas a 25 entidades agrupadas en 5 sectores y entidades no coordinadas sectorialmente.

Sujetos de Auditoría Universo RevisadoAuditorías

Practicadas% de Cobertura

Total de Entidades Fiscalizadas 3,310 355 664 10.7

Entidades Federativas y Ciudad de México 32 32 147 100.0

Municipios y Órganos Político-Administrativos del

Distrito Federal2,462 245 328 10.0

Instituciones Públicas de Educación Superior 494 3 3 0.6

Subtotal 322 75 186 23.3

Poder Legislativo 2 0 0 0.0

Poder Judicial 3 1 2 33.3

Poder Ejecutivo: 305 69 177 22.6

Dependencias 21 13 69 61.9

Entidades Coordinadas Sectorialmente 188 40 66 21.3

Entidades No Coordinadas Sectorialmente 10 3 6 30.0

Órganos Desconcentrados 86 13 36 15.1

Órganos Autónomos 12 5 7 41.7

COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/



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Finalmente, a los Estados y Municipios les fueron practicadas de forma directa 482 auditorías (72.6% del total), mismas que incluyen 469 auditorías a Gasto Federalizado y 13 revisiones de diversa índole a entidades federativas. De las 469 auditorías practicadas a Gasto Federalizado, correspondieron: 182 auditorías a fondos de Infraestructura Social Básica; 2 a Educación; 172 a Seguridad Pública; 72 a Participaciones Federales; 3 a Financiamiento Público; 7 al Sistema de Evaluación del Desempeño de Gasto Federalizado y 31 a Participación y Contraloría Social.

Es de destacarse que para esta segunda entrega de informes individuales se practicaron 72 auditorías sobre Participaciones Federales: 33 a la distribución de los recursos; 17 a la ministración a entidades federativas; 21 a la ministración a municipios y una revisión del reintegro del ISR –derivado del pago de nómina financiado con las mismas participaciones- que realiza la Federación a las entidades federativas.

Sobre los Sectores más auditados dentro de la Administración Pública Federal (APF), por grupo funcional, se observaron los siguientes: en el grupo funcional de Gobierno, el Sector Hacienda y Crédito Público con 36 auditorías de 49 practicadas en el grupo funcional; en funciones de Desarrollo Social, el sector Salud con 14 de 40; y en funciones de Desarrollo Económico, el sector Comunicaciones y Transportes con 28 auditorías de 93 practicadas al grupo funcional.

En cuanto a las Entidades de la Administración Pública Federal más fiscalizadas, por grupo funcional, fueron: en el grupo funcional de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 18 y Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 9 auditorías. En el grupo funcional de Desarrollo Económico, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (16 auditorías) y la Comisión Nacional de Agua (11 auditorías). En el grupo funcional de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública (7 auditorías), así como SEDESOL y el Instituto Mexicano del Seguro Social (con cuatro auditorías cada uno).

Respecto a Gasto Federalizado, las entidades federativas más auditadas fueron: Campeche y Jalisco con 19 auditorías cada una y Puebla y Querétaro con 17 auditorías cada una. Por el lado de los subsidios y fondos fiscalizados en Gasto Federalizado, los más auditados fueron: los comprendidos en Infraestructura Social Básica (182 auditorías) y Seguridad Pública (172).

— Observaciones – acciones emitidas

De acuerdo con el segundo paquete de informes individuales de auditorías de la Cuenta Pública 2016, y con base en los datos estadísticos del anexo Matriz de Datos Básicos elaborada por la ASF, se determinaron 2 mil 642 observaciones que dieron origen a la promoción de 3 mil 465 acciones, de las que se cuentan 1 mil 587 acciones preventivas (45.8%) y 1 mil 878 correctivas (54.2%).

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Respecto de las acciones preventivas, la ASF emitió 1 mil 287 recomendaciones y 300 Recomendaciones al Desempeño (RD). Por su parte, de las acciones correctivas, estas registraron 798 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS); 797 Pliegos de Observaciones (PO); 238 Solicitudes de Aclaración (SA); 41 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) y 4 Multas (M).

Por lo que toca al número de Denuncias de Hechos (DH), al igual que en la primera entrega, la ASF no dio cuenta de las presentadas ante las instancias correspondientes11.

Por grupo funcional, las entidades con mayor número de acciones emitidas fueron: en el grupo funcional de Gobierno, la SHCP con 90 acciones promovidas, la SRE con 72 y el SAT con 39 acciones. En el grupo de Desarrollo Económico, SCT con 199 acciones promovidas; CONAGUA con 94; SAGARPA con 84 acciones promovidas y PEMEX con 80 acciones promovidas. En Desarrollo Social, SEDESOL con 91 acciones promovidas, IMSS con 75, SEP con 68, INBAL con 42 y el Hospital Regional con Alta Especialidad de la Península de Yucatán con 39 acciones. En Gasto Federalizado, la mayor cantidad de acciones promovidas se presentó en Nayarit con 97, Sonora con 71, San Luis Potosí con 69 y Veracruz con 64 acciones promovidas.

11 La ASF aclara en su documento “Consideraciones para la Labor Legislativa, Cuenta Pública 2016. 2da. Entrega de Informes Individuales”, que las potenciales Denuncias de Hechos (DH) derivadas de la labor de fiscalización, se presentarán cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes aplicables, como lo dispone el artículo 67, fracción V de la LFRCF.

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Auditorías practicadas 1,659 1,643 664

Observaciones 6,346 6,491 2,642

Acciones Promovidas 8,245 100.0 9,472 100.0 3,465 100.0

Preventivas 3,365 40.8 3,942 41.6 1,587 45.8

R 2,233 27.1 2,735 28.9 1,287 37.1

RD 1,132 13.7 1,207 12.7 300 8.7

Correctivas 4,880 59.2 5,530 58.4 1,878 54.2

SA 1,207 14.6 377 4.0 238 6.9

PEFCF 75 0.9 73 0.8 41 1.2

PRAS 1,871 22.7 2,400 25.3 798 23.0

PO 1,639 19.9 2,662 28.1 797 23.0

M 88 1.1 18 0.2 4 0.1

R. Recomendación.

RD. Recomendación al Desempeño.

SA. Solicitud de Aclaración.

PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

PRAS. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

PO. Pliego de Observaciones.

M. Multa.



OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016

Concepto2014 2015 20161/

190



Con base en los datos reportados, se tiene que, en promedio, la ASF determinó 4.0 observaciones por auditoría y promovió 5.2 acciones por revisión. Asimismo, la ASF determinó en promedio, 7.4 observaciones y 9.7 acciones por entidad fiscalizada.

— Recuperaciones determinadas

De acuerdo con la Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reportó, respecto del segundo paquete de informes individuales de auditorías que, se determinaron recuperaciones por 28 mil 958.7 millones de pesos; importe del cual se han operado por poco más de 355 millones de pesos (equivalente al 1.2% de las recuperaciones determinadas), cifra muy inferior a los 1 mil 581.9 millones de pesos reportados como operados en el primer paquete de informes individuales; quedando aún por aclarar 28 mil 603.7 millones de pesos, que constituyen las recuperaciones probables, las cuales sólo pueden hacerse válidas si los entes auditados no presentan la documentación comprobatoria del gasto observado, de acuerdo a la normatividad establecida al respecto.

Las recuperaciones operadas que se derivan del segundo paquete de los informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016 (355 millones de pesos) provienen en su mayor parte de: la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios con recuperaciones operadas por 52.1 millones de pesos; Chiapas (80.2 millones de pesos); Quintana Roo (40.3 millones de pesos) y Yucatán (34.6 millones de pesos). Las recuperaciones de las cuatro entidades referidas (207.2 millones de pesos) equivalen al 58.4% del total de las recuperaciones operadas por la ASF.

ConceptoMonto




Subtotal 2001-2015 116,425.2

Recuperaciones Derivadas de Procedimientos Resarcitorios 2001-2015 2,097.0

Recuperaciones Derivadas de la Solventación de Observaciones 2001-2015 114,328.3














Cuenta Pública 2002 964.5





191



Como parte de un ejercicio de análisis, se observa que de manera acumulada, por la revisión de las Cuentas Públicas 2001-2015 (116 mil 425.2 millones de pesos) más lo reportado en las dos entregas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 (1 mil 927.2 millones de pesos)12, se han operado un total de recuperaciones por 118 mil 352.4 millones de pesos en la revisión de las Cuentas Públicas 2001-2016, al 31 de octubre de 2017.

Ahora bien, conforme a su origen, del total de recuperaciones operadas en el periodo 2001-2016 (118 mil 352.4 millones de pesos), 98.2% proviene de la solventación de observaciones (116 mil 255.5 millones de pesos) y 1.8% se deriva de la solventación de observaciones (2 mil 097.0 millones de pesos).

3.3. Sobre el avance en el cumplimento del PAAF 2016

De conformidad con las recientes modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la ASF ha entregado dos de las tres partes previstas de los informes individuales programados para los trabajos de fiscalización superior de la Cuenta Púbica 2016, quedando pendiente la tercera y última entrega que deberá ser recibida junto con el Informe General programado para febrero de 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del ordenamiento antes señalado, bajo el siguiente calendario13:

12 Importe reportado por la ASF, correspondiente a las Recuperaciones operadas de las Cuentas Públicas 2001-2016 (mdp), en su documento “Consideraciones para la Labor Legislativa, Cuenta Pública 2016. 2da. Entrega de Informes Individuales. 13 Ver Informe General de la Cuenta Pública 2015, página 37, “Comparativo de plazos de Fiscalización”. Febrero 2017, ASF. Asimismo, véase en los artículos 33 y 35 de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

ConceptoMonto



Recuperaciones Derivadas de Procedimientos Resarcitorios 2,097.0

Recuperaciones Derivadas de la Solventación de Observaciones 116,255.5


Recuperaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2001-2015 114,328.3




192



En la primera entrega, realizada en el mes de junio pasado, la ASF practicó 502 auditorías: 41 al grupo funcional de Gobierno; 37 a Desarrollo Social; 46 a Desarrollo Económico; y 378 a Gasto Federalizado. Del total de los informes que la ASF entregó, 72 son revisiones de desempeño, 154 financieras con enfoque de desempeño, 236 financieras y de cumplimiento, y 40 de inversión física.

Para esta segunda entrega, la ASF practicó 664 auditorías: 49 al grupo funcional de Gobierno; 40 a Desarrollo Social; 93 a Desarrollo Económico; y 482 a Gasto Federalizado. Del total de los informes que la ASF entregó, 38 son revisiones de desempeño, 330 financieras con enfoque de desempeño, 245 financieras y de cumplimiento, 47 de inversiones físicas, dos Forenses y dos Estudios.

Junio 20171

Primera Entrega de Informes Individuales

Octubre 20172

Segunda Entrega de Informes

Individuales

20 de Febrero 20183

Tercera Entrega de Informes Individuales

Informe General Ejecutivo del Resultado de la

Fiscalizacion de la Cuenta Pública 20161

Plazo vencido al último día hábil de junio; Art. 35 LFRCF. 2 Plazo vencido al último día hábil de octubre; Art. 35 LFRCF.

3 Plazo que vence. Art. 33 LFRCF.

Fuente: Elaborado por la UEC con base en la LFRCF.

193



GobiernoDesarrollo

Social

Desarrollo

Económico

Gasto1

Federalizado

1a. Entrega 41 37 46 378 502

2a. Entrega 49 40 93 482 664

Acumulado 1a. y 2a. 90 77 139 860 1166

Pendiente2 55 103 84 457 699

PAAF 145 180 223 1317 1865

1a. 28 24 20 0 72

2a. 8 15 15 0 38

Acum. 36 39 35 0 110

vs. PAAF 46 52 51 0 149

Pendiente2 10 13 16 0 39

1a. 1 0 0 153 154

2a. 0 0 0 330 330

Acum. 1 0 0 483 484

vs. PAAF 3 14 3 730 750

Pendiente2 2 14 3 247 266

1a. 8 7 7 214 236

2a. 36 22 48 139 245

Acum. 44 29 55 353 481

vs. PAAF 77 97 89 544 807

Pendiente2 33 68 34 191 326

1a. 4 6 19 11 40

2a. 3 1 30 13 47

Acum. 7 7 49 24 87

vs. PAAF 13 8 74 41 136

Pendiente2 6 1 25 17 49

1a. 0 0 0 0 0

2a. 0 2 0 0 2

Acum. 0 2 0 0 2

vs. PAAF 1 7 5 2 15

Pendiente2 1 5 5 2 13

1a. 0 0 0 0 0

2a. 0 0 0 0 0

Acum. 0 0 0 0

vs. PAAF 3 2 1 0 6


1a. 0 0 0 0 0

2a. 2 0 0 0 2

Acum. 2 0 0 0 2

vs. PAAF 2 0 0 0 2


Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PAAF 2016 y de la de la Matriz de Datos Básicos de la ASF 2016.

2/ Las revisiones pendientes se esperan recibir en la tercera y última entrega de informes individuales de auditorías, a más tardar el 20 de febrero

de 2018.

Financiera y de

cumpliminto

Inversiones Físicas

Forenses

Evaluación de Políticas

Públicas

Estudios

TOTALES

1/ Se incluyeron 11 auditorías correspondientes a Otras auditorías a Entidades Federativas para la primera entrega de informes Individuales y 13

par la segunda entrega, todas de Inversiones físicas.

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN (PAAF) 2016PAAF vs. Primera y Segunda Entrega de los Informes Individuales

Grupo Funcional

Tipo de Auditoría

Informe Individual y

PAAF

Desempeño

Financiera con enfoque

de desempeño

194



De acuerdo con la última modificación al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 2016 (PAAF 2016) remitida a la CVASF el pasado mes de octubre, el número de auditorías programadas asciende a 1 mil 865: 145 a funciones de Gobierno; 180 a Desarrollo Social; 223 a Desarrollo Económico; y 1 mil 317 a Gasto Federalizado.

Las 664 auditorías presentadas en esta segunda entrega en conjunto con las 502 de la primera entrega, representan un avance del 62.5% del total de las auditorías programadas en PAAF 2016. Por grupo funcional se observa lo siguiente:

Al Grupo Funcional de Gobierno se practicaron 49 auditorías, (33.8%) para esta segunda entrega y en conjunto con la primera entrega (41; 28.3%) acumulan un total de 90 auditorías practicadas para este grupo funcional (62.1%), restando respecto de lo programado en el PAAF, 55 auditorías (37.9%).

Para el Grupo Funcional de Desarrollo Social se practicaron 40 auditorías, (22.2%) para esta segunda entrega y en conjunto con la primera entrega (37; 20.6%) acumulan un total de 77 Auditorías (43.5%) practicadas para este grupo funcional, restando respecto de lo programado en el PAAF, 103 auditorías (57.2%).

Auditorías Pract. 1a. Entrega 41;

28.3%


33.8%

Auditorías Pend. PAAF 55; 37.9%

1/ Auditorías Programadas PAAF 2016.Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PAAF 2016 e Informes Individulaes 1a. y 2a. entrega de la C.P. 2016, ASF.

Avance del PAAF 2016 a la Segunda Entrega de Informes IndividualesGOBIERNO

(145 Auditorías totales1)

195



Por lo que toca al Grupo Funcional de Desarrollo Económico se practicaron 93 auditorías, (41.7%) para esta segunda entrega y en conjunto con la primera entrega (46; 20.6%) acumulan un total de 139 auditorías practicadas para este grupo funcional (62.3%), restando respecto de lo programado en el PAAF, 84 auditorías (37.7%).


20.6%


22.2%



Avance del PAAF 2016 a la Segunda Entrega de Informes IndividualesDESARROLLO SOCIAL(180 Auditorías totales1)


20.6%


41.7%

Auditorías Pend. PAAF84; 37.7%


Avance del PAAF 2016 a la Segunda Entrega de Informes IndividualesDESARROLLO ECONÓMICO

(233 Auditorías totales1)

196



En cuanto al Gasto Federalizado se practicaron 482 auditorías, (36.6%) para esta segunda entrega y en conjunto con la primera entrega (378; 28.7%) acumulan un total de 860 auditorías practicadas para este grupo funcional (65.3%), restando respecto de lo programado en el PAAF, 457 auditorías (34.7%).

Por tipo de auditoría practicada restan, respecto del PAAF 2016: 39 auditorías de desempeño, 266 auditorías financieras con enfoque de desempeño, 326 financieras y de cumplimiento, 49 de inversiones físicas, 13 forenses y 6 evaluaciones de políticas públicas.

3.4. Sobre el enfoque de la fiscalización superior

Del total de los informes individuales de auditorías presentados en el segundo bloque de 2016 por la ASF, 624 fueron revisiones de regularidad; 38 de desempeño y 2 Estudios; no se realizaron evaluaciones de políticas públicas. Con base en lo anterior, la práctica de auditorías observó un sesgo hacia las auditorías de regularidad, significar el 93.9% de los informes de auditoría presentados (624 de 664 auditorías practicadas); de las cuales 52.9%, (330 auditorías fueron financieras con enfoque de desempeño, 39.3% (245) financieras y de cumplimiento, 7.5% (47) de inversiones físicas y 0.3% (2) auditorías forenses. En la revisión correspondiente a la primera entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2016, no se practicaron auditorías forenses y las revisiones de regularidad significaron el 85.7% de las revisiones practicadas para este bloque.


28.7%

Auditorías Pract. 2a. Entrega482;

36.6%



Avance del PAAF 2016 a la Segunda Entrega de Informes IndividualesGASTO FEDERALIZADO(1317 Auditorías totales1)

197



Es necesario destacar que Gasto Federalizado concentró el 70.6% del total de auditorías de regularidad; (469 revisiones de un total de 624), de las cuales 330 fueron financieras con enfoque de desempeño y 139 financieras y de cumplimiento.

Del total de auditorías de inversiones físicas practicadas en la 2a. entrega (47), el 63.8% correspondió al grupo funcional Desarrollo Económico (30); el 27.7% a Gasto Federalizado (13); el 6.4% a Gobierno (3) y el 2.1% a Desarrollo Social (1).

Por su parte, el 5.7% de las revisiones practicadas en el segundo bloque de informes individuales de auditorías correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública de 2016 fueron de desempeño (38 de 664 auditorías), porcentaje muy inferior respecto al observado en la primera entrega de informes individuales 2016 (14.3%; 72 de 502 auditorías). En conjunto (primera y segunda entrega de informes individuales) las auditorías de desempeño practicadas (110) representan el 73.8% de las que se tienen programadas en su totalidad en la revisión de la Cuenta Pública 2016.

198



4. Planteamientos, opiniones y sugerencias en torno a la 2a. entrega de informes individuales de auditorías

4.1. Propuestas de modificaciones y reformas legislativas de la ASF

La ASF distingue 14 temas de mayor relevancia y las correspondientes modificaciones a los ordenamientos legales: Seguridad del espacio aéreo mexicano El incremento en el tráfico aéreo obliga a las autoridades responsables a disponer de la infraestructura necesaria para proporcionar a los usuarios y a los prestadores de este servicio, las debidas condiciones que permitan una administración adecuada del mismo. Con base en la auditoría 332-DE, “Seguridad en la Operación de los Aeropuertos”, se determinó una inconsistencia en las previsiones de la Ley de Aviación Civil (LAC), ya que aquellos proveedores vinculados con este sector que hayan acreditado el uso del denominado Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SGSO) están sujetos a enfrentar consecuencias negativas (suspensión o revocación del certificado que emite la autoridad aeronáutica civil, en los supuestos que la ley establece) en caso de incurrir en fallas y omisiones en la operación de dicho sistema. En cambio, en la LAC no existen las mismas consideraciones para quienes aún no han adoptado el SGSO, lo que genera brechas en el cumplimiento del proceso de su certificación. Por lo tanto, es necesario que se definan plazos para que todos los proveedores de servicios en la aviación civil inicien su implementación, así como las sanciones correspondientes para quienes no acrediten su aplicación. Al respecto la ASF sugiere que, en el capítulo XIX “De las sanciones” de la LAC, se prevean disposiciones específicas para imponer sanciones a los proveedores de servicios de aviación civil que no implementen el SGSO. Conservación de Áreas Naturales Protegidas La deforestación en el país y la afectación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el desarrollo de labores extractivas o agropecuarias representan un riesgo para la conservación de los recursos forestales y, por consiguiente del medio ambiente en general. A esto se aúna la destrucción resultante de fenómenos naturales, incendios, plagas o enfermedades, así como los retos en la operación de las instancias de coordinación previstas en materia forestal, que involucran a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas (CONANP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

199



De 2011 a 2016 se registró una pérdida de superficie forestal de 0.15 por ciento anual, equivalente a 956 mil 075.6 hectáreas, por lo que pasó de 138.3 millones a 137.3millones de hectáreas, lo cual representó un costo anual por agotamiento de los recursos forestales del orden de 15 mil 461.7mdp, monto superior en 92.9 por ciento respecto de los 8 mil 014.9 mdp erogados por las entidades responsables de la política forestal en 2016. A partir de la información derivada de las auditorías 423-DE “Inspección y Vigilancia Forestal”, 424-DE “Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas”, 428-DE “Conservación del Aprovechamiento de los Recursos Forestales” y 393-DE “Regulación Forestal”, se planteó la necesidad de que la CONANP cuente con mayores atribuciones para contribuir a la disminución de la degradación y deforestación del país. Con base en estos resultados, la ASF sugiere que en el artículo 27, fracción V de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), se dote de atribuciones a la CONANP para que, en su carácter de responsable de la administración de las ANP, participe en los convenios de colaboración relacionados con la estabilización de la frontera agrícola y el aumento de la productividad del componente agropecuario de las áreas colindantes. Inteligencia financiera Por su naturaleza, el fenómeno de los delitos financieros abarca, de manera general, dos dimensiones: una vinculada a la esfera del Sistema Financiero Mexicano (SFM) —ya que los recursos producto de actividades ilícitas suelen ser introducidos al mismo con la finalidad de encubrir su origen— y la segunda, en el ámbito de la seguridad pública, debido a la procedencia y el destino potencial de los recursos. A partir del año 2000, el Gobierno Federal se enfocó en la prevención y combate de dichos delitos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se encarga de prevenir y detectar que los recursos provenientes de actividades ilícitas no sean introducidos al SFM y, en su caso, denunciarlos ante las autoridades competentes. Por su parte, en el ámbito de la seguridad pública, la Policía Federal (PF) es responsable de prevenir la ocurrencia de este tipo de actos, así como de su investigación, bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal (MPF). En opinión de la ASF, la UIF estableció medidas y procedimientos para prevenir y detectar probables hechos delictivos. En particular, identificó un total de 1,120 personas de alto riesgo, y promovió 112 denuncias que derivaron en el mismo número de averiguaciones previas. En cuanto al ámbito de la seguridad pública, no se contó con elementos que permitieran determinar el impacto de los productos de inteligencia elaborados por la PF, tanto en su carácter de instancia encargada de la prevención de los delitos como de auxiliar de la autoridad ministerial en el combate de los mismos. Por ello, a raíz de la práctica de las auditorías 33-GB “Detección de los Delitos Financieros” y 21-GB “Prevención de los Delitos Financieros”, se determinó que es necesario fortalecer la

200



participación de la PF en la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de actuar de manera coordinada con las instancias correspondientes, así como con las autoridades reguladoras y supervisoras del SFM. Así, en específico se sugiere que se revisen los artículos 3, 44 al 46 y 50 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), para: (1) Reconocer la personalidad jurídica de la PF como instancia investigadora con facultades y responsabilidades en la materia; (2) Ampliar y fortalecer sus capacidades de investigación para recabar información de las actividades vulnerables registradas por las entidades financieras; (3) Corroborar información que obra en poder de las autoridades federales referente a la expedición de identificaciones oficiales; (4) Solicitar a la SHCP la verificación de información de quienes realicen actividades vulnerables, así como de otras referencias contenidas en avisos y demás datos que reciba conforme a dicha ley, y (5) Mantener la secrecía de los registros a los que la PF tenga acceso respecto a personas distintas a las autorizadas. Se sugiere, asimismo, la revisión del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) para incorporar la atribución al Comisionado General de la PF para que pueda acceder a información registrada por las instituciones de crédito. Integración de la totalidad de las obligaciones financieras del Estado mexicano derivadas de diversos esquemas financieros de largo plazo Las principales modalidades de deuda que contraen las entidades públicas abarcan desde los préstamos directos hasta las obligaciones que derivan de estrategias financieras de largo plazo, así como distintos esquemas e instrumentos que implican pasivos contingentes y compromisos directos. Es posible que dichos compromisos no estén registrados como pasivos en los estados financieros del gobierno. Sin embargo, en el futuro, podrían tener un efecto importante en las necesidades de endeudamiento y, por consiguiente, en la demanda de recursos económicos para el país. Con base en la información obtenida en la auditoría 359-DE “Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”, se identificó la utilización de mecanismos de financiamiento por parte de entidades públicas en los que se comprometen flujos futuros, con el fin de contar con disponibilidad financiera para llevar a cabo dicho proyecto en el largo plazo. Es necesario generar las condiciones para que la información involucrada en dichas operaciones se reporte adecuadamente y permita conocer, de manera clara y objetiva, la carga que estos esquemas representarán para el Estado. Al respecto, la ASF sugiere que por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones, y de Transportes, se evalúe modificar la Ley General de Deuda Pública

201



(LGDP), para que se regulen los mecanismos de financiamiento como los utilizados para la construcción del NAICM —fideicomisos, fondos, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP)—. Uso de mecanismos financieros vinculados con fondos de vivienda El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) es un órgano desconcentrado que no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propios, ni está facultado para contratar deuda; razón por la cual utiliza fideicomisos privados para financiar parte de su operación, previa cesión de la cartera por cobrar de créditos hipotecarios. La SHCP tiene la facultad de autorizar la bursatilización de la cartera del FOVISSSTE mediante la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, los cuales en 2016 tuvieron una tasa de interés nominal anual del 3.8 por ciento, y están indexados en Unidades de Inversión (UDI); por ello se estima que podrían ocasionar un costo de financiamiento. A partir de la auditoría 253-DS “Ingresos por Bursatilización”, la ASF ha planteado la necesidad de que se revise el esquema de créditos hipotecarios otorgados por el FOVISSSTE. Por tales razones la ASF sugiere que por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público; Salud; Seguridad Social; Trabajo y Previsión Social, y Vivienda, se revise y evalúe modificar los artículos 185, párrafo segundo y 189, párrafos primero y segundo, y demás artículos vinculados con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), para quedar en los términos siguientes: Artículo 185: “El saldo de los créditos otorgados a los Trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley se mantendrá en los términos contratados sin incrementarse con algún índice de actualización”. “Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine la Junta Directiva”. Con este cambio propuesto se pretende minimizar el riesgo financiero que enfrentan los trabajadores. Artículo 189: “Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el Instituto, que reciban las entidades receptoras conforme a esta Ley, deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto por lo que respecta al Fondo de la Vivienda, en los términos y conforme a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los créditos a favor de los Trabajadores a que se refiere esta Sección, en valores a cargo del Gobierno Federal, a través del Banco de México e Instrumentos de la Banca de Desarrollo”.

202



“La SHCP podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia”. La modificación que se sugiere suprime la frase "o se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda", con la que concluía el párrafo anterior; con ello se elimina el riesgo que conlleva este esquema. Transparencia en el registro de estímulos, beneficios y exenciones fiscales A partir de la información obtenida en la auditoría 64-GB “Revelación de Estímulos, Beneficios y Exenciones Fiscales” se determinó que, en virtud de los distintos criterios de exclusión establecidos por la SHCP para la formulación del Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF), no fueron consideradas renuncias recaudatorias, tales como beneficios fiscales otorgados por decretos presidenciales o condonación y reducción de recargos, multas o contribuciones. Asimismo, se identificaron renuncias recaudatorias por beneficios y estímulos fiscales en materia de derechos, y que tampoco se revelaron en el PGF 2016. La ASF considera que es necesario contar con los elementos suficientes para la toma de decisiones en materia de política fiscal y hacendaria, con base en estimaciones sobre la totalidad de las renuncias recaudatorias previstas. La ASF sugiere que por conducto de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, se analice incluir en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) otras renuncias recaudatorias dentro del PGF. Contrataciones entre entidades públicas al amparo de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Desde la revisión de Cuentas Públicas pasadas, la ASF ha llamado la atención respecto a la adjudicación directa de servicios a través del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Se ha documentado que los servicios son subcontratados por falta de capacidad técnica y humana por parte, principalmente, de institutos educativos o universidades públicas. Asimismo, se identificaron deficiencias en la verificación del cumplimiento de las obligaciones y actividades ejecutadas por el prestador de los servicios, conforme a lo descrito en el anexo técnico del contrato. Con base en los resultados de la auditoría 259-DS “Erogaciones por Servicios Contratados con Universidades”, se sugiere que se reforme el artículo 1º de la LAASSP para que cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, dado el carácter excepcional de este mecanismo, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes.

203



Además, sería necesario que los titulares de las dependencias contratante y contratada sean los responsables de vigilar el cumplimiento de los términos establecidos que se formalicen al amparo de dicho artículo. Banca de Desarrollo La auditoría 93-GB “Cartera de Crédito” permitió establecer que la comprobación del ejercicio de los recursos en materia de infraestructura financiados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) requiere de mayores mecanismos de control, ya que los requerimientos actuales son insuficientes e implican un alto riesgo en la ejecución y terminación de los proyectos en cuestión. De hecho, con base en la normativa vigente, solamente se necesita de una certificación, mediante el oficio que suscribe el titular del OIC o servidor público facultado de la entidad federativa de que se trate para acreditar este requisito. Se sugiere que por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público —responsable de analizar y dictaminar las leyes en materia de crédito público— en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) —órgano desconcentrado de la SHCP con facultades para supervisar y regular a las entidades financieras— se evalúen las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito”, además de la normativa que regula las operaciones de la Banca de Desarrollo, relacionadas con la cartera de crédito, específicamente en lo que corresponde a la comprobación del ejercicio de los recursos en los proyectos de infraestructura que financia BANOBRAS. Transparencia presupuestal y contable La revelación y publicación oportuna de cifras confiables respecto a la presupuestación y a la actividad financiera del Estado constituyen elementos de transparencia que generan certidumbre sobre la operación del gobierno y permiten visualizar, de manera objetiva, las perspectivas de mediano y largo plazo, así como los riesgos y áreas de oportunidad existentes para una asignación más eficiente de los recursos. La ASF ha identificado que, actualmente, sólo se reporta el total del Gasto Corriente Estructural (GCE) en términos agregados. Esto, a pesar de que la SHCP estableció en el Manual de Programación y Presupuesto, durante el periodo 2015 - 2018, que con el fin de dar cumplimiento al artículo 17 de la LFPRH, y demás disposiciones aplicables, las asignaciones del GCE que las dependencias y entidades incluyan en sus anteproyectos de presupuesto, deberían ser consistentes con el límite máximo de este rubro, aplicable en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). Asimismo, la ASF ha determinado que se requiere establecer una responsabilidad explícita por parte de los titulares de las entidades públicas, respecto a la veracidad e integridad de la información contable y financiera que las instancias a su cargo generan.

204



Con base en estas consideraciones y a partir de las auditorías 38-GB “Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal” y 49-GB “Gasto Público Federal y Sistema de Evaluación del Desempeño”, la ASF propone las siguientes modificaciones: (1) Adicionar un nuevo inciso en la fracción II del artículo 41 de LFPRH, y en la fracción II de los artículos 46 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), a fin de que en el PEF, se defina e informe el límite máximo del GCE por cada uno de los ramos y ejecutores; y Adicionar un párrafo en el artículo 46, fracción I, de la LGCG, a fin de que se disponga que los titulares de cada ente público emitan una declaratoria en la que se manifieste su responsabilidad acerca de la veracidad e integridad de la información financiera que se genera; de la que se utiliza para preparar y emitir los estados financieros respectivos, y de la que se entrega para los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal que se incluyen en la Cuenta Pública. Transparencia en el registro de ingresos La ASF ha identificado que existe un área de oportunidad respecto a la información que el Estado mexicano debe emitir sobre cierto tipo de ingresos, a fin de mejorar el control de su aplicación. Igualmente, la institución ha planteado la necesidad de transparentar los recursos derivados de disponibilidades presupuestarias e ingresos excedentes. Asimismo, derivado de la fiscalización practicada se hace patente la necesidad de fortalecer el control de los recursos destinados a la estabilización de las finanzas públicas y hacer transparente su trazabilidad. A partir de la información derivada de la auditoría 52-GB “Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales”, la ASF recomienda: (1) Establecer en el artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), la obligación de la SHCP de publicar en el Tomo de Resultados Generales y en el Estado Analítico de Ingresos (Cifras Básicas) de la Cuenta Pública, la información pormenorizada sobre los conceptos y los montos que integran los aprovechamientos de capital, de los ingresos no petroleros y no tributarios, con el fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas de este tipo de ingresos; (2) Analizar la conveniencia de establecer en el artículo 19 de la LFPRH que se reporte pormenorizadamente en la Cuenta Pública y en los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos excedentes, con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas respecto de dichos recursos públicos; (3) Incluir en el artículo 41, fracción II, inciso m, de la LFPRH, que en el PPEF, la SHCP informe a la H. Cámara de Diputados sobre la estimación de las reducciones que se proponen al presupuesto por ramo, capítulo y concepto de gasto, así como de las que resulten con base en la evaluación de prioridades, la información del desempeño de las políticas y del proceso

205



de fusión y resectorización de los programas que presenten similitudes o complementariedades; (4) Adicionar un artículo en el Capítulo II, “Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria”, de la LFPRH para establecer que los recursos no devengados, una vez aplicadas las disposiciones específicas de la SHCP respecto al cierre del ejercicio presupuestario, se puedan acumular en una subcuenta específica del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; y (5) Incorporar un capítulo adicional en la LFPRH para regular el proceso de cierre del ejercicio presupuestario, como parte del Título Tercero, “Del Ejercicio del Gasto Público Federal”. Gestión del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo La SHCP prevé que habrá restricciones para asignar recursos a la estabilización de las finanzas públicas, debido a las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos y la tendencia decreciente en la producción y exportación de la mezcla mexicana de petróleo crudo. Al respecto, se sugiere analizar la posibilidad de acumular, cuando existan, recursos para la estabilización y el ahorro de largo plazo de las finanzas públicas, provenientes de fuentes distintas a los ingresos petroleros, sin elevar el déficit presupuestario y primario, la deuda o el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. Con base en la auditoría 52-GB “Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales” la ASF recomienda que por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, se considere la pertinencia de reformar el artículo 93 de la LFPRH, y el artículo 16, fracción II, inciso g, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (LFMPED), con el fin de contribuir a la capacidad del Estado para hacer frente a futuras presiones financieras vinculadas con el mercado petrolero. Adecuación del marco legal respecto a la determinación de los requerimientos financieros del sector público A juicio de la ASF, resulta fundamental contar con información precisa y oportuna respecto a la capacidad de financiamiento del Estado mexicano y su vinculación con la sostenibilidad de las finanzas públicas federales. Esto incluye la necesidad de tener una definición más exacta de los conceptos involucrados. Lo anterior contribuirá a favorecer un entorno de control de mayor efectividad para generar datos relevantes y mecanismos de seguimiento. Con base en la auditoría 63-GB “Requerimientos Financieros del Sector Público y Sostenibilidad de las Finanzas Públicas Federales” la ASF sugiere:

206



Adicionar en el artículo 2 de la LFPRH, la definición de los conceptos de sostenibilidad y de capacidad de financiamiento del sector público federal. Lo anterior impactaría en la determinación de la meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público, establecida en los artículos 16, fracción V, y 17 de dicha ley. Incluir una fracción en el referido artículo 16 para: (1) establecer los criterios básicos de la medición de la capacidad de financiamiento del sector público federal, y (2) señalar que la sostenibilidad a mediano plazo debe considerar que la trayectoria del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —como proporción del Producto Interno Bruto (PIB)— presente un comportamiento decreciente o constante durante el periodo que se proyecta, adicional al año que se presupueste. Incorporar en los artículos 2 y 16 de la LFPRH la definición de la Posición Financiera Neta del Sector Público Federal, para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al ser un indicador que mide estas obligaciones de manera más amplia y precisa que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público considerado actualmente en dicha ley. Mejora en la gestión, impacto y control de los fondos de infraestructura social En la fiscalización de las transferencias condicionadas pertenecientes al Ramo General 33, la ASF reitera la existencia de ambigüedades normativas que influyen en las interpretaciones respecto a la aplicación de dichos recursos, así como la presencia de espacios de discrecionalidad que limitan el impacto de este tipo de gasto en las entidades federativas y municipios. El Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) es la referencia legal que regula el ejercicio de los recursos del Ramo 33; la ASF considera fundamental que el Ejecutivo reglamente este capítulo, a fin de que se propicie un ambiente de control adecuado y se establezcan definiciones y objetivos idóneos que conlleven un mayor impacto social derivado de la aplicación de los fondos. Al margen de esta recomendación, la ASF hace tres propuestas de modificaciones puntuales a la LCF —dos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) y una al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) — con las que se pretende potenciar la eficacia y efectividad de estos rubros del gasto: Para el FISM-DF la ASF sugiere modificar el artículo 33, numeral A, fracción I, de la LCF, de acuerdo con lo siguiente: “I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo

207



señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Para ello, dicha instancia deberá publicar, a más tardar el 5 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los Lineamientos del Fondo, mismos que tendrán una vigencia de tres años. Asimismo, las subsecuentes adecuaciones a las que haya lugar, deberán ser publicadas a más tardar en esa misma fecha”. Esta sugerencia está encaminada a dar certeza a los municipios en el ejercicio de los recursos del FISM-DF y procurar que las modificaciones de las reglas correspondientes se realicen de manera ordenada y transparente, ya que la ASF ha identificado que la publicación tardía de los Lineamientos de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), así como los cambios constantes de los criterios de aplicación de los recursos, representan factores determinantes de las observaciones derivadas de la fiscalización. También se propone modificar el Artículo 33, numeral A, fracción II, párrafo tercero de la LCF en los siguientes términos: “En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos, con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión de los municipios o demarcaciones territoriales, incluyendo las orientadas a cumplir con las obligaciones en materia de armonización contable”. Esta propuesta se justifica dado que uno de los principales problemas que enfrentan los municipios rurales de menos de 25 mil habitantes, es la carencia de medios para cumplir a cabalidad las obligaciones establecidas en la LGCG. En este sentido, la ASF considera recomendable canalizar recursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) para la adquisición de infraestructura informática para estos efectos. Para el caso de FORTAMUN-DF se sugiere modificar el artículo 38 de la LCF en los siguientes términos: “El Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que resultara del Censo de Población o, en su caso, de la encuesta intercensal, que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.

208



La ASF considera que contar con datos estadísticos más confiables y oportunos permitirá distribuir con mayor equidad los recursos del FORTAMUN-DF. Participaciones Federales Con la entrada en vigor de la nueva LFRCF, la ASF tiene la facultad de fiscalizar las Participaciones Federales. Para esta entrega de Informes Individuales, se contempla la inclusión de 72 auditorías sobre Participaciones Federales. De éstas, 33 se refieren a la distribución de los recursos, 17 a la ministración a entidades federativas, 21 a la ministración a municipios y la restante se refiere a la revisión del reintegro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) —derivado del pago de nómina financiado con las mismas participaciones— que realiza la Federación a las entidades federativas. En lo que respecta al rubro de distribución y ministración, la ASF propone modificar el artículo 21, fracción IV de la LCF en los términos siguientes: “Serán responsabilidades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: IV.- Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la SHCP, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la SHCP y las Entidades”. Esta sugerencia es pertinente, ya que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, de conformidad con la fracción IV del artículo 21 de la LCF, ha constituido un Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos Federales; sin embargo, esta instancia ha limitado su actuación a la revisión del proceso de distribución, liquidación y pago de las Participaciones Federales a las entidades federativas, sin considerar una mayor incidencia de sus actividades sobre dicho proceso. Es importante mencionar que las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016 mostraron un elevado número de irregularidades en la ministración de los recursos de las entidades federativas a los municipios. De acuerdo con lo anterior, es necesario que el referido Comité tenga mayor peso en el proceso de distribución, liquidación y pago de las Participaciones Federales, en lo correspondiente a la transferencia de los recursos de las entidades federativas a los municipios. Para ello, se considera conveniente modificar el citado artículo de la LCF, sustituyendo la palabra “facultad”, por el término “responsabilidad”. A continuación se especifican en un cuadro-resumen las propuestas de modificaciones y reformas legislativas que hace la ASF a la Cámara de Diputados, derivadas de la segunda entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2016:

209



Continúa…

Ordenamiento Jurídico Disposiciones Propuesta Contribución

Ley de Aviación CivilCapítulo XIX “De

las sanciones”

• Prever las disposiciones específicas para imponer sanciones a los

proveedores de servicio que no implementen el SGSO.

• Abatimiento de brechas en el proceso de certificación de

proveedores de servicio en la aviación civil.

• Condiciones homogéneas para todos los proveedores de

servicio en la aviación civil.

• Correcta gestión del tráfico aéreo.

Ley General de

Desarrollo Forestal

Sustentable

Artículo 27,

fracción V

• Dotar de atribuciones a la CONANP para que, en su carácter de

responsable de la administración de las ANP, participe en los

convenios de colaboración relacionados con la estabilización de la

frontera agrícola y el aumento de la productividad del componente

agropecuario de las áreas colindantes.

• Disminución de la degradación y deforestación de la

superficie forestal del país, a efecto de propiciar un

desarrollo forestal sustentable.

Ley Federal para la

Prevención e

Identificación de

Operaciones con

Recursos de

Procedencia Il ícita

Artículos 3, 44 al

46 y 50

• Reconocer la personalidad jurídica de la PF como instancia

investigadora con facultades y responsabilidades en la materia.

• Ampliar y fortalecer las capacidades de investigación de la PF.

• Corroborar información que obra en poder de las autoridades

federales referente a la expedición de identificaciones oficiales.

• Solicitar a la SHCP la verificación de información de quienes

realicen actividades vulnerables.

• Mantener la secrecía de los registros a los que la PF tenga acceso

respecto a personas distintas a las autorizadas.

Ley de Instituciones de

CréditoArtículo 142

• Incorporar la atribución al Comisionado General de la PF para que

pueda acceder a información registrada por instituciones de crédito.

Ley General de Deuda

Pública

Disposiciones

generales

• Regular los mecanismos de financiamiento de largo plazo, como

los util izados para la construcción del NAICM.

• Rendición de cuentas clara y oportuna sobre las

operaciones y estrategias financieras de largo plazo, con

el fin de transparentar sus implicaciones para el Estado.

Artículo 185,

párrafo segundo

(y demás

vinculados)

• Revisar el esquema de créditos hipotecarios otorgados por el

FOVISSSTE, mediante la modificación siguiente:

• “El saldo de los créditos otorgados a los Trabajadores a que se

refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley se mantendrá en los

términos contratados sin incrementarse con algún índice de

actualización”.

• “Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el

saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine la Junta

Directiva”.

Artículo 189,

párrafos primero

y segundo (y

demás

vinculados)

• Revisar el esquema de créditos hipotecarios otorgados por el

FOVISSSTE, mediante la modificación siguiente:

• “Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los descuentos

para cubrir los créditos que otorgue el Instituto, que reciban las

entidades receptoras conforme a esta Ley, deberán ser transferidas a

la cuenta que el Banco de México le l leve al Instituto por lo que

respecta al Fondo de la Vivienda, en los términos y conforme a los

procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los

Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán

invertirse, en tanto se aplican a los créditos a favor de los

Trabajadores a que se refiere esta Sección, en valores a cargo del

Gobierno Federal, a través del Banco de México e Instrumentos de la

Banca de Desarrollo”.

• “La SHCP podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda

se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean

de alta calidad crediticia”.

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad

Hacendaria

Disposiciones

generales

• Incluir, en el PGF los montos de las distintas renuncias

recaudatorias.

• Mayor transparencia en la determinación de los gastos

fiscales.

• Disposición de elementos suficientes para la toma de

decisiones en materia de política fiscal y hacendaria, con

base en estimaciones sobre la totalidad de las renuncias

recaudatorias previstas.

Seguridad del espacio aéreo mexicano

Conservación de Áreas Naturales Protegidas

Inteligencia financiera

Integración de la totalidad de las obligaciones financieras del Estado mexicano derivadas de diversos esquemas financieros de largo plazo

Uso de mecanismos financieros vinculados con fondos de vivienda

• Fortalecimiento de la estrategia de prevención ante

delitos vinculados con operaciones con recursos de

procedencia i l ícita.

• Mayor eficacia y coordinación entre instancias de

seguridad pública, procuración de justicia, así como con

las autoridades reguladoras y supervisoras del SFM.

• Mayor disposición de información, incluyendo la

recabada por instituciones de crédito.

Ley del Instituto de

Seguridad y Servicios

Sociales de los

Trabajadores del

Estado

• Minimizar el riesgo financiero que enfrentan los

trabajadores.

Transparencia en el registro de estímulos, beneficios y exenciones fiscales

210



Continúa…


Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Sector

Público

Artículo 1°

• Establecer controles para que el titular de la dependencia

contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y se

responsabilice de la vigilancia de los mismos.

• Contribuir al establecimiento de un ambiente de control

adecuado.

“Disposiciones de

Carácter General

Aplicables a las

Instituciones de

Crédito”, así como la

demás normativa que

regule las operaciones

de la Banca de

Desarrollo

Disposiciones

generales

• Mejorar los controles respecto a la comprobación del ejercicio de

los recursos en los proyectos de infraestructura que financia

BANOBRAS.

• Reducción de riesgos en la ejecución y terminación de

los proyectos de infraestructura financiados por

BANOBRAS.

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad

Hacendaria

Artículo 41,

fracción II

Ley General de

Contabilidad

Gubernamental

Fracción II de los

artículos 46 y 61

Ley General de

Contabilidad

Gubernamental

Artículo 46,

fracción I

• Establecer la obligación de que cada ente público emita una

declaratoria en la que se manifieste su responsabilidad acerca de la

veracidad e integridad de la información que se genera para

preparar y emitir los estados financieros respectivos, así como de la

que se entrega para conformar los Estados Financieros

Consolidados del Gobierno Federal que se incluyen en la Cuenta

Pública.

• Contribuir al establecimiento de un ambiente de control

adecuado.

Ley de Ingresos de la

FederaciónArtículo 1°

• Establecer la obligación de publicar información pormenorizada

sobre los conceptos y montos que integran los aprovechamientos de

capital, de los ingresos no petroleros y no tributarios.

Artículo 19• Asegurar que se reporte el origen y destino de cada uno de los

componentes de los ingresos excedentes.

Artículo 41,

fracción II, inciso

m

• Informar a la H. Cámara de Diputados sobre las reducciones

presupuestales que se realizan durante el año fiscal.

Capítulo II “Del

Equilibrio

Presupuestario y

de los Principios

de

Responsabilidad

Hacendaria”

• Determinar que los recursos no devengados se transfieran al Fondo

de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Título Tercero “Del

Ejercicio del Gasto

Público Federal”

• Incorporar un capítulo adicional para regular el proceso de cierre

del ejercicio presupuestario.

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad

Hacendaria

Artículo 93

Ley del Fondo

Mexicano del Petróleo

para la Estabilización

y el Desarrollo

Artículo 16,

fracción II, inciso

g

Contrataciones entre entidades públicas al amparo de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Banca de Desarrollo

• Incrementar la capacidad del Estado para hacer frente a

reducciones sostenidas en el precio del petróleo, así

como a la tendencia decreciente en la producción y

exportación de la mezcla mexicana.

• Contribuir a la capacidad del Estado para hacer frente a futuras

presiones financieras vinculadas con el mercado petrolero.

Transparencia presupuestal y contable

Transparencia en el registro de ingresos

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad

Hacendaria

Gestión del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

• Incluir en el PEF los montos correspondientes al GCE junto con su

l ímite máximo por cada uno de los ramos y ejecutores del gasto

público federal.

• Revelación y publicación oportuna de cifras confiables

respecto a la actividad financiera del Estado.

• Certidumbre respecto a la operación financiera del

gobierno (en el mediano y largo plazo).

• Previsión de los riesgos y áreas de oportunidad para la

asignación más eficiente de los recursos.

• Mejorar el control en la aplicación de cierto tipo de

ingresos que percibe el Estado mexicano.

• Transparentar y acotar la discrecionalidad del destino

de los recursos derivados de disponibilidades

presupuestarias e ingresos excedentes.

• Fortalecimiento del control de los recursos destinados a

la estabilización de las finanzas públicas y transparencia

respecto a su trazabilidad.

211



4.2. Atención de la ASF a los planteamientos y propuestas de la CVASF pendientes de la 1a. entrega de informes individuales de auditorías

4.2.1. Atención a los planteamientos por Grupos Parlamentarios GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO (MC) - Denuncias de la ASF ante la PGR Observación: Al igual que en ocasiones anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no informa del número y situación que guardan las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR). Recomendación: Se recomienda a la ASF que, en el marco del Convenio de Colaboración con la PGR, que suscribió en el pasado mes de abril, incluya en los informes individuales en las futuras entregas de la Cuenta Pública 2016 información acerca del estatus de las denuncias penales que la ASF ha presentado ante la PGR. No basta conocer la cantidad de denuncias presentadas, esa información es pública y se encuentra disponible en la página web de la ASF, lo que le interesa conocer a la sociedad mexicana son los motivos por los cuales la autoridad en materia de procuración de justicia dilata tanto tiempo en ejercer acción penal contra los responsables de los múltiples casos de desvíos de recursos públicos, los cuales han sido


Artículo 2

• Definir los conceptos de sostenibilidad y capacidad de

financiamiento del sector público federal, con lo que se impactaría

la determinación de la meta anual de los Requerimientos

Financieros del Sector Público establecida en los artículos 16,

fracción V, y 17 de dicha ley.

Artículo 16

• Establecer los criterios básicos para la medición de la capacidad

de financiamiento del sector público federal. • Disponer que, para la

determinación de la sostenibilidad del financiamiento del sector

público a mediano plazo, se debe contar con información suficiente

sobre la evolución de las variables pertinentes.

Artículo 2 y 16• Definir la Posición Financiera Neta del Sector Público Federal, para

evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Artículo 33,

numeral A,

fracción I

• Disponer que la SEDESOL publique los l ineamientos del FISM‐DF y

sus subsecuentes adecuaciones a más tardar el 5 de enero del

ejercicio fiscal correspondiente.

• Generar certidumbre en los municipios respecto al

ejercicio de estos recursos, con lo que se evitará la

existencia de cambios constantes respecto a los criterios

de aplicación del fondo

Artículo 33,

numeral A,

fracción II,

párrafo tercero

• Modificar el párrafo referido en términos del fortalecimiento de las

capacidades de los municipios o demarcaciones territoriales,

incluyendo las orientadas a cumplir con las obligaciones en materia

de contabilidad de gubernamental.

• Disponer de recursos del PRODIM para fortalecer la

infraestructura informática de los municipios rurales de

menos de 25 mil habitantes.

Artículo 38

• Distribuir el FORTAMUN‐DF a partir de la información estadística

más actualizada en cuanto al número de habitantes de cada entidad

federativa.

• Favorecer una mayor precisión en la distribución de los

recursos del fondo.

Ley de Coordinación

Fiscal

Artículo 21,

fracción IV

• Establecer la obligatoriedad de que la Comisión Permanente de

Funcionarios Fiscales se involucre en la distribución, determinación,

l iquidación y pago de Participaciones Federales a los municipios

por parte de la SHCP y las entidades federativas.

• Garantizar una mayor incidencia de la Comisión

Permanente de Funcionarios Fiscales, en la distribución

de las Participaciones Federales que efectúan las

entidades federativas a los municipios, misma que

presenta espacios de discrecionalidad.


Adecuación del marco legal respecto a la determinación de los requerimientos financieros del sector público

Mejora en la gestión, impacto y control de los fondos de infraestructura social

Ley de Coordinación

Fiscal (FISM-DF)

Participaciones Federales

• Contar con información precisa y oportuna respecto a

la capacidad de financiamiento del Estado mexicano, y

vincularla con la sostenibilidad de las finanzas públicas

federales. •

Promoción de un entorno de control más efectivo para

generar datos relevantes y mecanismos de seguimiento.

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad

Hacendaria

212



documentados de manera exhaustiva por la ASF. Brindar justicia pronta y expedita es un principio constitucional.

Respuesta ASF: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), en el sentido de que será en los informes semestrales en los que se dé a conocer la información sobre las denuncias penales. Dichos informes, según lo dispone el referido artículo, deberán ser entregados a más tardar los días primero de mayo y de noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestre del año, respectivamente. En lo que respecta a los tiempos de resolución de las denuncias de hechos que presenta la ASF, es importante mencionar que, justamente, el objetivo del Convenio General de Colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) fue agilizar el intercambio de información para coadyuvar a robustecer el desahogo de las denuncias.

- Propuesta de auditoría a la compra, actualización y uso del software Pegasus Observación: El 19 de junio de 2017, el diario New York Times publicó un artículo en el cual señala que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje, conocido como Pegasus, el cual fue adquirido por el gobierno mexicano para investigar a criminales y terroristas. El diario estadounidense señaló que desde 2011 el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha gastado casi 80 millones de dólares [aproximadamente unos 1,600 millones de pesos] en programas de espionaje de la empresa israelí NSO Group Technologies LTD. Esta empresa cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar, por ejemplo, para espiar a diez usuarios de iPhone el fabricante cobra 650,000 dólares [unos 13 millones de pesos], además de una cuota de instalación del programa de 500,000 dólares15 [unos 10 millones de pesos]. Recomendación: Por todo lo antes expuesto, se recomienda a la ASF que lleve a cabo una exhaustiva auditoría a la adquisición, actualización y uso del software Pegasus realizada por dependencias del gobierno.

Respuesta ASF: Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría en los términos planteados para su inclusión en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización (PAAF) de la Cuenta Pública 2017.

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- Recomendaciones de la ASF para el trabajo legislativo Comentario: El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano valora el esfuerzo y agradece a la ASF por la entrega del documento (separata) titulado Consideraciones para la Labor Legislativa. Al igual que en la entrega del Informe de Resultados de la CP 2015, la ASF incluyó una lista de ordenamientos legales susceptibles de ser modificados por parte del poder Legislativo a fin de resolver algunas de las problemáticas más recurrentes halladas por la ASF en su labor fiscalizadora. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tomará en cuenta todas estas sugerencias de la ASF y promoverá los consensos necesarios con los demás grupos parlamentarios para impulsar las reformas a diversas leyes, tales como la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), pero de manera particular, retomaremos las sugerencias que hace la ASF en el tema de la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Respuesta ASF: De igual forma a como se realizó en la primera entrega de Informes Individuales (junio 2017), la ASF presentó el documento de “Consideraciones para la Labor Legislativa” cuyo objetivo es apoyar el trabajo de los Diputados, a través de propuestas concretas vinculadas con diversos ordenamientos legales y con el proceso de conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

- Otras recomendaciones Comentario: El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se adhiere a las recomendaciones hechas por la UEC para las subsecuentes entregas parciales de informes individuales que hará la ASF:

Incluir un Informe (separata) acerca de los factores determinantes de las irregularidades recurrentes observadas.

Incluir un Informe (separata) de las amortizaciones de la deuda pública, costos de reestructuración y pago de dicha reestructura y comisiones de la misma, nombres de los comisionistas, directos e indirectos.

En particular, es de suma importancia conocer las razones del desproporcionado aumento que ha registrado la deuda pública de algunas Entidades Federativas, así como las condiciones bajo las cuales se contrata. Por ejemplo, Zacatecas cerró 2016 con un saldo de 8,205.3 millones de pesos de deuda pública, cuando en 2010 la deuda de la Entidad sumaba 682 millones de pesos, es decir, en tan sólo seis años, la deuda del Estado aumentó 1,103%.

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Respuesta ASF: En relación con la recurrencia de las observaciones derivadas de la fiscalización, es importante señalar que la ASF, a partir del Informe General de la Cuenta Pública 2013, ha utilizado un marco conceptual para la identificación de distintas condiciones que afectan la gestión del sector público. El concepto principal que sustenta dicho marco es el de “áreas con riesgo”; definidas como aquellas situaciones que implican determinados efectos en la gestión gubernamental o en la aplicación de los recursos públicos que pueden darse en el futuro, o que ya se han materializado y, de no ser debidamente gestionados, continuarán presentándose. Cada año la metodología ha sido revisada y actualizada, a fin de presentar mayores elementos de análisis a la Cámara de Diputados. Adicionalmente, es importante subrayar que la nueva LFRCF establece que el análisis de las áreas con riesgo es uno de los componentes obligatorios del Informe General. En concordancia con lo anterior, como parte de la entrega del Informe General de la Cuenta Pública 2016 (febrero 2018), se incluirá una sección específica sobre los riesgos determinados a partir de los resultados de las auditorías practicadas. Respecto a la inclusión de una separata de las amortizaciones de la deuda pública, costos de reestructuración, comisiones asociadas y nombres de los comisionistas, directos e indirectos, es necesario mencionar que como parte de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015, se realizaron dos auditorías relacionadas con dicho tema. De manera específica, se revisó la programación, contratación, manejo, evaluación y capacidad de pago de la deuda del Gobierno Federal y del Sector Público Federal. Al respecto, se concluyó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contrató y administró la deuda del Gobierno Federal y del Sector Público Federal, atendió las necesidades del gasto, y contribuyó a mantener la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, prevalece el problema de la insuficiente capacidad de pago para reducir el saldo de la deuda, lo que significa que se continúa recurriendo al endeudamiento interno y externo para pagar el saldo acumulado de la deuda, y cubrir el costo financiero de la misma.

FUNCIONES DE GOBIERNO Sector Gobernación - Prevención y Readaptación Social. “Administración del Sistema Federal Penitenciario” Auditoría de Desempeño. No. 11. Recomendación: Ante el problema de sobrepoblación es necesario conocer la problemática que enfrentan los menores de edad que viven con sus madres en los centros penitenciarios del país. Por ello, se sugiere que la ASF modifique el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 (PAAF 2016), o bien, incluya en el PAAF 2017, una auditoría de desempeño a fin de conocer el detalle de las condiciones de vida en las

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cuales realizan sus actividades cotidianas los menores de edad que habitan junto con sus madres los Centros Penitenciarios del país. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL), recientemente publicada por el INEGI, puede ser un instrumento útil para la ASF a fin de planear la auditoria recomendada. La ENPOL permite conocer la cantidad de mujeres que tienen hijos viviendo con ellas dentro del Centro Penitenciario, la cantidad de menores que viven con sus madres en el Centro Penitenciario, si se otorgan o no a los menores servicios médicos, atención psicológica, medicamentos, vacunas, alimentos, educación escolar, ropa, calzado, juguetes y materiales escolares.

Respuesta ASF: Como parte del proceso de conformación del PAAF de la Cuenta Pública 2017 se analizará la factibilidad de revisar la operación del Sistema Nacional Penitenciario a partir de las siguientes auditorías:

− Secretaría de Gobernación (SEGOB), coordinación del sistema.

− Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), administración y desarrollo profesional del personal.

− Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), protección de los derechos

humanos de las personas reclusas.

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Sector Salud - Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA). “Programa de Vacunación” Auditoría de Desempeño, No. 214. Recomendación: Programar para la revisión de la Cuenta Pública 2017 nuevamente una auditoría de desempeño al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en particular al Programa de Vacunación, para dar un seguimiento puntual a la debida solventación de las observaciones hechas por la ASF en la Auditoría 16-5-12R00-07-0214 214-DS.

Respuesta ASF: Como parte del proceso de conformación del PAAF 2017 está considerada una propuesta de auditoría de desempeño al Programa de Vacunación, a fin de abordar la política de atención a los niños, niñas y adolescentes, en la cual se consideraría dar seguimiento a las medidas efectuadas para atender a las recomendaciones emitidas con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

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FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - SAGARPA. “Programa de Fomento a la Agricultura: Componente PROAGRO Productivo”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0288. Preguntas: ¿Se han fincado responsabilidades administrativas o penales a los responsables de las irregularidades mencionadas que representan desvío de recursos públicos por un monto de 121.5 millones de pesos? ¿El ente auditado ha podido, a la fecha, aclarar el motivo de estas irregularidades?

Respuesta ASF: Las irregularidades referidas motivaron la emisión de cinco Pliegos de Observaciones, los cuales, de conformidad con el artículo 39 de la LFRCF quedaron formalmente promovidos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) mediante la notificación del Informe Individual respectivo el 5 de julio del 2017. En atención a lo anterior, con fecha 22 de agosto de 2017, la SAGARPA envío la documentación e información que consideró pertinente para aclarar las citadas irregularidades, la cual se encuentra en proceso de análisis a efecto de determinar lo procedente. Cabe señalar que si una vez evaluada la respuesta de la entidad fiscalizada se advierte la posible comisión de hechos delictivos, se formularían las Denuncias de Hechos procedentes.

Sector Comunicaciones y Transportes - Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Liquidación del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0321. Preguntas: ¿Dónde se encuentran los 5,094 televisores comprados en exceso; los auditores de la ASF pudieron verlos físicamente? ¿Es posible que la ASF verifique la existencia física de los 11,533 televisores cuya documentación no acreditó su destino final, en otras palabras, en realidad existen esos 11,533 televisores o únicamente hay documentos?

Respuesta ASF: Los 5,094 televisores se encuentran en el almacén “Bombas”, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ubicado en Calzada de las Bombas 421, Colonia Los Girasoles, C.P. 04920, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, los cuales se verificaron físicamente por personal de la ASF, tal como quedó asentado en la minuta de trabajo del 13 de febrero de 2017.

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De 2014 a 2016, los 11,533 televisores fueron entregados en 29 entidades federativas, de acuerdo con la base de movimientos de entregas de televisores a beneficiarios; sin embargo, la SCT no presentó la evidencia documental necesaria. Por lo anterior, durante la ejecución de la auditoría no fue posible realizar una verificación física.

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales - Comisión Nacional del Agua. “Protección de las Aguas Subterráneas”. Auditoría de desempeño, No. 0415. Comentario: Los hallazgos de la ASF hacen evidente la desatención de la CONAGUA en este importante tema, pues como lo señala la ASF estos descuidos, aunados a que el número de acuíferos sobreexplotados pasó de 32 en 1975 a 105 en 2016, representan un riesgo para garantizar el vital líquido a los 119.5 millones de habitantes del país, en especial para los 60.0 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos sobreexplotados, así como para las generaciones futuras. Pregunta: ¿Quiénes son los responsables directos de estas omisiones señaladas por la ASF? y ¿es posible fincar responsabilidades de tipo penal a los responsables de estas omisiones en materia de conservación de aguas subterráneas toda vez que se trata de un acto de negligencia criminal al poner en riesgo el abasto del vital líquido para la población?

Respuesta ASF: De conformidad con la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es responsable de la implementación de proyectos de recarga artificial de agua y de la emisión de decretos de veda, reglamentos y declaratorias de rescate y reserva con el propósito de detener y revertir la sobreexplotación y el deterioro de las aguas subterráneas. Aunque se identificaron deficiencias por parte de la CONAGUA respecto a la administración de las aguas subterráneas, los resultados de las auditorías muestran que no se trata de actos constitutivos de presuntos delitos, por lo que se considera que las evidencias no son suficientes para fincar responsabilidades de tipo penal. La Comisión implementó dichos instrumentos legales, sin embargo el resultado fue marginal al no abarcar la totalidad de acuíferos en condiciones para su aplicación. La CONAGUA justificó que los proyectos de recarga artificial son una actividad costosa que no está cubierta de manera integral con el presupuesto asignado anualmente. Asimismo, la entidad aclaró que no emitió los decretos de veda y las declaratorias de rescate y reserva debido a la dificultad que representa la elaboración, revisión y aprobación de

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dichos documentos por parte del área jurídica de la Comisión, la SEMARNAT, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”. Auditoría de Desempeño, No. 0385. Preguntas: En opinión de la ASF ¿Qué tanta responsabilidad tienen en la problemática señalada los grupos empresariales de desarrollos inmobiliarios (residenciales y no residenciales? y ¿Es posible conciliar los intereses económicos de esos grupos con los objetivos de la política pública en materia de desarrollo urbano y desarrollo territorial?

Respuesta ASF: De conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), expedida el 28 de noviembre de 2016, “la planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano y de los Centros de Población estará a cargo, de manera concurrente, de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, de acuerdo con la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley”. En el artículo 14 de dicha ley se dispone la conformación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, como una instancia de carácter consultivo, de conformación plural y de participación ciudadana, convocada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales en la materia. Los desarrolladores inmobiliarios, así como otros actores, podrán participar en la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en estos términos, pero no son responsables del diseño e implementación de la misma. Asimismo, de acuerdo con la LGAHOTDU, el Consejo Nacional diseñará el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual contendrá “los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos prioritarios para el Desarrollo Urbano del país”. En este sentido, a través de dicho programa sería posible incentivar la participación coordinada de los sectores público y privado.

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GASTO FEDERALIZADO - Subejercicios del Gasto Federalizado en materia de Salud Comentario: Es preocupante el hallazgo que reporta la ASF acerca del tamaño de los subejercicios en programas sociales, específicamente en el área de salud, lo cual provoca un daño a la población al no brindárseles los apoyos o servicios correspondientes por la falta de aplicación de los recursos autorizados y ministrados.

− Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), subejercicios por un monto total de 1,116.8 millones de pesos, en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

− PROSPERA Programa de Inclusión Social (componente de salud), subejercicios por un monto total de 571.1 millones de pesos en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Pregunta: ¿La ASF ha fincado o fincará responsabilidades administrativas y/o penales a los funcionarios responsables de estos subejercicios, toda vez que se ha dejado de atender los problemas de salud de la población por la ineficiencia en la gestión del gasto?

Respuesta ASF: Los recursos no ejercidos son observados por la ASF y se les considera un monto por aclarar. Para su solventación se requiere a los entes fiscalizados que acrediten su aplicación en los fines previstos por la normativa. Con ello se evita que las secretarías de finanzas mantengan en sus cuentas bancarias recursos que posteriormente ya no se pueden fiscalizar por la ASF, lo que podría generar discrecionalidad en su aplicación.

- Problemas detectados en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Comentario: Es preocupante el hallazgo que reporta la ASF acerca del tamaño del subejercicio en el FAFEF, el cual asciende a 1,979.8 millones de pesos; así mismo, también es motivo de inquietud que en general, las Entidades Federativas no cuenten con sistemas de control interno eficientes, y tengan deficiencias en los procesos de planeación, ejecución y entrega de las obras, así como en los procesos de adjudicación de bienes y servicios.

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Comentario: Es preocupante el hallazgo que reporta la ASF acerca de las Transferencias de recursos a otras cuentas bancarias en el FAFEF por un monto total de 1,719.7 millones de pesos, principalmente en los Estados de Coahuila, Zacatecas y Morelos.

Respuesta ASF: La disposición legal que regula los criterios generales para la utilización de este fondo es la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). La ASF considera que la gran diversidad de usos potenciales indicados en dicho ordenamiento ocasiona que el FAFEF no cuente con objetivos específicos y que los recursos se apliquen prácticamente a cualquier concepto, lo que implica que no se destine financiamiento, por ejemplo, a proyectos de alto impacto. Además, la asignación de este fondo en el PEF se encuentra sujeta a un patrón histórico: la fórmula de distribución establece que cada entidad federativa recibirá un monto equivalente a la aportación recibida en el año anterior más un porcentaje de incremento en sus recursos totales. La ASF ha determinado que, a pesar de que el FAFEF representa un apoyo importante para el financiamiento del servicio de la deuda pública de las entidades federativas, los recursos se utilizan para resarcir el monto pagado para estos efectos con las participaciones federales. Esto afecta la transparencia de la gestión del fondo y dificulta su trazabilidad. Con base en lo anterior, y para mejorar la gestión del FAFEF, la ASF plantea cambios específicos en distintas fracciones del artículo 47 de la LCF:

En la fracción I, se sugiere incluir que los estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control deben referirse a las obras de infraestructura financiadas con los recursos del fondo. Asimismo, precisar el alcance del concepto de Infraestructura física, para lo cual se propone que en ésta se consideren las obras referentes a: las infraestructuras artística y cultural, deportiva, educativa, social, vial y urbana.

En la fracción II, se sugiere especificar que la utilización del FAFEF para el saneamiento financiero debe constreñirse al pago de la amortización de la deuda pública y los gastos asociados a la misma, de manera directa, en porcentajes a ser determinados. Asimismo, se propone que se precise el concepto de “acciones de saneamiento financiero”.

En la fracción III, se sugiere especificar que el saneamiento de pensiones se realizará mediante el pago de la nómina de jubilados y pensionados. Por su parte, en cuanto a la reforma del sistema de pensiones de los estados, se sugiere que se señale que

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un porcentaje por definirse del fondo, se destine a incrementar las reservas actuariales.

En las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, se sugiere establecer un porcentaje para asignar recursos a los rubros indicados en cada una de ellas.

En la fracción IX, se sugiere especificar que el financiamiento de pago a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía y otros bienes y servicios, se debe relacionar exclusivamente con las obras financiadas con recursos del fondo.

En el último párrafo del citado artículo, se sugiere incluir como salvedades de su destino para erogaciones de gasto corriente o de operación, los casos previstos, expresamente, en las fracciones I y III.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) SECTOR GOBIERNO - Suprema Corte de Justicia de la Nación En la auditoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Construcción del Nuevo Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México”, auditoría de Inversiones Físicas, No. 4-GB, se encuentra en proceso de solventación la Solicitud de Aclaración 16-0-03100-04-0004-03-003, en la cual se destaca lo siguiente: “Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Dirección General de Infraestructura Física, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,706,095.21 pesos (un millón setecientos seis mil noventa y cinco pesos 21/100 M.N) por concepto de obra y servicios pagados no ejecutados en las subpartidas video digital de recorrido virtual, representaciones virtuales en perspectiva (renders) y cisternas y cárcamo de bombeo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SCJN/DGIF/09/07/2016”. Pregunta: ¿Si la ASF está realizando alguna acción de fiscalización que contribuya en el futuro para que no se presenten pagos por concepto de obra y servicios no ejecutados en las distintas instancias?

Respuesta ASF: La ASF, como parte del proceso de fiscalización, comprueba si los recursos de las inversiones y los gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de las disposiciones aplicables, a través de la formulación de recomendaciones, las cuales son acciones de carácter preventivo. De este modo, las entidades fiscalizadas tienen la

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oportunidad de tomar las medidas de control pertinentes para evitar los pagos de obra y servicios no ejecutados cometidos por las instancias revisadas.

DESARROLLO SOCIAL - Seguro de Vida para jefas de familia Sobre la auditoría de desempeño 266, Seguro de Vida para Jefas de Familia, la ASF determinó que la SEDESOL carece de mecanismos internos que aseguren que las mujeres pre-registradas en el programa cumplan con los criterios de selección. Al respecto, la ASF considera que es necesario implementar un proceso sistemático que le permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Preguntas: ¿qué tipo de proceso recomienda la ASF implementar a fin de que la SEDESOL cumpla cabalmente con sus objetivos y metas establecidos? La ASF revisó la operación del Programa de Fomento a la Economía Social (auditoria 272). Entre los resultados más importantes destaca que el INAES revisó que los apoyos otorgados en 2016 no hayan presentado duplicidades con otros programas de otras dependencias, sobre el particular, durante la revisión se comprobó que en efecto la Coordinación General de Planeación y Evaluación del INAES envió 28 oficios solicitando la confronta de los solicitantes de apoyos en 10 convocatorias: a la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), detectándose concurrencias que se hicieron del conocimiento de los involucrados para evitar la duplicidad de los apoyos. Por lo anterior, la ASF recomendó que estas entidades evalúen la conveniencia de crear una base de datos única que les permita compartir en línea, la información de las solicitudes de apoyo a fin de facilitar su consulta en tiempo real para evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre dichas dependencias. Al respecto quiero comentar que hace 11 años que se aprobó la Ley General de Desarrollo Social, donde se estableció como obligación la creación del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) justamente para evitar las duplicidades en la entrega de los apoyos y llevar de una manera ordenada la concentración de la totalidad de los programas sociales, sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado consolidar y estos resultados lo confirman. Preguntas: ¿Qué acciones ha emprendido la ASF contra las dependencias por el incumplimiento de lo que mandata la Ley General de Desarrollo Social?; ¿Por qué en los resultados de la auditoría señalada no se menciona nada sobre el Padrón Único de Beneficiarios y en cambio se recomienda la creación de una base de datos única?; ¿No resultaría improductivo crear una base de datos única si ya se tiene por mandato en ley la creación de un padrón único de beneficiarios?, y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias sociales que esta situación acarrea?

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Respuesta ASF: Respecto a la revisión al programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia” la ASF recomendó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dispusiera de la información necesaria para evaluar la contribución del programa a la permanencia en el sistema escolar de los hijos de hasta 23 años en estado de orfandad. Asimismo, se recomendó a la Secretaría contar con mecanismos para verificar que las madres jefas de familia que se incorporen al programa se encuentren en condiciones de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos. En relación con los resultados de la auditoría al Programa de Fomento a la Economía Social, es importante aclarar que la revisión se realizó de conformidad con las Reglas de Operación del ejercicio 2016, las cuales disponen la focalización e integración del Padrón Único de Beneficiarios. Asimismo, cabe señalar que la observación emitida se refiere a las confrontas efectuadas de los solicitantes de apoyos, con respecto a los registros de otras dependencias, y no del propio padrón de beneficiarios, el cual de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, constituye la relación oficial de todas las personas atendidas por programas federales de desarrollo social. Como ya se mencionó, la confronta que realizó el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) únicamente incluyó a los solicitantes que participaron en las convocatorias, es decir, éstos aún no pueden clasificarse como beneficiarios. En este sentido, la observación emitida por la ASF se refirió a que la retroalimentación entre dependencias y al interior de las mismas no es oportuna, lo cual origina que se dictaminen y aprueben apoyos, aun cuando existe el riesgo de duplicidades. Por lo anterior, se propuso la elaboración de una base de datos que permitiera realizar las confrontas necesarias antes de someter las solicitudes a dictaminación, con el fin de prevenir duplicidades. Dicha base de datos únicamente incluiría a quienes participen en alguna convocatoria para el otorgamiento de apoyos; motivo por el cual no se contrapone con la creación del Padrón Único, el cual abarca a quienes ya reciben algún tipo de beneficio. Por esta razón, la ASF considera que la observación emitida no implica consecuencias sociales negativas, toda vez que la creación de una base de datos única de solicitantes constituye una herramienta adicional que coadyuva a evitar duplicidades en la entrega de apoyos. Por último, cabe mencionar que como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la ASF emitió una recomendación al INAES respecto a la creación de una base de datos única en línea que le permitiera compartir las solicitudes de apoyo de la SEDESOL, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) y la SEDATU. A la fecha, únicamente se han

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efectuado algunas reuniones para acordar las características de dicho sistema de información.

DESARROLLO ECONÓMICO - Deficiencias en la inspección laboral (Economía y Trabajo) En el sector Trabajo y Previsión Social, la ASF practicó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una auditoría de desempeño denominada “Inspección Laboral”. Tal como se señala en el Informe del Resultado, las irregularidades detectadas fueron las siguientes:

Baja cobertura de los centros de trabajo inspeccionados.

Deficiencias en la integración de los expedientes de inspecciones a los centros de trabajo.

Desconocimiento de que los centros de trabajo cumplen o no con la normativa laboral.

Inexistencia de indicadores y metas de la cobertura de visitas.

Incumplimiento del objetivo de profesionalizar a los servidores públicos en las tareas de inspección.

No se reportó ninguna persona certificada en materia de inspección laboral.

Preguntas: ¿Qué acciones recomienda la ASF, en el ámbito de su competencia, para promover que en los centros de trabajo se cumplan las disposiciones jurídicas en materia laboral, de acuerdo con el artículo 18, fracciones I y II, del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (RGITAS)?, ¿La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita determinó que la prestación de servicios de contratación (outsourcing) es vulnerable a estas operaciones, de qué manera estas inspecciones laborales están contribuyendo a que el outsourcing no este albergando Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

Respuesta ASF: Con motivo de las observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría, la ASF formuló recomendaciones orientadas a que las autoridades en materia laboral brindaran asesoría y asistencia técnica para fomentar, entre trabajadores y patrones, el cumplimiento de la normativa laboral, el trabajo digno, la inclusión laboral, la capacitación, la productividad y una cultura de la prevención de riesgos de trabajo, en línea con la salvaguarda de los derechos humanos laborales. De manera particular, la ASF recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que diseñara un indicador de cobertura de visitas de asesoría y asistencia técnica; dispusiera de una programación de metas de visitas a los centros de trabajo; instrumentara

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mecanismos de control y criterios generales para la integración de la documentación en los expedientes que resulten de las visitas de inspección. Asimismo, se sugirió que la Secretaría cumpliera con el indicador "número de certificaciones en estándares de competencia en seguridad y salud en el trabajo", el cual mide la eficiencia del desempeño de los inspectores federales del trabajo, mediante la certificación en temas relacionados con el proceso de inspección. Por otra parte, en 2016, la STPS realizó 115,041 visitas de inspección a los centros de trabajo, con el objeto de promover y vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, seguridad, higiene y adiestramiento, entre otras materias. De la información anterior se concluyó que las visitas de inspección realizadas en ese año no contribuyeron, ni permitieron conocer en qué medida las prácticas de outsourcing albergan la posibilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

- Pequeña representatividad del programa “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica” (Ciencia y Tecnología) En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se establece que el sector ciencia y tecnología presenta problemáticas diversas: rezago en el mercado global de conocimiento; carencia en la formación de capital humano; falta de inversión privada en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI); insuficiencia en la inversión gubernamental; falta de vinculación empresarial con los grupos y centros de investigación científica en el país y desarticulación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) con las empresas, por lo que no son aprovechadas las capacidades de las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros Públicos de Investigación (CPI). En materia de infraestructura científica y tecnológica, también se identifican deficiencias: desconocimiento del acervo y distribución de la infraestructura para la ciencia, tecnología e innovación del país, y falta de políticas públicas que faciliten los esquemas de importación de equipos, materiales, insumos, reactivos y animales para la investigación que realiza el sector ciencia, tecnología e innovación. En 2016, el gasto ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (31 mil 626.5 millones de pesos), fue orientado principalmente a Becas de Posgrado y Apoyo a la Calidad (29.8%); al Sistema Nacional de Investigadores, (14.1%); Investigación Científica, Desarrollo e Innovación (13.9%); Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas (12.9%); Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (9.6%); Diseño y Evaluación de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación; y, otros programas de menor representatividad (15.5%). Preguntas: De acuerdo con la asignación del gasto en 2016, el programa presupuestario S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, recibió pocos recursos

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federales, es decir, tuvo una baja representatividad en la distribución del gasto total de la entidad, ¿En materia de fiscalización, que acciones recomendaría la ASF al CONACYT, para que en la asignación del gasto priorice programas fundamentales considerados en la planeación nacional?

Respuesta ASF: En el diagnóstico del Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI), se señala que la experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en la materia es conveniente que la inversión en investigación científica y desarrollo experimental (IDE) sea superior o igual al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En nuestro país, esta cifra alcanzó 0.5 por ciento del PIB en 2012, lo cual representó el nivel más bajo entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e incluso fue menor al promedio latinoamericano. Asimismo, en el diagnóstico del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018, se señala que después del capital humano, el elemento más relevante para el desarrollo de la CTI lo constituye la infraestructura científica y tecnológica. Asimismo, se menciona que se requiere la creación de nuevos laboratorios nacionales, regionales y universitarios que faciliten el trabajo colaborativo entre diversas instituciones. En este contexto, la ASF a partir de su ejercicio fiscalizador ha recomendado que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) analice y priorice sus programas, con el objeto de atender los objetivos establecidos en los documentos de la planeación nacional, así como en los programas sectoriales y especiales vigentes.

- Daños económicos en proyectos de mantenimiento en las refinerías (Energía) En su labor de fiscalización a la Cuenta Pública 2016, la ASF aplicó a Pemex Transformación Industrial una auditoría de inversiones físicas, relativa al “Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las Refinerías de Salinas Cruz y Minatitlán, y Tren Energético”; dicha revisión permitió a la ASF detectar diversas irregularidades, entre las que destacan las siguientes: Daño probable a la Hacienda Pública Federal por un monto de 127 mil 884.9 millones de pesos, por la adquisición de 47 equipos completos por emergencia, afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de proceso de la refinería, en Minatitlán, Veracruz. Se observó que 20 equipos no están instalados, los cuales presentaban deterioro, por lo que dicha emergencia no está debidamente justificada. La ASF derivada de estas observaciones emitió tres Promociones de Responsabilidad Administrativa (PRAS) y un Pliego de Observaciones.

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Preguntas: ¿Tiene conocimiento qué acciones ha tomado PEMEX para atender el señalamiento del probable daño a la hacienda pública federal?, ¿En la labor de fiscalización superior, se han identificado casos semejantes en los proyectos de mantenimiento efectuados por esta entidad?, ¿Qué hechos y denuncias ha realizado en el pasado la ASF sobre esta problemática y cuales han sido los resultados?

Respuesta ASF: En relación con las tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) emitidas por la ASF, la entidad dictó los acuerdos dando por iniciadas las investigaciones correspondientes conforme a las denuncias registradas con los siguientes expedientes: 2017/PTI/DE154; 2017/PTI/DE155; 2017/PTI/DE156. Por otra parte, la entidad no se ha manifestado respecto al Pliego de Observaciones, por lo cual la ASF podría elaborar el oficio de no atención, con lo cual se daría inicio a las acciones legales respectivas conforme a la normativa aplicable. El monto del presunto daño asentado en el Pliego de Observaciones es de $127,884,919.06 (ciento veintisiete millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos 06/100 M.N.).

GASTO FEDERALIZADO - Sistema Nacional anticorrupción Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, tan sólo siete Estados han nombrado a los encargados de las Fiscalías Anticorrupción y cinco han conformado los Tribunales de Justicia Administrativa. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece en su artículo 2° transitorio “Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”. Por lo anterior, Querétaro, Morelos, Sonora y Edo México son las únicas entidades que han cumplido con las reformas y los nombramientos para la Fiscalía y el Tribunal; caso contrario se observa en el Estado de Chihuahua. Pregunta: ¿Tiene la ASF, previsto algún tipo de estrategia con la cual coadyuve con las Entidades Federativas, en especial Chihuahua, para avanzar en este tipo de reforma urgente y sensible para la modernización de fiscalización?

Respuesta ASF: En el marco de las actividades del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la ASF ha promovido distintas acciones de seguimiento a los avances de las entidades federativas

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respecto a la conformación de los sistemas locales. De manera particular, en septiembre la ASF llevó a cabo el levantamiento de una encuesta sobre el estado que guarda la armonización legal en los estados, así como sobre el contenido de dichas leyes. Con base en los resultados de la encuesta referida, el Comité Coordinador del SNA analizará la mejor alternativa para coadyuvar a la conformación de las instancias locales de combate a la corrupción. Asimismo, en el marco de las reuniones del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y de los Grupos de Trabajo que lo integran, la ASF ha promovido la discusión e intercambio de información y materiales de apoyo sobre los distintos componentes legales y operativos de la política nacional anticorrupción. Por ejemplo, como parte de las actividades del Grupo Jurídico Consultivo del SNF, se acordó la elaboración de un prontuario sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), así como una guía para la conformación de las áreas de investigación y substanciación, entre otras acciones.

En la administración Federal se ha observado que uno de los factores más importantes en la corrupción es la incorporación de funcionarios públicos al sector privado con conflictos de interés, que luego retornan otra vez al sector público. Este mal endémico ha sido señalado en la criminología internacional como el problema por excelencia detonante de la corrupción sistemáticamente organizada a través de redes complejas de corrupción anidadas de forma simultánea en las tres esferas de gobierno: Local, Estatal y Federal. En el ámbito de los gobiernos subnacionales: Preguntas: ¿Cómo contribuirá la ASF a erradicar este problema?, ¿Tiene la ASF un diagnóstico de la corrupción basada “en las puertas giratorias” (revolvingdoor)?

Respuesta ASF: Si bien la ASF no cuenta con un diagnóstico sobre la problemática denominada “puertas giratorias”, es importante mencionar que en el marco de las actividades del SNF y de conformidad con la Ley General del SNA (LGSNA) la institución, de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública (SFP), está elaborando los “Lineamientos para la mejora institucional de los integrantes del SNF”, en los cuales se hace mención de la importancia de establecer políticas de control interno y ética pública, con el fin de detectar oportunamente riesgos de integridad, entre los que se encuentran los conflictos de interés. Asimismo, el Comité Rector del SNF está llevando a cabo la revisión y actualización de las Normas Profesionales de Auditoría, las cuales de acuerdo con la LGSNA, serán de aplicación obligatoria para todos los órganos de auditoría gubernamental del país. Dichas normas igualmente hacen referencia a la necesidad de establecer directrices para la identificación y atención de conflictos de interés.

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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) SECTOR GOBIERNO - Consejo de la Judicatura Federal En la auditoria número 8 realizada al Poder Judicial y en específico al Consejo de la Judicatura Federal, se hace la siguiente Recomendación por parte de la Auditoría Superior de la Federación: “Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a las áreas responsables para que en lo subsecuente se aseguren de que en la ejecución y terminación de los trabajos de las obras públicas a su cargo se cumpla en tiempo y forma con la formalización de los finiquitos y del acta de extinción de derechos de las obras”. Este tipo de recomendaciones se han realizado a otras instancias del Gobierno prácticamente en los mismos términos y condiciones a lo largo de diferentes años. Preguntas: ¿Señor Auditor, la ASF está realizando alguna acción para inhibir esta deficiente práctica gubernamental en la ejecución del gasto?

Respuesta ASF: De conformidad con el marco jurídico que rige la actuación de la ASF, en los casos en los que los resultados de las auditorías a obras públicas han revelado la existencia de irregularidades, la institución ha actuado al límite de sus atribuciones con el objeto de emitir las acciones preventivas y correctivas necesarias. Asimismo, la ASF ha llevado a cabo análisis sobre las problemáticas específicas que se presentan en materia de obra pública en el país, con base en los resultados agregados de las auditorías practicadas a las últimas Cuentas Públicas. Asimismo, dichos análisis incluyen una descripción de los factores estructurales que han propiciado que las inversiones en infraestructura constituyan una importante área de riesgo en cuanto a la comisión de irregularidades. De manera particular, la ASF elaboró un informe especial en materia de obra pública, a partir de los resultados de las auditorías de las Cuentas Públicas de 2011 a 2016. Dicho informe fue presentado a la Cámara de Diputados el pasado 31 de octubre y puede ser consultado en la siguiente dirección: http://www.asf.gob.mx/uploads/256_Informes_Especiales/Informe_Especial_Obra_publica.pdf Asimismo, en los Informes Generales de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 se incluyen análisis sobre las problemáticas asociadas a los procesos de planeación, contratación,

http://www.asf.gob.mx/uploads/256_Informes_Especiales/Informe_Especial_Obra_publica.pdf

http://www.asf.gob.mx/uploads/256_Informes_Especiales/Informe_Especial_Obra_publica.pdf

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ejecución y supervisión de los proyectos. Dichos informes están disponibles en las siguientes direcciones: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf y, http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf

- Proceso electoral De la auditoría 1796 al INE referida al proceso electoral realizado en 2016, a 17 entidades federativas para renovar 1,430 cargos de elección popular: 13 gubernaturas, 448 diputaciones locales y 969 ayuntamientos, en los que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó la fiscalización de los ingresos y egresos de los 8,271 candidatos locales que participaron en los procesos electorales locales, mediante la verificación del registro de sus operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la práctica de auditorías y visitas de verificación, la revisión de sus informes de ingresos y egresos, así como la promoción de sanciones ante el Consejo General del instituto; nos señala usted Señor Auditor que, es necesario fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de contar con indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Preguntas: ¿Qué medidas ha implementado el INE para integrar a los partidos políticos al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)? ¿Qué medidas de Fiscalización Superior está pensando realizar la ASF para que se avance en la aplicación del SED a los partidos políticos?

Respuesta ASF: Respecto de la primera pregunta, el Instituto Nacional Electora (INE) publicó en 2016 su Reglamento de Fiscalización, el cual en su artículo 178, señala que los partidos políticos contarán con un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para los programas y las operaciones relativas a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Para la evaluación del SED, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE deberá analizar la consistencia y resultados generados, considerando los criterios de eficacia, eficiencia y calidad. Además, podrá emitir recomendaciones para asegurar mejores condiciones en el ejercicio del gasto de los partidos políticos y garantizar el derecho de las mujeres a una participación política en condiciones de equidad. Asimismo, el INE emitió los lineamientos del gasto programado, a fin de lograr la adecuada integración de los Programas Anuales de Trabajo de los partidos y de incluir las disposiciones para el diseño de indicadores de desempeño.

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf

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Respecto al papel de la ASF en esta temática, se analizará la pertinencia de proponer una auditoría de desempeño al INE en lo concerniente al ejercicio fiscal 2018. La revisión abarcaría el diseño de los indicadores del SED de los partidos políticos, los resultados de los ejercicios 2017 y 2018, así como el seguimiento de las recomendaciones determinadas por la UTF.

DESARROLLO SOCIAL - Adultos Mayores El Gobierno Federal ha emprendido, desde el inicio de la Administración, una campaña para reconocer a los adultos mayores como principales fuentes de sabiduría, pero sobre todo para proteger sus derechos y ponerlos como una prioridad dentro del eje México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por ello puso en marcha un programa denominado “Servicios a Grupos con Necesidades Especiales” a través del cual da atención integral a los adultos mayores. En la fiscalización a la Cuenta Pública 2016, la ASF reconoció que el Instituto de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) atendió a 230,579 adultos mayores, cantidad superior en 14.1% a la meta de 202.1 miles de personas adultas mayores y que representaron el 1.8% de las 12,520.7 miles de personas adultas del país. Respecto de la incorporación de los adultos mayores a la vida laboral, el Instituto vinculó a 11,165 personas a una actividad productiva, cifra que representó el 73.0% de los 15,287 adultos mayores comprometidos. Preguntas: ¿la ASF considera que se ha avanzado en el cumplimiento de la meta del Gobierno Federal en cuanto a lo establecido por el PND? Por otro lado ¿cuáles son los retos que la entidad de fiscalización superior considera aún quedan por cumplir?

Respuesta ASF: Como resultado de la fiscalización superior al programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales” se concluyó que a 14 años de su operación, el Instituto de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) desconoce en qué medida promovió, en coordinación con las autoridades competentes, el desarrollo humano integral de las 230.6 miles de personas adultas mayores beneficiadas. Lo anterior impidió a la ASF valorar el cumplimiento del objetivo establecido en el PND 2013-2018 de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente mediante la articulación de políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. En relación con los retos que identifica la ASF, se considera necesario que el INAPAM se coordine con los estados y municipios, para que la prestación de los servicios de asistencia social a las personas adultas mayores se realice con calidad y conforme a los objetivos de los distintos programas. Asimismo, es necesaria la conformación del Registro Único

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Obligatorio de todos los centros para la atención de personas adultas mayores en México, con el objeto de garantizar una regulación y supervisión adecuadas de las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios a dicho grupo poblacional.

Como se sabe, el Gobierno Federal implementó un proceso presupuestario desde la perspectiva de base cero, lo que implicó la reestructuración de diversos programas sociales, uno de ellos fue el Programa de Fomento a la Economía Social, el cual estuvo a cargo de la Secretaria de Economía hasta el 2015 pero posteriormente se sectorizó al ramo 20 Desarrollo Social. A partir de ese momento el Gobierno Federal está implementando acciones para fusionar el Programa de Fomento a la Economía Social con el Programa de Opciones Productivas que ya existía en la dependencia a cargo (SEDESOL), el objetivo de esto es contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la Economía. Preguntas: ¿considera la ASF que esta fusión cubra de manera íntegra todas las vertientes que por sí solos atendía cada uno de los programas? ¿Considera que fue una acción adecuada del Gobierno Federal el fusionar ambos programas?

Respuesta ASF: El Programa de Fomento a la Economía Social inicialmente afectó presupuestalmente al ramo 10 “Economía”; por tal motivo, en la Cuenta Pública revisada, los apoyos estuvieron dirigidos a los “Organismos del Sector Social de la Economía” regidos por la Ley de la Economía Social y Solidaria, mientras que el Programa de Opciones Productivas, con cargo al ramo 20 “Desarrollo Social”, se dirigió a grupos de personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que contaran con alguna iniciativa productiva, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social. Por lo anterior, aun cuando el objetivo de ambos programas es apoyar proyectos productivos, a la fecha de la revisión, los requisitos y criterios para su otorgamiento no se corresponden, razón por la cual, aunque forman parte de las mismas Reglas de Operación, dichos programas se operan y registran por separado, además de que sus indicadores de propósito son diferentes y también se calculan de manera independiente. Cabe señalar que a la fecha no se ha definido la población potencial y objetivo del programa consolidado, ni se han igualado las vertientes, requisitos ni montos de los apoyos de tipo económico y social que otorgan el INAES y la Dirección General de Opciones Productivas (DGOP) de la SEDESOL, respectivamente. De igual forma, no se tiene definida la unidad responsable de la unificación de los programas. A pesar de las deficiencias antes mencionadas, la ASF considera acertado haber fusionado dichas políticas, ya que ambas proporcionan apoyos a proyectos productivos. Con su unificación se favorece la identificación de oportunidades de inversión, capacitación, asistencia técnica, organización, entre otras acciones de apoyos a los grupos sociales.

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Asimismo, la consolidación de los dos programas coadyuvará a la optimización de los recursos y a la mejora en su implementación. Asimismo, el nuevo programa contribuye al logro del Objetivo 6 "Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos" del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 a través de la Estrategia 6.1 "Promover la generación y consolidación de proyectos productivos sustentables en el sector social de la economía para mejorar los ingresos de las personas en situación de pobreza".

SECTOR SALUD En la revisiones de las cuentas públicas 2014, 2015 y el parcial de 2016 se ha observado que la ASF ha realizado diversas auditorías, tanto a la Secretaría de Salud como a otras entidades del estado, para verificar el desempeño respecto de la calidad en la Atención Medica brindada, en seguimiento a los compromisos establecidos en el PND 2007-2012, el cual “la calidad” es uno de los componentes de la política de salud, estableciéndose para ello la estrategia 5.3 “Asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de salud de la población”, para que ésta contara con servicios de salud eficientes y de alta calidad. Preguntas: ¿Cuál ha sido el desempeño general de los objetivos y programas destinados a la atención de dicha estrategia?, Con base en los resultados obtenidos en sus diferentes revisiones tanto a la Secretaria de Salud como a las entidades de salud involucradas, ¿Considera la ASF que los compromisos establecidos en el PND 2007-2012 están alcanzando tanto los objetivos como las metas propuestas?

Respuesta ASF: A efecto de evaluar el cumplimiento de las líneas de acción establecidas en el PND 2013-2018, relacionadas con la formación de recursos humanos y el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura en salud, la ASF ha llevado a cabo diversas auditorías de desempeño y evaluaciones de políticas públicas a las instituciones del sector salud que prestan servicios médicos en el primero, segundo y tercer niveles. Dichas revisiones se han focalizado a la revisión de la atención médica que se brinda a la población con seguridad social y a la abierta. De manera particular, se han fiscalizado los resultados sobre la formación de recursos humanos; el desarrollo de la investigación médica, y el mantenimiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento hospitalario. En cuanto a las instituciones de seguridad social, se han verificado los siguientes avances:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se realizaron cuatro auditorías de desempeño a la atención médica preventiva, en las que se emitieron tres recomendaciones al desempeño al Instituto de Seguridad Social y Servicios

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Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), orientadas a que sus plantillas de personal médico se ajustaran a los estándares establecidos por la Secretaría de Salud (SS), a fin de garantizar la atención médica preventiva a sus derechohabientes. Para la atención de las recomendaciones referidas, el ISSSTE acreditó que en 2016, la SHCP le autorizó 4,000 plazas de médicos, enfermeras y personal técnico, lo que le permitiría acercarse al estándar establecido por la SS de 1.4 médicos y 2.1 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes. Por su parte, PEMEX sustentó el inicio de las gestiones con el área de recursos humanos, para la autorización de plazas adicionales para cubrir la falta de personal médico en sus unidades hospitalarias.

En materia de infraestructura y equipamiento, se emitieron dos recomendaciones al ISSSTE y a PEMEX, respecto al diseño de indicadores y metas que den cuenta de la capacidad instalada de su infraestructura. Para su atención, el ISSSTE modificó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de 2016, del programa presupuestario K011 “Proyectos de infraestructura social”, en la que incorporó once indicadores para evaluar su capacidad instalada. Por su parte, PEMEX elaboró el documento “Estándares asistenciales” de las unidades médicas, mediante el cual se actualizaron los indicadores del área operativa, entre los que se identificaron los relacionados con la infraestructura física.

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se llevaron a cabo cinco auditorías a las instituciones de seguridad social, sobre la prevención y control de las principales enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias no transmisibles y cáncer de la mujer). De estas revisiones, derivaron diez recomendaciones al desempeño, enfocadas a que las instituciones dispusieran de un análisis para determinar el personal médico especialista requerido en sus unidades médicas para la atención de los derechohabientes que presenten dichos padecimientos, y catorce para contar con un diagnóstico situacional de la infraestructura disponible y la requerida.

Para la atención de las 24 recomendaciones, el IMSS, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y PEMEX acreditaron en 2017 la realización de un diagnóstico situacional del personal médico, así como de la infraestructura y equipamiento requerido para la prevención y control de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, a fin de contribuir a mejorar la calidad de los servicios médicos que ofrecen a su derechohabiencia.

Respecto a la atención de la población que no tiene acceso a la seguridad social, la ASF observó lo siguiente:

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se realizó la evaluación 1576 “Evaluación de la Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)”.

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Los resultados evidenciaron que la implementación de dicho programa permitió atender el problema público de la falta de acceso de la población abierta a los servicios de salud, mediante un esquema de solidaridad social. Sin embargo, de persistir o incrementarse las debilidades y deficiencias identificadas, particularmente en materia de financiamiento, el SPSS no logrará, en el mediano plazo, asegurar la protección financiera de la población afiliada ante contingencias médicas; satisfacer las expectativas de los usuarios afiliados.

En consecuencia, de mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de protección social en salud bajo las condiciones actuales, céteris páribus, es de esperar que no se cumpla con el mandato de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan las necesidades de salud de las personas sin seguridad social.

Las sugerencias derivadas de la evaluación se dirigieron a que el SPSS garantice el acceso a los servicios de salud de la población sin seguridad social y contribuya a concretar la visión de un sistema de salud universal con las siguientes características: (1) único, (2) no fragmentado, (3) de cobertura total, (4) con recursos suficientes para asegurar la atención efectiva, y no sólo la afiliación nominal de las personas, (5) financiado equitativamente por medio de impuestos generales progresivos, (6) con una planeación estratégica de alcance nacional, (7) que permita satisfacer las necesidades de salud de la población, desde las unidades de atención primaria hasta las de tercer nivel, (8) que priorice la prevención de la salud; con una calidad homogénea en todo el territorio, y (9) con una operación descentralizada en la que cada orden de gobierno cumpla cabalmente sus atribuciones y responsabilidades.

Asimismo, la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye la evaluación núm. 1783 "Evaluación de la Política Pública de Infraestructura, Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud" en la SS, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX, la cual se presentará en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales. El objetivo de dicha revisión es determinar en qué medida el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha logrado aminorar las problemáticas vinculadas con la insuficiencia y deficiencia de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos relacionados con la prestación de servicios de salud a toda la población.

Se ha observado que en muchos de los programas auditados, el común denominador de las irregulares detectadas coincide con la falta de certeza de la información provista por las entidades encargadas de llevar a cabo la aplicación de los programas, en consecuencia la ASF ha recomendado reiteradamente la mejora del diseño de sus indicadores de manera que permitan verificar y contar con información suficiente, clara y oportuna para la adecuada rendición de cuentas de su gestión pública.

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Pregunta: ¿Ha observado la ASF avances positivos significativos sobre estas recomendaciones?

Respuesta ASF: La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF ha tenido como efecto los siguientes avances.

En 2016 el IMSS implementó el sistema “Registro Institucional de Cáncer”, el cual tiene como propósito establecer canales de comunicación efectivos entre los tres niveles de atención, así como dar seguimiento a las pacientes con cáncer cérvico-uterino y de mama. Con este sistema, que a su vez forma parte del Sistema de Información de Atención Integral a la Salud (SIAIS) del IMSS, se dispondrá de registros médicos de carácter histórico. Con base en dicha información se podrán establecer metas en materia de cobertura, oportunidad y calidad en el diagnóstico y tratamiento de las derechohabientes con dicho padecimiento.

En 2016 el ISSSTE dio inicio a la implementación de mejoras en su Sistema de Información Médica Financiera (SIMEF), a través de la incorporación de indicadores que den cuenta de las pruebas de detección (positivas y negativas) de las principales enfermedades crónicas no transmisibles; pacientes confirmados; pacientes que reciben atención médica; tratamientos otorgados; pacientes en seguimiento, y las estadísticas de morbilidad y mortalidad. Estos ajustes permitirán al instituto mejorar los indicadores de control y seguimiento de sus derechohabientes, independientemente de la patología que padezcan.

En 2016 el ISSFAM inició el proceso de mejora de sus sistemas de información en salud, a fin de que registren, en tiempo y forma, datos de cada una de sus unidades médicas. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), su Sistema Digital de Sanidad reportó, al cierre de 2016, un avance entre el 85 y el 100 por ciento en su implementación en los diferentes escalones sanitarios. En cuanto a la Secretaría de Marina (SEMAR), su Sistema de Control Hospitalario fue dictaminado y autorizado por la SS en enero de 2017. Como resultado de la intervención de la ASF, se incorporaron 130 indicadores al sistema de información de la SEDENA, y 114 al de la SEMAR, lo que permitirá que ambas dependencias registren y generen información confiable, oportuna y suficiente, que posibilite la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas sobre la prevención y el control de las principales enfermedades que presentan sus derechohabientes.

En PEMEX, la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF ha posibilitado que, a partir de 2016, se disponga del “Catálogo de Indicadores de Salud”, que comprende 86 indicadores sobre los resultados obtenidos en cuanto a la atención médica que se brinda. Asimismo, en 2017 se adicionaron cinco indicadores con el

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objeto de medir la cobertura de las campañas para la prevención y atención de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), asma e influenza, así como para monitorear el control y manejo de enfermedades respiratorias no transmisibles.

En la SS la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF posibilitó que en 2017, en coordinación con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se pusiera en operación el Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT), el cual tiene como objetivo realizar comparaciones transversales de los resultados de las 32 entidades federativas en torno a 67 indicadores vinculados con la incidencia de la obesidad, diabetes e hipertensión.

DESARROLLO ECONÓMICO - Irregularidades recurrentes en el Programa de Fomento Agrícola (Sector Agropecuario y Pesquero) En su labor de fiscalización superior a la Cuenta Pública 2015, la ASF aplicó a la SAGARPA auditorías forenses a 2 componentes del Programa de Fomento a la Agricultura (PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol), con el fin de buscar evidencias de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas para promover las acciones legales procedentes. La aplicación de estas auditorías le permitió a la ASF detectar las siguientes irregularidades:

Avalar operaciones bancarias alteradas.

Entregar facturas falsas y otorgar recursos a empresas que no operan o se dedican a otros giros.

Establecimiento de convenios con universidades que subcontrataron a personas no aptas y entregó estudios bajados de Internet.

Liberación de pagos a proveedores sin que se acrediten la entrega de bienes y sin tener la certeza de la población objetivo, ya que hubo beneficiarios que no confirmaron haber recibido apoyos y, en otros casos, a la fecha de la auditoría ni siquiera dieron inicio los proyectos, aunque ya se les había liquidado.

Pagos duplicados.

Por su parte, en la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2016, la ASF aplicó a la SAGARPA una auditoría financiera y de cumplimiento a un componente del Programa de Fomento a la Agricultura (PROAGRO Productivo), cuyo propósito es que los apoyos otorgados deben vincularse con el mejoramiento de la productividad agrícola, es decir, los beneficiarios están obligados a acreditar el destino de los recursos en aspectos técnicos, productivos, organizacionales y de inversión.

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Las irregularidades detectadas en la aplicación de la auditoría, fueron las siguientes:

Pagos realizados en exceso.

Otorgamiento de apoyos a personas fallecidas y a servidores públicos.

Otorgamiento de apoyos a beneficiarios que no acreditaron la vinculación con el programa.

Uso de los recursos otorgados en otros fines a los autorizados.

Falta de documentación comprobatoria de los apoyos otorgados.

Preguntas: ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar continuar destinando recursos año con año a programas que han mostrado recurrentes irregularidades, incumplimiento de sus objetivos y permitido el desvío de recursos utilizando un gran número de acciones fraudulentas?, ¿Qué acciones ha realizado la ASF, en el ámbito de su competencia, para sancionar a los principales responsables de estas irregularidades recurrentes?, ¿Qué está haciendo la ASF para contribuir a erradicar la práctica recurrente de desviar recursos con flagrante impunidad?, La ASF ha dicho repetidas veces que lo que no se puede cuantificar no se puede evaluar. ¿Sobre esta base y considerando, que las auditorías practicadas al sector son una muestra del gasto auditado puede la ASF cuantificar el daño general social de las irregularidades anteriormente señaladas?

Respuesta ASF: De 2012 a 2016 la ASF, en el ámbito de sus atribuciones, promovió 422 recomendaciones para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) implementara los mecanismos de control y supervisión necesarios para asegurar que los apoyos se otorgaran conforme a la normativa aplicable. Las irregularidades señaladas efectivamente tuvieron aparejado un daño social, toda vez que los apoyos no llegaron a la población objetivo que realmente los necesita para activar o reactivar la actividad agrícola. Dicha situación podría derivar en el abandono de las tierras de cultivo, o incluso en la migración de la población campesina y agrícola. En el caso particular de la auditoría al PROAGRO, la cuantificación del daño económico ascendió a 131.7 millones de pesos (mdp); sin embargo, “el daño general social” no podría ser cuantificado dado que, como se menciona en el propio cuestionamiento, las auditorías se practican sobre una muestra de los recursos que se destinan al sector. Asimismo, es importante resaltar que, con motivo de las acciones promovidas, se ha observado una disminución en cuanto a las irregularidades determinadas; tal es el caso, por ejemplo, de los beneficiarios fallecidos que recibieron apoyos, los cuales en la revisión de la Cuenta Pública 2014 ascendieron a 1,850 personas, mientras que en la Cuenta Pública 2016 disminuyeron a 752 casos.

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Por otra parte, es importante recordar que la ASF está facultada para promover las sanciones administrativas y/o penales necesarias cuando, derivado de los resultados de las auditorías, se advierta la comisión de alguna irregularidad. En concordancia con lo anterior, la ASF como parte de las revisiones de las Cuentas Públicas de 2012 a 2016, emitió 343 Pliegos de Observaciones, 208 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 50 Denuncias de Hechos, vinculadas con la actuación de la SAGARPA.

- Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) (Comunicaciones y Transportes) La auditoría financiera y de cumplimiento, “Tarifa de Uso de Aeropuerto Facturada y sus Aplicaciones”, que practicó en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), señaló que el ente fiscalizado, no acreditó con la documentación soporte los siguientes aspectos:

El costo total que se tendrá que pagar con recursos de la TUA por las disposiciones del contrato del crédito de 1, 000,000.0 miles de dólares, tales como intereses, comisiones, y gastos asociados con el mismo.

Las características de las disposiciones del crédito contratado por 1, 000,000.0 miles de dólares.

El plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA para liquidar las disposiciones del crédito del esquema de financiamiento.

Los controles establecidos para conocer el ingreso que tienen las líneas aéreas por la recolección de la TUA, ya que entregan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), los “Manifiestos de salida” (documentos de buena fe), en los que informan, bajo protesta de decir verdad, la TUA que pagaron los usuarios.

Los procedimientos de control y supervisión respecto de la facturación que el AICM, realiza a las aerolíneas, las cuales depositan la TUA al fideicomiso privado 2172, como parte del esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cómo se erogaron 2, 706,991.1 miles de pesos de recursos provenientes de la TUA por los fideicomisos privados 2172 y 80460 y las instrucciones giradas por las dos entidades para el efecto, ya que el esquema de financiamiento fue estructurado bajo el marco legal de derecho privado, modificando su naturaleza de recursos públicos a privados, lo que evitó que el crédito por 1, 000,000.0 miles de dólares se registrara como deuda pública.

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Bajo el mismo esquema financiero y operativo del proyecto, en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF aplicó la auditoría financiera y de cumplimiento, “Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto”, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Se señaló en el dictamen que en términos generales, el GACM y el AICM cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, específicamente en lo relacionado con el ejercicio de los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, derivada de los compromisos pactados en el esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se emitió este dictamen no obstante que fueron señaladas nueve recomendaciones derivadas de la siguiente observación:

“El AICM cuenta con controles, mediante el Sistema Oracle y conciliaciones, para confirmar que la recolección, facturación, cobro y registro de la TUA se realiza correctamente; sin embargo, se detectó que (i) para efectos de conciliar con las aerolíneas a qué facturas corresponden los pagos realizados al fideicomiso privado 2172, éstas no le desglosan esa información; que (ii) el Sistema Oracle no cuenta con alertas para identificar las facturas vencidas pendientes de cobro, ni determina el monto de los intereses moratorios a cubrir por las aerolíneas, situación que representa un riesgo operativo, y (iii) el registro de las cuentas por cobrar no se realiza en subcuentas por concepto a fin de distinguir las correspondientes a la TUA”.

Pregunta: Tanto en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015 como en la de 2016, se detectaron diversas irregularidades; no obstante esta situación, en la revisión de 2016 la ASF emitió un dictamen de cumplimiento, ¿cuáles fueron las consideraciones para que la ASF emita una opinión de este tipo?

Respuesta ASF: Las revisiones referidas dieron lugar a la formulación de diversas observaciones, las cuales no se relacionaron con irregularidades que implicaran la emisión de acciones como Pliegos de Observaciones, Promociones del Responsabilidades Administrativas Sancionatorias o Denuncias de Hechos.

- Deficiencias en las Reglas de Operación y cuantificación de la población objetivo (Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) Con el propósito de resolver la problemática derivada de la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas que da pie a un aumento de hogares que presentan carencia de calidad y espacio de vivienda, el programa “Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda” creó espacios públicos adecuados y favorables para el desarrollo comunitario, incorporó políticas de inclusión social con perspectiva de género, a fin de apoyar a las mujeres con la construcción de centros integrales, los cuales contaron con distintos módulos de servicios de fortalecimiento económico,

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educación colectiva, atención a la salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, así como incorporar bibliotecas, zonas de recreación y estimulación infantil. En 2016, la ASF aplicó a la SEDATU la auditoría de desempeño al programa mencionado, la cual le permitió detectar diversas irregularidades en las Reglas de Operación y en la cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, ya que no se definió de manera específica su población objetivo para la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no se definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetivo; asimismo, la SEDATU cuantificó a 21,889,499 hogares como su población potencial, y a 69,681 hogares como la atendida; sin embargo, no determinó a la población objetivo ni identificó si la población atendida se correspondió con los hogares ubicados dentro de las localidades rurales de muy alto, alto y medio rezago social. Preguntas: ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública verifique o en su caso realice un adecuado diseño de las Reglas de Operación, a fin de atender irregularidades detectadas en la identificación de la población objetivo, establecimiento de montos por porcentaje del costo total y se garantice que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo?; en su opinión, ¿la deficiente cuantificación de la población objetivo no da pie a que la dependencia incurra en la práctica de desvío de recursos?; ¿Cómo piensa contribuir la ASF en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción para inhibir esta mala práctica del ejercicio del gasto que puede derivar en corrupción profunda?

Respuesta ASF: A partir de las revisiones realizadas por la ASF a los programas que entregan subsidios al sector rural, se ha observado como una problemática recurrente, la falta de cuantificación de la población objetivo, lo cual tiene como consecuencia que los recursos se otorguen a los productores con más posibilidades de incursionar en el mercado, y se deje fuera a quienes utilizan su producción para el autoconsumo. Por lo anterior, la ASF ha emitido recomendaciones orientadas a definir adecuadamente la población objetivo en las reglas de operación, cuantificar dicha variable correctamente, así como contar con un adecuado padrón de beneficiaros. De manera particular, la ASF recomendó a la SEDATU que revisara y ajustara sus reglas de operación en los términos que establece el artículo 75, fracciones I, II, y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), a efecto de definir con precisión su población objetivo y garantizar que los subsidios se canalizaran exclusivamente a dicho grupo, conforme a los montos y porcentajes determinados. La falta de precisión en la definición de la población objetivo impide focalizar la entrega de los subsidios a quienes cumplen con las disposiciones establecidas en las reglas de

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operación, lo cual genera espacios de discrecionalidad para el ejercicio irregular de los recursos. Por lo anterior, la ASF recomendó a la dependencia auditada revisar y ajustar sus reglas de operación, y además solicitó la intervención del OIC de SEDATU y de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP para que, en el ámbito de sus competencias, realizaran las investigaciones correspondientes y, en su caso, fincaran las responsabilidades y sanciones respectivas. Ahora bien, respecto al impacto de la labor de la ASF en el marco del SNA, es importante mencionar que la fiscalización no está concebida como una herramienta orientada al abatimiento de la corrupción, ya que se trata de un fenómeno que obedece a múltiples causas y, por lo tanto, debe ser abordado mediante la coordinación efectiva de un conjunto de actores e instituciones, incluyendo a la propia sociedad, a fin de modificar las condiciones estructurales que generan este tipo de conductas. En este sentido, la ASF promoverá que el tema de la inadecuada definición y cuantificación de la población objetivo de los programas sociales sea abordado en las discusiones del Comité Coordinador del SNA. De igual forma, la ASF ha aportado información específica de las deficiencias, imprecisiones, inconsistencias y omisiones de las reglas de operación de los programas del sector rural, respecto a la cuantificación de la población objetivo. En el caso particular de los programas a cargo de la SAGARPA, las revisiones a las Cuentas Públicas de 2000 a 2013 evidenciaron la falta de integración del padrón único de beneficiarios del sector rural, lo que limitó la determinación de la cobertura de atención de los programas, la cuantificación de la población objetivo, el seguimiento de los recursos otorgados, así como la comprobación de las duplicidades en la información y el mal uso de los recursos públicos. Como resultado de las recomendaciones emitidas por la ASF, la SAGARPA informó que está desarrollando dicho padrón único, a través del establecimiento de un sistema de información y coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objetivo de determinar si quienes acceden a los subsidios cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las reglas de operación.

GASTO FEDERALIZADO - Entidades de Fiscalización Locales En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que la ASF llevará a cabo, de manera directa, las auditorías que correspondan, cuando el órgano local de fiscalización haya solventado sin sustento, o en contravención a los lineamientos, observaciones realizadas con motivo de auditorías al ejercicio de las participaciones federales durante dos años consecutivos. Preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos y procesos que permitirán identificar en qué momento las Entidades Fiscalización Locales solventan sin sustento?; ¿La ASF tiene un

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estimado cuantitativo del importe solventado sin sustento?; En el momento de presentarse un caso ¿Cuáles son las sanciones que se aplicarán a la(s) Entidad(es) de Fiscalización Local(es)?

Respuesta ASF: A partir de la firma de los convenios de coordinación que se llevó a cabo en diciembre de 2016, se estableció una nueva relación entre la ASF y las Entidades Fiscalizadoras Locales (EFL). La ASF, de acuerdo con la LFRCF, podrá fiscalizar las Participaciones Federales de manera directa, o a través de la coordinación con las EFL. Asimismo, el desempeño de las EFL deberá de ser reportado por la ASF a la CVASF, en términos del artículo 51 de la LFRCF.

Casos de contratación excesiva de deuda pública como los de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, que no sucedieron de un ejercicio fiscal a otro, sino que se trató de un endeudamiento acumulado durante las administraciones de sus Gobernadores, nos hacen reflexionar respecto del papel que desempeñaron las Entidades de Fiscalización Locales respecto de la dictaminación de las Cuentas Públicas de cada Entidad Federativa. Pregunta: ¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación no realiza observaciones públicas respecto del desempeño de los Titulares de las Entidades de Fiscalización Locales, quienes no sólo omitieron advertir los riesgos del insostenible endeudamiento público, sino que con su silencio decidieron obviar estas malas prácticas gubernamentales?; ¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación no ha denunciado públicamente la falta de probidad o de independencia de los Titulares de las Entidades de Fiscalización Locales respecto de los Gobernadores de las Entidades Federativas? Casos como los de Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua o Coahuila demuestran que los llamados Auditores Superiores Locales acatan las instrucciones de los Gobernadores y no cumplen su función de apoyo técnico del Congreso Local.

Respuesta ASF: Las observaciones que emite la ASF están vinculadas, de manera exclusiva, con los procesos de fiscalización. Consecuentemente, las denuncias que presenta la ASF deben estar sustentadas, no en dichos o anécdotas, sino en evidencia documental.

- Gobiernos de las Entidades Federativas Los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas y a los Municipios representan la fuente principal de ingresos de estos órdenes de gobierno y son fundamentales para financiar sus estrategias y programas de desarrollo.

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En el periodo de 2000 a 2012, el gasto federalizado ascendió a 13 mil 270 millones de pesos, de los cuales el 59% correspondió al gasto federalizado programable, mientras que las participaciones federales representaron el 41%. En ese mismo periodo, el gasto federalizado programable significó el 20% del gasto neto total y el 25% del gasto programable total. A decir de la propia Auditoría Superior de la Federación en el estudio “Diagnóstico sobre la opacidad del gasto federalizado” elaborado en 2012, el marco normativo que regula la gestión del gasto federalizado es genérico, ambiguo e insuficiente en algunos aspectos sustantivos, además de estar disperso en diversos ordenamientos; asimismo, se puntualiza la falta de mecanismos explícitos para la distribución de recursos; la insuficiente transparencia en la definición o aplicación de la fórmula o el mecanismo de distribución de los recursos, entre otros cuestionamientos. Pregunta: ¿cuáles son los señalamientos más sentidos de la Auditoría Superior de la Federación respecto del ejercicio del gasto federalizado por parte de las Entidades Federativas?

Respuesta ASF: Un indicador estratégico que coadyuva a valorar la calidad de la gestión del gasto federalizado es el referente al monto observado en relación con la muestra auditada. Su valor en la Cuenta Pública 2015 fue del 9.5 por ciento, en 2014 13.2 por ciento; en 2013 14.5 por ciento y en 2012 12.7 por ciento. Si bien ese indicador ha registrado una mejoría respecto a su valor en años previos, aún es alto, lo que denota insuficiencias importantes en el manejo de dichos recursos. En términos absolutos, el monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 fue de 65,193.8 mdp, en 2014 de 77,380.6 mdp, en 2013 de 73,451.5 mdp y en 2012 de 64,333.5 mdp. Aunque el monto observado es susceptible de justificación y aclaración por parte de los entes auditados, el nivel alcanzado refleja una gestión que aún no es del todo eficiente y transparente. De acuerdo con lo anterior, el monto observado podría interpretarse como la brecha entre la generación de beneficios reales y potenciales para la población; en un escenario de múltiples y significativas carencias sociales, su existencia y recurrencia es injustificada. Para la Cuenta Pública 2015 se identificaron las siguientes problemáticas:

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Gasto Federalizado, Monto Total Observado: principales irregularidades. Cuenta Pública 2015

(mdp)

- GASTO CENTRALIZADO En el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, esta Cámara de Diputados autorizó que fuera ejercido un gasto de 4.7 billones de pesos; a pesar de los recortes presupuestales efectuados por la Secretaría de Hacienda y Crédito en enero y junio por un monto total de 164 mil 777 millones de pesos, los datos sobre la Cuenta Pública 2016 señalan que el gasto presupuestario total ejercido fue de 5.3 billones de pesos, un 12.9% superior a lo que fue aprobado. El 95% de ese sobre ejercicio se concentró en el Gasto Programable, en específico en las aportaciones patrimoniales a PEMEX y a CFE; al mayor pago de pensiones, y los mayores recursos transferidos a las Entidades Federativas por concepto de subsidios a los centros educativos. Es de llamar la atención que, habiéndose registrado un sobre ejercicio tan importante en el gasto presupuestario, la parte definida de éste como Gasto Estructural no haya mostrado una expansión proporcionalmente similar; de lo que se puede inferir que los recursos disponibles para la operación corriente del Gobierno Federal y el cumplimiento de sus funciones están acotadas por las cantidades que deben destinarse al pago de pensiones y jubilaciones del sector público, así como para sufragar el costo de los combustibles utilizados para la generación de electricidad. Tratándose del gasto programable, en su clasificación administrativa, el sobre ejercicio fue del 16.2% concentrándose en los Ramos Administrativos y en los Ramos Generales, con incrementos respectivos de 36.6% y de 9.9%; sin embargo, a pesar de este sobre ejercicio, los

Concepto de Irregularidad TOTAL %

Total 65,193.8 100

Recursos no ejercidos 33,449.1 51.3

Falta de documentación comprobatoria del gasto 7,893.7 12.1

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias 6,106.0 9.4

Recursos ejercidos que no cumplen con los objetivos

específicos de cada fondo o programa.4,936.0 7.6

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal 2,639.5 4

Retenciones no enteradas a terceros institucionales 2,017.8 3.1

Conceptos no autorizados por la instancia coordinadora federal 1,112.9 1.7

Pago excedente en prestaciones no ligadas al salario 1,005.6 1.5

Otros conceptos 6,033.2 9.3

FUENTE: ASF, Informes de auditoría de la Cuenta Pública 2015.

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ramos que registraron gastos inferiores a los que originalmente habían sido aprobados por la Cámara de Diputados son los que tienen mayor incidencia social: el Ramo 12 “Salud”, el Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” y el Ramo 20 “Desarrollo Social” cuyas erogaciones fueron inferiores a los presupuestos que le habían sido aprobados en 6.0%, 6.2% y 2.9% respectivamente. Los citados subejercicios, se traducen en importantes rezagos en el gasto de los programas presupuestarios vinculados directamente con la atención de los grupos más vulnerables; a mayor abundamiento, la brecha entre los recursos ejercidos y los aprobados no sólo se registró en los Ramos vinculados a las prioridades de gasto social sino que, además, los programas presupuestales más castigados fueron los de subsidios, a pesar de que tienen como principal propósito coadyuvar a mitigar la pobreza en los grupo de población más vulnerable. Preguntas: ¿cómo podría hacerse más eficiente el gasto y el aparato público?; ¿Cuál es el monto de los recursos públicos que han sido canalizados o destinados a las organizaciones sindicales dentro de PEMEX, CFE, SNTE, etc.? ¿Cuál es la opinión de la Auditoría Superior de la Federación al respecto?

Respuesta ASF: El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una política diseñada para coadyuvar a que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Sin embargo, con base en los resultados de la fiscalización de las últimas Cuentas Públicas, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer su implementación. De manera particular, la ASF ha recomendado perfeccionar el diseño del SED, a fin de que la gestión pública se oriente hacia resultados; se evite la discrecionalidad en la asignación y aplicación de los recursos públicos, y se fomente la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo a nivel federal, sino en los tres órdenes de gobierno. De igual forma, es necesario consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR), con el propósito de vincular efectivamente el financiamiento de los programas presupuestarios con los resultados generados; incluir en los informes trimestrales sobre la Situación Económica, de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, elaborados por la SHCP, un apartado referente al impacto social de los programas presupuestarios; mejorar la precisión y confiabilidad de los indicadores de los programas presupuestarios; diseñar metodologías adecuadas para la determinación de la población potencial y objetivo, así como fortalecer el monitoreo y evaluación de la calidad del gasto por parte de los operadores de las políticas públicas. Respecto a los recursos ejercidos por las organizaciones sindicales, es importante señalar que éstos no se programan en el PEF, no se reportan en la Cuenta Pública, ni están ligados al cumplimiento de objetivos y metas de los programas o políticas públicas federales. Las cuotas sindicales provienen de acuerdos entre dichas organizaciones y los patrones, y

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quedan asentados en los contratos colectivos de trabajo. En los casos en que se destinaran recursos públicos a las organizaciones sindicales dentro de PEMEX, CFE, SNTE, la ASF evaluaría la factibilidad de incluir una propuesta de auditoría en el PAAF correspondiente.

- Delegaciones Federales Las Delegaciones Federales son órganos desconcentrados regionales, que dependen de la Administración Pública Centralizada y que, teóricamente, tienen como objetivo acercar a la ciudadanía los servicios públicos de sus respectivas competencias de manera ágil y expedita. Para el ejercicio fiscal de 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación prevé que sean asignados 241.5 millones de pesos para las Delegaciones Federales de la SAGARPA; 509.47 millones de pesos para las Delegaciones Federales de la Secretaría de Salud; 270.56 millones para las Delegaciones Federales de la SEMARNAT; por enunciar algunos ejemplos. Preguntas: ¿Cuál es su opinión respecto de la existencia de Delegaciones Federales de distintas Secretarías de los Ramos del Gobierno dentro de las Entidades Federativas? ¿No le parece que únicamente elevan el costo burocrático? ¿Qué indicadores se tienen respecto de la eficiencia en el desempeño de su gasto?

Respuesta ASF: Desde la perspectiva de la ASF, la existencia de delegaciones estatales de las secretarías que integran el sector central del Ejecutivo Federal responde a la necesidad de acercar y facilitar la prestación de servicios a la ciudadanía, así como para supervisar y coordinar la implementación a nivel regional de los diferentes programas y políticas públicas. Si bien la operación de estas instancias implica la asignación de presupuesto, también es importante considerar que, de lo contrario, la ciudadanía tendría que soportar la carga económica que implicaría, por ejemplo, desplazarse hasta las oficinas centrales de las secretarías para la realización de algún trámite, o para recibir los apoyos y beneficios de los programas públicos. Respecto al desempeño de dichos entes, es importante recordar que el SED contiene la información sobre los indicadores diseñados para monitorear los avances en la instrumentación de los programas a nivel nacional. Las auditorías practicadas a dicho sistema han mostrado que los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes para alcanzar mejores niveles de eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto.

- Combate a la corrupción La reforma constitucional de mayo de 2015, situó a la fiscalización superior, primordialmente, como una herramienta para combatir a la corrupción.

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Asimismo, para que la fiscalización superior pudiera incidir en el combate a la corrupción, se planteó a la sanción como núcleo duro de la rendición de cuentas, enfocándose a que las prácticas de irregularidades y de actos de corrupción, tuvieran consecuencias. La Auditoría Superior de la Federación prevé recomendaciones de tipo preventivo y acciones de tipo correctivo, que derivan de las observaciones efectuadas a los resultados de las auditorías. Dentro de las acciones promovidas con carácter correctivo se encuentra la formulación de un pliego de observaciones, siendo éstas de carácter económico en las que se presume un daño, un perjuicio, o ambos, así como la presunta responsabilidad de infractores, en cantidad líquida. Cuando la entidad fiscalizada solventa en forma parcial o no solventa el pliego de observaciones, la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, en que se determina la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios estimables en dinero. Con fecha 31 de marzo de 2017, la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el “Informe del estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas”. Preguntas: ¿Cuál es el estado que guardan las 9,146 acciones promovidas que estaban en proceso de solventación al 31 de marzo de 2017? ¿Cuál es el estado que guardan los 628 procedimiento resarcitorios reportados a esa fecha?; No consideraría conveniente la Auditoría Superior de la Federación que, después de la solventación de las observaciones ¿se emita un nuevo informe para tener claridad de cuáles son –realmente– los montos en desvío y los observados?

Respuesta ASF: Dicha información es reportada a la CVASF, de conformidad con la LFRCF, a través de los informes semestrales, así como del Sistema Público de Consulta de Auditorías. De cualquier forma, la ASF está abierta para atender dudas específicas sobre el seguimiento de las observaciones.

- Sistema Nacional Anticorrupción El Sistema Nacional Anticorrupción se concibió como la instancia de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

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En el Artículo Séptimo de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, se estableció que durante dicho ejercicio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizaría las adecuaciones presupuestarias correspondientes para proveer de recursos humanos, financieros y materiales correspondientes al inicio de operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Durante 2017 se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y comenzó operaciones la Secretaría Ejecutiva del mismo; es prudente señalar que, con ello, inició la coordinación de siete instituciones como i) la Auditoría Superior de la Federación; ii) la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; iii) la Secretaría de la Función Pública; iv) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; v) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; vi) el Consejo de la Judicatura Federal; y, vii) el Comité de Participación Ciudadana. Una de las problemáticas actuales en materia presupuestaria, es la ausencia de mecanismos de rastreo que den visibilidad a los ejecutores del gasto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que limita la evaluación, la planeación, la asignación, la ejecución y la medición de la eficiencia del gasto público. La literatura especializada ha señalado que una de las herramientas para conocer cómo es que será ejercido el gasto público para problemáticas específicas, son los Anexos Transversales. En éstos, se concentran programas presupuestarios y unidades responsables con recursos destinados a obras, acciones y servicios vinculados con un sector en específico. Para que un Anexo Transversal surja, su obligatoriedad no necesariamente debe derivar de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino que también puede crearse directamente en el Decreto de Presupuesto. Nos enfrentamos a la problemática de irrastreabilidad del gasto público que se destina para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto para las nuevas instituciones, así como para las que ya existen. Preguntas: ¿Considera viable la existencia de un Anexo Transversal para el Sistema Nacional Anticorrupción? En su opinión, la calidad y eficiencia del gasto público destinado al combate a la corrupción en general, canalizado a través del Sistema Nacional Anticorrupción ¿mejoraría con la inclusión de un Anexo Transversal de esta naturaleza dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación?

Respuesta ASF: Desde la perspectiva de la ASF, la inclusión en el PEF de un anexo específico referente a la operación del SNA permitirá que las distintas instancias que conforman su Comité Coordinador cuenten con los recursos suficientes para cumplir las nuevas atribuciones que les fueron conferidas, de acuerdo con el marco normativo en materia de combate a la corrupción. Asimismo, es importante recordar que dicho marco legal señala una serie de

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políticas públicas que tendrán que ser diseñadas, implementadas y evaluadas; por ejemplo, la Plataforma Digital Nacional, el seguimiento a las recomendaciones que emita el Comité Coordinador, la emisión de informes públicos, entre otros productos. Dichas actividades implican la participación coordinada de todas las instituciones que integran el Comité Coordinador, para lo cual contarán con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva. De lo anterior se infiere la necesidad de asignar recursos suficientes para la operación de dichos órganos, así como para la implementación a nivel nacional de las herramientas de política que prevé la Ley General del SNA. En este sentido, la aprobación de un anexo presupuestario para el SNA no sólo es un elemento que incrementará la calidad y eficiencia del gasto público destinado al combate a la corrupción, sino que se trata de un requisito indispensable para materializar los objetivos de la reforma constitucional en la materia.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA (PANAL) GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO - Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Derechos Humanos La violencia e inseguridad son, lamentablemente, temas de la mayor importancia. También lo son la protección y el trato adecuado a los ciudadanos por parte de todas las instancias públicas. Lo que nos coloca en el terreno del respeto a los derechos humanos. En este sentido, en la primer entrega de avances de informes de auditoría, hay tres referidas a ellos: la auditoría 29-GB realizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; la auditoría 107-GB a la Procuraduría General de la República y la auditoría 117-GB a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la auditoría al CONAPRED la Auditoría Superior de la Federación señala que la Matriz de Indicadores para Resultados –MIR-, no permite valorar el cumplimiento de los objetivos institucionales. En la auditoría realizada a la PGR, la entidad de fiscalización superior señala insuficiencias en la MIR, por lo que no es posible determinar la relación causa – efecto que existe entre los distintos niveles de la matriz; es decir, que no se conoce el efecto logrado como consecuencia del servicio prestado. Por último, en la auditoría realizada a la CNDH la ASF encontró deficiencias en el diagnóstico de necesidades de capacitación y deficiencias legales que limitan el seguimiento de las recomendaciones. Dado que de las tres auditorías se desprende la existencia de insuficiencias o deficiencias de diseño y normativas que impiden el adecuado conocimiento del impacto que las tres instituciones realizan para la protección de los derechos humanos:

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Preguntas: ¿Por qué los dictámenes de las auditorías mencionadas puntualizan exclusivamente las acciones realizadas por las 3 instituciones auditadas, dejando de lado las insuficiencias detectadas por la entidad de fiscalización?

Respuesta ASF: De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la LFRCF, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, por tanto, el dictamen de auditoría debe expresar una opinión sobre los efectos de la acción gubernamental en el estado que guarda el problema público. En las auditorías de desempeño núms. 29-GB realizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 107-GB a la PGR, y 117-GB a la CNDH, se determinaron insuficiencias o deficiencias de diseño y normativas de sus MIR, pero el dictamen se formuló con base en el cumplimiento de su mandato legal y la atención del problema público.

- Plataforma Nacional de Transparencia En la auditoría 129-GB realizada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en lo específico a la Plataforma Nacional de Transparencia y a los Sistemas que la integran, la ASF concluyó que los Sistemas presentan fallas en su funcionalidad, específicamente el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y el Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), se encuentran en funcionamiento sin que a la fecha de la auditoría (mayo 2017) hayan culminado las etapas de pruebas para proceder a su plena operatividad. Preguntas: ¿Qué repercusiones respecto a la protección de datos y acceso a la información han ocasionado las fallas de dicha Plataforma? y ¿Qué medidas se pusieron en marcha a partir de los resultados de esta auditoría para solucionarlas?

Respuesta ASF: El 5 de mayo de 2016 se puso en operación la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) conforme al artículo 31, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). En ese año, se registraron 53 incidencias, tales como la caída temporal del registro de usuarios para solicitar el acceso a la información y la falta de visualización de respuestas a recursos de revisión. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acreditó la realización de las gestiones pertinentes ante el prestador de los servicios para que se atendieran y solucionaran las incidencias señaladas. Dichos trabajos concluyeron el 14 de noviembre de 2016, mediante acta circunstanciada formalizada ante la contraloría del INAI.

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En 2015, antes de la puesta en operación de la PNT, se formularon 171,503 solicitudes de acceso a la información, mientras que en 2016 se recibieron 238,090; 38.8 por ciento más que el año anterior. De dichas solicitudes, el 79.5 por ciento (189,210) fue registrado por medio de la PNT. Las repercusiones en la protección de datos y el acceso a la información han sido marginales, ya que, a pesar de que la PNT es el principal medio de acceso a la información, los sujetos obligados deben contar con unidades de enlace para atender los requerimientos que los particulares formulen.

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL - Educación Actualmente, el dominio del idioma inglés de un amplio porcentaje de los estudiantes mexicanos es, en el mejor de los casos, muy limitado; lo que significa que la mayoría de las y los niños y jóvenes en México no comprende el idioma ni puede responder a las preguntas más elementales en dicha lengua. Sin embargo, al igual que en otras asignaturas, los métodos de evaluación implementados permiten que los alumnos continúen avanzando en los niveles escolares, sin contar con los conocimientos suficientes para ello. Situación que acentúa y mantiene la mala calidad de la educación en esta materia. Lo anterior representa una gran área de oportunidad para el sistema educativo, ya que una amplia gama de oportunidades laborales se mantiene inaccesible a los profesionistas mexicanos que no dominan el idioma, siendo este un requisito básico en la mayoría de las compañías en expansión. A partir de la fiscalización superior efectuada a entes vinculados con el sector educativo, particularmente al Programa Nacional de Inglés. Preguntas: ¿Qué deficiencias se identifican en la tentativa gubernamental por dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación y Programa para Democratizar la Productividad, en lo relativo al fomento de la adquisición de capacidades básicas, incluyendo el manejo de otros idiomas, para incorporarse a un mercado laboral competitivo a nivel global?; ¿Cuáles son las razones por las cuales los Informes de Auditoría son cada vez más escuetos? [En mi opinión, serían de mayor utilidad Dictámenes de auditoría con resultados más claros y contundentes sobre los hallazgos de la entidad de fiscalización a su cargo; ya que si bien se trata de un esfuerzo de sistematización de la información por parte de la entidad de fiscalización a su Digno cargo, también lo es, que la revisión de los informes a partir de la información presentada resulta insuficiente, limitando con ello los resultados de la fiscalización superior y el impacto de sus resultados].

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Respuesta ASF: De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la LFRCF, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, por tanto, el dictamen de auditoría debe expresar una opinión sobre los efectos de la acción gubernamental en el estado que guarda el problema público. Como parte del Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en junio de 2009, emitió la recomendación siguiente: Recomendación CV-IR07-001. Que la ASF lleve a cabo un análisis del contenido y tamaño del Informe de la revisión de la Cuenta Pública, a fin de que perfeccione los contenidos de cada informe de auditoría, reduzca su dimensión a lo estrictamente relevante y valore la inclusión en el Tomo Ejecutivo de aspectos no considerados hasta ahora, tales como balances generales y sectoriales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, y caracterización de los resultados de las revisiones integrales, horizontales y de centricidad que se realicen. En atención a dicha recomendación, a partir de 2008, los informes de auditoría son más concisos, sin que ello signifique que no cuentan con la información suficiente para evidenciar los hechos y las observaciones que se presentan en cada uno de ellos. Respecto al cuestionamiento sobre el Programa Sectorial de Educación, es importante señalar que la SEP puso en marcha el Programa Nacional de Inglés, el cual, de acuerdo con sus reglas de operación, tiene como objetivo fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, por medio del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas adecuadas. La auditoría número 152-DS practicada a la SEP consistió en verificar que el presupuesto del programa se ejerciera, aplicara y registrara conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Dicha auditoría permitió constatar que el objetivo del Programa Nacional de Inglés sólo se cumple parcialmente debido a diversas irregularidades en las reglas de operación, tales como:

La descripción de los perfiles del personal que impartirá las clases de inglés no incluye una definición precisa de sus aptitudes, cualidades y capacidades requeridas, lo cual genera el riesgo de que se contraten instructores no aptos para enseñar el idioma.

No se señalan los plazos perentorios para que las tesorerías estatales radiquen los recursos del programa a las autoridades educativas locales, en su calidad de unidades ejecutoras, lo cual conlleva que los recursos no sean transferidos oportunamente para su adecuada aplicación.

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No se contemplan mecanismos de seguimiento y supervisión para que la SEP tenga la certeza de que los informes trimestrales que emiten las autoridades educativas de las entidades federativas, se encuentren sustentados en documentación justificativa y comprobatoria, en términos de los artículos 74 y 75 de la LFPRH, y 66, fracción III, de su reglamento.

4.2.2. Atención a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones

— FUNCIONES DE GOBIERNO

Auditorías

Solicitudes CVASF Respuesta ASF

Se recomienda realizar un análisis de la Política Fiscal, referente a las exenciones, condonaciones o cancelaciones de adeudos o créditos fiscales que ha realizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT). Revisar los tratamientos diferenciales contenidos en las disposiciones tributarias que, por una parte, benefician a unos sectores y por otra constituyen un límite al gasto público y la consecución de objetivos sociales. En este sentido se solicita a la ASF realice las siguientes cuatro auditorías financieras con enfoque de desempeño: − Gastos fiscales por exenciones en el IVA. − Gastos fiscales por exenciones en el ISR. − Gastos fiscales por exenciones al IEPS. − Número de créditos fiscales firmes, no

pagados o no garantizados, así como el monto de créditos fiscales cancelados o condonados y el monto de adeudos fiscales, a las Personas Físicas y Morales.

El pasado 31 de octubre, como parte de la segunda entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 52-GB “Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales” y 64-GB “Revelación de Estímulos, Beneficios y Exenciones Fiscales” practicadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dichas revisiones abarcan los temas generales referidos en la recomendación. Asimismo, el documento de “Consideraciones a la Labor Legislativa” —que acompañó la entrega de Informes Individuales— en la sección de “Propuestas de modificaciones y reformas legislativas” incluyó el tema de las exenciones fiscales, así como una propuesta normativa en la materia. De igual forma, el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 (PAAF) incluye dos propuestas de auditoría, las cuales cubren los temas señalados en la recomendación: “Recaudación de las contribuciones federales: créditos fiscales, grandes contribuyentes” y “Recaudación de las

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contribuciones federales: créditos fiscales, otros contribuyentes”.

Evaluaciones

Solicitudes CVASF Respuestas ASF

Evaluación integral que vincule el análisis de la estrategia de desarrollo rural y agropecuario con los objetivos precisos de bienestar social y alimentación comprometidos institucionalmente.

El tema de la política agropecuaria, debido a su relevancia y complejidad, ha sido incluido en la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015, a través de las siguientes evaluaciones: Política Agraria, Política Pública de Pesca y Acuacultura y Política Pública de Ganadería. Asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública 2016 se incluyó el estudio 1785-DE a la Política Pública de PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO, el cual será presentado en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales. Por lo anterior, se considera que las evaluaciones realizadas hasta el momento atienden la solicitud de la CVASF.

Evaluación del Nuevo Modelo Educativo para verificar su alcance y capacidad para acometer las deficiencias más apremiantes del Sistema Educativo Nacional.

El pasado 30 de junio, como parte de la primera entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 124-GB y 125-GB practicadas al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye una propuesta de auditoría a los “Servicios de Educación Básica” y una propuesta de evaluación de política pública denominada “Evaluación de la Reforma Educativa”.

Evaluación de las políticas públicas vinculadas con programas y acciones desarrolladas por el Ejecutivo Federal a

Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría o evaluación en los términos planteados para su inclusión en el

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partir de la entrada en vigor de la nueva Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

PAAF de la Cuenta Pública 2018, toda vez que la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista entró en vigor hace poco más dos años (30 de abril de 2015), por lo cual se considera necesario contar con un margen de tiempo mayor para evaluar los resultados de su instrumentación.

Estudios


Estudio panorámico y comparativo de las estrategias de combate a la adicción en México y entre México y otros países. Tal estudio desembocaría en la ampliación de opciones de combate, control o freno de la expansión de las adicciones en México.

Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio o auditoría en los términos planteados para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2017.

Estudio-inventario de los mecanismos de transferencias sociales federales, estatales y municipales existentes.

Como parte de la fiscalización anual de la Cuenta Pública se hace entrega a la Cámara de Diputados de una separata sobre el Gasto Federalizado, la cual incluye una descripción general de la estructura de dicho rubro presupuestario, así como una síntesis de los principales resultados de las auditorías en la materia.

— FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Auditorías

Solicitudes CVASF Respuesta ASF

Auditoría de desempeño al Programa Nacional de Inglés para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

El pasado 30 de junio, como parte de la primera entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 152-DS “Programa Nacional de Inglés” practicada a la Secretaría de Educación Pública.

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De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF 2017 incluye una propuesta de auditoría al “Programa Nacional de Inglés”.

Auditoría de cumplimiento financiero con enfoque horizontal, para verificar que los recursos presupuestarios asignados para la implementación de la estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre se hayan aplicado conforme la normatividad y se hayan cumplido las metas y objetivos establecidos.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye las auditorías 255-DS “Comedores Comunitarios” y 258-DS “Cruzada Nacional contra el Hambre”, las cuales serán presentadas en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF 2017 incluye una propuesta de auditoría a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Auditoría de inversiones físicas a las obras en salud pública (hospitales, clínicas de medicina familiar, entre otras) que se encuentran abandonadas o inoperantes en los estados de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, y Coahuila.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye seis revisiones a inversiones físicas, en los términos planteados en la recomendación; de las cuales, dos se entregaron en junio de 2017 (217-DS y 841-DS-GF), tres en octubre de 2017 (202-DS-GF, 1224-DS-GF y 1702-DS-GF) y la restante (235-DS) se presentará en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales.

Estudios

Solicitud CVASF Respuesta ASF

Estudio sobre el impacto del rezago en la enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas, en el desarrollo académico y profesional de niños y jóvenes mexicanos.

El pasado 30 de junio, como parte de la primera entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 152-DS “Programa Nacional de Inglés” practicada a la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF 2017 incluye una propuesta de auditoría al “Programa Nacional de Inglés”.

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— FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Auditorías


Auditoría forense al Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, debido a los daños patrimoniales y las responsabilidades civiles ocasionados por el socavón, a fin de documentar fehacientemente los presuntos ilícitos, adicionales a las irregularidades en la administración de la obra, pagos en exceso por omisiones de la supervisión externa y falta de coordinación entre la supervisión externa y la constructora que derivó en sobrecostos, que fueron detectadas en la Cuenta Pública 2015.

El pasado 31 de octubre, como parte de la segunda entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 326-DE “Paso Exprés de Cuernavaca” practicada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, como parte de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015, se incluyeron las auditorías 372 “Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) y el distribuidor Vial Palmira, en el estado de Morelos” y 380 “Paso Exprés de Cuernavaca”, respectivamente.

Auditoría forense a Pemex Transformación Industrial, debido al notable crecimiento de tomas clandestinas, que pasaron de 1,323 en 2011 a 6,537 en 2016, es decir, se registró un incremento de 394.1% en cinco años (a un ritmo promedio anual de 37.6%). Asimismo, los costos de reparación de ductos se incrementaron significativamente en 868.5% (a una tasa media anual de 57.5%), al pasar de 182.5 millones de pesos en 2011 a 1 mil 767.8 millones de pesos en 2016. En el periodo 2011-2016, existen 17,535 tomas clandestinas.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye trece revisiones a PEMEX Transformación Industrial; de las cuales, una se entregó en junio de 2017 (478-DE), cinco en octubre de 2017 (475-DE, 476-DE, 479-DE, 480-DE y 482- DE), y las siete restantes (474-DE, 477-DE, 481-DE, 483- DE, 484-DE, 485-DE y 1800-DE), se presentarán en febrero de 2018 como parte de la tercera entrega de Informes Individuales. Asimismo, el pasado 31 de octubre se hizo entrega del Informe Individual de la auditoría 448-DE referente a la gestión financiera de la estrategia de desempeño de PEMEX.

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Evaluaciones


Evaluación de la política pública de Regulación y Supervisión de la infraestructura aeroportuaria, de manera particular la relacionada con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el propósito de constatar que su construcción se lleva a cabo de acuerdo a las mejores normas y prácticas empleadas en este tipo de infraestructura y conocer de manera transparente, quienes son los encargados de la construcción y la supervisión.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2013 incluyó la “Evaluación de la Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario”, cuyo objetivo fue identificar los avances y logros alcanzados, a partir de la concesión de los principales aeropuertos del país, respecto de las obligaciones y los propósitos gubernamentales establecidos. Asimismo, la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye quince auditorías referentes a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; de las cuales, cuatro fueron entregadas en junio de 2017 (353- DE, 356-DE, 361-DE y 367-DE), cinco en octubre de 2017 (355-DE, 358-DE, 359-DE, 360-DE y 366-DE), y las restantes seis (354-DE, 357-DE, 362-DE, 363-DE, 364-DE y 365-DE) se presentarán en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales.

Estudios


Estudio diagnóstico sobre el proceso de contratación de empresas de supervisión de obras de infraestructura, debido a que gran parte de las irregularidades que son detectadas por la ASF, se deben a que en la supervisión de las obras se incurren en omisiones y actos de negligencia.

Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio o auditoría en los términos planteados para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2017.

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— GASTO FEDERALIZADO

Auditorías


Auditoría Financiera y de Cumplimiento para fiscalizar los recursos de los siguientes Fondos: FISM-DF en los Municipios de Chamula, Chiapas y San Pablo del Monte, Tlaxcala; FORTALECE en el Municipio de Comalcalco, Tabasco; FORTASEG en el Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, Municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec y Jojutla, Morelos; FORTAMUN – DF en el Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala y; SEGURO POPULAR al Estado de Oaxaca. En razón de que en la primera entrega de informes individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, correspondientes al Gasto Federalizado, se detectó que los informes de las auditorías practicadas a dichos entes fiscalizados (11 auditorías), reportan abstención de opinión en el dictamen por parte de la ASF, motivada por irregularidades graves, entre las que destacan la falta de documentación comprobatoria.

Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2017.

Estudios


Estudio sobre los riesgos fiscales de los servidores públicos y el futuro de su seguridad social; derivado de las retenciones de ISR y las aportaciones de seguridad social realizadas por la Entidad Federativa, que no son enteradas a la SHCP y al ISSSTE.

Atentamente se solicita proporcionar mayor información respecto a los objetos específicos que se solicita auditar.

Estudio sobre la dependencia financiera que tienen las entidades federativas a los recursos federales que le son transferidos.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye las siguientes tres auditorías a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales cubren los temas señalados en la

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recomendación, 39-GB “Evaluación del Marco Institucional para la Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios” (presentada en junio 2017); 55- GB “Participaciones Federales a Entidades Federativas” (entregada en octubre de 2017), y 57-GB “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas” (se presentará en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales).

Estudio sobre el impacto que tiene la deuda subnacional en el crecimiento y/o desarrollo económico de la(s) entidad(es) federativa(s).

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye doce auditorías que cubren los temas señalados en la recomendación; de las cuales, una se entregó en junio de 2017 (1092-GB-GF), dos en octubre de 2017 (43-GB-GF y 1217-GB-GF), mientras que las restantes nueve (44-GBGF, 57-GB-GF, 559-GB-GF, 672-GB-GF, 722-GB-GF, 1070-GB-GF, 1247-GB-GF, 1382-GB-GF y 1501-GB-GF) se presentarán en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales.

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4.3. Planteamientos de los grupos parlamentarios que integran la CVASF en torno a la 2a. entrega de los informes individuales de auditorías

4.3.1. Grupo Parlamentario del PRD

1. Recuperación de créditos fiscales controvertidos con sentencia favorable al Sistema de

Administración Tributaria Me refiero a la auditoría financiera y de cumplimiento 82-GB sobre recuperación de créditos fiscales controvertidos con sentencia favorable al Sistema de Administración Tributaria. En ella encontramos que, entre 2013 y 2016, de un total de créditos fiscales con sentencia favorable al SAT por 74.5 mil millones de pesos se cobraron únicamente 2.8 mil millones; es decir el 3.8 por ciento del total. En la muestra revisada por la ASF en 2016, por 7.7 mil millones de pesos la autoridad fiscal logró cobrar 166 millones; el 2.2 por ciento. La información que nos proporciona es relevante y valiosa; las cifras son impresionantes; pero al final de cuentas nos deja con un sentimiento de gran frustración. ¿Cómo es posible que en los créditos fiscales con sentencia favorable al SAT se obtenga una recaudación proporcionalmente insignificante? Parte de la respuesta nos la da la propia auditoría: del lado del SAT existen problemas de manejo de información y de los tiempos requeridos por las distintas diligencias e investigaciones. Del lado de los contribuyentes existe una generalizada y sospechosa insolvencia; con frecuencia originada en estrategias de reducción de actividades y bienes para no pagar. No se trata de un tema menor; no cobrar más de 7 mil millones de pesos en un año y más de 70 mil millones en cuatro constituye un cuantioso despojo a la nación que obstruye el cumplimiento de las responsabilidades del Estado de promover la equidad y la justicia social proporcionando, entre otros elementos, servicios adecuados a la ciudadanía. Es desde esta perspectiva de indignación, que creo que compartimos, que me atrevo a mencionar lo que parecen ser insuficiencias del informe y derivarlas a preguntas.

Le solicito atentamente que a partir de la auditoría ya realizada se nos proporcionen mayores precisiones estadísticas sobre el grado de concentración del no pago, el tipo de empresas que lo practican y la reiteración, si es que ocurre, de estas prácticas en algunas de ellas.

La auditoría concluye que en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. No lo pongo en duda. Y sin embargo esta afirmación parece evadir el problema de fondo: el hecho de que se le sustraen a la nación miles de millones de pesos año con año.

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De la auditoría derivan básicamente tres recomendaciones orientadas a acelerar procesos administrativos y compatibilizar sistemas de manejo de información. La impresión es que abordan temas menores; mejoras poco significativas frente a la magnitud del asunto de fondo.

Tal vez lo que ocurre es que en una auditoría financiera y de cumplimiento la perspectiva es muy formalista. Le solicito atentamente examine la posibilidad de que a partir de lo ya investigado se pudiera abordar un enfoque de desempeño complementario que, basado en la reconocida capacidad de la ASF, pudiera desembocar en recomendaciones substanciales, incluso relacionadas con medidas que pudiera tomar esta honorable Cámara de Diputados.

Le solicito su opinión sobre lo siguiente: ¿considera Ud. viable, y cómo se haría para que aquellos que han desfalcado a la nación de la manera que se describe en la auditoría de referencia sean notificados al buró de crédito? Parece una medida moderada, sin descartar otras, que simplemente colocaría a los ciudadanos incumplidos en una circunstancia similar a las de cualquier otro ciudadano incumplido en el pago de sus obligaciones. ¿Qué medidas alternativas eficaces se pueden instrumentar que requieran más apoyo legislativo?

2. Deuda Subnacional y Sismo Las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, detonaron necesidades financieras urgentes para hacer frente a la reconstrucción (viviendas, infraestructura pública, etc.) en las Entidades Federativas más afectadas: Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México; para tal fin se han etiquetado recursos públicos federales y estales para la reconstrucción. Sin embargo, esos gobiernos estatales han gestionado ante sus congresos locales la adquisición de deuda pública para hacer frente a la reconstrucción. En ese orden de ideas señor Auditor, ¿Cuál es la estrategia a seguir por la ASF para fiscalizar el endeudamiento para la reconstrucción de los daños por los sismos de septiembre en las Entidades Federativas?

3. Deuda Subnacional y Sismo En las revisiones de la ASF a recursos destinados a reconstrucción nacional en el ámbito federal se identificaron mecanismos financieros como el bono cupón cero que potencia los recursos a utilizar, pero que la ASF determinó que es un mecanismo oneroso comparado con otras alternativas financieras. Por otro lado, la ASF en sus revisiones a ingresos excedentes ha determinado subestimación de ingresos en los proyectos aprobados de la LIF, concretamente en los ingresos proyectados en el rubro de los Aprovechamientos, que son consistentemente muy inferiores que los ingresos

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efectivamente recaudados. Una parte de estos ingresos por Aprovechamientos está etiquetado como los provenientes del remanente operativo de Banxico. Sin embargo, otros ingresos pueden reetiquetarse en virtud de las nuevas prioridades generadas por los sismos. ¿Qué cantidad de recursos excedentes por Aprovechamientos de acuerdo a los datos históricos pueden estar disponibles en el 2018 que pudieran generarse para ser utilizados en la reconstrucción de la infraestructura dañada por los sismos de septiembre de 2017 y en el apoyo a damnificados? Cabe señalar, que el Senado incremento la bolsa de recursos por Aprovechamientos en aproximadamente 2,000 millones de pesos. ¿Cuánto más podrá asignarse de este rubro de ingresos, a estas imperiosas necesidades que demanda la sociedad para el gasto demandado por los sismos, sin los costos onerosos del financiamiento del bono cupón cero?

4. Retenciones no Enteradas a Terceros Institucionales En la revisión de los recursos del Ramo General 33 de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó Entidades Federativas que no pagan las aportaciones de seguridad social y el ISR retenido a sus trabajadores, y justifican la omisión con los Convenios suscritos por el Gobierno del Estado con la SHCP y el ISSSTE, aunque en términos reales la Federación deja de captar impuestos. En ese orden de ideas: Una vez formalizado el convenio con la SHCP y el ISSSTE, ¿Cuál es el daño patrimonial por esta práctica detectada por la ASF, es para el trabajador o para la Hacienda Pública Federal? ¿Cuáles son los riesgos observados por la ASF en la situación fiscal del trabajador y en el futuro de su seguridad social; derivados de esta práctica cada vez más recurrente en las administraciones de los Estados? ¿De qué manera se consideran estos ingresos federales en los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas y para que programas federales pueden ser destinados? ¿Se emitieron las acciones necesarias (PRAS) para sancionar a los servidores públicos responsables de la irregularidad? ¿Qué mecanismos de control interno impulso la ASF para evitar la recurrencia de la irregularidad y, qué área de la propia Entidad de Fiscalización Superior de la Federación es la responsable de corroborar su implementación e informar de esta?

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4.3.2. Grupo Parlamentario del PRI

1. Infraestructura Social Básica Derivado de las reformas de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), disminuyeron las auditorías en Municipios para la fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de la Cuenta Pública 2016. ¿Cuáles son los riesgos observados por la ASF en la recurrencia de actos de corrupción en el ejercicio de los recursos del FISMDF, derivados de la disminución de auditorías practicadas a los Municipios? ¿Cuál es la estrategia que va a implementar la ASF para aumentar en el futuro la muestra de Municipios seleccionados, para fiscalizar los recursos del FISMDF?

2. Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado En la revisión de la Cuenta Pública 2016 la ASF dio continuidad a las auditorías para la revisión del “Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado”, en las que los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED. Los resultados de estas auditorías sólo acreditan las buenas prácticas implementadas y señalan, con un ánimo constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del Gasto Federalizado. Aprovechando la reconocida metodología de la ASF en evaluación del desempeño, ¿Cómo se puede implementar la referida metodología, en una plataforma que permita una mejor evaluación del Gasto Federalizado?

3. Perspectiva en torno al Nuevo Modelo Educativo Debido al evidente rezago que presentaba el esquema de enseñanza implementado durante las últimas décadas, en marzo de 2017 fue presentado, en el marco de la Reforma Educativa, el Nuevo Modelo Educativo, el cual entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2018-2019 y cuyo fin consiste, fundamentalmente, en garantizar el acceso equitativo de niños y jóvenes mexicanos a una educación integral de calidad, así como convertir a la educación en un cimiento para edificar condiciones de justicia y prosperidad en el país. Partiendo de los resultados obtenidos en las diversas auditorías, evaluaciones de políticas públicas y estudios llevados a cabo en los últimos años a los entes públicos que conforman el sector educativo, ¿cuáles son los elementos del nuevo modelo con mayor alcance para corregir las principales fallas en materia educativa y de qué elementos carece?

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Uno de los requisitos primordiales para lograr las metas trazadas es lograr la viabilidad del modelo con el paso de los años, ¿se considera que el modelo será sustentable en la transición de la presente Administración a la siguiente?

4. Resultados de las auditorías forenses a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)

En los últimos años se ha llevado a cabo un conjunto de auditorías forenses a distintas a las IPES con el objeto de revisar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.

Como es sabido, el objeto de las auditorías forenses consiste en revisar y analizar los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización por la presunción de un ilícito, con el propósito de documentar las conclusiones con pruebas válidas y suficientes; lo cual indica que en los últimos años la ASF ha detectado actividades ilícitas en las instituciones de educación superior fiscalizadas. Tomando como referencia los dictámenes negativos emitidos por la ASF en la mayoría de las auditorías en comento, ¿existe evidencia de que los daños hayan sido resarcidos?, ¿se ha modificado el fundamento legal para la celebración de contratos y convenios suscritos entre IPES y la APF?, ¿qué medidas se han tomado a partir de las irregularidades detectadas por la ASF?

A partir de los resultados obtenidos en las auditorías efectuadas, ¿se tienen programadas alteraciones en el esquema técnico para la implementación de las auditorías que, en lo subsecuente, se realizarán a los contratos entre IPES y APF?

5. Obligaciones constitucionales del IFAI En el ejecutivo federal se implementaron nuevos mecanismos de control interno, de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas. Se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI); con relación al informe elaborado al mes de octubre del presente año, se encontró que los estados de Michoacán y San Luis Potosí, no habían armonizado su marco normativo con la legislación general, situación que limitó la coordinación efectiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), al haberse determinado un retraso promedio de emisión de 3 años después de lo dispuesto. También se encontró que la Ley de Expropiación; la Ley de Seguridad Nacional; la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley Federal de Defensoría Pública no contaban con los reglamentos dispuestos en sus artículos transitorios.

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Adicionalmente se cuantificó en el informe que el 79.5% de las 238,090 solicitudes de acceso a la información pública a los sujetos obligados, se recibieron por medio del Programa Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, se registraron limitantes para ejercer la efectiva coordinación del SNT, ya que no se armonizó la totalidad de las leyes locales en el plazo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Qué medidas se han implementado para que se dé cumplimiento en los objetivos y metas y el debido funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Instituto? ¿Por qué no se ha realizado una revisión para la armonización de su marco normativo, cuando es una de las herramientas para desempeñar de manera eficiente el trabajo? En relación a los reglamentos dispuestos de las leyes antes citadas ¿Cuál sería el motivo por el cual, no contaban con dichos reglamentos?, ¿Qué consideraría que fuera la mejor dinámica para la armonización de las leyes de manera eficiente y oportuna en la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)

6. Apoyos otorgados por la SRE Los consulados de México en Dallas, Nueva York, Laredo, Chicago y Los Ángeles entregaron 801 millones de pesos (más de 42 millones de dólares) a organizaciones no gubernamentales de apoyo a mexicanos radicados en ese país, pero sin evaluar previamente sus proyectos. Cabe destacar que desde las revisiones de la cuenta pública 2014, la ASF ha hecho un importante número de recomendaciones a la SRE, y las observaciones siguen siendo recurrentes, sería conveniente realizar un diagnóstico, para identificar si los procesos actuales requieren una modificación Sr. Auditor, ¿Consideraría que las acciones emprendidas por parte de SRE han sido suficientes en la mejora continua de las normas y procedimientos que se atienden en beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior? En relación a los recursos radicados a las 50 Representaciones de México en el Exterior (RME) por 48,342.2 miles de dólares equivalentes a 915.9 millones de pesos, no suscribieron los convenios de coordinación específicos con cada RME, en los que se establecieran las condiciones, requisitos, objetivos específicos y programas de trabajo. Me podría indicar ¿Cómo es que las funciones primordiales de la SRE, no se llevan a cabo de manera eficiente, cuando es el único fin de dichos programas para el bienestar de nuestro connacionales fuera de nuestro país?, ¿Qué está sugiriendo la ASF, para que estas anomalías no continúen pasando?

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7. Robo clandestino de combustible

De acuerdo con la ASF, en el periodo 2011-2016, el número de tomas clandestinas identificadas aumentó en 394.1%, al pasar de 1,323 a 6,537, con un total acumulado de 17,535 tomas. Asimismo, la ASF mencionó que los costos de reparación de ductos se incrementaron en 868.5%, alcanzando un costo acumulado en el periodo de referencia, de 3 mil 070.8 millones de pesos, equivalente al 88.1% del presupuesto ejercido en el programa presupuestario K027 para el mantenimiento de la infraestructura de logística en 2016, lo que repercute en la rentabilidad y sustentabilidad de la prestación del servicio de logística de gasolinas y diésel. Las auditorías practicadas por la ASF destacan un número importante de irregularidades que han derivado en observaciones y acciones preventivas y correctivas, e incluso el órgano fiscalizador las ha dictaminado con opinión negativa. No obstante, no se reportan sanciones de mayor alcance relacionadas con procedimientos judiciales como son las denuncias de hechos dirigidos a los responsables. Le pregunto señor Auditor, Debido a que es un tema de suma gravedad, ¿Qué acciones se tomarán para detener urgentemente la proliferación de tomas clandestinas? ¿Cómo contribuirá el Sistema Nacional Anticorrupción a resolver esta problemática? ¿Qué rendición de cuentas ha habido sobre esta problemática?

8. Esquema Financiero para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

En reunión celebrada el mes pasado con diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del NAICM, la ASF señaló que quedó rebasado el gasto original programado para la obra, que ascendía a 13 mil millones de dólares; que existen montos irregulares que ascienden a un total de 234.722 millones de pesos, detectados durante la revisión a 88 contratos de diversas áreas y que la obra no será entregada en la fecha comprometida (20 de octubre del 2020). El informe de auditoría financiera y de cumplimiento “Esquema de Financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” No. 359-DE, además de señalar que para 2017, en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, el monto del Proyecto de Inversión del NAICM ascendió a 186 mil 092.0 millones de pesos, el cual correspondió al monto original por 169 mil 000.0 millones de pesos, (actualizado por la inflación), advierte que el esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), si bien permite al Gobierno Federal captar recursos para atender necesidades que no pueden ser cubiertas presupuestalmente,

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también origina que la captación del financiamiento no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en la finanzas públicas. Asimismo, el informe especial “Estrategia de Fiscalización del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” señala que ninguna instancia en el Gobierno Federal se hace responsable del seguimiento, consolidación, registro y revelación de las erogaciones que se realizan para la construcción del NAICM. Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, En el marco de las modificaciones constitucionales que aprobaron siete paquetes de legislación secundaria que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué garantía se tendrá para considerar que esta compleja problemática no represente un riesgo latente para las finanzas públicas del país, al margen de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran derivarse? ¿En una actitud de autocrítica genuina considera que las acciones promovidas derivadas de la auditoría No. 359 (4 R y 1 PRAS), resolverán la opacidad y los riesgos detectados y alertarán de manera cabal el problema potencial en el que se encuentra el proyecto del NAICM?

9. Política Hídrica Nacional La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo la administración del agua, la realización de estudios sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico; expedición de títulos de concesión o asignación de aguas nacionales para la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos; verifica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los títulos de concesión o asignación; recauda el pago de los derechos del agua y lleva un control sistematizado mediante el Registro Público de Derechos de Agua. En la revisión a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó diversos estudios en materia de control interno, administración de riesgos y promoción de la integridad. Los hallazgos y resultados presentados por la ASF en las auditorías practicadas a la CONAGUA, por su impacto y probabilidad de ocurrencia, ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del ente auditado, o motivan la existencia de uno o varios eventos que causarían daño o perjuicio al erario federal. Asimismo, los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en los procesos y que, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas. Con el debido respeto Sr. Auditor,

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¿Cuál es el tipo de seguimiento que la Auditoría realizará para atender esta situación, con el propósito de que la CONAGUA cumpla con lo establecido en los principios de la Política Hídrica Nacional?

10. Riesgo de pérdida de competitividad y escasa asistencia en los destinos turísticos prioritarios

La ASF realizó a la SECTUR la auditoría de desempeño “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo” con el objetivo de fiscalizar y analizar los resultados relativos al fortalecimiento de la competitividad en el periodo 2014-2016, así como evaluar los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, ICTUR y la CSTAV. La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar deficiencias en la asistencia brindada por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV) a turistas nacionales y extranjeros en trayectos carreteros al concentrar la atención en entidades del centro del país y no en zonas con el mayor número de destinos turísticos; y riesgos en la pérdida de competitividad pese a mejora en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM), No obstante este logro, no existe una relación directa con la gestión de los actores del sector, ya que se presentaron deficiencias en la conducción de la política turística. La mejoría en la posición, se explica por la diversidad cultural y natural del país y las fluctuaciones de los mercados financieros internacionales que ocasionaron devaluaciones de la moneda mexicana, haciendo los destinos más accesibles para los turistas respecto de otros países. A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública fiscalizada cumpla la política turística, identifique sus debilidades, las corrija y conozca el efecto de su gestión en el fortalecimiento de la competitividad del sector turismo? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para que la entidad fiscalizada brinde mayor asistencia a las zonas con el mayor número de destinos turísticos prioritarios y no sólo se focalice en las entidades del centro del país?

11. Deficiencias en el diseño de las Reglas de Operación para la entrega de subsidios y desconocimiento del padrón de beneficiarios

La ASF aplicó a la SEDATU la auditoría de desempeño al “Programa de Prevención de Riesgos” con el objetivo de fiscalizar las acciones de la Secretaría para incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la población por efectos de fenómenos perturbadores. La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar deficiencias en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), situación que impidió precisar el avance en la atención del problema público que dio origen a ese programa; deficiencias en las Reglas de Operación

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establecidas para la entrega de subsidios; falta de integración y registro del padrón de beneficiarios al no acreditar que en los proyectos financiados se hubiesen integrado y registrado el padrón de beneficiaros en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) e incumplimiento en los plazos establecidos para la conclusión de obras al brindar mayor cantidad de recursos a proyectos en los cuales no se acreditó la conclusión de las obras, aun cuando fueron definidos como acciones urgentes e impostergables relacionadas con la prevención y reducción de riesgos. A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para la integración y registro del padrón beneficiarios, a fin de medir el avance en la atención al problema público que dio origen a ese programa?

¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad fiscalizada realice un adecuado diseño de la MIR y Reglas de Operación, a fin de garantizar la entrega de subsidios a la población objetivo?

En su opinión, ¿la falta de integración y registro del padrón de beneficiarios no da pie a que la dependencia incurra en la práctica de desvío de recursos?

12. Degradación de los recursos forestales

La Comisión Nacional Forestal otorgó apoyos para el fomento y desarrollo del manejo forestal, pero su contribución para reducir la degradación y deforestación fue marginal, este bajo desempeño afecta la conservación de los recursos forestales, ya que de 2011 a 2016, continuó registrándose la pérdida de superficie forestal, siendo durante el citado período de 1,004,335.1 hectáreas, lo que no contribuye a propiciar el desarrollo forestal sustentable en perjuicio de los 119.5 millones de mexicanos.

No obstante lo dicho anterior, en el período que se revisa, la ASF realizó sólo dos auditorías a la CONAFOR. Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Cuántas auditorías se tiene programado realizar en revisiones futuras a la CONAFOR, cómo está contribuyendo la ASF para que desde una perspectiva sectorial en el ámbito de su competencia, coadyuve al desarrollo forestal sustentable?

13. Deficiencias en la identificación de riesgos y distribución desigual de subsidios

La ASF aplicó al Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) la auditoría financiera y de cumplimiento al Control Interno del “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, con el objetivo de evaluar los mecanismos de control interno establecidos para

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coordinar la asignación del subsidio, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa en 2016. La aplicación de esta auditoría arrojó los siguientes resultados: ausencia de mecanismos para la identificación de riesgos, al carecer las empresas contratadas de informes de riesgo respecto al diseño de controles del trabajo que desempeñan y el cumplimiento de sus objetivos; desigual distribución de los subsidios al brindar más subsidios a los estados que contaban con menor cantidad de viviendas con rezago, y debilidades en la gobernanza de la institución debido al incumplimiento por parte del CONAVI de asistir a los Comités y Junta de Gobierno y no contar con mecanismos de control interno en materia de línea ética.

A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar este tipo de deficiencias en la gobernanza de la entidad fiscalizada?

¿Cuáles han sido las recomendaciones, en el ámbito de su competencia, para que la entidad fiscalizada realice una adecuada distribución de los subsidios a los que realmente necesitan de ellos?

¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para brindar una correcta distribución de los subsidios? ¿Seguirá siendo necesario que se tenga que hacer observaciones y recomendaciones por parte de la ASF, para que la entidad fiscalizada realice correctamente su labor?

4.3.3. Grupo Parlamentario del PAN 1. Facultades de la Auditoría Superior de la Federación. La fracción V del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que dentro del contenido mínimo de los Informes Individuales se contendrán las observaciones, recomendaciones, acciones y, en su caso, denuncia de hechos. No obstante, ni en la primera entrega de informes individuales, ni en ésta segunda entrega de informes individuales, la Auditoría Superior de la Federación reportó las denuncias de hechos correspondientes. Considerando que las facultades de la Auditoría Superior de la Federación deben entenderse vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción y, por ende, a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos ¿cuál considera que sean las razones principales por las cuales las auditorías llevadas a cabo no han tenido como consecuencia denuncias de hecho?

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2. Entidades de Fiscalización Locales La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que la Auditoría Superior de la Federación podrá llevar a cabo las auditorías sobre las participaciones federales a través de los mecanismos de coordinación que implemente, en términos del artículo 79, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; que emitirá los lineamientos técnicos que deberán estar contenidos en los mecanismos de colaboración correspondientes.

¿Cuál es el avance que se tiene en la implementación de los mecanismos de coordinación con las Entidad (es) de Fiscalización Local (es), para llevar a cabo la fiscalización de las participaciones federales? ¿Cuál es el avance en la elaboración de los Lineamientos que deben observar las Entidad (es) de Fiscalización Local (es), para la fiscalización de las participaciones federales? ¿Cuál es la estrategia que implementará la ASF para evaluar el desempeño de la (s) Entidad (es) de Fiscalización Local (es) que establezca (n) un mecanismo de coordinación para la fiscalización de las participaciones federales? 3. Fiscalización de la deuda estatal garantizada. En el Capítulo III “De la Fiscalización Superior de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios que cuenten con Garantía del Gobierno Federal” del Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se establece que la Auditoría Superior de la Federación deberá fiscalizar todos los instrumentos de crédito público y de financiamiento, así como las otras obligaciones contratadas por las entidades federativas, siempre que éstas cuenten con la garantía y aval de la Federación. De acuerdo con el reporte del tercer trimestre del 2017 del Registro Público Único previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, el saldo de la deuda subnacional como porcentaje de las Participaciones Federales representa el 75.4%. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos que la Auditoría Superior de la Federación ha tenido en el ejercicio de esta facultad de fiscalización? ¿Cuáles son los mecanismos y líneas de acción que la Auditoría Superior de la Federación ha instrumentado con los gobiernos subnacionales para la debida fiscalización de la deuda estatal garantizada? 4. Fiscalización del cumplimiento de la de la Ley de Disciplina Financiera.

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Conforme a las disposiciones previstas en el Capítulo IV “De la Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios” contenidas en el Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación tendrá la obligación de fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera; la contratación de los financiamientos y otras obligaciones; y, el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. De acuerdo con la fracción VIII del artículo 2º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por disciplina financiera debe entenderse la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, asegurando la gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas. Sin embargo, atendiendo a la información pública disponible al tercer trimestre de 2017 en http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx portal habilitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte que en los casos de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León, la deuda que tienen como porcentaje de sus ingresos totales es superior al promedio nacional (25.5%) en más del doble. ¿Qué acciones y recomendaciones ha realizado la Auditoría Superior de la Federación al respecto? ¿Cuáles son los principales hallazgos obtenidos respecto al cumplimiento y observancia de la Ley de Disciplina Financiera por parte de los Estados y los Municipios? 5. Investigación científica y tecnológica en el sector salud

Derivado de la auditoría realizada al Instituto Nacional de Pediatría (INP) para Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población infantil (230-DS), la ASF determinó que el Instituto desarrolló 64 investigaciones en su área de conocimiento sin acreditar avances en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes en materia de salud infantil, y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los temas investigados. En este sentido mis preguntas son: ¿Cuáles son las consecuencias sociales que esto trae consigo?

¿Cuál es el beneficio directo que la población obtiene de la realización de este tipo de investigaciones?

¿Cuál es la opinión de la ASF en términos de rentabilidad, sobre tales investigaciones llevadas a cabo por el INP?

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/

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6. Desvío de recursos de un servidor público a sus cuentas personales

Con los resultados de la auditoria relativos al Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud –FIS- (249-DS), la ASF observó que un responsable administrativo presuntamente desvió recursos económicos del fondo, ya que realizó una transferencia de una cuenta del fondo por 814.0 miles de pesos a su cuenta personal, situación que claramente representa un perjuicio económico al patrimonio del fondo. Es importante señalar que este monto se totalizó ya que el responsable realizó transferencias a lo largo de 2 años.

En este caso específico la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del IMSS rescindió el contrato individual de trabajo de la persona. En los resultados de la auditoría, la ASF claramente señala que el Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (TOIC) turnó el caso al Área de Responsabilidades el 8 de septiembre de 2015. Con motivo de la intervención de la ASF, el FIS solicitó al TOIC y a la Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos de la Dirección Jurídica, conocer el estatus actual de dicho caso, lo que está en espera de respuesta.

En este sentido, mi primera pregunta es ¿ya tienen conocimiento de la existencia de alguna respuesta?, de ser así, ¿en qué sentido se emitió dicha respuesta?

A consideración de la ASF ¿cuál es el motivo por el que 2 años y 8 meses después de lo sucedido se está dando a conocer apenas el caso a la Procuraduría General de la República de la Ciudad de México?

Finalmente, ¿ya recibió respuesta o justificación acerca de porque los estados financieros dictaminados del FIS, al 31 de diciembre de 2016, sólo refieren el desvío de recursos, por 504.1 miles de pesos, en lugar de 814.0 miles de pesos? ¿Si bien el monto monetario observado es pequeño, tiene la ASF un conocimiento de cuantos involucran casos similares en la Administración Pública Federal? 7. Sistema Automatizado de Administración de Riesgos La ASF ha trabajado con las instituciones del sector público federal con objeto de contribuir al fortalecimiento de sus sistemas de control interno y de sus programas de promoción de la integridad. Para ello, utilizó un enfoque basado en la aplicación de evaluaciones especializadas y la difusión de mejores prácticas en la materia, así como para reducir efectivamente la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción desde un enfoque preventivo, disciplinado y sistemático. En este sentido Sr. Auditor Superior, ¿cuáles han sido los avances en el “Sistema Automatizado de Administración de Riesgos”?. Ya que dicha herramienta tiene como propósito que todo ente del sector público esté en posibilidad de realizar el registro de los riesgos que enfrenta, evaluarlos conforme a su impacto y probabilidad de ocurrencia, asignar responsables

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específicos, obtener los mapas respectivos y, en breve, hacer de la administración de riesgos una realidad funcional en la operación cotidiana de la institución. ¿Qué consideraría que se debe implementar en el “Sistema Automatizado de Administración de Riesgos”, para reducir efectivamente la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción desde un enfoque preventivo, disciplinado y sistemático? Y ¿Qué modificaciones propondría en el diseño actual de este sistema? 8. Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas En lo que se refiere a la auditoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas”. Estudio, No. 1788, la ASF reiteró la insuficiente disponibilidad financiera en los fondos de estabilización y ahorro, lo que impide hacer frente a las contingencias financieras asociadas con la caída en la recaudación de ingresos. Al respecto señaló que para 2015 y 2016 las reservas acumuladas del FEIP fueron de 36 mil 729.0 millones de pesos y 98 mil 406.0 millones de pesos, respectivamente; representaron 16.9% y 42.5% del límite máximo de las reservas para esos años (217 mil 926.4 millones de pesos y 231 mil 460.2 millones de pesos, en el mismo orden). Y, en el caso del FMPED, no alcanzó la referencia del 4.7% del PIB de transferencias de ingresos petroleros al GF (en 2015 fueron de 2.2% del PIB y en 2016 de 1.6% del PIB) y tampoco ha logrado acumular recursos para el ahorro de largo plazo, de conformidad con la Ley del FMPED. La ASF ha fiscalizado en los últimos ejercicios al FEIP, ¿Por qué razón el impacto de estas auditorías no ha resuelto este problema, que acciones específicas de emergencia le recomienda al Congreso para mejorar sus atribuciones y poder cumplir con los objetivos del FEIP (llegar al límite de la reserva)? ¿Qué implicación tiene que las transferencias de recursos al gobierno por el Fondo Petrolero de sólo 1.6% del PIB en 2016, y las proyecciones de transferencias futuras por el gobierno para el próximo sexenio se ubiquen por debajo del 4.7% del PIB, en términos de evaluación del desempeño de la reforma petrolera que abrió a la iniciativa privada la explotación del sector petrolero? 9. Cierre financiero del esquema PIDIREGAS PEMEX A casi ocho años de la cancelación de los PIDIREGAS de Pemex, no se cuenta con un balance por parte de la ASF de los resultados que arrojó la instrumentación del esquema durante su vigencia (1997-2008). Se desconoce cuáles fueron sus resultados en materia de productividad y rentabilidad, cuál fue el costo financiero de su operación y cómo cerró el balance financiero en el finiquito que obtuvo Pemex con los permisionarios privados. Le pregunto señor Auditor,

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¿Podría señalar si en el programa de actividades está contemplada una evaluación de la política financiera de la industria petrolera que revise el instrumento PIDIREGAS utilizado por PEMEX en el periodo 1997-2008; un análisis de su productividad y rentabilidad; el impacto de sus operaciones en los pasivos de PEMEX; el costo financiero de los PIDIREGAS; lo ocurrido con los fideicomisos públicos denominados vehículos financieros de PEMEX; y, el balance del cierre financiero del esquema? Esta inquietud surge en virtud del enorme monto de los pasivos de largo plazo de PEMEX asociados con los PIDIREGAS. ¿Qué lecciones nos deja este caso de asociación público-privado? 10. Graves irregularidades en el proyecto Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de

México y la Ciudad de México La auditoría de Inversiones Físicas No. 393 practicada a este proyecto por la ASF en la Cuenta Pública 2015, evidenció en su oportunidad que no se garantizaron las mejores condiciones de contratación para el Estado; omisiones en la ejecución de la obra; y pagos indebidos por servicios realizados en obras que se encontraban suspendidas o que aún no se habían iniciado. Irregularidades que derivaron en la reclamación de 133.0 millones de pesos por recuperar. La Cuenta Pública 2016 (segunda entrega) en la auditoría de Inversiones Físicas No. 335, consideró fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. En la revisión al citado proyecto se determinaron pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagada y cuantificada; recursos ministrados no devengados; pago de gastos no comprobados ni registrados; pago de conceptos de obra fuera de catálogo; duplicidad de pagos en el control del proyecto; pagos injustificados a empresas de supervisión externa; pagos de conceptos duplicados fuera de catálogo; pagos improcedentes a empresa proyectista; errores de cálculo en el costo financiero del proyecto; errónea consideración de pagos a personal en costos indirectos; desatención de la empresa de supervisión externa; y, derechos de vía por aclarar. Irregularidades que derivaron en la reclamación de 125.0 millones de pesos por recuperar. A poco más de un mes de que termine el plazo que el Gobierno Federal estableció para la inauguración del Tren Interurbano México-Toluca, la obra no está concluida y ya en algunos medios se habla de desvío de recursos y que el proyecto supera su precio original en más de 37 mil millones de pesos. Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Cómo evitar que sea una constante que los grandes proyectos de infraestructura en la presente administración estén plagados de irregularidades en el manejo de los recursos, la asignación, fallas de las obras, retrasos, sobrecostos y demás y que no existan sanciones a los servidores públicos responsables del proyecto?

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11. Deficiencias en la validación de calidad de los prestadores de servicios turísticos y en

el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Con el objetivo de fortalecer la competitividad del turismo en México por medio de factores de calidad, innovación, productividad y sustentabilidad, la SECTUR incluyó en su Estrategia Programática el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer la actividad turística para promover la calidad, innovación, la atención al turista en trayectos carreteros y sustentabilidad de los servicios turísticos, mediante el apoyo a sus órganos administrativos desconcentrados: el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) y la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV).

En 2016, la ASF aplicó a la SECTUR la auditoría de desempeño “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo” con el objetivo de fiscalizar y analizar los resultados relativos al fortalecimiento de la competitividad en el periodo 2014-2016, así como evaluar los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, ICTUR y la CSTAV, lo que permitió detectar diversas irregularidades como desconocimiento del universo de prestadores de servicio en operación; prestadores de servicio que no actúan conforme a las normas para la seguridad de los turistas; desconocimiento de los criterios para validar la calidad de los prestadores y falta de actualización de los estándares de calidad. A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública fiscalizada verifique o en su caso realice una adecuada regulación en la validación (sellos, distintivos, reconocimientos y acreditaciones) de calidad de los prestadores de servicios y corroborar que los servicios turísticos se otorguen con base en la normativa aplicable, a fin de atender irregularidades detectadas y garantizar la calidad de los servicios que se ofertan a los turistas? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar que los prestadores de servicios de la actividad turística actúen con desapego a la norma aplicable, y por lo tanto no se garantice la seguridad de los turistas?

4.3.4. Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano Funciones de Gobierno

Estudio sobre la evolución de la deuda de las entidades federativas en el periodo 2010-2016, en particular para aquellas entidades federativas que han tenido un crecimiento exponencial, y el impacto que esta política de endeudamiento ha tenido sobre las condiciones de vida y bienestar de la población.

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La recomendación del mencionado estudio es pertinente dado que la deuda pública es un esquema que complementa los ingresos públicos necesarios para el financiamiento de las actividades y la prestación de servicios por parte de los entes de Gobierno. Este esquema tiene costos asociados (pago del principal y de los intereses correspondientes) que podrían perjudicar el equilibrio presupuestal de las arcas públicas, por lo cual no es convenientes abusar de la contratación de créditos. En ocasiones anteriores, la ASF ha llevado a cabo un importante trabajo de análisis de la deuda de las entidades federativas, como lo demuestra el documento “Análisis de Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios” en sus dos versiones (agosto de 2012 y junio de 2011). Se antoja necesario un nuevo estudio de este tipo, toda vez que existen entidades federativas que, como Zacatecas, han incrementado de manera exponencial el saldo de sus obligaciones financieras, como lo muestra en el siguiente cuadro:

Saldo de la Deuda Pública por Entidad Federativa 2010-2016 (Miles de Millones de Pesos)

Entidad 2010 2016 Variación % del

Periodo

1 Zacatecas 0.7 8.5 1,146.3 2 Campeche 0.3 1.6 386.9 3 Coahuila 8.3 36.9 346.3 4 Chihuahua 12.5 49.4 293.7 5 Morelos 1.3 4.8 278.1

6 Chiapas 8.2 21.5 161.0 7 Colima 1.3 3.4 160.8 8 Oaxaca 4.6 11.7 153.5 9 Veracruz 21.5 49.2 128.8

10 Quintana Roo 10.0 22.2 121.2 11 Baja California 9.5 20.7 118.1 12 Tabasco 2.2 4.8 114.9 13 Durango 3.7 7.8 110.9 14 Michoacán 10.1 21.2 110.5 15 Nuevo León 34.0 65.8 93.7 16 Nayarit 3.2 6.0 90.4

17 Sonora 17.3 29.2 68.9 18 Hidalgo 4.0 6.1 51.6 19 Sinaloa 4.9 7.3 49.6 20 Yucatán 1.8 2.7 46.4 21 Distrito Federal 52.6 73.8 40.4 22 Tamaulipas 10.1 13.4 33.1 23 Jalisco 22.1 27.3 23.4 24 Baja California Sur 2.0 2.5 23.1

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Saldo de la Deuda Pública por Entidad Federativa 2010-2016 (Miles de Millones de Pesos)

Entidad 2010 2016 Variación % del

Periodo 25 Edo. de México 38.2 42.6 11.4 26 Aguascalientes 2.6 2.8 7.6 27 Guanajuato 7.6 8.1 6.1 28 San Luis Potosí 4.8 4.5 -6.7 29 Puebla 9.1 8.3 -8.8 30 Guerrero 3.8 2.8 -26.2 31 Querétaro 2.2 1.5 -32.4 32 Tlaxcala 0.0 0.0 N. A.

Suma 314.7 568.4 80.6

Promedio 9.8 17.8 80.6

N. A. = No Aplica. Fuente: Auditoría Superior de la Federación “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo 2011”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., junio de 2011, p. 4; y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2016”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., 28 de febrero de 2017, p. 7).

Dado el alto nivel técnico y profesional del personal de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados del Estudio propuesto seguramente serán de gran utilidad para evaluar de manera imparcial los beneficios concretos que sobre el bienestar de la población ha tenido el aumento de la deuda pública en las entidades federativas, especialmente en aquellas que como Zacatecas ha visto crecer su deuda pública de manera exponencial.

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ANEXO I. Resumen de Auditorías Practicadas

283



Continúa…

N° SECTOR / ENTE DESEMPEÑO

FINANCIERA

CON

ENFOQUE DE

DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

DE

POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTUDIO

FINANCIERAS Y

DE

CUMPLIMIENTO

INVERSIONES

FÍSICASFORENSES TOTAL

38 330 0 2 245 47 2 664

8 0 0 2 36 3 0 49

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 2 0 0 2 31 1 0 36

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2 2 14 18

2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 1

3 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1 1

4 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 2 1 3

5 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 1 1

6 Nacional Financiera, S.N.C. 1 1

7 Servicio de Administración Tributaria 9 9

8 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1 1

9 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 1

PODER JUDICIAL 1 0 0 0 0 1 0 2

10 Consejo de la Judicatura Federal 1 1 2

SECTOR GOBERNACIÓN 2 0 0 0 1 1 0 4

11 Secretaría de Gobernación 1 1 1 3

12 Policía Federal 1 1

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 0 0 0 0 1 0 0 1

13 Secretaría de Relaciones Exteriores 1 1

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0 0 0 0 1 0 0 1

14 Procuraduría General de la República 1 1

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3 0 0 0 2 0 0 5

15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2 1 3

16 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 1 1

17 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 1 1

15 0 0 0 48 30 0 93

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1 0 0 0 11 1 0 13

18 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8 8

19 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 1 1

20 Instituto Nacional de Pesca y Agricultura 1 1

21 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 2 1 3

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1 0 0 0 8 19 0 28

22 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 1 1

23 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 1 1

24 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 1

25 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 1 3 4

26 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1 2 13 16

27 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 3 2 5

SECTOR ECONOMÍA 4 0 0 0 2 1 0 7

28 Secretaría de Economía 1 1 1 3

29 Procuraduría Federal del Consumidor 1 1

30 Fideicomiso de Fomento Minero 1 1

31 ProMéxico 2 2

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 1 0 0 0 2 0 0 3

32 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1 1

33 Comisión Nacional de Vivienda 1 1

34 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 1

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5 0 0 0 4 5 0 14

35 Comisión Nacional del Agua 3 3 5 11

36 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1 1

37 Comisión Nacional Forestal 1 1 2

SECTOR ENERGÍA 1 0 0 0 2 1 0 4

38 Secretaría de Energía 1 1

39 Centro Nacional de Control de Energía 1 1

40 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía 1 1

41 Instituto Mexicano del Petróleo 1 1

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 1 0 0 0 16 3 0 20

42 Comisión Federal de Electricidad 4 4

43 Pemex Exploración y Producción 2 2

44 Pemex Transformación Industrial 1 1 2 4

45 Petróleos Mexicanos 7 7

46 Pemex Fertilizantes 1 1

47 Pemex Logística 1 1

48 Pemex Perforación y Servicios 1 1

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 0 0 0 0 2 0 0 2

49 Comisión Reguladora de Energía 1 1

50 Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 1

SECTOR TURISMO 1 0 0 0 1 0 0 2

51 Secretaría de Turismo 1 1

52 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1 1

15 0 0 0 22 1 2 40

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 5 0 0 0 5 1 0 11

53 Secretaria de Educación Pública 4 3 7

54 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 1 1 2

55 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1 1

56 Instituto Politécnico Nacional 1 1

SECTOR CULTURA 0 0 0 0 1 0 0 1

57 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 1 0 2 3

58 Universidad Nacional Autónoma de México 1 1

59 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1 1

60 Universidad Tecnológica de Salamanca 1 1

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 20161/

TOTAL

FUNCIONES DE GOBIERNO

FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

284



N° SECTOR / ENTE DESEMPEÑO

FINANCIERA

CON

ENFOQUE DE

DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

DE

POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTUDIO

FINANCIERAS Y

DE

CUMPLIMIENTO

INVERSIONES

FÍSICASFORENSES TOTAL

38 330 0 2 245 47 2 664

SECTOR SALUD 7 0 0 0 7 0 0 14

61 Secretaría de Salud 1 1

62 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 1 1

63 Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios 1 1

64 Comisión Nacional para la Protección Social en Salud 2 2

65 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 1

66 Instituto Nacional de Cancerología 1 1 2

67 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 1

68 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1 1

69 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 1 1

70 Instituto Nacional de Geriatría 1 1

71 Instituto Nacional de Pediatría 1 1

72 Instituto Nacional de Salud Pública 1 1

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 3 0 0 0 2 0 0 5

73 Secretaría de Desarrollo Social 2 2 4

74 Instituto Nacional de Desarrollo Social 1 1

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 0 0 0 0 6 0 0 6

75 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1

76 Instituto Mexicano del Seguro Social 4 4

77 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1

0 330 0 0 139 0 0 469

78 Aguascalientes 7 8 15

79 Baja California 7 3 10

80 Baja California Sur 7 3 10

81 Campeche 11 8 19

82 Chiapas 12 4 16

83 Chihuahua 9 5 14

84 Ciudad de México 6 6 12

85 Coahuila 12 4 16

86 Colima 10 4 14

87 Durango 10 3 13

88 Guanajuato 12 3 15

89 Guerrero 9 4 13

90 Hidalgo 8 3 11

91 Jalisco 14 5 19

92 México 11 3 14

93 Michoacán 11 4 15

94 Morelos 10 4 14

95 Nayarit 11 4 15

96 Nuevo León 10 3 13

97 Oaxaca 11 5 16

98 Puebla 14 3 17

99 Querétaro 14 3 17

100 Quintana Roo 12 4 16

101 San Luis Potosí 12 4 16

102 Sinaloa 10 6 16

103 Sonora 11 4 15

104 Tabasco 12 3 15

105 Tamaulipas 7 5 12

106 Tlaxcala 8 4 12

107 Veracruz 11 4 15

108 Yucatán 9 4 13

109 Zacatecas 10 4 14

SECRETRÍAS Y ENTIDADES FEDERALES 0 2 0 0 5 0 0 7

Secretaría de Desarrollo Social 1 1

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3 3

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2 2

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 1

0 0 0 0 0 13 0 13

Baja California 1 1

Chiapas 1 1

México 1 1

Morelos 1 1

Guanajuato 1 1

Guerrero 1 1

Michoacán 1 1

Nuevo León 2 2

San Luis Potosí 1 1

Tabasco 1 1

Yucatán 1 1

Zacatecas 1 1


OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 20161/

TOTAL

GASTO FEDERALIZADO


285



ANEXO II. Resumen de Observaciones-Acciones

287



Continúa…


664 2,642 1,287 300 41 238 798 797 4 3,465

49 195 273 2 3 4 62 25 0 369

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 36 130 177 1 2 3 35 10 0 228

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 18 47 79 1 1 9 90

2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 7 5 4 1 10

3 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1 2 2 2

4 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 3 24 21 3 2 8 34

5 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 1 7 9 5 1 15

6 Nacional Financiera, S.N.C. 1 3 3 3

7 Servicio de Administración Tributaria 9 17 30 1 8 39

8 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1 21 26 7 33

9 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 2 2 2

PODER JUDICIAL 2 5 4 0 0 1 0 0 0 5

10 Consejo de la Judicatura Federal 2 5 4 1 5

SECTOR GOBERNACIÓN 4 11 9 1 1 0 2 3 0 16

11 Secretaría de Gobernación 3 10 9 1 2 3 15

12 Policía Federal 1 1 1 1

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 1 27 51 0 0 0 11 10 0 72

13 Secretaría de Relaciones Exteriores 1 27 51 11 10 72

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1 13 17 0 0 0 11 2 0 30

14 Procuraduría General de la República 1 13 17 11 2 30

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5 9 15 0 0 0 3 0 0 18

15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 3 3 10 1 11

16 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 1 1 0

17 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 1 5 5 2 7

93 655 398 159 6 154 186 93 1 997

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 13 119 65 27 4 6 42 52 0 196

18 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8 55 18 3 23 40 84

19 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 1 6 7 1 1 9

20 Instituto Nacional de Pesca y Agricultura 1 16 27 27

21 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 3 42 40 1 6 18 11 76

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 28 229 116 10 1 117 48 13 0 305

22 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 1 13 16 9 2 27

23 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 1 17 14 10 24

24 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 6 6 6

25 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 4 18 8 8 2 2 20

26 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 16 151 63 10 104 20 2 199

27 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 5 24 15 1 5 7 1 29

SECTOR ECONOMÍA 7 43 15 29 0 2 12 5 0 63

28 Secretaría de Economía 3 26 9 10 2 10 5 36

29 Procuraduría Federal del Consumidor 1 6 11 11

30 Fideicomiso de Fomento Minero 1 4 6 2 8

31 ProMéxico 2 7 8 8

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 3 26 26 2 0 0 11 1 0 40

32 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1 2 2 2

33 Comisión Nacional de Vivienda 1 19 21 7 28

34 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 5 5 4 1 10

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 14 82 37 52 1 20 23 4 0 137

35 Comisión Nacional del Agua 11 64 30 24 1 20 17 2 94

36 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1 4 12 12

37 Comisión Nacional Forestal 2 14 7 16 6 2 31

SECTOR ENERGÍA 4 14 9 7 0 1 0 0 0 17

38 Secretaría de Energía 1 3 4 4

39 Centro Nacional de Control de Energía 1 5 5 5

40 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía 1 5 7 7

41 Instituto Mexicano del Petróleo 1 1 1 1

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 20 114 111 13 0 8 39 18 1 190

42 Comisión Federal de Electricidad 4 12 22 5 1 1 29

43 Pemex Exploración y Producción 2 6 8 8

44 Pemex Transformación Industrial 4 40 10 13 8 6 9 46

45 Petróleos Mexicanos 7 42 51 24 5 80

46 Pemex Fertil izantes 1 3 1 2 3

47 Pemex Logística 1 4 11 2 1 14

48 Pemex Perforación y Servicios 1 7 8 2 10

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 2 11 10 0 0 0 4 0 0 14

49 Comisión Reguladora de Energía 1 11 10 4 14

50 Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 0

SECTOR TURISMO 2 17 9 19 0 0 7 0 0 35

51 Secretaría de Turismo 1 8 19 19

52 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1 9 9 7 16

40 294 193 139 2 2 108 72 3 519

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 11 66 23 48 0 2 15 15 0 103

53 Secretaria de Educación Pública 7 42 13 38 6 11 68

54 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2 8 3 2 5 1 11

55 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1 6 10 10

56 Instituto Politécnico Nacional 1 10 7 4 3 14

SECTOR CULTURA 1 29 14 0 0 0 19 9 0 42

57 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 29 14 19 9 42

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3 14 3 0 2 0 2 13 3 23

58 Universidad Nacional Autónoma de México 1 2 1 1 2

59 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1 5 1 1 1 4 1 8

60 Universidad Tecnológica de Salamanca 1 7 1 1 1 8 2 13

REVISIONES OBSERVACIONESN° SECTOR / ENTE

OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/

TOTAL




ACCIONES

288




664 2,642 1,287 300 41 238 798 797 4 3,465

SECTOR SALUD 14 89 61 39 0 0 35 13 0 148

61 Secretaría de Salud 1 7 2 6 4 12

62 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 1 10 7 7 2 16

63 Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios 1 3 3 1 4

64 Comisión Nacional para la Protección Social en Salud 2 7 10 9 19

65 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 22 20 12 7 39

66 Instituto Nacional de Cancerología 2 19 19 8 27

67 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 4 4 4

68 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1 0

69 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 1 5 9 9

70 Instituto Nacional de Geriatría 1 5 7 7

71 Instituto Nacional de Pediatría 1 7 11 11

72 Instituto Nacional de Salud Pública 1 0

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 5 51 26 52 0 0 16 13 0 107

73 Secretaría de Desarrollo Social 4 41 26 36 16 13 91

74 Instituto Nacional de Desarrollo Social 1 10 16 16

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 6 45 66 0 0 0 21 9 0 96

75 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 3 9 3 3 15

76 Instituto Mexicano del Seguro Social 4 35 52 17 6 75

77 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 7 5 1 6

469 1,383 386 0 30 0 431 607 0 1,454

78 Aguascalientes 15 46 17 9 20 46

79 Baja California 10 44 6 4 20 18 48

80 Baja California Sur 10 51 12 4 8 31 55

81 Campeche 19 45 15 5 12 23 55

82 Chiapas 16 39 7 1 7 25 40

83 Chihuahua 14 44 10 1 14 21 46

84 Ciudad de México 12 27 8 11 8 27

85 Coahuila 16 56 19 13 30 62

86 Colima 14 21 5 5 11 21

87 Durango 13 25 12 7 6 25

88 Guanajuato 15 39 7 19 13 39

89 Guerrero 13 27 8 1 18 27

90 Hidalgo 11 41 9 3 29 41

91 Jalisco 19 43 26 18 16 60

92 México 14 62 16 40 6 62

93 Michoacán 15 51 8 1 16 29 54

94 Morelos 14 50 9 26 15 50

95 Nayarit 15 93 28 2 38 29 97

96 Nuevo León 13 24 15 7 7 29

97 Oaxaca 16 60 10 2 18 32 62

98 Puebla 17 39 12 22 5 39

99 Querétaro 17 20 5 1 18 24

100 Quintana Roo 16 29 1 1 9 18 29

101 San Luis Potosí 16 65 20 30 19 69

102 Sinaloa 16 48 12 16 21 49

103 Sonora 15 68 16 4 22 29 71

104 Tabasco 15 18 9 1 8 18

105 Tamaulipas 12 26 8 2 16 26

106 Tlaxcala 12 24 7 1 16 24

107 Veracruz 15 63 14 3 6 41 64

108 Yucatán 13 48 28 1 5 14 48

109 Zacatecas 14 33 4 14 15 33

SECRETRÍAS Y ENTIDADES FEDERALES 7 14 3 0 0 0 11 0 0 14

Secretaría de Desarrollo Social 1 0

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3 0

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2 1 1 1

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 13 2 11 13

13 115 37 0 0 78 11 0 0 126

Baja California 1 13 5 12 3 20

Chiapas 1 0

México 1 7 7 7

Morelos 1 0

Guanajuato 1 16 10 5 1 16

Guerrero 1 11 5 6 1 12

Michoacán 1 16 4 14 1 19

Nuevo León 2 15 1 14 15

San Luis Potosí 1 3 1 2 3

Tabasco 1 7 5 2 7

Yucatán 1 9 6 3 9

Zacatecas 1 18 6 10 2 18


1/. Segunda entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Públ ica 2016.


REVISIONES OBSERVACIONESN° SECTOR / ENTE

GASTO FEDERALIZADO

OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/

TOTAL

ACCIONES

289



ANEXO III. Resumen de Recuperaciones Determinadas

290



Continúa…

N° SECTOR / ENTE Probables Operadas TOTAL

28,603.7 355.1 28,958.7

111.6 9.5 121.1

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 39.0 7.8 46.8

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 0.0 0.0 0.0

2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 0.0 0.0 0.0

3 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 0.0 0.0 0.0

4 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 38.9 0.0 38.9

5 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 0.0 0.5 0.5

6 Nacional Financiera, S.N.C. 0.0 7.0 7.0

7 Servicio de Administración Tributaria 0.0 0.3 0.3

8 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 0.0 0.0 0.0

9 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 0.0 0.0 0.0

PODER JUDICIAL 2.0 0.0 2.0

10 Consejo de la Judicatura Federal 2.0 0.0 2.0

SECTOR GOBERNACIÓN 2.2 0.0 2.2

11 Secretaría de Gobernación 2.2 0.0 2.2

12 Policía Federal 0.0 0.0 0.0

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 68.3 1.6 70.0

13 Secretaría de Relaciones Exteriores 68.3 1.6 70.0

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.1 0.0 0.1

14 Procuraduría General de la República 0.1 0.0 0.1

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 0.0 0.0 0.0

15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 0.0 0.0 0.0

16 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 0.0 0.0 0.0

17 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 0.0 0.0 0.0

5,007.0 79.9 5,086.9

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 239.0 67.9 307.0

18 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 158.0 15.8 173.7

19 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 6.4 52.1 58.5

20 Instituto Nacional de Pesca y Agricultura 0.0 0.0 0.0

21 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 74.7 0.0 74.7

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 724.7 7.8 732.5

22 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 0.6 0.0 0.6

23 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 0.0 0.7 0.7

24 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 2.2 0.0 2.2

25 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 44.2 0.4 44.5

26 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 401.8 6.7 408.4

27 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 276.0 0.0 276.0

SECTOR ECONOMÍA 75.4 0.0 75.4

28 Secretaría de Economía 75.4 0.0 75.4

29 Procuraduría Federal del Consumidor 0.0 0.0 0.0

30 Fideicomiso de Fomento Minero 0.0 0.0 0.0

31 ProMéxico 0.0 0.0 0.0

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 1,792.6 2.0 1,794.6

32 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 0.0 0.0 0.0

33 Comisión Nacional de Vivienda 0.0 0.0 0.0

34 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1,792.6 2.0 1,794.6

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 234.7 0.0 234.7

35 Comisión Nacional del Agua 224.9 0.0 224.9

36 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 0.0 0.0 0.0

37 Comisión Nacional Forestal 9.9 0.0 9.9

SECTOR ENERGÍA 0.9 1.0 1.9

38 Secretaría de Energía 0.0 0.0 0.0

39 Centro Nacional de Control de Energía 0.0 0.0 0.0

40 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía 0.0 0.0 0.0

41 Instituto Mexicano del Petróleo 0.9 1.0 1.9

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 1,939.6 0.5 1,940.1

42 Comisión Federal de Electricidad 0.2 0.1 0.3

43 Pemex Exploración y Producción 0.0 0.0 0.0

44 Pemex Transformación Industrial 1,381.7 0.0 1,381.7

45 Petróleos Mexicanos 442.1 0.4 442.5

46 Pemex Fertil izantes 1.1 0.0 1.1

47 Pemex Logística 114.5 0.0 114.5

48 Pemex Perforación y Servicios 0.0 0.0 0.0

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 0.0 0.0 0.0

49 Comisión Reguladora de Energía 0.0 0.0 0.0

50 Comisión Nacional de Hidrocarburos 0.0 0.0 0.0

SECTOR TURISMO 0.0 0.7 0.7

51 Secretaría de Turismo 0.0 0.0 0.0

52 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 0.0 0.7 0.7

560.7 1.5 562.2

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 282.3 0.7 283.0

53 Secretaria de Educación Pública 265.3 0.0 265.3

54 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 1.5 0.7 2.1

55 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 0.0 0.0 0.0

56 Instituto Politécnico Nacional 15.5 0.0 15.5

SECTOR CULTURA 13.1 0.0 13.1

57 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 13.1 0.0 13.1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 103.2 0.0 103.2

58 Universidad Nacional Autónoma de México 0.1 0.0 0.1

59 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 58.6 0.0 58.6

60 Universidad Tecnológica de Salamanca 44.5 0.0 44.5

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/

(Millones de Pesos)

TOTAL




291



N° SECTOR / ENTE Probables Operadas TOTAL

28,603.7 355.1 28,958.7

SECTOR SALUD 75.7 0.0 75.7

61 Secretaría de Salud 6.5 0.0 6.5

62 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 42.9 0.0 42.9

63 Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios 0.0 0.0 0.0

64 Comisión Nacional para la Protección Social en Salud 0.0 0.0 0.0

65 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 26.3 0.0 26.3

66 Instituto Nacional de Cancerología 0.0 0.0 0.0

67 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 0.0 0.0 0.0

68 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 0.0 0.0 0.0

69 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 0.0 0.0 0.0

70 Instituto Nacional de Geriatría 0.0 0.0 0.0

71 Instituto Nacional de Pediatría 0.0 0.0 0.0

72 Instituto Nacional de Salud Pública 0.0 0.0 0.0

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 55.3 0.0 55.3

73 Secretaría de Desarrollo Social 55.3 0.0 55.3

74 Instituto Nacional de Desarrollo Social 0.0 0.0 0.0

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 31.1 0.8 31.9

75 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 29.0 0.0 29.0

76 Instituto Mexicano del Seguro Social 2.1 0.8 2.9

77 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0.0 0.0 0.0

21,506.3 246.1 21,752.4

78 Aguascalientes 28.9 0.1 28.9

79 Baja California 320.9 0.0 321.0

80 Baja California Sur 393.9 0.0 393.9

81 Campeche 213.7 26.4 240.1

82 Chiapas 169.8 80.2 250.0

83 Chihuahua 33.0 3.0 36.0

84 Ciudad de México 107.4 0.0 107.4

85 Coahuila 435.2 1.1 436.3

86 Colima 188.8 0.7 189.6

87 Durango 380.9 2.8 383.7

88 Guanajuato 17.5 4.4 22.0

89 Guerrero 477.2 0.0 477.2

90 Hidalgo 174.3 0.0 174.3

91 Jalisco 26.7 0.5 27.2

92 México 0.0 0.0 0.0

93 Michoacán 113.5 1.4 114.8

94 Morelos 961.3 12.4 973.7

95 Nayarit 331.0 1.8 332.8

96 Nuevo León 251.6 12.1 263.8

97 Oaxaca 751.2 0.0 751.2

98 Puebla 9.0 0.0 9.0

99 Querétaro 17.7 4.3 22.0

100 Quintana Roo 2,104.4 40.3 2,144.7

101 San Luis Potosí 346.7 10.0 356.7

102 Sinaloa 1,945.6 0.0 1,945.6

103 Sonora 69.4 1.5 70.9

104 Tabasco 8.5 0.0 8.5

105 Tamaulipas 814.6 0.7 815.3

106 Tlaxcala 240.7 6.1 246.8

107 Veracruz 9,424.5 0.1 9,424.6

108 Yucatán 198.4 34.6 233.0

109 Zacatecas 949.9 1.4 951.2

SECRETRÍAS Y ENTIDADES FEDERALES 0.0 0.0 0.0

Secretaría de Desarrollo Social 0.0 0.0 0.0

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 0.0 0.0 0.0

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 0.0 0.0 0.0

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 0.0 0.0 0.0

1,418.0 18.1 1,436.2

Baja California 29.5 0.0 29.5

Chiapas 0.0 0.0 0.0

México 6.9 0.0 6.9

Morelos 0.0 5.9 5.9

Guanajuato 0.0 0.0 0.0

Guerrero 7.9 12.0 19.9

Michoacán 121.4 0.0 121.4

Nuevo León 1,176.8 0.0 1,176.8

San Luis Potosí 8.3 0.0 8.3

Tabasco 2.9 0.0 2.9

Yucatán 7.2637 0.0 7.3

Zacatecas 57.2 0.2 57.3

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/

(Millones de Pesos)

1/. Segunda entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Públ ica 2016.


TOTAL

GASTO FEDERALIZADO


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