A nte la continua amenaza y el atropello a los derechos de la clase trabajadora, quienes marchamos este 19 de marzo, afirmamos nuestro compromiso de fortalecer la movilización y consolidar la unidad entre los sectores que han sido afecta-dos con la política anti-popular del actual gobierno. Las y los trabajadores no podemos caer en el discurso del gobierno que busca dividirnos, como lo ha hecho con las centrales sindicales, la UNE y la CONAIE, entre otras, pero tampoco debemos caer en el juego de la derecha y la burguesía que trata de aprovecharse de nuestras luchas para canalizar el descontento contra el gobierno en la próximas elecciones. Nos encontramos frente a un conjunto de reformas constitu-cionales, mediante las cuales se pretende imponer la reelec-ción indefinida, destruir la organización sindical, afectar a la estabilidad laboral y la contratación colectiva; medidas que

ESCUELA POPULAR DE CAPACITACIÓN POLÍTICA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL “AGUSTÍN CUEVA DÁVILA”

19 de MARZO: MARCHA NACIONAL UNITARIA CONTRA LAS LEYES Y MEDIDAS ANTIPOPULARES DEL GOBIERNO

se aplicarían al ubicar a los trabajadores del sector público bajo la LOSEP, eliminando la posibilidad de ser amparados bajo el Código del Trabajo.

L as recientes medidas económicas del gobierno de Correa tendrán un grave impacto sobre el nivel de vida de los trabajadores y la población de meno-res recursos, debido al aumento en los precios, no solamente de los productos importados, sino de todos los bienes, inclusive los de primera necesi-dad, a causa de nuestra dependencia comercial y productiva de los países industrializados. Las medi-das están orientadas a salvar la dolarización que se halla en riesgo, no solamente por la drástica dismi-nución en los precios del petróleo, sino por el pago de la creciente deuda externa, especialmente con China, y la revalorización del dólar que encarece las exportaciones del Ecuador y las vuelve menos com-petitivas. Si bien el aumento de las tasas arancela-rias a 2800 bienes importados, afectan sobre todo a la burguesía importadora y puede beneficiar parcialmente a algunos productores nacionales, losempresarios trasladan el aumento de sus costos a los precios de sus mercancías, de manera que final-mente somos los consumidores de ingresos fijos los que terminamos pagando el peso de la crisis.

L a persecución política y la criminalización de luchadores sociales, todavía no ha cesado, mientras que los actos de corrupción y de atentado a los derechos humanos, que se han presentado durante los ocho años del gobierno de Rafael Correa, permanecen sin su debido proceso. Ya no se puede ejercer el derecho a la protesta y a la libre expresión; y lo que se propicia es el silencio ante la multitud de actos que el gobierno trata de ocultar a través de su excesiva propaganda, ahora pretendiendo establecer la comunicación como un servicio público, lo cual le permitiría ejercer mayor control sobre los medios de comunicación con la finalidad de continuar mostrán-dole al pueblo una imagen falsa de la realidad y desacreditando a quienes planteen propuestas alternativas a sus políticas. Junto a esta medida, se encuentra la de otorgar atribuciones a las Fuerzas Armadas, hecho con el cual pretende ampliar su apara-to represivo, lo cual es totalmente inaceptable si conocemos el tratamiento injusto de las leyes ante los hechos de violencia, sobre todo los presentados en las zonas donde operan los proyectos mineros y petroleros, que han dejado, inclusive, muer-tes como las de los líderes shuar Freddy Taish y José Tendetza, sin tener éstos una debida investigación que muestre al país los verdaderos intereses económicos que giran en torno a la indus-tria extractiva, que en nada ha beneficiado a las comunidades que habitan en los territorios concesionados.

Los trabajadores debemos mantener nuestra independencia de clase y seguir acumulando fuerzas por un proyecto político propio que ponga fin a la situación de explotación, injusticia y desigualdad del sistema capitalista.

Por eso hacemos un llamado a la UNIDAD, la ORGANI-ZACIÓN y la MOVILIZACIÓN permanente de los trabaja-dores del campo y la ciudad en torno a la siguiente plata-forma de lucha:

• La defensa de los derechos de sindicalización, estabili-dad, reclamo y huelga, libre contratación colectiva de trabajo, mejores condiciones de salud en el trabajo

• Que se debata la propuesta de ley entregada por el FUT en el 2012 y se retire la ley de justicia laboral que lesiona y viola los derechos de los trabajadores

• Archivo del proyecto de enmiendas constitucionales porque vulnera el derecho de organización de los sindi-catos del sector público y atenta contra la democracia y derechos de la ciudadanía establecidos en la Constitu-ción

• Que se respete y acoja la Ley de Tierras entregada por la CONAIE a la Asamblea Nacional que recoge los intereses legítimos de campesinos e indígenas y garanti-za el derecho histórico al territorio indígena, la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Exigimos respeto a la concesión de la sede de la CONAIE.

• Que sea rechazado el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ya que la economía campesino/indígena se vería fuertemente afectada al no poder competir con los productos subsidiados de las empresas transnacio-nales.

• Derogatoria del decreto 16 por ser un instrumento que viola los derechos de las organizaciones sociales e intenta funcionalizar, controlar y perseguir a quienes se opongan a las políticas gubernamentales

• Que el gobierno detenga el endeudamiento agresivo, el alza de impuestos y la utilización indiscriminada de los fondos del IESS y que se mantenga el presupuesto del estado destinado al aporte de los jubilados

• Respeto a los subsidios al gas, gasolina, electricidad y control a la elevación de precios de los productos de primera necesidad. No alza de pasajes del transporte urbano

• Libre ingreso a la Universidad, para que los hijos de los ecuatorianos más pobres puedan acceder a la educa-ción universitaria

• Incremento de los sueldos y salarios de acuerdo al valor de la canasta básica.

ESCUELA POPULAR DE CAPACITACIÓN POLÍTICA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL AGUSTÍN CUEVA DÁVILA

escuelapopularecuador@riseup.net

La amenaza al sector estudiantil se ha presentado en la restricción al libre ingreso a las universidades públicas. La educación gratuita se ha convertido en un privilegio para quie-nes alcanzan un cupo luego de ser evaluados según criterios totalmente inapropiados e injustos, que no consideran los conocimientos adquiridos. Se conoce ya sobre el incremento de suicidios entre los jóvenes, sobre su inserción en empleos precarizados y sobre su ingreso en universidades privadas, pero nada se hace al respecto. Esta realidad nos demuestra que sólo se ha tratado de beneficiar a las universidades priva-das y elitizar cada vez más el campo educativo. Frente a la situación que atraviesa una de las organizaciones encargadas de promocionar los derechos sexuales y reproduc-tivos, ENIPLA, resulta urgente exigir la destitución de Mónica Hernández, quien se encuentra al mando del ahora llamado “Plan Familia”, por tratarse de un retroceso en cuanto a la consecución y aplicación de estos derechos, que ahora se ven amenazados por la injerencia del pensamiento conservador de la iglesia reaccionaria, que históricamente ha influenciado en las decisiones referentes a las políticas de planificación fami-liar, afectando esto en gran medida a la vida de las mujeres, quienes no cuentan con el acceso a la información necesaria para ejercer su sexualidad de manera libre y responsable.