La Recuperación de La “Memoria” en Las Transiciones a La Democracia. Los Casos de Chile y...

8/12/2019 La Recuperacin de La Memoria en Las Transiciones a La Democracia. Los Casos de Chile y Espaa

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LA RECUPERACIN DE LA MEMORIA EN LAS T RANSICIONES A LADEMOCRACIA. LOS CASOS DE CHILE Y ESPAA

Cristina Luz Garca GutirrezUniversidad Autnoma de Madrid

Las polticas hacia el pasado o de recuperacin de la memoria histrica suelenestar relacionadas con los procesos de transicin poltica, ya que es en estos tiempos deincertidumbre cuando las sociedades y los dirigentes polticos se enfrentan directamentecon la gestin del pasado autoritario. Al igual que es difcil encuadrar las transiciones en

grandes modelos de anlisis comparativo, lo mismo sucede con los modos de abordarlas polticas hacia el pasado. La Historia como disciplina, en contraste con otras cienciassociales, evita la generalizacin para adentrarse en las diferencias y en los aspectossingulares de los procesos histricos. As la comparacin entre la transicin chilena y laespaola, nos demuestra cmo a pesar de encontrar aspectos comunes (prcticareformista), su respuesta hacia la problemtica de la memoria hacia el pasado di fieresustancialmente, teniendo especial relevancia la existencia o no, de demandas procedentes de la sociedad civil . Para ello nos detendremos en los aspectos queconsideramos clave para tal diferenciacin y as pasar a analizar cules fueron los pasosseguidos en cada pas sobre el tema que nos ocupa. Por ltimo, haremos una reflexinsobre la dificultadde cerrar la cuestin de la memoria incluso una vez terminados los periodos transicionales y lo que implica su emergencia abrupta una vez se considerazanjada.

Explorando las causas de la diferenciaLa aparicin de demandas por parte de una sociedad de polticas de memoria

histrica o de justicia retrospectiva, est relacionado con una situacin traumtica lacual es necesario superar. En esta lnea, se puede constatar que para la poblacinespaola el elemento traumtico que encontramos durante la transicin ser la GuerraCivil. La retrica de la cruzada haba formado parte del discurso fundacional de ladictadura, perviviendo hasta sus ltimos momentos. En la misma se aluda alenfrentamiento entre las dos Espaas que eventualmente haba terminado en un

conflicto fratricida. Es por lo tanto la Guerra Civil y no la represin franquista, la que

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a la edad de los culpables, y por otro al gran nmero de vctimas del conflicto blico yde la posterior represin. Del mismo modo al haberse producido un cambiogeneracional, las recriminaciones al periodo franquista estaban ms en relacin con laausencia de las libertades y los derechos democrticos. En Chile, las heridas eran muycercanas y los movimientos de oposicin al rgimen, tuvieron como elemento central ladenuncia de la poltica del terror. En ello tuvo mucho que ver la insercin en el lenguaje poltico de la izquierda, del corpus jurdico de los Derechos Humanos. Los cuales, a pesar de considerarse una aportacin de la postguerra mundial, no transcendieron a sucomponente de universalidad hasta el final de la Guerra Fra. La denominada red dederechos humanos a nivel internacional, se hizo ms fuerte como contestacin de todaslas violaciones de derechos humanos, independientemente del color poltico de lasmismas. El golpe de 1973 en Chile, fue el evento de creacin de esta red enIberoamrica, este suceso fue tambin relevante para Estados Unidos debido alincremento exponencial de lasOrganizaciones de Derechos Humanos (ODH) a partirde esta fecha3.

Al realizar este estudio comparativo, es necesario analizar la naturaleza de losgobiernos que lideran la transicin en los dos pases. A pesar de que en ambos casos sontransiciones tuteladas o pactadas, en Espaa el proceso es dirigido por los sectores

reformistas que provienen del propio rgimen, mientras que en Chile laConcertacin de Partidos por la Democracia , provena de la campaa del NO en el plebiscito de 1988.Patricio Aylwin, representaba por lo tanto la ruptura, y sern los enclaves autoritarios ylas leyes de amarre, los que le llevarn a plantear polticas reformistas. En laConcertacin de Partidos por la Democracia, se encontraba el Partido Socialista, uno delos grupos ms afectados por la represin durante la dictadura. Tampoco podemosolvidar como el propio partido de Patricio Aylwin, la Democracia Cristiana haba

sufrido directamente los efectos devastadores de la dictadura, como se demuestra en elatentado fallido a Bernardo Leighton en Roma4. La vinculacin de la DemocraciaCristiana con el movimiento pro Derechos Humanos liderado por la Iglesia Catlica en

3 Kathryn SIKKINK , The emergence, evolution a nd effectiveness of Latin American Human Rights Network . Elizabeth JENIN, Eric HERSHBERG,Constructing Democracy: Human Rights, Citizenshipand Society in Latin America , Oxford, Westview Press, 1996, pg. 63.4 No podemos dejar de citar a este respecto la polmica abierta en este momento en Chile sobre el

presunto asesinato y no muerte natural del ex presidente Eduardo Frei Montalva a manos de la dictadura.Vase las memorias de Gabriel VALDES,Sueos y memorias , Santiago de Chile, Aguilar Chilena deEdiciones, 2009.

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la Vicaria para la Solidaridad, es clave para comprender la poltica de conocimiento dela verdad, vinculada al perdn y reconciliacin de todos los chilenos.

El anlisis de los dos pases nos permiten demostrar cmo el motor para que se produzcan polticas hacia el pasado en los momentos de transicin, son las demandasdesarrolladas por la sociedad civil . Cuando estas ltimas no s dan, puede ser un temaobviado por los gobiernos de transicin. Para ello es necesario comprender cmo en lastransiciones a la democracia de carcter reformista, los enclaves autoritarios son muyfuertes y este tipo de polticas de revisin de un pasado traumtico pueden llevar a unaregresin autoritaria. De este modo, desde el poder, puede tratarse como un asuntoincmodo que se evite en su totalidad, en el caso de Espaa, o se aminoren susexpectativas iniciales, en el caso de Chile, con la mxima de Aylwin de buscar laverdad y justiciaen la medida de lo posible .

Un punto clave que diferencia a las dos transiciones respecto al tratamiento sobrelas vctimas de la dictadura sern las leyes de amnista. En Chile, la ley de auto-amnistao decreto ley 2191 de 1978, es un enclave autoritario de la dictadura, que a diferenciadel caso de Argentina, ser mantenido hasta la actualidad5. Mientras que en el casoespaol, la ley de Amnista de octubre de 1977, fue votada por las Cortes elegidasdemocrticamente por los espaoles. En la misma, se encontraban dos artculos que

eximan de cualquier tipo de responsabilidad a los agentes del Estado que hubiesencometido violaciones de derechos humanos. Esta parte del articulado, se silenci,mostrndose la ley como un triunfo de la izquierda al conseguir la salida de los ltimos presos polticos de las crceles espaolas.

Los pasos dados en ambas transicionesUna vez reflexionado sobre las posibles causas de la diferencia, es necesario que

pasemos a estudiar cmo fueron sucediendo ambos procesos en referencia a lamemoria de la dictadura.

Las transiciones a la democracia deben ser procesos limitados en el tiempo,debido a su alto grado de incertidumbre poltica. El comienzo de las transiciones suelereferirse a un acontecimiento clave y el final de las mismas al cese del peligro de unaregresin autoritaria. Siguiendo estos criterios, tomaramos la muerte de Franco como

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En el caso argentino a pesar de que se anula la ley de auto-amnista proclamada por la Junta, elgobierno de Alfonsn decretar una vez producidos los llamados juicios del siglo una Ley de PuntoFinal y de Obediencia Debida.

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comienzo de la transicin poltica espaola. Debido al alto grado de personalismo quehaba sustentado el rgimen, era imposible que hubiese franquismo sin Franco. En elcaso chileno, el comienzo de la transicin lo situaramos en el triunfo del No en el plebiscito de 1988, significando una derrota moral del rgimen, que le llev a desplegarel plan B de transicin tutelada. El fin del proceso en Espaa lo situamos a finales de19826, por tres motivos, uno el fin de las incertidumbres de un golpe de Estado por losmilitares7, el desarrollo del Estado autonmico y la definicin de un sistema de partidostras la desaparicin de UCD. En el caso chileno, ser la detencin en Londres delgeneral Pinochet en 1998, lo que haga caer el smbolo y el mayor problema que prevaleca durante todo el periodo8.

Una de las causas que se han alegado para explicar la falta de polticas dememoria en Espaa, es el carcter de transicin pactada entre los grupos reformistas delrgimen y los partidos de centro y centro izquierda9. Pero si tenemos en cuenta laexperiencia del caso chileno, podemos comprobar cmo este punto no tiene porque serdecisivo, ya que en Chile estuvo muy presente la bsqueda de verdad de lo sucedido,a pesar de que el dictador mantuvo su poder como comandante en jefe de las FuerzasArmadas hasta 1998 y ms tarde como senador vitalicio.

Una vez delimitados cronolgicamente los dos periodos pasemos a analizar los

debates y medidas en torno a la cuestin de la memoria en ambos procesos.Si nos retrotraemos a los pasos que dio la oposicin en los aos de dictadura,

encontramos las primeras diferencias entre los dos pases. Analizando la reunin que secelebr en Munich en 1962, en la que particip un gran abanico de fuerzasantifranquitas, excluidos los comunistas, no existe ningn tipo de demanda de justiciaretrospectiva o de comisin de estudio sobre lo sucedido durante la dictadura. Ya dentrodel periodo de la transicin, los ms importantes partidos de izquierda Partido

6 lvaro SOTO CARMONA,La transicin a la democracia en el sur de Europa. La historia comoinstrumento para su comparacin, Estudios Internacionales , nm. 162, 2009, pg. 17.7 Adems del fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el 27 de octubre de 1982 sedesmantel una conspiracin golpista, lo que demostraba la mayor integridad democrtica de los cuerposde inteligencia del Estado.8 A pesar de ello, se mantienen importantes enclaves autoritarios, como es la Constitucin de 1980, elsistema de eleccin binominal o la Ley de auto-amnista, lo que lleva a muchos a entender que todava nose ha producido una verdadera transicin.9 En referencia a esta idea, podramos citar la denominada aversin al riesgo que explica PalomaAguilar, ya que debido a hab erse realizado dentro del marco de la dictadura parece normal que desde laoposicin se evitara temas controvertidos como eran las polticas hacia el pasado. Paloma AGUILAR.Justicia, Poltica y Memoria: los legados del franquismo en la transicin espao la en AlexandraBARAHONA DE BRITO, Paloma AGUILAR FERNNDEZ y Carmen GONZLEZ ENRQUEZ.(eds.), Las polticas hacia el pasado , Madrid, Istmo, 2002, pg. 143.

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Socialista Obrero Espaol (PSOE) y PCE, centran sus programas en la amnista a los presos polticos y la defensa de las nacionalidades, incluso en la autodeterminacin. ElPCE no se legaliz hasta abril de 1977, y para ello fue necesario aceptar parte del marcoque vena impuesto por la dictadura y mostrar a la ciudadana que se quera mirar haciael futuro de una manera pacfica y sin rencor 10. Slo fueron movimientos radicales deizquierda y algunos de origen vasco, los que hicieron mayor hincapi en la disolucinde las fuerzas de orden pblico, como se puede comprobar en los programas del

Movimiento Comunista (MC), o en laOrganizacin Revolucionaria de Trabajadores (ORT)11. Slo el Partido del Trabajo de Espaa (PTE), expresa abiertamente lanecesidad de una depuracin de mandos y elementos que colaboren o protejan a las bandas fascistas y trabajen a favor de un golpe de Estado12. Estas medidas estnreferidas a la represin que todava estaba sucediendo o poda suceder, y no sobre la producida durante el franquismo.

En el Pas Vasco la situacin era diferente, ya que la represin en esta regin sevio incrementada desde los aos 60, relacionado con la actividad de la organizacin

Euskadi ta Askatasuna (ETA). Grupos como laCoordinadora Abertzale Socialista (KAS) s exigan responsabilidades al rgimen anterior y demandaban la disolucin delos cuerpos represivos13.

Otros partidos de cariz revolucionario como la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y el Partido Comunista de Espaa marxista-leninista (PCE m-l), pedan eldesmantelamiento del rgimen y de todas sus instituciones y cuerpos represivos, inclusoel PCE m-l, aspiraba a formar un Ejrcito Popular. Como apunta Paloma Aguilar, estos partidos adems de ser muy minoritarios, defendan una ideologa revolucionariaincompatible con la democracia liberal14.

A travs del anlisis de los programas de los partidos declarados antifranquistas,

podemos observar la ausencia de demandas de cualquier tipo de comisin de estudio delos delitos perpetrados por cuerpos de seguridad de Estado, tampoco encontramosningn tipo de planteamiento de una poltica de justicia retrospectiva ante elfranquismo.

10 En este sentido, fue clave el comportamiento en los funerales masivos de los abogados laboralistas deAtocha, en enero de 1977.11 Francisco ESTEVE, Manual del elector , Barcelona, Mayler, 1977, pg. 175.12 Ibidem, pg. 212.13

Alejandro MUOZ ALONSO, El terrorismo en Espaa , Barcelona, Crculo de Lectores, 1982, pg.69.14 Paloma AGUILAR, ob. cit., pg. 156.

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serie de smbolos importantes en el mandato de Aylwin en materia de memoriahistrica. Entre ellos destacamos el comienzo del periodo de gobierno dnde losnombres de detenidos y desaparecidos tuvieron un lugar destacado; la inauguracin deun monumento a las vctimas en el cementerio general o diferentes programas en latelevisin pblica referidos a las violaciones de derechos humanos durante latransicin20. Pero, sin duda, el elemento de mayor alcance relacionado con los sucesosvividos durante la dictadura, ser la creacin de laComisin Nacional de Verdad y

Reparacin , conocida tambin como Comisin Rettig, debido al nombre de su presidente, Ral Rettig. La propia composicin de la misma, muestra los amarresautoritarios que existan. El nico historiador que participar en la redaccin final delInforme, ser Gonzalo Vial, el cual plantear en el mismo, una versin justificativa delgolpe de Estado21. Otras limitaciones del Informe, ser la llamadaverdad innominada ,ya que no aparecieron los nombres de los verdugos, a pesar de que la Comisin s tuvoacceso a muchos de ellos22. La documentacin que se encontraba en el Informe, no tenanaturaleza judicial, pero poda ser utilizada por las familias a ttulo individual para irabriendo procesos. Lo que s plante el gobierno, fue la compensacin econmica de loscasos que haban sido aceptados como detenidos o desparecidos por la Comisin23.Chile a diferencia de Espaa, tena la experiencia de los pases del entorno que haban

generado polticas de memoria hacia el pasado autoritario. La Comisin Rettig fuediseada como un camino intermedio entre el proceso argentino y uruguayo. Hacerdemasiado poda conducir al fracaso, como en Argentina, y demasiado poco era injusto,como mostraba el caso de Uruguay24.

20 Ibidem, pg. 44. Otro smbolo importante ser el traslado del cuerpo de Allende de Valparaiso aSantiago de Chile.21 Este mismo autor, escribir ms adelante una biografa de Pinochet: Gonzalo VIAL, Pinochet: labiografa . Aguilar, Santiago de Chile, 2002. Los militares consiguieron introducir los casos de los agentes

del Estado muertos en servicio, a pesar de que no son considerados violaciones de derechos humanossegn la legislacin internacional.22 Las diferencias entre Archivo e Informe son las siguientes: El Archivo Rettig, es toda ladocumentacin que utiliz la Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacin, en donde s encontramoslos nombres de los agentes del gobierno implicados en los casos, aunque esta informacin no se puedeconsultar en Chile por el momento, mientras que el Informe Rettig es el documento que se hizo pblico por parte del Presidente de la Repblica a la nacin chilena, una vez terminado el trabajo de la Comisin.23 Adems de la retribucin de 380 dlares para cada familia afectada, se encontraban diversos beneficiossanitarios y educativos as como la exencin del servicio militar para las vctimas y familiares directos.Alexandra BARAHONA DE BRITO, Verdad, Justicia, Memoria y Democratizacin en el Cono Sur enAlexandra BARAHONA DE BRITO, Paloma AGUILAR FERNNDEZ y Carmen GONZLEZENRQUEZ. (eds.), Las polticas ob. cit., pg. 211.24 Naomi ROTH-ARRIAZA, El papel de los actores internacionales en los procesos nacionales deresponsabilidad , Alexandra BARAHONA DE BRITO, Paloma AGUILAR FERNNDEZ y CarmenGONZLEZ ENRQUEZ (eds.), Las polticas ob. cit., pg. 75.

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Un punto de especial inters en la comparacin de ambas transiciones, son lasleyes de amnista que existen en los dos pases. Una ley de amnista pretende ser un punto y aparte en el tratamiento de delitos cometidos en una situacin excepcional, yasea una dictadura o un conflicto blico, evitando polticas de justicia retrospectiva. Elorigen de las dos leyes de amnista aqu estudiadas es diferente, en el caso chileno procede del propio rgimen, es decir nos encontramos ante una ley de autoamnista,mientras que en el caso espaol, ser una ley ya votada por una Cortes democrticas, loque le aporta mayor legitimidad. Un elemento comn en ambos casos, es la importanciaque tuvo en la transicin, la peticin de amnista de los presos polticos. Este factor hizoque en Espaa se transase una amnista general y que en Chile no se pudiese discutir laley de autoamnista impuesta por la dictadura. En Espaa, la ley de amnista estaba en el programa de todos los partidos de izquierda, abstenindose de votarla la derecha y elnacionalismo vasco radical. Pero en esta ley amnista, se escondan dos artculos queimplicaban una ley de punto y final.

los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentesdel orden pblico, con motivo u ocasin de la investigacin y persecucin de los actosincluidos en esta ley y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden

publico contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Estos artculos impediran formalmente el procedimiento judicial contra cualquiertipo de violacin de derechos humanos cometido durante la dictadura por funcionarios pblicos. Lo que nos debemos plantear, es el silencio que acompa a estos artculos yaque no se debatieron ni en el parlamento, ni en la prensa de la poca25. En este caso, la propia autocensura que hicieron los partidos de oposicin antifranquistas, nos demuestra por un lado el miedo que exista a plantear una poltica de justicia retrospectiva ascomo la necesidad de pagara cualquier precio la amnista de los presos polticos.Como seala Stephen Holmes sujetando nuestra lengua en situaciones delicadas

podremos asegurarnos unas formas de cooperacin y compaerismo que de otra formaseran inalcanzables 26.

En el caso chileno, la ley de autoamnista decretada en 1978, afectaba a los delitoscometidos desde el golpe de Estado hasta la fecha de promulgacin de la ley. Este

25 Paloma AGUILAR, ob. cit., pg. 158.26 Stephen HOLMES,The Anatomy of Antiliberalism , Boston, Harvard University Press, 1993, pg. 19.

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periodo, considerado el de mayor represin de la dictadura, y en el que actu la Direccin Nacional de Inteligencia (DINA), estara exento de cualquier tipo deinvestigacin de los delitos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado. La justificacin de la misma, proceda de la idea de que durante esos aos existi unaguerra no declarada, a la que haba que contrarrestar con un terror silencioso. Una vezcomenzada la transicin, la ley de autoamnista ser un escollo para la persecucin delos delitos cometidos durante la dictadura. A diferencia del caso argentino, el 24 deagosto de 1990 el Tribunal Supremo declar constitucional dicha ley. Dentro de lamxima de Aylwin de justiciaen la medida de lo posible , se introdujo la denominadaDoctrina Aylwin. La misma , estipulaba que era necesario saber quines eran losculpables de los delitos cometidos por la dictadura, antes de poder amnistiarlos, lo queimplicaba la investigacin judicial de los casos. Entre 1990 y 1993, el TribunalConstitucional no tom en consideracin la Doctrina Aylwin , y los cambioscomenzaron a partir de 1994 como resultado de la intervencin del juez Humberto Nogueira, en casos como los de Lumi Videla, en los que empez a permeabilizar la ideade que los pactos internacionales estaban por encima de la ley de amnista27.

Uno de los puntos que debemos estudiar en esta comparacin, son las herenciasque pervivieron del rgimen militar. En ambos casos, las Fuerzas Armadas mantuvieron

un alto grado de independencia durante el proceso de transicin. En Espaa, exista porun lado, el miedo a una involucin autoritaria y por otro, la incapacidad de realizarreformas en los cuerpos de seguridad en un momento en donde era necesario mantenerel orden pblico, sobre todo en relacin a la violencia terrorista de ETA. En el casochileno, las medidas restrictivas que el rgimen introdujo en los ltimos meses antes deentregar el gobierno a Aylwin, generaban un status privilegiado desde donde contemplarel proceso de cambio poltico. Entre estasleyes de amarre, debemos destacar, las que

aseguraban el puesto de trabajo a los funcionarios, que en el caso chileno eran adeptosal rgimen por haberse producido una purga en el momento del golpe. En Espaa, elcambio generacional y un sistema reclutamiento de los cuerpos de administracin deEstado de corte meritocrtico, a partir de la reforma de Lpez Rodo en los aos sesenta,hicieron considerar innecesaria una purga de la Administracin Civil28. Pinochetnombr 9 cargos senatoriales y se asegur una sobrerrepresentacin de la derecha enambas cmaras gracias a la ley electoral de carcter binominal. La autonoma

27 Manuel Antonio GARRETN, Human Rights , ob. cit., pg. 46.28 Carlos MOYA,Seas de Leviatan , Madrid, Alianza Universidad, 1984.

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presupuestaria de las Fuerzas Armadas se asegur, vinculndola directamente a losingresos percibidos de la venta del cobre, estipulndolo en un 10%. Si unimos estasmedidas, junto con la ley de autoamnista y la pervivencia de la Constitucin de 1980,nos encontramos ante el pas de Iberoamrica, donde los militares conservaron el msalto grado de autonoma durante la transicin, adems de tutelar el proceso poltico porlas competencias que se les asignaba en el texto constitucional.

En el caso espaol exista miedo a una involucin autoritaria, sobre todo a partirde 1979. A diferencia de Chile, los militares espaoles no estaban preocupados en posibles intentos de castigo por delitos cometidos en el pasado. Su miedo ante el cambio poltico estaba en relacin con los problemas de orden pblico (huelgas,manifestaciones), las reivindicaciones autonomistas y la actividad de ETA, de los cualeseran principal objetivo. No obstante, a pesar de la idea que se ha transmitido detransicin pacfica, fueron ms de 460 las muertes violentas ocurridas en el periodocomprendido entre 1975 y 198029, lo que demuestra en parte la incapacidad de loscuerpos de seguridad de gestionar la nueva situacin. A diferencia del caso chileno, losrepresores no fueron militares, sino miembros de la polica poltica, sobre todo tras lacreacin de Tribunal de Orden Pblico (TOP) en 196230. Tanto la Brigada PolticoSocial, como el TOP se disolvieron, pero sus componentes fueron recolocados dentro de

los cuerpos de seguridad y de la judicatura respectivamente.El miedo a la regresin autoritaria, que encontramos en ambos procesos, se

increment en momentos de especial tensin entre las Fuerzas Armadas y el gobierno.En el caso espaol, el intento fallido de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981demostr por un lado la pervivencia dentro del ejrcito de elementos involucionistas y por otro el rechazo de la sociedad civil de los mismos. En el caso chileno, los militaresse vieron afectados por una continua revisin de la poltica represiva que haban

utilizado durante la dictadura. De entre los numerosos conflictos que se fueron produciendo, destacamos el Ejercicio de Se guridad,Alistamiento y Enlace, producidoel 19 de diciembre de 1990, detrs del mismo estaban los problemas de los pinochequesy la actividad de la Comisin Rettig. Tres aos ms tarde se producira el denominadoboinazo , en el que los militares aprovecharon el viaje presidencial de Aylwin a

29 Paloma AGUILAR, ob, cit., pg. 147.30 Guillermo ODONNELL, Philippe SCHIMITTER:Transiciones desde un gobierno autoritario , vol. 4.

Barcelona, Paids, 1994, pg. 50.

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Europa para plantear sus demandas respecto a los procesos que se iban abriendo contralos mismos e intentar paralizar la reforma de la Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas.De este modo, nos hemos enfrentado a dos pases que a pesar de tener elementoscomunes durante la transicin, trataron de manera muy diferente las polticas dememoria o de justicia retrospectiva. Segn nuestro punto de vista, el elemento clave esla existencia, o no, de un movimiento de la sociedad civil que demande tales medidas.Los autores se han planteado la importancia que tienen las polticas hacia el pasado,como factor clave para que se produzca una verdadera democratizacin. Jon Elster porsu aparte afirma que si slo se aspira a hacer justicia hasta donde sea posible se estar

atentando gravemente contra el principio de igualdad ante la ley que rige en lasdemocracias31. Huntington por su parte, opina que la justicia retrospectiva produce uncaos moral y poltico en la sociedad32. En Chile, se abri el conocimiento dela verdada travs del Informe Rettig, pero las pervivencias de los amarres autoritarios han llevadoa una frustracin en las vctimas, entendidas en un sentido amplio, debido a lasexpectativas que se generaron en los primeros momentos de transicin. En el casoespaol, la ausencia de este tipo de medidas es vista por algunos autores como unimportante dficit del proceso33. La falta de depuracin de los cuerpos de seguridad delEstado volvi a aparecer, ya en democracia, a partir del caso de losGrupos

Antiterroristas de Liberacin (GAL). Desde un punto de vista estructural, otros autoreshan incidido en que debido al silencio que se produjo durante la transicin, existe unmiedo endmico en la poltica espaola, a discutir problemas delicados que puedan provocar fracturas profundas en la sociedad. Desde la izquierda siguen lamentando laherencia recibida, a pesar de que fueron partcipes del mantenimiento de la misma y

desde la derecha en momentos de confrontacin, se alude al pacto de la transicin,que parece estar abocado a durar cien aos.

Las irrupciones de la memoriaLas cuestiones de memoria y olvido, pueden manipularse desde el poder, creando

as olvidos impuestos o memorias construidas. Pero los sucesos traumticos que han

31 Jon ELSTER , On doing what one can, an argument against post -communist restitution andretribution, Niel KRITZ (ed.),Transitional Justice. How emerging democracies reckon with formerregimens , vol. I, Washington DC, United States Institute of Peace Press, 1995, pgs. 565-567.32 Samuel HUNTINGTON,The Third Wave. Democratisation in the Late Twentieth Century , Norman,University of Oklahoma Press, 1991, pg. 221.33

Entre ellos se encuentran, Jos M. MARAVALL, Accountability and Manipulation , Madrid, FundacinJuan March, 1996 y Josep M. COLOMER, La transicin a la democracia, el modelo espaol , Barcelona,Anagrama, 1998.

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asolado las sociedades de nuestro tiempo, son difciles de cerrar con un punto y final.Cada sociedad tiene sus tiempos y se producen en momentos inesperados, las llamadasirrupciones de la memoria34.

En los casos de nuestro estudio, una vez transcurrido el periodo de transicin, sehan producido sbitos avances en materia de justicia retrospectiva y polticas dememoria. En Chile, cuando se pensaba que la ley de amnista era intocable, sucedi algoque cambi el status quo de los chilenos. La movilizacin desde Espaa por laextradicin de Pinochet, tanto por parte de la justicia como de la sociedad civil yncleos de exiliados chilenos en Espaa, demostr en el pas andino que la justiciainternacional pasaba de ser una entelequia utpica a una realidad palpable. A pesar deque el hecho tuvo un final frustrado, en donde se impuso la decisin interestatal de losgobiernos de Espaa, Reino Unido y Chile, ha llevado a que los jueces chilenosempezasen a procesar a varios de los verdugos del rgimen a pesar de la ley de amnista.Entre ellas, debemos destacar la actuacin del magistrado Juan Guzmn que llev el proceso contra Pinochet en Chile35, la de Alejandro Madrid sobre el caso de EugenioBerros o la ms reciente causa abierta por el juez Vctor Montiglio, en la cual haordenado la detencin de 120 represores de la dictadura36.

El gobierno estableci la Mesa del Dilogo en agosto de 1999, por el cual se

consigui un acuerdo en el ao 2000 que permiti a los militares aportar informacin deforma annima acerca del paradero de los desaparecidos. La insuficiencia que mostrabael Informe Rettig, llev a una relectura del mismo y al estudio de la posibilidad degenerar otra comisin en la que se analizaran los casos de tortura cometidos por ladictadura. LaComisin Nacional sobre Prisin Poltica y Tortura , conocida comoComisin Valech, trabajo durante seis meses con testimonios de detenidos que seencontraban en ms de 40 pases. La presentacin del Informe, por el presidente

Ricardo Lagos en noviembre de 2004, elevaba el nmero de vctimas de prisin polticay tortura en 28.45937. La ley 19.992 de 24 de diciembre de 2004, estableci las medidasde reparacin econmica de las vctimas as como la apertura de la investigacin quellevara a un Informe complementario publicado en mayo de 2005.

34 Alex WILDE, Irruptions of Memory, Expressive Politics in Chiles Transition to Democracy, Journal of Latin American Studies , n 31, 1999, pgs. 473-500.35 Juan GUZMN, En el borde del mundo. Memorias del Juez que proces a Pinochet . Anagrama,Barcelona, 2005.36 En http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/02/internacional/1251846394.html(consultado el 2-9-

2009 a las 22:30 horas). 37 El Informe completo se puede consultar en: http://www.comisionprisionpoliticaytortura.cl/(consultadoel 22-9-2009 a las 13:30).

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http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/02/internacional/1251846394.htmlhttp://www.comisionprisionpoliticaytortura.cl/http://www.comisionprisionpoliticaytortura.cl/http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/02/internacional/1251846394.html


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Todas estas medidas, han convertido a Chile en el pas de Iberoamrica en el cualhay ms procesos abiertos y ms encarcelados por crmenes cometidos durante ladictadura.

En Espaa, el pacto de silencio que se produjo durante la transicin, no afect a lahistoriografa, la cual desde muy pronto gener obras en las que se estudi en profundidad el periodo de la Guerra Civil y el franquismo. Cuando pareca que laversin planteada por estos crculos acadmicos era incuestionable, comenzaron avenderse de forma inusitada, en los albores del nuevo milenio, los libros de escritores,en su mayora no historiadores ni de fondo ni de forma, en los que se planteaba unarelectura de la Guerra Civil, cuyo comienzo se situaba en los episodios de octubre de1934. En los mismos, se planteaba una visin de la dictadura franquista como precursora de los cimientos de la actual democracia espaola. El varapalo que supuso elterremoto comercial de estas obras y su cabida en medios de comunicacin de masas,llev a un replanteamiento por parte de la izquierda espaola y de las asociaciones devctimas de la dictadura de lo que haba supuesto el pacto de silencio de la transicin38.Las demandas por parte de asociaciones de familiares de vctimas de la dictadura, lascuales haban vivido la actuacin de la Audiencia Nacional para crmenes cometidos enIberoamrica, fueron recogidas por el nuevo gobierno liderado por Jos Luis Rodrguez

Zapatero39. La denominada Ley de Memoria Histrica despert los fanta smas que nose haban resuelto durante la transicin. La ley fue aprobada el da 26 de diciembre de200740, a pesar del voto negativo del Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana deCatalunya (ERC). De entre sus disposiciones debemos destacar, la localizacin,identificacin y eventual exhumacin de vctimas que se encuentran desaparecidas; laretirada de los smbolos franquistas de los edificios y espacios pblicos; la obtencin denacionalidad espaola de hijos y nietos de exiliados y la creacin del Centro

38 Desde 1995 se abre para muchos autores la recuperacin de la memoria colectiva en Espaa, a travs dela peticin al parlamento de la nacionalidad espaola para los brigadistas internacionales. Vase Walter L.BERNECKER, Luchas de memorias en la Espaa del siglo XX, Josefina CUESTA ( dir.), Memorias

Histricas de Espaa (siglo XX) , Madrid, Fundacin Francisco Largo Caballero, 2008, pgs. 50-51.39 Dentro del programa del PSOE para las elecciones de 2004, no se planteaba una ley de memoriahistrica, sino la creacin de un Centro Estatal de Documentacin e Investigacin Histrica sobre laGuerra Civil y el Franquismo. El programa se puede consultar en

http://www.psoesoria.org/archivos/programaelectoralpsoe2004.pdf (consultado el 22-9-2009 a las 16:00). 40 El texto ntegro de la ley se puede consultar en:http://leymemoria.mjusticia.es/paginas/es/ley_memoria.html(consultado el 19-9-2009 a las 12:30).

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http://www.psoesoria.org/archivos/programaelectoralpsoe2004.pdfhttp://www.psoesoria.org/archivos/programaelectoralpsoe2004.pdfhttp://leymemoria.mjusticia.es/paginas/es/ley_memoria.htmlhttp://leymemoria.mjusticia.es/paginas/es/ley_memoria.htmlhttp://www.psoesoria.org/archivos/programaelectoralpsoe2004.pdf


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Documental de Memoria Histrica en Salamanca, en el que se integrar el ArchivoGeneral de la Guerra Civil41.

Por su parte el juez Garzn se declar competente para investigar lasdesapariciones del rgimen, en el Auto de la Audiencia Nacional de 16 de octubre de200842, a pesar de que la Ley de Memoria Histrica no contemplaba la apertura judicialde estos casos. Al mes siguiente, el juez decidi inhibirse de esta causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encontrasen las fosas. A pesar de ello, dosasociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad y Dignidad han interpuestouna querella por el delito de prevaricacin, la cual sigue abierta en el Tribunal Supremo.Como podemos comprobar en ambos pases se sigue manteniendo iniciativasrelacionadas con la memoria histrica y la justicia retrospectiva. Debemos plantearnos,hasta qu punto este tipo de polticas hacia el pasado han ayudado a un mayorincremento de la democratizacin en estos pases. La experiencia chilena, nosdemuestra cmo a pesar de mantener durante todo el proceso una intencin derecuperacin de la memoria de la dictadura, todava se mantienen importantes amarresautoritarios que impiden, para muchos, hablar de un sistema plenamente democrtico.En el caso espaol, que entendemos como una democracia consolidada, la ausencia deeste tipo de medidas durante la transicin ha llevado al mantenimiento de ciertos miedos

heredados de la dictadura. De este modo, podemos concluir cmo a pesar de que en los procesos de transicin la lgica poltico-estatal es imprescindible para generar unsistema democrtico fuerte, no se podr concluir una democratizacin real de lasociedad a travs de democracias amnsicas, ya que los recuerdos de un pasado dudoso,tienden a revelarse con el tiempo.

41 Sobre las polmicas relacionadas con esta ley, vase Josefina CUESTA, Memorias persistentes enEspaa, Josefina CUESTA (Dir.), Memorias ob. cit., pgs. 390-410.42 Se puede consultar en:http://www.17demarzo.org/panelc/spaw/uploads/files/autogarzonmemoria.pdf. (consultado el 14-9-2009 a las 10:45).

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http://www.17demarzo.org/panelc/spaw/uploads/files/autogarzonmemoria.pdfhttp://www.17demarzo.org/panelc/spaw/uploads/files/autogarzonmemoria.pdf


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