Alfredo Castillo Cervantes 1 agosto 2011 Sección: Entrevista, Galería de imagenes

La justicia en el Estado de México Para atender las demandas de justicia en un estado con más de 15 millones de habitantes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha implementado estrategias que empiezan a dar resultados concretos. Algunas de ellas, como nos explica en esta entrevista el procurador Alfredo Castillo Cervantes, son el establecimiento de módulos de denuncia exprés ubicados en plazas comerciales o la creación de áreas especializadas para la investigación temática de delitos.

Su llegada a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México estuvo envuelta en la polémica por el caso Paulette. ¿En qué medida ha representado este antecedente un obstáculo para su trabajo?

De ninguna forma podría verlo o sentirlo como un obstáculo; si bien es cierto que

se trató de una llegada poco convencional, también lo es que desde el primer día tuve un voto de confianza al cien por ciento del gobernador Enrique Peña Nieto, lo cual me permitió contar, en menos de dos meses, con un nuevo reglamento, con una nueva estructura orgánica y funcional, con la renovación de más de 20 servidores públicos de primer nivel y con la restructuración del gasto programático, lo cual nos permitió la redefinición de toda la estrategia operativa con la que hemos trabajado desde entonces y que tan buenos resultados nos ha dado.

El Estado de México, al ser el más poblado del país, presenta grandes retos en materia de procuración de justicia. ¿Cuáles son las áreas más sensibles en las que están trabajando?

Efectivamente, el Estado de México es la entidad federativa más poblada de todo el país. Sus más de 15 millones de habitantes podrían representar la población de 12 entidades federativas. Sólo las mujeres constituirían la entidad federativa más poblada del país después del Distrito Federal. Hacemos frontera con ocho estados, entre ellos Guerrero, Michoacán y Morelos —con graves problemas de delincuencia organizada—, y el Distrito Federal, que, con la zona de Tepito, Iztapalapa y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, representa también un desafío enorme.

A esto debemos sumar la población flotante que transita por nuestro territorio, los más de 4,000 kilómetros de redes carreteras y el ser propiamente un estado que aporta un porcentaje importante del PIB, aspecto que sin duda es atractivo para la delincuencia; de ahí que las medidas y la acciones que se instrumenten no admitan demora, porque un problema al que no se le dé una atención inmediata se puede convertir en una bola de nieve.

Sobre los retos que tenemos, el más importante es mantener el clima de paz y tranquilidad que priva en el estado. El parámetro por excelencia es la tasa de homicidios dolosos, indicador que hemos logrado disminuir, al pasar de 17 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes en 2005 a sólo siete al terminar 2010. Éste es un dato sumamente representativo si tomamos en cuenta que 2010 fue el año más violento en la historia de nuestro país, con 18 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, a nivel nacional.

¿Qué estrategias están implementando para mejorar y modernizar la Procuraduría General de Justicia del Estado de México?

La primera estrategia es evitar que el denunciante conviva con el detenido en el

mismo espacio. Durante muchos años, las agencias del Ministerio Público han servido por igual para alojar a los detenidos que para recibir denuncias. Entonces llega un ciudadano a quien asaltaron, y que nunca en su vida había tenido un problema legal, y al presentarse a la agencia del Ministerio Público observa un mundo que jamás pensó que existiera. Por ejemplo: una mujer violada, que está esperando que la certifique el médico legista, se encuentra con los detenidos que un día antes fueron capturados y apenas van a rendir su declaración ante el ministerio público; otros detenidos, que está poniendo a disposición la policía y están rindiendo su parte informativo; el ministerio público, apresurado, consignando el acta que le dejaron un día antes; unos testigos que imputan a otro delincuente… Entonces el ciudadano se pregunta: “¿Yo qué hago aquí?”

Ante esta situación hemos apostado por crear módulos de denuncia exprés para que el ciudadano no tenga que ir a una agencia del Ministerio Público, sino que se presente a una plaza comercial, donde será atendido en un lugar seguro, con un agente del Ministerio Público joven, de reciente ingreso, sensible para atender a la gente. Hoy tenemos 55 módulos. Como referencia, te diré que Aguascalientes cuenta con ocho agencias del Ministerio Público. La idea es tener 70 módulos antes de que termine la administración de Enrique Peña Nieto.

¿Qué otras medidas han impulsado?

La creación de áreas especializadas para la investigación temática de delitos. En 2005, si se cometía un homicidio en Tejupilco, por poner un ejemplo, el agente de ese lugar integraba la averiguación previa, al mismo tiempo que se ocupaba de un robo de cartera, de una denuncia por una vecina que gritó, de las lesiones por un choque de vehículo, etcétera. Hoy te puedo asegurar que contamos con la mejor Fiscalía de Homicidios de todo el país, la cual trabaja con gente especializada que no se dedica a ningún otro asunto que no sea la investigación de homicidios. Lo mismo ocurre con el tema de secuestros, de asuntos financieros y de robos de alto impacto. Estas áreas temáticas son soportadas por un área de inteligencia con nivel de subprocuraduría y con los más altos equipos tecnológicos de apoyo.

Usted ha señalado que las procuradurías de justicia se encuentran colapsadas por falta de depuración del “catálogo de delitos”. ¿Qué se le puede decir al ciudadano común que es víctima de la delincuencia y no comparte la idea de que haya “delitos menores”?

Existe la percepción de que denuncia iniciada es delito consumado, lo cual es totalmente falso. Más bien, año con año se inician miles de denuncias que tienen

un origen distinto al de la comisión de un delito. Hoy por hoy, las procuradurías se han convertido en agencias de cobro, en áreas para presionar o intimidar a particulares por el desahogo de asuntos paralelos de índole civil o laboral, o, en el mejor de los casos, en asuntos propios de la conflictividad social.

Esta situación ha colapsado a las procuradurías. Estudios que hemos realizado señalan que 76 por ciento de las denuncias son por delitos no violentos que podrían ser resueltos por medios alternativos de solución de conflictos, como la mediación o la conciliación. Y precisamente ésta es la tercera gran estrategia a la que le estamos apostando: contar con una especie de procuraduría social que atienda la conflictividad social, para dejar a las procuradurías el tema específico del combate al crimen.

No todos los asuntos tienen que pasar por la policía de investigación o por las áreas periciales, a las que en muchas ocasiones se recurre única y exclusivamente por costumbre.

De ahí que la cuarta estrategia sea la aplicación de criterios de oportunidad para utilizar las áreas de investigación, inteligencia y periciales para los asuntos que más impactan a la sociedad, buscando que los asuntos entre particulares se resuelvan a través de la mediación y la conciliación.

De hecho, en el marco de esta estrategia, se ha promovido la despenalización de asuntos que no tienen un verdadero impacto social, con el objetivo de concentrar los esfuerzos y los recursos institucionales en los temas relevantes.

¿Qué ejemplo concreto podría ofrecernos de esta última medida que señala?

A finales del año pasado la Legislatura aprobó una reforma por la que se despenalizan los incidentes de tránsito en que sólo haya daños a los vehículos y lesiones menores que tarden en sanar menos de 15 días, siempre y cuando el conductor no se halle en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas. Estos asuntos ahora son atendidos por oficiales conciliadores de los municipios, en lugar de que el Ministerio Público tenga que iniciar una investigación, dar fe de los vehículos, practicar diligencias periciales, recabar declaraciones de los conductores y de los testigos, etcétera, sólo para establecer quién fue el conductor imprudente y que a la mera hora las partes lleguen a un arreglo y entonces, nuevamente, el Ministerio Público tenga que realizar todos los trámites para la devolución de los

vehículos, el no ejercicio de la acción penal, etcétera.

Se ha afirmado, con estudios y estadísticas en la mano, que el aumento en las penas no inhibe la comisión de los delitos. Sin embargo, usted ha señalado que sería pertinente aumentar las penas mínimas para los delincuentes. ¿Por qué piensa que esta medida funcionaría, si nos atenemos a la “lógica” con que operan los delincuentes (que no serán detenidos o podrán evadir la acción de la justicia)?

Porque en este caso lo que vamos a atacar no es la inhibición sino la reincidencia. Si tú tienes a una persona a la que le dan una pena de seis meses de prisión y tiene un sustitutivo penal, esta persona en seis meses o antes va a volver a delinquir. Pero si tienes a una persona con una condena mínima de 10 años sin sustitutivo en la condena o sin preliberación, por lo menos en los próximos 10 años no va a volver a delinquir. Fíjate cómo el caso de Sandra Ávila, la Reina del Sur, fue expuesto como un gran logro y al final sólo se le impuso una condena de un año de prisión.

Por lo tanto, en lugar de discutir penas máximas de 50, 60 o 70 años —lo cual, para efectos prácticos, ya es lo mismo—, yo apostaría por elevar las penas mínimas, mientras consolidamos una reforma penitenciaria que garantice una verdadera readaptación social o, en su caso, una reforma penal para que los delincuentes purguen condenas en delitos no graves, diferentes a las condenas en delitos graves, como el secuestro, el homicidio y la delincuencia organizada, por citar algunos.

Se habla mucho de la profesionalización de los cuerpos policiacos. ¿Es posible modificar las prácticas de corrupción y los vicios que se han arraigado en las policías?

Sí, aunque tomará mucho tiempo. Algunos lo han querido reducir a un tema de salarios, pero no es así. El policía que ya probó la corrupción, por dejar pasar un vehículo con reporte de robo o no poner a disposición a una persona, no lo va a dejar de hacer porque en lugar de ganar 4,000 pesos ahora gane 8,000 o 10,000. Éste no es un tema de pesos y centavos, sino de valores, de selección y reclutamiento adecuados. A veces se contrata a alguien sólo porque tiene una estatura adecuada o porque no tiene antecedentes penales, pero no tiene mística ni vocación de servicio.

Lamentablemente, la práctica de policías involucrados con organizaciones delictivas no se ha erradicado. Si tú analizas cuál es su formación, muchísimos ni siquiera terminaron de cursar la primaria o la secundaria, no saben realizar una

puesta a disposición, pero sobre todo muchos han crecido con un resentimiento social que les impide constituirse como verdaderos guardianes de la sociedad.

¿Cuál es, entonces, la solución?

Elevar el perfil del policía. Crear mínimos: en cuanto a salario, en cuanto a nivel de estudios, en cuanto a capacitación. Y por otro lado, darles incentivos, seguros médicos de primera, acceso a sus hijos a escuelas de calidad, apoyos para vivienda. En suma, ser policía debe ser un honor. Y no cualquiera podría serlo. La masificación orilló a que decrecieran los perfiles de reclutamiento y de selección.

La generación de un auténtico servicio de carrera en el interior de las procuradurías también es un factor esencial para disminuir los casos de corrupción. Un policía que durante 10 o 15 años de servicio no tiene mayor expectativa que la de seguir en el mismo puesto, sin avanzar en el escalafón y sin la esperanza de un retiro digno, corre el riesgo de incurrir en actos indebidos. A lo anterior debe sumarse la necesidad de establecer sistemas de rotación y adscripción de servidores públicos. Por ejemplo, un policía que ha realizado operativos de manera constante en una región determinada tiene un mayor riesgo de amenazas y de que los grupos criminales lo identifiquen y se acerquen a él con el propósito de corromperlo o de matarlo, por lo que es necesario, en cierto plazo, rotarlo de adscripción e, incluso, diversificar sus actividades, pues es claro que intervenir siempre en operativos, arriesgando la vida, conlleva, tarde o temprano, secuelas psicológicas.

¿Funcionaría la iniciativa de crear una “policía única” si finalmente el ciudadano no tiene confianza en la policía municipal, estatal o federal?

Antes que nada yo te diría que sería un gran avance si pudiéramos hablar no de una policía única, sino de 32 policías estatales únicas, y al hablar de 32 policías me refiero a que tenemos que unir a las policías ministeriales o de investigación junto con la policía preventiva y la estatal. Porque hoy el mayor peso está en las policías preventivas, las cuales no tienen funciones mínimas de investigación, sino únicamente de disuasión, esquema con el que no estoy de acuerdo. La proporción es de 10 policías que disuaden por uno que investiga. Tenemos que revertir esto, no obstante que la ley otorga facultades de investigación preventiva a las policías.

¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos? No quiero pecar de pesimista, pero la percepción generalizada en la sociedad es que la impunidad y la corrupción alcanzan tales niveles, que denunciar es absolutamente inútil, además de un calvario…

La única manera de recuperar la confianza es con resultados. En ese sentido, los

medios de comunicación también juegan un papel fundamental porque, hoy por hoy, decapitar a dos personas es nota de primera plana, pero detener a las personas que realizaron la decapitaron ya no lo es. Y esta situación conlleva el desasosiego de la ciudadanía que prende la televisión u hojea un periódico y sólo ve sangre, pero las historias de éxito quedan en el olvido. No afirmo que estas historias se deban dar a conocer y que sirvan como medallas para un gobernador o para un procurador, porque muchos dirán que es su obligación. Lo que quiero decir es que debemos reconocer y no olvidar que todos los días muchos hombres y mujeres salen de su casa con la incertidumbre de regresar vivos a sus hogares, pues se juegan la vida cotidianamente por nosotros, y que sus hijos tienen derecho a que sus padres sean reconocidos, porque son muchos los sacrificios que implica trabajar en las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública.

Su formación en Derecho, en economía y en ciencias políticas y administración pública sin duda le proporcionan una visión panorámica del tema de la despenalización de las drogas. ¿Cree que con esa medida se pondría un freno a la inseguridad y a la violencia, como sostienen algunos sectores de la sociedad?

No. Lo que nosotros estamos viendo es que cuando se presenta una crisis económica la delincuencia aumenta, pero cuando la economía se recupera el índice delictivo no baja, sino que se mantiene. Posteriormente, cuando ocurre una nueva crisis económica la delincuencia vuelve a incrementarse, y cuando la economía se recupera de nueva cuenta, la delincuencia se mantiene, pero no baja. Esto nos indica que una persona que ya obtuvo dinero fácil lo va a seguir obteniendo de esa manera. Si a la persona que hoy vende drogas le cierras el mercado, mañana va a salir a extorsionar, a secuestrar, a robar vehículos o a realizar cualquier otro tipo de actividad en que siga obteniendo recursos ilícitos.

Finalmente, hace algunos meses la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fue cuestionada por el tema de los “feminicidios”. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Qué bueno que me haces esa pregunta. Para el gobierno del Estado de México el tema de la mujer es prioritario. Prueba de lo anterior es que hoy tenemos la legislación más avanzada en el país, y posiblemente en el mundo, a favor de las mujeres. Hoy, un homicidio doloso cometido en contra de una mujer tiene una pena mínima de 40 años de prisión. Existen medidas de protección que de manera inmediata y de oficio puede dictar el Ministerio Público para proteger a la mujer; la violación de estas medidas de protección constituye un delito autónomo, y el perdón en la querella está sujeto al cumplimiento de varios requisitos, entre ellos el tratamiento del agresor y la reparación del daño. Las lesiones cometidas por

violencia de género en contra de mujeres se agravan y no existen sustitutos penales para los condenados por estos delitos, entre otras medidas relevantes.

Lo que sucedió en relación con este tema es que algunos actores políticos quisieron aprovecharse del genuino interés de las organizaciones civiles que protegen a la mujer para tratar de hacer ver al Estado de México como la entidad más peligrosa del país, cuando a todas luces sabemos que no es cierto. Te pongo un ejemplo: hoy, la matrícula femenina de las universidades del Estado de México ha aumentado por el ingreso de estudiantes de Baja California, Chihuahua, Morelos, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Tú crees que los padres enviarían a sus hijas a estudiar al Estado de México si fuera el más peligroso del país? Yo no lo creo.

Datos curriculares

Alfredo Castillo Cervantes es licenciado en Derecho, con especialidad en ciencias penales y criminológicas, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, es licenciado en ciencias políticas y administración pública, con especialidad en administración estatal y municipal, por la Universidad Iberoamericana, y licenciado en economía, con especialidad en finanzas, por la Escuela Bancaria y Comercial.

Se ha desempeñado como asesor del subprocurador de Procedimientos Penales “B” (2001); asesor del subprocurador de Procedimientos Penales “C” (2002); asesor del procurador general de la República (2002-2003); director de Políticas Públicas en la Procuraduría General de la República (2003-2004); director de Planeación Estratégica en la Agencia Federal de Investigación (2006-2007); director de Concertación, Profesionalización y Capacitación, así como director de Seguridad Privada, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal (2007-2008).

Desde junio de 2010 se desempeña como procurador general de Justicia del Estado de México.