La Hiperinflación Boliviana

Bolivia ha sido tradicionalmente uno de los países más pobres de la América Latina. Con una economía minera y agrícola, y un amplio sector indígena campesino, su ingreso por habitante ha estado siempre entre los más bajos de toda la región. La historia boliviana, por otra parte, ha mostrado durante largos períodos una inestabilidad expresada en innumerables golpes de estado y dictaduras de diferente tipo, en un contexto general en el que las Fuerzas Armadas intervenían frecuentemente en la política del país y donde un sindicalismo más o menos revolucionario adquirió un poder desconocido en otras latitudes.

Desde 1982, sin embargo, y luego de varios años turbulentos, Bolivia posee por primera vez un orden democrático que ha logrado consolidarse al punto de que ya se han producido cuatro transferencias pacíficas del poder a partidos o coaliciones que no estaban en el gobierno. La alternabilidad propia de la democracia se ha complementado de un modo admirable con el giro radical que emprendió su economía muy poco después de haber retornado a la democracia.

Las reformas económicas bolivianas comenzaron en 1985, bastante después que las chilenas pero antes que las del resto de Latinoamérica, cuando el país vivió una crisis sin precedentes que lo llevó a soportar una brutal hiperinflación. Para esa época el producto interno bruto por habitante del país había descendido acusadamente, resultando un 20% inferior al de 1980 y superando.

En 1989, muy poco antes de la caída del Muro de Berlín, el contraste entre La Paz y el Perú de Alan García, azotado en ese momento por una inflación descontrolada, era sinceramente impactante. La economía boliviana mostraba a la vez estabilidad y vitalidad, mientras que su vida política parecía haber superado definitivamente el estereotipo de una nación incapaz de gobernarse a sí misma. No dejaba de llamar la atención que, en tan poco tiempo, Bolivia hubiese podido experimentar un cambio tan profundo y radical.

1. Historia

Para comprender lo que ocurría en Bolivia antes de las reformas es necesario que nos remontemos bastante hacia atrás, pues de otro modo no puede percibirse el complejo panorama de fuerzas que se presentaba al momento de la crisis. Lo haremos, claro está, sintetizando lo más posible el desarrollo de los acontecimientos, pero tendremos que comenzar nuestro análisis en una fecha algo lejana aunque muy bien conocida por los bolivianos: el 9 de abril de 1952.

Ese es el día en que se produce en Bolivia una revolución popular, encabezada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro, que cambiaría por completo la faz económica y política del país. La revolución "movimientista" puede ubicarse, sin mayor dificultad, dentro de los lineamientos generales que definen el populismo latinoamericano, aunque se caracterizó por una intensidad pocas veces vista en la región. Su contenido era francamente anti oligárquico, opuesto a la concentración del poder económico y político que un sector muy reducido del país había logrado apoyándose sobre las Fuerzas Armadas, lo que le daba por lo tanto un tinte también antimilitarista. Contaba con el concurso del sindicalismo organizado y de su líder, Juan Lechín, quien se convertiría, andando los años, en un personaje casi legendario de la política boliviana.

Las transformaciones más importantes que realizó la Revolución del 9 de Abril fueron: a) la nacionalización de la gran minería del estaño principal producto de exportación cuyas minas pasaron a integrar la COMIBOL, Corporación Minera de Bolivia; b) una reforma agraria que repartió la tierra entre los campesinos, creando un amplio sector de pequeños propietarios que sería fiel al MNR por varias décadas; c) la concesión del voto a los analfabetos, que hasta allí no tenían derechos políticos plenos y, d) una profunda purga en las Fuerzas Armadas, que fueron prácticamente reconstituidas en toda su extensión

Paz Estenssoro, que gobernó de 1952 a 1956, implantó en el país el tipo de política económica caracterizado por el proteccionismo, los subsidios, el intervencionismo y los gastos descontrolados del estado que describimos en capítulos anteriores. El resultado fue un enorme desequilibrio fiscal que, a su vez, produjo una inflación que llegó a ser la más alta de América Latina para ese entonces y que obligó al segundo mandatario del MNR, Hernán Siles Zuazo, a aplicar ciertas medidas severas de control fiscal. Siles gobernó hasta 1960, cuando lo sucedió otra vez Paz Estenssoro, pero la continuidad del régimen de la revolución se quebró cuatro años más tarde: El Gral. René Barrientos, quien era entonces vicepresidente, retornó a la práctica de los golpes de estado tan habitual en la anterior política boliviana y asumió directamente el poder con el apoyo de las fuerzas armadas.

De allí en adelante, y especialmente después de su muerte en el cargo, se abrió un período de inestabilidad donde se sucedieron rápidamente conspiraciones, golpes y toda clase de regímenes políticos, incluyendo el del General Juan José Torres, que tenía una clara orientación socialista y llegó a gobernar durante diez meses, entre 1970 y 1971, cuando también estaban en el poder Allende en Chile y Velasco Alvarado en el Perú. A Torres lo derrocó el Cnel. Hugo Bánzer Suárez, quien implantó un régimen dictatorial, redujo en algo el papel del estado en la economía y logró resultados bastante positivos en cuanto a crecimiento e inflación. En efecto,

Bolivia creció a tasas superiores al 5% anual durante ese período y logró mantener la escalada de precios dentro de límites bastante aceptables.

Pero a la dictadura de Banzer, a pesar de algunos aciertos en política económica, le faltaba la base de sustentación que logró mantener a Pinochet en el poder. No había ni una justificación política sólida ni un audaz programa fundacional de reformas que pudiera hacer aceptable ante la opinión pública la permanencia de su régimen. "Después de catorce años de gobiernos ‘extra constitucionales’ el clamor popular por la democracia se hizo indetenible, y un movimiento de resistencia civil apoyado por la Iglesia Católica forzó eventualmente a Banzer a convocar a elecciones. (Debería mencionarse que las presiones internacionales también contribuyeron a la ‘democratización’ Una oleada de huelgas de hambre que se extendió por todo el país pesó decisivamente para que se llegara a este resultado.

Lo que siguió fue otro de esos típicos períodos de inestabilidad que tanto han contribuido a crear la imagen que tuvo Bolivia como el país de los golpes de estado. Las elecciones de julio de 1978 fueron cuestionadas y el propio candidato supuestamente triunfante dio un golpe incruento. A éste le siguió otro golpe en noviembre, nuevas elecciones al año siguiente, un presidente interino elegido por el congreso, otro golpe de estado, otro presidente designado por el congreso, nuevas elecciones y dos golpes de estado más, hasta que finalmente el Gral. Vildoso, a la sazón en el poder, convocó nuevamente al Congreso de la República para que, según la ley boliviana, designase al Presidente de la República, ya que ningún candidato había logrado mayoría absoluta en las elecciones de 1980. El congreso eligió a quien había obtenido la mayor votación en esa ocasión: se trataba nuevamente de Hernán Siles Zuazo quien, habiendo abandonado el MNR hacía ya largo tiempo, encabezaba entonces la Unidad Democrática Popular, una coalición de izquierda. En total se habían sucedido siete presidentes militares y tres civiles en apenas cuatro años.

Cuando Siles asumió la presidencia en octubre de 1982 la situación política estaba muy lejos de haberse consolidado y la economía, por su parte, manifestaba ya signos preocupantes de deterioro. Las presiones de la izquierda y el sindicalismo, fortalecidos tras los últimos años de lucha, se sumaban a la presencia de una institución militar acostumbrada a intervenir desembozadamente en la vida política del país, todo lo cual conformaba un cuadro de debilidad institucional a la que no poco contribuía la carencia casi absoluta de una verdadera tradición democrática.

La economía, por otra parte, conducida por gobiernos débiles y transitorios que poco hacían para mejorarla, presentaba ya los signos característicos de la crisis final del modelo de crecimiento hacia adentro. "Durante el período de 1976 a 1981, el déficit

del sector fiscal no financiero promediaba alrededor del 9,5% del PIB", lo cual inducía ya una elevada inflación y un progresivo endeudamiento. La situación financiera del país era grave: los ingresos fiscales disminuían en términos reales y del mismo modo descendía la capacidad de pago frente a los acreedores externos. Hacia mediados de 1981 se había llegado prácticamente a una cesación de pagos con el extranjero y el gobierno militar había apelado a un control de cambios para evitar el descenso de las reservas. La economía, en conjunto, se precipitaba hacia una severa crisis.

2. Deuda Pública Externa e Inflación en Bolivia, 1971-1982

 

3. La Hiperinflación

En estas delicadas condiciones llegó Hernán Siles Zuazo nuevamente a la presidencia de Bolivia. Bajo la amenaza latente del retorno de los militares a sus prácticas golpistas, y ante un sindicalismo poderoso que reclamaba un rápido restablecimiento de su nivel de vida y estaba dispuesto a todo por conseguirlo, Siles escogió la consolidación de la democracia como su meta principal. Ello parecía comprensible pues la situación, como se ha observado, se caracterizaba por "un sistema político con alto grado de inestabilidad, un estado débil y reducidos márgenes de gobernabilidad", y una población a la expectativa que depositaba muchas esperanzas en el nuevo gobierno civil.

Siles, lamentablemente, defraudó en buena medida tales expectativas: si bien logró que la democracia se consolidara, su política económica resultó en definitiva desastrosa, ahondando la crisis del país hasta un punto realmente inconcebible. La gran paradoja de su actuación como gobernante es que, habiendo sido capaz de controlar la inflación provocada por Paz Estenssoro en su primer gobierno, allá por los años cincuenta, Siles ahora acudió a una receta totalmente inconveniente para enfrentar la crisis, llevando así a Bolivia a una hiperinflación que sólo puede compararse con la que, en tiempos de guerra o de inmediata postguerra, tuvieron Alemania, Austria, Hungría o Polonia.

En dos aspectos fundamentales pueden resumirse las equivocaciones del nuevo gobierno: en su manejo de las cuentas fiscales y en la política cambiaria que adoptó como parte del paquete de medidas económicas establecido en noviembre de 1982. Ambas líneas de acción resultaron al poste decisivas para que toda la situación económica del país escapase de sus manos.

El gasto fiscal aumentó bruscamente desde los mismos inicios de la nueva administración, mientras los ingresos, paralelamente, acusaban un fuerte deterioro. Si descontamos los efectos de la inflación, ya bastante elevada para el momento, y medimos las magnitudes en términos reales, en pesos de 1975 por ejemplo, encontramos que el gobierno elevó los gastos de 1.442 a 9.056 millones de pesos bolivianos entre el tercer y el cuarto trimestre de 1982, en tanto que sus ingresos, durante el mismo periodo, aumentaban apenas de 582 a 743 millones. Semejante desequilibrio, que se mantuvo en los siguientes años de su gobierno, resultaba totalmente inmanejable y sometía a la economía en su conjunto a una tensión que ésta era incapaz de soportar.

Los motivos de este acelerado aumento del gasto público deben buscarse, como es obvio, en la esfera de lo político. La administración, queriendo respetar los compromisos con los partidos de izquierda y los sindicatos, impuso aumentos generales de sueldos por decreto, implantó la indexación salarial, congeló precios, aumentó el número de empleados del estado que llegaron a constituir el 26% del total de la fuerza de trabajo y amplió los gastos de personal de las principales empresas públicas, especialmente YPFB y la COMIBOL. Esta última llegó a tener, al año siguiente, un déficit global equivalente al 1,6% del PIB de todo el país, algo bien grave si tomamos en cuenta que, supuestamente, la COMIBOL era la principal fuente de ingresos de Bolivia. Uno de los puntos que incluía el paquete de medidas de noviembre agravó considerablemente estos problemas: era el que disponía la cogestión, con participación obrera, en los directorios de las dos empresas arriba mencionadas

El primer plan de "ajuste" del gobierno de Siles, además, estableció un rígido control de cambios que abarcaba todos los tipos de transacciones en moneda extranjera, una paridad fija para la moneda, aumentos en los precios de los derivados del petróleo que vendía YPFB, la industria estatizada del sector, nuevos precios máximos para todos los bienes regulados y un aumento general del 30% en el salario mínimo, con incrementos menores para las restantes categorías de asalariados. Según el decreto todo el comercio exterior quedaba canalizado a través del Banco Central. Una de las medidas más negativas fue la que pretendía "des dolarizar" la economía, convirtiendo a pesos bolivianos todos los contratos previamente existentes en dólares, u otras monedas, que se hubiesen pactado entre particulares o con el sector público.

Con este conjunto de acciones el gobierno buscaba tanto restablecer el nivel de vida de la población, ya erosionado por la inflación, como aumentar el caudal de divisas disponible, que había descendido mucho y resultaba insuficiente para cumplir los compromisos existentes con el exterior. El resultado, en cambio, fue la aparición de un mercado paralelo de divisas, el aumento del déficit fiscal que llegó al 14,2% del PIB en 1982 y, en definitiva, la emergencia de una incontrolable inflación.

Como la venta de divisas del Banco Central era prácticamente nula, y muy escasos los bienes que autorizaba importar, se generaron desabastecimientos puntuales que afectaron en importante medida al aparato productivo nacional. La escasez de divisas, por otra parte, hizo que la cotización del dólar en el mercado paralelo fuese aumentando sin pausa, pues las personas ya no podían recurrir a contratos privados en dólares y tampoco se avenían a depositar sus recursos en el sistema bancario nacional, que pagaba tasas muy por debajo de la inflación. En síntesis, la presión por adquirir billetes norteamericanos se fue extendiendo a sectores cada vez más amplios de la población, al punto que gradualmente todos deseaban poseer dólares para protegerse de la inflación y la demanda de la divisa aumentaba sin control. La progresión del precio del dólar, durante esta época, es fiel reflejo de lo que venimos exponiendo: éste se cotizaba, en el mercado libre, a 256 pesos bolivianos en septiembre de 1982, antes de la asunción del nuevo gobierno, pero a fines de ese año había llegado ya a la cifra de 283 pesos; nueve meses después alcanzaba un valor de 761 pesos, muy superior al de la cotización oficial, que todavía se mantenía en 200 pesos. Las cifras, a partir de allí, siguieron la progresión siguiente:

La brecha que mantenía el dólar oficial, por otra parte, contribuía a agravar una situación donde el gobierno no poseía ya divisas, por lo que no podía cumplir entonces ni con sus compromisos internacionales ni con el abastecimiento del mercado local.

Tuvo que declararse, por ello, una moratoria sobre los pagos de la deuda externa ya en 1982, al no poder cumplirse con la reprogramación que se había acordado el año anterior. A ésta siguieron otras moratorias parciales mientras se proclamaba, en 1984, que el país no pagaría al exterior más que una cifra equivalente al 25% de sus ingresos por exportaciones. Si bien esta medida nunca llegó a ejecutarse cabalmente incluso porque era tanto el desorden causado por las continuas devaluaciones que resultaba imposible calcular exactamente esas magnitudes la banca internacional y los organismos multilaterales suspendieron por completo el otorgamiento de nuevos préstamos a Bolivia.

La política gradualista, de hacer pequeños ajustes en los precios pero sin atacar el déficit fiscal ni satisfacer las demandas del exterior, llevó al gobierno a una paulatina pérdida de control sobre la situación económica y política del país. El dólar seguía subiendo, y con éste la inflación, lo que provocaba un malestar social que se extendía de un modo generalizado y preocupante. Los precios aumentaban a una velocidad vertiginosa.

La Central Obrera Boliviana (COB), controlada por la izquierdista federación minera que dirigía Juan Lechín, pasó del apoyo al gobierno a oponerse frontalmente a la gestión de Siles, mientras algo semejante iba ocurriendo con los partidos políticos que constituían su base política de sustentación. Los paros, huelgas, manifestaciones y tomas se producían cada vez con mayor frecuencia e intensidad. El país llegó a estar completamente paralizado en abril y en noviembre de 1984, y nuevamente en abril de 1985, por paros generales lanzados por la COB

Pero el descontento, por cierto, no era exclusivo de los trabajadores ni de los campesinos. Movimientos de base regional adquirían cada vez más agresividad en sus reclamos y protestas, tratando de lograr una mayor autonomía frente al poder central. Todo el país reclamaba soluciones mientras la economía se hundía: el PIB, entre 1980 y 1986 años que de algún modo enmarcan la crisis experimentó un descenso del 10%, en tanto que la disminución del PIB per cápita fue, naturalmente, mucho mayor, alcanzando al 22%. El sector informal crecía velozmente, llegando a superar el 50% de la ocupación total, y el descenso en los ingresos y la inseguridad en que se vivía modificó los valores mismos de la población. No tenían ya ningún sentido ni el ahorro ni los proyectos a mediano plazo. Se vivía con sobresaltos, sin saber si el sueldo podía alcanzar, sin tener idea de cuanto podían valer las cosas mañana. Una fracción significativa de la población abandonó entonces por completo la legalidad y se pasó a "la informalidad delictiva", en buena parte vinculada al tráfico de drogas.

Siles, sin apoyo y sin una política coherente ante la crisis, intentó al final tomar algunas medidas parciales para sanear la situación, como la eliminación del control de precios en el mercado de bienes, pero ya era tarde para la rectificación: sólo otro gobierno, con un nuevo acuerdo político que lo respaldase, podía intentar la tarea de detener la hiperinflación y encarrilar nuevamente al país. Tratando de proteger al menos la reciente democratización de Bolivia, Siles, con hidalguía, optó por convocar a elecciones anticipadas mucho antes de que concluyera su mandato. El triunfador, por esas ironías de la historia, no fue otro que el viejo líder del MNR, el revolucionario populista de 1952, Víctor Paz Estenssoro.

4. La Consolidación

No pudo el MNR continuar en el gobierno después de las elecciones generales de mayo de 1989. Si bien alcanzó un buen resultado estuvo lejos de obtener la mayoría de los votos, por lo que la elección del presidente recayó, otra vez, en manos del congreso. La ADN de Banzer pactó entonces con el tercer candidato más votado, Jaime Paz Zamora, del MIR, y éste finalmente se impuso en la votación.

Paz Zamora, que provenía de las filas de la izquierda y había mantenido un discurso contrario a las reformas durante su campaña, despertó inicialmente algún recelo entre quienes defendían el cambio producido. Se temía el regreso, más o menos abierto, a las políticas populistas que tanto daño habían hecho al país en el pasado. Pero, a pesar de la desconfianza y de los malos augurios, el nuevo gobernante no consideró prudente provocar un vuelco en la política económica: eso le hubiera podido enajenar el apoyo de ADN y el de una buena parte del electorado, y hubiese arriesgado la estabilidad económica del país, con los costos políticos consiguientes.

Durante su mandato, en realidad, se consolidaron las reformas realizadas aunque poco se avanzó en su profundización. En septiembre de 1990 el congreso aprobó una ley que daba un marco apropiado para la nueva economía del país, recogiendo casi toda la normativa del Decreto Supremo 21/060. La nueva ley "garantizó la propiedad, la libertad cambiaria, la libre transferencia de capitales, intereses, dividendos y regalías al exterior, así como la libre convertibilidad" de la moneda, ayudando a definir con mayor precisión las funciones del estado en el ámbito económico. Al año siguiente el congreso aprobó además la normativa legal que permitía la inversión privada en los importantes sectores de la minería y el petróleo, con lo que se daba un sustantivo avance hacia la mayor apertura económica y el ingreso de inversiones extranjeras.

Se dieron también los pasos para iniciar el ya demorado proceso de privatización, aprobándose una ley que autorizaba al estado a vender sus empresas o buscar otras

formas de participación del capital privado. En el período de Paz Zamora llegaron a privatizarse 21 empresas públicas y se liquidaron otras 7, pero el proceso, en general, no mostró mayor vigor, pues no se tocaron los gigantes que todavía poseía el sector público.

También durante este período se reorganizó el Banco Central y se cerraron varios bancos estatales. La inversión extranjera fue llegando a Bolivia en cantidades cada vez más apreciables.

El período de Paz Zamora, por lo tanto, puede considerarse como el de la consolidación de las reformas y la estabilidad macroeconómica, más importante aún, es la época en que los partidos populistas y de izquierda van abandonando su programa y su fraseología anteriores, aceptando poco a poco el modelo de libre mercado y reconociendo a éste "como el factor que alienta mayores grados de competitividad y alienta el crecimiento económico". De allí en adelante ya pocos en Bolivia siguen defendiendo el sistema cerrado que imperara anteriormente, el poder desmesurado de los sindicatos, los desequilibrios fiscales y el papel rector del estado en la economía.

En 1993, después de ganar las elecciones aunque sin obtener mayoría absoluta, Gonzalo Sánchez de Lozada, el principal arquitecto de los ajustes de 1985, fue elegido por el congreso para ocupar la primera magistratura de Bolivia. Un hombre claramente comprometido a favor del libre mercado, Goni, como se lo llama popularmente, decidió realizar algunas de las reformas estructurales pendientes aún en el país del Altiplano. Entre sus realizaciones destacan el otorgamiento de completa autonomía al Banco Central en 1995 y un amplio programa de privatizaciones que afectó, ahora sí, a las más importantes empresas del país: YPFB (petróleo), el Lloyd Aéreo Boliviano, los teléfonos, la energía eléctrica, los ferrocarriles, etc.

La venta de los activos estatales se ha realizado generalmente bajo una figura bastante original, denominada capitalización, que opera del siguiente modo: el comprador, generalmente una empresa o grupo internacional, se compromete a capitalizar la empresa y realizar inversiones directas a cambio de un 50% del paquete accionario. El 50% restante no queda en manos del gobierno sino que pasa a un fondo de capitalización, que pertenece en principio a todos los bolivianos, y que constituirá el eje del sistema de fondos privados de pensiones que está comenzando a funcionar en el país. La iniciativa es original y, en principio, parece muy favorable para el país desde todo punto de vista, aunque su evaluación concreta aún no puede realizarse porque recién está comenzando a funcionar.

Para concluir nuestro recuento histórico sólo resta agregar que Hugo Bánzer Suárez, el líder de ADN que tanto apoyara las reformas en su etapa inicial, ha sido escogido presidente de Bolivia en 1997 con el amplio respaldo de una coalición que abarca prácticamente a todos los partidos políticos salvo el MNR. Se mantiene así la continuidad política y la alternabilidad democrática desde 1982, un largo período, sin duda, para el país latinoamericano que más célebre fuera por sus constantes golpes de estado.

En el balance general del proceso de cambios, tremendamente positivo para la nación boliviana, merecen destacarse algunos puntos de interés. El primero se refiere a que estas reformas fueron realizadas, a diferencia de las chilenas, dentro del marco estricto de la democracia y sin la presión ni el apoyo de los organismos internacionales que, como el FMI, suelen vincularse de modo tan directo a los procesos de ajuste. Quedaron así completamente desvirtuados los mitos que hablaban de la necesidad de un gobierno militar para enfrentar el "costo social" de la transformación del viejo modelo o que hacían de esta transformación apenas una "receta" del mencionado organismo internacional. Lo que sí fue necesaria fue la profunda convicción y la férrea voluntad que se tuvo al momento de lanzar el shock económico, la capacidad política para negociar y buscar acuerdos en apoyo del programa y la coherencia y profundidad de las medidas tomadas.

Sin estos factores, por supuesto, el intento hecho durante el gobierno de Paz Estenssoro hubiese fracasado lastimosamente, como luego veremos ha sucedido en otros países de la región.

El segundo punto a considerar es que Bolivia no tuvo que pagar un costo social tan alto por los cambios, al menos no tal alto como lo pagó por la hiperinflación, el intervencionismo estatal y el dominio sin cortapisas de los sindicatos en la vida del país. Los indicadores sociales más importantes muestran a las claras la forma en que ha mejorado una situación social que, si bien todavía está muy alejada de lo que anhelan los bolivianos, permite alentar fundadas esperanzas de superación:

El primer elemento a destacar es el incremento en los salarios reales, que hoy son más que el doble de lo que fueran en el peor momento de la crisis.

En educación se ha avanzado también en forma notable. Si en 1976 un 35% de la población se ubicaba en la categoría "sin instrucción", la cifra de 1992 es mucho menor, apenas un 15%. Del mismo modo ha aumentado el porcentaje de quienes tienen educación primaria, subiendo del 53% al 60%, educación secundaria, del 10% al 19%, y superior, del 2% al 5%.

El analfabetismo, que era de un 27,5% en 1985, se había reducido a un 22,5% en 1990, según estimaciones de la UNESCO.

El porcentaje de hogares que disponen de agua corriente ha crecido, para el mismo período, de un 39% a un 54%. La electricidad llegaba en 1992 a un 56% de los hogares, contra un 34% en 1976.

La esperanza de vida al nacer ha aumentado, pasando de 53,7 años en el período 1980-85 a 59,3 años un avance significativo para el lapso 1990-95.

La mortalidad infantil se ha ido reduciendo apreciablemente, aunque todavía está muy lejos de los valores de otras naciones de la región. Ha pasado de 109,2 por mil a 75,1 por mil entre 1980-85 y 1990-95, según datos de la CEPAL.

La cantidad de hogares bajo la llamada "línea de pobreza" también ha disminuido, pasando de un 74% en 1976 a un valor que oscila, según las diversas estimaciones consultadas,  entre un 50 y un 60% para finales de los ochenta.

En suma, parecería que el "costo social" del ajuste ha estado más en la imaginación de algunos comentaristas que en la realidad concreta que viven los bolivianos, al menos si tomamos un período lo suficientemente amplio como para hacer una comparación bien fundada.

La transformación realizada por Bolivia está, como toda transición, aún sin completarse del todo. Faltan realizar reformas en el ámbito laboral, en materia de vivienda, en aspectos que tienen que ver con la descentralización del poder y con la administración de justicia. Nadie sostiene que los bolivianos han llegado al paraíso o que en el país existe una irrestricta economía de mercado. Pero es importante recordar que el proceso de cambios realizado ha permitido que Bolivia saliese del caos, la ha situado nuevamente en la vía del desarrollo económico, ha contribuido decisivamente a consolidar su democracia y ha aportado mayor bienestar para todos sus habitantes.