EJE CRONOLÓGICO: ETAPAS DE ESPAÑA EN EL SIGLO XX

1. El reinado de Alfonso XIII. Crisis y quiebra del

sistema de la Restauración.

1.1 Panorama general del reinado.

La Regencia de María Cristina de Austria finalizó en 1902, al alcanzar la mayoría de edad (16 años) su hijo, Alfonso XIII. El reinado del nuevo rey se caracterizó por vivir una crisis política casi permanente que manifestó en múltiples aspectos.

La crisis política se manifestó en las injerencias del rey en los asuntos políticos (apoyó a los militares conservadores), en la inestabilidad de los partidos turnistas (tras la muerte de sus líderes y sus divisiones internas), en el debilitamiento del caciquismo ante el crecimiento urbano, y en el desarrollo de los partidos políticos excluidos del sistema.

A la crisis política se sumó una crisis social manifestada en: el aumento de la lucha obrera promovido por los sindicatos UGT (que llegó a contar con 200.000 afiliados) y CNT (que alcanzó los 700.000 afiliados); el desarrollo del nacionalismo periférico; el problema religioso ante el aumento del anticlericalismo; el problema militar al imponerse las reivindicaciones militares al poder civil; y el problema colonial en Marruecos (protectorado de España y Francia desde 1906).

 

1.2 Intentos de modernización. El regeneracionismo.

Entre 1898 y 1912 hubo intentos de modernización del sistema de la Restauración, promovidos por los partidos del turno. Hasta 1909, el protagonismo lo mantuvo el conservador Antonio Maura, después el liberal José Canalejas. Sus respectivos fracasos, pese a algunos logros, abrieron paso a una profunda crisis.

Tras la pérdida de las colonias españolas en 1898, las ideas regeneracionistas llegaron a los partidos turnistas. Francisco Silvela, nuevo líder conservador tras el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, intentó una reforma del gobierno municipal con el fin de acabar con el caciquismo.

 

Antonio Maura, se convirtió en el nuevo líder conservador y gobernó entre 1907 y 1909 promoviendo una “revolución desde arriba”. Aprobó una Ley Electoral (1907), que convertía el voto en obligatorio y en ciertas circunstancias suprimía la votación. La Ley de Bases para la Administración Local otorgó a los municipios de mayor capacidad de maniobra económica e incluía la posibilidad de permitir a las diputaciones provinciales colaborar entre sí mediante mancomunidades.

 

También Antonio Maura desarrolló medidas sociales, como la creación del Instituto Nacional de Previsión (precedente de la actual Seguridad Social), la implantación del descanso dominical o la regulación del derecho de huelga. Su Ley de Represión del Terrorismo, dirigida contra los anarquistas, fue puesta en práctica en 1909 ante el levantamiento popular de Barcelona contra el reclutamiento de reservistas para ir a la guerra en Marruecos (Semana Trágica). La represión de estas protestas provocaron la dimisión de Maura.

 

Entre 1910 y 1912 el gobierno liberal de José Canalejas, intentó la progresiva democratización del sistema de la Restauración. La Ley de Asociaciones Religiosas o “Ley del Candado”, prohibió el establecimiento sin permiso de nuevas órdenes religiosas en España. Una nueva ley de reclutamiento estableció el servicio militar obligatorio y se abolió el impopular impuesto de consumos.

 

En 1912 José Canalejas promovió en el Congreso la Ley de Mancomunidades, que permitió la creación de este organismo en Cataluña (1914), coordinando el fomento de las obras públicas y la cultura de las cuatro diputaciones provinciales catalanas. Finalmente en 1912 José Canalejas fue asesinado por un anarquista cuando miraba el escaparate de la desaparecida librería San Martín en la Puerta del Sol de Madrid.

 

1.3 Crisis y quiebra del sistema de la Restauración.

La primera crisis del reinado de Alfonso XIII tuvo lugar en 1905 tras la victoria electoral en Cataluña de la Lliga Regionalista y la publicación de una viñeta antimilitar en el periódico catalán Cu-Cut! En 1906 el gobierno aprobó la Ley de Jurisdicciones por la cual las ofensas al ejército serían juzgadas por tribunales militares.

La segunda crisis, la Semana Trágica de 1909, fue la huelga y levantamiento popular en Barcelona en protesta por el reclutamiento para la guerra en Marruecos de reservistas catalanes, hombres casados y con hijos que habían hecho el servicio militar al no haber podido pagar la cuota necesaria para librarse del mismo.

 

El reclutamiento se debió a la necesidad de refuerzos militares para el control del protectorado español del norte de Marruecos, ante los ataques de las poblaciones rifeñas a la Compañía Española de Minas del Rif (derrota española del Barranco del Lobo).

 

El levantamiento, impulsado por socialistas, anarquistas y republicanos radicales, fue reprimido por el ejército (muriendo casi 80 personas, quedando mil heridas, dos mil procesadas y cuatro ejecutadas). La ejecución del pedagogo Francisco Ferrer Guardia provocó protestas nacionales e internacionales que forzaron la dimisión de Antonio Maura.

 

La tercera crisis estuvo unida a la división de la sociedad española ante el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914), si bien España se declaró neutral ante su aislamiento diplomático y su incapacidad militar. Los conservadores, gran parte del ejército y el propio rey fueron germanófilos, pues admiraban al Imperio Alemán, mientras que los liberales y los republicanos se mostraron aliadófilos, al apreciar a la Francia republicana.

España aumentó las exportaciones de materias primas y productos industriales a los países beligerantes, lo que conllevó crecimiento económico e inflación. Por ello la Primera Guerra Mundial agravó las diferencias sociales en España al enriquecer a la burguesía industrial y financiera, mientras que las clases trabajadoras sufrieron un descenso del nivel de vida.  

En 1917 se desarrolló una triple crisis del sistema de la Restauración. En junio el gobierno aceptó las exigencias militares ante el ultimátum de las Junatas Militares de Defensa, que exigían mejoras salariales y defensa de los ascensos por antigüedad y no por méritos en la guerra de Marruecos.

En julio, Francesc Cambó, el líder de la Lliga Regionalista, ante el cierre de las Cortes decretado por el gobierno, convocó a todos los senadores y diputados españoles a una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, que pretendía elaborar una nueva constitución y aprobar la autonomía para Cataluña. Esta Asamblea fue disuelta por la Guardia Civil.

En agosto, la UGT convocó una huelga indefinida, fijando como objetivo la implantación de una república democrática. Esta huelga, que no contó con el respaldo de CNT, fue seguida con intensidad en Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias, acabando con más de 70 muertos, 200 heridos y 2.000 detenidos.

Tras la crisis de 1917 y hasta 1923, se crearon once gobiernos de concentración nacional, formados por conservadores, liberales y catalanistas conservadores, pero no consiguieron estabilizar al régimen de la Restauración.

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial (1918), el nacionalismo periférico se vio reforzado al respaldar el presidente de EEUU, Woodrow Wilson, el principio de autodeterminación de los pueblos.

En 1917 el Partido Nacionalista Vasco consiguió el gobierno de la Diputación de Vizcaya, apareciendo a su vez un partido autonomista vasco (Comunión Nacionalista Vasca).

Cataluña se conformó desde 1914 como Mancomunidad gobernada por la Lliga Regionalista. Al colaborar el catalanismo conservador con el gobierno central, apareció en Cataluña un nuevo nacionalismo de carácter republicano e independentista, que dio lugar en 1922 a los partidos Estat Catalá y Acció Catalana.

Por otra parte, el final de la Primera Guerra Mundial estuvo unido al triunfo de la revolución comunista en Rusia (1917). La admiración por la revolución rusa por parte de un grupo de socialistas del Partido Socialista Obrero Español llevó a la creación en 1921 del Partido Comunista de España (PCE), donde destacó la figura de Dolores Ibárruri.

 Entre 1918 y 1920 se desarrolló el denominado “Trienio Bolchevique”, dominado por las revueltas de jornaleros andaluces que ocuparon tierras de terratenientes impulsados por la CNT. En Barcelona la CNT impulsó la huelga de La Canadiense (1919), la compañía eléctrica de Barcelona. Logró que se aprobara la reducción de la jornada laboral a ocho horas, convirtiendo a España en uno de los primeros países en aprobar esta medida.

La patronal respondió con el cierre de empresas, la creación de sindicatos libres colaboracionistas y la contratación de bandas de pistoleros para asesinar a los líderes anarquistas. Por su parte, el gobierno aplicó la “Ley de fugas”, por la que los sindicalistas detenidos eran asesinados alegando que intentaban escapar. En este contexto el presidente de gobierno Eduardo Dato fue asesinado por un grupo anarquista. La violencia se difundió en Barcelona, cayendo muertos 40 empresarios y más de 500 obreros.  

1.4 La Guerra de Marruecos.

La política colonial marroquí se inició tras la Conferencia de Algeciras de 1906 en la que se mantuvo la independencia teórica de Marruecos, pero Francia y España, fijaron sus respectivas zonas de influencia en el país magrebí, marginando los intereses de Alemania.

A España le correspondió el control de la zona norte de Marruecos, donde España mantenía Ceuta y Melilla. Esta zona norte correspondía con el Rif, un territorio accidentado habitado por cabilas o tribus de bereberes, hostiles a la presencia extranjera y no sometidas al sultán. Para asegurar la Compañía Española de Minas del Rif y la construcción de un ferrocarril, España tuvo que enfrentarse a los rifeños.  

Ante los primeros ataques de los rifeños en julio de 1909 (victoria en el Barranco del Lobo), el gobierno español decidió enviar tropas peninsulares de refuerzo dando origen al movimiento de protesta contra la guerra de Marruecos que desembocó en la Semana Trágica. 

En 1912 el Tratado de Fez confirmó el establecimiento de un protectorado franco español sobre Marruecos. La Primera Guerra Mundial interrumpió las operaciones coloniales franco-españolas en Marruecos, pero al finalizar Francia relanzó su política colonial amenazando con reducir la presencia española por lo que España decidió completar la ocupación efectiva del territorio que se le había asignado.   

El general Fernández Silvestre, bajo las órdenes del general Dámaso Berenguer, inició una ofensiva para ocupar la zona del Rif (1920), pero su avance chocó con la oposición de las cabilas del Rif dirigidas por Abd-el-Krim. El contraataque rifeño comenzó con la ocupación de Alhucemas y el ataque sobre Annual (1921), persiguiendo a los españoles en su retirada hasta Melilla (Monte Arruit). En total fallecieron 14.000 españoles.   

La derrota aumentó la impopularidad de la presencia española en Marruecos y se exigieron responsabilidades, por lo que se creó una comisión presidida por el general Picasso. Este reveló un estado de corrupción e ineficacia del ejército que plasmó en el Expediente Picasso, en el que abría el debate sobre las responsabilidades de altos cargos del ejército, incluido el propio rey.   

Pocos días antes de que un informe de responsabilidades políticas llegase a las Cortes, el capitán general Miguel Primo de Rivera encabezó el 13 de septiembre de 1923 un golpe de Estado por el que se imponía una dictadura militar como solución a la crisis del régimen de la Restauración.  

2. La dictadura de Primo de Rivera.

2.1 El golpe militar.

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera acaudilló un golpe de estado militar contra el gobierno constitucional.

Las causas del golpe militar fueron: el desprestigio e inestabilidad del sistema de la Restauración, la conflictividad obrera (especialmente en Barcelona donde se desarrolló el pistolerismo), el auge del nacionalismo periférico (especialmente el catalanismo), y el descontento militar por la cuestión marroquí y el Informe Picasso.  

Además el golpe tomó como ejemplo la imposición de una dictadura en Italia encabezada por el líder del Partido Nacional Fascista, Benito Mussolini, tras la marcha sobre Roma de octubre de 1922.  

Primo de Rivera elaboró un manifiesto en el que se presentaba como el “cirujano de hierro” necesario para regenerar el país, estableciendo una dictadura temporal para resolver los graves problemas pendientes que a su juicio tenía España (caciquismo, desgobierno, subversión social, amenazas separatistas,...).   

El golpe de estado militar fue bien recibido por el ejército (que esperaba la resolución de la cuestión marroquí), la iglesia (que buscaba el fin del auge popular anticlerical), la burguesía (que demandaba el fin de la conflictividad obrera) y Alfonso XIII (que encargó a Miguel Primo de Rivera la formación de gobierno).   

Los republicanos no se opusieron al golpe de estado militar y las organizaciones socialistas se mantuvieron a la expectativa, por lo que sólo los anarquistas y comunistas manifestaron su repulsa y llamaron a la huelga general pero sin tener respuesta popular.   

2.2 El Directorio Militar (1923-1925).

El primer gobierno de Miguel Primo de Rivera, formado por generales, sentó las bases de la dictadura: proclamó el estado de guerra durante dos años, suspendió la Constitución de 1876 y las Cortes, implantó la censura de prensa, ilegalizó al PCE y la CNT, y prohibió los símbolos catalanes y el uso del catalán, persiguiendo al PNV.

Además, se impulsó una reforma de la administración, implantando gobernadores militares en lugar de los gobernadores civiles y creando delegados gubernativos militares para controlar los nuevos Ayuntamientos. Con el fin de acabar con el caciquismo, en 1924 aprobó un Estatuto Municipal que daba gran autonomía económica. En 1925 un Estatuto Provincial potenció la provincia y disolvió la Mancomunidad de Cataluña.   

Por otra parte, en 1924 Miguel Primo de Rivera creó la Unión Patriótica a modo de partido único, sin ideología definida, cuya única misión era apoyar la dictadura.  

Sin embargo, el gran éxito de la dictadura fue el fin de la guerra de Marruecos. Primo de Rivera, ofreció a Abd-el-Krim una amplia autonomía para acabar con la guerra. Pero esto animó a Abd-el-Krim a atacar en 1924 la zona marroquí francesa, ante lo cual España usó armas químicas y Francia y España acordaron una ofensiva militar conjunta.   

La operación hispano-francesa se concretó en el desembarco de Alhucemas (1925), que fue un rotundo éxito. En 1926, Abd-el-Krim, derrotado, se entregó, quedando de esta forma sometido todo el protectorado de Marruecos.  

2.3 El Directorio Civil (1925-1930).

En 1925 Miguel Primo de Rivera decidió consolidar la dictadura como un Estado corporativo inspirado en la dictadura fascista italiana, estableciendo un Directorio Civil, en el que participaron políticos como José Calvo Sotelo.

Con el fin de institucionalizar la dictadura, se impulsó el desarrollo de la Unión Patriótica, que defendía la unidad de España, la religión y el corporativismo socio-económico Llegó a reunir hasta dos millones de afiliados, procedentes del carlismo, el catolicismo y el maurismo (seguidores de Antonio Maura).  

En 1926 se creó, en sustitución de las Cortes, una Asamblea Nacional Consultiva. La mitad de sus miembros fueron elegidos por el rey y la otra mitad por la Unión Patriótica, los municipios y las provincias. En 1929 esta Asamblea presentó el Estatuto Fundamental de la Monarquía, proyecto constitucional que establecía un régimen autoritario en el que el rey tenía amplios poderes (elegía a la mitad de los diputados). No llegó a aprobarse debido a la mala acogida.  

Durante el Directorio Civil se promovió una política económica intervencionista y nacionalista. En agricultura, se creó el Servicio Nacional de Crédito Agrícola para apoyar al pequeño campesino, se elaboró un programa de repoblación forestal y se desarrolló una política hidráulica basada en la construcción de pantanos y la creación de las confederaciones hidrográficas, cuyo fin era ampliar las zonas de regadío y aumentar la producción hidroeléctrica.   

En industria se fomentó el automóvil y el uso obligatorio del carbón español en barcos y ferrocarriles. En 1927 se creó la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), a la que se concedió en exclusiva la importación, refinado, distribución y venta del petróleo.   

En transportes se mejoró el asfaltado de las carreteras y se construyeron casi 10.000 kilómetros nuevos. El gobierno amplió el control sobre los ferrocarriles, iniciando su lenta nacionalización. En materia de comunicaciones, en 1924 se fundó la Compañía Telefónica Nacional, que obtuvo el monopolio telefónico.

  

En Hacienda se elaboró una reforma tributaria que elevó la recaudación, con el fin de liquidar la deuda, pero al producirse también un aumento de los gastos no se alcanzó el superávit. En el ámbito laboral se impulsó la Organización Corporativa Nacional (1926), formada por comités paritarios de obreros y patronos que debían ponerse de acuerdo para fijar las condiciones laborales. En caso de no conseguirlo, el Estado actuaba de árbitro. El sindicato socialista UGT decidió participar en este sistema.

  

En política social se promovió la construcción de viviendas baratas y se construyeron 5.000 escuelas.

  

2.4 La caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Desde 1926, al intentar institucionalizar la dictadura, aumentó la oposición a la misma, aunque esta careció de unidad. Los representantes de la vieja política constitucional (conservadores y liberales) deseaban un regreso a la constitución de 1876.

En 1926 se creó Alianza Republicana, uniendo a viejos republicanos como Alejandro Lerroux y nuevos como Manuel Azaña, Miguel de Unamuno o Antonio Machado. Algunos monárquicos, como Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, se pasaron a las filas republicanas creando la Derecha Liberal Republicana (1930) .   

En el catalanismo destacó Estat Catlá una formación republicana e independentista impulsada por Francesc Maciá, que dio lugar en marzo de 1931 a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).   

En el movimiento obrero, comunistas y anarquistas mostraron una continua oposición a la dictadura. Dentro del anarquismo, en 1927 se creó la Federación Anarquista Ibérica (FAI) partidaria de la insurrección revolucionaria. La oposición socialista a la dictadura no se produjo hasta el final de la misma.  

Los intelectuales, encabezados por el filósofo José Ortega y Gasset, asociaron su rechazo a la dictadura con la complicidad en el desarrollo de la misma del rey Alfonso XIII, llegando a crear en 1931 la Agrupación al Servicio de la República.  

Muchos estudiantes respaldaron a los intelectuales y fundaron la pro-republicana Federación Universitaria Escolar (FUE), a cusa de una ley que permitía a los centros religiosos expedir títulos universitarios.  

La oposición a la dictadura llegó al ejército, debido a la política de ascensos de Miguel Primo de Rivera (favoreciendo el ascenso por méritos en la guerra de Marruecos). Tuvo un serio conflicto por este motivo con el Cuerpo de Artillería, que fue disuelto.  

Ante el fracaso de la institucionalización de la dictadura y tras comprobar la tibia respuesta a una demanda de apoyo militar que solicitó en enero de 1930, Miguel Primo de Rivera decidió dimitir y exiliarse a Francia, donde falleció al poco tiempo.  

2.5 El camino hacia la II República.

Alfonso XIII entregó el gobierno al general Dámaso Berenguer con la misión de volver a la normalidad constitucional. Berenguer restableció las libertades políticas, pero tardó en convocar elecciones, por lo que su gobierno fue conocido como “dictablanda”.

En agosto de 1930 los partidos republicanos, incluidos los nacionalistas catalanes y gallegos, a los que se adhirieron posteriormente los socialistas, firmaron el Pacto de San Sebastián, cuyo objetivo era proclamar la república. Para ello se constituyó un comité revolucionario que debía preparar el cambio de régimen mediante un levantamiento militar con apoyo civil.  

En diciembre de 1930 se llevaron a cabo en Jaca (Huesca) y Cuatro Vientos (Madrid) levantamientos militares republicanos, pero fracasaron ante la falta de coordinación, por lo que los capitanes que impulsaron el primer levantamiento, Fermín Galán y Ángel García Hernández, fueron ejecutados.  

Finalmente Berenguer convocó elecciones legislativas para febrero de 1931, pero republicanos, socialistas y antiguos políticos constitucionales anunciaron su negativa a participar en dichas elecciones, por lo que Berenguer decidió dimitir.  

Alfonso XIII nombró entonces presidente del gobierno al almirante Juan Bautista Aznar, que anunció la convocatoria de unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, a las que seguirían otras generales con carácter constituyente.  

Republicanos y socialistas decidieron concurrir a las elecciones municipales planteándolas como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. Aunque en dichas elecciones hubo más ayuntamientos monárquicos, el triunfo de republicanos y socialistas en las grandes ciudades de España fue interpretado por Alfonso XIII como un rechazo a la monarquía.   

En esta situación y ante la proclamación espontánea de la Segunda República en numerosas ciudades españolas el 14 de abril de 1931, Alfonso XIII decidió transmitir el gobierno al comité revolucionario creado en el Pacto de San Sebastián y partir al exilio en Italia.   

3. La Segunda República: la Constitución de 1931 y

el bienio reformista (1931-1933).

3.1 La Proclamación de la Segunda República y el Gobierno Provisional.Tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, el 14 de abril se proclamó la Segunda República. Ante el triunfo republicano en las principales ciudades españolas, el rey Alfonso XIII decidió exiliarse.

La Segunda República contó con el apoyo y el entusiasmo de la mayoría de los intelectuales, las clases medias y las clases populares (obreros y campesinos sin tierras), pero tenía la desconfianza de las élites económicas y de los pequeños propietarios campesinos.

  

Se desarrolló en un difícil contexto internacional marcado por la crisis económica de 1929 y la crisis de la democracia por el ascenso de los fascismos (en 1933 el líder nazi Adolf Hitler se convirtió en presidente del gobierno alemán).

  

El Comité revolucionario creado en el Pacto de San Sebastián (1930) se convirtió en el primer Gobierno Provisional de la República, compuesto por republicanos conservadores (Niceto Alcalá Zamora), republicanos de izquierda (Manuel Azaña), republicanos radicales (Alejandro Lerroux), socialistas (Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto) y nacionalistas republicanos catalanes y gallegos.

  

Los primeros decretos de la República reconocieron amplios derechos individuales, proclamaron la amnistía, y buscaron soluciones a los grandes problemas de España. Respecto a la organización territorial, Francesc Maciá, dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proclamó República catalana dentro de una “Federación de Pueblos Ibéricos”. El gobierno provisional reconoció el nuevo gobierno autónomo catalán, a la espera de la futura constitución republicana.

  

En el ámbito agrario el Decreto de Laboreo Forzoso obligaba a los propietarios a tener cultivadas las tierras, y el Decreto de Términos Municipales obligaba a los propietarios a contratar a los desempleados del municipio. Además, se aprobó para el ámbito rural el seguro de accidentes de trabajo y la jornada laboral diaria de ocho horas.

  

En materia educativa se proyectó la construcción de 7.000 nuevas escuelas para el curso siguiente, se estableció el principio de la coeducación y la no obligatoriedad de la enseñanza de la religión en las escuelas.

  

En el ámbito militar se obligó a los militares a jurar fidelidad a la república, pero permitía el retiro voluntario de generales y oficiales. Unos 84 generales y 8.650 oficiales de un total de 21.000 se acogieron a esta medida. Además, el gobierno provisional creó un nuevo cuerpo de policía armada, la Guardia de Asalto.

  

Los primeros problemas de la Segunda República fueron las huelgas y enfrentamientos con las fuerzas del orden público, así como el enfrentamiento con los sectores más reaccionarios de la Iglesia encabezados por el cardenal Segura, que degeneró en quema de iglesias y conventos.

  

3.2 La Constitución de 1931.

El Gobierno Provisional convocó Cortes Constituyentes, bajo una nueva ley electoral que acaba con el caciquismo y confirmaba el sufragio universal masculino. Las elecciones se celebraron el 28 de junio y dieron el triunfo a la coalición republicano-socialista. La derecha afrontó las elecciones desorganizada, por lo que quedaron reducidos a minorías.

El 9 de diciembre de 1931 las Cortes aprobaron una nueva Constitución, que no fue un texto de consenso con los sectores más conservadores, sino un texto de carácter democrático y progresista. Definía a España como una república democrática de trabajadores de toda clase.

  

España se definió como Estado integral, admitiendo autonomías pero no una federación de regiones autónomas. Para que un estatuto de autonomía se aprobase tenía que ser elaborado por la mayoría de los ayuntamientos y que lo votasen dos tercios de los electores. La aprobación definitiva de los estatutos de autonomía correspondía a las Cortes nacionales.

  

Se estableció la separación de poderes. El presidente de la República, Jefe del Estado, era elegido a través de las Cortes por seis años. Tenía capacidad de veto, pero si en la segunda votación una ley era aprobada por dos tercios de la cámara, no se podía vetar de nuevo. Podía disolver las Cortes dos veces, pero si las terceras Cortes consideraban que no hubo razones para adelantar las elecciones se le podía retirar del cargo.

  

El jefe del Gobierno, nombrado por el presidente de la República era responsable ante las Cortes, que podían retirarle su confianza en cualquier momento. Ejercía el poder ejecutivo junto con el Consejo de Ministros.

  

Las Cortes tenían el poder legislativo y de control del ejecutivo. Constaban de una sola Cámara, elegida por sufragio universal directo y secreto, también por primera vez en España para las mujeres, tras un duro debate en el que Clara Campoamor defendió el voto femenino.

  

El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes. Se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales.

  

En materia religiosa, el Estado se declaró laico. Los artículos 26 y 27 establecían la separación de la Iglesia y el Estado, suprimían la retribución al clero y la enseñanza religiosa, y posibilitaban la disolución de aquellas Órdenes que, como la Compañía de Jesús, exigían obediencia a los Estados Pontificios. Se prohibió a la Iglesia el comercio, la industria y la enseñanza y se reconoció la libertad de conciencia y religión.

  

La gran novedad de esta constitución fue la incorporación de amplios derechos, entre los que se encontraban novedosos derechos sociales y económicos. Así, se reconocía la facultad del gobierno para expropiar bienes de utilidad social.

  

3.3 El Bienio Reformista (1931-1933). Política de reformas y

realizaciones culturales.Tras aprobarse la Constitución, las Cortes Constituyentes se convirtieron en legislativas y eligieron presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora, siendo designado Manuel Azaña presidente de gobierno. El nuevo gobierno contó con el apoyo de todos los partidos del Gobierno Provisional, excepto de los radicales.

El gobierno formado por republicanos de izquierda y socialistas continuó el programa de reformas del Gobierno Provisional. Respecto a la cuestión territorial en 1932 las Cortes aprobaron el Estatuto catalán de Nuria que restablecía un gobierno autónomo propio (la Generalitat), además de amplias competencias políticas, siendo su principal límite la reducida autofinanciación. Despertó recelos en los medios militares respecto a la unidad de España.

  

En el País Vasco, el Estatuto de Estella, promovido por el PNV y los carlistas, fue declarado inconstitucional por el gobierno central al establecer privilegios para los católicos. Un nuevo estatuto contó con el rechazo de los navarros y el escaso apoyo de la población de Álava, siendo paralizado por las Cortes de mayoría de centro-derecha salidas tras las elecciones de 1933. Finalmente fue aprobado por las Cortes republicanas en octubre de 1936, tras el estallido de la Guerra Civil.

  

En Galicia, el Partido Galleguista consiguió presentar un proyecto de estatuto que fue aprobado por la población gallega en junio de 1936, pero ante el triunfo en Galicia de la sublevación militar de julio de 1936, no llegó a aprobarse en las Cortes.

  

Respecto a las reformas sociales y laborales, la Ley de Contratos de Trabajo reguló los convenios colectivos y la Ley de Jurados Mixtos creó jurados de obreros y patronos para buscar acuerdos sobre condiciones laborales. Se promovieron seguros sociales y se establecieron las vacaciones pagadas, a pesar del rechazo de las organizaciones patronales.

  

En el ámbito educativo y cultural se promovió una educación laica, mixta, pública, obligatoria y gratuita. Se eliminó la enseñanza religiosa y los colegios religiosos, construyéndose 13.000 nuevas escuelas y aumentando en 15.000 el número de maestros. Se duplicaron los institutos y se crearon las Misiones Pedagógicas para extender la cultura en las áreas rurales. También destacó la compañía de teatro itinerante “La Barraca”.

  

El poder de la religión católica en España se vio limitado por la Ley de Divorcio de 1932 y por la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas por la que el Estado dejaba de financiar a la Iglesia y cerraba los centros docentes religiosos.

  

La reforma agraria fue la más ambiciosa, al intentar resolver las desigualdades en el medio rural. En 1932 se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que pretendía redistribuir las tierras mediante asentamiento de campesinos en tierras expropiadas (antiguos señoríos, tierras mal cultivadas,...). A pesar de la oposición de los terratenientes se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que se encargó de la expropiación de las tierras previa indemnización.

  

Ante la escasez de fondos económicos, se asentó a menos familias de las previstas, lo cual provocó las protestas de los campesinos y las ocupaciones de tierras, protagonizadas por la socialista Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT).

  

La labor reformista del gobierno republicano-socialista se enfrentó con el desarrollo de la derecha. José Calvo Sotelo dirigió el grupo monárquico alfonsino Renovación Española, que junto con la Comunión Tradicionalista carlista, promovió el golpe de Estado del general José Sanjurjo en agosto de 1932 en Sevilla. Este golpe fue detenido y José Sanjurjo fue condenado a cadena perpetua.   

La derecha católica buscó el triunfo electoral para cambiar de raíz la República. En febrero de 1933 se fundó la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), encabezada por José María Gil Robles, bajo el lema “religión, patria, familia, propiedad y orden”.   

Además aparecieron partidos de inspiración fascista: las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (JONS), creadas en 1931 a partir de los grupos liderados por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, y la Falange Española fundada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, en octubre de 1933. En 1934 ambos grupos se unirían dando lugar a Falange Española de las JONS.

  

Por su parte, los anarquistas promovieron insurrecciones. La FAI impulsó a la CNT a desarrollar tentativas revolucionarias como en enero de 1932 en el Alto Llobregat o en enero de 1933 en Andalucía. En este caso, en la localidad de Casas Viejas (Cádiz) un alzamiento anarquista terminó con más de veinticinco campesinos asesinados por las fuerzas del orden.

  

Los sucesos de Casas Viejas supusieron el final del gobierno de Manuel Azaña. Los socialistas comenzaron a rechazar al gobierno y le retiraron el apoyo parlamentario por lo que Manuel Azaña dimitió. El Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de 1933.

  

4. La Segunda República: el bienio radical-cedista (1933-1936)

y el Frente Popular.

4.1 Primera etapa del bienio radical-cedista (1933-1934).

En las elecciones de noviembre de 1933 obtuvieron la mayoría los partidos de centro – derecha, encabezados por la CEDA de José María Gil Robles (115 diputados) y el Partido Radical de Alejandro Lerroux (102 diputados). Socialistas y republicanos de izquierda desunidos, sufrieron un gran descalabro.

El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora encomendó el gobierno a Alejandro Lerroux, que contó con el apoyo parlamentario de la CEDA. El gobierno de Lerroux desarrolló una política contraria a la del Bienio reformista: la Ley de Amnistía que favoreció a los militares golpistas de 1932 y el Estado volvió a asumir el gasto eclesiástico. Ante estas medidas se produjo una división dentro del Partido Radical, fundando Diego Martínez Barrios la Unión Republicana.

  

Además, se bloquearon los nuevos estatutos de autonomía que estaban en tramitación y surgió un conflicto de competencias con la Generalitat a raíz de Ley de Contratos de Cultivo. Por su parte, los propietarios agrarios empezaron a incumplir las reglamentaciones laborales del bienio reformista, ante lo cual los campesinos organizaron una huelga general en junio de 1934.   

4.2 La revolución de 1934.

El 4 de octubre de 1934 Alejandro Lerroux formó gobierno incorporando a tres ministros de la CEDA, lo que fue tomado por el PSOE y ERC como el triunfo de la derecha radical, desencadenando la insurrección que venía preparándose desde la victoria electoral de las derechas.

El 5 de octubre la UGT convocó una huelga general revolucionaria. La insurrección se extendió el 6 de octubre, pero no tuvo gran respaldo en la mayor parte de España pues en general la CNT no se sumó y además el ejército y la Guardia Civil reprimieron a los huelguistas.

  

En Cataluña la huelga tuvo un carácter político independentista. El 6 de octubre Lluis Companys proclamó el Estat Catalá dentro de la República Federal Española, e invitó a luchar contra el gobierno central considerado “fascista”. Sin embargo, el ejército acabó con la insurrección, se encarceló al gobierno catalán y se suspendió la autonomía catalana.

  

Sin embrago, la insurrección contra el gobierno triunfó en Asturias. Allí socialistas, anarquistas y comunistas crearon la Alianza Obrera y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. Para sofocar la insurrección el gobierno envió a la Legión y a los Regulares bajo el mando del general Francisco Franco.

  

El 18 de octubre la revolución de Asturias quedó totalmente controlada. Hubo unos 2.000 muertos, 30.000 encarcelados y fueron muchas las sentencias de pena de muerte (aunque finalmente no fueron ejecutadas).

  

4.3 Segunda etapa del bienio radical – cedista (1934-1936).

La revolución de octubre de 1934 motivó un endurecimiento de la política del gobierno, en el que fueron entrando más miembros de la CEDA. Se suspendió el Estatuto de Cataluña, se anularon los jurados mixtos y se aprobó una nueva Ley de Reforma Agraria, que detuvo el proceso de reparto de tierras.

En el campo militar, el gobierno llevó a cabo una serie de cambios en los mandos militares, siendo ocupados por militares poco o nada partidarios de la república, como el general Francisco Franco, nombrado jefe del Estado Mayor, y el general Emilio Mola, nombrado jefe del ejército de Marruecos.

  

En octubre de 1935, el escándalo del estraperlo (provocado por los extranjeros Straus y Perlo que sobornaron al gobierno para instalar en el Casino de San Sebastián un sistema de juego trucado) supuso la crisis definitiva del gobierno, ya que se rompió el acuerdo radical-cedista y Alejandro Lerroux dimitió como presidente del gobierno.

  

Ante esta situación, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, se negó a nombrar presidente de gobierno al líder de la CEDA, por lo que disolvió las Cortes y convocó elecciones para febrero de 1936.

  

4.4 Las elecciones de 1936 y el Frente Popular.

En las elecciones del 16 de febrero de 1936 los partidos de izquierda y nacionalistas se agruparon en el Frente Popular con el fin de lograr la amnistía o liberación de los presos políticos de izquierdas detenidos tras la revolución de 1934. Además, los partidos comunistas estaban impulsando Frentes Populares para evitar el ascenso de los partidos fascistas.

El Frente Popular lo formaron Izquierda Republicana (Manuel Azaña), Unión Republicana (Diego Martínez Barrio), ERC (Lluis Companys), PSOE (Largo Caballero e Indalecio Prieto), PCE (Dolores Ibarruri), Partido Sindicalista (Ángel Pestaña) y POUM (Andreu Nin). Los anarquistas no pidieron la abstención.

  

La derecha también se presentó unida en numerosas circunscripciones. La CEDA hizo campaña presentando al Frente Popular como el fin de la Segunda República. Los resultados electorales dieron el triunfo en escaños al Frente Popular (con el 60 % de los diputados), pero la diferencia de votos era muy ajustada.

  

El primer gobierno del Frente Popular, presidido por Manuel Azaña, estuvo formado por Izquierda Republicana y Unión Republicana. Decretó la amnistía para los encarcelados tras la Revolución de Octubre de 1934 y restauró el Estatuto de autonomía de Cataluña. Lluis Companys volvió a ocupara la presidencia de la Generalitat. Y en Galicia se aprobó en referéndum su Estatuto y en las Cortes se empezó a discutir el Estatuto del País Vasco. 

También se retomó la reforma agraria, aunque ante su lentitud, se multiplicaron las ocupaciones de tierras promovidas por la FETT, que el Instituto para la Reforma Agraria legalizó.

  

Las Cortes destituyeron al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y el 10 de mayo de 1936 fue elegido Manuel Azaña como nuevo presidente de la República. Este intentó nombrar un gobierno en el que participaran los socialistas, pero estos se negaron, por lo que el nuevo gobierno fue presidido por el republicano gallego Santiago Casares Quiroga.

  

Durante la primavera de 1936 aumentaron los enfrentamientos violentos callejeros entre la izquierda y la derecha. Desde febrero hasta julio de 1936 se produjeron 262 muertos, 148 de izquierdas y 50 de derechas, además de miembros de las fuerzas del orden. En esta espiral violenta destacó el partido fascista español Falange Española de las JONS, que llegó a ser ilegalizado, y las milicias obreras armadas que crearon el PSOE, el PCE y la CNT.

  

En el ámbito militar, desde el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, varios generales agrupados en la Unión Militar Española, prepararon bajo la dirección de Emilio Mola un golpe de Estado contra el gobierno. Para prevenir esta posibilidad el Gobierno alejó a los generales sospechosos: Emilio Mola fue enviado a Pamplona, Francisco Franco a Canarias, y Manuel Goded a Baleares.

  

El golpe de Estado basado en una sublevación militar simultánea de las guarniciones de todo el país, acompañada de una violenta represión hacia las organizaciones obreras y republicanas, se fijó para mediados de julio. Pero el 12 de julio el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo fue asesinado y en respuesta sus compañeros asesinaron el 13 de julio a José Calvo Sotelo, el líder del partido de derechas Bloque Nacional (heredero de Renovación Española).

  

La muerte del líder de la derecha aceleró la intervención militar, y el 17 de julio las tropas de la Comandancia de Melilla se sublevaron contra el Gobierno.

  

5. La guerra civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra.

El desarrollo del conflicto: etapas y evolución de las dos zonas.

5.1 La sublevación militar y el estallido de la guerra.

Tras la victoria del Frente Popular los militares contrarios al gobierno prepararon un golpe de Estado que debía ser encabezado por el general Sanjurjo, que murió en un accidente aéreo en Portugal (20 julio).

El coordinador de toda la trama conspiradora era, desde Pamplona, el general Emilio Mola, que contaba con el apoyo de parte del Ejército y de los grupos políticos antirrepublicanos (monárquicos, carlistas y falangistas). El golpe debía ejecutarse con gran rapidez y violencia para evitar cualquier resistencia.

  

El golpe de Estado estaba fijado para el 18 de julio, pero la tensión creada por los asesinatos del teniente José del Castillo, militante del PSOE, y de José Calvo Sotelo, diputado del Bloque Nacional, provocó que los conspiradores de Melilla se alzaran el 17 de julio.

  

A lo largo del día 18 de julio, los sublevados se alzaron con éxito en Marruecos, Canarias, Baleares y gran parte de la Península (Navarra, Álava, Castilla-León, Galicia, la mitad de Aragón y en Andalucía Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada). Pero la acción conjunta de militares, guardias civiles y guardias de asalto leales al Gobierno y de las organizaciones obreras UGT y CNT consiguió sofocar la rebelión en Madrid y Barcelona, haciendo fracasar el golpe de Estado.

  

Los sublevados no se rindieron y organizaron una guerra para conquistar Madrid, dando comienzo entonces la Guerra Civil, al dividirse España en dos zonas.

  

La zona fiel al gobierno de la Segunda República englobaba las zonas industriales y mineras, además de los recursos financieros del Banco de España. Militarmente, la República contaba con al apoyo de la Marina, la Aviación y la Guardia de Asalto; además armó a las organizaciones obreras y campesinas (milicianos) y las agrupó con los militares leales.

  

La zona que quedó bajo el control de los sublevados, el autodenominado “bando nacional”, dominaba las principales zonas agrarias. Militarmente, contaban con las experimentadas tropas africanas (la Legión y los Regulares), la mayoría de los oficiales y gran parte de la Guardia Civil, así como numerosos voluntarios de las milicias organizadas por el partido carlista (los requetés) y el falangista.

  

5.2 El desarrollo de la guerra: etapas y evolución de las dos zonas.Durante la primera etapa (julio de 1936 – marzo 1937) los sublevados intentaron tomar Madrid. Primero las tropas dirigidas por el general Mola avanzaron desde Navarra hacia Madrid, pero fueron detenidas por los milicianos en la Sierra de Guadarrama.

Por su parte, Franco aerotransportó, con ayuda alemana, el ejército de África hasta Sevilla y, desde allí, tomó Badajoz y Toledo (donde liberó el Alcázar), retrasando su llegada a Madrid, donde la Junta de Defensa presidida por el general José Miaja organizó la defensa de la capital con ayuda de anarquistas, Brigadas Internacionales y tanques soviéticos.

  

Ante el fracaso de tomar Madrid desde la Casa de Campo, los sublevados intentaron dos maniobras envolventes para tomar Madrid en febrero y en marzo de 1937 (Batallas del Jarama y de Guadalajara), pero fracasaron.

  

En la segunda etapa (abril – octubre 1937) se desarrolló la Campaña del norte. Los sublevados, dirigidos por Franco, conquistaron los territorios del norte aprovechando el aislamiento del resto de las regiones republicanas, la ayuda de las tropas italianas y el apoyo de la aviación alemana.

  

En junio de 1937 los sublevados tomaron el País Vasco, cayendo muerto en accidente de aviación el general Mola. Para evitar la toma de Santander, el Jefe de Estado Mayor republicano, Vicente Rojo, ordenó una ofensiva sobre Brunete, que fracasó. Para salvar a Asturias, el gobierno de la República provocó la batalla de Belchite en Aragón, pese a la cual Asturias cayó en octubre de 1937, por lo que la República perdía los los territorios del norte, ricos en minería e industria.

  

La tercera etapa (octubre 1937 – noviembre 1938) estuvo protagonizada por la batalla del Ebro. La etapa se inició con la ofensiva republicana del general Rojo sobre Teruel, que sólo fue recuperada durante dos meses. Después los sublevados iniciaron la campaña del Mediterráneo, que buscaba dividir en dos a la República aislando Cataluña del resto de territorios.

Una vez aislada Cataluña por los sublevados, el general Rojo emprendió la batalla del Ebro, con la intención de frenar el avance de Franco. Fue la batalla más dura y larga de la guerra, acabando tras cuatro meses de combate con la derrota republicana, unida a la pérdida de gran cantidad de hombres y material.

  

La cuarta y última etapa (diciembre 1938 – abril 1939) supuso el fin de la guerra. En enero de 1939 Franco inició la ofensiva sobre Cataluña. Barcelona cayó el 26 de enero y poco después fue ocupada Gerona, alcanzando las tropas sublevadas la frontera francesa, lo que provocó el éxodo de miles de republicanos hacia Francia, entre ellos Manuel Azaña, que dimitió como presidente de la República.

  

Juan Negrín, jefe del Gobierno republicano, decidió continuar la lucha desde Elda (Alicante) y Madrid apoyado por los comunistas, con la intención de unir la guerra española con una esperada pronta guerra europea entre democracias y fascismo.

  

Sin embargo, tras el reconocimiento por Francia y Reino Unido del gobierno sublevado como gobierno legítimo de España en febrero de 1939, la Junta de Defensa de Madrid que presidía el general Segismundo Casado, apoyada por socialistas, republicanos y anarquistas, dio un golpe de Estado contra el gobierno republicano e intentó negociar con Franco una rendición con condiciones.

  

Franco exigió una rendición sin condiciones y, aunque la República controlaba todavía un territorio considerable, su descomposición interna provocó que el 1 de abril de 1939 finalizara la guerra con la entrada del ejército de Franco en Madrid.