LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS A LA OPINIÓN PÚBLICA

La semana recién pasada organizaciones sociales y populares en ejercicio de las libertades, derechos y garantías hicieron del conocimiento público una movilización de protesta con la intencionalidad de demandar al gobierno incrementos presupuestarios al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como otra serie de demandas sociales en defensa de derechos humanos de diversas poblaciones en el país. Frente a este hecho y un día antes de que se suscitaran las movilizaciones sociales, las cámaras de industria, comercio y del agro interpusieron frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo que pretendía obligar a las fuerzas de seguridad reprimir las protestas. Los magistrados de la Corte resolvieron parcialmente el amparo en tiempo record. Esa resolución despierta suspicacias en cuanto a la parcialidad de la misma, ya que se actuó con celeridad en beneficio de la acción proveniente del poder económico y de otros grupos de poder en el país, y con ello el máximo tribunal constitucional ha contribuido a criminalizar la protesta social y las demandas de las organizaciones populares. Cuando se trata de casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, la CC se retarda, atrasa o resuelve a favor de los victimarios. De tal cuenta, la Convergencia por los Derechos Humanos demanda de la Corte de Constitucionalidad:

• Resolver en definitiva el amparo presentado por las tres cámaras empresariales en el sentido de proteger los derechos humanos de la población, incluyendo la protección de las libertades básicas fundamentales y los derechos a la manifestación y petición a las instituciones del Estado. Es decir rechazar la solicitud expresada por las cámaras en mención.

• Que la resolución sea apegada al criterio de la defensa de la Constitución de la República, incluyendo para el efecto los Tratados, Convenios, Declaraciones y Protocolos ratificados por el Estado guatemalteco en materia de Derechos Humanos

• No prestarse a la instrumentalización de grupos de poder económico en el país, que pretenden criminalizar las demandas sociales y populares; y apegarse al mandato que les corresponde según el orden constitucional vigente en el país.

Guatemala, marzo de 2011