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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

(CICIG) y su impacto en Guatemala. ¿Es la CICIG un

organismo comprometido con la libertad de prensa?

Eduardo Fernández Luiña

Luis Eduardo Barrueto Wittig

María Asunción Castillo Gaitán

Juan Enrique Kroner Sánchez

Juan Francisco Mejía Saravia

Julio 2011

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su impacto en Guatemala.

¿Es la CICIG un organismo comprometido con la libertad de prensa?

2

Título del Artículo:

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su

impacto en Guatemala. ¿Es la CICIG un organismo comprometido con la

libertad de prensa?

Autores:

Director Académico:

Eduardo Fernández Luiña (profesor Instituto de Estudios Políticos y

Relaciones Internacionales UFM).

Estudiantes:

Luis Eduardo Barrueto Wittig (estudiante de Periodismo, EPRI, UFM).

María Asunción Castillo Gaitán (estudiante de Ciencia Política, EPRI, UFM).

Juan Enrique Kroner Sánchez (estudiante de Ciencia Política y Relaciones

Internacionales, EPRI, UFM).

Juan Francisco Mejía Saravia (estudiante de Ciencia Política, EPRI, UFM).

Resumen:

La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) ha cambiado el panorama

jurídico, político y social guatemalteco desde su implantación. La CICIG nace con un

objetivo claro: reducir la impunidad existente en el país para aumentar la calidad de

vida y el número de oportunidades de los ciudadanos guatemaltecos, y así contribuir

al desarrollo-país de la más importante y poblada república centroamericana. A lo

largo de las páginas que siguen, el lector podrá encontrar una descripción detallada de

la breve historia de la CICIG. Al mismo tiempo, el documento de trabajo definirá qué

es la CICIG, y presentará brevemente los casos más importantes en los que está

involucrado el nuevo organismo internacional. Se analizará si estos mantienen una

línea coherente y consistente con los objetivos iniciales para los que nace la

organización. Posteriormente, el artículo mostrará que la defensa de la libertad de

expresión, y del libre ejercicio del periodismo como profesión, no están entre las

preocupaciones del organismo internacional contra la impunidad. Por último pero no

menos importante, el artículo pretende proponer ideas para mejorar el rendimiento de

la institución, y de esa manera ayudar a la misma a conseguir el fin principal para el

que ha sido creada.



3

Palabras Clave:

CICIG, institución, ONU, República de Guatemala, impunidad, libertad de prensa,

periodismo, política pública.

Abstract:

The international Commission Against Impunity In Guatemala (CICIG) has changed

the Guatemalan legal, political and social landscape since its inception. CICIG born

with a clear objective: Reduce impunity in the country to increase the quality of life

and the number of opportunities of Guatemala citizens. At the same time the

international organization wants to contribute to the development of the most

important and populous Central American countries. Throughout the following pages,

readers will find a detailed description of the brief history of CICIG. The research

paper will present in first place a definition of what type of institution CICIG is, and

after the most important cases implemented by CICIG. After that the paper try to

analyze the consistency and coherence of CICIG actions in line with the initial

objectives. The paper shows how the defense of freedom of expression and free

exercise of journalism are not among the concerns of the CICIG. Last but not least,

the article intends to propose ideas to improve the performance of the institution, and

thus, help it to achieve the main purpose for being born.

Keywords:

CICIG, institution, NU, Guatemala, impunity, freedom of press, journalism, public

policy.



4

Introducción

La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) ha cambiado el

panorama jurídico, político y social guatemalteco desde su fundación. La CICIG se

crea un 12 de diciembre de 2006, y desde su nacimiento el organismo se ha

convertido en una institución “fundamental” en el panorama guatemalteco. Han sido

muchas las críticas y también los apoyos a la nueva institución. La identidad polémica

y protagónica que posee la CICIG en el escenario guatemalteco ha motivado la

realización de este artículo de investigación. Se pretende con el mismo analizar la

vida de la CICIG para, desde un enfoque académico, pero también con intención de

proponer ideas para su mejora, analizar el rendimiento que el nuevo organismo

internacional ha desempeñado. Al mismo tiempo, el artículo pretende mostrar el

compromiso que con la libertad de prensa, y con el ejercicio periodístico posee la

CICIG. Podríamos resumir los objetivos de nuestro trabajo presentando nuestras

preguntas básicas de investigación:

¿Podemos valorar la intervención de la CICIG en el mundo social, jurídico y

político guatemalteco?

¿Muestra la CICIG una postura activa a la hora de defender libertades básicas

como la libertad de prensa?

¿Pueden proponerse ideas para mejorar la actuación de la CICIG?

Para responder a estos desafíos, el artículo se organiza en cuatro apartados

(con sus correspondientes sub-apartados) y una conclusión que recapitula todos los

logros del trabajo de investigación. En la primera parte de nuestro trabajo se presentan

los antecedentes de impunidad que motivan la creación de la CICIG. Durante las

páginas de este capítulo se lleva a cabo un repaso y una descripción de la violencia en

Guatemala.



5

En el capítulo 2 se desarrolla un esfuerzo de definición conceptual. El

apartado muestra una definición de la CICIG, en base a la documentación oficial que

la propia institución provee en su sitio web. La lógica de investigación de este

apartado analiza la definición y revela las características fundamentales de la misma,

indicando los objetivos principales de la nueva institución internacional y los

resultados que ha conseguido en base a esos objetivos definidos. Se pretende también

describir brevemente los casos principales en los que se ha involucrado la CICIG, y

generar un pequeño resumen sobre la situación de los mismos.

En la tercera parte del documento de trabajo se realiza un breve estudio sobre

el compromiso que la CICIG ha mostrado con la libertad de expresión primero, y en

defensa de la libertad de prensa y de la profesión periodística después. Para el

desarrollo de esta fase del artículo, el equipo de investigación ha realizado un trabajo

de campo de naturaleza cualitativa a lo largo de los meses de mayo y junio de 2011

consistente en la realización de entrevistas a personalidades del mundo de la

comunicación. Ha sido muy interesante el resultado de dicho proceso de investigación

y la ayuda de los profesionales de la comunicación ha sido fundamental para el

desarrollo de una propuesta de políticas públicas que motive un cambio de imagen de

la CICIG.

El artículo finaliza con un cuarto capítulo dedicado a la propuesta de política

pública para la reforma de la CICIG. Por último, cerramos el proceso de investigación

con un apartado de conclusiones que pretende recapitular toda la información

utilizada y mostrada a lo largo de las páginas de este proyecto.



6

1. Guatemala: Antecedentes históricos de la impunidad en la país centroamericano

La impunidad siempre ha estado presente a lo largo de la historia

contemporánea de Guatemala. La ausencia de castigo en el país ha sido y es un

problema estructural. En los últimos años dicho problema se ha convertido en un

elemento central de la agenda diaria de la política guatemalteca. Desde la apertura

democrática del país en 1985, la sociedad civil y el Estado de Guatemala han hecho

arduos intentos por reformar el sistema de justicia e instaurar el imperio de la ley. El

presente capítulo hace una breve sinopsis sobre la impunidad en Guatemala tomando

como punto de partida la nueva constitución democrática. Se pretende con ello

explicar las razones que motivaron la creación de un órgano internacional e

independiente encargado de asistir al Estado en el combate contra la impunidad: la

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En mayo de 1985, la Asamblea Nacional Constituyente presentó una nueva

carta magna para Guatemala. Con esta, se ponía fin a décadas de gobiernos militares y

se “institucionalizaba” un sistema democrático-liberal en el país. La nueva

constitución buscaba terminar con la represión del estado y reducir los niveles de

incertidumbre respecto a la ley. Para la consecución de estos fines el documento

manifestaba “un énfasis especial para la preservación y defensa de los derechos

humanos” (Poitevin, 2004), así como “garantizarle a los habitantes de la República la

vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”

(Constitución Política de la República de Guatemala, Título I, Artículo 2). Asímismo

se establecía una Corte de Constitucionalidad, tribunal permanente e independiente

que defiende el orden constitucional (CC, 2011). De forma paralela se creó la

Procuraduría de los Derechos Humanos, con la respectiva figura del procurador y un

Tribunal Supremo Electoral encargado de llevar elecciones limpias y transparentes.



7

La reforma tenía un objetivo claro: Hacer frente a la impunidad existente en el país,

generar un amplio espacio de respeto y cumplimiento de la Ley, atacar las violaciones

a los derechos humanos, y construir un documento legal que contribuyese al

desarrollo integral de la República.

Ese mismo año fueron convocadas elecciones democráticas y el 14 de enero

de 1986 asumió el gobierno la Democracia Cristiana bajo la presidencia de Vinicio

Cerezo Arévalo. El gobierno de Cerezo llegó al poder con las metas de “…corregir el

deterioro de la administración pública, terminar con la corrupción, superar la

desconfianza hacia las autoridades y lograr la pacificación1” (Luján Muñoz, 2004, p.

355). La Democracia Cristiana tuvo que enfrentar dos grandes retos:

El conflicto armado interno que continuaba siendo el mayor elemento de

inestabilidad nacional.

La existencia de un Ejército independiente y fuerte muy lejos del control del

Estado.

El historiador guatemalteco René Poitevin señala que:

“El ejercicio de poder frente a un Ejército que todavía dominaba grandes

áreas de la administración y que estaba acostumbrado a imponer su voluntad, no

resultaba fácil” (Poitevin, 2004, p. 71).

De igual manera:

“los proyectos de descentralización… no resultaron del agrado de la

institución armada… esta situación motivó al menos cinco intentos de golpe de

Estado que el Gobierno sofocó durante su período” (Poitevin, 2004, p. 71).

Además, el país seguía enfrentando problemas estructurales nunca

solucionados:

“… la corrupción en los círculos oficiales, el deterioro de la administración

pública, la creciente desconfianza del pueblo hacia todas las instituciones

gubernamentales…” (Contreras, 2003, p. 139).

1 Guatemala aún se encontraba en el conflicto armado interno, que duró de 1962 a 1996. En este, el

Estado de Guatemala, a través del Ejército, se enfrentó a grupos guerrilleros que buscaban tomar el

mando político del país por medio de la fuerza.



8

A pesar de las propuestas de cambio, el gobierno de Cerezo no fue capaz de

solucionar la gran problemática nacional. Carlos Sabino apunta en su trabajo sobre la

historia contemporánea de Guatemala que:

“…el clima de optimismo con que se comenzó se había perdido , al contrario

de lo que se esperaba, su cuota de poder se había deteriorado… en medio de la

ineficiencia, los escándalos, la corrupción y su desatención a los deberes del cargo”

(Sabino, 2008, p. 343).

El gobierno había avanzado en el diálogo para la búsqueda de la paz y el fin

del conflicto armado2, pero la hostilidad en el seno de las fuerzas armadas continuaba.

Las promesas democráticas del nuevo sistema se veían incumplidas y libertades

básicas como la libertad de expresión en general y la libertad de prensa en particular

estaban en riesgo. A pesar de cierto ambiente de tolerancia Luján Muñóz, uno de los

historiadores más prestigiosos del país afirmaba que:

“innegables los hechos en contra de los medios de comunicación (como un

atentado en contra del semanario La Época3), la probable intervención del gobierno

en la clausura del noticiero de televisión Aquí en el Mundo y atentados o amenazas

contra periodistas4” (Luján Muñoz, 2004, p. 357).

A pesar de todos los problemas que el sistema político guatemalteco

afrontaba, fueron los casos de impunidad y de indolencia judicial los que más

afectaron la imagen del nuevo sistema democrático. Resalta sobre otros el asesinato

en septiembre de 1990 de la antropóloga Myrna Mack , quien elaboraba un estudio

sobre violaciones a derechos humanos y las migraciones de personas afectadas por el

conflicto. A pesar que el crimen quedó impune en su momento, la hermana de la

víctima y una fundación que lleva el nombre de la misma, desde entonces han luchado

judicialmente por el esclarecimiento del crimen, llevando el caso incluso ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos y ante juzgados guatemaltecos. Según la

2 A inicios de 1985, Cerezo promovió una reunión de presidentes centroamericanos en la localidad de

Esquipulas para dialogar sobre el proceso de paz en la región. En agosto de 1987 se llevó a cabo otra

reunión similar bajo el nombre de Esquipulas II en donde se suscribió el documento “Procedimiento

para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” y el subsecuente establecimiento de la

Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, apoyado por la Organización de Estados

Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. 3 En junio de 1988 un grupo de hombres armados ingresó a las instalaciones del semanario La Época y

destruyeron la totalidad de su equipo. 4 Resaltan los casos del secuestro del reportero Julio Godoy en 1988, el asesinato de la esposa del

periodista Byron Barrera, Refugio Villanueva y el atentado que le costó la vida al empresario radial

Humberto González Gamarra.



9

Fundación Myrna Mack, el desarrollo del caso ha “…puesto de manifiesto las

profundas y estructurales debilidades del sistema de justicia guatemalteco…” (Mack,

2010).

Otros casos de asesinato político que quedaron impunes durante este período

fueron, por ejemplo, el asesinato del líder socialdemócrata salvadoreño Héctor Oquelí

en diciembre de 1990, y el caso de la “panel blanca”5, en el cual se alegan torturas y

ejecuciones extrajudiciales de al menos once personas por parte de miembros de la

Guardia de Hacienda.

En 1991 un nuevo gobierno presidido por Jorge Serrano Elías asumió el poder

en medio de una gran crisis institucional. El mandatario prometió ordenar el país y

continuar con el proceso de pacificación. Sin embargo, y como señala Poitevin:

“…las negociaciones se estancaron de nuevo, debido a la resistencia del

Gobierno y del Ejército a aceptar la creación de la Comisión de la Verdad y el

desmantelamiento del aparato de represión…” (Poitevin, 2004, p. 77).

La resistencia por parte de las instituciones “oficiales” a la creación de estas

organizaciones de naturaleza humanitaria fue para muchos una muestra más de

impunidad en el Estado guatemalteco.

Además de todo lo anterior, la prensa comenzó a denunciar la corrupción

imperante en las instancias del Estado, y el Ejecutivo incautó y censuró varias de las

publicaciones que le atacaban. Esto llevó a que el gobierno de Serrano se viese

envuelto en una crisis de ingobernabilidad, ya que su partido no contaba con apoyo

suficiente en el Congreso. La institución legislativa buscaba la manera de acusar al

mandatario por los constantes señalamientos de corrupción en su contra (Contreras,

2003, p. 140). La presión social, por ejemplo en el caso de la prensa, y política,

emanada de la institución legislativa, agravó la situación del Gobierno y el mandatario

decidió solucionar la encrucijada en la que se encontraba con un golpe de Estado:

“El 25 de mayo de 1993, el Presidente Jorge Serrano Elías se dirige a los

guatemaltecos para anunciar la disolución del Congreso de la República, del

5 Llamado así debido a que los agentes de la Guardia de Hacienda utilizaban un vehículo tipo panel

color blanco para realizar los secuestros que conducían a las ejecuciones extrajudiciales.



10

Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de

Constitucionalidad, la destitución del Procurador de los Derechos Humanos, y

también la suspensión de más de 46 artículos constitucionales” (Poitevin, 2004, p.

79).

El presidente se convertía así en un dictador con las facultades de los tres

poderes del estado. Inmediatamente después del anuncio, se ordenó la captura de

varios funcionarios de las instituciones clausuradas. El sistema judicial guatemalteco

se vió, una vez más, impotente ante la gran violación a las leyes que había llevado a

cabo el mandatario. Durante los siguientes días, el país vivió una terrible crisis

política. La gran mayoría de “…países con quienes Guatemala tenía relaciones

anuncian la suspención inmediata de sus vínculos diplomáticos y comerciales con el

país” (Poitevin, 2004, p. 79).

La situación de creciente inestabilidad en la que se encontraba la nación

preocupó tanto a los empresarios como al Ejército. Además, diversos sectores de la

sociedad civil manifestaron su repudio contra del golpe6. Los miembros depuestos de

la Corte de Constitucionalidad habían considerado nulo el acto, , pero la situación no

se pudo haber solucionado sin la internvención de las Fuerzas Armadas

guatemaltecas. Serrano Elías fue entonces destituido de su cargo y expulsado del país.

En los años posteriores al llamado autogolpe de Serrano, se llevaron a cabo procesos

judiciales en contra del ex mandatario, pero aún no se ha logrado la extradición del

mismo, quien hasta la fecha se encuentra asilado en Panamá.

Tras la destitución del gobierno “autogolpista”, el Congreso inmediatamente

llevó a cabo la elección de un nuevo mandatario, en la cual resultaría electo el

entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio. Las

expectativas sobre el nuevo presidente eran muy altas, ya que se buscaba en él el

ordenamiento administrativo del país y poner fin a los abusos de poder, sobretodo por

parte del Ejército.

6 El 31 de mayo de 1993, el periódico Siglo Veintiuno circuló con el irónico nombre de “Siglo

Catorce”, y sus páginas en blanco fueron marcadas con el sello “censurado” por parte del gobierno.



11

El gobierno agilizó la agenda de los Acuerdos de Paz. Se firmó el Acuerdo

Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo para el establecimiento de la Comisión

para el Esclarecimiento Histórico, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los

Pueblos Indígenas, etc. Además, se estableció la Comisión de Paz, apoyada por la

Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas

(ONU), así como la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los

Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA), la cual llegaría a tener una gran

influencia sobre la política guatemalteca en los años posteriores. La lógica transitoria

del Gobierno de Ramiro de León Carpio provocó el estancamiento del proceso de

pacificación.

A pesar del avance que hubo en torno a la búsqueda de estabilidad y paz en el

país por parte del gobierno transitorio, se dieron una serie de crímenes que quedaron

impunes. Uno de éstos fue el asesinato del líder político y candidato a la presidencia

Jorge Carpio Nicolle, quien fue asesinado en julio de 1993. “…Si bien se acusó a

unos delincuentes, el incidente nunca se aclaró…” (Luján Muñoz, 2004, p. 364).

También, en octubre de 1995 una patrulla militar llevó a cabo una masacre de

campesinos refugiados en la localidad de Xamán, Alta Verapaz. “Este crimen ponía

al descubierto la difícil relación entre civiles y militares que generaban resistencias y

desconfianzas de uno y otro lado, y dificultaban la firma de la paz” (Poitevin, 2004, p.

84).

A pesar de los elementos generadores de inestabilidad en el sistema político,

se logró una nueva elección y se eligió Presidente de la República a Álvaro Arzú. De

él se esperaba, tanto a nivel nacional como internacional, que pusiera fin al conflicto

armado, “desmilitarizara” el país y luchase contra a la violencia y la impunidad.

Efectivamente, el 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la URNG,

principal grupo guerrillero, firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que ponía

fin al conflicto armado interno. Al mismo tiempo, el gobierno de Arzú buscó tras

esto:

“…la modernización de la administración pública con el objeto de actualizar

y de mejorar la capacidad insttiucional del Estado, mediante la descentralización de



12

las funciones públicas y de la privatización de algunos bienes estatales…” (Poitevin,

2004, p. 90).

Se firmó el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del

Ejército en una Sociedad Democrática, el cual creaba la Policía Nacional Civil, “…

que unificó en una sola, y con carácter profesional y no militar todas las fuerzas de

orden existentes hasta entonces en el país…” (Poitevin, 2004). De igual manera, dicho

acuerdo adoptaba medidas relevantes para la profesionalización del organismo

judicial.

Los Acuerdos de Paz y la modernización impulsada por el gobierno tuvieron

grandes resultados a corto plazo. Como se evidencia en la gráfica 1, los asesinatos

violentos se mermaron notoriamente durante los siguientes años7. El gobierno contaba

con un fuerte apoyo debido al clima de seguridad que había generado:

“Es probable que la firma de los Acuerdos de Paz y el inicio de la

implementación de importantes reformas como la instalación de la nueva Policía

Nacional Civil hayan sido factores significativos en la disminución en la violencia

homicida” (Matute Rodríguez, 2007).

Sin embargo, una serie de escándalos de corrupción e impunidad mostraron la

precaria situación en la que aún se encontraba el país:

“A través de investigaciones periodísticas… se publicaron datos que

revelaban que el proceso privatizador habría sido manejado para favorecer intereses

de determinados políticos…” (Poitevin, 2004).

Manejo ilícito de fondos públicos, nepotismo e índices alarmantes de violencia

continuaron mermando la imagen de un Gobierno que, históricamente, no podía hacer

frente a los problemas infraestructurales que enfrentaba8.

7 Durante este tiempo se implementó un programa de cooperación por parte de la Unión Europea (UE)

liderado por la Guardia Civil española. 8 Otro caso que negativizó la imagen del gobierno y del Estado como tal fue el asesinato del arzobispo

Juan Gerardi. El religioso había presentado hacía dos días el informe del Proyecto Arquidiocesano para

la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) “Guatemala, nunca más”, en el cual se exponían

los abusos y crímenes cometidos por parte del Ejército a la población civil del altiplano guatemalteco

en tiempos del conflicto armado. Por primera vez en la historia de Guatemala, miembros del Ejército

fueron acusados y sentenciados por su participación en el crimen.



13

Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el Ministerio de Gobernación de

la República de Guatemala. http://www.mingob.gob.gt/

La esperanza de pacificación y de cumplimento de la ley parecía rota en

Guatemala. Una vez finalizado el Gobierno Arzú, la ciudadanía votó a favor del

ofrecimiento de seguridad y orden del partido liderado por un militar ex golpista y

Jefe de Estado de facto que había gobernado el país en 1982: el FRG del General

Efraín Ríos Montt. En el año 2000, asumió la Presidencia de la República dicho

partido bajo la dirección de Alfonso Portillo. En la gráfica 1 se puede evidenciar el

número de homicidios ocurridos anualmente en Guatemala de 1995 a 2010. Se ve con

claridad la breve disminución que se dio después de la firma de la paz, y cómo a partir

de 1999 el número de homicidios comienza a ascender continuadamente

Durante el gobierno Portillo, marcado por la corrupción y el ascenso del

crimen organizado, no se pudo hacer frente a la agenda de seguridad y de impunidad

del país. En la actualidad, el ex presidente se encuentra acusado ante los tribunales



14

guatemaltecos y contra él han sido abiertos una serie de procesos relacionados con el

desfalco de fondos públicos. En mayo de 2011, se dictó una sentencia favorable para

el ex mandatario; sin embargo, el caso o serie de casos aún no han llegado a su fin.

Gráfica 2

Fuente: Matute Rodríguez, Arturo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala.

2007.

En el año 2004 ingresa como Presidente de la República Óscar Berger. Su

mensaje contenía una promesa clara: resolver el tema de la corrupción e impunidad en

el país. Tanto los medios de comunicación nacionales e internacionales, como las

organizaciones internacionales con influencia y presencia en el país, y la

organizaciones no gubernamentales (ONGs), trataban el tema de la violencia como

prioritario y urgente. Durante el Gobierno Berger la Ciudad de Guatemala se convirtió

en una de las ciudades más peligrosas del continente americano.

El informe del International Crisis Group, intentado dibujar los orígenes reales

de la CICIG señala que:



15

“La CICIG surgió del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos firmado por

el gobierno y el grupo insurgente URNG en marzo de 1994, que propuso la

ocnformación deu na comisión para desarticular a los Cuerpos Ilegales y Aparatos

Clandestinos de Seguridad (CIACS). Sin embargo, eso no ocurrió sino más de una

década después” (Group, 2011).

Posteriormente, desde el año 2003, durante el mandato de Portillo, el

Gobierno de Guatemala solicitó asistencia al Departamento de Asuntos Políticos de la

ONU para investigar y enjuiciar a los grupos ilegales violentos. Esto evidenciaba el

reconocimiento por parte del país de la debilidad de su sistema de justicia. El Estado

no podía hacer frente a las reformas que necesariamente debía enfrentar. Como

respuesta, las Naciones Unidas accedieron a firmar un acuerdo que incluía la creación

de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de

Seguridad (CICIACS). Gracias a la intervención del Congreso, y a una serie de

problemas legales el acuerdo nunca llegó a tener vigencia y eso provocó una

reestructuración de su naturaleza para adaptar el nuevo organismo a las demandas

institucionales exigidas por los organismos políticos y jurídicos guatemaltecos.

El gobierno Berger se encargó de revisar los puntos planteados por la Corte de

Constitucionalidad guatemalteca y reescribió el texto para lograr la compatibilidad

con la Constitución de la República. El nuevo documento fue presentado a finales de

2005 ante el Departamento de Asuntos Políticos de la ONU y una versión final fue

entregada al Secretario General de dicha organización en mayo de 2006. La propia

CICIG relata con claridad como finaliza el proceso:

“Prosiguieron las conversaciones con el Departamento de Asuntos Políticos,

y el acuerdo para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en

Guatemala (CICIG), se firmó con las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006…”

(CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, 2011).

Dicho acuerdo fue aprobado por la Corte de Constitucionalidad. Una vez

finalizado el trámite, el Congreso de Guatemala lo aprobó en agosto del mismo año.

Con este “Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de

Gutemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la

Impunidad en Guatemala”9, Guatemala aceptó la creación de un órgano independiente

9 Nombre oficial del Acuerdo. Véase

http://cicig.org/uploads/documents/mandato/01_cicig_acuerdo.pdf



16

e internacional que tenía como objetivo asistir al Estado en el combate contra la

impunidad.

Inmediatamente después de su ratificación, la ONU nombró al español Carlos

Castresana como comisionado de la CICIG y el organismo entró en funciones. A su

llegada al país, el comisionado se vio impactado por la gran problemática que la

impunidad representaba para el país:

“Las estadísticas muestran que muy pocos casos se resuelven, menos llegan a

juicio, y las sentencias condenatorias son casi inexistentes. El 98% de los asesinatos

cometidos en Guatemala queda impune. Los casos resueltos se cuentan con los dedos

de la mano. Las estadísticas muestran que muy pocos casos se resuelven, menos

llegan a juicio, y las sentencias condenatorias son casi inexistentes. El 98% de los

asesinatos cometidos en Guatemala queda impune. Los casos resueltos se cuentan con

los dedos de la mano” (Castresana, 2007).

De estas páginas se extrae con claridad la naturaleza del problema: Guatemala

sufre un problema grave de impunidad, incrustada en la propia arquitectura del

estado. La misma existe, por lo menos, desde la firma de la nueva Constitución en

1985. Sin embargo sería interesante diferenciar, para finalizar esta introducción

histórica sobre la impunidad en Guatemala, dos períodos claramente diferenciados:

1) Desde la firma de la Constitución en 1985 hasta la firma de los Acuerdos de

Paz.

2) Desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta la actualidad.

Es necesario reconocer que durante la primera fase el país se encontraba

inmerso en un conflicto armado interno, una verdadera guerra civil10

que sin duda

modificó, desestabilizó y dificultó la evolución del Estado Guatemalteco debido a la

intervención en el proceso político de fuerzas “ajenas” a la democracia liberal:

Militares y guerrilleros fueron la variable desestabilizadora de un sistema que ya se

encontraba en crisis desde su creación como estado.

10

Es típico escuchar determinadas voces que describen el Conflicto Armado Interno como una guerra

civil. Desde otro punto de vista, otros académicos, investigadores e intelectuales señalan que de

ninguna forma se puede afirmar la existencia de una guerra civil y que sólo podemos hablar de dos

grupos confrontados al margen de la ciudadanía.



17

Más interesante parece la segunda fase, en la que el Estado guatemalteco pide

la colaboración de la ONU para hacer frente a un problema que supera las

capacidades del mismo. Ese período se caracteriza por una desastrosa política de

seguridad que, en base a la Firma de los Acuerdos de Paz, y al resentimiento por parte

de algunos grupos representantes del bando de los “vencidos” en el conflicto armado

interno, desmantela literalmente las estructuras del Ejército como mecanismo y

herramienta de seguridad nacional, y lo sustituye por una Policía Nacional Civil

(PNC) que no es capaz de ayudar a la ciudadanía guatemalteca a salir del escollo en el

que se encuentra en la actualidad.

La CICIG es un intento institucional que pretende contribuir a la solución de

los problemas diagnosticados en el sistema de justicia y seguridad guatemaltecos.

Con ello, se busca generar una sinergia que regenere la seguridad en todos los niveles

y aumente el grado de libertad de los ciudadanos del país. Sin embargo, y en base a

las necesaria operacionalización de conceptos que exige un trabajo de ciencias

sociales necesitamos definir que ha sido y que es la CICIG. Es necesario comprender

el verdadero significado de dicha institución para poder evaluar si, después de cinco

años de funcionamiento y dos Comisionados11

, la organización ha cumplido con los

objetivos para los cuales había sido fundada.

11

El Comisionado es responsable de la Dirección y presencia pública de la CICIG. Es la imagen de la

institución y el canal de comunicación entre las Naciones Unidas y la República de Guatemala.



18

2. La CICIG: Un cercamiento conceptual

¿Podemos definir con claridad a la Comisión Internacional contra la

Impunidad en Guatemala (CICIG)? ¿Podemos identificar la verdadera naturaleza de

la institución? Las dos preguntas son de difícil respuesta. Sin embargo, y en base al

auge que está adquiriendo el modelo CICIG en la región12

parece razonable

desarrollar un esfuerzo por el cual seamos capaces de delimitar con claridad qué es la

CICIG.

Como se ha señalado anteriormente:

“Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo

relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en

Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva

favorable de la Corte de Constitucionalidad en Mayo de 2007, fue ratificado

posteriormente por el Congreso de la República el 01 de Agosto de 2007” (CICIG,

2011).

La CICIG nace fruto del acuerdo y la asociación entre el gran organismo

internacional (ONU) y la República de Guatemala. Lo que se busca es la creación de

un órgano independiente e internacional que tenga la capacidad institucional necesaria

para complementar la labor del Ministerio Público guatemalteco13

, la Policía Nacional

Civil (PNC), y cualquier otra institución del Estado involucrada en los temas de

seguridad y justicia.

12

Parece que el Salvador y Honduras también quieren importar el modelo CICIG para resolver sus

problemas de seguridad e impunidad. Para ello véase http://noticias.com.gt/nacionales/20100909-el-

salvador-y-honduras-trabajan-en-solicitud-a-la-onu-para-pedir-un-ente-simiar-a-la-cicig-en-sus-

paises.html o también http://mafiaandco.wordpress.com/2010/11/19/el-salvador-funes-reitera-

necesidad-de-crear-comision-como-cicig/ 13

El Ministerio Público guatemalteco es la institución encargada de velar por el cumplimiento de la

Ley Guatemalteca. Al mismo tiempo asiste a la Administración Pública y a los Tribunales en el

ejercicio de sus funciones. Para más información véase

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico_(Guatemala)




http://cicig.org/uploads/documents/mandato/02_cc_opinion_consultiva.pdf

http://cicig.org/uploads/documents/mandato/02_cc_opinion_consultiva.pdf

http://noticias.com.gt/nacionales/20100909-el-salvador-y-honduras-trabajan-en-solicitud-a-la-onu-para-pedir-un-ente-simiar-a-la-cicig-en-sus-paises.html





19

Hemos de señalar, y la propia institución lo reconoce, el carácter sui generis

de la CICIG. En su sitio web el nuevo organismo internacional señala que:

“El mandato de la CICIG no tiene precedentes dentro de las Naciones Unidas

u otros esfuerzos de promover la responsabilidad y reforzar el Estado de Derecho.

Posee muchos de los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajos las leyes

Guatemaltecas, en las Cortes Guatemaltecas, usando el procedimiento penal de

Guatemala. La CICIG apoya a las instituciones del Estado en la investigación de las

actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, definidos

como grupos que cometen actos ilegales y que afectan el gozo y ejercicio de los

derechos fundamentales de la población Guatemalteca y tienen enlaces directos e

indirectos con agentes del Estado o la capacidad de bloquear acciones judiciales

concernientes a sus actividades ilegales. La influencia de estos grupos dentro del

Estado es considerada como una de las bases fundamentales de la impunidad en el

país y como un gran obstáculo que impide los esfuerzos de fortalecer el estado de

derecho” (CICIG, Comisión Internacional Contra la Impunidad, 2011).

Como se puede observar, y basándonos en la definición que de sí misma da la

propia CICIG, podríamos usar y adaptar la sentencia que Jacques Delors y José

Manuel Duráo Barroso utilizaron en su momento para definir a la Unión Europea

(UE): La CICIG es un objeto político no identificado. Sus principales características

son un funcionamiento independiente al margen del sistema institucional

guatemalteco y al mismo tiempo, un respeto y cumplimiento de las normas del

mismo. ¿Es eso posible? Desde el punto de vista de la CICIG sí.

El texto del acuerdo, completando lo anterior, indica con claridad la definición

de objetivos de la CICIG y un interesante paquete de funciones para hacer realidad la

consecución de los mismos.

La tabla 1 describe de forma breve los objetivos básicos de la nueva

institución internacional:

Tabla 1.

Objetivos de la CICIG

Objetivo 1: La CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad

y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos

humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras

de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado),

actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.



20

Objetivos de la CICIG

Objetivo 2: La CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los

aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la

investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.

Objetivo 3: La CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción

de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales

de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e

institucionales necesarias para este fin. 14

Fuente: Elaboración propia en base a la información proveída por la CICIG

http://cicig.org/index.php?page=mandato

Tres objetivos generales y abstractos que para muchos especialistas en

políticas públicas son difíciles de conseguir. El objetivo 1, y el objetivo 2 pretende

habilitar a la CICIG, en base al propio acuerdo, para que sea un ente colaborador del

Estado en todo lo relacionado con la lucha contra la corrupción, lucha contra el

crimen organizado e impunidad. El objetivo 3 pretende convertir a la CICIG en un

órgano de naturaleza técnica que sea capaz de hacer un diagnóstico claro de las

capacidades que posee el Estado de Guatemala para hacer frente a los problemas de

corrupción, crimen organizado e impunidad. Se busca una institución que dé

propuestas para diseñar políticas públicas efectivas capaces de resolver los problemas

que el Estado enfrenta respecto a la corrupción, la seguridad y la impunidad.

Algo sospechoso, identificado por un gran número de actores, se puede extraer

de esta definición de objetivos: El Estado de Guatemala parece, aunque oficialmente

no sea reconocido, haber cedido parte de su soberanía nacional en pro de una

institución internacional “técnica” que le ayude en la solución de los problemas que

enfrenta.

Lo anterior es difícil de evidenciar, sin embargo, muchos de los entrevistados

durante este proyecto de investigación e incluso la literatura que fervientemente apoya

al organismo internacional, reconocen que de manera consciente o inconsciente, la

14

Esta tabla es fruto del análisis y estudio del sitio web de la Comisión Internacional contra la

Impunidad. Sería necesario que el lector observase, para un conocimiento más profundo, el Acuerdo

entre la ONU y Guatemala donde se describen las funciones y capacidades de la CICIG. Para ello

véase http://cicig.org/uploads/documents/mandato/01_cicig_acuerdo.pdf





21

CICIG ha ganado un protagonismo jurídico, político y social que ha puesto muchas

veces en apuros a las propias instituciones “soberanas” guatemaltecas.

Como complemento, y siguiendo con la descripción y definición de la CICIG,

a continuación presentamos las capacidades que la nueva institución internacional

tiene asignadas para conseguir los objetivos definidos con anterioridad. La tabla 2 es

también clara en ese sentido. En ella se muestran las capacidades que, oficialmente y

en base al Acuerdo entre la ONU y la República de Guatemala, la CICIG tiene

estipuladas.

Tabla 2.

Capacidades de la CICIG

Capacidad 1: Facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales

encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Publico.

Capacidad 2: Facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el

Código Procesal Penal.

Capacidad 3: Puede hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios

públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de

obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG.

Capacidad 4: Puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos

disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.

Capacidad 5: Puede garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las

investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o

colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.

Fuente: Elaboración propia en base a la información proveída por la CICIG


Las capacidades asignadas refuerzan la argumentación adelantada líneas atrás:

Ineludiblemente, la CICIG es un actor que invade, con total consentimiento por parte

del Estado, la soberanía de Guatemala en materia de justicia y seguridad. Siguiendo

con la lógica expresada en el propio texto del acuerdo, la CICIG parece que se

conforma como un órgano “independiente” e “inmune”, no pudiendo ser afectado por

acciones de la justicia guatemalteca. Es una de las primeras consecuencias

inesperadas del Acuerdo: La CICIG intentando luchar contra la impunidad, se




22

convierte en un órgano inmune no sujeto a control. Esto se puede observar en el

artículo 10 del Acuerdo de creación de la CICIG:

“Artículo 10. Privilegios e inmunidades del Comisionado/a y del personal de

la CICIG.

1. El Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades exenciones y

facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En particular disfrutará:

a) De inviolabilidad personal, con inclusión de inmunidad de arresto o

detención;

b) Inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa, de conformidad

con la Convención de Viena;

c) Inviolabilidad de cualesquiera papeles y documentos;

d) Exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros

de extranjeros;

e) Las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje propio o

personal que la Convención de Viena concede a los agentes diplomáticos; y

f) Exención de impuestos en Guatemala sobre su salario, emolumentos y

sanciones.

2. El personal internacional disfrutará de los privilegios e inmunidades otorgados a

los expertos en las misiones de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo

VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. En

particular disfrutarán de:

a) Inmunidad de arresto o detención personal y de confiscación de su

equipaje personal;

b) Inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o

escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad

de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de

prestar servicios a la CICIG;

c) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;

d) Las mismas inmunidades y facilidades respecto a sus equipajes personales

acordadas a los enviados diplomáticos;

e) Exención de impuestos en Guatemala sobre su salario, emolumentos y

prestaciones” (Art. 10, Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el

Gobierno de Guatemala relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional

contra la Impunidad en Guatemala, CICIG).



23

El diseño de este tipo de instituciones es cuando menos paradójico y muestra

la inmensa complejidad que existe en la actualidad a la hora de estudiar los

fenómenos internacionales y la propia evolución de la forma política Estado -nación.

La Constitución de la República de Guatemala adjudica un sinfín de funciones de

naturaleza social al Estado guatemalteco, sin embargo, las dos funciones

tradicionalmente asignadas al ente estatal, y sin las cuales el Estado no sería lo que es,

han sido históricamente la seguridad y el desarrollo monopólico de un sistema de

justicia. El Acuerdo entre la ONU y Guatemala muestra que dichas funciones básicas,

que hacen al ente estatal ser lo que es, no pueden ser cumplidas por las autoridades

oficiales del estado centroamericano, y su incumplimiento motiva la creación de una

institución que ayude primero, y dé ideas para política pública después, en los campos

de la justicia y la seguridad al estado guatemalteco. Muchos críticos señalan que la

CICIG, en base a dicha definición de objetivos, y a las capacidades de que disfruta, ha

destrozado la poca institucionalidad que quedaba en los servicios de justicia

guatemaltecos debido a su protagonismo mediático y al poder que posee para censurar

o apoyar a determinadas organizaciones y personalidades en pro de la mejora del

sistema de justicia nacional.

Para muchos, la idea de un gobierno mundial se expresa a través de la

construcción y desarrollo de este tipo de instituciones. Las mismas responden a una

ideología “multilateral” basada en el siguiente conjunto de características:

“Cooperación: Los estados cooperan entre sí para construir relaciones

mejores y más duraderas.

1) Dimensión cuantitativa: Para que exista una relación multilateral tiene que existir

una asociación de tres o más estados.

2) Dimensión cualitativa: Esos Estados tienen que poseer un marco común de

creencias y principios para poder coordinar sus acciones.

3) Fenómeno estatal: A pesar de los nuevos actores que surgen en la segunda mitad

del S. XX cuando se habla de “multilateral” y “multilateralismo” se está haciendo

referencia a los estados como los protagonistas principales de la política global“

(Fernández Luiña, 2010).

Como se puede observar, las características básicamente definen un campo de

actuación multilateral en el ámbito sectorial de la seguridad y la justicia. Todo lo

anterior nos ayuda a proponer una primera definición de la CICIG. Desde nuestro

punto de vista, y como equipo de investigación, definiremos CICIG como un



24

producto multilateral encargado de ayudar al Estado guatemalteco en la provisión de

servicios de seguridad y justicia para su ciudadanía. En ese sentido, y para ser capaces

de cumplir con la definición de objetivos presentada al inicio de este capítulo,

creemos que la CICIG invade de alguna forma el espacio soberano del estado

guatemalteco con el consentimiento del mismo. En segundo lugar, y continuando con

las afirmaciones, en base al acuerdo, a la definición de objetivos y a las capacidades

que actualmente posee la CICIG, creemos que la misma ha desarrollado -no se puede

evidenciar si consciente o inconscientemente- un sistema de instituciones “formales”

paralelo que deslegitima de la actuación de las instituciones oficiales del Estado

guatemalteco.

Siendo capaces de haber analizado tanto los objetivos, como las capacidades

que tiene adquiridas, y habiendo facilitado una definición clara del significado global

que posee la CICIG, el siguiente paso sería el de resumir y mostrar con claridad los

actos que dicho organismo ha llevado a cabo.

La CICIG actualmente participa como querellante adhesivo, en base a la

información presentada en su sitio web y fruto del artículo 3(b) del Acuerdo entre la

ONU y la República de Guatemala15

, en 13 casos resumidos en la tabla 3.

En dicha tabla podríamos señalar que los casos en general versan sobre lucha

contra la corrupción, análisis e investigación sobre malversación de fondos públicos,

lucha contra el tráfico de influencias e investigación sobre homicidios y masacres en

el dominio territorial guatemalteco.

15

El artículo se puede consultar el en sitio web de la Comisión Intergubernamental contra la Impunidad

en Guatemala (CICIG). http://cicig.org/uploads/documents/mandato/01_cicig_acuerdo.pdf



25

Tabla 3.

Casos/ Fecha Breve Descripción Importancia Resolución

1) CAUSA No. 01070-2010-00309

18 de septiembre del 2009

Contrato administrativo 113-2009 entre la entidad

Proyectos MASKANA, S. A. y la Dirección

General de la Policía Nacional Civil para la compra

de cupones canjeables por gasolina y/o diesel, hasta

el monto de 40 millones de quetzales.

Reestructuración y reforma del personal de

importantes instituciones acusadas de

corrupción e impunidad.

En proceso

2) CAUSA No. 01080-2009-00470

Fecha no especificada

Trata de Personas, uso de documentos falsos,

incumplimiento de deberes, trámite irregular de

adopción y asociación ilícita.

Detección de una organización criminal

dedicada a la trata de personas, constituida en

torno a la casa hogar denominada “Asociación

Civil Primavera”. Esta organización criminal

está implicada en más de 400 casos de

adopciones ilegales de menores en 2008.

En proceso

3) CAUSA No. 01070-2009-00883

15 de julio del 2010

Asesinato en complicidad de abogado. El caso Rosenberg es un caso que ha

polarizado a la sociedad y desenmascaró la

impunidad en las instituciones, y la duda de

muchos sectores de la sociedad, sobre todo de

periodistas. Este caso es muy complejo, y se

encuentra ligado al caso de los Musa.

En proceso

4) CAUSA No. 01074-2009-0659


No se indica. La relevancia de este caso es difícil de

demostrar ya que se necesita de más

información para poder determinar la

No se indica



26

importancia de éste. Solo se señala que las

acusaciones tienen que ver con conspiración,

dos asesinatos y asociación ilícita.

5) CAUSA No. 01079-2009-00211

07 de Abril del 2008

Acuso de obstrucción a la justicia, por interrumpir

las investigaciones del Caso Rivera.

Este caso es importante porque Víctor Rivera,

asesor del Ministerio de Gobernación a cargo

del Comando Anti-Secuestros durante el

gobierno del Presidente Berger, fue asesinado

el 7 de abril del 2008, y su caso sigue en la

impunidad, aunque existen ciertos avances.

En proceso

6) CAUSA No. 01079-2008-05306


Acusados por la participación en una red de

adopciones irregulares.

La red de adopciones es un crimen que

desencadena ciclos de violencia e impunidad.

En proceso

7) CAUSA No. 27-2009

25 de marzo del 2008

Matanza de once personas. El Tribunal de Sentencia de Zacapa y las

autoridades centrales deberán de esclarecer

este hecho, que alarmó a la sociedad, sobre

todo en el área rural.

En proceso

8) CAUSA No. 01073-2009-0656

Enero-Diciembre del 2001

Funcionarios públicos, prepararon y ejecutaron la

sustracción de 471.585.965,35 de Quetzales

pertenecientes al Ministerio de la Defensa.

La corrupción se encuentra en las altas esferas

del gobierno, y la malversación de fondos en

una institución que brinda seguridad a los

ciudadanos, debe de ser una prioridad para la

CICIG.

En proceso

9) CAUSA Caso No. 01071-2009-

00678

Marzo 2009

Una persona está acusada del secuestro, violación y

tortura de Gladys Monterroso, la esposa del

Procurador de los Derechos Humanos.

Este es un caso excepcional donde la CICIG

está a favor de los derechos constitucionales

de libertad para el acusado, buscando

garantizar la objetividad probatoria y el

En proceso



27

Fuente: Elaboración propia en base al sitio web de la CICIG: http://cicig.org/index.php?pag

debido proceso.

10) CAUSA No. 01074-2009-

01245

Entre el 2002 y el 2003

Funcionario público acusado de desfalcar el

Ministerio de Defensa Nacional.

La importancia de este caso es desmantelar y

aclarar la corrupción durante la administración

de Alfonso Portillo.

Las investigaciones

están siendo

realizadas, pero no

hay suficiente

información

respecto a este caso.

11) CAUSA No. 2009-0960

Enero-Diciembre 2001

Otros funcionarios públicos que están implicados

en el desfalco económico del Ministerio de

Defensa.

Este es un caso vinculante para desmantelar la

red de corrupción de Alfonso Portillo.

En proceso. Todos

los imputados

gozan de medidas

sustitutivas.

12) Causa No. 49-2008

2008

Cuatro oficiales de la Policía Nacional Civil son

acusados de formar una banda ilícita que ha sido

responsable de cometer robos y asaltos

organizados.

Este caso es el más convincente debido a que

en la base de datos accesible al público, tienen

la descripción de los hechos y los condenados

muy detallado.

Visto para

sentencia

13) CAUSA No. 7102-2001

Año 2000-2004 no especificado.

Otros funcionarios públicos que están implicados

en el desfalco económico del Ministerio de

Defensa.

Robo de más de Q30'000.000.00. En proceso con

implicados en

prisión preventiva.



28

Como se puede observar, la CICIG se compromete en todo lo relacionado con

la impunidad en términos generales: Funcionarios que no reciben castigo por sus

actitudes y comportamiento ilícitos, asesinos que impunemente comenten crímenes y

no reciben castigo por el mismo, organizaciones que se dedican al secuestro, el

asesinato, a los negocios ilícitos, etc.

Una crítica que se puede hacer al organismo internacional es su falta de

transparencia a la hora de comunicar sus acciones. El sitio web de la CICIG, principal

elemento para acercarse al conocimiento de la misma16

, contiene poca información

sobre el funcionamiento del organismo internacional, y sobre las operaciones que

tiene a su cargo en estos momentos. Una falta de transparencia que sin duda puede ser

consecuencia de su “inmunidad”, de su capacidad para evitar el control tanto del

estado guatemalteco, como de la sociedad civil de la nación centroamericana. Un

elemento más que sin duda debe ser tratado en este capítulo por ser otro de los

objetivos de nuestro trabajo de investigación, es el compromiso que la nueva

institución internacional muestra en pro de la defensa de las libertades básicas en

general y de la libertad de prensa en particular. Analizado el sitio web de la CICIG, y

un importante número de publicaciones y artículos periodísticos sobre la misma, no

parece que haya una preocupación clara por la protección de los derechos

relacionados con la Libertad de Expresión, y desde un punto de vista particular, por

todo lo que tiene que ver con la protección del ejercicio profesional periodístico y de

la libertad de prensa.

El proyecto de investigación, debido a este escollo, decide ampliar sus ámbitos

de actuación y generar una nueva línea de investigación que nos ayude a emitir un

juicio y una valoración acertada tanto del trabajo que ha realizado la CICIG durante

su existencia, como de la preocupación que el organismo muestra por los temas

relacionados con la libertad de expresión y la libertad de prensa. En ese sentido, y

ampliando la magnitud de nuestro documento de trabajo el equipo de investigación

decidió diseñar una entrevista destinada a determinadas personalidades de los medios

16

Sólo el 16.8% de la población guatemalteca tiene acceso a internet. Para ello véase

http://elwebmarketer.com/evolucion-de-los-usuarios-de-internet-en-guatemala-hasta-el-2010/2010/12/

Ello puede tener consecuencias



29

de comunicación guatemaltecos para obtener una información más detallada de parte

de los profesionales de la comunicación sobre la opinión que desde el sector

periodístico se tiene de la CICIG. El equipo pudo desarrollar seis entrevistas. Al

mismo tiempo, se implementó un análisis de contenido de algunas entrevistas

realizadas al propio Comisionado General Francisco Dall’Anese en medios de

comunicación de alcance global como la CNN.



30

3. La CICIG, su impacto en la realidad guatemalteca y la libertad de expresión: ¿Es la CICIG un órgano comprometido con la libertad de prensa?

Durante los meses de mayo y junio del año 2011, el equipo de investigación

realizó seis entrevistas a personalidades del mundo de la comunicación en Guatemala.

Desde nuestro punto de vista los objetivos eran tres: a) En primer lugar observar la

opinión que sobre el organismo internacional poseían algunos de los profesionales de

la información más importantes del país. b) En segundo lugar ser capaces de hacer un

examen a los propios líderes de opinión. Ver que conocimiento poseían estas élites de

la comunicación sobre el órgano internacional que ha modificado el mapa social,

jurídico y político guatemalteco. c) En último lugar conocer su opinión e intentar

extraer un análisis que nos diese elementos para formular una ”tentativa” de política

pública que ayudase a mejorar el rendimiento de la nueva institución internacional.

En base a estos tres objetivos preparamos un cuestionario sencillo y directo17

,

que en muchos casos nos ayudó a extraer un juicio claro sobre la opinión que algunos

de los periodistas más importantes del país tenían alrededor de la CICIG.

Las lista de personalidades tuvo como protagonistas a Pedro Trujillo, uno de

los analistas políticos más populares, a Giovanni Fratti y a Marta Yolanda Díaz

Durán, profesionales de la comunicación radiofónica, a Gustavo Berganza, periodista

que forma parte del medio de comunicación “El Periódico”, a Gonzalo Marroquín,

eminente periodista y director del Diario Siglo XXI, y a miembros de la sociedad civil

17

El cuestionario se presenta como documento adjunto a este trabajo de investigación.



31

como Jean Anleu18

, conocido popularmente como el twitero chapín, debido al

comentario que hizo en la conocida red social. El caso de Jean Anleu es interesante

dado que el joven fue acusado de provocar pánico financiero y aún hoy sufre las

consecuencias de la frase que le hizo famoso. Personalidades del mundo de la

comunicación, como Sylvia Gereda, no fueron capaces después de varios intentos, de

concretar una entrevista con el equipo de investigación. También hemos tenido

dificultades a la hora de establecer una comunicación clara y fijar una fecha para la

realización de la entrevista con comunicadores como Luis Felipe Valenzuela,

elemento central que atrajo la atención de la CICIG fruto del intento de asesinato que

sufrió, Enrique Godoy y Eduardo Stein, además del propio Comisionado de la CICIG

Francisco Dall’Anese. Estos últimos formaban parte del proyecto original como

potenciales entrevistados, pero el límite de tiempo fijado por el proyecto de

investigación, la imposibilidad de comunicación, y el rechazo de algunos a participar,

impidieron el desarrollo normal de las entrevistas como en los seis casos exitosos.

3.1 El contenido de las entrevistas.

Las entrevistas comenzaban con una pregunta clara que pretendía ayudar, aún

más, a adquirir una mejor comprensión de lo que la CICIG es: Un organismo

internacional de nuevo cuño que pretende ofrecer una asesoría técnica en los ámbitos

de seguridad y justicia al Estado guatemalteco. Al mismo tiempo, la pregunta

pretendía tomar el pulso a los entrevistados e intentar analizar el conocimiento que de

la misma poseían estos profesionales de la comunicación. La cuestión era sencilla

¿Cómo podríamos definir a la Comisión Internacional contra la Impunidad en

Guatemala (CICIG)? Las respuestas fueron variadas, desde la información académica

del profesor y comunicador Pedro Trujillo, que la calificó cómo “un organismo que

viene a luchar contra la impunidad en Guatemala”, señalando que, desde este punto de

partida, “una cosa es el objetivo que marca el acuerdo que firma Naciones Unidas y el

Gobierno de Guatemala, y otra la percepción de la ciudadanía”, hasta la opinión

radical del periodista Giovanni Fratti que indicaba que “La CICIG viene a cumplir un

18

La frase que hizo famoso a Jean Anleu, el twittero chapín fue “Primera acción real: sacar el pisto de

Banrural, quebrar al banco de los corruptos”. Pisto es la palabra que de manera informal sirve para

hablar del dinero en Guatemala.



32

plan ideológico de venganza contra el CACIF19

y el Ejército”. Todos indicaban que,

sea lo que sea el nuevo organismo internacional, la CICIG nace de un acuerdo entre la

ONU y la República de Guatemala, y sus funciones principales son, como señalaba el

periodista Gonzalo Marroquín “combatir la impunidad y el crimen organizado,

concretamente el crimen que está infiltrado en el Gobierno”.

En las declaraciones de muchos de los entrevistados hubo algo interesante que

el equipo tomó en consideración y que ya había sido observado. Es algo que subyace

en la frase de la periodista Marta Yolanda Díaz Durán cuando afirma que “en lugar de

venir a fortalecer el sistema de justicia de este país, la CICIG ha debilitado lo poco

que de él quedaba… Comenzando por el derecho a la presunción de inocencia”.

Muchos de los entrevistados opinan lo mismo, también se observa con claridad en las

declaraciones de Pedro Trujillo “el protagonismo de la CICIG ha terminado minando

el protagonismo de las instituciones nacionales que a final de cuentas son las que

tienen que resolver”, y que también subyace en las declaraciones de Giovanni Fratti.

La CICIG ha destruido, progresivamente y desde su creación, la institucionalidad

“nacional guatemalteca” al robarles el protagonismo a los organismos judiciales y

políticos del Estado. Al mismo tiempo, y de la mano de lo anterior, ese protagonismo

que la CICIG ha robado a las instituciones guatemaltecas se ha hecho sin la

correspondiente rendición de cuentas, algo que hemos comprobado fruto del análisis

del acuerdo desarrollado líneas atrás. En palabras de Giovanni Fratti “Coloca al

Comisionado sobre el Derecho Interno y le impide rendir cuentas porque tiene

inmunidad diplomática… No hay rendición de cuentas y puede suceder un abuso de

poder…”.

Todo este paquete de acusaciones, sin dudas graves, a la hora de evaluar el

rendimiento de la institución, desembocan en otro conjunto de preguntas

desarrolladas por parte del equipo de investigación y que tienen como fin observar si,

en opinión de los entrevistados, la actuación general de la CICIG durante su corta

vida ha sido positiva o negativa, entendiendo positiva como acorde a la definición de

19

El CACIF es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y

Financieras.



33

objetivos que la propia institución se da, y negativa como una lógica incompatible e

invasiva de otro tipo de competencias, en base a dicha definición de objetivos. La

cuestión era ¿Desde su punto de vista considera la intervención de la CICIG como

positiva o como negativa? Y, sorprendentemente, los resultados vuelven a mostrar

unas coincidencias que creemos necesario señalar.

Muchos de los entrevistados apuntan que, en general, la actuación de la CICIG

no ha sido positiva. Si pudiésemos poner una nota numérica a la actuación general de

la CICIG, el resultado que emana, siendo cero la nota más baja, y diez la nota más

alta, de entre las personas entrevistadas, es una nota de 4.5 sobre diez. Como se puede

observar, la opinión agregada de los entrevistados suspende y evalúa de forma

negativa el accionar de la CICIG durante su corta vida. Las razones de ese suspenso

son varias. Todos los entrevistados señalan que el día a día de la CICIG está plagado

de luces y sombras. Es decir, hay casos de éxito, pero también “rotundos fracasos”20

.

En ese sentido, muchos de los entrevistados parecían pensar lo que Marta Yolanda

resumió en la frase “Han prometido mucho y cumplido muy poco… “.

Sin embargo, sí que para otros de los entrevistados la CICIG tiene cosas

positivas. Pedro Trujillo señala “Siempre que una organización tenga la capacidad de

poner a un delincuente delante de un juez es en sí mismo algo positivo en un país

como este”. Como casos de éxito todos los entrevistados, salvo Giovanni Fratti que

califica la intervención de la CICIG como “un rotundo fracaso”, señalan que el caso

Portillo, y para algunos el caso Rosenberg son signos de la positiva intervención de la

CICIG en el ambiente guatemalteco. Para Gonzalo Marroquín, sin embargo, el mayor

éxito ha sido:

“Al margen de los resultados en sí mismos hay cosas importantes. Generó una

gran polémica nacional sobre el tema y se creó conciencia en la ciudadanía de que

nuestro sistema de justicia estaba muy mal. Hoy más que nunca hay una conciencia

en los guatemaltecos que hoy hemos clamado por la justicia y somos conscientes de la

necesidad de tener un sistema de justicia efectivo. Si CICIG no hubiera venido

20

La cita es del periodista Giovanni Fratti. Véase entrevista como archivo adjunto.



34

estaríamos igual que antes, que era muy mal. Y no significa que hoy estemos bien

pero ha habido mejoras. Se mejoró un poco la transparencia, etc.”.

Es decir, más que un caso a señalar, el gran éxito de la CICIG es el de haber

puesto el debate sobre la impunidad, la corrupción institucional, y la ineficiencia del

sistema judicial guatemalteco sobre la mesa. Abrir un debate público y comenzar un

proceso de “limpieza” y mejora progresivo.

Como notas negativas, muchos de los entrevistados señalan los abusos de

poder, la ausencia de rendición de cuentas por parte de un organismo que exige

rendición de cuentas al Estado guatemalteco, y la progresiva pérdida de

institucionalidad de las instituciones guatemaltecas al interactuar con un órgano

internacional que no ha dejado de ganar protagonismo desde su puesta en marcha en

septiembre de 2007.

Pedro Trujillo comenta “De negativo tenemos a un Comisionado que destrozó

a dos o tres personas y que luego los tuvieron que sacar sin pruebas… Hay casos de

guardaespaldas de la CICIG, hay algún caso de acusación de acoso sexual, y tuvieron

que escapar del país, etc. Pero lo más importante es que la CICIG se ha convertido en

un líder de opinión que puede destrozar a un fiscal o a un juez nacional… intentando

crear “institucionalidad” hemos destrozado la institucionalidad nacional”. En la

misma línea, Giovanni Fratti comenta que “Coloca al Comisionado sobre el Derecho

Interno, y le impide rendir cuentas porque tiene inmunidad diplomática… No hay

rendición de cuentas y puede suceder un abuso de poder… Un ejemplo de ese abuso

ha sido lo que se le ha hecho a Rodolfo Ibarra y a Diego Moreno Botrán que,

básicamente por hablar por teléfono y ser pariente de uno de los acusados estuvo en

la cárcel seis meses… Eso en sí mismo es un atentado contra la libertad de

expresión… “. Jean Anleu, el joven que fruto del uso de las redes sociales acabó en

prisión por “promover el pánico bancario”21

apunta que lo más negativo de la

intervención y actuación de la CICIG tiene que ver “Sobre todo los señalamientos…

21

Para ver el desenlace de dicho caso ver, Prensa Libre, Jueves, 9 de Junio de 2009.

http://especiales.prensalibre.com/PDFs/Ediciones/2009/julio/09/PDFs/PLMT09072009.pdf



35

Hubo acusaciones sobre todo y para todos… “. Marta Yolanda, en correspondencia

con Pedro Trujillo opina que “La CICIG desde su primer comisionado, Carlos

Castresana, y Francisco Dall’Alanese, han hecho poco para frenar los abusos de poder

en los que cae la institución”. Gustavo Berganza dice que muchas veces la CICIG se

ha guiado por “líneas de investigación erróneas…” que han hecho que muchas de sus

investigaciones desemboquen en nada. Por último, pero no menos importante,

Gonzalo Marroquín afirma que “Los grandes fracasos de la CICIG vienen en parte de

la incompetencia del Estado de Guatemala”. Es un final interesante, todos los

entrevistados señalan las incongruencias, incompetencias e incapacidades del nuevo

organismo internacional, sin embargo nadie, hasta Gonzalo Marroquín, había hecho

referencia a la ineficiencia del Estado guatemalteco a la hora de señalar los mayores

fracasos en los que ha incurrido la CICIG.

El equipo detecta que, sin embargo, puede que el mayor problema de la CICIG

haya sido “desinstitucionalizar” lo poco que quedaba de los organismos judiciales

guatemaltecos siguiendo las opiniones de Pedro Trujillo, Giovanni Fratti y Marta

Yolanda Díaz Durán. Ese sería el mayor fracaso de este organismo internacional, su

mayor incompatibilidad respecto a la definición de objetivos inicial.

¿Qué decir respecto a la protección de la libertad de expresión y de la libertad

de prensa?

3.2 La CICIG: ¿un organismo comprometido con la libertad de prensa?

Las entrevistas volvieron a proveer información interesante para poner en

relación a la CICIG y la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa y

el ejercicio de la profesión periodística. Sin embargo, en este apartado intentamos

contrastar tanto la información obtenida de la realización de las entrevistas, como la

provista por parte de Reporteros Sin Fronteras en su ya clásico Mapa sobre la

Libertad de Prensa a Nivel Mundial.



36

Las conversaciones con estos especialistas fueron un espacio generador de

polémica y debate. Nuestras preguntas iban en una clara dirección: ¿Ha mostrado la

CICIG, durante su breve existencia, un compromiso claro con la Libertad de Prensa?

Los resultados del proceso de investigación han sido cuando menos

interesantes. Todos los entrevistados han señalado la poca preocupación, de parte de

la CICIG, respecto a la protección de la libertad de expresión en general y de la

libertad de prensa en particular. Todos indican que la poca preocupación se debe a

que, en su lista de funciones, no se encuentra la protección de la libertad de expresión.

Pedro Trujillo es el más polémico cuando señala que “¿tiene que meterse la CICIG

en eso? Pues si la libertad de expresión termina siendo propiedad de grupos paralelos

estamos en un crimen de los que el convenio registra… Hay empresas de

comunicación en régimen de monopolio que viven de la publicidad del Gobierno”.

Es decir, la CICIG no tiene asignada la función de protección de la libertad de

expresión en el territorio guatemalteco, y sólo se preocupará de un tema relacionado

con la libertad de expresión si el mismo se “traslapa”, o solapa, con un asunto

relacionado con grupos paralelos y crimen organizado. Gustavo Berganza y Gonzalo

Marroquín posee opiniones similares. Algo más preocupante, que también subyace en

las declaraciones de Pedro Trujillo, es lo que señalan Giovanni Fratti, Marta Yolanda

Díaz Durán y Jean Anleu, el twitero chapín. Los tres comentan y responden ante la

pregunta que, más que fortalecer el sistema de libertad de expresión y libertad de

prensa en el país, las acciones de la CICIG han debilitado el mismo. Lo señala

Giovanni Fratti cuando apunta que “su compromiso con la libertad de prensa es

literalmente nulo”, o Marta Yolanda Díaz Durán, que ante la misma pregunta señala

que “fui demandada ante la CICIG, y luego en el Ministerio Público… Por un artículo

titulado el beso de Espada. El Vicepresidente violentó mi libertad de expresión.

Tengo una grabación donde el mismo me amenaza y el fiscal de la CICIG me está

llamando para pedirme declaraciones. Vinieron también a violentar la libertad de

expresión”.

Definitivamente la CICIG no fue creada para proteger la libertad de expresión,

pero es realmente problemático que, fruto de sus acciones, no sólo se



37

“desinstitucionalice” progresivamente la arquitectura jurídica del país, sino que al

mismo tiempo se reduzcan los niveles de libertad de expresión y esta se vea

“limitada”. Son dos consecuencias “inesperadas” ¿o esperadas? fruto del diseño del

nuevo organismo internacional contra la impunidad para ayudar al débil y corrompido

estado guatemalteco en los grandes desafíos que afronta hacia el futuro. Es importante

porque la acusación de impunidad, por parte del organismo que tendría que

preocuparse de enfrentar dicho problema, sobrevuela la conciencia de muchos líderes

de opinión. Pedro Trujillo finaliza su entrevista señalando que “La CICIG es inmune

e impune… Se da la paradoja en que una congresista norteamericana declara que la

CICIG tendría que haber sido más clara en algunas cuestiones. Cuando la ciudadanía

pide explicaciones a la CICIG, la propia organización no da muchas explicaciones…

lo que hace sospechar sobre la politización de la organización. No se puede hacer

justicia si la justicia se da en una única dirección… La ciudadanía no controla a la

CICIG… La CICIG es inmune y tiene una actitud cerrada…“. Giovanni Fratti,

complementando la intervención de Pedro apuntaba en la entrevista que “La CICIG

ha sido un rotundo fracaso… El caso Rosenberg, según el fiscal Rivera es un caso

lleno de mentiras… , el caso Giammattei lo paraliza artificialmente Castresana por

conveniencia política, el caso del profesor Beltranena de Ciencias Políticas pues más

o menos lo mismo… Puedo estar o no de acuerdo con el profesor pero no lo voy a

denigrar porque no piensa como yo, o porque me critica duramente. Entonces

Castresana, al salir de su mandato se venga con la prensa que lo critica metiendo a la

cárcel a Rodolfo Ibarra y denigrando públicamente a un catedrático universitario

porque no piensa como él. No hay casos de éxito con esos fracasos y violaciones”.

Marta Yolanda, suscribiendo todo lo anterior declara que “La CICIG desde su primer

comisionado, Carlos Castresana, y Francisco Dall’Alanese, han hecho poco para

frenar los abusos de poder en los que cae la institución”. Y, por último, y en sentido

contrario, un periodista de la talla de Gonzalo Marroquín apuntaba en la entrevista

respecto a la CICIG y a la actitud de los dos Comisionados, Carlos Castresana y

Francisco Dall’Anese que “los dos manifestaron que eran respetuosos del tema de la

libertad de expresión. Los funcionarios han mantenido una buena relación con los

periodistas que cubren la fuente. Nunca ha habido conflictos entre ambas

instituciones. Me parece difícil ponerle una calificación. Si es buena no se lo ha



38

ganado, si es mala tampoco lo ha hecho tan mal. CICIG nunca podría actuar al

margen”. En conclusión, desde el punto de vista de Gonzalo Marroquín la CICIG se

esforzaba por tener buenas relaciones con la prensa.

Como pregunta abierta, que podría ser desarrollada en futuros proyectos de

investigación, deberíamos indicar que, a priori, no es lo mismo poseer una relación

armoniosa con el sector periodístico, que forzar determinados discursos y generar un

clima de “opinión única”, acusaciones de la mayoría de los entrevistados durante la

realización de este proyecto de investigación.

3.3 ¿Cómo ha evolucionado la libertad de prensa en Guatemala?

Para completar lo anterior, y cerrar las preguntas de investigación sobre la

libertad de prensa, se decidió analizar el Índice de Libertad de Prensa, que se

conforma como el indicador internacionalmente aceptado a la hora de medir la

situación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa a nivel global. El

mismo ha sido desarrollado por la organización no gubernamental Reporteros Sin

Fronteras y, durante años, concretamente desde el año 2002, ha sido el termómetro de

la libertad de expresión y de la libertad de prensa a nivel planetario. La gráfica 4

señala el estado de dicha libertad en el año 2009.

La tabla 4 muestra la evolución de Guatemala, desde el año 2002 hasta la

actualidad, en el ranking o mapa de la Libertad de Prensa a nivel global. Las cifras

son interesantes porque la situación es marcada por la inestabilidad, dibujando unas

cifras que se caracterizan por una evolución a través de altos y bajos a lo largo del

tiempo.



39

Fuente: Wikipedia. Mapa del ranking de Libertad de Prensa realizado por Reporteros Sin Fronteras, 2009.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reporters_Without_Borders_2009_Press_Freedom_Rankings_Map.svg

Gráfica 4: Libertad de Prensa a nivel global.



41

Guatemala ha pivotado, en una lista de 178 estados que participan en la

medición, entre los puestos 68, su mejor nota en el año 2004, hasta el puesto 106, su

peor clasificación, en el año 2009. En la actualidad evoluciona positivamente y se

encuentra en el puesto 77, el segundo mejor de su historia. Esperemos que a inicios de

septiembre de 2011, mes en el que la organización vuelve a publicar el informe,

Guatemala siga disfrutando de esa tendencia positiva.

Tabla 4.

TABLA RESUMEN SITUACIÓN DE GUATEMALA MAPA LIBERTAD DE

PRENSA

AÑOS Puesto en el RANKING

2002 (Gobierno Portillo) Puesto 83. - 27,25

2003 (Gobierno Portillo) Puesto 99. - 30, 83

2004 (Gobierno Portillo - Ingreso Berger) Puesto 68. - 16,50

2005 (Gobierno Berger) Puesto 86. - 21,50



2008 (Gobierno Berger – Ingreso Álvaro Colóm) Puesto 101. - 22,64

2009 (Gobierno Colóm) Puesto 106. - 29,50

2010 (Gobierno Colóm) Puesto 77. - 20,25

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en el Sitio Web de Reporteros Sin

Fronteras. http://es.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html

Una pregunta interesante y de necesaria respuesta es ¿qué se tiene en cuenta

en el informe? ¿Qué se mide para extraer dicha clasificación? Teniendo en cuenta los

indicadores del índice se puede ver, en primer lugar, la jerarquía de preferencias de la

organización que realiza el mismo, y en segundo si los problemas de violencia e

impunidad que afronta Guatemala son tomados en cuenta para que en este momento

el país se sitúe en un lugar intermedio a nivel global.

El Mapa de la libertad de prensa intenta medir para su desarrollo los siguientes

indicadores:



42

1) Violencia Física hacia periodistas.

2) Número de periodistas asesinados, encarcelados, agredidos y amenazas, así

como responsabilidad del Estado en esos actos.

3) Amenazas directas, presiones y acceso a la información.

4) Censura y autocensura.

5) Control de los medios de comunicación.

6) Presiones administrativas, judiciales y económicas.

7) Internet y los nuevos medios de comunicación22

.

En base a los mismos, Guatemala obtuvo el puesto 77 sobre 178 estados. Lo

que indica, según el propio informe que la no existencia de asesinatos a periodistas, y

la no injerencia de las instituciones oficiales sobre los medios de comunicación

muestran la tendencia positiva por la que Guatemala discurre, manteniendo una seria

distancia frente a los cinco asesinatos de periodistas que tuvieron lugar en el año

2007. El dato negativo es el asesinato, este año, del periodista Yensi Roberto Ordóñez

Galdámez, en el Departamento de Escuintla23

.

¿Cómo relacionar a la CICIG con la libertad de prensa? Definitivamente la

relación es difícil. En primer lugar por la definición de objetivos que posee el

organismo internacional, en segundo, porque desde el año de creación de su CICIG el

número de periodistas asesinados en Guatemala no ha dejado de disminuir, y eso ha

hecho que la CICIG dirigiese su mirada a eventos de más impacto en la vida social

guatemalteca. Todo lo anterior ha confirmado que, como señalaban las entrevistas

realizadas por el equipo de investigación, la CICIG no tiene competencias en lo

relacionado con la libertad de expresión y la libertad de prensa y tampoco demasiado

interés, con todos los riesgos que esa actitud pasiva conlleva. Por ello su impacto en

este campo y en los indicadores que miden el mismo es difícilmente demostrable.

22

Para la explicación metodológica del informe véase “Criterios para establecer la clasificación

mundial de 2009 de la Libertad de Prensa” http://es.rsf.org/IMG/pdf/cm_questionnaire_2010_es.pdf. 23

Para ello ver “Encuentran asesinado a un periodista que habría recibido amenazas; detienen a otro en

condiciones controvertidas”, en http://es.rsf.org/guatemala-encuentran-asesinado-a-un-20-05-

2011,40329.html.

http://es.rsf.org/guatemala-encuentran-asesinado-a-un-20-05-2011,40329.html

http://es.rsf.org/guatemala-encuentran-asesinado-a-un-20-05-2011,40329.html



43

Ahora bien, queda sobre la mesa un problema que puede afectar, y para

muchos de los entrevistados ha afectado, el funcionamiento normal de la libertad de

expresión y la libertad de prensa en Guatemala: Nos referimos al protagonismo

desmedido que provoca un abuso de poder por parte del nuevo organismo

internacional. ¿Podríamos resolver el problema? ¿Hay alternativas para limitar dicha

amenaza? ¿Existe un plan de política pública en ese sentido para vigilar al vigilante?

El papel excesivamente protagónico de la CICIG puede dejar fuera de juego a

determinados actores de la sociedad civil y limitar las libertades civiles y,

concretamente, la libertad de expresión y la libertad de prensa. La

“desisntitucionalización” que la CICIG provoca en el ámbito de la justicia puede

generar un fenómeno de contagio prohibiendo determinadas opiniones contrarias a la

misma o persiguiendo a esos actores. A día de hoy no existen evidencias en ese

sentido, pero el marco legal existente que coloca a la institución por encima de las

instituciones soberanas guatemaltecas y al margen de estas, y su papel protagónico

pueden generar un espacio proclive para este tipo de actitudes amenazantes de las

libertades básicas de las ciudadanas y ciudadanos.

3.4 A modo de conclusión: ¿Cómo ha sido el impacto de la CICIG?

El camino recorrido por la CICIG durante sus años de existencia ha sido un

camino marcado por luces y sombras de todo tipo.

A pesar de algunos éxitos registrados por nuestros entrevistados, y por

informes como el trabajo “Caminar sin muletas: un balance de la Comisión

Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, escrito por el International Crisis

Group, que cataloga a la CICIG como un organismo que “ha dado algo de esperanza a

un país profundamente atemorizado por la violencia del posconflicto y por una

arraigada impunidad” (Group, 2011, p. 1), el balance de la CICIG y el impacto que la

misma ha causado en Guatemala ha sido negativo. El examen y la evaluación general

fruto del proceso de investigación es que la CICIG:



44

“Así las cosas, la CICIG, ha terminado por monopolizar el debate nacional

sobre la justicia. Nadie le dijo que podría o debía opinar sobre Comisiones de

Postulación, honorabilidad de personas, destruir carreras, presentar expedientes

muchos de los cuales no soportan un análisis serio o acusar públicamente a personas,

sin embargo, lo hicieron. Sacaron a un fiscal general en lugar de exigir al Presidente

que asumiera su responsabilidad; cuestionaron a aspirantes sin pruebas y los dejaron

fuera del proceso de selección; enviaron a la cárcel a algún periodista que

posteriormente tuvieron que liberar; abandonaron (y paralizaron)24

el caso de la ex

esposa del PDH25

sin que se sepa qué fue lo que ocurrió ni cómo se cambió aquella

versión inicial, además de mantener a una persona en prisión por seis meses;

continúan tapando el sol con un dedo con las campañas de desprestigio y acusando

sin pruebas o con algunas que no soportan un análisis forense de primero primaria y

pareciera que no son capaces de superar el shock Castresana” (Trujillo, 2011, p. 6).

Otra prueba del desagrado que determinadas élites poseen contra la CICIG es

el caso de la jueza Verónica Galicia y las acusaciones que misma emite contra la

CICIG. Paradójicamente, dichas acusaciones poseen una compatibilidad grande con

los resultados surgidos fruto de la realización de las entrevistas:

“La juzgadora mostró su malestar por la acción legal presentada en su contra

por la CICIG, por el caso Maskana, en relación con el arresto domiciliario que ella le

otorgó a Juan Carlos Leal, implicado en ese proceso.

“Le dije al mandatario de la CICIG que ya se habían terminado los tiempos en que

me demostraban con investigaciones, argumentaciones contundentes y pruebas

abundantes”, expuso.

Al referirse a los casos que conoce y en los cuales participa esa entidad, dijo

que la CICIG ya había bajado la calidad de su trabajo y ahora se adhería a las

peticiones del Ministerio Público (MP), lo cual no era usual” (Alvarado & Orantes,

2011).

La lógica seguiría si, efectivamente, analizásemos casos como la extradición y

acusación de Vielmann, el caso del profesor Francisco Beltranena, y todo lo

relacionado con el ex ministro Giammattei.

Todas estas incertidumbres sobre el organismo internacional motivan la

creación de un espacio de reflexión para modificar el mismo. En ese sentido, y como

24

Lo acotado entre paréntesis pertenece al equipo de investigación. 25

Con las siglas PDH nos referimos al Procurador de Derechos Humanos.



45

última parte de este trabajo, a continuación presentamos una serie de ideas generales

para proponer un diseño de política pública más atrevido y que sea capaz de

solucionar los problemas diagnosticados a la CICIG.



46

4. Una propuesta de política pública para mejorar la CICIG

La disciplina de políticas públicas se ha caracterizado por una identidad única

que la diferencia de la visión jurídica y de nueva gestión pública o nueva gerencia

pública. El análisis de políticas públicas se caracteriza por una lógica empirista, que le

hace mostrar con claridad tanto los actores, como los procesos de toma de decisiones

a la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas.

En ese sentido, e intentando presentar una opción para reformar la CICIG y

mejorar el rendimiento de la misma, lo ideal sería mostrar los ciclos lógicos de

diseño, implementación y evaluación de una política pública. Para ello, creemos

necesario en primer lugar definir con claridad qué es en sí misma una política pública.

Una definición aceptada, y propuesta por un amplio conjunto de autores es:

“…definiría a la política pública (policy) como una decisión formal

caracterizada por una conducta o actuación consistente y repetida por parte de

aquellos que la llevan a cabo y por parte de aquellos que resultan afectados por la

misma” (Bastos Boubeta, 1996, p. 5).

La definición es clara a la hora de señalar que para poder definir una

intervención gubernamental o del poder público en cualquiera de sus tres niveles, en

el caso de Guatemala (local, departamental o nacional), y desde cualquiera de los tres

poderes del Estado, es necesario que dicha intervención sea formal, es decir, que

posea plena aceptación por parte de los actores que participan en su ejecución, pero

también plena aceptación por parte de los afectados, de los receptores de dicha

política para que se genere una retroalimentación que legitime la intervención.

Una vez definido nuestro concepto clave es necesario resumir los estilos de

políticas públicas existentes. El profesor Bastos Boubeta señala la existencia de dos

estilos a la hora de diseñar una política pública:



47

“Los estudiosos de los rasgos característicos del proceso de elaboración de

políticas públicas en cada país, esto es de su propio estilo, distinguen entre estilos

decisorios anticipativos o reactivos según el mayor o menor grado de racionalismo o

de incrementalismo presente en su elaboración. En los países caracterizados por un

elevado grado de racionalismo en su proceso de elaboración de políticas públicas

predominarán las políticas anticipativas, esto es, aquellas que intentan prever el

mayor número posible de contingencias en una determinada área de políticas”

(Bastos Boubeta, 1996, pp. 5-6).

Los dos estilos existentes a la hora de diseñar una intervención que lleve el

nombre de política pública son:

1) Políticas Públicas Anticipativas: caracterizadas por un mayor grado de

racionalismo e incrementalismo.

2) Políticas Públicas Reactivas: Menos racionales y más improvisadas.

En base a esta distinción de estilos podemos afirmar que muchas de las

políticas que han diseñado e implementado los ejecutivos guatemaltecos desde el

inicio de la constitución de 1985 han sido de carácter reactivo. Más que prever

problemas han reaccionado a los mismos y muchas veces sin un análisis y una

evaluación adecuada de las necesidades y problemas que enfrentaban. Las

necesidades representan el incentivo para diseñar y hacer frente a los problemas que

intentan resolver las propias intervenciones públicas. En ese sentido y siguiendo con

nuestro marco teórico podríamos señalar que existen cuatro tipos de necesidades:

“Necesidades normativas, son aquellas necesidades definidas como tales por

terceras personas, normalmente expertos o políticos. Definen que necesidades son

o no problemáticas.

Necesidades sentidas son aquellas que expresan los deseos y motivaciones de la

población y se expresan de forma indirecta. Son los especialistas quienes deben

explicitarlas.

Necesidades expresadas, son aquellas que se explicitan en actos concretos

(consumo de determinados bienes, por ejemplo).

Necesidades comparativas, son aquellas que se generan cuando se compara entre

ellas dos o más situaciones sociales y geográficas, en términos de nivel de

servicio, y se utiliza a una como indicador de los comportamientos futuros de los

consumidores de las otras” (Bastos Boubeta, 1996, p. 14).

En cuanto a la definición de problema, también se posee una

conceptualización clara:



48

“Acostumbra a definirse un problema público como la divergencia entre la

realidad social en un determinado ámbito y la realidad deseada o esperada en ese

mismo ámbito. La definición de un problema público es un fenómeno social.

Depende mucho de las percepciones, ideas y valores del público y de los actores

implicados” (Bastos Boubeta, 1996, p. 14).

Por lo tanto, y después de estas aclaraciones se puede observar con claridad

que la CICIG y concretamente su proyecto, representan la implementación de una

política pública. Pero la misma no ha hecho demasiado por solucionar el problema de

la impunidad para la que fue creada. Como consecuencia inesperada y como

señalábamos en el anterior epígrafe, la CICIG ha desinstitucionalizado y debilitado, si

aún se puede más, el sistema judicial guatemalteco.

Tenemos un problema y parece necesario rediseñar la política pública para

hacer frente al mismo. La CICIG puede, como señalaba Gonzalo Marroquín, haber

generado conciencia sobre la situación en la que se encuentra el país entre la

ciudadanía guatemalteca, pero no parece que haya hecho demasiadas cosas para

fortalecer al Estado centroamericano. Por otro lado el problema sigue existiendo: la

baja institucionalidad del sistema judicial guatemalteco y la debilidad del mismo para

afrontar los problemas que desafían al propio Estado. Parece que justicia y seguridad

se adaptan a los cuatro tipos de necesidad que hemos observado a la hora de presentar

el marco teórico. Sin duda son una necesidad normativa, una necesidad sentida por

parte de la población guatemalteca, una necesidad expresada por amplios sectores de

la población y, obviamente, si lo analizamos desde una perspectiva comparada,

Guatemala se encuentra en una posición dramática tanto desde el punto de vista

judicial y de impunidad, como de seguridad.

La propuesta de política pública tiene que tener en cuenta el diagnóstico que

se ha realizado en el apartado anterior. Por eso, la misma posee un doble y

concurrente objetivo, de un lado evitar la creación y desarrollo de un poder paralelo

que haga dudar acerca de las intervenciones judiciales del Estado guatemalteco y

contribuya progresivamente a su desinstitucionalización, del otro promover, potenciar

y consolidar las instituciones existentes en los ámbitos sectoriales relacionados con la

seguridad y la justicia. Esos son los retos fruto de cinco años de funcionamiento del



49

nuevo órgano internacional, y eso es lo principal a tener en cuenta a la hora de nuestro

diseño.

La propuesta de nuestro grupo de investigación pivota sobre dos proyectos:

1) Creación de un órgano supranacional que gestione de forma técnica todos los

problemas relacionados con la seguridad y la justicia y asista como órgano

independiente del Estado al mismo en la solución a los problemas que este

enfrenta.

2) La creación de un órgano sujeto a las instituciones guatemaltecas y al servicio

de estas. Obviamente en este segundo modelo no existiría la citada

“independencia” y la naturaleza del órgano estaría sujeta siempre y en todo

momento al sistema judicial e institucional guatemalteco. No habría

inmunidad.

Ambos modelos pretenden resolver los problemas propuestos con anterioridad

y, al mismo tiempo, creen en la concentración de poder en un solo agente. Ese es el

objetivo y la estrategia central para solucionar el desarrollo de un poder paralelo. O

construimos un órgano supranacional en base a cesión de soberanía, o desarrollamos

un órgano sujeto a las instituciones guatemaltecas y contralado por estas. Lo que no

conviene y parece haber sido el caso con la CICIG, es el desarrollo de un organismo

paralelo que polemice e influya en la opinión pública contradiciendo las decisiones

que toman las instituciones nacionales y que, al mismo tiempo, sea independiente de

las mismas e inmune frente a cualquier tipo de acusación.

4.1 Una propuesta supranacional

La primera propuesta de política pública de reforma de la CICIG sería el

desarrollo, ahora sí, de una institución supranacional que, en base al Acuerdo entre

ONU y la República de Guatemala, y fruto de la cesión voluntaria de soberanía por

parte del Estado guatemalteco, desarrollase un órgano judicial más allá del Estado

nación encargado de asistir técnicamente al mismo en la solución de problemas



50

relacionados con los ámbitos de la seguridad y la justicia. En ese sentido, y aunque se

puede interpretar como ciencia ficción, tanto la ONU, como la República de

Guatemala podrían tener como inspiración a entes jurídicos de naturaleza

supranacional como el Tribunal de Justicia Europeo.

Para este modelo habría que desarrollar un nuevo acuerdo y sería necesario

ampliar el número de capacidades y funciones de la nueva CICIG. Es poco realista,

dado el antecedente de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca. Sin embargo, sí

sería necesario tenerlo en cuenta para futuros desarrollos de política pública porque,

sobre el papel y grosso modo, resolvería todo lo relacionado con la división y la

dualidad, evitando el desarrollo de instituciones de carácter paralelo que contradigan

los procesos de las instituciones formales del Estado guatemalteco. Como se dice

líneas atrás sería un buen ejemplo el Tribunal Europeo de Justicia. El mismo tiene

capacidades y autoridad supranacionales, y a día de hoy sus decisiones son

vinculantes para los 27 miembros que componen la UE. ¿Cómo se podría adaptar

dicha institución a un órgano acusador como es la CICIG y la realidad de Guatemala?

La lógica se traduciría en la construcción de un poder judicial, ya no sólo un órgano

fiscal, de naturaleza supranacional para afrontar casos especiales relacionados con el

crimen organizado, gracias a la transferencia total y voluntaria de soberanía por parte

del Estado Guatemalteco a un verdadero poder judicial externo y sui generis creado

de forma paralela al Estado de Guatemala y no sujeto a este sino a la ONU.

A pesar de lo atrevido de la propuesta y de los problemas que la misma tendría

a la hora de su diseño, dejamos la misma abierta para debates y futuros trabajos dado

que el ejemplo europeo muestra que se pueden construir, siguiendo lógicas

funcionalistas y neofuncionalistas organismos de naturaleza supranacional que,

voluntariamente y con el consentimiento de los estados, asuman funciones y

capacidades soberanas del mismo.



51

4.2 Propuesta de creación de un órgano sujeto a las instituciones guatemaltecas

La segunda propuesta es de naturaleza gubernamental, no supranacional y

pretende crear un organismo de naturaleza técnica que ayude al Estado guatemalteco

en su quehacer diario para mejorar los servicios de justicia y seguridad a la población

y así luchar contra la impunidad, crimen organizado y amenazas existentes en el país.

El nuevo órgano podría poseer tres formas potenciales:

1) Un órgano incluido en el Ministerio Público y sujeto a las normas del mismo.

2) Un órgano incluido en el Organismo Judicial guatemalteco y sujeto a las

normas del mismo.

3) Un órgano de asistencia técnica con recursos humanos y capacidades

repartidas entre el Organismo Judicial guatemalteco y el Ministerio Público.

Sea como fuere, y quizás este es un trabajo y una pregunta de investigación

para futuros artículos, de cualquiera de las tres formas se resolvería el problema de la

división de poder y tanto los poderes, como la concentración de protagonismo social e

institucional, recaería en instituciones encuadrados en la arquitectura del Estado

guatemalteco.

Ambas fórmulas, aunque requieren de mayor estudio e investigación,

pretenderían resolver el problema de desinstitucionalización que, en base a las

entrevistas y a la breve evaluación de impacto realizada en el capítulo 3 se percibe

fruto de cuatro años de funcionamiento de la CICIG.

En relación a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa, ambas

opciones mantendrían el status actual y protegerían dichas libertades. La “nueva”

CICIG debería preocuparse ya no sólo de la impunidad, sino de la protección de las

libertades en general a través de la defensa y promoción de normas abstractas de

aplicación universal y no promover constructos legales que protejan a grupos

profesionales o determinados gremios. La Libertad de Expresión es uno de esos



52

derechos universales y abstractos, y hacia la defensa de dicha libertad, así como la

protección y defensa de la libertad de asociación, la libertad de reunión o cualquier

otra libertad civil se debería dirigir las acciones de la CICIG. No solo debe castigar,

también debe desarrollar lógicas anticipativas de protección de libertades.

Ambas recomendaciones de política pública serían necesarias, y deberían ser

tenidas en cuenta sobre todo por otros países que, en la actualidad, parecen

interesadas en importar el modelo CICIG.



53

CONCLUSIONES

El documento de trabajo que hemos presentado pretendía realizar una

evaluación de impacto de las acciones que ha llevado a cabo la CICIG desde su

fundación en el año 2006 y su puesta en práctica a partir del año 2007. Para ello el

artículo desarrolló a lo largo de la primera parte un repaso histórico que nos ayudó a

comprender la dimensión de la impunidad en Guatemala. Desde la Constitución de

1985, el país sufre la lacra de la impunidad y no es capaz de desarrollar un sistema de

justicia estable y eficiente. Por todo ello, por las lógicas existentes como consecuencia

del conflicto armado interno, y por el período post-conflicto armado interno

caracterizado por unos elevados índices de violencia y de impunidad se intenta

diseñar un organismo de carácter internacional que ayude y asista técnicamente al

Estado guatemalteco en la solución de sus problemas. Nace la CICIG.

La segunda parte representa un esfuerzo por definir a la CICIG. El artículo

considera a la CICIG como un producto de la ideología multilateral defendida por

organismos internacionales como la ONU. La lógica de creación es la de un órgano

internacional e independiente que se preocupe de asistir al Estado guatemalteco en los

ámbitos sectoriales de la seguridad y de la justicia. El organismo tiene una serie de

funciones y capacidades en base al Acuerdo entre la ONU y la República de

Guatemala que progresivamente fortalecen su papel a nivel social, político y jurídico.

La tercera parte del trabajo de investigación ha sido realizado a través de una

serie de entrevistas a varios líderes de la comunicación en Guatemala. El motivo del

uso de dicha técnica de investigación cualitativa es, en primer lugar analizar el

conocimiento que sobre la CICIG poseen determinados líderes del mundo de la

comunicación, y en segundo ver la opinión que dichos líderes poseen sobre la CICIG.

Los resultados han sido sorprendentes. La mayoría de los entrevistados establecen un

diagnóstico preocupante después de cuatro años de funcionamiento de la CICIG. La

gran mayoría de los entrevistados coinciden que el organismo internacional e



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independiente ha contribuido a debilitar aún más el ya débil sistema jurídico y de

seguridad guatemalteco por el protagonismo mediático que la CICIG posee. La

CICIG no sólo ha deslegitimado a las instituciones nacionales guatemaltecas, sino que

además la misma disfruta de una serie de privilegios legales que la hacen estar al

margen de las leyes guatemaltecas, y sin la necesidad de rendir cuentas o de tener una

relación estrecha con los miembros de la sociedad civil. Como consecuencia

inesperada se ha desarrollado un órgano impune e inmune que está

“desinstitucionalizando” a los órganos nacionales guatemaltecos debido a las

acusaciones y a muchas de las acciones que la Comisión ha promovido durante su

corta existencia.

De la mano de lo anterior, el trabajo también muestra el poco compromiso que

la institución internacional muestra con la defensa de la libertad de expresión y la

libertad de prensa. En base a la definición de funciones y capacidades de la CICIG, la

defensa de dichas libertades quedan muy lejos de los objetivos asignados. Unido a lo

anterior sería interesante abrir un debate público sobre el peligro que la propia

institución representa al monopolizar de forma progresiva todo el sistema de

decisiones judiciales en el país. Las conclusiones en ese sentido no son demasiado

optimistas, su papel protagónico a nivel político, jurídico y social pueden representar

un potencial peligro para las libertades civiles, y concretamente para la libertad de

expresión en general y de prensa en particular.

El artículo finaliza con un apartado dedicado a proponer, de manera general y

desarrollando una nueva línea de investigación para futuros artículos dos soluciones al

mayor problema de los diagnosticados durante el proceso de investigación. De un

lado se incentiva la creación de una institución supranacional que gestione la política

de seguridad y justicia a nivel nacional. De otro, el artículo propone la integración de

la CICIG, de sus funciones y de sus capacidades en las instituciones del Estado

guatemalteco, concretamente en el Ministerio Público, en el Organismo Judicial, o en

ambos al mismo tiempo. Ambas soluciones pretenden mejorar el rendimiento de la

CICIG e integrarla dentro de las estructuras del Estado para que no se convierta en un



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poder paralelo con capacidad para desprestigiar, y debilitar las decisiones tomadas por

el propio Estado guatemalteco en base a su sistema de Derecho.

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