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Jorge Massin camin las ocho cuadras

que separaban su casa del maxiquioscoubicado en Mendoza esquina Juan Manuel

de Rosas, en el cntrico barrio Martin.

Una vez en la puerta, sac una de las rejas

y prendi un cigarrillo mientras contem-

plaba los primeros movimientos de la

maana. Cuando entr al comercio un

reloj de pared marcaba que eran las 7.15.

Minutos ms tarde, escuch que se abra

la puerta. Al girar para ubicarse detrs del

mostrador, se encontr con una persona

que lo estaba encaonando. Callate y ca-

min para el fondo, le orden apoyndole

el revlver en la nuca. Dieron unos pasos

rpidos pero en el trayecto Massin hizo

un movimiento brusco que el asaltante

interpret como un intento de resistencia.

No lo dud: le peg un balazo debajo de la

oreja derecha. Fue el asesinato nmero 29

de los primeros 24 das de 2014.

Esa misma maana los vecinos mani-

festaron su furia a los integrantes de la co-misara 1, ubicada a 150 metros del maxi-

kiosco, quienes haban acudido a la escena

del crimen. Le decimos al gobernador

Bonfatti que si no est capacitado para

afrontar la inseguridad que vivimos d un

paso al costado, grit un vecino y sum

una advertencia: Le pedimos que no nos

obliguen a armarnos para defendernos. La

marcha se repiti el lunes 27. Algunos pro-

pusieron trasladarse al domicilio particular

del ministro de Seguridad Ral Lamberto y

tambin al de Rubn Galazzi, el poderoso

ministro de Gobierno. A las ms de qui-

nientas personas se le sumaron familiares

de asesinados en esas s emanas y durante

2013, todos ellos habitantes de las perife-

rias, para llevar sus desodos reclamos a

una geografa habitualmente denegada.

Con el asesinato de Jorge Massin, entr en

escena un sector que hasta entonces haba

vivido con indiferencia y muchas veces con

beneplcito el masivo asesinato de jvenes

pobres: la clase media cntrica, base de

sustentacin del partido que gobierna

Rosario desde fines de los ochenta.

Hace dos aos tres pibes fueron asesi-

nados en Villa Moreno. Un hecho habitualen Rosario pero esa vez, casualmente, se

trat de integrantes del Frente Popular

Daro Santilln. La lucha de sus compae-

ros y el apoyo de los movimientos sociales

logr nacionalizar las denuncias y dej al

descubierto un sangriento conflicto s ocial

hasta ese momento oculto detrs de la

fiesta del consumo.

En la madrugada del 2 de febrero

de 2014, asesinaron en pleno centro a

Jairo Trasante, de 17 aos, hermano de

Jeremas, uno de los tres muertos en la

masacre de Villa Moreno. Dos grupos de

jvenes tuvieron una pelea en el interior

de un bar, los enfrentamientos siguieron

en la calle. Cuando aparentemente haba

finalizado la gresca, Jairo subi a una moto

conducida por un amigo del barrio. A las

pocas cuadras, los intercept un Renault

Sandero con integrantes del grupo anta-

gonista. Le dispararon un balazo mortal a

Jairo, hijo de Eduardo Trasante, el pastor

evanglico que desde hace dos aos lucha

junto al Movimiento 26 de Junio para que

se esclarezca el triple crimen que se llev a

otro de sus hijos. En pocas horas, la noticia

estall en los medios nacionales.

vecinos invasores / ciudad del bang / socialismo y barbarie

Rosario es el laboratorio en el que se prueba un modo

especfico de reconstruccin de la gobernabilidad: el

poder sanador de las fuerzas policiales. Con el argumento

del narcotrfico como flagelo que azota a la nacin se

despliega un control territorial que dos meses despus desu espectacular arribo ya revela los efectos colaterales de la

militarizacin. por Juan Pablo Hudson | foto Hctor Ro

salt la trmica rosarina

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Nuevamente, el verano marcaba el

derrumbe ahora definitivo tanto de laerrtica poltica de seguridad del gobierno

provincial como de esa imagen eficaz de

pujanza y armona urbana construida con

laboriosidad durante ms de veinte aos

por el marketing socialista y sus aliados

empresariales y mediticos.

La rebelin policial del ltimo di-

ciembre haba puesto fin a la ya afnica

capacidad de negociacin del gobierno

provincial con la fuerza. De ah en ms

la desregulacin de la seguridad ya no se

confin a las periferias. La crisis del pacto

poltico entre gobierno y uniformados se

remite tambin al 2012 cuando fue dete-

nido por la Polica de Seguridad Aeropor-tuaria el entonces jefe de la Polica Hugo

Tognolli. Los esfuerzos de Hermes Binner

para defender a quien durante su mandato

fue el jefe de la divisin Drogas Peligrosas

no pudieron detener el procesamiento de

Tognolli por connivencia con los barones

del narcotrfico.

perder el centro

Dos aos despus, la ruptura de la cadenade mandos como consecuencia de la

autonoma de los cuadros medios termin

de hacer estallar ese doble pacto a travs

del cual el gobierno delegaba en la polica

el control de la inseguridad y los unifor-

mados regulaban a las organizaciones

delictivas para que no superaran cierto

umbral de tolerancia. Hace falta restable-

cer el orden y la cadena de mandos y por

supuesto hacer que la fuerza policial, que

es una fuerza vertical, vuelva a cumplir su

funcin, declar durante al alzamiento de

diciembre un plido ministro Lamberto.

Los jefes nos dejaron solos, porque ellos

total se la llevan por izquierda, le repli-c todava desde los piquetes un grupo

de policas de bajo rango. Hacia finales

de marzo, se sumaron los demoledores

dichos del Procurador General de la Corte

Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre: La

inteligencia criminal de la polica no fun-

ciona y est quebrada. Existe un problema

poltico de conduccin de la Fuerza.

El desembarco fue ms

espectacular que efectivo. Losallanamientos realizados enterritorios de operacin narcofracasaron. El propio secretariode Seguridad de la Nacin tuvoque sincerar esa misma tardeel verdadero objetivo del arribopor tierra y aire: No venimosa buscar narcos, venimos aocupar el territorio.

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Pero 2014 comenz con otro proceso

que tambin exasper el nimo de los

habitantes del rea central: la expansin

de los robos menores y tambin de los de

gran factura. Ese fenmeno reductor de la

vida pblica que histricamente la dere-

cha capitaliza y la izquierda contextualiza

pero, en definitiva, subestima y desatien-de se multiplic a travs de arrebatos

algunos muy violentos perpetrados por

jvenes en motos sin experiencia delictiva,

ingresos a domicilios, salideras y atracos

a bancos y comercios. Vamos a aunar

criterios para tratar de disminuir la ola

de delitos por la que atraviesa la ciudad,

declar el 10 de enero Jos Luis Amaya,

durante su asuncin como nuevo jefe de

la polica de Rosario.

Desde finales de diciembre, el muni-

cipio y la provincia perdieron el control

del ltimo territorio sobre el cual ejercan

algn tipo de regulacin poltica ligada al

orden: la zona centro, cuidada y recicladadebido al afn de promocionar el arribo

de capitales privados para el crecimiento

del mercado inmobiliario, el turismo y los

servicios. Movilizaciones como la protago-

nizada por los vecinos del kiosquero, a las

que se sumaron las organizadas en barrios

acomodados como Fisherton, Alberdi y

Funes, enfrentaron al socialismo con su

peor fantasma: un posible alzamiento de

la clase media y alta rosarina con el apoyo

de familiares de vctimas de los sectores

populares, tal como le ocurri a Nstor

Kirchner con el surgimiento en 2004 de

Juan Carlos Blumberg como abanderadode la lucha contra la inseguridad.

En marzo, el linchamiento de David

Moreira dej en claro que la autonoma

policial no derivara en una pacfica regu-

lacin comunitaria del delito. A inicios de

abril, cuando la cantidad de homicidios

ascenda ya a 86 casos, lleg el demora-

do acuerdo con el gobierno nacional y el

estruendoso despliegue de 2 mil agentesfederales para recuperar el control de una

ciudad literalmente a la deriva, con Sergio

Berni al frente, exultante, como el Coronel

Kilgore deApocalypse Now.

abogados del mal menor

El desembarco fue ms espectacular que

efectivo. Los allanamientos en territorios

de operacin narcofracasaron. El propio

secretario de Seguridad de la Nacin tuvo

que sincerar esa misma tarde el verdadero

objetivo del arribo por tierra y aire: No

venimos a buscar narcos, venimos a ocu-

par el territorio. En las jornadas siguientes

los allanamientos siguieron y se sum elderrumbe de las viviendas precarias donde

suelen funcionar los kioscos de drogas.

Una poltica similar a la estrategia por la

que tanto se critic al gobierno local en los

ltimos aos. Fue necesario esperar una

semana para conocer el alcance real de

la medida. La saturacin protagonizada

por gendarmera y prefectura no incluy a

todos los barrios populares sino a las zonas

ms calientes del sur, oeste y noroeste.

Ciudades como Villa Gobernador Glvez

y barrios como Las Flores, Tablada, Villa

Banana y Luduea comenzaron a convivir

con la ruidosa presencia de los federales.Los vecinos que rpidamente dieron

muestras de satisfaccin porque sus vidas

ya no dependen de la brutal polica de

Santa Fe comprobaron que los controles no

se limitan a los puntos de venta de estupe-

facientes. A los trabajadores los paran, a

los autos tambin, te revisan la guantera.

A los pibes los detienen todo el tiempo

para pedirles los documentos. Estn muy

densos con ellos. Ahora todos andan con el

documento en el bolsillo. Pero la gente dice

que est bien, que por lo menos est ms

tranquilo, no te roban y se puede transitar

de otra manera. Pensemos que es un barrio

que despus de las cinco de la tarde ya seempezaban a escuchar los tiros y la gente

se llevaba los chicos a las habitaciones

del medio de sus viviendas para que no

escucharan. Entonces es fuerte el control

pero tambin es fuerte vivir a los tiros y no

poder salir a la calle, cuenta una trabaja-

dora social que camina Las Flores, el feudo

de la banda de Los Monos. Los pibes ya no

estaban en la calle despus de cierta hora

porque est todo el tema de que pasaban

las motos y tiraban a mansalva. La mayora

se guardaba por precaucin en sus casas,

complementa un militante de la zona.

En barrios del oeste como Villa Banana,

las Tropas de Operaciones Especiales de

la provincia controlan durante el da y la

gendarmera llega cuando se encienden

las luces artificiales. Nunca vi tantos

milicos con armas largas en el barrio. A la

noche no dejan salir a nadie de las casas,

ni siquiera a las doas cuando quieren bal-dear la puerta a la maana muy temprano,

una costumbre de ac. Hasta que no se

va gendarmera, todo el mundo tiene que

permanecer adentro. La gente ms grande

protesta porque se le restringi mucho

la vida cotidiana, describe un joven que

integra una organizacin territorial. Los

jvenes del barrio Luduea mascullan con

bronca que la prefectura vigila a toda hora

los sinuosos pasillos del asentamiento lin-

dero a las vas del ex ferrocarril Mitre. Es-

tamos en la casilla y se escuchan los pasos

de los milicos que van caminando entre los

ranchos, cosa que nunca pas con la po-

lica de ac. Andan con unos fierros enor-mes. Los pibes les tiran piedras porque no

se los bancan. Est todo mal con ellos. No

los dejan ranchear en las esquinas. Ayer

a unos guachitos los cagaron a palos y les

tiraron los vinos que estaban tomando en

la puerta de una casa. Cada vez que entrs

o sals del barrio te piden los papeles de la

moto, cuenta un vecino de la zona.

En los barrios, algunos militantes

populares saludaron con ciertos reparos la

llegada de gendarmes. Otros, la fustigaron

aunque aceptando sus propios retrocesos

en la capacidad de fogonear las dinmicas

comunitarias, destruidas desde que losterritorios son controlados por los grupos

narcos y en el marco de una poblacin que

cada vez ms resuelve los conflictos coti-

dianos a travs de las armas. Sectores del

kirchnerismo local, acadmicos de izquier-

da y ex funcionarios especialistas en seguri-

dad abrazaron el acuerdo con Nacin, bajo

el argumento de que la ya fracasada des-

truccin de bnkeres atendidos por nios

y la saturacin policial ahora estaba siendo

realizada por fuerzas federales bajo control

judicial y poltico y sin ligazn con la re-

caudacin ilegal. Un mes despus, cuando

se conocieron los controles represivos a

los pibes que fuman porro en la esquina yel nivel asfixiante de requisas en las calles,

algunos de ellos intentaron desmarcarse de

ese eufrico apoyo inicial.

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Despus de haber visto el arribo de

las fuerzas nacionales en pantallas LED,

el socialismo busca levantar la alicada

imagen de su gestin con el lanzamiento

meditico de planes sociales ya existentes

o improvisando mdicos proyectos para

los jvenes que son presentados como lapoltica social que complementa el avance

de las estrategias represivas impulsadas a

travs de los federales.

Saluden al helicptero de Cristina!, le

grit una mujer a sus dos hijos al escuchar

el ya habitual sonido de las aspas surcando

el cielo durante el da y la noche. El Gobier-

no nacional sabe que desde el 9 de abril

asumi un riesgo mayor: los fracasos en

materia de seguridad ya no sern propiedad

exclusiva del Gobierno local. Las visitas

de Berni y la ministra de Seguridad Cecilia

Rodrguez ponen de manifiesto el particular

inters por pacificar con xito un territorio

que viene marcando el pulso de un nuevoorden de poder que rige el destino de las

principales ciudades de la Argentina. Hasta

el momento, segn datos brindados por

el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, los

delitos habran disminuido un 50 por ciento

y la aprobacin popular del desembarco

llega al 85 por ciento. Estos nmeros segu-

ramente se engrosen despus de la reciente

decisin de extender los patrullajes de gen-

darmera, por pedido de los comerciantes y

vecinos, a la zona cntrica.

El consenso de la poblacin, sobre

todo de los sectores ms empobrecidos,

se comprende en un contexto de pade-

cimientos diarios durante al menos el

ltimo lustro; pero tambin en el marco de

amplios sectores que, sin mediacin insti-

tucional, ya haban decidido enfrentar de

modo directo los delitos. Hay un devenirgendarme de la poblacin que anticip el

arribo de Berni y sus tropas. Cada vez son

ms extendidas y violentas las golpizas a

rastreros(pibes adictos que roban a sus

vecinos) en los barrios populares, adems

de los derrumbes e incendios intenciona-

les de bnkeres atendidos por jvenes. En

marzo de 2013, Mauro S. estaba encerrado

en un kiosco de drogas, como todos los

das. Sus vecinos incendiaron la casilla,

Mauro qued preso del fuego y sufri la

quemadura del 80 por ciento de su cuerpo.

Tambin se producen ataques colectivos

a ladrones de poca monta (realmente

agresivos) en el centro, la contratacin dejvenes desempleados para que acompa-

en armados a los vecinos a las paradas

de colectivos o mientras guardan sus autos

y la flamante colocacin de las llamadas

alarmas comunitarias para actuar en

forma conjunta frente a episodios delicti-

vos. Esas potentes sirenas, ubicadas en las

dos esquinas de cada cuadra, se activan a

travs de controles remotos en poder de

los propietarios que adquieren el servicio.

Hasta hace poco tiempo, los controles

contaban con dos botones: uno para aler-

tar la presencia de posibles sospechosos y

otro para cuando se vea o se padeca unarrebato, un robo o el ingreso de alguien a

una vivienda. Sin embargo, recientemen-

te, se elimin uno de los botones, y se dej

de lado la diferencia entre amenaza y robo

concreto. Casi cien cuadras de Rosario ya

cuentan con el servicio, especialmente

barrios como Alberdi y La Florida, en la

zona norte y en sectores del macrocen-

tro sur. Las chirriantes s irenas, que no

tienen conexin con las comisaras, se

activan con mayor intensidad una vez que

anochece. No damos abasto, este ao ve-

nimos instalando alarmas todos los das a

toda hora, cuenta Ariel, empleado de una

de las principales empresas de seguridadde la ciudad.

El variopinto arco (de vecinos cntri-

cos y perifricos, funcionarios locales y

nacionales, movimientos e intelectuales

de izquierda independiente) que apoy la

militarizacin de Rosario muestra que una

vez superado cierto umbral del conflicto se

vuelve hegemnica la hiptesis represiva

como camino para calmar los territorios.

La promesa de un primer paso policaco

para una reconstruccin comunitaria a

futuro es el mito de apertura de una etapa

altamente coercitiva en la ciudad.

la guerra contra quin

La tasa de homicidios no dej de crecer

durante el primer mes de intervencin de

los federales. En 23 das, entre abril y mayo,

se contabilizaron 22 asesinatos. Tampoco

disminuy con la detencin de Los Monos

y otros grupos narcos de la regin. Esta ten-

dencia recin comenz a revertirse cuando

se intensificaron los controles represivos en

los territorios.

Desde el socialismo, en su afn por desmar-

car a Rosario del mote de narcociudad,

repiten que el porcentaje de asesinatosvinculados estrictamente a la narcocrimi-

nalidad sera de un 15 por ciento del total.

Si esta imprecisa cifra fuera real, estara

poniendo al descubierto la consolidacin de

un sustrato violento que moldea los cuerpos,

aun de los que no forman parte de ningn

grupo delictivo. La proliferacin de expre-

siones agresivas y letales ms all de los

mercados mafiosos vuelve estriles enton-

ces los diagnsticos y estrategias actuales

de intervencin, centrados nicamente en

el combate contra las drogas. Los posibles

asesinos y asesinados son ms difusos y

aleatorios de lo que se est dispuesto a acep-tar. Hay una codificacin mortfera de los

lazos sociales que corroe la vida colectiva. La

respuesta del estado fue la ocupacin de la

segunda ciudad de la Argentina con un exor-

bitante cantidad de gendarmes y prefectos.

La provincia y el municipio ya suplican al

kirchnerismo por la permanencia estable de

estas fuerzas de naturaleza militar.

Rosario combina hoy los controles

incesantes de las fuerzas federales y las ac-

ciones de una poblacindispuesta a poner

lmites en un combate cuerpo a cuerpo

a todo lo que considera sinnimo de

inseguridad, aun cuando cumplir con esa

tarea pueda costar la vida propia o ajena.Procesos fragmentarios y aparentemente

desvinculados entre s parecen advertir,

al cierre de una dcada de crecimiento, la

emergencia de una nueva poca signada

por la violencia, la represin y los enfrenta-

mientos sociales. | |

El variopinto arco de vecinoscntricos y perifricos,funcionarios locales ynacionales, movimientos eintelectuales de izquierdaindependiente que apoyla militarizacin de Rosariomuestra que una vez superadocierto umbral en el conflicto

social se vuelve hegemnica lahiptesis represiva para calmarlos territorios.