La calidad como un impulsor de la innovación en la gestión ... · al concepto de innovación....

XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, Perú, 10 - 13 nov. 2015

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La calidad como un impulsor de la innovación en la gestión pública como un medio para garantizar los derechos de los ciudadanos en Costa Rica

Jennifer Isabel Arroyo Chacón

Introducción

La presente ponencia pretende explicar cómo los procesos de calidad abren las puertas para la innovación en el sector público, con el objetivo de que ésta redunde en una mejor prestación del servicio siendo un medio para garantiza el respeto de los derechos ciudadanos. En la medida en que las administraciones públicas sean más eficiencias, eficaces, e implementen modelos de calidad que garanticen un buen servicio público, se crearán las condiciones necesarias para la innovación; que busca prestar los servicios públicos que realmente necesita el ciudadano y en las condiciones que los requieren.

La premisa que fundamenta esta investigación es la importancia de la calidad en la gestión pública en los términos de la Carta Iberoamericana de la Calidad del CLAD, y otros instrumentos que reconocen el derecho del ciudadano de recibir un servicio de calidad de parte de la administración pública; además de otros esfuerzos realizados por implementar y desarrollar procesos de calidad en la gestión pública; y sobre los cuales ya las administraciones públicas poseen cierto grado de avance.

Por su parte, la innovación aun cuando ya posee cierto tiempo sobre la mesa de discusión resulta todavía novedosa para muchas administraciones y más bien, es un reto que exige cambios de paradigmas profundos en la forma de pensar en lo público. La innovación en el ámbito privado esta más arraigada en nuestra cultura latinoamericana, pero en el ámbito público ha existido una mayor resistencia, no obstante, ella es fundamental para prestar mejores servicios al ciudadano y respetar sus derechos.

Finalmente, los procesos de calidad y la innovación no pueden ser considerados fines en sí mismos, sino medios para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, aspecto central que se pretende desarrollar en esta ponencia. I. Innovación en el sector público 1. Concepto de innovación

El concepto de innovación surge en el seno de las ciencias económicas y tradicionalmente se le concebía como la creación de nuevas tecnologías, nuevos productos que pueden ser introducidos de manera exitosa –en términos económicos- en el mercado; no obstante, esta concepción ha ido evolucionando debido a la incorporación de otras áreas del conocimiento en este fenómeno, como por ejemplo la sociología, comunicación, psicología y otras, en donde el beneficio esperado por la innovación no se mide necesariamente en términos económicos, y no está limitada a la innovación tecnológica, sino que su percepción es más amplia, introduciendo la innovación administrativa y la innovación ambiental.

La doctrina considera como integrantes del concepto de innovación los siguientes elementos:

● Novedad: Para que “algo” sea catalogado como innovación es preciso que sea

novedoso; ahora bien, ello no significa que deba ser algo absolutamente nuevo, sino que esa idea sea novedosa o nueva para la unidad en la cual se ejecuta; por lo que se puede considerar como innovación la incorporación de ideas en una Unidad que fueron extraídas por experiencias previas del funcionario, o bien, aplicando buenas prácticas de sectores similares al lugar de trabajo.


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● Aplicabilidad o aplicación: Una idea puede ser muy ingeniosa pero si la misma no

puede ser ejecutada carece de sentido pues no dará frutos; de tal forma, que no toda excelente idea puede ser una buena innovación. Para que sea innovación esta idea novedosa necesita poder ser llevada a la práctica y aplicarla en la realidad de la organización.

● Intencionalidad de beneficio: La idea novedosa debe perseguir un beneficio para la

entidad, siendo éste punto quizás el que más ha evolucionado del concepto tradicional; inicialmente se vio a la innovación como aquello que persigue un beneficio económico; pero actualmente el concepto es más amplio. Los beneficios intangibles también son considerados como innovación; cítese por ejemplo: mejora en el ambiente de trabajo, mejora en el grado de satisfacción de los empleados; o bien, aspectos más generales como beneficiar a la sociedad. De tal manera, que toda idea nueva que pueda ser aplicada para generar un beneficio tangible o intangible se ajusta al concepto de innovación.

● Proceso: La innovación es un proceso continuo, es cíclico y no termina nunca, todos los procesos deben estar en constante revisión y evaluación para que sean susceptibles de innovaciones; una innovación me puede generar la necesidad de realizar otra innovación y así sucesivamente. Por lo tanto, podríamos definir innovación administrativa como aquel proceso mediante

el cual se incorporan ideas nuevas susceptibles de ser aplicadas en la organización tendiente a generarles beneficios tangibles o intangibles.

Este concepto amplio del fenómeno de la innovación hace posible aplicarla a otras áreas distintas a la relacionada con la producción, como sería el manejo del recurso humano o la prestación de un servicio público. En este punto, conviene preguntarse ¿Qué aspectos facilitan la innovación?

El ambiente democrático y colaborativo en el equipo de trabajo facilita que se den los procesos de innovación, pues cada integrante percibe que puede ser escuchado y es valorado de igual manera que los otros; por el contrario, los ambientes autocráticos donde se sancionan fuertemente los errores inhiben la innovación, por temor del subordinado de equivocarse y ser reprendido por ello.

El empowerment o empoderamiento es vital para los “creativos”, el darle margen de acción para que puedan tomar decisiones y dedicar parte de su tiempo en proyectos que les generen interés es esencial para la germinación de nuevas ideas. Los empleados con menos margen de toma de decisiones, en los puestos más bajos de la jerarquía institucional presentan una menor tendencia a innovar, precisamente por la imposibilidad de tomar decisiones por sí mismos, dado que para todo requieren el visto bueno del superior.

Por lo tanto, una organización que pretenda crear un ambiente propicio para la innovación deberá romper con antiguos paradigmas de control y otorgarle una mayor libertad y autonomía al trabajador para que éste pueda aplicar sus ideas, e incluso equivocarse sin temor a detrimentos, los errores son la mayor fuente de innovación posible.

Ello está vinculado al enfoque de orientación centrada en el aprendizaje, y no tanto a la orientación centrada en los resultados; un trabajador que esté centrado en los resultados tendrá una mayor tendencia a seguir instrucciones en sentido estricto y a proponer menos, por temor a ser mal calificado; mientras que un colaborador centrado en el aprendizaje no tendrá miedo de incursionar en nuevos retos y proponer nuevas ideas pues su objetivo es


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aprender. Las organizaciones deben aprovechar esta situación e impulsar un ambiente orientado

al aprendizaje, evitando limitar la creatividad de los trabajadores y sin sancionar por el error, cuando éstos se deriven del deseo de implementar nuevas ideas.

El liderazgo se convierte en otro componente relevante para la innovación, el líder le permite a los miembros del equipo aportar ideas, seguir sus propios proyectos, proponer y les da margen de toma de decisiones; reconoce el esfuerzo y la iniciativa aun cuando éstas acciones no sean siempre exitosas.

El líder forma un equipo en donde exista cohesión, siendo éste un elemento que incentiva la innovación, el trabajo en equipo y la manera en que el colaborador se siente dentro de su entorno de trabajo; no obstante, las lecturas señalan que la homogeneidad es una limitante siendo necesario la interdisciplinariedad y los distintos enfoques para resolver un mismo problema.

Si todos los integrantes del equipo poseen las mismas ideas no se generaría innovación; por el contrario, cuando pensamos diferentes se crean soluciones nuevas para un mismo problema.

Como último componente para crear un ambiente propicio para la innovación está la “pasión” el compromiso del trabajador o los integrantes del equipo tengan de implementar y hacer exitosa esa nueva idea, que los lleva a comprometerse, evaluar y probar nuevas formas de solucionar los problemas del entorno laboral. 2. Innovación en el sector público

Cuando hablamos de innovación en el ámbito público se debe considerar sus incentivos son diferentes a la empresa privada dado que se carece de un interés de lucro sino más bien mejorar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen, reducir costos con miras a lograr la eficacia, eficiencia y economía; y principalmente, atender adecuadamente las demandas de la ciudadanía.

Igualmente, se debe hacer mención de la obligatoriedad de “innovar” del sector público, la sociedad es cambiante y actualmente posee nuevos requerimientos para el Estado y un sentido crítico que antes no se tenía, -lo que se conoce como el nuevo ciudadano- demanda nuevas respuestas para los nuevos problemas que nos aquejan.

Las soluciones dadas por las administraciones públicas en el pasado ya no son de recibo, y la complejidad de las relaciones sociales en las cuales está inmerso el aparato público exige respuestas más oportunas y completas. De tal manera, que las sociedades cuestionan por una actitud innovadora de parte del Estado.

La sociedad exige y el Estado está obligado a poseer una actitud de innovación a través de nuevas políticas, mejores servicios, nuevos procedimientos o procesos de trabajo, reducción de tiempos de espera, incorporación de nuevos métodos, que permitan perfeccionar el quehacer integral de las instituciones; y en suma a incrementar la calidad de vida de las personas.

Como tercer punto se debe señalar que innovar en el sector público no se limita a la compra de tecnología o a la automatización de procesos, -como erróneamente ha sido entendido-. Innovar implica un cambio de paradigma de lo “público” un replanteamiento de la relación Estado-Sociedad, Administración Pública-Ciudadano.

De acuerdo con la distinción realizada por el Manual de Oslo, el Modelo COTIM ha considerado seis ejes de innovación, entendidos como los distintos tipos de innovación al servicio de los objetivos empresariales o institucionales, que son: innovación en productos y servicios, la innovación en procesos, la innovación en personas y organización, y la innovación en conocimiento y tecnología. Nótese que el concepto de innovación acá


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estudiado es mucho más amplio que la innovación tecnológica por lo que limitarse a este último es un error a corregir.

Como último punto, se debe considerar el cambio de paradigma que ha implicado la sociedad del conocimiento para el Estado, y de qué manera ello es un factor determinante para los procesos de innovación de lo público.

El modelo tradicional tenía al Estado en el centro y éste decidía qué servicios y de qué manera se los prestaba a la ciudadanía, hoy el nuevo ciudadano -persona con mayor formación política, nivel educativo, acceso a redes sociales y otras herramientas tecnológicas, etc. - es más crítico y más exigente no solo de los tipos de servicios que le ofrece el Estado sino también de la calidad de los mismo.

Ello ha implicado un cambio de visión en donde el nuevo ciudadano hoy está en el centro y el Estado está en la obligación de atender los requerimientos que le plantee en las condiciones, cantidades y niveles de calidad que éste demanda; de tal manera, que ya no es suficiente con prestar un servicio, sino que se debe cumplir con plazos y cualidades satisfactorias para el ciudadano. Lo cual implica necesariamente que las administraciones se sometan a procesos de innovación para replantear y rediseñar los servicios que venían prestando.

Ahora bien, esta tarea no resulta fácil, no lo es en el entorno privado, menos aún en el ámbito público que debe superar obstáculos como: la falta de recursos, la burocracia, el miedo al cambio, la resistencia a nuevos procesos, la ausencia de incentivos para la innovación, entre otros que serán explicados en un acápite siguiente.

De tal manera, que para innovar en el servicio público se debe contar con un fuerte sentido de misión y de estrategias para acometer los nuevos desafíos, un alto compromiso por enfrentar las necesidades de los ciudadanos a través de mecanismos que faciliten la coordinación y el uso adecuado de los recursos que posee la institución -por lo general limitados-.

Lo expuesto demanda sistemas de administración de compromisos y programación que, en el marco de equipos altamente cohesionados y comprometidos, permitan mejorar de manera “fluida” la manera (proceso) y el producto (prestación final) que se genera para la ciudadanía. Ello demanda un liderazgo público -más allá del tradicional jefe- que trabaje bajo un enfoque de la Nueva Gerencia Pública e incluya dentro de sus pilares de trabajo el fomento a la innovación.

Igualmente se deben superar ideas erróneas que predominan en las instituciones públicas de concebir a la innovación como responsabilidad de un “departamento o unidad” y que se logre entender que es un proceso que demanda la participación de todos los funcionarios, independientemente del rango o nivel de responsabilidad en la institución; paralelamente se debe superar la idea de la innovación como un fin en sí mismo, creencia que ha sido difundida precisamente por estos “departamentos de innovación”, pues llegan a olvidar que éste proceso es un mecanismo para mejorar el servicio público siendo éste último el verdadero objetivo perseguido.

La innovación es un tema colectivo que atañe a todos los funcionarios públicos, por lo que para poder ejecutarla es necesario crear una cultura de innovación en la entidad y fomentar el trabajo en equipo, todo funcionario debería ser portador de la cultura innovadora, sus mentalidades y prácticas deben ser de forma natural, reflejar sus aptitudes y actitudes hacia la innovación.

Ahora bien, ello ocurre a lo interno de la institución pero como el servicio que va a prestar la institución es para un ciudadano -que es externo- es necesario que la administración involucre a los ciudadanos en estos procesos.

El Estado, a diferencia quizás de la empresa privada, necesita tener una actitud de


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puertas abiertas y diálogo con la ciudadanía con el fin de conocer cuáles son sus necesidades y cuál es la mejor manera de atenderlas, la Administración Pública se debe a la sociedad por lo que todo proceso de innovación debe estar tendiente a mejorar el servicio y como se indicó líneas atrás a incrementar la calidad de vida de los pobladores, lo cual no se puede realizar si se excluye a este importante actor del proceso.

En este punto es que coincide la innovación con los principios del sistema democrático y la filosofía del Open Government; lo cual le agrega un grado de complejidad mayor -que no es objeto desarrollar en este documento-, únicamente interesa mencionarlo como otra variable a tener en consideración por el gerente público.

Ahora bien en nuestra cultura “legalista” y bajo un principio rector de la actuación de la administración pública como lo es el principio de legalidad, se tienen a creer que por medio de una ley o decreto se puede incentivar la innovación en el sector público, - se le debe aclarar que si bien contar con un marco de legalidad claro que estimule la innovación en el sector público es fundamental para impulsar este proceso y eliminar algunas trabas actuales-, no obstante, las normas por sí solas no fomentan la innovación, se requiere de múltiples acciones en conjunto.

La innovación es un proceso cultural que debe ser impulsado en el seno de la institución y otorgarle la importancia y recursos necesarios para implementarla adecuadamente.

3. Limitaciones a la innovación en el sector público

El Estado está obligado a innovar pero ello no es una tarea fácil y existen limitaciones, las cuales hay que tener presente para poder considerarlas y atenderlas adecuadamente; dentro de las más destacadas está: a. Limitaciones presupuestarias

Se debe tener claro que para innovar hay que invertir, la innovación es un proceso que requiere recursos, sean: económicos, materiales, humanos y de tiempo. Son pocas las innovaciones destacadas de una empresa que surgen fácilmente, por regla general para alcanzar frutos exitosos en los procesos de innovación es necesario invertir y trabajar para conseguirlo.

En el caso de las instituciones públicas que dependen de un presupuesto, por lo general limitado y cuya aprobación se somete, en mayor medida a criterios políticos que a elementos técnicos, los recursos para invertir en innovación se ven drásticamente reducidos.

Incluso factores como el tiempo que pueden disponer los funcionarios para innovar es una limitante, muchas instituciones carecen de la suficiente cantidad de recurso humano para desempeñar sus labores ordinarias, en consecuencia los funcionarios ocupan la mayor parte de su tiempo atendiendo las labores diarias y no cuentan con espacios suficientes para la reflexión y el cuestionamiento, que son los generadores de la innovación.

Nótese que para innovar primero se debe percibir un problema y buscarle solución, pero cuando el funcionario está inmerso en su día a día en múltiples ocupaciones, un escritorio lleno de expedientes, solicitudes y gestiones que consumen por completo su horario de trabajo carece del tiempo suficiente para percatarse de que existe un problema que debe ser resuelto.

Por lo tanto, las limitaciones de recursos: presupuestarios, tecnológicos y humanos constituyen un reto a superar cuando se pretende innovar en este sector. b. Incorrecta aplicación del principio de legalidad

La regla básica que rige a la administración pública es el principio de legalidad, que


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establece que la administración únicamente podrá ejecutar aquello que le encuentre expresamente autorizado por medio de una ley; lo que ha demandado la necesidad de un marco jurídico amplio –en algunas ocasiones excesivo- para el sector público.

Asimismo, la cultura legalista latinoamericana ha tenido la tendencia de predominar la interpretación literal sobre otras formas como la teológica o sistema; lo que ha conllevado a que los sistemas judiciales y administrativos consideren que pueden hacer únicamente lo que la ley diga de manera textual y no tanto los fines de ésta; o bien, la aplicación de esa ley en contextos más modernos.

Esta realidad se contrapone con el ambiente propicio para la innovación, pues toda propuesta nueva se elimina con el argumento de que la ley no la autoriza, y si bien es posible introducir modificaciones a la ley, la realidad es que el proceso normativo no es lo suficientemente expedito y ágil que demanda la innovación; por principio el derecho va detrás de los cambios sociales, de tal manera que resulta ilógico pensar que cuando surge una innovación se va cambiar la ley para incluirla.

Ahora bien, esta limitante se origina en la forma en la que se interpreta la ley; y no necesariamente es intrínseca al principio de legalidad, recordemos que este principio busca proteger al ciudadano de abusos del Estado en el ejercicio de sus potestades de imperio, de tal manera, que cuando interpretamos que la legalidad es un obstáculo para introducir innovaciones tendientes a mejorar el servicio público que recibe el ciudadano estamos yendo en contra del fin mismo de este principio.

En consecuencia, podría afirmarse que el principio de legalidad no es una limitante en sí misma de la innovación, pues bajo un enfoque de interpretación teleológico (el fin que persigue la norma) o sistémico (ver la ley dentro de todo el ordenamiento jurídico y no de forma aislada) se podría considerar que cuando la innovación tiende a alcanzar un beneficio público, la misma se encuentre autorizada por ley sin que expresamente así lo señale.

No obstante, para ello es necesario un cambio en la cultura jurídica de la región que tradicionalmente ha considerado que el Estado puede hacer únicamente lo que la ley textualmente le autorice y todo aquello que no posee una norma habilitante de manera expresa resulta prohibido. c. Excesivo control

El proceso administrativo consiste en: planificar, organizar, dirigir y controlar. En el caso de la administración pública la actividad de control se vuelve especialmente relevante, toda vez que al gestionar fondos públicos se debe ser cauteloso con el correcto uso de los mismos.

Ello ha conllevado a la emisión de normativa, procedimientos, registros, y demás que si bien procuran garantizar una adecuada función pública y el establecimiento de responsabilidades, mal interpretada puede ser un obstáculo a la innovación.

Dentro de los elementos necesarios para innovar se destaca el “empowerment o empoderamiento” necesario para que las instituciones como un todo y los funcionarios en particular puedan tomar decisiones sobre proyectos e ideas innovadoras; no obstante, cuando existe un ambiente de control excesivo e inflexible simplemente no se puede innovar.

Cuando se cuentan con reglas y procedimientos sumamente detallados y una actitud en donde el acatamiento de los mismos se vuelve inflexible, e incluso se sanciona al funcionario que busca maneras diferentes para hacer las cosas, aun cuando se alcancen los objetivos esperados, se está asfixiando la innovación.

Lamentablemente, la cultura en nuestra región es poner la forma sobre el fondo, dando predominancia al cumplimiento de pasos, etapas, y formularios que a la eficiencia, eficacia o economía con la cual se presta el servicio.


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El control bajo esta óptica se vuelve una limitante para la innovación; no obstante, al igual que sucede con el principio de legalidad, ello no se da por una característica inherente al control, sino por la manera en la que se entiende y se aplica en nuestra cultura, pues es perfectamente posible equilibrar control con innovación, si se tiene una mente abierta a los cambios, y no se ve toda modificación como una desviación al control.

No obstante, nuestra realidad nos demuestra que al tener una cultura marcada hacia el control, donde se sanciona cualquier desviación a los procesos formalmente establecidos, las posibilidades de innovar se ven significativamente limitadas. d. Propiedad intelectual

Cuando las creaciones de la mente humana pasan de ser meras ideas a convertirse en mejoras palpables es que surgen los derechos de propiedad intelectual, precisamente como un mecanismo para incentivar la innovación al proteger los derechos del creador sobre su obra.

No obstante, en el sector público determinar el derecho de propiedad intelectual resulta complejo por la características de “publicidad y colectividad” de la información generada por la institución.

Las administraciones públicas –salvo casos excepcionales de empresas públicas en competencia- se rigen por el principio de publicidad, transparencia y rendición de cuentas, en donde se parte que toda información creada en su seno es de conocimiento y aprovechamiento colectivo.

Si bien, ello se entiende según los pilares del sistema democrático para efectos de fomentar procesos de innovación y creación de nuevas patentes –sea por productos, procesos o modelos de negocios- es una limitante que resulta incompatible.

Ello no niega el derecho que poseen las administraciones públicas de recurrir al registro de propiedad intelectual para inscribir y proteger sus innovaciones; pero si se debe reconocer la complejidad de determinar qué aspectos pueden ser de interés institucional proteger y el conflicto que ello podría generar frente a terceros que eventualmente podrían alegar que al ser creaciones de una entidad pública, financiados con fondos públicos, pueden ser utilizados por la colectividad.

Dejando para un análisis diferente las empresas públicas en competencia, el tema de la protección de propiedad intelectual de las innovaciones del resto del sector público es un tema amplio que no resulta de interés desarrollarlo en el presente documento, pero si plantearlo como una limitante que debe ser estudiada cautelosamente para al implementar procesos de innovación en el sector público.

e. Carencia de incentivos para innovar

Las administraciones públicas carecen de incentivos para innovar, no solo a nivel institucional sino a nivel de los funcionarios, que son quienes las promueven. Existe una fuerte tendencia en la región de implementar “salarios únicos” como una forma de reducir el gasto público; no obstante, éstos salarios únicos no son un incentivo para que el funcionario proponga nuevas ideas o nuevos proyectos, de tal manera, que recibirá los mismos ingresos si hace aportes o si no los hace; si se especializa o no lo hace, si cuenta con años de servicio o no –pues no se reconocen anualidades- y tampoco se cuentan con otros medios para incentiva la innovación no remunerativos dando pocos o nulos incentivos para innovar.

f. Desconocimiento de la importancia de la innovación

El tema de la innovación es aún reciente en la cultura pública latinoamericana cuya importancia es clara en la empresa privada pero esas dimensiones aun no se trasladan al


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ámbito público, principalmente en el área política, lo cual ha dificultado que se brinden recursos y apoyo para ello. Ante este panorama se deben hacer esfuerzos por publicitar los beneficios de la innovación y su viabilidad en el ámbito público. g. Desigual relación con el cliente

El sector público es sumamente diverso y los incentivos para innovar van a variar dependiendo del rol que cumpla esa institución en la sociedad; por ejemplo, las empresas públicas que venden productos y servicios al ciudadano pueden tener un mayor incentivo para innovar, máxime si estan en régimen de competencia, pero por otro lado, las entidades públicas que tienen poca relación con el ciudadano, o bien, es una relación sin competitividad y solo prestación de servicios poseen menor incentivo para innovar en su trabajo. La relación con el cliente es determinante para innovar; no obstante, ésta no es igual para todo el sector. h. Alta concentración en servicios poco en productos

El Estado es por naturaleza un prestador de servicios, y ofrece en menor medida productos, de tal manera que la innovación en productos no es la tónica en el ámbito público, como sí lo es en el área privada. La innovación en servicios es más difícil de identificar y visualizar como tal, lo que implica retos mayores, por lo que esta alta concentración en servicios agrega complejidad a la innovación.

i. Poca continuidad de los proyectos

El sector público esta íntimamente vinculado con el área política y en la región latinoamericana, en general, se carecen de políticas a largo plazo, nuestros proyectos de gobierno tienden a ser a corto plazo, vínculados únicamente con el tiempo que estará un determinado partido en el poder y muchos proyectos que podrían dar buenos resultados a largo plazo, quedan cortados por el cambio de gobierno lo cual impide innovar, pues como ya se ha señalado las innovaciones requieren inversión de tiempo y recursos para materializarse en productos concretos. 4. Promotores de la innovación en el sector público

Desde otra perspectiva junto con las limitaciones para innovar también existen potencializadores que deben ser considerados para promover esta actividad en la gestión pública latinoamericana, entre ellos están:

a. Potencialidad para realizar todo tipo de innovaciones: Las administraciones

públicas pueden lograr innovaciones a través de cambios radicales, destinadas a resolver problemas de la institución o bien, de las necesidades de la ciudadanía a la cual le prestan servicio. Igualmente, pueden realizar pequeñas innovaciones, no tendientes a realizar cambios radicales, sino mejoras en los procesos y dificultades lógicas con el facilitar la prestación del servicio público.

b. Apoyo político: La innovación comúnmente no es un tema de agenda electoral, no

obstante la identificación de problemas y la necesidad de proponer nuevas soluciones a éstos si lo es, por lo que se podría encontrar con apoyo político para impulsar procesos de innovación, siendo ésta una gran ventaja para alcanzar estos objetivos. El respaldo político es básico para lograr los procesos de innovación por lo que bien enfocado se podría promover su apoyo entre la clase política.

c. Apoyo administrativo: La limitante de recursos para innovación suele ser uno de los


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mayores obstáculos que se posee para innovar en el sector público, pues las innovaciones no surgen de forma espontánea, son procesos que demandan tiempo e inversión de recursos; no obstante, con una adecuada concientización se pueden lograr esos recursos. El apoyo administrativo es fundamental, y las instituciones pueden dedicar una persona encargada de canalizar estos procesos; no la responsable de innovar, pues ello lo realiza la organización completa, sino de gestionar y promover una cultura organizacional en ese sentido.

d. Los sistemas de calidad: La gestión de la calidad en el sector público ha sido una

constante que toma cada vez mayor relevancia; lo cual ha desembocado en proceso de innovación. Contar con adecuados sistemas de calidad promuevan la innovación en el sector público, dado que éstos permiten identificar áreas de mejora y la innovación es precisamente el mecanismo para crear esas mejoras y cambios necesarios en la gestión pública. Por lo tanto, los avances alcanzados en materia de calidad son pilares sólidos para la promoción de la innovación.

e. La planificación y evaluaciones del desempeño: En una importante cantidad de

instituciones públicas se cuentan con adecuados procesos de planificación donde se definen metas, objetivos e indicadores; igualmente se poseen mecanismos de evaluación del desempeño de cada funcionario, y reportes institucionales; estas herramientas que ya forman parte de la gestión ordinaria de la organización pueden ser claves para los procesos de innovación pues brindan información idónea para la toma de decisiones, asimismo, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el plazo señalado se crean oportunidades de innovación al identificar y eliminar las trabas que impiden la consecución de los mismos.

f. Capacidad técnica para innovar: Las administraciones públicas latinoamericanas se

han concientizado sobre la necesidad e importancia de contar con recurso humano capacitado, lo que se conoce como “profesionalización de la función pública”, estos esfuerzos empiezan a rendir sus frutos permitiéndole a las instituciones contar con profesionales más capacitados, y ello constituye una ventaja para innovar. Recordemos que únicamente se puede innovar aquello que se conoce, por lo que contar con profesionales capacitados y con amplia experiencia permite que propongan modificaciones que se consideren verdaderas innovaciones.

g. Factores tecnológicos: Las tecnologías en la gestión pública son un tema complejo

pues han resultado ser un talón de Aquiles; no obstante, también hay casos en donde las instituciones han comenzado a crear sus propios sistemas y desistido de la adquisición de paquetes que no satisfacen sus necesidades; estas innovaciones a la vez promueven innovación en los procesos pues al contar con sistemas diseñados para las necesidades particulares de toda entidad facilitan el conocimiento y la toma de decisiones.

h. Impulso a la innovación colaborativa: Esta es quizás la más destacada de las

ventajas que posee el Gobierno para innovar, pocos actores tienen la posibilidad de convocatoria de distintos sectores como la administración pública. La innovación colaborativa le permite al Estado gestionar innovaciones con la participación de otros grupos interesados en un tema en particular, como serían ONGs, empresas privadas, sociedad civil organizada, entre otros. En temas particulares, como seguridad


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ciudadana, medio ambiente, atención de pobreza y demás, de interés para múltiples sectores incluidos el Estado.

i. Innovación social: La innovación social ha tomado fuerza en los últimos años como

un mecanismo para promover el desarrollo sin las desigualdades que ha dejado el modelo económico actual, y en este ámbito el Estado tiene un gran campo de acción y un papel predominante como un promotor de la misma, lo cual unido a la innovación colaborativa le abren a la gestión pública un abanico de opciones para innovar y con ello mejorar la prestación del servicio público.

La administración pública es la primera llamada a innovar; no obstante, este proceso

posee claras diferencias con relación a la innovación en el ámbito privado, pero no por ello es menos efectiva como señalan algunas visiones un poco pesimistas del tema. El Estado posee grandes posibilidades para innovar y debe hacer uso de ellas para potenciar sus capacidades, mejorar aspectos de eficiencia, economía y eficacia y más importante aún prestar un mejor servicio público. II. Calidad en el sector público

Mejorar la calidad en la gestión pública ha sido una preocupación de los gestores públicos durante los últimos años; ahora bien, qué entendemos por calidad, en virtud de que existen múltiples formas de definirla para efectos de este documento se tomará la definición dada por la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública que señala:

Concepto de calidad en la gestión pública La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La calidad en la gestión pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas alineadas con los fines y propósitos superiores de la Administración Pública y de acuerdo a resultados cuantificables que tengan en cuenta el interés y las necesidades de la sociedad. La concepción de la calidad ha ido evolucionando e incorporando nuevos aspectos hasta conformar una aproximación holística e integradora de la gestión, donde cobran especial importancia todas las partes interesadas en sus diferentes formas de relación, así como la sostenibilidad y la corresponsabilidad social. La calidad en la gestión pública puede y debe ser constantemente mejorada, buscando elevarla a niveles de excelencia, es decir obtener resultados sostenibles, con tendencias crecientes de mejora, y que tales resultados se comparen favorablemente con los más destacados referentes nacionales e internacionales. (Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD), 2008)

Esta Carta surge como una inquietud de dar parámetros mínimos y estándares para

establecer la cultura de calidad en Iberoamérica, aprobada en el 2008, con tres objetivos claramente delimitados

a. Promover un enfoque común en Iberoamérica sobre la calidad y la excelencia en la gestión pública, que integre las distintas perspectivas políticas y técnicas que se


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encuentran presentes en los diversos niveles y sectores de las Administraciones Públicas de la región. b. Conformar un cuerpo de principios y orientaciones que sirvan de referencia a las diferentes Administraciones Públicas de los Estados iberoamericanos en la formulación de políticas, planes, modelos y mecanismos que permitan la mejora continua de la calidad de su gestión pública. c. Proponer la adopción de instrumentos que incentiven la mejora de la calidad en la gestión pública, que sean flexibles y adaptables a los diferentes entornos de las Administraciones Públicas iberoamericanas y a sus diversas formas organizativas. (Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD), 2008)

Confirma el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio público de calidad y

demanda un espacio de participación del ciudadano en la construcción de un modelo de calidad en la función pública que satisfaga sus requerimientos, en los siguientes términos:

19 Por su parte, el ciudadano debe participar en la mejora de la calidad de la gestión pública, en consecuencia: a. Contribuirá al sostenimiento de los costes de la gestión pública. b. Dará un trato respetuoso y conforme a principios éticos a los funcionarios y autoridades públicas. c. Realizará un uso adecuado de los bienes y servicios públicos. d. Participará en el ciclo de formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas. (Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD), 2008)

De los aspectos esenciales de este documento, están:


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Figura N°1. Principales elementos de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. Fuente: Elaboración propia con datos de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública.

Lo anterior implica un cambio de visión en términos de servicio público, pues demanda


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que la administración pública diseñe sus procesos en función de las necesidades del ciudadano, construir una gestión pública al servicio de la ciudadanía.

Para una gestión pública al servicio de la ciudadanía 24 El reto de la calidad en la gestión pública es su orientación al servicio de las necesidades y expectativas de la ciudadanía y su compromiso en alcanzar una sociedad de bienestar. La capacidad de innovar y adaptarse continuamente a los requerimientos sociales permitirá a la Administración Pública incrementar la credibilidad y confianza de los ciudadanos sobre las diversas prestaciones y variados servicios que suministra. (Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD), 2008)

Para lograrlo se requieren cambios estructurales y culturales profundos a lo interno de las administraciones públicas, lo cual se refuerza en otros instrumentos del mismo nivel de la Carta Iberoamericana de la Calidad como los siguientes:

Código Iberoamericano de Buen

Gobierno Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del

Ciudadano en Relación con la Administración Pública

27. Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque centrado en el ciudadano, en el que la tarea esencial sea mejorar continuamente la calidad de la información, la atención y los servicios prestados. 34. Promoverán la creación, la mejora de la calidad y el uso compartido de estadísticas, bases de datos, portales de gobierno en línea y, en general, todo aquello que facilite la labor interna de sus empleados y el mejor acceso de la ciudadanía a la información y los servicios públicos.

11. Principio de universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios públicos y de interés general con independencia de la ubicación geográfica de los ciudadanos y del momento en que estos precisen el uso de dichos servicios por parte de las Administraciones Públicas con presencia territorial.

33. Derecho a servicios públicos y de interés general de calidad. En observación en lo que dispone la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, los servicios de responsabilidad pública deben ofrecer a los usuarios determinados patrones o estándares concretos de calidad, que se medirán periódicamente y se pondrán en conocimiento de los usuarios para que estos estén lo mejor informados posible y puedan efectuar los comentarios y sugerencias que estimen pertinentes.

Tabla N° 1. Otras cartas que refieren al derecho a la calidad del ciudadano Fuente: Elaboración propia con base en las cartas citadas.

Lo anterior nos permite tener un marco técnico homogéneo para referirnos a la

calidad; ahora bien, ¿Qué relación existe entre calidad e innovación? Los procesos de calidad permiten identificar áreas de mejora y revelan la necesidad

de cambiar la forma en la que se viene trabajando, en la que se vienen haciendo las cosas, lo cual es el origen de la innovación, para poder innovar primero necesito identificar una necesidad de cambio, para mejorar un proceso, reducir un plazo, prestar un mejor servicio, entre otros; en consecuencia, la revisión de calidad da paso a las necesidades de innovación.

Una vez identificada la necesidad se debe proceder a determinar la manera en la que se va a abordar la problemática, y acá los procesos de calidad también poseen un peso predominante, pues ellos brindan información necesaria para la toma de decisiones, y encontrar soluciones oportunidades.

De tal manera, que la calidad genera oportunidades de innovación y aporta la


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información necesaria para plantear un abanico de opciones que se transformarán en innovaciones concretas.

III. Calidad e Innovación en el sector público costarricense 1. Esfuerzos para impulsar la calidad en Costa Rica a. Sistema Nacional para la Calidad

Como un primer paso en la implementación del modelo de calidad en Costa Rica, se aprobó en el año 2002 la Ley N° 8279 denominada “Sistema Nacional para la Calidad”, cuyo numeral 1 dice:

Artículo 1º-Propósito de la Ley. La presente Ley tiene como propósito establecer el Sistema Nacional para la Calidad (SNC), como marco estructural para las actividades vinculadas al desarrollo y la demostración de la calidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de evaluación, de la conformidad, que contribuya a mejorar la competitividad de las empresas nacionales y proporcione confianza en la transacción de bienes y servicios. (Asamblea Legislativo, 2002)

El objetivo perseguido con la creación de este Sistema es ofrecer un marco estable e

integral de confianza que, por medio del fomento de la calidad en la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, propicie el mejoramiento de la competitividad de las actividades productivas, contribuya a elevar el grado de bienestar general y facilite el cumplimiento efectivo de los compromisos comerciales internacionales suscritos por Costa Rica.

El artículo 3 de la citada ley establece los siguientes objetivos al sistema:

a) Orientar, ordenar y articular la participación de la Administración Pública y el sector privado en las actividades de evaluación de la conformidad y de promoción de la calidad, integradas al SNC. b) Promover la disponibilidad y el uso de los mecanismos de evaluación y demostración de la conformidad. c) Promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad y formación en ellas, en las organizaciones productoras o comercializadoras de bienes en el país. d) Fomentar la calidad de los bienes disponibles en el mercado y de los destinados a la exportación. e) Propiciar la inserción cultural de la calidad en todos los planos de la vida nacional, especialmente en el individual y el social. f) Coordinar la gestión pública y privada que deben realizar las entidades competentes para proteger la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente y los derechos legítimos del consumidor, y para prevenir las prácticas que puedan inducir a error. g) Articular la gestión pública y privada que realicen las entidades competentes en las actividades de metrología, normalización, reglamentación técnica y evaluación de la conformidad, así como la prevención de prácticas que constituyan barreras técnicas ilegítimas para el comercio. (Asamblea Legislativo, 2002)

La Procuraduría General de la República ha señalado que esta ley crea un sistema

para promover la calidad de bienes y servicios; el dictamen C-355-2005 del 14 de octubre del 2005, dice:


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Un sistema para promover la calidad de bienes y servicios La Ley del Sistema de Calidad en todas sus normas debe ser interpretada de acuerdo con los fines que pretende realizar y que están enmarcados en el cumplimiento de las normas internacionales referidas al comercio internacional. Es por ello que la ley define su ámbito normativo en relación con bienes y servicios. La calidad de la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios es postulada como un medio para favorecer la competitividad de la producción nacional (artículo 1 de la Ley). Competitividad que debe expresarse en un posicionamiento de esos bienes y servicios en el mercado internacional, permitiendo cumplir los compromisos internacionales de carácter comercial de que es parte el país. La aplicación de normas de calidad internacional se asegura mediante procesos de evaluación y acreditación. Los objetivos de esta Ley se conforman con los de competitividad y libre comercio, considerados un mecanismo eficiente en la asignación de recursos y en la creación de riqueza, que informan la legislación y política comercial costarricense a partir de la década de los noventa. Son también conformes con los compromisos asumidos por Costa Rica en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). (Dictamen C-355-2005, 2005)

Ahora bien, el sistema de calidad en el sector público costarricense es insipiente dado

que el ámbito de aplicación de esta Ley es, mayoritariamente, los bienes y servicios producidos en el sector privado, ello sin defecto de que pueda ser aplicada en ámbitos públicos cuando corresponda.

El artículo 6 de la Ley 8279 crea el Consejo Nacional para la Calidad (CONAC) como entidad responsable de fijar los lineamientos generales del Sistema Nacional de Calidad conforme con los lineamientos y prácticas internacionales reconocidas y a las necesidades nacionales. Velará por la adecuada coordinación de las actividades de promoción y difusión de la calidad y elaborará las recomendaciones que considere convenientes, dará el seguimiento necesario a los lineamientos generales y las recomendaciones que emita; y contará con una Secretaría Ejecutiva, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

El sistema está conformado por cuadro instituciones que son: Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), el Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Estas instituciones poseen competencias claramente delimitadas en sus ámbitos propios de competencia con el fin de promover la calidad y así favorecer la competitividad de las empresas nacionales, la protección de los consumidores e impulsar el desarrollo económico y comercial del país.

b. Calidad en la educación superior

La educación superior ha dado un primer esfuerzo para implementar un modelo de calidad con la aprobación en el 2002 de la Ley N° 8256 denominada “Ley del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior” cuyo objetivo es planificar, organizar, desarrollar, implementar, controlar y dar seguimiento a un proceso de acreditación que garantice continuamente la calidad de las carreras, los planes y programas ofrecidos por las instituciones de educación superior, y salvaguarde la confidencialidad del manejo de los datos de cada institución.

El artículo 5 de la Ley del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior


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incluye dentro de sus objetivos la promoción de la calidad en la educación superior: a) Coadyuvar al logro de los principios de excelencia académica y al esfuerzo de las universidades públicas y privadas por mejorar la calidad de los planes, las carreras y los programas que ofrecen. b) Mostrar la conveniencia que tiene, para las universidades en general, someterse voluntariamente a un proceso de acreditación y propiciar la confianza de la sociedad costarricense en los planes, las carreras y los programas acreditados, así como orientarla con respecto a la calidad de las diversas opciones de educación superior. c) Certificar el nivel de calidad de las carreras y los programas sometidos a acreditación para garantizar la calidad de los criterios y los estándares aplicados a este proceso. d) Recomendar planes de acción para solucionar los problemas, las debilidades y las carencias identificadas en los procesos de auto-evaluación y evaluación. Dichos planes deberán incluir esfuerzos propios y acciones de apoyo mutuo entre las universidades y los miembros del SINAES. e) Formar parte de entidades internacionales académicas y de acreditación conexas. (Asamblea Legislativa, 2002)

Esta ley procura la calidad a nivel de educación superior, aplicable tanto a las

universidades públicas como privadas, función que recae en el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) como ente acreditador.

La acreditación tendrá como propósito identificar, con carácter oficial, las carreras y los programas universitarios que cumplan los requisitos de calidad que establezca el SINAES, para mejorar con ello la calidad de los programas y las carreras ofrecidas por las instituciones universitarias públicas y privadas, y garantizar públicamente la calidad de estos, de conformidad con el numeral 2 de esta Ley. c. Premio Nacional a la Calidad en la Gestión Pública

La Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública incluye como uno de los mecanismos para alcanzar la excelencia en los servicios públicos la creación de un premio a la calidad o excelencia en los servicios públicos de parte de los gobiernos, textualmente dicha Carta dice:

Premios a la calidad o excelencia 44 Los premios a la calidad o premios a la excelencia respaldados por modelos de excelencia constituyen instrumentos valiosos de estímulo para la mejora y reconocimiento de la gestión, resultando de gran utilidad para el intercambio y difusión de las mejores prácticas. (Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD), 2008)

Bajo esta perspectiva Costa Rica promulgó inicialmente el Decreto Ejecutivo N° 35925

denominado Premio Nacional a la Calidad en la Gestión Pública y reconocimiento a prácticas promisorias en la Gestión Pública del 08 de abril del 2010, el cual fue derogado por el Decreto Ejecutivo N° 37611 denominado Premio Nacional a la calidad y reconocimiento a prácticas promisorias en la gestión pública del 22 de marzo del 2013, siendo el vigente actualmente.

El Estado costarricense reconoce expresamente que la excelencia en la gestión pública constituye un mecanismo para propiciar una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, y que uno de los principales retos que enfrentan las administraciones públicas es que la prestación de los servicios públicos sea consecuente con sus necesidades y


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expectativas, para el cumplimiento de compromisos sobre calidad en el marco de las oportunidades que ofrece la transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. De tal manera, que con el propósito de mejorar la relación con la ciudadanía, aumentar su nivel de satisfacción, y mejorar la imagen que los usuarios poseen de las instituciones públicas que le brindan servicios se crea este premio dentro del marco de Reforma y Modernización del Estado a fin de incentivar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados.

Así lo establece el artículo 2 de este decreto, que a la letra dice:

Artículo 2º-Creación. Créase el PROGRAMA con el objeto de destacar las experiencias promisorias, las habilidades sobresalientes y los avances importantes en la prestación de servicios públicos, mediante el otorgamiento del PREMIO y del RECONOCIMIENTO. El PREMIO y el RECONOCIMIENTO promoverán una gestión pública enfocada a favorecer la condición de usuarios de la ciudadanía, que esté dirigida a la mejora continua de los servicios ofrecidos mediante la utilización del "Modelo de Excelencia en la Gestión Pública de Costa Rica", desarrollado para que las instituciones del Estado realicen su autoevaluación y establezcan planes de mejora en su gestión. Adicionalmente se utilizará el Modelo de Evaluación vigente dirigido a la implementación de proyectos de mejora. Ambos modelos se encuentran detallados en las BASES. (Poder Ejecutivo, 2013)

El objetivo que persigue este proyecto es estimular la adopción de prácticas de excelencia en las organizaciones del sector público, convirtiendo a los ganadores en instituciones modelo para promover y emular estos sistemas de gestión organizacional, y dentro de los beneficios que brinda a la gestión pública están:

• Promover un proceso de mejora continua que permite a las organizaciones

participantes identificar puntos fuertes y áreas de mejora, generando una cultura de calidad en la prestación de los servicios públicos.

• Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. • Las organizaciones ganadoras del Premio Nacional a la Calidad en la Gestión

Pública reciben un reconocimiento que las acredita como instituciones de excelencia y calidad en la prestación de sus servicios.

• Promover el mejoramiento continuo, mediante el establecimiento de grupos de trabajo que utilicen métodos y técnicas adecuadas para elevar la calidad y el buen desempeño de sus organizaciones.

• Acceso a la información sobre las mejores prácticas de gestión y prestación de servicios de las demás organizaciones participantes.

A manera de cierre se puede afirmar que la implementación de modelos de calidad y

excelencia en Costa Rica aún se encuentra en etapas iniciales; si bien, se han tenido iniciativas no podría afirmarse que se posea un modelo de gestión de la calidad aplicable y exigible en todo el sector público costarricense, pese a su importancia e imperiosa necesidad para mejorar la prestación de servicios al ciudadana, lograr satisfacer sus requerimientos y mejorar la imagen que éstos poseen de los servicios públicos que reciben.

2. El sistema nacional de innovación

En Costa Rica se han despertado una preocupación por incentivar la innovación en el país, reconociendo que ésta es una fuente para el desarrollo, lo cual ha originado la creación


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de institutos que trabajan en pro de este objetivo. En el país operan varios, entre ellos y sin pretender ser una lista exhaustiva, citaremos

los siguientes:

Nombre Institución a la cual está

adscrita Objetivo

PROINNOVA-UCR Universidad de Costa Rica.

Proveer al sector productivo, público o privado, conocimientos y tecnologías con el potencial de generar innovaciones de todo tipo, por medio del licenciamiento de propiedad intelectual protegida

UNED Innova Universidad Estatal a Distancia

Instituto orientado a la innovación educativa, particularmente en educación a distancia.

Centro de Investigación para la Innovación en Costa Rica

Universidad Veritas Generar investigación de nuevas tecnologías aplicadas al diseño, a la enseñanza y a la construcción del movimiento de creadores.

Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica

Universidad ULACIT

Centro especializado en ofrecer programas de capacitación y certificación en nuevas tecnologías, pero también se interesa por preparar el recurso humano en otras áreas complementarias para la promoción de la competitividad nacional, como la formación en capacidades para la innovación, la gestión de proyectos, las destrezas gerenciales y el aprendizaje del inglés.

Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación

Acuerdo de Cooperación entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Registro Nacional de Costa Rica

Pretende facilitar el acceso a los servicios de información sobre tecnología y otros servicios relacionados de alta calidad. Estos servicios están dirigidos a los inventores, pequeñas y medianas empresas (PYMES), cámaras, círculos industriales, investigadores de centros tecnológicos y universidades, círculos académicos y otros profesionales del ámbito de la Propiedad Industrial.

El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria

Ministerio de Agricultura y ganadería

Contribuir con el sector agropecuario disponiendo de opciones, servicios y productos tecnológicos consecuencia de su gestión en investigación, innovación y transferencia de tecnología, con el fin de desarrollar el sector agropecuario de acuerdo con la demanda.

Tabla N° 2. Institutos de innovación en Costa Rica Fuente: Elaboración propia con base en la consulta de las páginas web de las instituciones

Nótese que muchas de estas iniciativas surgen en el ámbito universitario y con el

objetivo de desarrollar innovaciones tecnológicas orientadas a productos e intereses privados.

Como una forma de promover la innovación tecnológica el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas ha creado el “Premio a la Innovación Tecnológica”, con el propósito de reconocer los esfuerzos de las empresas para mejorar en forma integral su desempeño en el sector productivo.

En el 2007 se emitió el primer decreto que pretendía fomentar la innovación en el país, que fue el Decreto Ejecutivo N° 33748-MICIT denominado "Crea Comisión Nacional para la Innovación, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT)" encargada de incentivar la innovación en el país.

Posteriormente, en el 2009 se publica el Decreto Ejecutivo N° 5313-MICIT-MINAET-COMEX denominada "Crea Consejo Nacional de Innovación (CNI), la Comisión Técnica de


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Innovación Nacional (COTIN) y la Secretaría Técnica de Innovación", con dichos instrumentos se empezaba a constituir los primeros pasos del sistema de innovación en el país.

No obstante, el país ha retrocedido en este aspecto, pues los anteriores decretos fueron derogados mediante el Decreto Ejecutivo N° 37815 del 5 de junio del 2013. En el 2011 se emite el Decreto Ejecutivo N° 36467 denominado Reforma Integral Creación de los Consejos Presidenciales que crean los Consejos Presidenciales, como órganos de orientación, asesoría y coordinación en políticas públicas, diseño de planes, metas y objetivos, y seguimiento entre ellos el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación.

El Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación, estará integrado por: a) Quien ejerza la Presidencia de la República, b) Los Vicepresidentes de la República, c) El (la) Ministro (a) de Hacienda, d) El (la) Ministro (a) de la Presidencia, e) El (la) Ministro (a) de Planificación Nacional y Política Económica, f) El (la) Ministro (a) de Comercio Exterior, g) El (la) Ministro (a) de Economía, Industria y Comercio, h) El (la) Ministro (a) de Agricultura y Ganadería, i) El (la) Ministro (a) de Obras Públicas y Transportes, j) El (la) Ministro (a) de Educación Pública, k) El (la) Ministro (a) de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, l) El (la) Ministro (a) de Ciencia y Tecnología, m) El (la) Ministro (a) de Turismo, n) El (la) Ministro (a) de Salud, o) El (la) Ministro (a) de Descentralización y Desarrollo Local, p) El (la) Ministro (a) de Justicia y Paz. q) El (la) Presidente (a) Ejecutivo (a) del Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados, r) El (la) Presidente (a) Ejecutivo (a) del Instituto Costarricense de Electricidad. s) El (la) Presidente (a) Ejecutivo (a) del Instituto Nacional de Aprendizaje. De tal manera, que pese a las iniciativas antes mencionadas, la innovación en Costa

Rica debe enfrentar grandes obstáculos para avanzar, tales como:

a. Se carece de un verdadero sistema nacional de innovación: Las anteriores iniciativas son aisladas, responden a esfuerzos de entidades individuales, principalmente universidades pero no actúan en conjunto.

b. Ausencia de un órgano rector: No se cuenta con una institución o entidad que ejerza

la rectoría en el tema de la innovación en el país, la comisión creada en el 2006 fue eliminada y en su lugar se dejó un Consejo Presidencial; no obstante, no emite políticas de aplicación general al país, ni marca el camino a seguir por las demás entidades que trabajan en el tema.

c. Abandono de la innovación en el ámbito público: La innovación se ha dirigido

mucho a la empresa privada, incluso aquellos institutos de universidades públicas dirigen sus esfuerzos para desarrollar innovaciones en el ámbito productivo, lo cual si bien resulta positivo también deja descuidada la innovación en el ámbito público dado


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que se carecen de iniciativas enfocadas a innovar en lo público. d. Concentración en la innovación tecnológica: La innovación tecnológica es

relevante, no obstante, existen otras formas de innovación que no están siendo consideradas lo cual limita el abanico de opciones de innovación, pues se están dejando al descubierto otras maneras de innovar y que precisamente se vinculan con el ámbito público.

e. Limitada inversión de recursos para innovación: Para innovar hay que invertir, se

requiere de recursos humanos, económicos y tiempo, lo cual muchas veces es difícil de comprender pues se esperan resultados inmediatos y las innovaciones para pasar de meras ideas a hechos concretos demoran tiempo, la poca concientización de la necesidad de invertir limita las posibilidades de que se den innovaciones e incluso muchas buenas iniciativas mueren antes de dar frutos.

Lo anterior se refleja en el retroceso que ha tenido el país en innovación según el

Índice Global de Innovación, que si bien muestra una tendencia a la baja en la región latinoamericana, en donde todos los países bajaron excepto Chile que se mantuvo igual y Brasil que subió tres posiciones, interesa la posición que para el año 2014 ocupa Costa Rica.

Aun cuando Costa Rica se encuentra dentro de las mejores posiciones de América Latina, cuyo orden es el siguiente:

1. Chile (46) 2. Panamá (52) 3. Costa Rica (57) 4. Brasil (61) 5. México (66) 6. Colombia (68) 7. Argentina (70) 8. Uruguay (72) 9. Perú (73)

Costa Rica pasó de la posición 39 a la posición 57 a nivel mundial, lo que significa una

caída de 18 posiciones, situación que resulta preocupante y debe ser analizada con detalle; asimismo, en la región estamos siendo superados por Panamá quien avanzó del lugar 86 a la posición 52.

Cierra este documento llamando a la reflexión sobre las limitantes de la innovación en el país y las graves consecuencias que ello posee para el desarrollo y particularmente en la mejora del servicio público. Conclusiones

Implementar sistemas de calidad y de innovación es todo un reto para la gestión pública, pero no por ello resulta imposible, este documento ha abordado desde diferentes perspectivas esta temática y si bien ha señalado los obstáculos también ha mencionado las posibilidades para hacerlo.

La principal conclusión que pretende arrojar este texto es una visión positiva de la innovación en el sector público, como algo posible de alcanzar y resaltar la necesidad de innovar en la gestión pública para prestar un mejor servicio y así garantizar los derechos de los ciudadanos.


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Los sistemas de calidad que se han impulsado en nuestra región son herramientas para promover la innovación en la prestación de servicios, dado que a traves de estos, se genera información importante para detectar necesidades de cambio y problemas; e igualmente, aporta datos para proponer soluciones a los mismos, que finalmente, se convertiran en innovaciones.

Calidad e innovación son dos corrientes relacionadas que juntas buscan mejorar el servicio público y garantizar los derechos de la ciudadanía reforzando con ello el sistema democrático. Bibliografía Dictamen C-355-2005, 355 (Procuraduría General de la República 14 de octubre de 2005). Asamblea Legislativa. (2002). Ley N° 8256 denominada Ley del Sistema Nacional de

Acreditación de la Educación Superior. Costa Rica: SINALEVI. Asamblea Legislativo. (2002). Ley N° 8279 denominada Ley del Sistema Nacional de

Calidad. Costa Rica: SINALEVI. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). (2013). a. Carta

Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública. Panamá: CLAD.

Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD). (2006). Código Iberoamericano de Buen Gobierno . Uruguay: CLAD.

Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD). (2008). Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública . El Salvador: CLA.

Criado, I. (2013). Redes sociales para unas administraciones y gobiernos abiertos.Desafíos para la innovación y la creación de valor público. XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública (págs. 1-23). Uruguay: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo .

Poder Ejecutivo. (2013). Decreto Ejecutivo N° 37611 denominado Premio Nacional a la calidad y reconocimiento a prácticas promisorias en la gestión pública. San José, Costa Rica: SINALEVI.

Datos del autor Jennifer Isabel Arroyo Chacón Es Abogada, Contadora Pública Autorizada (auditora) C.P.A, y Administradora Pública, doctoranda en ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), posee un Diplóme d´supérieures spécialisées en Administration Publique de la Universidad de Quebec, Canadá y una Maestría en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública de la Universidad de Costa Rica. Incorporada al Colegio de Abogados, Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y al Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. Miembra activa de la Red Iberoamericana en Gestión Pública, Fiscalización, Hacienda Pública; además de participar en la red SICA-CEDDET y NOVAGOB. Docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y ha publicado libros y artículos en las ramas de su especialidad en revistas nacionales e internacionales. Página web: www.profesorajenniferarroyo.com Correo electrónico: [email protected] Linkedin:http://www.linkedin.com/pub/jennifer-isabel-arroyo-chac%C3%B3n/2b/ba7/217

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La calidad como un impulsor de la innovación en la gestión ... · al concepto de innovación....

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