La agenda social y laboral

Las protestas realizadas en el país, durante los últimos 5 años, ameritan una lectura con lentes despolarizados, para avizorar soluciones estructurales en temas sociales y laborales. De otro modo, el diálogo se limita a lo que expresen voceros de la MUD, el empresariado y el gobierno.

PROVEA y el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, hemos señalado el descontento anidado en el movimiento popular y especialmente, entre trabajadores y trabajadoras, que protagonizan la protesta social durante el último quinquenio.

Así lo refirió PROVEA en la sesión de intercambio con los cancilleres de UNASUR, durante el mes de marzo. Insistimos en destacar que del año 2008 al 2013, se hicieron 16.297 protestas. De éstas, el 37% tuvo una causa laboral.

Un elemento esencial de estas movilizaciones es su masividad, expresada en la extensión con que han protestado diversos sectores laborales, a lo largo y ancho del territorio nacional. Otro rasgo indiscutible es su carácter pacífico.

A la par de este proceso y superando diferencias, se ha gestado la progresiva articulación sindical. Inicialmente con el Movimiento Solidaridad Laboral (MSL-2009), luego con el Frente Autónomo por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS-2010) y más recientemente con la Unidad de Acción Sindical (UAS-2013).

Cada uno de estos espacios de unidad del movimiento sindical, ha obtenido logros específicos, a pesar de las dificultades propias de las tensiones presentes entre sus integrantes. En general se ha avanzado cualitativamente, incorporando sindicatos no confederados y gremios.

La liberación de Rubén González y las jornadas de movilización de 2011, incluyendo la marcha del 5 de febrero de ese año; las marchas del 1º de mayo de los últimos 3 años; y la solidaridad presente en tomas, huelgas, paros, trancas de calle y en las luchas laborales; las acciones conjuntas ante la OIT, son prueba de este avance.

Del acercamiento entre un sector de la CTV, un sector independiente expresado en ASI y un sector proveniente del oficialismo nucleado en C-CURA, se trascendió integrando además a las históricas centrales sindicales del país y a la UNETE.

La demanda judicial conjunta de diciembre 2013, exigiendo la nulidad parcial de la LOTTT en el TSJ, y el rechazo a la violación de la libertad sindical a la dirigencia laboral petrolera del estado Anzoátegui, el 03 de febrero 2014, es muestra del uso de mecanismos pacíficos por parte de la clase trabajadora venezolana.

Por todo ello, el diálogo que se instala en el país debe ampliar la temática de lo político y lo empresarial, para cumplir con la recomendación de la OIT en materia de convenciones colectivas y libertad sindical. Implica atender la demanda económica de un movimiento sindical que lucha hace años por recuperar el poder adquisitivo del salario y condiciones dignas para el trabajo.

El diálogo debe conllevar a la sensatez en el respeto y garantía del derecho constitucional a la manifestación. Por ende, es necesario incluir la amnistía que el sindicalismo venezolano pide para todas las personas enjuiciadas y detenidas por protestar. Una agenda que incluya el diálogo social y laboral, permitirá el retorno del clima democrático en Venezuela.