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Justicia y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalización
Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa Sierra
(coordinadores)
FLACSO ECUADOR
www.flacsoandes.edu.ec
Dedicamos este libro a la memoria de Willem Assies,
entrañable amigo y colega, incansable luchador por los derechos
de los pueblos indígenas.
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340.57 J888j Justicia y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalizacíón 1
Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa Sierra, (coordinadores). -
México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social:
Facultad Latinoamericana de Cíencias Sociales, Ecuador, 2011. 512 p. ; 23 cm.-- (Publicaciones de la Casa Chata)
In el u ye bibliografías,
ISBN 978-9978-67-305-8 (Flacso-Ecuador)
ISBN 978-607-486-128-0 (CIESAS)
l. Derecho indígena- América Latina. 2. Antropología jurídica -América Latina.
3. Movimientos indígenas-América Latina. 4. Autonomía indígena América
Latina. 5. Indigenismo- América Latina. L Chenaut, Victoria, coord. IL Gómez,
Magdalena, coord. III. Sierra, María Teresa, coord. IV. Serie.
Cuidado de edición y corrección de estilo: Bulmaro Sánchez
Tipografía y formación: Laura Roldán Amaro
Diseño de portada: Gabriel Salazar con base en la fotografía de Alberto Patrian,
Cueva de las Manos, Rio Pinturas, Santa Cruz, Argentina
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D. R.© 2011 Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Ecuador
La Pradera E? -17 4 y Av. Diego de Almagro
PBX (5932), 323888, Quito, Ecuador
falta página electrónica
ISBN 978-9978-67-305-8
Impreso y hecho en Ecuador
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D. R.© 2011 Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social
Juárez 87, Col. Tlalpan,
C. P. 14000, México, D. E
ISBN 978-607-486-128-0
Índice
Agradecimientos ....................... ................................................................................ 13
Introducción 1 5
Sección I: Globalización y p ueblos indígenas
Diez tesis sobre identidad, diversidad y globalización ..... .......... . . . .. ...... ........ . . ...... . . . . . . 37
Héctor Díaz-Polanco
E xp rop iación liberal. Un ensayo sobre la transformación de recursos locales
en mercancías globales . . . . . . . .. . . . . ... ........... .. . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .... ... .... . .. . . . . .. . 63
RenéKuppe
Pueblos indígenas y negros. Territorios y recursos naturales en Amé rica Lat ina 85
Willem Assies t
Política h idrocarburífera y los derech os indí gen� en Bolivia: �bios y continuidades . . 1 05
Almut Schilling-Vacajlor
E n busca del suj eto p erdido: los p ueblos indígenas baj o el signo de la p rivatización ......... . .. . 129
Magdalena Gómez Rivera
Sección II: Diversidad social y p olí ticas de reconocimient o
Las acciones afirmat ivas en Brasil ......... ........... ....... . .. . ..... ......... . . . .... .... . ......... . .. ....... .. 1 53 Rebecca lgreja
Luch as p or el reconocimiento y nuevas geografías ét nicas
en los Alt os de Ch iap as. E l caso de La S iberia en el municip io de Ch anal. . . . . . . .. . . . .. . . . . 177
Araceli Burguete Cal y Mayor
9
10 Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa Sierra
Los derech os colectivos frente al debate constitucional:
los p ueblos indí genas y la Asamblea Constituyente en Bolivia Sarela Paz Patiño
La p articip ación p olí tica del movimiento indí gena ecuatoriano:
1 99
bal ance crí tico ( 1 990-2007) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 1 9 Fernando García Serrano
E l derech o a la diferencia en la Constitución argentina de 1 994. Hacia un nuevo p aradigma jurí dico antrop ológico ... . . . . . .. . .. . .. . . . ... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . ... .. . 237
Susana Ramella
Sección III: Justicia, gé nero y derech os h umanos
Derech os h umanos, gé nero y nuevos movimientos sociales:
debates contemp oráneos en antrop ologí a jurí dica . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .... 2 6 1 Sal/y Engle Merry
Transnacionalización, derech os h umanos y mujeres map uch e . . . .. . . .... . . ... . . . . .. . .. . ... . . . . . . 291 Millaray Painemal y Patricia Richards
E tnografía de la justicia estatal: la violación como p risma de las relaciones de gé nero . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. ... . . .. . . .. . . . . .. . . .... . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . ... . .. .. . . . . . . . .. . 3 1 3
Rossana Barragán y Carmen Soliz
V iolencia y delitos sexual es entre los totonacas de Veracruz, Mé xico . . . . .... . ... . . . ... . ..... . 335 Victoria Chenaut
Que cada p ueblo teja los h il os de su h istoria. El p luralismo jurí dico en diálogo
didáctico con legisladores . .. . . . .... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . ... . .. . . . . . ... . . . . . . ... .. ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 357 Rita Laura Segato
Sección IV: Pluralismo jurí dico, justicia y disp uta p or los derech os
Pluralismo jurí dico e interlegalidad. Debates antrop ológicos en torno
al derech o indí gena y las p olí ticas de reconocimiento ... . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . ... . . . .. .. . .. . . . . 385
María Teresa Sierra
Índice 11
Justicias orales indígenas y sus tensiones con la ley escrita . . . ............................... . . . . . . . 407
Herinaldy Gómez Valencia
¿Y después de la ley, sigue el derecho? Avances y retrocesos
en la conformación del México plural . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . . . . . . 427
Héctor Ortiz Elizondo
Los juzgados indígenas en el sur de México ................................. . . . . . . . . .... . . . .. . . . ......... 443
Wolfgang Gabbert
Justicia, dignidad y derechos colectivos.
Acompañando a las comunidades y a la Alcaldía Indígena de Chichicastenango ............ 465
Morna Macleod y Josefa Xiloj Tol
El Juzgado Indígena de Huehuetla, Sierra Norte de Puebla:
construyendo la totonaqueidad en el contexto del multiculturalismo mexicano ..... ........ 487
Korinta Maldonado Goti
Biografías . . .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. ... .. ... 507
Las acciones afirmativas en Brasil
Rebecca Igreja
INTRODUCCIÓN
Las políticas de acción afirmativa destinadas específicamente a la población negra son hoy una realidad en Brasil. Estas políticas se enfocan sobre todo en el acceso de la población negra a la enseñanza superior estableciendo cuotas raciales para los exámenes de ingreso a las universidades brasileñas llamados "vestibulares". La adopción de políticas de acción afirmativa en Brasil ocurre, sin embargo, dentro de un contexto muy conflictivo que refleja una lucha de fuerzas, donde se debaten permanentemente posiciones radicales a favor y en contra. Ese contexto hace muy complejo el análisis de los intereses que están en juego y de los alcances que pueden tener esas políticas.
En este texto muestro los puntos críticos del debate sobre la aplicación de las políticas de acción afirmativa en Brasil. Utilizo como soporte de análisis mi experiencia de acompañamiento en el Programa Diversidad en la Universidad del Ministerio de Educación Brasileño (MEe) , desarrollado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, durante el cual se amplió el debate sobre las acciones afirmativas en BrasiL 1 La investigación inició en el año 200 1 e incluye el diseño del Proyecto por parte del MEe, así como la actuación de las organizaciones negras que se vincularon con éL Para concluir, hago una breve reflexión sobre las condiciones vigentes al momento de redactarse este trabajo (2006), cuando se conocieron los resultados de las primeras experiencias de políticas de cuotas adoptadas por algunas universidades brasileñas.
EL CONCEPTO DE ACCIÓN AFIRMAT IVA
Una de las primeras dificultades en el tratamiento de las acciones afirmativas es su conceptualización. Las políticas dirigidas a la población negra en la década de los noventa estuvieron enfocadas en la legislación antirracista, en la valoración de la herencia cultural negra o en la promoción de las acciones afirmativas. Joaquim B enedito Barbosa Gomes (200 1: 40), jurista, negro y hoy ministro del Supremo Tribunal
Este estudio lo usé como fUente para la elaboración de mi tesis de doctorado (Igreja, 2005).
153
154 Rebecc� lgreja
Federal, propuso una definición de las acciones afirmativas que ha servido de guía para el debate en el seno del gobierno. El autor las define como:
Un conjunto de políticas públicas y privadas de carácter obligatorio, facultativo o voluntario, concebidas con vista a combatir la discriminación racial, de género y de origen nacional así como a corregir los efectos actuales de la discriminación practicada en el pasado, teniendo por objetivo alcanzar el ideal de efectiva igualdad de acceso a derechos fundamentales como la educación y el empleo.
El punto de partida del debate sobre las acciones afirmativas en Brasil fue el año de 1 995, cuando se conmemoró el Tricentenario del Zumbí de los Palmares2 y como parte de las celebraciones se organizó la Marcha Zumbí de los Palmares contra el Racismo, por la Ciudadanía y la Vida, manifiesto determinante de las nuevas estrategias políticas que serían asumidas por el Movimiento Negro Unificado. Ese año tomó posesión el nuevo presidente, Fernando Henrique Cardoso, que firmó, el mismo día de la marcha, 20 de noviembre, el decreto que instituyó el Grupo de Trabajo Internacional para la Valoración de la Población Negra ( GTI) , coordinado por el Ministerio de Justicia Uaccoud y Beghin, 2002: 19) . Con la creación del GTI, se reinició la discusión sobre el Convenio 1 1 1 3 de la Organización Internacional del Trabajo (oiT) y se estableció el nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), que concedió un tópico específico para la población negra. Otro momento importante fue la realización, en 1 996, en e l palacio presidencial, del seminario Multiculturalismo y Racismo: el Papel de la Acción Afirmativa en los Estados Democráticos Contemporáneos, promovido por el gobierno brasileño, que reunió a intelectuales brasileños y brasilianistas norteamericanos para discutir la viabilidad de las políticas de acción afirmativa en Brasil. El evento posibilitó un debate más profundo, demostrando las posiciones discordantes de los intelectuales, principalmente de aquellos comprometidos con los movimientos negros.
Cuando el GTI retomó su trabajo después del seminario, propuso medidas de acción afirmativa para promover un mayor acceso de la población negra al trabajo y a
2 El20 de noviembre fue la fecha escogida como el Día Nacional de la Conciencia Negra por el Movimiento Negro Unificado, en homenaje a Zumbí, líder máximo del palenque de Palmares y símbolo de la resistencia negra, asesinado el 20 de noviembre de 1695.
3 El Convenio 11 1 de la OIT (1958) sanciona la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u
origen social y obliga a los países miembros a formular políticas que promuevan la igualdad de oportunidadesen esas materias.
Las acciones afirmativas en Brasil 155
la educación. La escuela se colocaba como instrumento fundamental en la lucha contra el prejuicio y de consolidación del respeto a los derechos. Por este motivo, el MEC fue requerido para establecer un programa de combate a la discriminación en las escuelas y ofrecer a los jóvenes negros una mayor oportunidad de ingreso y de permanencia en la enseñanza superior. La primera sugerencia fue que el MEC ofreciera cursos preparatorios para el examen de admisión universitaria (prevestibulares), destinados específicamente a alumnos de escuelas públicas provenientes de los sectores más desfavorecidos de la población, que incluyen, como es sabido, una elevada propo rción de población negra. A partir de la c reación del GTI el debate sobre las acciones afirmativas fue ganando espacio, principalmente en sectores del gobierno y emre organizaciones representativas del movimiento negro. Ese debate se intensificó aún más a partir del año 2000, cuando Brasil se preparaba para participar en la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, promovida por la ONU y realizada en Durban, Sudáfrica, entre el 3 1 de agosto y el 7 de septiembre de 200 l. Hay que destacar la visibilidad que un órgano gubernamental asumió en la preparación para la Conferencia. El Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) ejerció y ejerce un importante papel en las discusiones sobre la cuestión racial, sobre todo por la divulgación de estudios estadísticos que confirman la desigualdad racial presente en el país (Henriq u es, 200 1).
Después de la Conferencia de Durban se instituyeron nuevas políticas y acciones dirigidas a la población negra. N uevos consejos fueron creados, como el Consejo Nacional de Combate a la Discriminación (CNCD) en sustitución del debilitado GTI.
La cuestión racial se convirtió en un capital político significativo para muchas autoridades que la incluían constantemente en sus discursos. L a prensa ejerció una influencia considerable en ese momento. Periódicos y revistas de gran circulación, en general, tendían a promover el debate sobre la "democracia racial", presentando opiniones en contra o a favor de las acciones afirmativas. A pesar del debate, las medidas anunciadas no fueron efectivas. Hubo muchas acciones aisladas sin la determinación común de atender las demandas de las organizaciones negras. Las apoyaron algunos políticos de diferentes partidos, de derecha e izquierda, pero jamás fueron parte de la bandera de ninguno. 4 Además, su concepción como cuotas raciales era motivo de serios conflictos, especialmente para los representantes del MEC, que las rechazaron como propuesta.
Las organizaciones negras fueron invitadas a debatir, pero el espacio que el gobierno les abrió acabó por generar conflictos entre ellas. Las invitadas eran siempre las mismas
4 El movimiento negro jamás logró articularse con un partido o él mismo constituir un partido político que defendiera las causas negras. Hanchard (2001), estudioso estadounidense, cree que esa es precisamente la fragilidad del movimiento negro en Brasil.
156 Rebecca lgreja
ONG de Sáo Paulo y Río de Janeiro, las mejor articuladas. Además, muchos de sus representantes temían ser cooptados por el Estado o comprometerse con medidas que no serían l levadas a cabo. Los cambios eran muy rápidos y en realidad no se habían promovido debates con la sociedad en general. La discusión se basaba en la opinión de un círculo muy restringido.5 Finalmente, en 2002 se inician las primeras experiencias con las cuotas raciales en las universidades. El 9 de octubre de 2002, la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro aprobó un proyecto de ley que reservaba 40% del cupo total para negros y pardos en las universidades públicas estatales: la Universidad del Estado de Río de Janeiro (uERJ) y la Universidad Estatal del Norte Fluminense (UENF ). La ley, inicialmente propuesta por el gobernador Antonio Garotinho, preveía 50%, pero la Asamblea redujo ese porcentaje.6
El PROGRAMA DIVERSIDAD EN LA U NIVERSIDAD-MEC
El análisis del programa del MEC fue realizado en dos momentos: primero cuando estuve vinculada al programa como consultora de la UNESCO (Organización de las N aciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) con la responsabilidad de apoyar en su desarrollo; y segundo, después de haberlo dejado, ya como parte de mi investigación doctoral, etapa que me permitió tomar una distancia crítica frente al mismo. La investigación fue concebida como un estudio de las prácticas institucionales desde la perspectiva de la antropología política, que aborda los espacios institucionales como espacios de lucha de poder, de articulación y legitimación de ideas. En estos espacios se observan las estrategias empleadas por los distintos actores que
5 Carlos Alberto Santos de Paulo (2002: 110) demuestra en su trabajo los recelos que enfrentaban los representantes del Movimiento Negro en relación con el establecimiento de las acciones afirmativas. Siempre buscaron demandar medidas más amplias de inclusión. En su evaluación de los testimonios de los representantes negros, el autor afirma que la propuesta de políticas públicas dio lugar a concesiones transformadas en cuotas y políticas específicas, lo que no reveló fidedignamente la intención del movimiento. Son medidas aisladas que, en el conjunto de las expectativas, no reflejan las necesidades reales de empoderamiento de la población negra.
6 La Ley núm. 4.151, del4 de septiembre de 2003, determinó cambios en estos criterios: las universidades públicas estatales de Río de Janeiro debían establecer cupos reservados para los estudiantes pobres, de 45%; 20% para estudiantes oriundos de la red pública de enseñanza; 20% para negros, y 5% para personas con discapacidad e integrantes de minorías étnicas.
Las acciones aíirmativas en Brasil 157
participan en el proceso político. A partir de las prácticas y discursos de los representantes y agentes, el objetivo se centra especialmente en la manera como las instituciones construyen sus territorios, realizan sus actividades y definen un espacio político en función de las ideas que producen (Bellier, 1997).7
El Programa Diversidad en la Universidad: acceso a la universidad de grupos socialmente desfavorecidos, con énfasis en negros e indígenas,8 constituyó una primera propuesta del MEC como una alternativa a la aplicación de cuotas raciales en las universidades. Tenía como objetivo: "apoyar la promoción de la equidad y de l a diversidad en la enseñanza media y en la educación superior para afrodescendientes, indígenas y otros grupos socialmente desfavorecidos". Sus objetivos específicos se centraban en:
i) Apoyar la formulación de manera participativa, de políticas y estrategias de inclu
sión social y de lucha contra la discriminación racial y étnica para la educación media y superior; ii) Fortalecer la capacidad del Ministerio de Educación para orientar la formulación de las referidas pol íticas y estrategias; iii) Apoyar, desarrollar y evaluar proyectos innovadores que puedan contribuir a la formulación de las referidas políti
cas y estrategias.
El programa nadó de un convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el MEC, dentro de la Secretaría de Educación Media y Tecnológica (Semtec),9 con el objetivo de orientar futuras políticas públicas de mayor amplitud dentro de la misma temática. Al paso del tiempo, el Programa Diversidad en la Universidad se fue definiendo básicamente como un proyecto de financiamiento de cursos prevestibulares, entidades ya existentes que buscaban solucionar las carencias educativas de los alumnos provenientes de las escuelas públicas del país. En ese sentido, el proyecto lanzado finalmente no era el mismo que había sido elaborado y acordado con varias instituciones y con las organizaciones negras. Un análisis del programa nos permite reflexionar en torno a los aspectos todavía en debate sobre las acciones afirmativas en Brasil.
La primera dificultad del programa fue definir su cobertura. ¿A quién estaba dirigido? El Ministerio lo presentó como una alternativa a la aplicación de cuotas. Serían
7 El estudio antropológico de las instituciones permite observar los efectos prácticos y simbólicos de la globalización en el funcionamiento de las instituciones y organizaciones que gobiernan la economía y la sociedad. Consiste, como afirma Ahéles, en una forma de estudiar el Estado vu dans bas (Abéles, 1997: 19).
8 Emplearé como rítulo Programa Diversidad en la Universidad, sin embargo, resalto la importancia del título completo del programa.
9 Compete a la Semtec definir políticas generales para la enseñanza media en el país.
158 Rebecca lgreja
los "negros" los beneficiarios, definidos con base en lo propuesto por los censos y conteos nacionales. La población negra en Brasil se clasifica en términos de raza, específicamente de color, y no en términos culturales o lingüísticos. 10 En la actualidad se utilizan tres grandes sistemas clasificatorios raciales para categorizar a la población negra, en un continuum de tonos que va del blanco al negro. El primero es el censo, que tiene tres categorías: blanco, pardo y prieto, más los indígenas y los amarillos (asiáticos) . El segundo es el discurso popular, que utiliza múltiples categorías, entre ellas la más conocida es la de "moreno". El tercero es la propuesta por el Movimiento Negro y que ha sido retomada por estudiosos del tema, que suma las categorías pardo y prieto, resultando en una clasificación binaria: negros y blancos o no blancos y blancos (Telles, 2003: 1 05).11 Obviamente estos sistemas corresponden a los modos de interpretación del término raza y refleja la ambigüedad que circunda a estas interpretaciones.
La cobertura del programa sufrió su primera objeción por parte de las instituciones públicas responsables de autorizar el financiamiento del proyecto12 y de las demás secretarías del MEC. Según ellas, la elaboración de un proyecto destinado a un grupo racial privilegiaría a ese grupo en detrimento de otros, que también padecían graves procesos de exclusión. Su recomendación reiterada ha sido focalizar en la pobreza y en la enseñanza pública. La Secretaría de Educación Superior (Sesu) y el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales (INEP) se oponían a la realización del proyecto pues, según los datos del INEP, con la notable expansión de la cobertura escolar verificada durante el gobierno de Cardoso, los negros serían los más beneficiados por su sobrerrepresentación en las clases sociales más bajas. Tal aumento obedecería a la implementación de políticas más incisivas de universalización del acceso, que -aunque no fueran focalizadas-, derivarían en una significativa reducción en el déficit de
10 Los estudios de Oracy Nogueira (1992, 199 8) afirman que en Brasil, a diferencia de los Estados Unidos, lo que define a la población negra no es su ascendencia africana y esclava, es decir, su origen, sino el color de su pieL Es el color de la piel, la apariencia, lo que define a las personas socialmente y sirve de base para la clasificación y hasta para acciones discriminatorias.
11 En la clasificación realizada por los censos brasileños encontramos el color "prieto". Cuando se habla de negro se debe entender la suma de pardos y prietos, o sea, negro es un concepto sociorracial que une la población prieta con los mestizos. Negro no es solamente un color, también es un concepto que remite a la raza, la cultura, la estética, idea defendida sobre todo por los representantes de las organizaciones negras.
12 La primera objeción vino de la Secretaría de Asuntos Internacionales (Seain) del Ministerio de Planeación, responsable de acompañar la preparación y ejecución de los proyectos susceptibles de financiamiento externo y de su conducción a la Comisión de Financiamientos Externos (Cofiex), del propio Ministerio.
las Jcciones aíirmativas en Brasil 159
la población negra. Ésta ha sido una idea defendida por los críticos a las acciones afirmativas, que creen además que dar preferencia a la raza produciría una distorsión puesto que el problema central es el bajo nivel educativo de las clases bajas (Schwartzman, 1999). Los datos deliPEA registraban el progresivo incremento en la escolaridad de la población negra, tal como argumentaba eliNEP, pero afirmaban que esta tendencia también beneficiaba a la po blación blanca, por lo cual se mantenía la brecha, o sea, un diferencial constante de resultados entre blancos y negros (Henriques, 200 1 ) . El programa del MEC se legitimó con base en los datos del IPEA, con todo y que el propio MEC, vía INEP, no los reconociera y los negara públicamente.
Las acciones afirmativas se encuentran en medio del debate por las cifras que demuestran la situación desfavorable de la población negra. El mismo concepto de "población negra" ha sido cuestionado dada la dificultad de delimitar un agrupamiento negro en Brasil, considerado muy fluido. Definir a las personas como negras se relaciona íntimamente con la condición social, el estatus, la educación y aun el género y la región del país, lo que hace que varíe según los contextos. Aunque se han elaborado diversos estudios para refinar las categorías raciales de los análisis estadísticos, los resultados suelen ser contradictorios (Silva, 1999; Osorio, 2003; Schwartzman, 1 999; Telles, 2003). A su vez, estos datos son discutidos constantemente por el hecho de que todavía no es obligatoria, y por lo mismo no se ha realizado la desagregación de aquellos ofrecidos por varias instituciones con base en la raza y el color. Apenas hace poco los datos oficiales sobre las desigualdades raciales se hicieron estadísticamente más daros, gracias a levantamientos sistemáticos, regularmente divulgados (Martins, 2004: 1 1). Hay que destacar en este sentido que las diferencias en el levantamiento de datos generan una falta de homogeneidad comparativa.
En suma, hay consenso entre los estudiosos en que el mayor porcentaje de negros se ubica en las clases más bajas. 13 Las diferencias entre las distintas posiciones son por las opciones de política pública que debe aplicarse para su corrección, es decir, políticas universalistas contra la pobreza o políticas específicas como las acciones afirmativas. Algunos críticos explican la pobreza negra por la falta de planeación y de inclusión de los negros en el mercado de trabajo al final del periodo de la esclavitud. Por lo tanto, el resultado es una situación de desigualdad social y no raciaL Una política contra la
13 Los estudios pioneros de Carlos Hasenbalg y Nelson de Valle Silva ( 1 999) ya desglosaban los datos estadísticos según las razas, demostrando las diferencias de condiciones sociales entre negros y blancos. Asimismo, Marcelo Paixao (2003) desglosa anualmente los análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según las razas en Brasil, buscando demostrar la diferencia entre blancos y negros.
160 Rebecca lgreja
pobreza efectiva sería suficiente para corregir este problema histórico. Sin embargo, representantes del Movimiento Negro y estudiosos del tema afirman que la sobrerrepresentación de los negros en las clases más bajas también se explica por la actualización y permanencia de mecanismos de exclusión, de discriminación. Además, los negros desean verse más representados en los niveles económicos, sociales y culturales más elevados. Estas consideraciones basadas en la existencia de racismo y de discriminación hacen que sea insuficiente enfocar la pobreza. Por otra parte, as organizaciones negras reclamaban constantemente al MEC la discriminación y el racismo en las escuelas. 14 Son situaciones en que los niños son víctimas de actos discriminatorios por parte de profesores o de otros alumnos o en que se sienten discriminados por la falta de representación en el material escolar --en las imágenes de los libros, revistas o cualquier material que puede ser usado en clase-. El propio MEC había tratado el problema al publicar el libro Superando el racismo en la escuela, organizado por Kabengele Munanga (200 1 ) .
La coordinación del Programa Diversidad en la Universidad enfrentaba un gran desafío: para su ejecución, era indispensable contar con el consenso de varias secretarías del MEC y del personal de educación, entre ellos los educadores. Al mismo tiempo, debía ofrecer respuestas que atendieran las demandas de las organizaciones negras. Esto implicaba realizar una campaña sobre el racismo y la discriminación dentro del propio ministerio y para los educadores de todo el país. Pero se aproximaba el fin del gobierno de Cardoso y era necesario que el proyecto comenzara inmediatamente. Las discusiones internas, las presiones de todos los actores y los problemas para autorizar el financiamiento, impedían el buen desarrollo del programa. La solución encontrada por la coordinación del programa para rebatir las críticas de que el proyecto era "discriminatorio" fue la de agregar otros grupos "discriminados", de modo que se sugirió a los indígenas. Tratar a los indígenas como grupo distinto con base en su diferencia cultural suscitaba menos resistencia por parte de las instituciones e incluso de los funcionarios del MEC. De hecho, había una legislación específica que de antemano garantizaba una educación diferenciada para ellos. A'ií, el proyecto se apoyó en la alteridad indígena para justificar
14 Los trabajos de Isabel Santos (200 1 ), por ejemplo, analizan la manera en que la escuela, principalmente a través de los educadores, reproduce y alimenta visiones estereotipadas y racistaS de los niños negros, que son muchas veces interiorizadas por ellos mismos. En sus estudios denuncia una menor expectativa de los profesores en relación con los niños negros, que estarían, según su creencia, condenados al fracaso. Aún así, demuestra también que gran parte de los educadores expresa la necesidad de recibir asesoría para incluir la temática racial en sus currículos y prácticas.
Las acciones afirmativas en Brasil 161
su reconocimiento (Agier, 1994).15 No obstante, el proyecto no contenía datos o fundamentos que se relacionaran con la problemática indígena, ni contemplaba las demandas de las organizaciones indígenas, que por cierto no se limitaban a los cursos vestibulares. Para colmo, no se había realizado ninguna consulta a las organizaciones indígenas, ni a los técnicos de las demás secretarías encargados de l a educación indígena y tampoco a la Fundación Nacional del Indio (Funai). Los indígenas no existían para el proyecto. Como puede advertirse, los objetivos del programa se iban desfigurando. Para rescatarlo en un momento de tantos enfrentamientos públicos entre el MEC y las organizaciones negras, hubo que buscar un contacto más directo con éstas, en un contexto menos mediatizado. Los cursos preparatorios populares, por ejemplo, trajeron elementos más sustantivos para el análisis de los problemas que involucraba la ejecución del programa.
Los CURSOS POPULARES PREPARATORIOS PARA EL EXAMEN VES TIBULAR
La realización de entrevistas a los representantes y alumnos de algunos cursos populares preparatorios para los vestibulares me permitió agregar elementos importantes para el análisis del programa del MEC y del debate sobre las acciones afirmativas en general. Para el periodo de trabajo de campo seleccioné cursos en las periferias de algunas capitales, específicamente: Rio de Janeiro (prevestibular para negros y carentes PVNC) , Sáo Paulo (Educafro, Thema Educar;áo, Núcleo da Consciencia Negra), Porto Alegre (Curso Supera¡;áo para Mrodescendentes), Salvador (Oficina da Cidadania; Cooperativa Steve Biko) , y Vitória (Universidade para Todos). Estos cursos funcionaban en general con profesores voluntarios, muchos de ellos alumnos universitarios negros y blancos apoyados por ONG negras. Sus alumnos eran seleccionados por el criterio de pobre-La y en algunos casos por el de color. Su objetivo era facilitar la entrada de estos alumnos a las universidades, sobre todo a las públicas, consideradas de más difícil acceso. Estos cursos llamaron la atención hacia el problema racial en Brasil, pues su acción directa junto a los alumnos pobres constituía una gran fuerza de movilización popular.
Los cursos prevestibulares pueden servir de ejemplo de acción afirmativa. Sin embargo, enfrentan muchos problemas con los alumnos principalmente por la deserción de los que necesitan trabajar o por el bajo nivel educativo debido a la mala calidad
15 Abordar la cuestión de los palenques, poblados fundados por esclavos cimarrones y que todavía existen en algunas regiones del país, era más fácil que enfrentar a la población negra en general, mayoritaria e integrada en la sociedad brasileña. Los palenques, por estar limitados a un espacio geográfico definido, podían ser tratados como las reservas indígenas.
162 Rebecca lgreja
de la escuela pública a la que asistieron. Aun así, trabajan para superar estas dificultades, apostando a mejorar la autoestima de los alumnos, y estimularlos para que desarrollen su potencial y para que exijan su derecho a ocupar el espacio universitario. Asimismo, muchos ofrecen a los alumnos acceso a bienes culturales como revistas y libros que normalmente les es imposible por su condición social. Resalta en estos cursos el enfoque en disciplinas que tratan la temática de la cultura y la ciudadanía. El objetivo era desarrollar una conciencia crítica en los alumnos para rescatar la ciudadanía y la autoestima de jóvenes y adultos víctimas, según los representantes, de una "esclavitud cultural, educativa y social". Estos cursos eran vistos como una forma de conformar un movimiento social y étnico aprovechando su poder de atracción y de movilización.16
En las reuniones realizadas entre representantes, alumnos de los cursos y responsables del MEC se expresaron opiniones muy diversas, en especial sobre la definición del público al cual se dirigía el Programa Diversidad en la Universidad. Estas diferencias tenían que ver con el propósito de los cursos, la forma en que asumían la cuestión racial y el contexto en que estaban insertos. Destacaron tres nociones de "público": pobre, negro y afrodescendiente.
En general, los representantes reconocían que establecer el color "negro" como criterio de selección era bastante polémico. Los cursos que proceden así son constantemente criticados y acusados de promover la exclusión y la discriminación. Además, anunciar los cursos para negros y no para pobres en general, podía contribuir a que no se i nscribieran muchos alumnos "negros" que no se identificaban como tales. Para algunos representantes, el problema era la falta de conciencia racial de los negros, contaminados por la idea de l a democracia raciaL17 Sin embargo, esta idea fue criticada por otros representantes y ha sido motivo de gran debate entre los estudiosos del tema. Muchos académicos creen que explicar la actitud de los alumnos negros como falta de conciencia racial impide advertir otros motivos que conducen a que no se autoidentifiquen por su raza (Maggie y Fry, 2004; Schwarcz, 2002). Por ejemplo, Sérgio Costa (2002: 51) afirma que la definición hecha por los brasileños de su color no es objetiva. Puede ser influida por procesos individuales y colectivos de búsqueda de reconocimiento social y envuelve un conjunto de elecciones y negociaciones múltiples y simultáneas alimentadas por mitos, deseos, experiencias y conocimiento.
16 Sin embargo, había más interés por parte de los representantes y de los profesores (en menor medida) en incorporar estos temas que de los alumnos, muchos interesados solamente en pasar el examen vestibular (Canda u, 2000).
17 Término que refiere a la inexistencia de discriminación racial en Brasil por las características del colonialismo portugués y el posterior mestizaje de blancos, indios y negros.
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Incluso, hace parte de este conjunto la dificultad que tienen los brasileños de encajar en la clasificación bipolar: blanco o negro, p referida por los movimientos negros.
Asimismo, el uso del concepto de raza es visto de manera crítica por quienes temen una racialización de las tensiones sociales entre negros y blancos. Sociólogos defensores de las acciones afirmativas como Guimaráes (1999: 9), han definido la raza como un concepto que no corresponde a ninguna realidad natural, sino que se trata de una clasificación social basada en una actitud negativa frente a ciertos grupos sociales e informada por una noción especifica de la naturaleza, algo endodeterminado. Esos autores también afirman que la "raza'', en tanto clasificación social, ya existe, y ha servido para imputarle a los negros una inferioridad social. El uso histórico del concepto "raza'' también tuvo su propia transformación en Brasil. Desde los famosos estudios de Oracy Nogueira (1 985 [1954]), como vimos en la discusión sobre los censos, la raza fue equiparada al "color", a la apariencia. Pero para algunos autores clasificar a partir de la raza supone el riesgo de crear un sistema bipolar: blanco o negro, que niegue el mestizaje. Si bien es cierto que el uso ideológico del mestizaje ha impedido denunciar la discriminación racial, el debate sobre el racismo y la movilización negra en el país, también lo es que el fenómeno es reaL El número de mestizos aumenta, y aunque las estadísticas afirmen que las condiciones sociales de los pardos se asemejan a las de los negros, no por esto dejan de existir como categoría social. 18 Todo esto ha llevado a algunos autores a tomar en cuenta el contexto racial específico de BrasiL Sansone (2004: 76), asegura que es necesaria una disposición tanto para interpretar la terminología fluida y compleja que se usa en la descripción de la raza como para reconocer la relevancia de los múltiples contextos en la determinación del uso de los términos y de las formas de clasificación.
Un segundo punto importante de la controversia es la crítica a la democracia racial. Algunos intelectuales identificados como neofreyrianos19 tienden a defender la democracia racial, no como un hecho, sino como una aspiración. Estos autores intentan demostrar que la democracia racial es un mito brasileño, pero no por ser una farsa, sino en el sentido antropológico, incorporado a la cultura brasileña. Un mito lo explica
18 Sansone (2004: 35) afirma que debe realizarse un estudio más riguroso sobre los mestizos, categoría demográfica en rápida expansión, y no descartarla como un grupo residuaL Según Telles (2003), la mezcla racial es un proceso histórico-demográfico y un factor social que ha sido relevante para la identidad brasileña durante más de den años; la alta incidencia del mestizaje refleja esa flexibilidad de las fronteras raciales, particularmente evidente entre los pobres y entre las personas de color semejante en BrasiL
19 En referencia a Gilberro Freyre, estudioso a quien se atribuye el concepto de democracia racial, con todo y que no utilizó este término específico en sus trabajos.
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Fry (2000) como un conjunto de ideas y valores poderosos que forman la especificidad de Brasil (Da Matra, 1997); un mito que influye en la vida cotidiana y enseña que la cordialidad es mejor que la confrontación (Fry, apudHasenbalg, 1996, p. 237, núm. 4). A decir de estos autores, desenmascarar la democracia racial no ha permitido reflexionar sobre su eficacia y permanencia, que resiste al descrédito teórico desde los años cincuenta. Schwarcz (2002: 3 1 O) sostiene que es posible "tomar en serio" el mito, lo que implica evitar asociarlo a la noción de ideología -como idea falsa- o comprenderlo sólo como un enmascaramiento intencional de la realidad. Los datos estadísticos respaldan la desigualdad racial, pero su sola denuncia para probar e l racismo no conduce a su extinción. Para algunos autores, insistir en el mito de la democracia racial es una forma de insistir en una sociabilidad entre blancos y negros que por lo menos en ideología está presente en las mentes de los brasileños (Schwarcz, 2002; Maggie y Fry, 2004).
El debate sobre las acciones afirmativas en B rasil acabó sucitando una discusión entre disciplinas: la antropología y la sociología, entre investigaciones cualitativas y cuantitativas. En opinión de Rocha Pinto (2006), hubo una manipulación ideológica de las teorías de las ciencias sociales, especialmente antropológicas, sobre la fluidez de las clasificaciones raciales. Asimismo, el autor cree que usar los datos socioeconómicos de blancos y negros como prueba irrefutable de la existencia de una sociedad racialmenre bipolar ha dejado fuera la reflexión en torno a la forma en que las medidas sociales impactan en l a construcción de los grupos a través de la reificación de sus categorías definidoras. En el acompañamiento de los cursos pude verificar lo difícil que era para los alumnos identificarse racialmente: primero, porque temen que definirse como negros los vincule y comprometa con el movimiento político negro, algo no siempre deseado. Muchos de ellos sólo están interesados en el examen de admisión universitario y, como afirman, no desean ser incluidos en el "militantismo negro". Incluso, esto puede generar que algunos prefieran usar el término "prieto" y no negro, porque este último implica una connotación política. 20
20 Renato Emerson dos Santos (2003: 139 y 2006), en su análisis sobre el PVNC, narra los dilemas surgidos en la constitución de los cursos, relacionados con los diferentes intereses, visiones y tiempos de los estudiantes, de los profesores y de los representantes. Según el autor, la perspectiva de los estudiantes es de tiempos más cortos, pues los alumnos ingresan y salen con extrema velocidad. En cambio, los profesores tienen una visión más fragmentada y sectorizada, derivada de un contacto con la realidad restringido a las pocas horas por semana que asisten al cursillo. Es en los coordinadores sobre quienes recae la necesidad de hacer compatibles los distintos tiempos de aquellos que integran el curso por las ideas y
demandas venidas de los foros colectivos del movimiento negro.
Las acciones afirmativas en Brasil 165
El término "afrodescendiente", preferido por varios investigadores y por representantes del movimiento negro, gana consenso pero no es aceptado por todos. Ha sido criticado por quienes reiteran en que hablar de descendencia es hablar de genes y los estudios genéticos comprueban la ascendencia africana de la gran mayoría de los brasileños, incluso algunos considerados blancos (Pena Bortolini, 2004). Estos datos respaldan el mestizaje nacional y explican los conflictos derivados de las cuotas basadas en la descendencia, puesto que alumnos blancos pueden reivindicarse como afrodescendientes especialmente si, como es común en Brasil, encontramos dos hermanos, uno blanco y otro negro. A su vez, algunos representantes y alumnos también han criticado el término porque transmite la idea de una identificación con África, interpretada por muchos como un "extranjerismo". La reivindicación de una cultura negra, específicamente afrobrasileña, ha sido pensada como e lemento aglutinador para la formación de una identidad negra, pero ésta es concebida por muchos como parte de la cultura popular brasileña.21
El hecho de que los negros brasileños no constituyan una comunidad cultural definida ha sido un motivo importante para rechazar políticas multiculturales. Aunque las acciones afirmativas sean pensadas como políticas integracionistas, fuera del marco del multiculturalismo, constituir a los negros como sujetos de esas acciones ha l levado a reafirmar una diferencia cultural negra en el país. El nuevo discurso incorpora una visión privilegiada de la dimensión cultural como elemento identificador de la población negra (Agier, 1994; Sansone, 2004).22 El enfoque directo en la identidad racial también dificulta destacar otras formas de identidad, como la identidad regional. El contexto de las relaciones raciales se transforma con las historias regionales del país. Se deben tomar en cuenta el impacto de la migración extranjera y el desarrollo económico y social al analizar esta relación. Los cursos, por ejemplo, se caracterizan según la región del país y la mayor o menor presencia de negros. De igual manera, el rechazo de las identidades regionales existentes impide observar la situación particular de la población nordestina en Brasil , sobre todo en contexto de migración.
21 Muchos autores prefieren luchar por el reconocimiento de una herencia cultural africana en Brasil pero recreada y adaptada al país constantemente. Se trata de espacios culturales utilizados por los negros para negociar el dominio del blanco y gracias a los cuales los negros circulan con mayor libertad y aún con más poder que los blancos (Sodré, 1999; Sansone, 2002).
22 Según Sansone (2004: 124), la red formada por las ONG y fundaciones extranjeras como Ford, Rockefeller y otras, esenciales para muchos proyectos sociales, crearon un medio favorable para la circulación de objetos y discursos negros que priorizan la promoción política de la identidad.
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Los "nordestinos" sufren una discriminación que no puede ser equiparada con la discriminación racial que afecta a los negros, pues está vinculada con la i magen de pobreza extrema, de retraso y subdesarrollo, aunque sean identificados también por el aspecto físico como mestizos o "cabodos", mezcla de i ndígenas, negros y b lancos. Desde fines del siglo xrx se construyó una imagen del norte, después del nordeste, como regiones inapropiadas para el progreso y refractarias a la modernización. Es esta afirmación y no la polarización blanco/negro la que explica el racismo que víctima al nordestino en el sur y en el sureste del país (Costa, 2002: 56). En realidad, un gran número de representantes de los cursos han manifestado preferencia por un enfoque en l a pobreza y no en la raza. Reconocen la existencia de la discriminación y del racismo y por eso buscan promover debates con sus alumnos, pero creen que en la lucha por mejores condiciones sociales, negros y blancos pobres deben darse la mano, ya que no sólo comparten la exclusión social sino además espacios de recreación y convivencia. No obstante, muchos líderes del movimiento negro declaran que en situaciones donde se puede optar entre negros y blancos estos últimos tienden a ser privilegiados. En todo caso, hay que considerar que ni siquiera la población blanca pobre ha contado con muchas oportunidades. El bajo nivel educativo de esta población, perpetuado por generaciones, dificulta igualmente el acceso a mejores empleos y, en consecuencia, a mejores condiciones sociales. ¿Cómo presentar un proyecto destinado a un grupo racial en un país marcado por tanta desigualdad social?
La preocupación compartida por a lgunos representantes y gran parte de los alumnos es que cualquier acción aislada en un contexto de tantos contrastes puede ser entendida como un privilegio y producir así conflictos entre los diversos grupos que comparten la misma situación de exclusión. La política de cuotas que reivindican los movimientos negros incluye a los "caboclos", a los mestizos, a través de la categoría de pardos, y a los prietos, que j untos suman el total de negros brasileños. Habría que evaluar si caracterizándolos de esta forma se responde a las particularidades de sus condiciones y a la discriminación de que son víctimas. Ante todos estos problemas e l Programa Diversidad en la Universidad no consiguió mucho apoyo. La propuesta de financiamiento para los cursos preparatorios para los vestibulares era insuficiente frente a la dimensión de las necesidades presentadas por los alumnos. "¡El problema está en la enseñanza media, no vale la pena tomar cursos! ¡No vale la pena pasar el examen de admisión universitaria si no se tiene una beca para quedarse en la universidad! ¡No vale la pena ingresar a la universidad pública si no ofrece cursos nocturnos que nos permitan trabajar!" Éstas eran las quejas constantes de los alumnos frente a las cuales el proyecto no tenía respuesta. La disponibilidad de becas, necesarias para la permanencia de los alumnos en las facultades, era un tema marginal del programa. Se olvidaron sus
Las accione::, afi rrnativas en Brasil 1 67
objetivos , los únicos apoyados por las organizaciones y relacionados con la propia estructura del MEC, propuestos para contribuir a que la cuestión racial fuera un tema transversal a todos los programas educativos.
REFLEXIÓN FINAL. U NA BREVE EVALUACIÓN
Al momento de terminarse este capítulo el Programa Diversidad en la Universidad ya había perdido notoriedad. Al inicio del gobierno de Lula da Silva se creó la Secretaría de Educación Continua, Alfabetización y Diversidad como parte del MEC, a la cual se asignó el proyecto. El hecho indicaba que finalmente el tema racial sería tratado de manera transversal en el MEC, tal como se había pensado con anterioridad. Además, fue creada la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR), con rango de ministerio. Las cuotas eran una realidad en más de veinte universidades. Sin embargo, algunos temas se siguieron discutiendo, como la necesidad de reformar la educación brasileña y la complejidad de tratar el problema racial en Brasil.
El debate sigue muy polarizado. La SEPPIR ha apoyado el Estatuto de la Igualdad Racial, 23 un proyecto de ley en trámite en el Congreso Nacional desde el año 2000. El Estatuto prevé la protección de los derechos fundamentales de los afrodescendientes en el campo de la cultura, el trabajo, la tierra, la educación, la comunicación, el deporte y la recreación. Las acciones afirmativas y las cuotas raciales aparecen como elementos básicos para reparar los sufrimientos de los afrodescendientes. En julio de 2006 se presentó al Congreso Nacional un manifiesto contra la Ley de Cuotas24 y el Estatuto de la Igualdad Racial firmado por varios estudiosos del tema. El manifiesto 'Todos tienen derechos iguales en la República Democrática'' expresa el sentir de quienes consideran que las cuotas amenazan el principio de igualdad política y jurídica de los ciudadanos y que pueden alimentar el racismo al transformar categorías estadísticas en identidades y derechos individuales contra el precepto de igualdad. Apunta, como solución para combatir la exclusión de los negros, a la construcción de servicios
23 Proyecto de Ley núm. 3. 1 98/2000. 24 Proyecto de Ley núm. 73/ 1 999, que establece garantizar 50% de plazas en las universidades
para alumnos con buen rendimiento escolar, sin examen prevestibular. Se analizan conjuntamente el Proyecro de Ley núm. 3.627/2004 propuesto por el Ejecutivo, que instituye un Sistema Especial de Reserva de pla-Las en las universidades federales para estudiantes egresados de las escuelas públicas, en especial negros e indígenas, y el Proyecto de Ley núm. 1 3 1 3/2003, que instituye cuotas para indígenas.
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públicos universales de calidad para todos los ciudadanos, para evitar así el peligro de la invención de razas oficiales. El manifiesto expresa el deseo de ver un Brasil donde nadie sea discriminado, ni de forma positiva ni negativa, por su color, su sexo, su vida íntima y su religión.
En contra se presentó un segundo manifiesto a favor de la aplicación de las acciones afirmativas: el "Manifiesto a favor de la Ley de Cuotas y del Estatuto de la Igualdad Racial", que retoma los datos estadísticos que revelan la condición desfavorable de la población negra y los compromisos con las acciones afirmativas asumidos en la Conferencia de Durban, así como las experiencias de varios países que las aplicaron. A pesar de que continúa el debate, hay una relativa aceptación nacional de las cuotas, sobre todo de las cuotas para pobres. Como afirma Guimaráes (2006: 1 0) , poco a poco se va reconociendo que las desigualdades sociales e n Brasil están atadas a mecanismos invisibles o invisibilizados de discriminación racial, que favorecen su reproducción ampliada. No obstante, Guimaráes prevé que las políticas de cuotas no modificarán la desigualdad social que prevalece en el país por ser resultado de una estructura social y económica profundamente arraigada. Esas políticas pueden regular el conflicto distributivo sobre nuevas bases, sin afectar la reproducción del sistema como un todo.
Estudios recientes han buscado salir del debate polarizado para recuperar la opinión de los alumnos sobre las cuotas. Los resultados no siempre coinciden, pero demuestran cómo la percepción de las cuotas depende tanto del contexto regional como de la clase social, de si las personas son negras o blancas, del prestigio del curso, de si son cursos científicos o de ciencias humanas, si son los alumnos beneficiados por las cuotas o si son alumnos vinculados con un movimiento social o político (Pinto, 2006; Menin y Shimizu, 2006). Estos estudios apuntan hacia una clara conciencia de los alumnos sobre la desventaja académica debido a la falta de condiciones para permanecer en la universidad y para tener acceso a los instrumentos necesarios para su formación, como libros, revistas, computadoras, etcétera. Por su parte, los alumnos beneficiados con las cuotas temen ser estigmatizados como sujetos sin calificación académica.
Algunas investigaciones constatan, sin embargo, que en algunas universidades los beneficiados con las cuotas pueden contar con un centro de apoyo, en general creado por iniciativa de las organizaciones negras, que puede ayudarlos a mejorar su calificación y su integración en la universidad o para obtener recursos y becas. Estos núcleos fomentan una mayor discusión sobre el racismo, la construcción racial y la conciencia de identidad racial. Apuestan, como los cursos prevestibulares, a invertir en la promoción de su autoestima, al subrayar su potencial y contribuir a que se interesen más en
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el estudio y en mejorar sus resultados (Augusto dos Santos, 2005; Emerson dos Santos, 2005; Comes, 2005; Brandáo y Oliveira, 2005). Estos trabajos también destacan que las políticas de cuotas suscitaron el debate en las universidades y generaron una mayor sensibilización del cuerpo docente y de los alumnos sobre el tema de las desigualdades raciales.
Pero algunos problemas son persistentes, sobre rodo los relacionados con la participación del Estado en l a aplicación de estas políticas. Hay una evidente disposición a favor de estas políticas en el gobierno de Lula da Silva, si bien el compromiso del Estado no se refleja necesariamente en la disponibilidad de recursos. Cito como ejemplo algunos puntos que estuvieron en discusión en el Seminario de Políticas Afirmativas para l a Inclusión Racial en la Enseñanza Superior realizado en l a Universidad de Brasilia (2 1 y 22 de agosto de 2006), que reunió de manera especial a representantes de algunas universidades que aplican el programa de cuotas, a representantes de organizaciones negras, del Ministerio de Educación y de la SEPPIR para hacer una evaluación conjunta d e estas políticas. El tema fue abordado desde varios ángulos: constitucionalidad, mérito académico, identificación de los beneficiados por su color/ raza, además de los datos cuantitativos que muestran cuántos, quiénes y en qué cursos están los que entran por las cuotas.
En cuanto al mérito académico, representantes de prácticamente todas las universidades presentes demostraron que los alumnos que entran por las cuotas, aunque provinieran de escuelas públicas de baja calidad educativa, obtuvieron iguales resultados que los alumnos no cuotistas. También se observó que muchos alumnos que entraron por las cuotas (en algunas universidades más de la mitad), según los resultados obtenidos en el examen, hubieran sido admitidos mediante la selección normal del vestibular. Es decir, estos estudiantes no necesitaban de las cuotas para entrar a la universidad. Hay que destacar en este sentido que desde el punto de vista de algunos representantes de las universidades y de las organizaciones negras al asumirse como negros y postular por medio de las cuotas, estos alumnos contribuyen a una mayor visibilidad política de la población negra y a una mayor delimitación de su figura jurídica, lo que adicionalmente permite una identificación racial más positiva (Machado, 2005: 3 1).
Otro debate que surgió durante el seminario es el relativo a la identificación racial de los beneficiados. L a autoidentificación como negros ha sido el método utilizado por l as universidades como requisito para postular por cuota, aunque algunas h an propuesto el análisis de fotografías, lo que h a sido motivo de muchas críticas. La autoidentificación es, como afirma Sansone (2005), la única que permite la aceptación de la multiplicidad de formas y la manera contextua! en que los brasileños definen su
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color y asumen su identidad racial. La delimitación del grupo beneficiado igualmente suscita aún ciertos debates: ¿las cuotas deben ser para pobres entre los cuales hay negros, o para negros independientemente de su situación social? L as universidades adoptan criterios distintos al respecto. Las diferencias regionales que se destacan en los discursos de los representantes son importantes y nos recuerdan los datos obtenidos en el estudio del Programa Diversidad en la Universidad. En algunas regiones del país la presencia de los negros en estos centros de enseñanza superior no es baja, pero se concentra en cursos de menor estatus, de menor competencia. Para el buen éxito de las cuotas sería necesario que fueran establecidas por curso, de acuerdo con el número de negros que aspiren a entrar.
Según representantes de las universidades del sur del país, l a presencia negra en sus instituciones de educación superior era reducida y las cuotas les habían permitido cambiar la imagen de la universidad. Con todo, este fenómeno no ocurre sin problemas, ya que se observan conflictos entre alumnos negros que entraron por las cuotas y blancos dentro de la universidad. Esto exige promover un debate más amplio sobre los objetivos de las cuotas de forma tal que se evite l a estigmatización de las personas negras en estos centros de estudio. Son estas fronteras las que preocupan a muchos estudiosos, dado que en general las cuotas son aplicadas sin plan de divulgación, de diálogo, dejando a cargo de los alumnos, profesores y organizaciones promover la discusión en las universidades. Las instituciones que determinaron beneficiar a la población negra independientemente de su condición social sufren todavía más críticas. Algunas organizaciones negras explican que esta política tiene como fin combatir la discriminación y el prejuicio racial, puesto que la ausencia de negros en las universidades no se debe sólo al nivel social sino también a la discriminación y a la baja autoestima de los estudiantes negros. Pero, ¿cómo promover una política antirracista sin acompañarla de la promoción de una política valorativa que se refleje en la educación brasileña, como en los contenidos educativos, libros, capacitación de profesores y no sólo en una medida impositiva?
Los antagonismos que esta política puede generar, se minimizarían con una política más amplia de reforma educativa que permita la inclusión de las clases más pobres. La poca inversión del Estado en educación y la centrali zación en políticas focales crean un contexto de competencia y hacen que las políticas de acción afirmativa sean vistas como meros privilegios. Por lo demás, se sigue evidenciando la difi cultad de integración y permanencia de los alumnos negros y pobres en la enseñanza superior frente a la enorme demanda y la poca oferta de plazas y becas en las i nstituciones públicas brasileñas. Estos alumnos necesitan recursos que les permitan dedicarse exclusivamente a la universidad y adquirir los libros y materiales didácticos indispensables. Muchos
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no cuentan siquiera con recursos para pagar el medio de transporte que los lleve a la universidad.
El Ministerio de Educación brasileño sigue con el problema institucional puesto que todavía no se han logrado ni más recursos, ni transversalidad, ni el reconocimiento de la cuestión racial en su interior. El ministerio no consigue elaborar una política educativa que considere la cuestión racial y que involucre a sus distintas instancias. Y, según declararon los representantes de varias universidades, tampoco ha ofrecido un apoyo adecuado a las universidades en el establecimiento de las cuotas. La manifestación de la SEPPIR, cuya creación demuestra un cambio en el tratamiento de la cuestión racial en el país, deja sin embargo un vacío de datos más concretos, necesarios para evaluar las políticas de cuotas en las universidades. Al ponerse en marcha el sistema de cuotas se generaron experiencias distintas por universidad y región de Brasil. Estas diferencias hicieron posible la promoción de una diversidad de medidas afirmativas, no limitadas a las cuotas (Emerson dos Santos, 2005: 1 2) . Fue el compromiso de los grupos involucrados con el proceso lo que permitió cierto éxito en esta materia, pero la falta de comunicación entre las universidades que pusieron en práctica las cuotas impide evaluar sus efectos con mayor amplitud. Las organizaciones negras no han podido apoyar y acompañar estos procesos, a veces por falta de acuerdo entre ellas, de recursos o incluso porque se asientan principalmente en el sureste del país ante la falta de incentivos para incorporar a organizaciones de otras regiones. Con todo, no se puede olvidar que el debate sobre las acciones afirmativas, la elaboración del Programa Diversidad en la Universidad y el establecimiento de cuotas han visibilizado el tema racial como nunca antes en Brasil, lo cual se puede ver sobre todo en medios como la televisión, que ha destacado el debate e incrementado la presencia negra. Éste es un resultado importante del momento actual. Además, las cuotas caminan y todos esperan que sean medidas temporales, que permitan la inclusión de estudiantes negros, sin que esto deje impactos negativos en las relaciones raciales brasileñas.
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Luchas por el reconoc i m iento y n uevas geografías étn i cas en los Altos de C h i apas.
E l caso de La S iber ia en el m u n ic ip io de Chanal
Araceli Burguete Cal y Mayor
Esta colaboración se sitúa en el campo temático de las luchas por la identidad como fenómeno global en las sociedades contemporáneas, dando origen a nuevas geografías étnicas. Manuel Castells ha destacado el "poder de la identidad" en la era de la información, modificando la organización de los Estados y de la sociedad. En la globalización, la identidad se ha convertido en una temática global en el sentido de que todas las sociedades se encuentran implicadas, pero es en lo local en donde las luchas por la identidad y la identificación se llevan a cabo, desplegando luchas por el reconocimiento (García-Ruiz, 2006: 7) .
La localización de los fenómenos globales en el altiplano chiapaneco alentó tendencias centrífugas que se manifestaron como segmentación étnica y producción de alteridades, lo que ha dado lugar a la creación de muchos "otros étnicos", generando también fragmentación territorial, al realizarse diversas declaratorias de "autonomías de focto'; y al demandarse la constitución de nuevos municipios (Burguete, 2002) . Algunos teóricos de la globalización, como David Harvey (2004), han llamado la atención sobre la compresión espacio/tiempo en la "posmodernidad flexible", lo que ha alentado fenómenos de reorganización del espacio --desintegración de antiguas formas territoriales para crear otras nuevas-, que suponen la intensificación de la fragmentación y de lo efímero. En la nueva configuración del sistema mundial, afirma Díaz-Polanco (2006: 1 32- 1 38), las "antiguas sociedades totales" devienen en "entidades parciales" o "células de conjuntos mayores". Esta fragmentación social y territorial el autor nos dice: "generalizó el problema de la diversidad como fuente de conflictos intrasociales e interculturales". En su perspectiva, la producción de múltiples identidades está vinculada con la actual fase de mundializadón del capital. 1
La localización de esos fenómenos globales en el altiplano chiapaneco ha dado lugar a una nueva geografía étnica. En los primeros meses del año 1 998 el gobierno de Chiapas, presidido por el entonces gobernador interino Roberto Albores Guillén
1 Rodolfo Stavenhagen, por su parte, ha documentado el resurgimiento de algunos conflictos étnicos en Europa, como resultado de la disolución de países como la Unión Soviética y la Federación Yugoslava, en las últimas décadas (Stavenhagen, 2000: 7).
1 7 7
1 78 Aracel i Burguete Cal y .Mayor
( 1 998-2000), y con el apoyo del presidente de México, Ernesto Zedillo ( 1 994-2000), ofreció al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) una "política de remunicipalización" como una oferta política dirigida, se dijo, al "reconocimiento" de los municipios autónomos zapatistas, conformándolos como nuevos municipios en el marco del proceso de negociación de la paz con el ejército rebelde, levantado en armas en enero de 1 994. Esta oferta unilateral no fue aceptada por el EZLN que advirtió la intención contrainsurgente de la estrategia gubernamental . Pese al rechazo zapatista, los gobiernos federal y del estado continuaron ofreciendo nuevos municipios, buscando alentar rupturas dentro de los grupos zapatistas. Así sucedió en algunos casos, lo que dio como resultado la creación de siete nuevos municipios localizados en distintas regiones de la entidad (Leyva y Burguete, 2007).
En una convergencia entre la oferta gubernamental y la demanda social, los apetitos para formar nuevos municipios se expandieron por diversas regiones del estado. Más de un centenar de localidades solicitaron de manera oficial (mediante peticiones a la Cámara de Diputados local) y oficiosa (mediante declaraciones a medios de comunicación) su formación como nuevos municipios. La mayoría de esos reclamos provenía de regiones como Selva, Costa, Fronteriza y Centro. En la región los Altos se supo de cuatro localidades que desplegaron luchas por el reconocimiento para constituirse como nuevos municipios, a saber: el pueblo de Santiago El Pinar (en el municipio de San Andrés Larráinzar, con 2 1 5 1 habitantes), los pueblos de Santa María Magdalena y Santa Marta (ambos en el municipio de Chenalhó, el primero con 2 954 y el segundo con 570 habitantes), y la localidad de La Siberia (en el municipio de Chanal, con 576 habitantes) . De las cuatro solicitudes, sólo Santiago El Pinar y Santa María Magdalena (Al dama) obtuvieron el rango de nuevos municipios. Ni Santa Marta ni La Siberia lo consiguieron. ¿Cómo explicar la demanda de municipalización de estas pequeñas comunidades? Por la brevedad de este espacio no me ocuparé en esta ocasión de todas ellas, centrando mi atención únicamente en el caso de La Siberia.2 ¿Qué razones movilizaron las aspiraciones de la pequeña localidad de La Siberia para constituirse en un nuevo municipio? ¿A quiénes interpelaban y en qué gramática argumentaban su demanda? ¿Qué discursos alimentaban sus luchas por el reconocimiento? ¿Por qué motivos "los siberianos" ya no pueden vivir junto con "los chanaleros"? ¿Cuáles han sido las reacciones de los chanaleros sobre el reclamo de remunicipalización de La S iberia, que fractura el territorio de ese municipio? A dar respuesta a estas preguntas me abocaré en las páginas siguientes.
Los otros casos los he estudiado en Burguete (2009, 2004); y Leyva y Burguete (2007).
Luchas por el reconocimiento y nuevas geografías étnicas en los Altos de Chiapas 1 79
CHANAl: PRODUCTOR D E DIFERENCIAS ÉTNICAS
Chanal es un municipio con 7 568 habitantes distribuidos en una extensión territorial de 295.6 km2, que se localiza en la región A1tos.3 Su población es hablante de tseltal y es uno de los municipios más pobres en Chiapas.4 El reclamo de fisión de La Siberia para separarse de Chanal y constituirse en un nuevo municipio desafió las formas de apropiación y significación del espacio y de la constitución de territorialidades étnicas en la región los Altos; toda vez que su separación implicaba la ruptura del territorio étnico, lo que interpelaba física y simbólicamente a las representaciones sobre la constitución de "los pueblos" en el altiplano. En la semántica étnica local, todos los rasgos constitutivos de un grupo étnico, considerados como identificadores de etnicidad, son propios de una identidad colectiva a la que los mayas tseltales y tsotsiles de la región los Altos, denominan como "pueblo". En las representaciones de los pueblos de esta región, todos los miembros de un colectivo indígena son nombrados y se autonombran como "pueblo". A1 respecto, es importante precisar que el uso de la autoadscripción como "pueblo" es muy antiguo, y parece tener su origen en el siglo XVI, con la constitución de los "pueblos de indios" (Garda Martínez, 1987) , habiendo sido refrendado en el siglo xrx como resultado de la implementación de la legislación de las Cortes de Cádiz (Palomo Infante, 2005).
En sus narrativas de etnogénesis, los habitantes de Chanal ubican su origen en el vecino municipio de Oxchuc. La creación "del pueblo de Chanal", como nombran los chanaleros (gentilicio e identificador étnico) a su municipio,5 remite a un desplazamiento de población que se estima transcurrió 200 años atrás (Esponda Jimeno, 1994: 22 1 ) . Desde entonces hasta nuestros días, durante más de dos decenios, los chanaleros se han esforzado por construir sus propios referentes identitarios en una estrategia que busca diferenciarse de Oxchuc. En su proceso de constitución como pueblo, los chanaleros han elaborado representaciones que refuerzan las fronteras étnicas que marcan la
3 Vé as e el Pl an de Des arrol lo Muni cip al , Ch anal, Chi ap as, 2005-2007.
Vé as e Pro gr ama de las Nacio nes Uni das p ar a el Des arrollo, <http://s aul .nueve. co m. mx/ eventos/i mages/Pr es ent acio nChi ap as .p df> E n una tr aducci ón lit er al de estos der echos, es difíci l afir mar q ue en Chi ap as la cat egorí a de "p ueblo i ndígena" p ueda s er o bj eti vada co mo el " gr upo ét ni co tsotsi l" o el " gr upo ét ni co ts elt al" . Estos gr upos et noli ngüísti cos no s e expr es an i dentit ari ament e en la vi da coti di ana. Por ej emplo, cuando los mayas ts el t ales y tsotsi les de Chi ap as s e r epres ent an dis cursivament e, no lo h acen di ci endo "yo soy tsotsil" (p alabr a q ue por ci erto no r eco no cen en s u i dio ma), si no q ue se no mbran a sí mis mos co mo "yo soy'' o " nosotros so mos" " bats ' i vi nik" , es decir, "ho mbr es ver daderos" , los q ue "h ablamos la p al abr a ver dader a'' .
1 80 Aracelí Burguete Cal y Mayor
diferencia frente a los otros grupos étnicos de su entorno.6 En su configuración, ocuparon espacios territoriales que significaron como "propios" ; crearon un diseño de vestido que es distinto al del lugar de origen de sus ancestros; se dieron en San Pedro Mártir su propio santo patronal (distinto al de Oxchuc, que es Santo Tomás) ; organizaron su propio sistema de fiestas, y se dieron su propio cuerpo de autoridades. En un largo proceso de "constitución como pueblo", Chanal logró, al final del siglo XIX, su reconocimiento legal como municipalidad; estatus que en el imaginario de los otros pueblos indígenas del altiplano, le otorgaba el reconocimiento de su condición de pueblo; diferenciándolo frente a los "otros pueblos" vecinos, y en específico ante Oxchuc.?
Los chanaleros son el único grupo étnico en la región los Altos en cuyas narrativas de etnogénesis se reconoce tener como origen la fisión de otro grupo étnico y de otro municipio, lo que da cuenta de la juventud de esta configuración étnica. Las narrativas de etnogénesis de los otros grupos étnicos del altiplano (los chamulas, los zinacantecos, los cancuqueros, migueleros, pedranos, pableros, etcétera)8 no registran en su memoria haber nacido de fisión alguna, y el origen de sus pueblos y de sí mismos lo remiten a fundaciones míticas inmemoriales resultado de peregrinaciones realizadas por sus padres-madres ancestrales y sus santos patronales (Ruz, 1997). Ninguno de éstos acepta parentesco alguno con los grupos étnicos vecinos, así sean hablantes de la misma lengua y se encuentren en inmediata vecindad.
6 Sobra decir que la categoría "grupo étnico", es usado como un recurso analítico por quien escribe. Retomo la definición de Fredrik Barth, que afirmaba que "los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que son utilizadas por los a"-rores mismos y tienen, por tanto, la característica de organizar interacción entre los individuos" (Barth, 1 976: 1 0- 1 1 ).
7 Hernri Favre identifica a Chanal como un ejemplo típico de procesos de fisión en el altiplano chiapaneco que originan nuevas configuraciones étnicas, dando lugar después a nuevos pueblos. Cita a un autor de la época, quien en 1 876 hacía notar que Chanal había pasado de ser un paraje "a una comunidad de tipo concentrado" que comprendía unas cien familias y que era por completo independiente de Oxchuc" (Favre, 1 984: 1 5 1 ) .
8 En la región los Altos se ha establecido una relación orgánica entre grupo étnico y municipio. A cada municipio corresponde un gentilicio que regularmente se constituye en un identificador étnico. En esta lógica, cada municipio contiene un pueblo y ese pueblo se conforma como un grupo étnico que se autorrepresenta como tal y es representado por los Otros de su entorno. Así, la expresión "los chamulas", es el gentilicio y la identificación étnica de los nativos en el municipio de Chamula; los "migueleros" se usa para los pobladores del municipio de Mitontic, cuyo santo patrón es San Miguel, y así sucesivamente. Este proceso de construcción étnica en los Altos lo he trabajado en otro lugar, véase Burguete (2009).
Luchas por el reconocimiento y nuevas geografías étnicas en los Altos de Ch1apas 1 8 1
En el proceso de su constitución corno pueblo, los chanaleros han enfrentado desafíos. Uno de ellos a principios del siglo xx, cuando fueron despojados del reconocimiento de su autogobierno municipal y perdieron el rango de municipio. En 1921 , la nueva Constitución de Chiapas disminuyó su categoría y lo colocó corno Agencia Municipal, dependiente del municipio de San Cristóbal de las Casas.9 Simultáneamente, el territorio municipal quedaba incorporado a las fincas de la poderosa familia Larráinzar. Al nacer el siglo xx, los chanaleros habían perdido el control sobre una parte significativa de sus tierras y su autogobierno era débil. Hubo que esperar hasta el arribo del presidente Lázaro Cárdenas del Rio a la presidencia de la República ( 1 934-1 940) para que los pueblos indígenas del altiplano tuvieran mejores condiciones para luchar por la restitución de sus tierras y fortalecer su gobierno municipaL 10 No sin dificultades, un decreto emitido en 1 93 5 finalmente restituye a Chanal el rango de municipio libre. 1 1 El reto siguiente para los chanaleros era lograr la restitución de sus tierras, lo que lograron mediante la forma de tenencia ejidal (Decreto del 4 de octubre de 1 943)_ 1 2
Durante la segunda mitad del siglo xx, los chanaleros han dedicado sus esfuerzos -corno el resto de los grupos étnicos del altiplano- a profundizar en el proceso de su reconstitución como pueblo, es decir corno pueblo-municipio. Un punto central ha
9 El Decreto núm. 1 4 (artículos 1 ° y 2°) de fecha 1 1 de diciembre de 1 882 incorpora dentro de la organización municipal del estado la municipalidad de Chanal. En 1 92 1 la nueva Constitución no reconoce a Chanal como municipio, colocándolo como una agencia municipal del municipio de San Cristóbal de las Casas. Véase el Decreto núm. 13 1 artículos 1 ° y 2° (INEGI, 1 997: 1 3 1 - 1 32).
10 Es importante mencionar que en la tradición oral de los chanaleros no se registra el periodo previo de Chanal como municipalidad, lo que puede explicarse por el poco tiempo en que tal categoría jurídico-político-territorial fue vigente durante el siglo XIX. En la tradición oral se recuerda la municipalización de Chanal y la reconquista del territorio municipal como el logro de una persona: Lorenzo Velasco Aquino. Una biografía de este personaje fue elaborada por Manuel Arias Pérez, publicada en edición bilingüe en 1 978, con una segunda edición en 1 998 (Arias Pérez, 1 998).
1 1 El 1 4 de febrero de 1 934 u n decreto eleva a la Agencia Municipal de Chanal a l a categoría de Municipio Libre de tercera categoría, sin perder la categoría política de pueblo. Pero meses después el Decreto núm. 72 del 20 febrero de 1 935, lo desciende otra vez a la categoría de agencia municipal, dependiente de San Cristóbal. Luego, el 1 1 de mayo de 1 935, un nuevo decreto (el num. 1 2 1 artículo único) le restituye la categoría de municipio libre de tercera categoría con la jurisdicción que tenía anteriormente (INEGI, 1 997: 1 3 1 - 1 32).
12 Véase el Plan de Desarrollo Municipal, H. Ayuntamiento del Municipio de Chanal, Chiapas, 2005-2007.
1 82 Araceli Burguete Cal y Mayor
sido la recuperación de las tierras del territorio municipal y la significación del espado agrario en territorio étnico, que en sus representaciones debe ser ocupado únicamente por los chanaleros. Desde los años treinta del siglo xx, los distintos grupos étnicos del altiplano fueron configurándose cada uno de ellos alrededor de las entidades municipales. Por su importancia, los habitantes de los municipios alteños han luchado, política y jurídicamente para constituirse como municipios y lograr con ello que todas las tierras del municipio queden bajo su jurisdicción étnica. Este proceso de etnización del territorio municipal se ha visto acompañado de una profundización en las estrategias endogámicas que no permite que "otros", vivan en la jurisdicción municipal.
En su lucha por la reconstitución de los pueblos que se han mantenido en la región de los Altos desde el periodo del cardenismo hasta nuestro días, los habitantes de los municipios del altiplano han profundizado en un diseño étnico que ajusta la ecuación de un grupo étnico-un municipio-un territorio étnico. Ésta es la fórmula a la que todo grupo étnico alteño aspira. Aquellos que aún no lo han logrado, persisten en sus luchas por lograr la apropiación étnica del territorio, así como su reconocimiento como municipios (Burguete, 2008). En esta estrategia, los municipios alteños han luchado para que todos los "otros" que viven en la jurisdicción municipal abandonen el municipio, haciendo el ajuste entre superficie municipal y territorio étnico.13
Después de haber obtenido la devolución de su rango de municipio y la dotación de tierras ejidales, los chanaleros estaban in conformes y se sentían amenazados porque la extensión municipal no correspondía exactamente con la dotación ejidal. El Decreto que les restituye el rango de municipio libre establece una superficie de 29 560 hectáreas, mientras que el ejido Chanal consta de una superficie total de 42 586.75 hectáreas (Decreto del 4 de octubre de 1 943), que rebasa los límites municipales. Desde la perspectiva de los chanaleros, el terreno ejidal incluye comunidades que se encuentran bajo la jurisdicción del vecino municipio de Huixtán, por lo que han demandado que esas localidades queden bajo su jurisdicción agraria y municipal. Los chanaleros han
13 Al estudiar los censos de población durante la segunda mitad del siglo xx en municipios de la región del altiplano, Reyna Moguel (2001 ) observó una tendencia a la disminución del pluralismo étnico en los municipios del altiplano, volviéndose éstos cada vez más endogámicos, al rechazar la presencia de otros que no sean aquellos que se identifican y son identificados como "propios". Esto ha conducido a la expulsión de ladinos, así como de otros mayas tselrales o tsorsiles que no son considerados como "propios". Esta estrategia ha contribuido a fortalecer los límites étnicos, de acuerdo con la definición de Barth. La expulsión más emblemática ha sido la de los ladinos de Larráinzar. Para una lectura emic, vista "desde adentro" de la expulsión de los ladinos de Larráinzar, escrita por un autor tsotsil, puede verse el texto de Lucas Ruiz (2007).
Luchas por el reconocimiento y nuevas geografías étnicas en los Altos de Chiapas 183
bregado por lograr la restitución de los terrenos ejidales faltantes, o bien que los límites municipales se ajusten para cumplir la ecuación de un municipio-un territorio étnico, pero sus gestiones han resultado infructuosas.
Además de su lucha por la etnización de la tierra ejidal para constituirlo como territorio étnico, los chanaleros han dado otra batalla para expulsar al "otro" étnico que se encuentra dentro de sus límites municipales. Su objetivo ha sido la colonia La S iberia, una pequeña localidad de medio millar de habitantes a quienes los chanaleros perciben como "ajenos", dando como resultado la construcción de la "otredad" de los "siberianos", como ha de verse en las páginas siguientes.
Al elaborar un estudio sobre Chanal en los primeros años de la década de los ochenta, Sergio Navarrete identificó la organización territorial en dos "mitades" o , "barrios originales": Tamchay Ha'maltic, o Barrio Montaña al sur, y Ahlantic, o Barrio Bajo al norte, divididas por una línea imaginaria. 14 A cada barrio corresponde un número determinado de parajes (asentamientos) : "Son montañeros los siguientes parajes: Natilton, Onilha', Frontera Mexiquito y Tzanalhich (la colonia Siberia al sur, en tierras de montañeros, se considera independiente) . Al otro lado, en dirección noreste, los parajes del Barrio Bajo son: La Mendoza, El Naranjal, Sacquilchén, Sacchilbaté y Chanalito" (Navarrete Pellicer, 1 988: 32).15 El énfasis en la cita intenta llamar la atención en el hecho de que en los albores de la década de los ochenta la "ajenidad" de La Siberia ya era una percepción social compartida (percepción que entonces recogió el antropólogo). La ajenidad de los siberianos se funda en narrativas que impugnan la legitimidad de la posesión de los siberianos de las tierras que ocupan en la colonia La Siberia.16 Se esgrimen dos razones: que los padres de los siberianos no son nativos de Chanal (aunque también son hablantes de tseltal) y (en consecuencia) que no descienden de ninguno de los linajes fundadores "del pueblo".
Entre los pobladores de la cabecera del municipio de Chanal y de La Siberia no hay memoria sobre el origen del nombre de esta colonia. Es probable que el mismo le haya sido puesto por algún funcionario agrario de la época del cardenismo, aludiendo, quizá, al frío de la montaña o a la abundante vegetación de pino-encino que pudo haber tenido en aquellos años cuando se integró el ejido. Hoy día, la colonia La S iberia es habitada por personas que se presume son descendientes de los mozos de la finca El
14 Aunque por el crecimiento de la población ya se habían formado dos nuevos barrios (Barrio Nuevo y Barrio Pamalaquil), el autor refiere que éstos todavía no adquirían importancia política ni en las representaciones identitarias.
1 5 El énfasis es mío. 1 6 En el altiplano chiapaneco se nombra como "colonia" a aquellos asentamientos que tienen
su origen en el régimen ejidal.
1 84 Aracelí Burguete Cal y Mayor
Rosario, cuyas tíerras fueron incorporadas al ejido Chanal. Como fue frecuente durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo xx, las fincas o ranchos que eran propiedad de los mestizos en la región los Altos contenían dentro de su demarcación dos categorías de trabajadores agrícolas: los baldíos y los mozos. Los baldíos eran campesinos nativos del pueblo sobre el que el rancho estableció su jurisdicción, regularmente en el siglo XJX, de lo que resultaba que tierra y gente eran consideradas como parte de la propiedad del patrón. Se presume que en este caso los baldíos eran chanaleros que usufructuaban tierras que el ranchero reclamaba de su propiedad, por lo que debían pagarle una renta en trabajo. La categoría de mozos alude a los trabajadores que habían sido reclutados por el patrón. A diferencia de los primeros, éstos no eran nativos del pueblo sobre el que el rancho se había extendido, sino que eran trabajadores que habían sido enganchados desde los municipios vecinos.
Cuando la reforma agraria llegó a los Altos, durante el cardenismo, los ranchos fueron expropiados y devueltos a "los pueblos" mediante el régimen de propiedad de bienes comunales o ejidales. Sin embargo, cuando se realizaba un reparto agrario, sus beneficiarios eran, por lo regular, todos los trabajadores de los ranchos o fincas, independientemente de su afiliación étnica. En muchos casos, esta situación produjo molestias a los pueblos cuyas tierras presumían como propias, como parte de sus territorios ancestrales, de modo que presionaban para que los exmozos que eran dotados de derechos agrarios abandonaran lo más rápido posible las tierras recuperadas.
Pero no siempre lo consiguieron. Cuando los exmozos permanecieron dentro de la jurisdicción municipal, con frecuencia quedaron en condición de "otros". Así sucedió en Chanal. Como podrá leerse en los siguientes fragmentos etnográficos, la narrativa enfatiza en la diferencia étnica de La S iberia y "los siberianos", lo que ha alimentado la construcción de microetnicidades y la formación de las fronteras étnicas intramunicipales, que serían visibilizadas y politizadas por los siberianos, cuando politizaron su identidad y reclamaron su reconocimiento a la diferencia étnica, mediante su incorporación al programa de remunicipalización. Según una autoridad del ayuntamiento municipal de Chanal:
La colonia La Siberia ya tiene muchos años de formada, pero la gente que vive allí eran puros mozos [ . . . ] La Siberia fue fundada por personas que dicen que tienen derecho a vivir en el rancho, pero (esos) señores que sí tenían derechos, ésos ya están muertos [ . . . ] Porque esta colonia anteriormente era un rancho, pero como Chanal compró el rancho, quedó como un ejido [ . . . ] Cuando ya se compró el rancho, los mozos que estaban allí se acercaron al pueblo, formaron como una comunidad chiquita, era muy pequeño, no había tanta gente. El presidente municipal le dijo a los mozos, "júntense, se va a formar una comunidad, nadie los va a molestar porque la tierra ya es de
L uchas por el reconocimiento y nuevas geografías étnicas en Jos Altos de Chiapas 185
nosotros". Así es como a esa gente se les dio el permiso para que vivieran en el pueblo. (A. L., autoridad municipaL Entrevista 1 5 de marzo de 2002)
De acuerdo con los chanaleros, al adquirir por la vía de la compra la fracción del rancho El Rosario, las tierras quedaron incorporadas al patrimonio ejidal de Chanal, agregándose a la carpeta básica y a los planos del ejido. Aquí es donde se produce el punto de tensión. Con el discurso de la compra de la tierra realizada por los chanaleros se cuestionaba la legalidad y la legitimidad de la apropiación de la tierra por parte de los siberianos. En su proceso de reconstitución, los chanaleros construyeron imaginarios que les permitían afirmar que todas las tierras del ejido Chanal (incluyendo La S iberia) forman parte de los territorios comunales que les fueron heredados por sus ancestros, ahora recuperadas bajo el régimen ejidal. En las narrativas sobre la configuración del pueblo de Chanal, se incluía a La Siberia, pero no a los siberianos. Navarrete Pellicer lo registró de la siguiente manera:
En gran medida los conflictos que se han dado por terrenos derivan de las expropiaciones a los ladinos y la especulación que hicieron algunos indígenas con éstos. El caso más importante de expropiación que benefició a muchas familias fue el de la finca La S iberia, en 1 940, donde se constituyó una colonia que actualmente tiene 450 habitantes y en muchos sentidos es autónoma respecto de la cabecera municipal (Navarrete P., 1988: 72)
En los años ochenta, la "autonomía de La Siberia'' no se traducía como un reconocimiento a la diferencia de la misma, sino a modo de representaciones de desprecio y estigma. La otredad y la no pertenencia a Chanal se expresaban en sentimientos de exclusión hacia los siberianos, a quienes no se les percibía como "propios". El p roceso de construcción de la otredad de los siberianos fue acelerado por la necesidad de tierras que requerían los chanaleros. La mala calidad de los terrenos en donde Chanal se asienta ha obligado a su población a una búsqueda constante de tierras agrícolas. Los terrenos de Oxchuc y Chanal carecen de fuentes de agua, y las zonas altas son áridas y poco apropiadas para l a siembra de maíz. 17 Esta carencia ha motivado el desplaza-
17 Información oficial registra que 50o/o de la superficie del municipio está constituida por zonas accidentadas, 40o/o por zonas semiplanas y únicamente lOo/o de la superficie es terreno plano. Esto da cuenta de que los chanaleros carecen de las condiciones elementales básicas para la sobrevivencia. Véase Chanal, Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Chiapas, disponible en versión digital en <http://www. mexicantexriles.com/libraryltzetales/ chanal.pdf>.
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miento de la población. Víctor Esponda Jimeno ( 1 994: 222) registra información que obtuvo del Díario Oficial del 7 de enero de 1 942 sobre gestiones de ampliación del ej ido a favor de Chanal realizadas en los años cuarenta, las cuales no prosperaron. El incremento de población y el creciente deterioro de la tierra agrícola era un problema grave en la década de los ochenta, por lo que muchos chanaleros tuvieron que salir a buscar tierras en arrendamiento en otras regiones de l a entidad. En el archivo del . Centro Coordinador Indigenista de San Cristóbal de las Casas obra una solicitud de afectación agraria a terrenos ubicados en el municipio de Socoltenango, fechada en mayo de 1 980, que promovían campesinos de Chanal para obtener nuevas dotaciones, que tampoco dio resultados. 18 La necesidad de tierras alentaba las esperanzas de recuperación de los terrenos de La Siberia que los chanaleros suponían de su propiedad, lo que contribuyó a unificar las percepciones de la alteridad de los siberianos.
Frente a esas amenazas que parecen haberse agudizado en la década de los ochenta, cuando los chanaleros sintieron con mayor presión la carencia de tierras en su municipio, los siberianos desplegaron distintas estrategias de resistencia para enfrentar la presión de expulsión. Primero lo hicieron desde el terreno de los movim ientos campesinos, argumentando sus reclamos en una gramática de lucha de clases, como solicitantes agrarios, adheridos a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) . Pero en los años noventa, al participar en el movimiento indígena y en las luchas por el reconocimiento, se sumaron a organizaciones indígenas que demandaban derechos de libre determinación y autonomía indígena. En contacto con estos discursos, introdujeron un cambio relevante en la estrategia defensiva de su territorio. Renunciaron a su reclamo inicial de reconocimiento dentro de Chanal para legitimar su permanencia en la colonia La Siberia, enfatizando la diferencia étnica que había sido construida por los chanaleros. En la nueva correlación de fuerzas, posterior al levantamiento armado, cuando las luchas por la identidad adquirían legitimidad, los siberianos admitieron, hicieron suya y politizaron la diferencia étnica atribuida, y sobre esa base emprendieron sus propias luchas por el reconocimiento de la diferencia.
En un entorno hostil, caracterizado por el dominio de hierro de los ayuntamientos de los municipios del altiplano de origen priista, 19 del que Chanal también hacía parte, un rasgo a destacar de la lucha de los siberianos fue su permanente búsqueda de alianzas
18 Véase el Expediente agrario, Solicitud de Nuevo Centro de Población, vecinos Chanal. Serie Legal, Subserie Expediente jurídico; ex p. O 1 O, año 1 980, caja 1 , Archivo Histórico del Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
19 Durante toda la segunda mitad del siglo xx, la dominación política en el altiplano chiapaneco se realizaba mediante el poder que se desplegaba desde los ayuntamientos municipales, que en todos los casos estaban adheridos al entonces "partido de Estado", el Partido
Luchas por el reconocimiento y nuevils étnicas en los Altos de Chiapas 1 87
hacia fuera del municipio y la búsqueda de articulación con los movimientos democráticos más amplios. En un primer momento, en los años sesenta, los siberianos buscaron apoyos en el gobierno federal, en específico con los funcionarios indigenistas. De una gestión temprana, obtuvieron que el Instituto Nacional Indigenista (rNI) instalara una escuela en La S iberia, así como otras obras de infraestructura. 20 De hecho, por este motivo, algunos siberianos pudieron concluir sus estudios primarios, insertándose en el magisterio indígena en los años ochenta. Desde entonces, los profesores han sido los líderes políticos más visibles de La Siberia y los que han establecido los vínculos políticos más importantes hacia fuera de Chanal, para minar la legitimidad de las autoridades municipales. Pero han sido los pobladores, los habitantes del ejido La Siberia, quienes han desarrollado prácticas para la defensa de su identidad y de su territorio, para entonces ya representado como un territorio étnico al apropiarse de los discursos de las luchas de identidad.
los S IBERIANOS: LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD ÉTN ICA
La construcción de la otredad que elaboraron los chanaleros para socavar la legitimidad de la posesión de la tierra de parte de los siberianos encontró respuestas, pero en sentido contrario a lo que ellos aspiraban. Poco a poco, sin haber tenido un origen étnico común (ni real ni simbólico), los siberianos fueron identificándose, cohesionándose por sentimientos de menosprecio, dando origen a una suerte de "microetnia", que al politizar su identidad tomó la forma de una microetnicidad defensiva, que luchaba por constituirse y crear sus propios referentes. Es posible afirmar que los "siberianos" no existían como una identidad diferenciada antes de 1 940, cuando se funda, como parte del ejido Chanal. En aquellos años, la identidad de sus padres era la de mozos de la finca El Rosario, y es probable que en esas circunstancias la identidad étnica no fuera la identidad más relevante. 21 La identidad de los siberianos fue construida en la lucha por el reconocimiento.
En esta lucha simbólica, la forma como se apropia y se nombra el espacio para convertirlo en territorio es también motivo de disputa. Los siberianos llaman a las tierras
Revolucionario Institucional (PRI). A este "modelo" de dominación Jan Rus le llamó "Comunidad Revolucionaria Institucional" (Rus, 2002).
20 La S iberia fue beneficiaria de algunas pequeñas obras públicas como resultado de las políticas indigenistas. En un informe sobre la acción indigenista en la región, se menciona a La Siberia como beneficiaria de escuelas y algunas otras pequeñas obras (Aguirre Beltrán et aL, 1 976: 1 85-265).
2 1 En otro lugar (Burguete, 2009) exploro procesos semejantes a los de La Siberia entre los mozos de las fincas de Chenalhó para explicar la construcción de microetnicidades y luchas por el reconocimiemo.
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que ocupaban como "ejido La S iberia'', lo que supone una separación del ejido Chanal, mientras que los chanaleros lo nombran como "colonia La Siberia'', lo que supone que ésa es una localidad más, dentro de la jurisdicción ejidal-municipal. Para reforzar la representación de su constitución como ejido, los siberianos han elegido y conformando su propio cuerpo de autoridades, paralelo a las oficiales. De ahí que crearon un cuerpo agrario ejidal paralelo al de Chanal, integrado por un comisariado ejidal y su comité de vigilancia. Pero las autoridades agrarias que se han dado los siberianos son motivo de ironía por los chanaleros. Una autoridad agraria de Chanal, comentó:
A lo mejor si piensan, si quieren convertirse en otro pueblo o quieren autogobernarse, quieren sus propias autoridades, pero hasta ahora no han hecho nada. Todavía toman en cuenta las oficinas del comisariado y a los servidores [el ayuntamiento] . El comisariado de ellos llega a las oficinas del comisariado de Chanal para buscar alguna información [ . . . ] Hace tiempo que crearon su comisariado ejidal en La S iberia. Les preguntamos en qué año lo formaron y nos dicen que no saben, lo niegan [ . . . ] porque la colonia La Siberia por más que quiere estar aparte, tiene que depender del comisariada ejidal de Chanal, que es el que reconoce el pueblo y el gobierno del estado. Aquí es el mero centro del pueblo. Ellos saben bien que tienen que venir a la cabecera, tienen que venir aquí para recibir su Procampo, aquí está la lista de los meros derecheros [ . . . ] La colonia La Siberia tiene que estar bajo la orden de nosotros, tiene que obedecer lo que le digamos, que juntamente trabajemos, que no busquemos problemas. ( Comisariado ejidal de Chanal, 1 5 de marzo de 2002)
Por ser una identidad configurada en la resistencia, la narrativa de los siberianos se ha construido a contrapunto de la de los chanaleros, como discursos de contrapoder. Así, cuando los chanaleros aseguran que fueron los habitantes de la cabecera los que cooperaron para comprar el rancho El Rosario, los de La Siberia inmediatamente argumentan: "Si ellos dicen que pagaron, que lo demuestren [ . . . ] Que nos muestren el papel de firma del contrato de compraventa con el finquero" (ex comisariado ejidal de La Siberia, 2 5 de febrero de 2005). Pero otros siberianos apelan a discursos morales de sufrimiento para legitimar su posesiónY Refieren a una "época de enfermedad" que se vivió en La Siberia, motivo por el cual murieron muchos niños. La causa dicen, era
22 Los discursos de sufrimiento son componentes relevantes en las luchas por el reconocimiento. Por su importancia, Axel Honneth ( 1997) ha desarrollado toda una propuesta teórica que convoca al estudio de los movimientos sociales desde una "gramática moral". La propuesta teórica de este autor está en el trasfondo de la argumentación de la identidad de los siberianos construida como una respuesta a la falta de reconocimiento, de parte de Chanal.
Luchas por t>l reconocimiento y nuevas étnicas en los Altos de Chiapas 1 89
por el "delito de vivir en las tierras que no eran de nosotros". Por eso decidieron cooperar para pagar el terreno a los de la cabecera. Esta afirmación es negada por los chanaleros, quienes a su ve-L insisten: "Si compraron las tierras de La Siberia, y dicen que ya pagaron, que lo demuestren. Que nos enseñen el documento con el sello y la firma del comisaríado" (B .G., ex presidente municipal de Chanal, 1 5 de marzo de 2002). Algunos otros enfatizan en que el "verdadero pago" fue con la vida de los niños muertos:
Hubo una época de mucha muerte aquí en La Siberia [ . . . ] Se han muerto nuestros niños porque nos han echado el mal. Hace más de cincuenta años [en los años cuarenta] los niños que vivían en La S iberia se morían, entonces nuestros antepasados buscaron curanderos y pulsadores. Ellos les dijeron que los niños se morían porque las tierras en donde vivían no eran legalmente de su propiedad y que debían pagarlas. Entonces los de La Siberia se cooperaron para pagar las tierras a Chanal. No tenemos n ingún documento que lo pruebe y tanto los que pagaron, como los que cobraron, ya se murieron [ . . . ] Nuestros derechos sobre esas tierras ya están pagados, tanto por el dinero que devolvimos a los de la cabecera de Chanal, y también por el sufrimiento de nuestros niños muertos. (ex agente municipal La S iberia, 25 de febrero de 2005)
Un punto central son los discursos alrededor de la etnización de las tierras de La S iberia. Los chanaleros recurren a un discurso de sacralización del territorio que remite a la fundación de los antiguos, de los ancestros, "de nuestros padres". Estos discursos son muy frecuentes en las narrativas de etnogénesis de los otros municipios del altiplano (Ruz, 1 997). Algunos chanaleros mencionaron la imposibilidad de permitir la fisión de las tierras de La S iberia, porque dicen que no se pueden modificar los mojones del ejido Chanal y los límites del municipio puesto que -afirman-, han sido "marcados por los ancianos". Representaciones que dan un sentido de "ancestralidad" a la posesión, no obstante la reciente fundación y apropiación del espacio de Chanal como un territorio étnico de los chanaleros. Por su parte, si bien los discursos de contrapoder de los de La Siberia no recurren a la ancestralidad, sí legitiman una sacralidad más contemporánea. En entrevista, un habitante de La Siberia comentaba:
Nosotros les hemos dicho [a los chanaleros] que las tierras nos las dieron nuestros santos, la virgen del Rosario. Les decimos que la tierra la dio Dios, para que la trabajemos. La tierra es de nosotros porque ha sido de mucho sufrimiento. Los chanaleros nos han tratado mal; se creen mucho los de la cabecera y no nos toman en cuenta, como gente, como parte del pueblo de Chanal. No nos tratan bien, porque dicen que no somos chanaleros, que nuestros originarios eran de Huixtán. Cuando hemos
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pedido apoyo de la presidencia municipal nos lo han negado. (Catequista de La Siberia, 17 de marzo de 2002)
Para marcar su deslinde con Chanal, los siberianos modificaron algunas de las prácticas religiosas. Se distanciaron de las de los chanaleros y buscaron refugio en la Diócesis de San Cristóbal. La ruptura comenzó cuando los de La Siberia decidieron cancelar su participación en las fiestas patronales de la cabecera, al no aceptar ocupar el cargo de alférez o capitán en la fiesta de San Pedro en la cabecera. El argumento era que los gastos que en dichas fiestas se realizaban eran innecesarios y que empobrecían a la gente porque había que comprar:
mucho trago, buena comida y dar de comer a la gente. Eso lleva mucho dinero que se tira en balde [ . . . ] Ya no queríamos eso, por eso decidimos cambiar las costumbres, porque con la otra costumbre, con la costumbre del trago, los afectados son la gente pobre, porque ellos sacan todos los gastos para dar de comer y beber trago. (Catequista de La S iberia, 8 de agosto de 2004)
La decisión de negarse a participar con el cargo de capitán tenía una fuerte carga simbólica: significaba romper los lazos de cooperación, trabajo y solidaridad con el pueblo de Chanal. Las autoridades y los chanaleros vieron tal decisión como una afrenta que atentaba en contra del santo patronal, san Pedro Mártir. Por eso lo primero que hicieron "los principales" encargados de la custodia de la iglesia, fue prohibirle a los siberianos su ingreso a la parroquia y negarles bautizos, su asistencia a misas y a otras actividades de la iglesia en la cabecera.
Para enfrentar esta exclusión, los de La S iberia crearon su propio espacio religioso. Con el apoyo de la Diócesis de San Cristóbal, nombraron a su propio cuerpo de "principales", un presidente de la Junta de Festejos, j unta con un secretario, un tesorero y dos vocales que se encargan de la administración de la pequeña ermita. El trabajo espiritual lo realiza desde entonces un jefe de zona, un diácono y catequistas. Este grupo se ocupa de recoger las cooperaciones en dinero y trabajo para hacer funcionar su propia vida religiosa y su sistema de fiestas. Con esta decisión los siberianos daban varios pasos en el terreno de lo simbólico. En primer lugar, reafirmaban un sentimiento de cohesión interna alrededor de la virgen del Rosario. Las fiestas religiosas, asumidas como fiestas patronales, comenzaron a fortalecer las redes de solidaridad interna, dando un soporte de sacralidad a su territorio, y contribuyendo así a la etnización del mismo. Con estas medidas avanzaban en la estrategia de irse configurando como "un pueblo", es decir, con su propio sistema de fiestas y su propio santo patrono. La ermita
Luch�s por el reconocimiento y nuevas geografías étnicas en los Altos de Chiapas 1 9 1
tendría sus propios "principales", sus propios catequistas y la virgen del Rosario tendría su propio cuerpo de servidores. Éste fue un antecedente político importante para la posterior confirmación de su gobierno paralelo, a partir de la creación de su propio cuerpo de autoridades agrarias, distintas de las de Chanal. Los argumentos de construcción de la otredad de los siberianos daban cuenta de sentimientos de agravio, nutridos en una historia de exclusión, maltrato y ausencia de justicia. Una autoridad de La S iberia refería:
Nosotros nos preguntamos ¿por qué tanto sufrimiento, por qué tanto maltrato? [ . . . . ] Hemos sufrido mucho maltrato de los chanaleros, sufrimos por robos [ . . . ] la gente de acá de La S iberia tiene su ganado, sus caballos, sus chivos y le ponen su marca a su ganado. Vean ya está marcado, dicen, vamos a registrarlo a la presidencia [ . . . . ] Pero de repente, el ganado lo roban los de Chanal y vamos a denunciar a la presidencia y el presidente no hace nada, defiende a los de la cabecera. ¡Nosotros cero, ninguna justicia! Por eso entramos a la organización (OCEZ) , para defendernos. Porque Chanal nos maltrata, nos comen nuestro ganado, nos roban nuestros caballos [ . . . . ] Hemos sufrido mucho maltrato de la autoridad, no nos atiende cuando vamos a pedir justicia, por eso nos organizamos. (exagente municipal de la Siberia, 25 de febrero de 2005)
El terreno de lucha de los siberianos fue reconfigurándose, transitando de una lucha local agraria, a una disputa de carácter político-territorial autonómico. Los siberianos no sólo erigieron gobiernos paralelos, pues progresivamente construyeron emblemas de los que sólo son portadores "los pueblos" en el altiplano, esforzándose así por semantizar las tierras ejidales para significarlas como un territorio étnico. La construcción de la ermita y el establecimiento de su propio santo patronal, así como su propio sistema de fiestas y su propio cuerpo de principales, como "autoridades tradicionales" separadas de las del municipio de Chanal, permitía cumplir con los requisitos que todo pueblo del altiplano que se preciara de tal debía satisfacer. Por eso, cuando los gobiernos federal y estatal ofrecieron una política de remunicipalizadón dirigida a los zapatistas, los de La Siberia vieron allí una oportunidad. Para entonces ya estaban simbólicamente listos para asumirse como una identidad étnica diferenciada, por lo que demandaban su reconocimiento como gobierno municipal para dar validez jurídica al "pueblo que ya se imaginaban" y que habían constituido de manera simbólica en la resistencia. De esta intención autonómica nos da cuenta el testimonio de un regidor municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entrevistado en la cabecera del municipio:
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Lo que yo he escuchado es que quieren hacer su municipio, que quedaría corno pueblo La Siberia [ . . . ] . Lo que hicieron fue un acuerdo para ver si se llegaba a convertir a La Siberia corno una cabecera municipal, para después gestionarlo ante el Congreso del Estado corno un nuevo municipio [ . .. ] Los de La Siberia dijeron que querían separarse, así nada más dijeron, y formar un municipio libre corno todos los demás municipios [ . . . ] Pero no se declararon corno municipio zapatista, aunque sí se declararon corno municipio autónomo de las Regiones Autónomas Pluriétnicas, las RAP, pero veían principalmente el problema agrario. (Regidor del PRD en Chanal, 1 7 de marzo de 2002)
Sin embargo, los reclamos de La Siberia para constituirse en un nuevo municipio no prosperaron, ya fuera por su pequeño número o por la falta de apoyos políticos. Pero al hacer patentes sus aspiraciones quedaron expuestos y más vulnerables. El reclamo de separación que los siberianos habían mantenido corno un discurso oculto desde 1 9942l se visibilizó con su búsqueda por la municipalización. Los años 1 998-1 999 fueron particularmente difíciles. Los chanaleros aprovecharon la coyuntura política de la contrainsurgencia desplegada por el gobernador Roberto Albores (Perola y Burguete, 2002) para intentar recuperar las tierras y los bosques que tenían en su poder los siberianos. Los terrenos de La Siberia abarcan una porción relevante de bosques bien cuidados, que contrasta con los ya agotados en poder de los chanaleros. Los bosques de La S iberia son motivo central en la disputa, tanto por las ambiciones de los chanaleros que quieren explotarlos corno por la defensa que hacen de los mismos los siberianos. Hubo momentos de gran tensión. En marzo de 1 998 los bosques de La S iberia se vieron sometidos a un fuerte incendio, las autoridades de Chanal intentaron aprovechar el evento para recuperar el control de los bienes forestales.
Era una coyuntura especialmente compleja. El gobernador Albores acababa de tomar posesión y estaba decidido a eliminar al EZLN. Los incendios del año 1 998 fueron muy intensos y alcanzaron también bosques en otros municipios y territorios que los miembros del EZLN reclamaban como propios. En los medios de comunicación nacionales se registró un intenso debate en el que el gobierno del estado acusó a los zapatistas de impedir el i ngreso del personal de gobierno encargado de apagar los incendios.24 E n esta coyuntura, las autoridades de Chanal se sintieron fortalecidas e
23 Al estudiar los movimientos de resistencia, James Scott (2000) pondera la importancia del acercamiento a los "discursos ocultos", corno un mundo en donde se van gestando movimientos que posteriormente podrán desplegarse de manera pública.
24 Véase "Niega EZLN que impida controlar incendios en Chanal", La jornada, 29 de marzo de 1 998, México.
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intentaron hacer objeto de la presión del Estado a los siberianos y a los zapatistas.25 Pero esta estrategia del gobierno municipal de Chanal no prosperó y, por el contrario, proveyó a los siberianos de nuevos argumentos para legitimar el control de su territorio, como el de la defensa de los bosques en tanto patrimonio ambiental. Procedieron a levantar una frontera física con alambres de púas para impedir el ingreso de los chanaleros a las tierras del "ejido La Siberia". Con esto el territorio étnico quedaba marcado y se reforzaban las fronteras simbólicas.
Pero este proceso de etnogénesis, que mostraba la trayectoria de constitución de un nuevo grupo étnico en la geografía étnica de Chiapas, se vio temporalmente suspendido. En los primeros años del siglo x:x la configuración de la política nacional y de la entidad chiapaneca cambió cuando el PRI fue derrotado, ganando las elecciones federales y las estatales los partidos de oposición (con el triunfo de Vicente Fox del Partido Acción Nacional como presidente de la República y el de Pablo Salazar en el gobierno del estado bajo las siglas de una coalición de partidos), hecho que tuvo sus repercusiones en el campo étnico en Chanal. El desplazamiento del PRI del poder nacional y estatal colocó a los chanaleros en una situación de debilidad y a los siberianos en una mejor posición, quienes, por cierto, se habían adherido de manera más notoria al PRD. En la nueva coyuntura, el PRD adquirió un nuevo protagonismo en el municipio de Chanal, abriendo una oportunidad para que los siberianos se convirtieran en los líderes políticos perredistas más visibles, en tanto que el grupo de chanaleros en el poder ya no encontró eco ni apoyo político para interpelar a los siberianos. Éstos tampoco encontraron motivos para profundizar sus emblemas de diferencia étnica y, por el contrario, los minimizaron. De pronto, los siberianos levantaron sus fronteras y comenzaron a actuar en la política municipal con una influencia nada despreciable. El nuevo momento de p luralización política abrió cauces para que los siberianos se reincorporaran a la vida política de Chanal. En el año 2006 pareciera que la política de etnización de La Siberia y su proceso de etnogénesis quedaron bruscamente
25 El apoyo del gobierno de Roberto Albores y Ernesto Zedilla a las autoridades de Chanal fue manifiesto. Apenas Roberto Albores había asumido el cargo de gobernador interino, el presidente Ernesto Zedilla ya estaba presente en Chanal ( 1 9 de mayo de 1 998), anunciando sus "planes de paz", que eliminaban al EZLN de la mesa de negociación. El discurso del presidente Zedilla en Chanal está disponible en <http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/ chiapas/discursos/ 1 9may98- I .htmb. El presidente municipal de Chanal que operó la agenda de Zedilla-Albores en Chanal, el profesor Belisario Gómez Rodríguez, fue electo como diputado local, por el PRI en el periodo 1 998-2000.
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detenidos. No obstante, es probable que en una nueva coyuntura de exclusión del poder local o de hostigamiento étnico por parte de los chanaleros, La Siberia politice de nuevo su identidad en sus luchas por el reconocimiento.
A MANERA DE REFLEXIÓN FINAL
Es importante mencionar que lo sustancial del trabajo etnográfico aquí presentado fue recabado en el año 2002.26 Los siberianos habían perdido el miedo a desplegar sus luchas por su reconocimiento étnico, puesto que hasta entonces habían actuado con extrema cautela. No estoy segura de que antes de la rebelión armada zapatista los siberianos en su conjunto compartieran un relato de reclamos étnicos. En los años 1 994-1 998 había escuchado a los l íderes de La Siberia, principalmente a los profesores bilingües, emitir discursos en gramática autonómica, pero no a los habitantes de La S iberia. Los líderes políticos siberianos estaban más expuestos a los discursos de reivindicaciones étnicas, tanto desde el movimiento magisterial como desde las políticas multiculturalistas, así como a su inserción en las luchas indígenas globales. Pero poco a poco esos discursos emanados desde sus líderes fueron siendo asumidos por los campesinos sencillos. Los siberianos reconfiguraron sus discursos agrarios locales en luchas por el reconocimiento argumentadas en gramática autonómica, viviendo procesos de etnización en un contexto más amplio de luchas globales por la identidad. La configuración étnica de los siberianos inició probablemente desde el momento mismo en que Chanal se empeñó en su esfuerw por constituirse como un pueblo, distanciándose de Oxchuc. En esta formación procedió a delimitar a los propios y a los otros.
Colocados como ajenos, los siberianos desplegaron luchas por el reconocimiento, aunque antes aspiraron a ser reconocidos como chanaleros para evitar el doloroso estigma y el desprecio de la otredad. Al referirse a las luchas por el reconocimiento, Tzvetan 1odorov diferencia dos categorías: por conformidad y por distinción. Señala que dichas categorías se oponen entre sí: "o bien quiero que y pretendo ser reconocido como diferente de los otros, o pretendo que me reconozcan como semejante" (citado por García Ruiz, 2006: 27) . Hasta antes de 1 994, los siberianos lucharon por eliminar el estigma de la diferencia y aspiraban a su reconocimiento como chanaleros, pero después del levantamiento armado, la política y lo político se etnizaron. Cuando los
26 El trabajo de campo más intenso en Chanal se realizó en el año 2002. Reconozco y agradezco al sociólogo Gildardo Mendoza, quien me apoyó en las entrevistas en lengua tseltal. Al mismo tiempo, agradezco a Candelaria Ceverino la transcripción de las entrevistas del tseltal al español. Posteriormente volví a Chanal en los años 2004, 2005, 2007 y 2008.
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discursos de reclamo de la diferencia étnica del movimiento indígena fueron reconocidos como legítimos por la sociedad y el Estado, los siberianos demandaron, entonces, el reconocimiento de su diferencia. En 1 998, cuando el gobierno de la entidad ofertó la política de remunicipalización, los siberianos esgrimieron discursos en gramática autonómica frente a los chanaleros, luchando por constituirse como un nuevo municipio, sumándose de esra forma los "múltiples otros étnicos" que irrumpen en los municipios alteños y que modifican continuamente la geografía étnica del altiplano, en tiempos de globalización.
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Los derechos colectivos frente a l debate constitu c iona l : los pueblos i ndígenas y la Asamblea Constituyente en B o l iv ia
Sare!d Paz Patiño
El debate sobre los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia se desarrolla en el marco de transformaciones políticas y sociales que definen condiciones históricas y coyunturales sustancialmente diferentes a las que caracterizan el debate multicultural de reconocimiento a la diferencia o a las minorías étnicas. En este último se plantea el reconocimiento en la perspectiva de una política de afirmación positiva. Allí donde existen "minorías" discriminadas por un sistema político nacional, el reconocimiento supone una reforma constitucional que contenga incentivos institucionales para aliviar la exclusión y democratizar sociedades permeadas por relaciones asimétricas entre sus sectores sociales (Kymlicka, 1 996; Taylor, 200 1 ; Fraser, 2000) . Las condiciones políticas de Bolivia al momento de escribirse este capítulo,1 representaban un momento cualitativamente distinto: no se trataba de exigir reconocimiento como medio para ampliar y democratizar modelos neoliberales de sociedad; ahora, sectores movilizados de la sociedad boliviana, entre los que se encuentran los pueblos indígenas, han instaurado nuevos términos del debate. El desafío ya no es reflexionar acerca de cómo un proyecto liberal de sociedad asume las perspectivas políticas de los discriminados, sino más bien la posibi l idad de pensar un nuevo proyecto de sociedad donde los pueb los indígenas sean un elemento constitutivo de la nación. El alcance político, por tanto, ya no es reconocer y dar cobijo institucional a la diferencia en un marco público del constitucionalismo liberal, sino el desarrollo de un horizonte político con clave de transformación: transformación en la concepción de Estado, transformación en la visión de nación, transformación en la forma institucional de pensar la democracia.
Este capítulo retoma las propuestas de organizaciones indígenas y campesinas originarias sobre los derechos colectivos que deberán ser considerados en el debate de la Asamblea Constituyente. Extracta los elementos centrales de la discusión y formula los alcances posibles ante el advenimiento de una nueva Carta Constitucional que
1 El texto fue escrito originalmente en 2006 y aunque fue actualizado en 2007 ya no incorpora los cambios asumidos en octubre del 2008 que fueron los que finalmente quedaron en el texto constitucional que fue a referéndum en enero del 2009. Es importante considerar que el texto constitucional fue aprobado mediante el mecanismo de referéndum por 62% de la población boliviana {nota de los eds.) .
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refleje lo que una buena parte de los ciudadanos bolivianos queremos: un nuevo pacto sociaL Las organizaciones que trabajaron en dicha propuesta son: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csurcB) , Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (cscB) , Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FNMCB-BS) , Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (Conamaq) , Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (cPESC) , Movimiento sin Tierra de Bolivia (MST) ,
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) , Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB) . Todas juntas articularon fuerzas y formaron lo que hoy se conoce en Bolivia como Pacto de la Unidad. Estas organizaciones han desarrollado un debate muy importante acerca del sujeto indígena y de complejidad prevaleciente en una sociedad como la boliviana: ¿Quién es indígena en Bolivia? ¿Aquellos sectores que viven de forma tradicional, que hablan una lengua y recrean una cultura identificada como originaria? ¿Los campesinos forman parte de lo indígena?
El Pacto de la Unidad es una confluencia de fuerzas para la acción política. Por tanto, es sobre todo una arena política constituida por un sujeto complejo. Un sujeto político que en su proceso deliberativo y de construcción de estrategia termina reconociéndose como originario; es decir, perteneciente a los pueblos que habitaron el territorio boliviano antes de la llegada de los españoles. La discusión sobre la temática ha sido larga e intensa, pero es indispensable destacar un aspecto: el sujeto indígena es un sujeto político que recupera las diversas formas en que existe la población originaria. Así, los campesinos en Bolivia son quechuas y aymaras (con algunas excepciones); a veces están organizados bajo una estructura tradicional andina, pero otras veces bajo la estructura del sindicato agrario. En el oriente boliviano (Amazonia-Chaco) la población originaria se considera indígena. Existe población urbana que se reclama como aymara o quechua. Están los productores de hoja de coca que se llaman a sí mismos colonizadores, por ser migrantes quechuas y aymaras en tierras bajas. El sujeto político indígena campesino originario intenta recuperar dicha complejidad.
LOS DERECHOS COLECTIVOS Y LA DELIBERACIÓN CONSTITUCIONAL
Comencemos identificando lo que se plantea en relación con los territorios indígenas. Como parte de la reforma constitucional de 1 993-1 997, llevada a cabo por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el caso de la propiedad sobre la tierra se reconoce en Bolivia la categoría de Tierras Comunitarias de Origen (reo) , una figura jurídica de propiedad colectiva basada en la definición del Convenio 1 69 de la OIT, que sólo otorga derechos sobre la tierra. Así, para aproximarse a la perspectiva de territorio
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indígena discutida en el marco del Convenio 169, las TCO tuvieron que ser complementadas con otro tipo de derechos que garantizan cierta unidad y acceso a recursos en la modalidad de derecho preferencial. Por ejemplo, para el caso de concesiones en bosques, allí donde hay TCO el derecho preferencial lo tiene el pueblo indígena, en tanto que en lo relativo a la minería y los hidrocarburos rige lo planteado en el Convenio 1 69, o sea, la figura de consulta. En lo que toca a recursos acuáticos, su uso y aprovechamiento está regulado por las leyes correspondientes, otorgándose derechos preferenciales para la población indígena. La reforma jurídica basada en la perspectiva de reconocimiento sancionó un conjunto de incentivos institucionales que permitieron el tratamiento de los derechos indígenas, separando la visión integral de territorio en un conjunto de leyes inspiradas en el derecho positivo (Paz, 1 998).
El plato fuerte de la reforma constitucional referida al tema de territorios indígenas se concretó en la figura de saneamiento, procedimiento j urídico que buscaba sanear y resolver el traslape de derechos agrarios, bosque, minería, hidrocarburos u otros recursos, bajo el supuesto de que en 1 O años se tendría un escenario de propiedad y concesiones, libre de conflicto. A 1 O años del proceso que inició en 1 996, los resultados son desalentadores: en gran medida la titulación de las TCO ha degenerado en la imposibilidad de su resolución, los terceros (propietarios privados dentro de las Tco) ocupan hasta 40 o 60% del área demandada. La gestión de las TCO se ha visto ampliamente afectada y en muchos casos se ha llegado a la conclusión de que la única manera de resolver el tema de derechos indígenas sohre el territorio pasa por una decisión política, antes que jurídica (Bazoberry y Heredia, 2005).
Como parte de la experiencia y el debate desatado en la reforma constitucional encarada bajo una perspectiva de reconocimiento, el planteamiento actual de las organizaciones campesino-indígenas sobre territorios supone ir más allá de lo formulado por el Convenio 1 69 y, por tanto, radicalizar el condicionamiento jurídico. Primero, en lo que se refiere al tema de propiedad sobre la tierra: la resolución de los conflictos con terceros ya no deberá estar regida por la figura de "respeto a los terceros", sino más bien por una evaluación de su Función Económico Social (FES),2 de tal forma que si una propiedad no cumple con los requisitos productivos para la que fue solicitada, se revertirá a favor de los pueblos indígenas. La nueva ley consensuada con organizaciones
Se entiende por FES un concepto integral compuesro por áreas efectivamente aprovechadas, de descanso, de proyección de crecimiento y servidumbres ecológicas que no deben superar las superficies del Título Ejecutorial o proceso agrario. Se plantea que en el proceso de identificación de la FES, las organizaciones sociales deben intervenir de manera parricipativa. Véase el Proyecto de Ley de modificaciones a la Ley INRA de reconducción comunitaria de la reforma agraria, La Paz, Separara del Viceministerio de Tierras-INRA, 2006.
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campesinas originarias, indígenas y algunos sectores privados productivos del agro, propone concretamente: "como causal de reversión el incumplimiento de la FES total o parcial en la mediana propiedad y la empresa agropecuaria, por ser perjudicial al interés colectivo".3 La figura de la reversión supone una salida radical, porque más allá de respetar derechos asignados por el Estado boliviano a terceros asentados en las TCO, el procedimiento jurídico es orientado por la decisión política de favorecer la propiedad colectiva. Además, las organizaciones indígenas y campesinas originarias plantean que en las TCO deberá darse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, siendo una figura jurídica que el Estado "garantiza, protege y fomenta de manera preferente las diferentes formas de dominio y propiedad colectiva-comunitaria de la tierra" (Pacto de la Unidad, 2006: 1 1).
En lo que se refiere a recursos estratégicos (hidrocarburos/minería), además de la figura de consulta ya planteada por el Convenio 169, se introduce la modalidad de coadministración y cogestión de los recursos estratégicos con el Estado, de tal manera que el desarrollo de políticas referidas a la temática obliga a conformar consensos entre la población indígena que posee las TCO y el gobierno que busca aprovechar dichos recursos. En caso de no ponerse de acuerdo, los pueblos indígenas pueden recurrir al derecho de veto frente a una explotación o exploración que afecte su modo de vida, es decir, su forma económica o cultural de ocupar el espacio (Pacto de la Unidad, 2006: 9). La figura de coadministración y cogestión obliga a la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas de explotación, industrialización y comercialización de los recursos estratégicos que se encuentran en sus territorios y, a su vez, en los beneficios y control del proceso de aprovechamiento. La prevención, la mitigación, la compensación, reparación e indemnización son modalidades para resolver el ejercicio del veto. Además de la coadministración y cogestión de los recursos naturales estratégicos, está en debate la figura de la copropiedad bajo la acepción de dominio originario, derecho que tendrían las poblaciones indígenas sobre su territorio. Este aspecto implica una discusión que va más allá de los pueblos indígenas porque vincula el carácter de un recurso estratégico a las perspectivas de bien común de la nación.
Respecto de la participación política encontramos postulados que trascienden lo propuesto en la Ley de Participación Popular (promulgada con la reforma constitucional del 1993- 1997) . Se trata de ejercer una participación orgánica en la definición de políticas a través de estructuras colectivas que organizan a los pueblos y comunidades
3 Dicha ley se encontraba en debate en el parlamento y existían sectores, sobre todo agroindustríales, que se oponían a su aprobación. Véase el Proyecto de Ley de Modificaciones a la Ley INRA de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. La Paz, separata del Viceministro de Tierras, INRA, 2006.
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de campesinos originarios. En la Ley de Participación Popular se reconocía a las autoridades originarias, elegidas por usos y costumbres, la facultad de aplicar leyes, aunque sin capacidad de influir en la definición de políticas públicas. El planteamiento actual comprende promover la participación como un derecho de las naciones, p ueblos indígenas y campesinos originarios que mediante sus organizaciones matrices y sus relaciones orgánicas estructuran una participación en la esfera de lo político (Pacto de la Unidad, 2006: 1 5). En Bolivia, cuando se habla de estructUras orgánicas se hace referencia a las organizaciones de base, tanto indígenas como campesinas, que articulan desde el punto micro, que es la comunidad, pasando por las provincias, departamentos, hasta llegar al escenario macro nacional; es decir, organizaciones sociales con estructuras de representación claramente articuladas en sus distintos niveles y con direcciones nacionales con un alto poder de convocatoria.4
Otro punto importante es el referido al derecho a la autodeterminación y el gobierno propio. En la reforma constitucional de 1 993- 1 997, inspirada bajo la perspectiva de reconocimiento, la condición de autogobierno no formó parte de los cambios constitucionales; de modo que los territorios indígenas plasmados en la figura de reo expresan una forma de propiedad, pertenecen al régimen de bienes patrimoniales y, por lo tanto, no son formas de gobierno. Las posibles modalidades de gobierno indígena-campesino se dieron vía participación popular a partir de las figuras de "municipio indígena'' y "distrito indígena" (subunidad del municipio), donde se obtuvieron logros notables como los municipios del Chaparé, escenarios de gobierno local que fueron copados en su totalidad por la representación de los productores de hoja de coca, constituyéndose en las bases del instrumento político que más adelante se expresará como el Movimiento al Socialismo (MAs).
Retomando la experiencia política de los municipios y distritos, la propuesta actual de las organizaciones indígenas y campesinas originarias considera la autodeterminación y el gobierno propio bajo dos escenarios: por una parte, un gobierno que forme parte del Estado pero que permita a la vez desarrollar un sistema de gobierno autonómico; por otra, constituir autonomías territoriales indígenas basadas en un reordenamiento que implique la reconfiguración territorial de los pueblos y naciones originarias:
Se ordena territorialmente el país sobre la base de la constitución de autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas [ . . . ] A partir de estas autonomías se constituye el sujeto autonómico del nivel intermedio. (Pacto de la Unidad, 2006: 7)
4 Las organizaciones mencionadas en la primera parte de este documento representan dicha estructura orgánica.
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Las autonomías indígenas originarias y campesinas se estructuran basándose en los territorios habitados, ancestrales o por ecosistemas, con base cultural en los pueblos indígenas originarios y campesinos [sin importar que sean o no Tco] . (Pacto de la Unidad, 2006: 9)
El postulado de autodeterminación y autogobierno deberá permitir definir sus sistemas jurídicos, elegir autoridades y estructuras de gobierno que se expresen en formas de autonomía. Por tanto, el tenor del debate ya no es sólo un reconocimiento de sistemas de gobierno indígena sino más bien la reflexión en torno al gobierno indígena como una manera de pensar el tipo de Estado que se quiere construir a partir de la deliberación en la A>amblea Constituyente. La finalidad es pensar en la posibilidad de un país plurinacional, compuesto por naciones y pueblos indígenas pero que garanticen la unidad pluricultural. Retomaremos el tema cuando abordemos el carácter del Estado plurinacional.
En relación con el derecho a tener una educación acorde con su cultura, lengua, necesidades y aspiraciones (Pacto de la Unidad, 2006: 16), una de las políticas más promocionadas en el paquete de reconocimiento de la reforma 199 3-1997 fue justamente la de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), forma educativa basada en dos elementos: la enseñanza en lengua materna para los pueblos indígenas y el desarrollo de un horizonte político intercultural que permita aliviar las diferencias culturales en la sociedad boliviana (Albó y Anaya, 2004). Al igual que en el rema de la tierra, en 1 O
años de aplicar una política educativa de reconocimientO se vieron las limitantes del significado dado al concepto de "intercultural bilingüe". Además, se desataron tensiones relacionadas con la jurisdicción territorial del núcleo educativo.5
Reflexionemos sobre el primer aspecto, el contenido de lo intercultural bilingüe. La política educativa inspirada en una perspectiva intercultural bilingüe significó el desarrollo de una modalidad educativa basada en la enseñanza en lengua materna para los pueblos indígenas. Así, los esfuerzos curriculares estuvieron dirigidos a que las regiones con mayor población indígena cambiaran programas y principios de enseñanza, para que en el primer ciclo (1 °, 2° y 3° de básico) los niños se desarrollasen en
5 El Núcleo Educativo es la unidad menor de planificación educativa. Está compuesto por una escuda central que en el área rural asume la responsabilidad del bachillerato y entre siete o diez unidades educativas que forman parte de su jurisdicción. Varios Núcleos Educativos conforman un Distrito Educativo que coincide con la jurisdicción territorial del municipio. Todos los Distritos Educativos forman parte de una DirecciónDeparramental de Educación que constituye el nivel subnacional. Es decir, el escenario nacional en Bolivia esrá compuesto por nueve departamentos.
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un ambiente escolar hegemonizado por su lengua materna. Esta intención trajo consigo varios problemas por las expectativas que tenían los padres de familia de la escuela y lo que la ley les ofrecía. El balance es largo, pero debemos resaltar que la perspectiva intercultural bil ingüe impulsó la enseñanza en lengua materna en las poblaciones indígenas rurales, excluyendo los centros urbanos y semiurbanos, donde se siguió impartiendo la enseñanza en español. Esto mismo desdibujó principios y supuestos de lo que se entendía por "intercultural". Por una parte, la lengua originaria, como mecanismo de enseñanza educativa, se i mpartía sólo en el área rural, no así en las ciudades, donde existe un importante porcentaje de población indígena.6 Por otra, la formación educativa en lenguas originarias se dirigió sólo a la población originaria, no así a los sectores no indígenas.
El énfasis de la propuesta indígena que en parte quedó plasmada en la nueva ley educativa promulgada en agosto del 2006 es desarrollar una educación descolonizada, lo que significa que el aprendizaje de las lenguas debe convertirse en mecanismo que haga fluir modos culturales entre unos y otros sectores de la sociedad boliviana. Sólo así se podría avanzar en una perspectiva intercultural que tenga por base la educación de los niños, y que permita forjar diálogos entre sectores sociales sin asimetría ni exclusión. Los principios de la nueva ley precisan: "descolonizadora, liberadora, antiimperialista, antiglobalizante, revolucionaria y transformadora de las estructuras económicas, sociales y culturales, políticas e ideológicas" (NLEB, 2006: 1 3) . Por "descolonizada" se entiende que la enseñanza de las lenguas originarias será la base para las poblaciones monolingües, las que a su vez deberán avanzar en el español como segunda lengua. Para el caso de las poblaciones mestizas monolingües del español, tendrán ésta como primera lengua pero habrían de adelantar en su conocimiento sobre la lengua originaria de su región, es decir, en aquellos lugares de habla aymara, quechua, guaraní u otra lengua, los sectores sociales que no forman parte del mundo indígena asumirán como segunda lengua la que se habla en su región:
6 La última información censal es reveladora de la situación boliviana. En la ciudad de El Alto, la población que se reconoció como parte de un pueblo indígena es de 7 4.2% y en la ciudad de La Paz (sede de gobierno) la población indígena campesina originaria alcanza 49.6%. En términos totales, la población quechua que vive en área rural es de 49.2%,
mientras que la que vive en área urbana es de 50.8%. En el caso de la población aymara tenemos que el porcentaje de población que vive en el área urbana es de 59.6% y la rural es de 40.4%. En otras palabras, el tema indígena campesino originario en Bolivia, no es sólo un asunto rural sino ampliamente urbano (véase Albó y Molina, 2006).
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La lengua originaria como primera lengua y el castellano como segunda lengua, en poblaciones o comunidades monolingües y de predominio de la lengua originaria. El castellano como primera lengua y la originaria como segunda lengua, en poblaciones o comunidades monolingües y de predominio del castellano. (NLEB, 2006: 19)
La perspectiva intercultural con una mirada descolonizadora implica incorporar lo bilingüe en las poblaciones urbanas y semiurbanas, colegios estatales y privados, incluso trabajar en el desarrollo de universidades interculturales. Por eso, como política de Estado el planteamiento es pensar un sistema educativo plurinacional que integre "saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios expresados en el desarrollo de la cosmovisión, ciencias sociales y naturales, tecnología, matemáticas, música, danza [ . . . ] de manera gradual y simultánea" (NLEB, 2006: 20). En este contexto lo bil ingüe forma parte de un horizonte intercultural; no es un objetivo en sí mismo, sino al contrario, es un elemento más en la búsqueda por consolidar bases interculturales de l a educación para responder a los desafíos de una sociedad plural como la boliviana.
Como ya mencionamos, el segundo aspecto relacionado con esta política es la jurisdicción territorial del núcleo educativo. El tema se vincula con los problemas de participación e i nvolucramiento de la población local en la gestión educativa, pues cuando hablamos de jurisdicción estamos haciendo referencia a un espacio físico o simbólico donde se ejercen decisiones. En la estructura de la ley educativa del periodo 1 993- 1 997 se tenía como modalidad de participación de la población local a la }unta de Núcleo Educativo que representaba a los padres de familia en la estructura del mismo. Siguiendo un organigrama agregado, las }untas de Núcleo articuladas en el ámbito de la j urisdicción municipal constituían una }unta de Distrito, y los Distritos Educativos que corresponden al municipio forman parte de la Dirección Departamental de Educación. Lo que deseo destacar en este capítulo es que las organizaciones indígenas o campesinas originarias poseen otras jurisdicciones territoriales que en muchos casos entran en contradicción con el Núcleo Educativo y el Distrito Educativo y se crea un contrasentido cuando hablamos de participación de la población en la política educativa (Paz, 20 1 1 ) .
La apuesta a una política educativa que forme parte de un Estado plurinacional deberá consolidar una participación directa de las organizaciones sociales, sindicales, indígenas y campesinas originarias, para lo cual debe encararse el tema de las jurisdicciones. La propuesta indígena del Pacto de la Unidad considera que la participación de la población en la educación ha de trascender la figura de control social, a partir de modalidades de intervención que permitan decidir sobre el curso de la escuela y la educación, sobre todo en el ámbito de las comunidades indígenas y campesinas originarias, que conciben la educación como un asunto comunitario. La Nueva Ley
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Educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez formula en su capítulo IV que deberá desarrollarse una participación comunitaria y popular en la gestión educativa, teniendo como uno de sus principios la "participación comunitaria y popular con poder de decisión en el proceso educativo en todo el Sistema Educativo Plurinacional, de acuerdo con la reglamentación". Buscando, a su vez, encarar las tensiones de j urisdicción territorial, menciona que "se delimite claramente el ámbito geográfico de participación en el Estado Plurinacional" (NLEB, 2006: 3 1 ) . El nuevo desafío, por tanto, implica ampliar las formas de participación social basadas en el control hacia formas de decisión que se enlacen con estructuras organizativas de la sociedad civil. Eso implica, como la nueva ley reconoce, delimitar la territorialidad en el campo educativo.
Otro aspecto importante en la propuesta de las organizaciones indígenas y campesinas originarias es la reivindicación a la propia nacionalidad sin perder de vista la nacionalidad boliviana. Las consecuencias de dicho postulado son profundas pues se trata de que las naciones de pueblos indígenas y campesinos originarios tengan derecho a su existencia como sujetos colectivos y, por tanto, derecho a su integridad cultural. Ello cambia radicalmente el concepto convencional de comunidad política y de ciudadanía porque se incorpora la figura del sujeto colectivo con capacidad de pensar sus horizontes políticos. Volveremos sobre el tema. Existen temas menos elaborados y que no superan, como planteamiento, lo formulado en las reformas constitucionales del 1 993- 1997: por ejemplo, garantía sobre prácticas y propiedad intelectual de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas; restitución del patrimonio intangible que haya sido apropiado por terceras personas (donde está la figura de la reversión); uso de símbolos y emblemas propios de las naciones y pueblos originarios; derecho a crear y manejar sus propios medios de comunicación, aspectos todos que quedaron contenidos en el Pacto de la Unidad para ser considerado en la Asamblea Constituyente en Bolivia.
U NA MI RADA POLÍTICA DEL PROCESO
Pasemos a reflexionar sobre los alcances y consecuencias políticas de asumir una transformación constitucional que tome como eje la propuesta de los pueblos indígenas y campesinos originarios. Comencemos reconociendo que los elementos anteriormente propuestos implican pensar en el desarrollo institucional de los usos y costumbres como parte de un Estado; es decir, no se trata ya de que los derechos colectivos y los derechos relativos a pueblos indígenas desaten una reforma constitucional amparada en el horizonte político del reconocimiento, sino al contrario. La sociedad boliviana ha acumulado en su seno una radicalidad social que la está empujando a un proceso
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en el que es posible desencadenar una transformación constitucional que implique cambios de forma y contenido. En dicho escenario los pueblos indígenas y campesinos originarios juegan un rol fundamental porque el alcance de su propuesta puede modificar el carácter del Estado y la sociedad existentes. Pensar que la figura de "usos y costumbres" se convierta en una forma institucional del Estado supone estar más allá de la forma política del reconocimiento.
Por otro lado, se rompe con el concepto tradicional de "ciudadanía'' basado en el ejercicio individual de los derechos y la autodeterminación que el liberalismo deposita en el individuo. El concepto convencional formulado a partir de un individuo singular que comparte con otros una condición universal de existencia en tanto sujeto de derecho con capacidad de actuar autónomamente supone ejercer la "libertad" desde el individuo que define fines, maneras de vida propia, concepciones de vida buena, inclinaciones políticas que permiten plantear la existencia de una racionalidad abstracta que informa al sujeto independientemente del contexto cultural al que pertenece (Rawls, 1 997). En este orden de ideas, el ejercicio de la autodeterminación depende del derecho irrestricto de agente moral y político que el liberalismo le otorga al individuo.
La perspectiva política de derechos colectivos nos invita a reflexionar sobre un concepto de ciudadanía radicalmente reformulado porque plantea la necesidad de pensar políticamente sujetos colectivos, no individuales; sujetos que definen fines, maneras de vida y concepciones de vida buena, inscritas en el seno de un contexto cultural específico, o en un contexto de decisión que su nacionalidad específica le proporciona y que se convierte en el horizonte político que provee sentidos de vida articulados a mitos, memorias, valores y símbolos. El contexto no es sólo la existencia de una cultura y lengua compartidas, sino también una voluntad política que define la dimensión central del concepto de ciudadanía compleja (Máiz, 2002: 76).7 Esto implica definir el ejercicio colectivo de la autodeterminación; es decir, pensar en colectividades políticas que ejercen su derecho a la autodeterminación mediado por opciones y criterios que no se informan desde una racionalidad abstracta sino desde una racional idad concreta:
Desde un punto de partida concreto recibido que viene proporc ionado en buena medida por el contexto cultural nacional originario [ . . . ] La elección, y por ende la
7 El concepto de "ciudadanía compleja" resulta reformulado cuando reconocemos que el individuo singular se inscribe en el seno de un contexto de decisión que su nacionalidad específica le proporciona. Cultura, lengua compartida, voluntad política de convivencia y proyecto común favorecen la confianza, la participación y la autonomía y se constituyen en la dimensión central de la ciudadanía en los Estados multinacionales.
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l ibertad, deviene contingente de la propia disposición de un conjunto de valoraciones socialmente adquiridas que sirven como inicial criterio para la evaluación personal. (Máiz, 2002:78)
El desarrollo de usos y costumbres como una forma institucional del Estado y la ampliación de visiones de ciudadanía en la democracia moderna, implican cambios importantes a tres niveles: el primero referido a cómo se articulan constitucionalmente los derechos colectivos e individuales para conducir una nación; el segundo relacionado con la forma de nación que se pone en j uego, el carácter de invención de nación, y el tercero, el tipo de Estado que queremos construir.
Abordemos el primer nivel. Si los cambios constitucionales a los que están apuntando los pueblos indígenas en Bolivia suponen desarrollar una carta fundamental que integre derechos coleCtivos e individuales, se abre el debate acerca de cómo sería la acomodación, la integración de ambas formas de derecho, el carácter y la jerarquía a establecerse en términos constitucionales. La propuesta de l as organizaciones indígenas y campesinas originarias contiene en su capírulo VI Derechos, deberes y garantías, aspectos relativos a derechos colectivos, derechos políticos, derechos económicos, derechos territoriales, derechos culturales y derechos individuales. Intelectuales y políticos que no forman parte del proyecto político de los pueblos indígenas advierten que la propuesta contiene riesgos importantes para la democracia en tanto que invierte la jerarquía de derechos, anteponiendo el derecho colectivo al individual. Personalmente creo que tal aseveración es un exceso porque la inclusión en la Constitución Política del Estado de una dimensión del carácter colectivo del derecho no implica necesariamente una inversión de jerarquía.
Introducir derechos colectivos en tradiciones constitucionales basadas en derechos individuales sin duda ocasionará cambios no sólo de forma sino de contenido y comprensión constitucional. É�te es un debate abierto en el seno de la sociedad boliviana y su resolución vendrá con los años y la maduración política de un tema incipiente en los contextos de las naciones pluriculturales con un fuerte componente de pueblos indígenas. Sin embargo, es indispensable anotar que en algunos aspectos hay posicionamiento. Para el caso de las TCO el derecho colectivo deberá primar sobre el individual, sobre todo con la figura de reversión o afectación al sujeto colectivo: el pueblo indígena. Como dijimos anteriormente, la evaluación jurídica deberá estar orientada por una decisión política que se presenta en ambos casos. Es decir, si la evaluación jurídica está orientada por una decisión política donde prima el derecho individual (característica de la forma reconocimiento), lo que tenemos es un proceso que ratifica derechos privados en detrimento del pueblo indígena, como ocurrió en la experiencia bol iviana y en los cambios constitucionales de 1 993-1 997. Si la evaluación jurídica se orienta
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por una decisión política donde prime el derecho colectivo, entonces se desatará un proceso inédito en términos de la forma jurídica del Estado-nación.
En relación con el segundo punto, la forma de nación que se pone en j uego, podemos decir que el momento de radicalidad social que vive Bolivia ha quebrado visiones de nación mestiza que formaron parte de la revolución agraria de 1 952 y la nacionalización de las minas de estaño. En la actualidad la visión de nación comprendida desde el nacionalismo revolucionario, ideología que acompañó los cambios estructurales de la época, se halla resquebrajada, sin capacidad de articular e integrar la diversidad social boliviana, lo que desató un proceso de búsqueda de identidad particular y nacional a la vez. La desestructuración discursiva de la nación mestiza nos abre a un proceso reflexivo sobre la visión que tiene la nación sobre sí misma, y sobre la posibilidad de la invención de la nación india. ¿Qué implicaría pensar en la nación india, como proyecto político, en un país como Bolivia?
Bolivia es un país que larga y complejamente articuló su sentido de unidad. En e l periodo republicano, mientras los países vecinos pronto incorporaron elementos de integración, visiones de nación, Bolivia se constituyó en un país precariamente articulado, enfrentado durante el siglo XIX y parte del x:x a la posibilidad de la fragmentación social y territorial. Un ingrediente importante fue la condición de no ciudadano de la población indígena, la cual era considerada mano de obra y agente no político de la sociedad. De ahí que durante el periodo liberal (1 890-1 920) los cambios políticos estuvieran acompañados por intensas revueltas e insurgencias campesino/indígenas que desestabilizaban la precaria unidad lograda por las élites políticas (véase Zavaleta, 1 986a: 96-1 79 y 1 986b: 1 80-262) . En la década de 1 920 Bolivia vivió momentos de mucha convulsión social y cuestionamientos radicales respecto de la vulnerabilidad de la nación, a lo que se sumó la experiencia desgarradora de la guerra del Chaco ( 1 932- 1 934) con el vecino país del Paraguay, por la pérdida territorial. Esta guerra surge de intereses petroleros de ambos países y de transnacionales, pero lo que interesa destacar es que fue el primer momento donde sectores de élite, clases medias, obreros, artesanos, universitarios, campesinos e indígenas se encontraron en el campo de batalla peleando por "la nación".
Según René Zavaleta (s. f.), la guerra del Chaco no sólo nos conecta con la experiencia desgarradora de la pérdida territorial, sino también se constituye en la catarsis social que tuvo que vivir cada boliviano para encontrarse con la nación. Después de la guerra, Bolivia tuvo movimientos intelectuales de gran alcance en la literatura, las artes y la política, mismos que empezaron a hablar del significado de la nación y la identidad del boliviano. La ideología del nacionalismo revolucionario tuvo como eje de producción simbólica a los intelectuales, sectores medios que participaron junto con obreros y campesinos en la Revolución de 1 952. Ellos concibieron un proyecto
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social radicalmente distinto al de las oligarquías de la época que alimentó imaginarios nacionalistas hasta los cambios neoliberales que se gestaron en 1 985 con el ascenso de una fracción del Movimiento del Nacionalismo Revolucionario (MNR) al gobierno. Años después, el ajuste estructural asumirá el paquete de reconocimiento a los pueblos indígenas con las reformas constitucionales de 1 993- 1 997, dirigidas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El imaginario discursivo de la nación quedó vacío, carente de referentes políticos y sujetos que movilizasen dichos referentes al quebrarse el imaginario discursivo de la nación mestiza y por el advenimiento de un proyecto neo liberal que dio respuestas en el plano estructural pero fue incapaz de desarrollar corrientes ideológicas que articularan la complejidad de una sociedad como la boliviana. Intelectuales y sectores medios fueron cooptados y ahogados por una retórica de democracia representativa que nubló y minimizó la relevancia de repensar la nación. Tal descuido favoreció que organizaciones campesinas e indígenas incubasen, con importantes dosis de autodeterminación, proyectos políticos que asumen como eje el carácter subalterno y colonial de los sectores indígenas y campesinos originarios.
Dos elementos ayudan a comprender lo antes mencionado. Primero, la decisión de organizaciones indígenas y campesinas de tomar espacios políticos municipales, disputando electoralmente el control de este nivel de gobierno. Los resultados fueron muy exitosos en regiones como el Chaparé (Evo Morales formó ahí su fuerza política), donde las organizaciones sindicales de productores de hoja de coca ocuparon y controlaron todos los municipios de la zona, o municipios de las alturas (altiplano) controlados directamente por las organizaciones campesinas o indígenas. Lo interesante de esta apuesta política es que las organizaciones de base actuaron y diseñaron estrategias políticas con ninguna o escasa intervención de los partidos políticos, lo que desarrolló formas de deliberación que los acercaron a la autocomprensión. Segundo, la decisión de estas organizaciones de construir el instrumento político que los llevara al poder nacional, una representación política propia sin mediación de la clase media y, en todo caso, intelectuales que se subordinan al proyecto político de las organizaciones campesinas e indígenas. El MAS tiene su origen en dicha iniciativa.
La gran diferencia con el momento de la Revolución de 1 952 es que la estrategia política fue concebida teniendo como centro un sujeto y un discurso campesino-indígena que reconoce su condición subalterna y colonial dentro de la sociedad boliviana. A esto debemos sumar una estadística que posibilita desarrollar un proyecto de nación india. Los porcentajes de la población indígena en Bolivia han tenido un crecimiento ascendente en las últimas décadas. Actualmente contamos con 62% de la población que se autodefine como indígena; es decir, que se siente parte de un pueblo indígena, ya sea por la lengua o por ascendencia familiar. La estadística también evidencia que
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sectores campesinos del pasado, hoy día se presentan como indígenas, lo que supone que en Bolivia se ha iniciado un ciclo de mestizaje inverso al estructurado por la Colonia y la República: en vez de que la población se desplace hacia representaciones mestizas, hay un desplazamiento hacia lo indígena que deberá ser comprendido como un mestizaje.
La autodefinición de la nación en su forma indígena no destaca formas biológicas del sujeto nacional sino más bien la iniciación de un proceso de descolonización de la sociedad boliviana. ¿Qué significa descolonizar Bolivia? Sobre todo desarraigarla de las relaciones sociales que, habiendo sido estructuradas en un pasado colonial, se presentan como contemporáneas en la interacción social, persistiendo modos y formas de discriminación, de exclusión entre sectores sociales que se reconocen como diferentes. Por eso el planteamiento central de autodeterminación para los pueblos indígenas y campesinos originarios es la descolonización en tanto principio de libertad y condición de antidominación; además, la descolonización involucra al conjunto de la nación:
[L]a autonomía indígena es un paso en el camino a la autodeterminación de nuestros pueblos, objetivo final de nuestros planteamientos de reconstitución de nuestras naciones. Para poder concretar este objetivo grande es preciso descolonizar el pensamiento indígena y también de aquellas personas que forman parte de la "nación boliviana'', por lo que el camino, no es inmediato, sino un recorrido largo. (APG, 2006: 8)
[L]a autonomía indígena originaria y campesina es la condición y el principio de libertad de nuestros pueblos y naciones como categoría fundamental de descolonización y autodeterminación; está basada en principios fundamentales y generadores que son los motores de la unidad y articulación social, económica y política al interior de nuestros pueblos y naciones y con el conjunto de la sociedad. Se enmarca en la búsqueda incesante de la construcción de la vida plena, bajo formas propias de representación, administración y propiedad de nuestros territorios. (Pacto de la Unidad, 2006: 8)
La nación india, en tanto proyecto político, implica también repensar al sujeto pueblo como comunidad política. En la literatura clásica se considera que las naciones están conformadas por el sujeto pueblo que tiene la soberanía originaria y conforma la comunidad política, independientemente de su procedencia. La comunidad política ha sido representada como homogénea o única, en un intento de preservar los principios de igualdad planteados por la Revolución Francesa. El planteamiento de tener derecho a la propia nacionalidad sin perder de vista la nacionalidad boliviana, invita a pensar en diversas comunidades políticas que conforman una nación. El sujeto pueblo, por tanto, ya no es depositario de la soberanía nacional, sino que ella misma constituye
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un pacto social entre diversas comunidades políticas que sin perder su sentido de pertenencia deciden formar parte de la nación.
Finalmente, el tercer aspecto referido al tipo de Estado que se propone construir. La definición textual en el documento de las organizaciones indígenas es:
El Estado boliviano es unitario, plurinadonal, pluriétnico, pluricultural, intercultural y plurilingüe, descentralizado en autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas, en autonomías interculturales urbanas, y en autonomías regionales. (Pacto de la Unidad, 2006: 4)
La apuesta indígena campesina formula que la base de la creación del Estado pluricultural se centra en la reconfiguración territorial, abriendo espacio para la redefinición territorial del poder político, además de promover la pluralidad institucional que permita acomodar formas colectivas e individuales de ciudadanía. En esa perspectiva se trata de resolver los múltiples traslapes de control espacial generados por un Estado que avanzó en su control territorial s in considerar a las diversas comunidades étnicas que constituyen lo nacional:
Queremos eliminar las múltiples sobreposiciones político-administrativas que inviabilizan a nuestras naciones, determinando solamente una y desechando otras (provincias, secciones o municipios, cantones), para ello debemos crear las Unidades Territoriales Indígenas Autónomas (UTIA) sobre las cuales se ejercerá el gobierno indígena. (APG, 2006: 1 1 )
Los retos son grandes y la redefinición territorial de la nación es una tarea que excede a la descentralización política y tiene que ver con una nueva forma de estructurar el poder y las modalidades del pacta social. La reconfiguración territorial originaria implica recuperar espacios ancestrales, algo visto como una deuda histórica de la nación hacia las comunidades étnicas. Con todo, el Estado plurinacional deberá organizar tres niveles de gobierno: el central, el intermedio y el local, siendo el nivel intermedio el escenario donde se puede gestar la reconfiguración territorial indígena y, a su vez, las otras modalidades de autonomía (véase Modelo de Estado, capítulo 1 , acápite 7. 1 ,
documento Pacto de la Unidad 2006). En la articulación de una forma territorial indígena originaria con otras formas territoriales, se estaría condensando un acuerdo político que produzca un principio importante del Estado plurinacional: promover la pluralidad en sus instituciones y desarrollar principios de derecho inspirados no sólo en el derecho positivo sino también en usos y costumbres.
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Las posiciones más radicales de reconfiguración territorial asumen que la recuperación de espacios ancestrales representa una restitución de antiguas modalidades de gobierno. Así, sectores del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu plantean un proceso de recuperación que implique conformar los ayllus y markas que les pertenecen a manera de constituir elTawantinsuyu (Conamaq, 2005). Espacios urbanos y sectores no indígenas podrían quedar involucrados en dicha iniciativa y convertirse en puntos de tensión de difícil resolución. Otros sectores como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG, 2006) consideran que la redefinición territorial del poder político supone en parte recuperar espacios de los abuelos pero también negociar con actores no indígenas que ejercen formas territoriales republicanas como el municipio, tomando en cuenta la importancia crucial de incorporar en la apuesta política de Estado plurinacional el consenso con otras comunidades políticas.
Los elementos aquí mencionados permiten entender por qué la Asamblea Constituyente en Bolivia se ha declarado fundacional y originaria. El carácter y magnitud de los cambios que proponen los pueblos indígenas y campesinos originarios está lejos del paradigma político de reconocimiento o de reforma constitucional. De hecho, tienen que ver con la necesidad de gestar un nuevo pacto social que permita sancionar una Constitución Política que contenga en su seno el carácter originario de la propuesta indígena y el carácter constituyente de una nueva forma social en Bolivia.
ALGUNAS CONCLUSIONES PARA EL DEBATE
Para cerrar nuestro análisis podemos decir que el momento constituyente que estamos viviendo supone la posibilidad de desarrollar acuerdos, pactos previos, que hagan factible la reinvención de la nación boliviana. En ese sentido, articular los derechos colectivos e individuales, el nuevo contenido de nación que se pone en juego y la redefinición territorial del poder político (elemento base del Estado plurinacional), se presentan como los grandes desafíos que habían de encararse en un contexto de relaciones de fuerza que tiende a polarizar posiciones entre sectores sociales. Sectores radicales de la derecha se cierran ante los posibles cambios, y sectores también radicales del movimiento indígena corren el riesgo de cerrarse en la recuperación de territorios ancestrales sin entender que el momento constituyente implica avanzar hacia el pacto social con sectores no indígenas, con los que se pueden construir nociones de bien común, visiones de nación.
La salida del atolladero parece estar en una combinación de dos elementos que ayuden en el debate: considerar al poder constituyente y al poder originario como parte de la fundación de un Estado plurinacional que acepta un régimen de gobierno
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autónomo, ayudaría a encontrar salidas en un momento en que las posiciones discursivas no tienen punto de encuentro. A su vez, el espacio de confluencia de las posiciones encontradas constituirá la nación, la resignificación de la nación en su condición plural. Unos y otros tendrán que reconocer que no podemos concurrir a la deliberación sin asumir que se pone en juego el poder constituyente y el poder originario como modalidad de construcción de consenso.
Como señala Sieyes, el poder constituyente no está sujeto a constitución alguna;
es decir, no forma parte de ningún poder constituido sino más bien es el momento en
que se desarrolla el acuerdo previo. Es la voluntad política creadora de un orden, lo que
significa que da origen a un orden constituido y, en casos de flagrante violación de los
fines del Estado, [ ... ] puede despertarse de su letargo, reapropiarse el ejercicio de la
soberanía, retomando el poder constituyente o riginario de segundo o rden (Máiz,
2007: 141). Si aceptamos que el poder constituyente es la facultad soberana del pue
blo a darse un ordenamiento j u rídico político, entonces en el caso boliviano él mismo
expresa a las comunidades políticas originarias y n o originarias. En otras palabras, l a Constituyente tiene su basamento en el poder constituyente que expresa la complejidad de la sociedad boliviana y requiere, para convertirse en una voluntad política, deliberar y consensuar entre distintas comunidades políticas, para crear el acuerdo previo a la nación. Ahora, el poder constituyente tendrá que reconocer que los pueblos originarios son un elemento de importancia política crucial que concurre a la deliberación, que participan del momento constituyente, teniendo como fuente de inspiración política el poder originario (sólo así podremos entender la figura de restitución territorial). Entendamos por poder originario el poder primario anterior al orden jurídico positivo. Ambos son poderes creadores de la nueva invención de nación. Por tanto, desde el poder constituyente formas territoriales de poder político, como los municipios o los departamentos (división territorial en Bolivia), forman parte de la tradición política de los actores que concurren a la deliberación, pero desde el poder originario la recuperación de espacios territoriales por parte de los pueblos indígenas como formas territoriales de poder político se constituye en un eje fundamental de la deliberación del nuevo Estado que queremos construir los bolivianos.
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