J.a. Carrillo Salcedo La Posición de España Respecto de La Cuestión Del Sáhara Occidental...

8/12/2019 J.a. Carrillo Salcedo La Posición de España Respecto de La Cuestión Del Sáhara Occidental RPI_163_117

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LA POSICIÓN DE ESPAÑA RESPECTO DE LA CUESTIÓN DEL SAHA-RA OCCIDENTAL: DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE MA-

DRID AL COMUN ICADO CONJUNTO HISPANO-ARGELINO

La visita del presidente del Gobierno español a Argelia, sus conver-saciones con las autoridades argelinas, su entrevista privada con elsecretario general del Frente Pólisario y el comunicado conjunto his-pano -argelino , de 1 de m ayo de 1979, con stituyen u n a se rie de im por-tantes hechos polít icos que han reactualizado la Declaración de Prin-cipios de Madrid, de 14 de noviembre de 1975. Y con ella, uno de losproblemas que más han pesado en la polít ica interna y en la polít icaexterior de España desde aquella fecha hasta hoy: la pretensión deque la Declaración de Principios sea denunciada por España, por sercontraria al derecho del pueblo saharaui a la l ibre determinación.

¿Qué se acordó en la Declaración de Principios sobre el Sahara oc-

cidenta l el 14 de no vie m bre de 1975? .Los representantes de los gobiernos de España, Marruecos y Mauri-

tania se manifestaron de acuerdo en orden a los siguientes, principios:

«1.° España ratifica su resolución, reiteradamente ma-nifestada ante la ONU, de descolonizar el territorio delSahara occidental poniendo término a las responsabilida-des y poderes que tiene sobre dicho territorio como potenciaadminis t radora .

2° De conformidad con la ante rior determinación y deacue rdo con las. negociaciones pro pu gn ada s por las N acio-nes Unidas con las partes afectadas, España procederá deinmediato a instituir una administración temporal en el te-rr i torio en la que part iciparán Marruecos y Mauri tania,en colaboración con la Yemaá, y a la cual serán transmiti-das las responsabilidades y poderes, a que se refiere el pá-rrafo anterior. En su consecuencia, se acuerda designar ados gobernadores adjuntos, a propuesta de Marruecos y

M au ritan ia, a fin . de que auxilien en sus funciones, a l. go-bernador general del territorio. La terminación de la pre-

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JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO

sencia española en el territorio se llevará a efecto definiti-vamente antes del 28 de febrero de 1976.

3.° Se rá resp etad a la opinión de la población sa ha ra ui,expresada a través de la Yemaá.

4.° Los tres países inform ará n al sec reta rio gen era l delas Naciones Unidas de lo establecido en el presente docu-mento como resultado de las negociaciones celebradas deconformidad con el artículo 33 de la Carta de las NacionesUnidas.

5.° Los tres países interven ientes d ecla ran ha be r llega-do a las anteriores conclusiones, con el mejor espíritu de

comprensión, hermandad y respeto a los principios de laCarta de las Naciones Unidas y como la mejor contribuciónal mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

6.° Este docum ento en tra rá en vigor el mismo día enque se publiqué en el Boletín Oficial del Estado la "Leyde Descolonización del Sahara", que autoriza al gobiernoespañol para adquirir los compromisos que condicionada-mente se contienen en este documento.»

Dejando aparte los problemas jurídicos que la Declaración de Prin-

cipios suscitaba respecto del derecho interno español y con relaciónal Derecho internacional, su texto permite sostener las siguientes hipó-tesis: 1.a) la cuestión del Sahara occidental se enfocaba ante todo comouna amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, y se buscabauna respuesta en el marco de la negociación como procedimiento dearreglo pacífico de controversias, de acuerdo a lo dispuesto en el ca-pítulo VI de la C ar ta de las. Naciones Un idas y en las resolucionespoco antes adoptadas al respecto por el Consejo de Seguridad; 2.a) laDeclaración de Principios podía ser interpretada políticamente como

un cauce para proceder a la descolonización del territorio del Saharaoccidental, mediante el acuerdo entre los gobiernos de España, Ma-rruecos y Mauritania, respetando «la opinión de la población saharauiexpresada a través de la Yemaá».

Las reacciones, en contra y las críticas que la Declaración de Prin-cipios encontró en los más diversos terrenos, y en lo que respecta aEspaña, el profundo cambio político que se inicia con la proclamaciónde Don Juan Carlos como Rey de España, explica sin embargo un he-cho de importancia capital: el cambio de enfoque político y jurídicode la cuestión del Sahara occidental en la trigésima sesión de la Asam-blea General de las Naciones Unidas. Cambio de enfoque aceptado por

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LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL SAHARA OCCIDENTAL

los tres países intervenientes en la Declaración de Principios de Madridy que desde entonces, diciembre de 1975, ha prevalecido tanto en el

marco universal de las Naciones. Unidas como en el regional de laOUA; cambio de enfoque político y jurídico que, por otra parte, podríaresumirse así: ¿a cuestión del Sahara occidental expresa una tensión yun conflicto (y de ahí que en el comunicado conjunto hispano-argelinode 1 de may o de 1979 se afirme que las dos pa rte s ex presan «su profun -da preocupación ante la situación y la peligrosa tensión que resultapara todos los pueblos de la región y en particular para el pueblosaharaui») , pero es ante todo un problema de descolonización.

Cambio de enfoque aceptado en diciembre de 1975 por los tres paí-

ses intervenientes en la Declaración de Principios de Madrid, ya que,en efecto, el 10 de diciembre de 1975 (esto es: menos de un mes des-pués de que la Declaración de Principios fuese adoptada), España, Ma-rruecos y Mauritania votaron en favor de una resolución de la Asam-blea General de las Naciones Unidas en la que se reafirmaba «el dere-cho inalienable de todas las poblaciones saharianas originarias delterritorio a la libre determinación, de conformidad con la resolución1514 (XV) de la asamblea general», y en la que se pedía a los Estadospartes en la administración temporal del territorio que adoptasen «to-das las medidas necesarias para asegurar que todas las poblaciones

saharianas originarias del territorio pudiesen ejercer su derecho ina-lienable a la libre determinación por medio de una consulta libre or-ganizada con el concurso de un representante de las Naciones Unidasdesignado por el secretario general» [párrafos 2 y 4 de la resoluc ión3458 B (XXX) de la Asamblea General, aprobada por 56 votos a favor,42 en contra y 34 abstenciones. Los subrayados son míos .

Desde este momento, diciembre de 1975, hasta la fecha, el Gobier-no español ha sostenido firme y claramente, tanto ante las NacionesUnidas como ante el Congreso de los Diputados y el Senado españo-les, que la descolonización del Sahara no ha terminado. Para p robaresta afirmación basta con recordar unos hechos:

l) El 26 de febrero de 1976, el rep res en tan te p erm an en te de Es-pa ña ante las. Naciones Unidas co m unicab a al secretario g enera l de laOrganización que el Gobierno español daba término definitivamentea su presencia en el territorio del Sahara, y que estimaba necesariodejar constancia de lo siguiente:

«a) Esp aña se con sidera desligada en lo sucesivo detoda responsabilidad internacional con relación a la admi-nistración de dicho territorio, al cesar su participación enla Administración temporal que se estableció para el mismo.

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b) La descolonización del S ah ar a occidental culminarácuando la opinión de la población saharaui se haya expre-

sado válidamente» (el sub ray ado es mío):

Por otra parte , el memorando presentado por el representante per-manente de España ante las Naciones Unidas, añadía que para el 26 defebrero había sido convocada una reunión de la Yemaá, en la que elgobernador español en funciones, que actuaba como miembro de laAdministración temporal, daría cuenta de la decisión del Gobiernoespañol. Según el memorando del Gobierno español, la reunión de laYemaá no constituía «la consulta a la población saharaui prevista enlos acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975 y en la resolu-ción 3458 B (XXX) de la Asamblea General, a menos que concurranlas circunstancias necesarias, y entre ellas principalmente la asisten-cia de un representante de las Naciones Unidas, designado por el se-cretario general, de conformidad con el párrafo 4 de la mencionadaresolución» (el subrayado es mío).

2) El 1 de dicie m bre de 1976 y el 28 de no vie m bre de 1977 la A sam -blea General de las Naciones Unidas aprobaba sin objeción alguna,y por consiguiente con la aceptación de España, Marruecos y Mauri-tania, dos resoluciones (31/45 y 32/22, respectivamente) que, si bienposponían la consideración del fondo del problema, reafirmaban ex-presamente la adhesión de la Asamblea General «al principio de lalibre determinación de los pueblos, de conformidad con lo dispuestoen la declaración sobre la concesión de la independencia a los paísesy pueblos coloniales» (párrafo 1 de la parte dispositiva de las resolu-ciones 31/45 y 32/22).

3) En 1978 se pre sen taro n dos proy ectos distintos de resoluciónsobre la cuestión del Sahara occidental, resultando infructuosos losesfuerzos, que se llevaron a cabo para intentar refundirlos en un único

proyecto de resolución, ya que eran irreconciliables las actitudes deArgelia y de Marruecos sobre el tema.

Mientras que el proyecto de resolución patrocinado por Argeliaafirmaba la responsabil idad primordial de las Naciones Unidas encua nto a la descolonización del Sah ara , m encion aba dos veces, al F rentePolisario en sus párrafos preambulares, y reafirmaba el derecho inalie-nable del Sahara occidental a la autodeterminación y a la indepen-dencia, el proyecto patrocinado por Marruecos defendía la competen-cia de la OUA, encomendando al Comité ad hoc creado por dicha

Organización, en su decimoquinto período ordinario de sesiones, cele-

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LA PO SI CI Ó N D E ESPA Ñ A EN EL SA H A RA O CCI D EN TA L

brado en Jartum del 18 al 22 de julio de 1978, el examen de todos losdatos de la cuestión del Sahara occidental con miras, a convocar una

conferencia en la cumbre extraordinaria de la Organización de laUnidad Africana, haciendo además un llamamiento a todos los Esta-dos de la región para que se abstengan de realizar cualquier acto quepueda obstaculizar los esfuerzos de la OUA encaminados al logro deuna solución justa y pacífica del problema.

Ambos proyectos de resolución contaron con apoyos suficientes ylos dos fueron aprobados por la Asamblea General de las NacionesUnidas como resoluciones 33/31 A y B: la primera, patrocinada porArgelia, obtuvo 90 votos a favor, 10 en contra y 39 abstenciones; la

segunda, patrocinada por Marruecos, obtuvo 66 votos a favor, 30 encontra y 40 abstenciones. Varios, países, entre los que se contabaEspaña, votaron en favor de ambos proyectos de resolución en virtuddel carácter complementario de las actuaciones de la Organización dela Unidad Africana, en el plano regional, y de la Organización de lasNaciones Unidas, en el plano universal, pues no en vano una y otraresolución recuerdan expresamente en su parte preambular la resolu-ción 32/19, de 11 de noviembre de 1977, de la Asamblea General, rela-tiva a la cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de

la Unidad Africana.Pero al votar en favor de la resolución 33/31 A, España apoyó una

resolución q ue en los párrafos 1 y 2 de su p arte dispositiva reafirm ala adhesión de la Asamblea «al principio de la libre determinaciónde los pueblos», así como «el derecho inalienable del pueblo del Saharaoccidental a la l ibre determinación y a la independencia». Por otrapa rte , el hech o es. qu e Es pa ña n o fue objeto de críticas v iolentas enlos debates que tuvieron lugar en 1978 en el seno de la IV Comisiónde la Asamblea General, y que cuando algún país se refirió a España,

en relación con el Sahara, la mención se hizo en función de antiguapotencia administradora del territorio.Marruecos y Mauritania, por el contrario, votaron en contra de la

resolución 33/31 A (junto con otros ocho países) y en favor de la reso-lución 33/31 B (junto con otros. 64 países), porque era la resoluciónque convenía a su posición política, y en particular a la de Marrue-cos, así como la más coherente con un acuerdo celebrado entre Ma-rruecos y Mauritania el 14 de abril de 1976, de tanta o mayor impor-tancia que la Declaración de Principios de 14 de noviembre de 1975,

curiosamente ignorado, por el que Marruecos y Mauritania procedíana la partición del territorio del Sahara occidental.

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El 24 y 25 de febrero de 1976, respectivamente, Marruecos y Mauri-tania se dirigieron al secretario general de las Naciones Unidas para

que éste enviara a un representante para asistir a las deliberacionesde la Yemaá, en una actitud coherente con el hecho de que ambospaíses habían votado en favor de la resolución 3458 B (XXX), apro-bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de di-ciembre de 1975. En sus respuestas de fecha 26 de febrero a las invi-taciones de Marruecos y Mauritania, el secretario general se refirió,como igualmente hizo en su respuesta a la comunicación del repre-sentante permanente de España ante las Naciones Unidas a la queantes he aludido, a las resoluciones 3458 A (XXX) y 3458 B (XXX),

y dijo que era evidente que «las condiciones esenciales para la apli-cación de dichas resoluciones no se habían cumplido». El secretariogeneral indicó además que, en consecuencia, «aun cuando el t iempolo hubiera permit ido y se hubieran suministrado las aclaraciones ne-cesarias con respecto a la reunión de la Yemaá, mi designación deun representante de las Naciones Unidas que asistiera a la reunión...no constituiría una aplicación de las resoluciones de la Asamblea Ge-neral mencionadas anteriormente».

El 27 de febrero de 1976, la misión permanente de Marruecos ante

las. Naciones Un idas transm itió al secretario gene ral un m ensaje diri-gido por el presidente de la Yemaá, en el que comunicaba que «laYemaá del Sahara, reunida en sesión especial el 26 de febrero de 1976en El Aaiún, ha aprobado por unanimidad la reincorporación delterritorio del Sahara a Marruecos y Mauritania, de conformidad conrealidades históricas y con vínculos que han unido siempre a la po-blación sahariana con esos dos países».

Tal afirmación es contraria a l dictamen de 16 de octubre de 1975del Tribunal Internacional de Justicia, y en particular a lo afirmado

por el Tribunal en el párrafo 162 de dicho dictamen («...la conclusiónde la Corte es que el material y la información que se le han presen-tado no demuestran la existencia de ningún vínculo de soberaníaterritorial entre el territorio del Sahara occidental y el Reino de Ma-rruecos o el complejo mauritano. Por lo tanto, la Corte no ha encon-trado vínculos jurídicos de naturaleza tal que puedan influir en laaplicación de la resolución 1514 (XV) en lo que respecta a la desco-lonización del Sahara occidental y, en particular, en la aplicación delprincipio de la l ibre determinación mediante la l ibre y auténtica ex-presión de la voluntad de los pueblos del territorio...»), pero sirvió debase para:

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L A P O S I C I Ó N D E E S P A Ñ A E N E L S A H A R A O C C ID E N T AL

l.° Que con la re tir ad a de las fuerzas españ olas, fuer-zas marroquíes ocuparan las zonas septentr ional y or iental

del terr i tor io y fuerzas mauritanas ocuparan partes de lazona meridional, aunque en algunos lugares dichas, fuerzastropezaron con la oposición armada de las fuerzas del Fren-te Polisario, que había anunciado que se proponía continuarla guerra de guerrillas y que en la noche del 28 al 29 defebrero de 1976 procedió a proclamar la creación de laRepública Árabe Democrática Saharaui.

2.° Que la línea de partición del territorio entre M a-rruecos y Mauritania fuese posteriormente oficializada por

los acuerdos de Marruecos y Mauritania sobre la fronteradel Sahara y sobre cooperación económica, firmados enRabat el 14 de abril de 1976. De conformidad con el primeracuerdo, Marruecos y Mauritania convinieron en que «lafrontera estatal entre la República Islámica de Mauritaniay el Reino de Marruecos estará definida por la línea rectaque une el punto de intersección del paralelo 24 de latitudNorte y el meridiano 13 de longitud Oeste, siendo la inter-sección de esta línea recta con la frontera actual de laRepública Islámica de Mauritania el límite sudoriental de

la frontera del Reino de Marruecos. A partir de este últimopunto, la frontera sigue la actual frontera de la RepúblicaIslámica de Mauritania hacia el Norte.. .». Por este acuer-do se creaba igualmente una comisión conjunta marroquí-mauritana para l levar a cabo la demarcación «de la fron-tera entre ambos países» (el subrayado es mío).

El acuerdo de partición del territorio es contrario a la Declaraciónde Principios de Madrid de 14 de noviembre de 1975, a la resolu-

ción 3458 B (XXX), de 10 de diciembre de 1975, aprobada con los votosa favor de Marruecos, y Mauritania, así como al Derecho de la desco-lonización. Su único punto de apoyo podría ser la decisión adoptadapor la Yemaá el 26 de febrero de 1976, pero ésta es contraria igual-men te a la resolución 3458 B XXX) y al Derech o de la descolonizaciónelaborado por las Naciones Unidas.

Lo curioso es que prácticamente nadie se refiere a este acuerdode partición del terr i tor io, mientras que muchos siguen empeñados enque la solución del problema pasa necesariamente por la denunciade la Declaración de Principios de Madrid. Ahora bien, los hechosprueban que el comportamiento de los tres Estados intervenientes en

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L POSICIÓN DE ESP Ñ EN EL S H R OCCIDENT L

an te la As am blea G ene ral de las. Nac iones U nidas , el 26 de septiem-bre de 1977 y el 2 de octubre de 1978.

En este último, y con relación al Sahara occidental, el señor Orejaafirmó que:

«España, ajena a cualquier eje, verdadero o ficticio, realo imaginario, y que desea mantener estrechas y cordialesrelaciones con todos los pueblos de la región, con los que,además de la vecindad, nos unen lazos históricos, cultura-les y humanos, ve con viva preocupación el desarrollo delos acontecimientos. Por ello ha venido propugnando el es-tablecimiento de un clima de conciliación y concordia en

el que se aborden con objetividad, realismo y espíritu cons-tructivo los problemas del Mogreb, y en especial el que sederiva del proceso de descolonización del territorio del Sa-hara, respetando el derecho de los saharauis a la libredeterminación.

Todos los pueblos de la zona—añadía el señor Oreja—deben poder hacer de sus similitudes, humanas y culturales,así como de su complementariedad geográfica y económica,factores de desarrollo económico y social en beneficio co-

mún y recíproco. De este modo toda la región se convertiríaen un factor de estabilidad y de paz. O bviam ente —con-cluía—, esta paz no podrá ser duradera si no resulta satis-factoria pa ra toda s las pa rtes afectadas» (el sub ray ado esmío).

Este es el sentido del párrafo del comunicado conjunto hispano-argelino de 1 de m ay o de 1979, en el qu e las dos. pa rte s «consideranque la descolonización del Sahara occidental se ha retrasado durantedemasiado tiempo y que el arreglo de este problema requiere una

solución urgente, polít ica y pacífica para la totalidad del territorio,sobre la base del respeto de los principios y de las resoluciones de lasNaciones. U nidas y de la Organ ización de la Unida d A fricana en lamateria, mediante el ejercicio del derecho del pueblo saharaui a laautodeterminación». Las dos partes, insiste el comunicado conjunto,«reafirman su total adhesión a estos principios y a estas resolucionesy se comprometen, por una parte, a adoptar todas las medidas nece-sarias para su puesta en práctica rápida y efectiva, y, por otra parte,se declaran dispuestas a contribuir a los esfuerzos e iniciativas em-

prendidas tanto a nivel regional como en el marco de las organiza-ciones internacionales con el fin de promover la paz y favorecer la

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cooperación en tre todos, los pueb los de la región». Del mismo m odo,éste es el sentido del párrafo del comunicado conjunto de l de mayo

de 1979, en el que la parte española reafirma

«su posición de que el hecho de haber puesto fin definitiva-mente a su administración del territorio el 26 de febrerode 1976 no podía significar una transferencia de soberaníatratándose de un territorio no autónomo, en el sentido delartículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas».


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