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EL ESTADO REGIONAL BASE DEL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y EQUITATIVO EN EL PAIS

BOGOTA, D.C.

Seminario modelo Región, Paz y Postconflicto

Enero 23 de 2014 – Club de Ejecutivos

Intervención del Dr. Eduardo Verano De La Rosa

Ex constituyente y ex gobernador del Atlántico

La región y un nuevo ordenamiento territorial como alternativa

Barranquilla, enero 23 de 2014

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EL ESTADO REGIONAL BASE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y EQUITATIVO EN EL PAÍS

Por Eduardo Verano De La Rosa

“Más por halagüeño que parezca, y sea en efecto este magnífico sistema federativo, no era dado a los venezolanos gozarlo repentinamente al salir de las cadenas. No estábamos preparados para tanto bien (…)” Simón Bolívar. Discurso de Angostura.

Dr. Ernesto Samper Pizano, ex Presidente de la República

Dr. Horacio Serpa Uribe, ex candidato presidencial

Dr. José Antonio Ocampo, ex ministro de Estado

Distinguidos asistentes al Foro.

Sea lo primero agradecer al señor ex presidente de la República la oportunidad que ha brindado al Movimiento Colombia País de Regiones, a través de quien les habla, de exponer, en los próximos minutos, en el marco de este seminario del pensamiento socialdemócrata, un esbozo de nuestra concepción política de cómo debe ser el diseño del Estado colombiano para que responda a la multiplicidad de necesidades de la sociedad.

INTRODUCCIÓN

La historia de nuestra Independencia que lideró Simón Bolívar nos dejó múltiples enseñanzas sobre los procesos históricos. La principal es que no hay lucha de un día, el triunfo es el resultado de la constancia y la permanencia en la búsqueda de los objetivos y con base en este fundamento es que los modelos de los Estados deben procurar la mayor libertad y bienestar a la población.

Bolívar vio en el modelo federal norteamericano una forma apropiada y coherente de organizar el poder político en el territorio de una Nación. Lo que Bolívar no concebía era que en ese momento de la Independencia existiera la ciudadanía consolidada que permitiera su realización. Hoy, con siglos de vida democrática y con una ciudadanía libre en las regiones ha llegado el momento de la Autonomía Regional.

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Desde las regiones estamos empeñados en lograr la transformación del Estado, de tal manera que su organización en Colombia tenga como eje fundamental: el Estado Regional. Esto lo consideramos tan importante que se ha convertido en la base de nuestra plataforma política para dar los pasos decisivos y certeros en la visión que tenemos de esta gran Nación.

Nuestra propuesta parte de reconocer una realidad: el modelo de Estado centralista y de fuerte presidencialismo se agotó. Un Estado con una pesada burocracia centralizada se aleja del ciudadano de las regiones y se convierte en un cuerpo pesado e insostenible. Es necesario organizar el país de tal manera que podamos tener, en las regiones, realmente un mayor control sobre nuestros asuntos públicos.

La meta más clara es mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos y su calidad de vida para poder desarrollar al máximo nuestro potencial económico y así lograr una verdadera justicia redistributiva.

La autonomía es libertad política e igualdad en la diferencia: es un derecho colectivo de la ciudadanía de las Regiones para autogobernarse sin la interferencia de poderes lejanos.

Nuestra historia está llena de ejemplos acerca de diferencias de criterios al respecto. Desde la época de Bolívar y San Martín cada uno tenía su visión de Estado y cómo debía estructurarse. San Martín promovía una Independencia dentro del orden y trató de mantener las relaciones tradicionales entre las diferentes clases sociales. Bolívar, por el contrario, promovió hasta la confrontación entre las clases sociales en caso de que fuese necesario para lograr objetivos.

El Estado que queremos transformar hoy es un actor significativo del sistema social. Es el empresario más importante y poderoso de la economía nacional por su presupuesto y por sus ingresos. Empresario, en el sentido más estricto, es decir, el que emprende grandes iniciativas, el que fomenta la riqueza privada y la distribución equitativa de las libertades y riquezas y debe estar enmarcado en un ambiente de justicia.

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El Estado es el mejor cliente comprador de bienes y servicios y ejerce la acción redistributiva de los recursos mediante el manejo de la economía. Es el encargado de construir medios de comunicación, infraestructura y, además, define las políticas sociales. Por esta razón el Estado tiene que adoptar una configuración democrática y unitaria con Autonomía Regional.

En consecuencia, con un Estado orientado, enfocado y organizado con niveles de autonomías se lograrán resultados benéficos para las poblaciones de las regiones, de allí que la construcción metódica del Estado Regional sea una “gran empresa” que debe ser acometida con un espíritu ambicioso y por ello la visionamos como nuestra gran obra colosal para que estas y las siguientes generaciones vivan en un país más justo y equitativo desde la perspectiva Regional.

Hoy hemos sido convocados por tres temas en los que nuestra tendencia Liberal Social Demócrata debe profundizar: 1) El Modelo Económico, Social y Ambiental Incluyente como proceso persistente de cambio estructural que incorpore nuevas tecnologías en la producción y exportación de bienes y servicios, 2) El Proceso de Paz que debemos apoyar para que sea exitoso, que afecta nuestra vida, nuestra libertad y seguridad. Acuerdo de Paz que no debe reducirse a un pacto entre actores armados ilegales y el Estado sino que tiene que involucrar a la ciudadanía en todas las regiones, para que se suscriba, posteriormente, un nuevo pacto político democrático a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, ninguno de los dos tópicos, es decir, el modelo económico, social y ambiental incluyente y el proceso de paz son suficientes sin un ordenamiento adecuado del territorio del país donde se aplique el modelo económico y pongamos en práctica los acuerdos de la paz.

I) HISTORIA

En síntesis, la sociedad colombiana se caracteriza por una concentración del ingreso y la riqueza, con una organización estatal que la facilita, la promueve, la defiende y la reproduce en materia fiscal y presupuestal.

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Como resultado de esa simbiosis perversa se presenta un alto nivel de pobreza en las regiones. Según las cifras del DANE en 2009 los pobres eran 18 millones de colombianos de los cuales 12 millones estaban ubicados en zonas distintas al Triángulo de Oro (Bogotá, Medellín y Cali) y el 14% de esos 45 millones de colombianos está en la indigencia, la mayoría, ubicados en Cesar, Sucre, Magdalena, Choco, La Guajira y Bolívar por solo citar los casos más agudos en los que hay familias de 4 miembros que viven con menos de 300 mil pesos mensuales.

El modelo estatal centralizado es uno de los instrumentos que ha incentivado esa la pobreza, hasta llevarla a niveles de miseria.

En las comunidades socio políticas de nuestros aborígenes precolombinos se encuentran fuertes rasgos institucionales de organización autonomista que se caracterizaron por la administración directa y participativa de los asuntos públicos, es decir, por aquellos que eran de interés de toda la sociedad comunal indígena.

Desde los primeros ensayos emancipadores de nuestros patriotas ocurridos entre 1810 y 1814, se evidenciaron tendencias autonomistas deslindadas de la estructura colonial española. Ejemplo de ello, las declaraciones de independencia de Mompox, Mariquita y el Socorro; así como lo consignado en el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y en las Constituciones de los Estados de Cundinamarca de 1811 y 1812, de Tunja de 1811, de Bolívar de 1811 y de Antioquia de 1812.

Sin embargo, luego de la guerra independentista, desde la fundación del Estado republicano a través de la Constitución de 1821 se presentaron tensiones entre las concepciones de un Estado centralista y de un Estado autonomista: moderada o radical.

La Convención de Ocaña de 1826 fue uno de los escenarios donde se hicieron evidentes esas tensiones opuestas que tuvieron una primigenia concreción transaccional en la Constitución de 1832.

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Posteriormente, esa aspiración autonómica se reflejó, aunque tímida y nominalmente, en la Constitución de la Confederación Granadina de 1858.

Todas las aspiraciones autonómicas de entonces, acumuladas luego de tres siglos de pérdidas y frustraciones sistemáticas, desembocaron en el federalismo radical de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia o Constitución de Rionegro de 1863 que con ribetes extremistas anuló las posibilidades de un Estado fuerte, capaz de liderar el proceso de consolidación de la economía nacional, el monopolio de las armas por parte del Estado y la implementación de un sistema monetario nacional único, pero por sobre todas las cosas, un orden social justo.

23 años después, esto es, con la Constitución de 1886, no obstante haberse introducido la descentralización administrativa territorial como fórmula compensatoria paliativa, no consensuada, se inauguró un nuevo extremismo, en este caso, con la restauración del Estado centralista cuasi absoluto, como imposición de los vencedores de la confrontación bélica de 1885.

A los antiguos Estados federados se les privó del manejo de sus bienes y recursos, y se les limitó en el manejo de la hacienda pública, incluido el régimen tributario. Ni siquiera la Guerra de los Mil Días que cerró y abrió respectivamente los siglos XIX y XX en nuestro país, logró conquistar una auténtica autonomía de los territorios, entendida ésta como la que permite la autogestión y la autodeterminación del quehacer administrativo, económico y político en función de redimir, con criterio de justicia, el gran cúmulo de necesidades sociales históricamente acumuladas.

Antes de la Constitución de 1991 no tuvimos avances significativos en la autonomía territorial, pese a que en 1968 se institucionalizó la descentralización por servicios en la estructura del Estado, dado que sólo sirvió como instrumento de organización técnica, de planeación y planificación, puesto que no solo dejó intacto el centralismo político y administrativo sino que lo fortaleció.

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La Asamblea Constitucional del año 1977 que se proyectaba como el cuerpo constituyente que habría de abordar una profunda transformación de la estructura del Estado en materia de administración de justicia y del régimen administrativo territorial quedó frustrada por la declaratoria de inexequibilidad de la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que el Congreso, corporación política que en el acto plebiscitario de 1957 había sido designado por el constituyente primario para ejercer la función constituyente, no podía delegar lo que se le había delegado, lo cual era tanto como decir que el constituyente derivado no podía devolver la función constituyente a los ciudadanos para que estos decidieran, a través de delegados, aspectos puntuales de la administración de justicia y de la organización administrativa territorial.

Más de siglo y medio de frustraciones, luego del inicio de la República, en la consecución de mayores grados de autonomía parecieron desaparecer cuando en 1991 la Asamblea Constituyente, en reconocimiento de la existencia de regiones sociológicas reales, acogió nuestra propuesta de crear regiones como entidades territoriales jurídicamente organizadas (artículo 306 de la Constitución).

Sin embargo, las reservas que tuvieron algunos constituyentes, especialmente por el poco conocimiento que tenían de las bondades de esa institución y el infundado temor a avanzar a mayores grados de autonomía, hizo que se condicionara su creación y funcionamiento institucional efectivo a la Ley de Ordenamiento Territorial, a la Comisión de Ordenamiento Territorial y a la aprobación mediante referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados (artículo 307 de la Constitución).

Luego de 20 años de haberse expedido la Constitución de 1991 el Congreso emitió la ley de ordenamiento territorial (Ley 1454 del 28 de junio de 2011), pero en una grave e inexcusable omisión reglamentó lo atinente a las regiones y a los territorios indígenas, sin que la Corte Constitucional, de quien

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se esperaba un drástico pronunciamiento, adoptara medidas encaminadas a aplicar u ordenar que se hiciera efectiva la Constitución.

El error cometido hasta ahora de no haber hecho jurídicamente real las regiones, como entidades territoriales, ni el de haber desarrollado como tales, de manera efectiva, los territorios indígenas, ha contribuido a que con el actual régimen estatal y social inequitativo de distribución de la riqueza, la pobreza y la miseria de las regiones se hayan multiplicado geométricamente.

Está demostrado que el estancamiento impuesto por este régimen político exige una revolución pacífica e institucional, cuyo punto de partida fue expresión del constituyente primario con el Voto Caribe en el año 2010, con más de 2 millones y medio de votos, y ahora debe ser la expresión del constituyente primario nacional. Por eso es imprescindible una Asamblea Constituyente, que haga efectiva la Autonomía regional e indígena ¡Ya!

II) UN PROYECTO POLÍTICO, ¡YA!

Las circunstancias nos han llevado a quemar etapas durante varias décadas llenas de tropiezos, burlas e incomprensiones. Hemos pasado por el Voto Caribe, recolección de firmas y ahora nuestra candidatura a la Presidencia de la República, aún por fuera del PLC que tomó la decisión de apoyar la reelección.

Hoy, seguimos con el firme propósito para que el proyecto de ‘Colombia, País de Regiones’ aparezca en el Tarjetón Presidencial, hecho que lo convierte en la propuesta política más ambiciosa y responsable de nuestra generación en materia de ordenamiento territorial, iniciativa que nace y se nutre desde las regiones al proclamar una justa y auténtica unidad nacional.

Es un planteamiento político donde queremos ser cada vez más proactivos, constructores de nuestro desarrollo económico y cada vez más competitivos desde el nivel regional. Queremos promover una propuesta de verdadera transformación del Estado al tomar distancia del Estado Centralista Monárquico y absolutista que impusieron los españoles hace 500 años y que aún no hemos podido superar.

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La Autonomía Regional debe implantar un nuevo concepto básico que por su naturaleza es transversal para que defina la filosofía de la organización de la sociedad civil, en especial el de un modelo de Estado que cumpla a cabalidad sus funciones con los diversos órganos que ejerce el poder público, pero de una manera diferente. Un poder político descentralizado y con participación de la ciudadanía regional es necesario y urgente. No da espera en un proceso de democratización.

¿Cómo se diseña ese poder?, ¿Cómo se distribuye la autoridad en el territorio nacional en temas como: la economía, la justicia, el manejo de la administración de los recursos, de lo social? Ese concepto transversal debe ser la Autonomía Regional que debe prevalecer en el diseño de las funciones del Estado. Es un cambio de mentalidad. Es el momento del nacimiento de una mentalidad democrática real y de superación del clientelismo.

Existe ahora la oportunidad de que sea el poder del pueblo el que con su voto tome la decisión de definir esa filosofía y de construir su propio camino, su propio destino, su propia modalidad de Estado. Hay solo dos caminos: O seguimos en un Estado Centralista o evolucionamos a un Estado Regional que supere lo que está consagrado en la Constitución del 91. Se requiere una nueva forma de organización del poder político.

No podemos aceptar eternamente la excusa de que el Estado Federal llevó a varias guerras a partir de 1860, en lo que se llamó una “anarquía organizada” que justificó el restablecimiento del Estado Centralista a partir de 1886. Es una excusa inaceptable porque no fue el modelo federal el causante de la tragedia, tanto es así que el Estado centralista ha sido incapaz de superar las guerras.

También es inaceptable el pretexto de que no estamos aún preparados o que el pueblo no puede tomar una decisión de este calibre. Estas explicaciones ya no son válidas, no nos satisfacen. El pueblo sabe lo que quiere, tenemos el categórico antecedente del Voto Caribe que permitió que 2.5 millones de ciudadanos se expresaran, contundentemente, a favor de la autonomía regional y eso no se puede esconder bajo la alfombra.

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Nos han hecho creer que hay que esperar. Simplemente utilizan esas artimañas para mantener los beneficios y la concentración del poder que les genera el estado centralista, sin los resultados de redistribución y justicia política que necesitamos TODOS los colombianos.

III) JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO POLÍTICO

La verdadera justificación de este proyecto político son las insostenibles condiciones de vida de la periferia en Colombia. Colombia tiene uno de los peores balances en materia de distribución del ingreso en el mundo: El 10% más rico tiene ingresos 23 veces superior que el 40% más pobre.

Totalmente contrario a como fue concebida en la Constituyente, la LOOT se ha convertido en el máximo símbolo del menosprecio del sistema centralista con las regiones. Impuso criterios y conceptos que garantizan la continuidad del centralismo y paralizan la posibilidad de construir unos niveles de gobierno mejor dotados en las regiones.

DESEQUILIBRIO REGIONAL. La magnitud y la tendencia de las disparidades económicas y sociales entre los Departamentos del país se pueden apreciar de manera general en indicadores como el producto interno bruto (PIB) y las necesidades básicas insatisfechas (NBI).

La producción económica nacional está concentrada en unos pocos Departamentos y en la capital del país. La mitad del PIB, en el año 2005, provino de Bogotá (22,6%), Antioquia (15,2%) Valle del Cauca (11,2%). Estos tres entes territoriales, según el censo de 2005, albergan el 38,8% de la población del país. Si además se agregan los siguientes tres departamentos con mayor contribución al PIB –Santander, Cundinamarca y Atlántico, que producen cada uno, en promedio, el 5% del PIB nacional–, se observa que cinco de los 32 departamentos del país más el Distrito Capital concentran el 66% del PIB y el 54% de la población.

Desde el punto de vista de las tendencias en la distribución del PIB, al comparar los años 1990 y 2005 se aprecia que la concentración ha disminuido ligeramente. Mientras que en 1990, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca aportaban el 51,2% al PIB nacional, en el 2005 su participación era del

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49%, lo que indica que aunque subsiste una elevada concentración de la producción en pocas entidades territoriales, la tendencia no se está acentuando.

Desde el punto de vista de la distribución relativa del producto y de las condiciones sociales, observadas a través del PIB per cápita y el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas, los contrastes entre los Departamentos más avanzados y los de menor desarrollo relativo son más notorios. Sin tener en cuenta los casos especiales de los Departamentos que dependen básicamente de la producción minera y de algunos con bases económicas en formación y reducidos tamaños poblacionales, se encuentra que en el caso del PIB per cápita los departamentos con los niveles más altos en 2005 –Bogotá, Santander, Antioquia y Valle del Cauca– presentan un valor tres veces mayor que el de los departamentos de menor desarrollo relativo – como Putumayo, Guainía, Chocó, Sucre, Amazonas, Nariño y Guaviare–. Además, si se considera la posición relativa de los departamentos respecto al promedio de PIB per cápita nacional, se encuentra que, tanto en el año 1990 como en el 2005, 11 departamentos estaban por encima de la media nacional, lo cual indica una relativa estabilidad de los mismos departamentos respecto al producto per cápita.

En relación con las Necesidades Básicas Insatisfechas, según los resultados del Censo General de población de 2005, se encuentra que las entidades de mayor nivel relativo de desarrollo –Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda– tienen en promedio el 17% de la población con NBI, mientras que los nueve departamentos con el menor PIB per cápita –Chocó, Vichada, Guainía, La Guajira, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cauca–, Departamentos con predominio de la minería: Arauca, Casanare, La Guajira, Cesar. Departamentos de reciente formación: Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare tienen en promedio el 55% de su población con NBI; es decir, estos últimos Departamentos tienen una proporción de pobreza tres veces mayor que la de los Departamentos de mayor desarrollo relativo.

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En el caso específico de la región Caribe, los Departamentos de Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena y Cesar poseen proporciones de población con Necesidades Básicas Insatisfechas superiores a la media nacional, lo cual, evidencia la desigualdad social que hay en el país.

IV) LA LUCHA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN Y LA AUTONOMÍA REGIONAL.

Un problema gravísimo en lo público es la corrupción generalizada y el fracaso del Estado y sus autoridades para lograr combatirla con eficacia, eficiencia y oportunidad. El Estado ha creado todo tipo de instituciones y reglas jurídicas, sin embargo, no han sido las más correctas para combatirla. El Estado ha realizado reformas a la administración de justicia y todas han fracasado.

Lo que no han visualizado es que el combate de la corrupción no es posible que tenga éxito por fuera de la participación política de la ciudadanía y solo se ha desarrollado tal enfrentamiento con las autoridades del Estado y desde la burocracia estatal, pasando por alto que un actor principal es el ciudadano desde el ejercicio de la política.

Un poder político, lejano y extraño, así lo siente el ciudadano excluido de la política. Una administración pública y de justicia que ignora al ciudadano porque no le facilita el derecho a participar en el autogobierno, imposibilita la derrota a la corrupción. El poder lejano fomenta el clientelismo al hacer necesaria la intermediación entre el ciudadano y el poder político.

Los centralistas han logrado construir un imaginario, según el cual, la corrupción está fortalecida en las regiones y que son los políticos y administradores de estas zonas del país a quienes se les atribuye la responsabilidad de la fuerte corrupción. Esto no responde a la realidad debido a que la corrupción en las regiones es propiciada por el mismo centralismo que maneja sus recursos y los administra.

Ese imaginario, además, tiene algo más grave que constituye una inaceptable conducta discriminatoria que parte de asumir que todo lo de las regiones es

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malo y que los ciudadanos carecen de capacidad y moralidad para autogobernarse y deben ser gobernados desde el centro. Esta discriminación asume como una absurda verdad que estos ciudadanos son menores de edad.

¿Cuál es, entonces, la alternativa contra de la corrupción? No existe otra que descentralizar el poder político. Cuando el ciudadano tenga en la Comuna el poder político para decidir acerca de sus asuntos locales, derrotará la corrupción porque es la Comuna la que tendría la atribución constitucional para ello y no la caricatura de autonomía, de poder que hoy tiene.

En la democracia en América, Tocqueville, dice: “(…) quitad la fuerza y la independencia a la Comuna y sólo encontraréis en ella administrados y nunca ciudadanos”. La Autonomía Regional encuentra en la Comuna la fuente del poder. El poder construido desde abajo es el que permite la consolidación del espíritu de ciudadanía, única alternativa real para vencer la corrupción mediante una clara participación y transparencia ciudadana.

La democracia, en la sociedad moderna, tiene que construirse de abajo hacia arriba. En su discurso en Gettysburg, Pensilvania, en 1863, Abraham Lincoln, dijo: “La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, por ello, una real democracia tiene que hacer que el ciudadano deje de ser administrado y se transforme en ciudadano, y lo hace participando en la administración política de la cosa pública. Cuando sean las Regiones Autónomas las que decidan legislativamente sobre sus asuntos regionales, y no se los decidan desde el parlamento nacional, desaparecerá la mediación que fomenta el clientelismo. Cuando el Presidente de la República pierda el poder para reglamentar acerca de los asuntos regionales y locales, la democracia se fortalecerá y en un ambiente de libertad política se derrotará la corrupción.

El combate eficaz en contra de la corrupción es una lucha política, no es de otra manera como puede ser desarrollada. Las Contralorías, Procuradurías, Fiscalía, Oficinas y Estatutos Anticorrupción han fracasado y fracasarán en el actual modelo que aleja al ciudadano del poder político. La transformación del modelo de Estado es el camino para combatir la corrupción, no hay otro.

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La Autonomía Regional al liberar a la ciudadanía de las Regiones de su condición de administrados y transformarlos en ciudadanos, permitirá que las políticas neoliberales sean derrotadas porque el pueblo no puede permitir que se continúe desde arriba con la destrucción del modelo de Estado de Bienestar, propio de un Estado Social y Democrático de Derecho. La Autonomía Regional limitará el poder del presidencialismo excesivo y paquidérmico.

De hecho, los estudios de organismos y académicos internacionales de prestigio sobre la corrupción confirman que las naciones en las que el poder político está descentralizado, hay un óptimo desarrollo humano e inclusión y las autoridades públicas trabajan con mayor transparencia que en las naciones centralizadas. En esa línea de acción, la lucha contra la corrupción hay que realizarla desde la libertad política de los ciudadanos de las regiones en todo el país.

V) AVANCES DEL DESARROLLO REGIONAL A NIVEL INTERNACIONAL

Queremos enfatizar en el avance del tema a nivel Internacional. Los estudios hechos en el año 2007 por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) han profundizado en cuáles son los éxitos y las dificultades de los “multiniveles de gobernabilidad” en cada país y cómo deben organizarse esos niveles para obtener la mejor coordinación estatal en beneficio de la gente.

También explica los desafíos y las oportunidades de los gobiernos regionales y su relación con el Gobierno Nacional y la manera en que, a través de acuerdos, se logra el manejo más eficiente de las relaciones entre sus diferentes niveles de gobierno.

Además profundiza en la forma en que se han dado pasos hacia la ‘transferencia de autoridad’ para lograr la mayor eficacia en los procesos de descentralización, y cómo a través del aprendizaje de experiencias se puede mejorar la eficiencia. En Colombia, por el contrario, la Loot niega y paraliza el proceso de ambas partes, tanto del nivel nacional como el regional.

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Explica, también, la OECD como la auditoria y el control se convierte en el principal elemento para la búsqueda de mejores resultados a través de los convenios políticos que sirven de marco para los procesos de descentralización.

Se estudian diferentes casos: como el italiano con sus 20 regiones, con capacidad administrativa y legislativa: Allí se manejan a través del APQ que son Acuerdos de Programas Cuadros, y se han dedicado a construir un sistema de apoyo a la ejecución basados en bonificaciones y sanciones que permiten una mejor forma de resolver los conflictos y han logrado empoderar a los niveles de gobierno.

El caso de Alemania: tiene 16 LANDERS encargados del desarrollo regional de su territorio y de la estructura económica que a pesar de tener un gobierno federal muy sólido, también tiene un gobierno central que mantiene la iniciativa, en muchas de las delegaciones, sobre el gasto y demás, no obstante, los Landers deben velar por el desarrollo de la innovación y el crecimiento. Ellos, los alemanes, han llegado a un federalismo ejecutivo.

El gobierno de España es una mezcla del Estado de descentralización con cooperación. Es el que sirvió de modelo de la Constitución del 91, pero desafortunadamente no fue adoptado por el Constituyente.

El gobierno de Canadá también maneja un sistema de acuerdos o convenios entre los diferentes niveles de gobierno.

En resumen, el mundo camina hacia una descentralización en su verdadera dimensión financiera que incrementa las responsabilidades locales. Más poder para los gobiernos subnacionales es lo natural en todos los países desarrollados, para empoderarlos con unos mayores niveles de responsabilidad y búsqueda de mayor eficiencia en los resultados.

No obstante, también hay que crear un sólido régimen de controles con incentivos para que esa descentralización sea eficaz y genere penalizaciones en caso de incumplimientos a los acuerdos que se logren entre el gobierno central y el gobierno local.

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VI) EL ESTADO REGIONAL

De lo que se trata entonces es de la construcción del Estado Regional que es una nueva manera de pensar la organización del país en todos los sentidos.

El espacio local es el mejor ámbito para complementar las formas de gobierno con verdadero rostro humano. Hay que brindar mejores resultados a la gente, hay que generar proyectos de descentralización donde haya un sistema de transferencia de recursos y competencias entre los niveles de gobiernos porque el actual sistema centralista y neoliberal es lo más parecido al que rigen las empresas privadas que quieren someter la toma de decisiones a simples criterios neoliberales de calidad y eficiencia, y pasa a un segundo plano el bienestar de los empleados.

En el Estado regional, la autonomía tiene mayores poderes propios a los de los Estados miembros de una federación, pero están limitados porque son poderes autónomos, mas no soberanos.

Veamos este criterio de Autonomía Regional aplicado a algunos elementos del Estado:

A) ECONOMÍA Y AUTONOMÍA FISCAL

En todo esquema político administrativo o en cualquier estrategia de desarrollo el financiamiento es un asunto álgido para materializar las expectativas que se plantean.

Para el caso del Estado Regional que proponemos su financiación necesita de una hacienda pública regional fuerte que permita crear las bases de un desarrollo regional autónomo. Se requiere, entonces, que las regiones cuenten con los suficientes recursos que les faciliten cubrir sus necesidades de inversión en infraestructura física y social.

En este orden de ideas, la autonomía fiscal regional partiría de dotar a estos entes territoriales de suficiente poder fiscal para la implantación de una estructura tributaria propia que les permita gravar, en forma autónoma, la

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base económica regional y entregarles la autonomía de la explotación de sus recursos naturales bajo un esquema de coparticipación con el nivel central del Estado Regional, para fortalecer, entre otros asuntos, los ingresos de la hacienda pública regional.

La autonomía fiscal se vería igualmente fortalecida con la participación de las regiones en la definición de las políticas sectoriales para encauzar el gasto público nacional que ejecutaría el nivel central del Estado Regional.

Adicionalmente deben establecerse, como complementos a los recursos propios de las regiones, transferencias intergubernamentales, manejadas con autonomía por las regiones, que proporcionen recursos financieros adicionales para corregir los desfases entre ingresos tributarios propios y necesidades del gasto a nivel regional o que tengan como objetivo la nivelación de las disparidades fiscales.

B) JUSTICIA

Sea lo primero decir que el Movimiento Colombia País de Regiones no solo considera necesario fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho sino propender por alcanzar un nivel superior de éste, de manera que logremos construir un Estado Social de Justicia, el cual, tenga como prioridad la redención social y un estatus básico de bienestar para todos.

La construcción real de una sociedad que tenga como ejes principales la Libertad, la Igualdad y la Seguridad de las personas es el presupuesto sobre el cual se erige la dignidad humana y la felicidad de todos los colombianos, por consiguiente, esos valores y principios hacen parte del paradigma llamado a concretar.

La existencia en nuestra sociedad de grandes contradicciones que se generan, en mayor medida, por la concentración social y estatal de la riqueza es la principal causa de injusticias y de conflictos que colapsan el aparato de la administración de justicia; de manera que en nuestra propuesta eficaz de

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administración judicial, el logro de la justicia material debe pasar por la erradicación de esos factores que los promueven.

En lo institucional orgánico, consideramos imperioso fortalecer la función de Altas Cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.

No obstante, el trabajo denodado y plausible de las mencionadas corporaciones judiciales se quiebra ante el funcionamiento paquidérmico, no funcional e ineficaz de la administración de lo judicial y se debe al carácter altamente centralizado que tiene (artículo 228 de la Constitución).

No se justifica que procesos judiciales comunes, esto es, de carácter civil, penal, laboral ordinario y contenciosos administrativos deban surtir la segunda instancia ante las Altas Cortes respectivas, pudiéndolo hacer ante los tribunales superiores y administrativos departamentales.

Asignar a las Altas Cortes la competencia para conocer de apelaciones ha contribuido grandemente a congestionarlas y a distraerlas en el conocimiento de juicios comunes y rutinarios que bien pueden asignárseles a los tribunales seccionales para garantizar una justicia oportuna.

En muchos casos, una apelación ante las Altas Cortes demora años, lo que quebranta el principio de la celeridad que debe gobernar las actuaciones de la administración de justicia.

Esa realidad impone la necesidad de replantear su funcionamiento centralista y como alternativa sustituirlo por uno autonomista, en el cual, las instancias ordinarias de las controversias judiciales se agoten en los tribunales departamentales.

En cuanto a la Corte Constitucional, además del Control de Constitucionalidad de las leyes expedidas por el Congreso Nacional, tendría el de las emitidas por los parlamentos regionales. Así mismo, conocería de los conflictos que se presenten entre las regiones.

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En este modelo que se propone, el Estado Regional requerirá la creación de tantos tribunales regionales como entidades territoriales de esta naturaleza sean creadas, a fin de que conozcan de las controversias judiciales que se susciten en el ámbito funcional y espacial de estos territorios, en razón de las disposiciones propias de sus correspondientes órganos legislativos y administrativos, así como de los conflictos con otras entidades territoriales que se encuentren en su área geográfica.

A la administración de justicia del nuevo Estado de Regiones deberá fortalecérsele su independencia; la autonomía del juez, sujeto a la Constitución, las leyes, los principios generales del derecho y a la jurisprudencia regional que sea calificada de vinculante. Además, deberá ser garantista y propender por la justicia material y, todos sus integrantes, desde los jueces municipales hasta los magistrados de las Altas Cortes deben ingresar por concurso y pertenecer a la carrera judicial y ser merecedores de remuneraciones dignas y decorosas.

C) EDUCACIÓN

La institucionalidad y los recursos son elementos que llevan al desarrollo de las regiones sí, y sólo sí, están articulados. Hay que subrayar la inequidad existente a la hora de repartir los recursos para la educación entre las regiones, ya que las variables son directamente proporcionales entre sí. Por ejemplo, a menor nivel de población atendida en educación menos son los recursos económicos destinados para la misma.

La Nación maneja el 89% de los ingresos nacionales, del 11% restante solo el 4% es conducido por los 32 Departamentos y el 7% por los 1.100 municipios, por lo tanto, la autonomía regional significaría más beneficios para la gente y sería un paso fundamental hacia el desarrollo del país, ya que los criterios de reparto serán al contrario, a la menor población atendida irán mayores

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recursos, puesto que se trata de construir un ‘Estado de Bienestar para todos y no un Estado de la Prosperidad para unos pocos’.

Por todo esto, la academis tiene que migrar de un concepto de universidad únicamente educadora y de investigación a una universidad emprendedora, negociante. Deben ser empresarias del conocimiento, socias de las empresas y productoras de patentes.

Gran preocupación surgió después de conocer los resultados de las Pruebas Pisa (Programa internacional para la evaluación de estudiantes). Da la impresión de que Colombia ha retrocedido en la calidad de su sistema educativo.

La Prueba Pisa ubica a Colombia en el puesto 62 de 65 países que están inscritos y que miden el conocimiento en matemáticas, lectura y ciencias.

Colombia obtuvo puntajes muy bajos en las trespruebas. Da la impresión que los estudiantes en el país no aprenden mucho en la escuela a pesar de los billones de pesos que el Gobierno invierte en su sistema educativo, además cabe destacar como el país no aprovechó la bonanza económica de los últimos años para apostarle más a la educación.

D) POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES INTERNACIONALES

Este aspecto es fundamental, desde el momento en que el Estado como principal sujeto del derecho internacional, ha empezado a disminuir su vigencia como actor de las relaciones internacionales, a tal punto, que los gobiernos regionales denominados en otros países entidades ‘sub nacional’, han empezado adquirir personalidad propia y sus actuaciones son mucho más dinámicas que el propio Estado.

Este caso sucede en la República de Colombia donde las diversas regiones que la constituyen, fortalecen la figura de la hermandad entre ciudades con otros Estados, incluso, están fomentando herramientas transfronterizas e

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implementan, con gran vigor, el desarrollo de la cooperación descentralizada, al seguir, los lineamientos que dictamina la evolución de los entes territoriales en lo que se ha denominado “DIMENSIÓN LOCAL-GLOBAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL” componente fundamental en la estructura de un Estado que por su complejidad, necesita un tratamiento especial para evitar que los conflictos internacionales, disminuyan el territorio nacional, como ha ocurrido recientemente con la perdida de 70 mil kilómetros cuadrados de la superficie territorial, en la región del Caribe colombiano.

Indiscutiblemente nuestra propuesta no puede divorciarse de la realidad y mantendremos la política exterior bajo el manejo del ejecutivo que representa el Presidente de la República y su canciller, con la variante fundamental de que las regiones de Colombia deberán estar representadas, por derecho propio en la COMISIÓN ASESORA DE RELACIONES EXTERIORES, con el propósito de evitar descalabros como los mencionados anteriormente y que causan un profundo dolor no solo territorial sino en la población.

Esta variante de la que hablamos también tendrá injerencia en la selección del CUERPO DIPLOMÁTICO, el cual, exigirá que su composición tenga una distribución equitativa donde estén representadas todas las regiones de Colombia, tanto en el concurso que se debe realizar anualmente como en los nombramientos, al tener presente que al 65% del territorio nacional hace parte de las fronteras de Colombia, con otros Estados y, por lo tanto, todas las regiones participan de este hecho transcendental.

Las regiones colombianas, estarán autorizadas para crear e instalar oficinas comerciales como “ oficinas comerciales o agregados comerciales” con el propósito de incrementar los contactos de inversionistas y hombres de negocio interesados en establecer lazos comerciales con las distintas regiones de Colombia, de esta manera, se fortalece la creación de una “DIPLOMACIA COMERCIAL”, que jalone los intercambios y realice un trabajo más competitivo y fluido con las multinacionales, con los organismos de

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cooperación internacional y los organismos dedicados al comercio, por tal razón, las regiones deberán ser participantes activos en las negociaciones de instrumentos comerciales o tratados de libre comercio donde se comprometan sus economías, para evitar el divorcio entre la realidad que se produce en las regiones con la política exterior centralizada.

La ACADEMIA DIPLOMÁTICA, deberá tener subsedes, en las regiones para preparar los futuros diplomáticos que representen las diferentes regiones y realidades que se desconocen en la actualidad. Igualmente, el Ministerio De Comercio Exterior deberá tener oficina en las regiones para consultar e implementar correctamente y sin atropellar las economías de los empresarios de las regiones.

De esta manera vamos a garantizar que la dimensión local-global de la política exterior fortalezca las regiones en el manejo de sus relaciones transfronterizas, la cooperación internacional de las regiones descentralizadas y la representación del cuerpo diplomático a través de una verdadera distribución geográfica de los representantes diplomáticos acorde con las regiones.

VII) AUTONOMÍA REGIONAL, ¡YA !UNA TAREA PARA LA JUVENTUD

A pesar de lo complejo de la propuesta consideramos que esta debe ser una tarea de la juventud, que es la arcilla fundamental que debemos preparar para que se convierta en la verdadera impulsora del proceso con convicción.

No podemos continuar con un sistema que simplemente se conforma a través de un Estado Centralista poderoso y pesado que toma todas las decisiones y que sencillamente le da plata al mendigo. Dar de comer al mendigo trae más mendicidad y no arregla el problema de fondo.

Por lo tanto el problema es estructural que el que hay que tratar de sostener y es un sistema que debe de estar buscado con el amor de un ideal que es la cualidad más importante para abrir un camino difícil. El amor por la tierra,

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por sus conciudadanos es la fuerza más potente que nos permite las transformaciones.

La ley del amor es el que gobierna el mundo. Hagámosla valer de una manera simple, como una gran decisión colectiva que hemos tomado en un instante de conciencia colectiva electoral como una oportunidad única.