Insumo General

Comisión Democracia Universitaria

Desde la reforma impulsada por la Dictadura de Augusto Pinochet, que fue el puntapié inicial de la

actual crisis del sistema educativo, es que se han expresado un abanico de problemáticas en las

universidades público-estatales. Dentro de estas problemáticas encontramos la falta de

democracia en los espacios universitarios, las cuales se traducen en que:

En la Universidad de La Frontera, las elecciones de autoridades solo consideran un 33% de los

académicos, los cuales están jerarquizados en base a una lógica discriminatoria que considera el

tipo de contratación y años de servicio, lo cual como señalábamos anteriormente está establecido

según la norma del DFL-156 del año 1981 en su artículo 25, que le confiere a este proceso un

carácter excluyente, sin participación de estudiantes ni funcionarios.

Junto con esto, nos enfrentamos a un modelo de desarrollo universitario que no recoge los

diagnósticos y necesidades emanadas desde la comunidad universitaria, modelo que ha sido

perpetuado por la lógica jerarquizada y excluyente en la que está envuelta la estructura directiva

de la Universidad de La Frontera, espacio en que se definen perspectivas de desarrollo tanto a la

interna como también líneas de de vinculación regional. Lo anterior se refleja también, en la falta

de espacios de participación conjunta y acceso a la información por parte de los estamentos.

Además también hemos podido identificar distintas dimensiones, en las que la falta de democracia

en nuestros espacios influye directamente:

A Nivel Social: La estructura hermética de la Universidad no sólo se refleja en la poca capacidad de

incidencia de los distintos estamentos en las decisiones fundamentales, sino también en la nula

participación que tiene el resto de la comunidad regional en la implementación de líneas de

desarrollo pertinentes a la región, aquí hacemos mención a organizaciones como juntas de

vecinos, sindicatos, escuelas, comunidades mapuche, entre otras.

A Nivel Estudiantil: la toma de decisiones a nivel administrativo, no se realiza desde una

perspectiva de mejorar la calidad académica, sino que responde a una lógica economicista, la cual

se ve expresada por ejemplo, en el cierre arbitrario de carreras en base a su rentabilidad y no a su

aporte al desarrollo del país. Bajo esta lógica, carreras que sí cumplen con los estándares de

rentabilidad, son expuestas a un sobrecupo para el cual la universidad no está preparada.

Encontramos también que el estudiantado no tiene injerencia alguna en la elaboración de sus

mallas curriculares, situación que afecta directamente el perfil del estudiante egresado.

A Nivel de Funcionarios: en lo que respecta a la carrera funcionaria, no existe un cumplimiento del

art. 9° de la Ley 18.834 que señala que la institución no puede tener más de un 20% de sus

funcionarios a contrata, ya que genera inestabilidad laboral, dificulta la posibilidad de ascensos, y

provoca además la restricción de acceso a beneficios sociales. A esto se agrega el estrés y acoso

laboral al cuál son sometidos los funcionarios, vulnerando claramente el código de buenas

prácticas laborales.

A Nivel de Académicos: a pesar de que el tipo de funciones que desarrollan son las mismas en la

mayoría de los académicos, que cumplen con funciones pedagógicas, de investigación científica,

entre otras, son jerarquizados en base a el tipo de contratación al cuál los somete la universidad,

dividiéndolos en académicos de primera y segunda, impidiendo a estos últimos votar en la

elección de sus autoridades a pesar de llevar, incluso, más de diez años de servicio.

Además de todas las problemáticas anteriormente señaladas, existen situaciones que afectan en el

diario vivir de la comunidad universitaria, como son la monopolización de los casinos y servicios de

fotocopias, en cuya licitación no se considera la opinión de los estamentos.

Es así como el funcionamiento de la universidad se vive y se muestra con una lógica mercantil,

antidemocrática y discriminativa, lo cual se confirma con la nula expresión de una comunidad

universitaria, impidiendo un aporte a la visión y misión de la universidad pública que queremos

construir.

Preguntas Guía

Si bien hemos planteado diagnostico y posición en este insumo, queremos construir una visión

amplia y que considere la opinión de cada integrante del estamento estudiantil, es por esto que

hacemos las siguientes preguntas:

¿Cuál es el rol que debe cumplir una universidad estatal?

¿Qué entendemos por comunidad educativa?

¿Cómo deben aportar los estudiantes a la transformación de la universidad?

¿Qué entendemos por democracia universitaria?

¿En qué se vería reflejada la democracia universitaria? Ej. Mallas curriculares, licitación de

espacios, etc. ¿cómo?