Informe Nunca Más. Argentina

PRÓLOGODurante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: «Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura » .No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos.

Nuestra Comisión no fue instituída para juzgar, pues para eso estan los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.Son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la persona a través de la historia y, en nuestro tiempo, desde los que consagró la Revolución Francesa hasta los estipulados en las Cartas Universales de Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo. Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra propia, estatuyeron en sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria.De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede

hablarse de «excesos individuales» ? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la delegación argentina, General Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores» . Así, cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los «excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia» , revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados.

Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a la luz del día, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban «zona libre» a las comisarías correspondientes. Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzanas y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras el resto de comando casi siempre destruía o robaba lo que era transportable. De ahí se partía hacia el antro en cuya puerta podía haber inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno: «Abandonad toda esperanza, los que entrais» .

De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra - ¡triste privilegio argentino! - que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus ¦ldas, la justicia los desconocía y los habeas corpus sólo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inutiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa.

En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror: «Por algo será» , se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos sin embargo vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpable de nada; porque la lucha contra los «subversivos» , con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque

el epiteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como «marxismo-leninismo» , «apátridas» , «materialistas y ateos» , «enemigos de los valores occidentales y cristianos» , todo era posible: desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esosamigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.

Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita verguenza por la violación en público; seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza.De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de nueve mil. Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aun vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal.Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebrosos rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado liberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aun en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían.

En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse, vuelven a repetir las consabidas razones de «la guerra sucia», de la salvación de la patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de represión. Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así: no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del

arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque, si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el poder judicial tiene en toda comunidad civilizada. Verdad y justicia, por otra parte, que permitirán vivir con honor a los hombres de las fuerzas armadas que son inocentes y que, de no procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación global e injusta. Verdad y justicia que permitirán a esas fuerzas considerarse como auténticas herederas de aquellos ejércitos que, con tanta heroicidad como pobreza, llevaron la libertad a medio continente.

Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crimenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo.Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.

INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACION. Chile.

Presidente de la Comisión: Raúl Rettig Guissen. Miembros de la Comisión: Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea Egaña, Mónica Jimenez de La Jara, Ricardo Martin Díaz, Laura Novoa Vázquez, Gonzalo Vial Correa, José Luis Zalaquet Daher. Secretario de la Comisión: Jorge Correa Sutil. Santiago de Chile, 4 de  marzo de 1991

E X O R D I OAl asumir la primera Magistratura de la Nación, el Sr. Presidente de la República proclamó como uno de sus mayores anhelos el de lograr la reconciliación entre todos los chilenos, haciendo propio así el deseo ferviente de la inmensa mayoría ciudadana. Nadie podría discutir que tal reconciliación se hace necesaria por la ocurrencia anterior de fenómenos que no admiten ignorancia: el de una profunda división entre los chilenos y el de la violación a los derechos humanos que afectó a muchas personas y alteró nuestra observancia tradicional de las normas de un Estado de Derecho.

El Sr. Presidente de la República pensó con acierto que el conocimiento cabal de las transgresiones a los fueros humanos era esencial para alcanzar la reconciliación tan deseada. Tuvo razón, por cierto, al vaciar ese pensamiento en el Decreto que creó nuestra Comisión y expresar en él que "sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias fundamentales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional". Es cierto también, como se expone en el mismo decreto, que sólo la verdad podría rehabilitar en el concepto público la dignidad de las víctimas, facilitar a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas debidamente y permitir reparar, en alguna medida, el daño causado.Así, el Jefe del Estado decidió encomendarnos la misión que para cada uno de nosotros será una de las de mayor significación en su vida, cual es, la de elaborar un informe sobre la verdad genérica relativa a las referidas violaciones, informe destinado al conocimiento del país, que estará así en situación de formarse un concepto racional y fundamentado sobre lo ocurrido. A la vez, tal conocimiento proporcionará a los poderes del Estado elementos que les faciliten la adoptación de las decisiones que a cada cual correspondan acerca del problema.El 9 de mayo del pasado año quedó jurídicamente constituída la Comisión, a la que se fijó para concluir su labor un plazo que se extingue el 9 de febrero corriente. Dentro de dicho plazo hemos concluído nuestra labor.

Nos permitimos decir por qué aceptamos el noble cometido con que se nos honró. Sabíamos de sus dificultades y cómo a ellas se aliaban nuestras propias limitaciones. Aceptamos, a pesar de ello, sin vacilar. Somos un grupo cuyos componentes sustentan diversos pensamientos explicativos de la vida. Nos sabemos cultores de diversas tradiciones, adherimos a distintas posturas políticas y juzgamos en forma diversa los contenidos de nuestra historia. Creemos, sí, en la identidad esencial de nuestra Patria y pensamos que ella debe ser protegida por un Estado que permanezca fiel a las normas de la Democracia, bajo todos los gobiernos que se sucedan en legítima alternancia. Aceptamos porque a todos nos une el mismo principio fundamental : el respeto a la persona humana por el hecho de serlo y el de considerarla amparada por derechos inalienables que ninguna circunstancia adjetiva, nacionalidad, credo, raza o ideología, puede válidamente autorizar que se conculquen. Derechos son éstos que ningún poder, sean cuales sean sus alcances, puede atropellar. Nos une la total convicción que ve en el ser humano y en su dignidad los límites infranqueables al actuar de otros hombres. Esa es la norma primacial de la convivencia humana. Nos une, finalmente, el anhelo de hacer de nuestra Patria una tierra digna de albergar a hijos de nuestra especie, señalada siempre como la expresión más alta de lo creado.Los derechos de cada persona son múltiples. Todos están ligados a los muchos valores que la Cultura reconoce, entre los cuales la vida, la libertad y la justicia son los de rango máximo. Nuestra tarea, sin embargo, debió centrarse en el examen de cómo ha sido agredido el valor más fundamental: la vida.

Se cumplía así, en primer lugar, con un deber moral hacia las víctimas, sus familias y sus deudos. Nos pareció, también, que mantener estos hechos dolorosos en un silencio, más forzado que real, no contribuía a la buena convivencia futura en nuestra patria. Estimamos, por el contrario, que colaborar con el Estado de Chile en el establecimiento de la verdad de un modo sereno e imparcial serviría a que la sociedad asumiera una actitud de

reconocimiento de esos hechos y que se iniciara de este modo el asentamiento de una buena motivación en contra de futuros atropellos. Así, los dolores del pasado, junto con promover el afán común de condenar lo indefendible, aportarían su fecundidad a la obligación de evitar la repetición de lo ocurrido y provocarían, en tal sentido, un consenso promotor de la reconciliación deseada.La labor de la Comisión era establecer un cuadro lo más completo posible sobre las más graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte y desapariciones cometidas por agentes del Estado o por particulares con fines políticos; reunir antecedentes que permitieran individualizar sus víctimas y establecer su suerte o paradero; recomendar las medidas de reparación y reivindicación que se creyeran de justicia y aquéllas que debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevas violaciones.

Todo el trabajo debió realizarse en nueve meses fatigosos. No contamos con facultad de imperio para exigir de nadie su comparecencia y debimos examinar y ponderar un cúmulo enorme de información para concluir estableciendo - conforme a nuestro recto criterio - lo ocurrido en cada uno de los casos que se nos presentaron y formarnos así, también, un cuadro genérico del fenómeno.Entrevistamos a cada persona que quiso presentar su caso y lo hicimos recorriendo el país de Norte a Sur. Algunos de nosotros viajaron al extranjero y obtuvieron la cooperación de las unidades diplomáticas de Chile, procurando así que ningún familiar se viera privado de hacernos llegar sus presentaciones. Pusimos en nuestro trabajo el propósito más puro de imparcialidad. Fuimos, por consiguiente, objetivos y nos preciamos de haber puesto en ello rigor y comprensión a la vez. Nadie podrá sostener que hemos inclinado nuestra ponderación en función de prejuicios o banderías. En todas nuestras decisiones hubo consenso alentador. Recibimos, sin excepción, la colaboración de todas las organizaciones humanitarias que habían recopilado antecedentes sobre estos mismos hechos. Sus archivos fueron abiertos para nuestro examen. Requerimos información relevante a organismos nacionales e internacionales. Despachamos cerca de dos mil oficios a entidades públicas y privadas y revisamos sus respuestas con la acucia que el caso requería. Fuimos depositarios de centenares de testimonios de aquéllos que voluntariamente quisieron colaborar y revisamos todos los antecedentes reunidos en cada uno de los casos hasta formarnos convicción de lo ocurrido. La colaboración de todas estas personas y organismos fue de un valor inconmensurable para nosotros y no tenemos otra forma de agradecerlo que señalarlo al hacer entrega de este informe.

El Ministro de Justicia puso a nuestro alcance con prontitud y diligencia los medios materiales para el cumplimiento de nuestra labor y contamos con la abnegada, leal y anónima colaboración de más de 60 personas que abandonaron sus ocupaciones habituales para dedicarse con entusiasmo y compromiso a las tareas de esta Comisión.Ahora entregamos al Sr. Presidente de la República los volúmenes que contiene nuestro informe. Hemos considerado nuestro deber incluir referencias a las circunstancias que vivió el país el 11 de septiembre de 1973, pues, aunque nada justificara las violaciones que relataremos, ello contribuirá a recordar el ambiente en el cual ellas pudieran encontrar alguna de sus raíces.Hemos establecido casos de muerte y desapariciones. En los primeros días posteriores al 11 de septiembre de 1973 se registraron caídos en enfrentamientos y víctimas de la violencia política de ambos bandos. A ellas, siguieron ejecuciones de varios centenares de prisioneros

políticos. Muchas de éstas fueron oficialmente explicadas en versiones que la Comisión no ha podido considerar aceptables o convincentes. Los cuerpos fueron con frecuencia abandonados u ocultados, produciéndose así las primeras desapariciones. Los hechos no fueron judicialmente investigados o sancionados.Con la consolidación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), las víctimas fueron seleccionadas por las unidades de inteligencia y mantenidas por lo general en lugares secretos de detención, donde se les interrogó por personal especializado y se les sometió a torturas. Los cuerpos de quienes murieron en estas circunstancias desaparecieron en forma tal que, en buen número, todavía no han podido ser encontrados. Los sistemas jurídicos normales de prevención resultaron insuficientes. Los recursos de amparo interpuestos por estas personas no prosperaron luego que el Ministerio del Interior negara las detenciones. No se practicaron por los jueces inspecciones a los lugares secretos de prisión o tortura.En agosto de 1977 se disolvió la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Las desapariciones se hicieron mucho menos frecuentes, aunque continuó la tortura con su secuela de muerte. Se produjeron enfrentamientos al oponerse resistencia armada a algunos operativos y ocurrieron otros hechos que esta Comisión debió calificar como ejecuciones.Al iniciarse la década de 1980 hubo ejecutados por comandos constituídos por agentes del Estado o que contaron con el amparo del aparato estatal.En este mismo período se organizaron o reorganizaron los grupos de ultra izquierda que optaban por la lucha armada. Retornaron al país contingentes preparados para la acción subversiva. Sus métodos y objetivos son diversos. Bajo pretextos políticos atentaron contra la vida de autoridades públicas, asesinaron a carabineros que custodiaban el orden, colocaron bombas con fines terroristas y efectuaron asaltos en que se mató a agentes públicos y a civiles.Las protestas nacionales que ocurrieron a partir de 1983 fueron un nuevo escenario donde agentes del Estado o civiles no identificados dieron muerte a oponentes políticos y alguno de éstos usaron también de la violencia homicida.Las consecuencias de estas violaciones alcanzaron a los parientes de las víctimas alterando radicalmente sus vidas. Este informe da cuenta también de ello. Muestra el dolor, la marginación y el miedo en que aún hoy se debaten esos grupos familiares. El Estado de Chile ha de volcarse hacia ellos y obtener su perdón para la sociedad que los hirió. Esta debe imbuirse de lo ocurrido para poder mirar limpiamente el futuro.Si reconstituir la verdad ha sido una ardua tarea para esta Comisión, emplearla para la Reconciliación Nacional es un delicado y fundamental deber de todos los chilenos. ¿Cómo sacar partido de la verdad que hemos procurado sistematizar en nuestra investigación y dado a conocer en nuestro informe? Creemos firmemente que los chilenos hemos de coger de esa verdad lo que nos hace responsables a todos y a cada uno; entender que la violencia represiva y la extremista tienen aspectos que no sólo han de pesar sobre las conciencias de los autores directos de los crímenes. Lo contrario sería estrechar la visión con que hemos de abarcar el significado de lo que pasó. La verdad es que el anhelo de evitar su repetición requiere de una actitud espiritual distinta.Tal actitud es la de reflexionar con devoción cívica acerca de cómo hemos de comportarnos en el futuro. De esa reflexión debe arrancar el convencimiento cabal que lleve a la certeza de ser la plenitud democrática y el Estado de Derecho los únicos diques capaces de contener la violencia, de hacerla inútil y de proscribirla de manera permanente. Sólo así el país estará a salvo de nuevas manifestaciones que hagan de la fuerza ilegítima la rectora de la convivencia y del crimen el recurso habitual de los disidentes. Meditación y educación

orientadas al entendimiento entre los chilenos son las obligaciones imperiosas que nos impone el examen de la secuencia de tragedia que hemos debido exponer.El daño causado a muchos chilenos admite en cierta medida alguna reparación. Un capítulo especial de este informe se preocupa de este tema de tanta significación humana.Terminamos agradeciendo al Sr. Presidente de la República el habernos llamado a participar en la tarea que nos señaló. Lo hemos cumplido con sacrificio y con agrado. Los conceptos, en este caso, no se oponen.Agradecemos también a quienes confiaron en nosotros haciéndose presente en nuestra sede o desde lejos para entregarnos su angustia, su preocupación y su esperanza. Su sinceridad, su disciplina en el dolor y su fe en la obtención de la rehabilitación de los suyos nos ha enriquecido emocionalmente. Acaso nos haya hecho mejores.Hacemos entrega del Informe pedido.

DECRETO SUPREMO Nº 355PODER EJECUTIVOMINISTERIO DE JUSTICIASUBSECRETARIA DEL INTERIORCREA COMISION DE VERDAD Y RECONCILIACIONSantiago, 25 de Abril de 1990.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 355.- Considerando:1º.- Que la conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990;2º.- Que sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional;3º.- Que sólo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto público la dignidad de las víctimas, facilitará a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas como corresponde y permitirá reparar en alguna medida el daño causado;4º.- Que el juzgamiento de cada caso particular, para establecer los delitos que puedan haberse cometido, individualizar a los culpables y aplicar las sanciones que correspondan, es atribución exclusiva de los Tribunales de Justicia.5º.- Que el ejercicio de las acciones judiciales para dichos efectos, no permite esperar que el país pueda lograr una apreciación global sobre lo ocurrido en un plazo más o menos breve;6º.- Que la demora en la formación de un serio concepto colectivo al respecto es un factor de perturbación de la convivencia nacional y conspira contra el anhelo de reencuentro pacífico entre los chilenos;7º.- Que sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los Tribunales de Justicia, es deber del Presidente de la República, en cuanto encargado del gobierno y la administración del Estado y responsable de promover el bien común de la sociedad, hacer todo lo que su autoridad le permita para contribuir al más pronto y efectivo esclarecimiento de esa verdad;8º.- Que el informe en conciencia de personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país, que reciban, recojan y analicen todos los antecedentes que se les proporcionen o puedan obtener sobre las más graves violaciones a los derechos humanos, permitirá a la opinión nacional formarse un concepto racional y fundado sobre lo ocurrido y

proporcionará a los Poderes del Estado elementos que les permitan o faciliten la adopción de las decisiones que a cada cual correspondan;9º.- Que para satisfacer sus objetivos, la tarea de esas personas ha de cumplirse en un lapso relativamente breve, lo que exige limitarla a los casos de desapariciones de personas detenidas, ejecuciones, torturas con resultado muerte cometidos por agentes del Estado o personas al servicio de éstos, secuestros y atentados contra la vida de las personas ejecutados por particulares bajo pretextos políticos, de manera de proporcionar al país un cuadro global sobre los hechos que más gravemente han afectado la convivencia nacional;Y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 24 y 32 Nº 8 de la Constitución Política de la República, en relación con los incisos cuarto y quinto del artículo 1º y con el inciso segundo del artículo 5º de la misma Carta,

Decreto:Artículo primero:Créase una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tendrá como objeto contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos.Para estos efectos se entenderá por graves violaciones las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.En cumplimiento de su cometido la Comisión procurará:a) Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias;b) Reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero;c) Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia; yd) Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deben adoptarse para impedir o prevenir la comisión de los hechos a que este artículo se refiere.Artículo segundo:En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento.Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal que corresponda.

Guatemala: Memoria del Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)

Prólogo

Guatemala es un país de contrastes y contradicciones, situado en la mitad del continente americano, bañado por las olas del mar Caribe y del Pacífico. Sus habitantes conviven en una Nación de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, dentro de un Estado emergido del triunfo de las fuerzas liberales en Centroamérica. Guatemala ha tenido hermosas y dignas épocas desde el inicio de la cultura maya milenaria hasta nuestros tiempos; su nombre ha sido glorificado por su ciencia, sus obras, su arte, su cultura, por hombres y mujeres ilustres y humildes, honrados y de paz, por el Premio Nobel de Literatura y por el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, en Guatemala se han escrito páginas de vergüenza e infamia, ignominia y de terror, de dolor y de llanto como producto del enfrentamiento armado entre hermanos. Por más de 34 años, los guatemaltecos vivieron bajo la sombra del miedo, la muerte y la desaparición como amenazas cotidianas para el ciudadano común.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue establecida mediante el Acuerdo de Oslo, del 23 de junio de 1994, para esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado. La Comisión no fue instituida para juzgar, pues para esto deben funcionar los tribunales de justicia, sino para esclarecer la historia de lo acontecido durante más de tres décadas de guerra fratricida.

Cuando los Comisionados integramos la ceh, cada uno por diferente camino y todos por azares de la vida, sabíamos en sus grandes líneas lo que había sucedido. Los dos Comisionados guatemaltecos vivimos toda la tragedia en suelo patrio y, en una u otra forma, la padecimos. Sin embargo, ninguno imaginó la dantesca magnitud de lo ocurrido.

Fue mandato de la Comisión dar respuesta a interrogantes que continúan vigentes en estos tiempos de paz: ¿Por qué un sector de la población recurrió a la violencia armada para alcanzar el poder político? ¿Qué explica los actos de violencia desmedida, de diverso signo e intensidad, cometidos por ambas partes en el enfrentamiento armado? ¿Por qué la violencia, especialmente la proveniente del Estado, afectó a la población civil, en particular al pueblo maya, cuyas mujeres fueron consideradas como botín de guerra y soportaron todo el rigor de la violencia organizada? ¿Por qué la niñez indefensa sufrió los actos de salvajismo? ¿Por qué en nombre de Dios se pretendió exterminar de la faz de la tierra a los hijos e hijas de Xmukane’, la abuela de la vida y de la creación natural? ¿Por qué esos actos, de barbarie ultrajante, no respetaron las reglas más elementales del derecho humanitario, la ética cristiana y los valores de la espiritualidad maya?

Hemos recibido miles de testimonios, hemos asistido con los sobrevivientes a momentos tan emotivos como las exhumaciones de sus seres queridos en los cementerios clandestinos; hemos escuchado a antiguos jefes de Estado, altos mandos del Ejército y de la guerrilla; hemos leído miles de páginas de documentos que nos han entregado muy diversas organizaciones de la sociedad civil. El Informe de la Comisión atiende todas las versiones y recoge lo que hemos oído, visto y leído sobre tantas atrocidades y brutalidades.

El propósito principal del Informe es dejar constancia del reciente pasado sangriento de Guatemala. Aunque muchos saben que el enfrentamiento armado causó muerte y destrucción, la gravedad de los reiterados atropellos que sufrió el pueblo todavía no ha sido asumida por la conciencia nacional. Las masacres que eliminaron comunidades mayas enteras pertenecen a la misma realidad que la persecución urbana de la oposición política, de líderes sindicales, de sacerdotes y catequistas. No se trata ni de alegatos pérfidos ni de fantasmas, sino de un capítulo auténtico de la historia de Guatemala.

Los autores del Acuerdo de Oslo pensaban que, a pesar del choque que puede sufrir la nación al mirarse en el espejo de su pasado, es necesario conocer y hacer pública la verdad. Esperaban que la verdad condujera a la reconciliación, aún más, que hacer frente a la verdad es camino indispensable para conseguir este objetivo.

Es indudable que la verdad beneficia a todos, víctimas y victimarios. Las víctimas, cuyo pasado ha sido degradado y manipulado, se verán dignificadas; los victimarios, por otro lado, podrán recuperar la dignidad de la cual ellos mismos se privaron, por el reconocimiento de sus actos inmorales y criminales.

Conociendo la verdad de lo sucedido será más fácil alcanzar la reconciliación nacional, para que los guatemaltecos podamos en el futuro vivir en una auténtica democracia, sin olvidar que el imperio de la justicia ha sido y es el clamor generalizado como medio para crear un Estado nuevo.

Sin embargo, nadie hoy puede asegurar si el inmenso desafío de la reconciliación a través de la verdad puede ser enfrentado con éxito. Se requiere sobre todo que los hechos históricos sean reconocidos y que se aprenda la lección enseñada por el sufrimiento de la Nación. El futuro de Guatemala depende en gran medida de las respuestas que el Estado y la sociedad sepan dar a las tragedias vividas por casi todos los guatemaltecos en carne propia.

La creencia errónea de que el fin justifica cualquier medio convirtió a Guatemala en un país de muerte y tristeza. Se debe recordar, de una vez por todas, que no existen valores que estén por encima de las vidas de los seres humanos y, en consecuencia, sobre la existencia y el bienestar de toda una comunidad nacional. El Estado no existe por sí mismo, existe como instrumento de organización mediante el que un pueblo cuida sus intereses fundamentales.

Miles son los muertos. Miles son los deudos. La reconciliación de quienes quedamos no es posible sin justicia. Miguel Angel Asturias, nuestro Premio Nobel, lo dijo: "Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no los cerrarán".

Con tristeza y dolor hemos cumplido la misión encomendada. Ponemos el Informe de la ceh, esta memoria del silencio en manos de los guatemaltecos, hombres y mujeres de ayer y hoy, para que las nuevas generaciones conozcan las grandes calamidades y tragedias sufridas por este pueblo. Que las lecciones de este informe sirvan para reflexionar, escuchar y comprender al otro y para ser creativos en la paz.

Christian Tomuschat, Comisionado; Otilia Lux de Cotí, Comisionada; Alfredo Balsells Tojo, Comisionado