Informe Sombra sobre La situación de los Derechos ... · Art. 6 PIDESC Situación del empleo:...

Informe Sombra sobre

La situación de los Derechos EconómicosSociales y Culturales en El Salvador

(2000/2005)

A ser presentado en 37ª período de Sesiones del Comité DESC

Referencia: Segundo informe periódico del Estado El Salvador (Art. 1-15),

al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (UN Doc E/1990/6/Add.39)

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Presentado por:

FIAN Internacional, ONG internacional de Derechos Humanos que

trabaja por el derecho a alimentarse, con estatuto consultivo con ECOSOC.

FESPAD, Fundación de Estudios para la Aplicación

del Derecho, fundación de utilidad pública de promoción humana, cuyo ámbito de aproximación a la sociedad es el Derecho, El Salvador.

Noviembre de 2006

Informe Sombra sobre La Situación de los DESC en El Salvador (2000-2005) 2

Informe Sombra sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, 2000-2005, El Salvador, C.A.

Junta Directiva de FESPAD 2005-2009

Dr. Ignacio PaniaguaPresidente

Dra. Clara Venus Nuila de VillalobosVicepresidenta

Dr. Humberto VelasquezSecretario

Licda. María Silvia GuillénDirectora Ejecutiva

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.

25 Calle Poniente No. 1332, Colonia Layco, San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Apartado Postal 2806.PBX: (503) 2236-1888, exts. 1803 y 1804. Fax: (503) 2236-1833

Correo electrónico de FESPAD: [email protected] electrónico del Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos, (CECDH): [email protected] electrónico del Área de Construcción de Ciudadanía y Cultura de Constitucionalidad: [email protected]éfono directo: (503) 2257-7291

www.fespad.org.sv

mailto:[email protected]



INDICEPag.

I. Presentación de Informe Ejecutivo 4

II. Contexto de un Estado de Interventor a uno de filosofia neoliberal 4

III. Situación de los DESC 5

Art. 1 del PIDESC, Detrimento de la soberanía y autodeterminación del pueblo salvadoreños 5

Art. 6 del PIDESC, Situación del empleo: menos tasa de desempleo pero mas subempleo y precariedad del empleo, Flexibilización laboral, maquila y deteriooro de las condiciones laborales.

6

Art. 8 del PIDESC, Afectación a la libertad sindical 7

Art. 9 del PIDESC, Privatización del sistema de pensiones. 7

Art. 11 del PIDESC, Desprotección de los productores locales, Soberanía alimentaria e impacto del TLC USA-CA, Seguridad alimentaria y transgenicos, Malnutrición.

8-9

Art. 12 del PIDESC, Situación de la cobertura y calidad, Deficiencias del sistema de salud, Tratamiento de materiales peligrosos, Destrucción de bosques.

9-11

Conclusiones y Recomendaciones 12

I. Preambulo del informe sombra 13

II. El Salvador principales indicadores 15

III. Contexto: La transición de un estado interventor a uno de filosofia neoliberal 17

IV. Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 20

Art. 1 del PIDESC, Detrimento de la soberanía y autodeterminación del pueblo salvadoreños 20

Art. 6 del PIDESC, Situación del empleo: menos tasa de desempleo pero mas subempleo y precariedad del empleo, La política gubernamental para la generación de empleo y supresión de plazas, Flexibilización laboral, La maquila y la situación de las mujeres

21-26

Art. 7 del PIDESC, Pocos avances en seguridad e higiene ocupacional, Salario Minimo no acorde con canasta básica, Trabajo infantil sin control, Desprotección para personas de la tercera edad, Trabajadores con Discapacidad,

26-30

Art. 8 del PIDESC, Atentados a la libertad sindical, Imposibilidad de ejercicio del derecho a la huelga, 31-35

Art. 9 del PIDESC, Situación de entidades que velan por la seguridad alimentaria, 36-42

Art. 10 del PIDESC, El derecho a la protección y asistencia a la familia, Situación general de la mujer, Situación de la Niñez.

43-47

Art. 11 del PIDESC, Desprotección de los productores locales, La soberania alimentaria y el impacto del TLC USA-CA, Seguridad alimentaria y transgénicos, La malnutrición El Salvador, Condiciones del derecho a la vivienda, Vulnerabilidad y falta de previsión de riesgos, El agua: cobertura, deficiencias, reformas y corrupción,

47-57

Art. 12 del PIDESC, Infraestructura, Calidad y cobertura de los servicios de salud, La politica nacional de salud y reforma al serctor salud, Deficiencias del sistema de salud, personas con VIH-SIDA

58-64

Derecho a un medio ambiente sano: 1. Marco del derecho a la un medioambiente sano, 2. Tratamiento de materiales peligrosos, 3. Tratamiento de desechos sólidos, 4, Destrucción de bosques,

65-68

Art. 13 y 14, Cobertura, Infraestructura y vulnerabilidad, Tasas de analfabetismo y calidad de educación, Gratuidad de la educación versus cobro de cuotas, 5. Acceso a la educación y cuotas de escolaridad, 6. Programas gubernamentales,

69-72

Conclusiones y recomendaciones 73

Bibliografía 74


RESUMEN EJECUTIVO

I. Presentación

1. Este informe es producto del esfuerzo conjunto entre la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y FIAN INTERNACIONAL (Foodfirst Informational and Action Network), en el seguimiento y monitoreo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en El Salvador. FESPAD ha elaborado desde el año 2001, informes anuales sobre la situación de los DESC, con la colaboración y alianza del Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo (EED) y la Organización Íntereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo ICCO.

2. Este informe cubre principalmente el período 2000-2005, pero hace referencias para efectos comparativos y de medición de la progresividad, datos desde 1993. Se puede considerar un informe sombra ya que presenta una visión de contraste a lo planteado por el GOES en su informe, y esta elaborado para ser presentado ante el Comité DESC de Naciones Unidas. El informe se basa en el seguimiento que FESPAD desarrolla periódicamente de la situación de los DESC, que incluye seguimiento periodístico, de revistas especializadas, de indicadores y de casos de violaciones a DESC.

II. Contexto: La transición de un estado interventor a uno de filosofia neoliberal

3. El Estado de El Salvador, desde 1989, ha sido administrado, ininterrumpidamente, hasta la fecha , por gobiernos del mismo signo ideológico y partidario1 lo que si se analiza desde una óptica de continuidad y estabilidad, le darían un margen ventajoso, para avanzar ostensiblemente en sus obligaciones de realización, garantía y protección de los Derechos Humanos en general y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en lo particular.

4. Por el contrario, las cuatro sucesivas gestiones gubernamentales que cubren el período 1989-2005, han implementado un programa de ajuste estructural y de estabilización económica, que transformó la política económica de intervención estatal a una de liberación y desregulación, que ha tenido graves impactos en los derechos económicos, sociales y culturales de la población salvadoreña.

5. Las medidas implementadas por estos gobiernos debilitaron el rol del estado en el control del mercado, lo que en concreto significo la desregulación (liberación de precios y poca intervención del estado), liberación comercial (desprotección por la baja de aranceles) y la privatización de las empresas publicas (como en los servicios de telecomunicaciones y energía eléctrica).

6. Durante estas gestiones, la situación de la pobreza no disminuyo sustancialmente y la inequitativa distribución de la riqueza tampoco.

Según cifras del Ministerio de Economía, en 2004, más de 2.3 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, lo que significa que 562 mil hogares no tenían los ingresos suficientes para cubrir el valor de la Canasta Básica Alimentaria Ampliada (CBAM). A nivel

1 El partido Alianza Republicana Nacionalista, de derecha, asumió el Gobierno en 1989, con la gestión del Presidente Alfredo Cristiani, y continúo hasta la presente gestión del Presidente Antonio Saca (2004-2009)


nacional se habrían reducido los hogares en pobreza extrema ya que habrían pasado de 14.4% en 2003 a 12.6% en 2004, y los hogares en pobreza relativa se habrían incrementado en un 0.3% en 2004, llegando al 22.0%.

7. La situación de pobreza se torno más dramática en el área rural, con el agravante de que esta población enfrenta mayores carencias en materia de acceso a servicios públicos y, que además el salario mínimo vigente para las actividades agropecuarias, es tan exiguo que apenas representa la mitad del salario urbano y cubre escasamente la décima parte de la canasta de mercado. La inestabilidad laborar en el sector agropecuario es otro signo de esta situación.

8. En cuanto a la distribución de la riqueza, según información oficial, el 62% del valor agregado nacional es apropiado por los empresarios en forma de ganancia (Excedente Bruto de Explotación), mientras que el 32% que corresponde a Remuneración al Trabajo, se reparte entre toda la población “ocupada”. El restante 6% son impuestos netos de subsidios que capta el Sector Público no Financiero.

9. La desigualdad en el reparto del ingreso también se refleja a través del Coeficiente de Gini. El Salvador tiene un coeficiente de Gini de 53.2%, que lo ubica escasamente a menos de siete décimas por debajo de los países más injustos de la región: Guatemala (59.5%), Brasil (59.9%) y Chile (57.1%). El desigual reparto del ingreso y los activos entre la población es evidente y refleja la situación de desigualdad existente.El 20% de la población más rica concentra más del 57% del ingreso nacional; mientras que el 20% más pobre, escasamente capta el 2.9%. En otras palabras, si El Salvador contará con una población de 10 personas y con un ingreso nacional de $ 100.00, dos personas se apropiarían de $ 57.10, mientras que a dos personas sólo les correspondería $ 2.90, es decir, veinte veces menos que los primeros.

III. Situación de los DESC

10. A continuación los principales aspectos mencionados en el informe, según articulo del PIDES.

Art.1 del PIDESC

Detrimento de la soberanía y autodeterminación del pueblo salvadoreño

11. Dolarización. En 2001, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Integración Monetaria (LIM), que incorporó un régimen cambiario fijo de la moneda nacional, el colón, con relación al dólar estadounidense. La tasa fijada fue de 8.75 colones por cada dólar estadounidense. Con esta medida se favoreció a empresas financieras y no financieras con acceso a la banca internacional, que mantenían deudas en dólares y necesitaban asegurarse que la regla cambiaria no se modificaría, dadas las onerosas consecuencias que representaría para ellos una devaluación del colón. La medida implicó la pérdida de la autonomía en la definición y manejo de la política económica en sentido amplio, y de las políticas monetaria, cambiaria y comercial en sentido estricto. No es cierto, como lo ha señalado el GOES, en su informe que El Salvador haya un bimonetarismo, ya que en menos de 20 meses de entrada en vigencia de la LIM, el 98.9 % del dinero total de la economía salvadoreña se encontraba en dólares, según informo el propio Banco Central de Reserva2.

2 El Diario de Hoy, 27 de septiembre de 2002, p. 42


Art. 6 PIDESC

Situación del empleo: Menos tasa de desempleo pero más subempleo y precariedad del empleo

12. Para 2002 la tasa de la población ocupada dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) era de 93.2% y la tasa de población desocupada era de 6.8%. Sin embargo, las cifras de desocupados no encajan con la realidad de los últimos años. Así, “…en el año 2001 se perdieron 37,000 empleos más de los que se generaron. En ese año hubo dos terremotos, pero no fue por eso que aumentó el desempleo; la gente que perdió su trabajo era la que laboraba en las maquilas y en el gobierno, de donde despidieron a 10,000 personas. En el 2002 el gobierno lanzó a las calles a otras 8,804 personas. Otras 80,000 dejaron de cortar café. El mayor problema de desempleo está en el campo, en el 2003, según el Ministro de Trabajo, Jorge Nieto, el sector agropecuario perdió 100,000 empleos3.

13. A esto se le aúna la alta tasa de personas que emigran del país debido a que no encuentran empleo. Se calcula que hay más de dos millones de salvadoreños que han emigrado hacía otros países.

14. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe de Desarrollo Humano “El Salvador 2003”, p. 118, expresaba que los datos sobre subempleo en El Salvador, presentados por el GOES, deben tomarse con cautela, debido a que dicha tasa pondera de la misma manera a un ocupado que trabaja muy pocas horas que a un ocupado que trabaja la jornada normal.

15. En buena medida, la estabilidad mostrada por la tasa de desempleo se debe al efecto amortiguador del subempleo, cuya tasa ha oscilado en años recientes en torno al 30%, cifra considerablemente alta. Las estadísticas oficiales registran en 2004, un 34.6% de la PEA en condición de subempleo. Si al subempleo le agregamos la tasa de desempleo (6.8%) tendríamos una cifra más acorde al porcentaje de la población desocupada y que por la definición del indicador se halla claramente subvaluada.

Flexibilización laboral, maquila y deterioro de las condiciones laborales

16. En El Salvador, han existido prácticas encubiertas de flexibilización, que incluyen: imposición de contratos temporales, negativa a reconocer pagos por nocturnidad, horas extras y días feriados, congelamiento de facto de los salarios mínimos, discriminación en la contratación por embarazo o historial sindical, despidos de trabajadores organizados del sector público.

17. La flexibilización de facto es más evidente en las empresas de maquila, en muchas de las cuales no se respetan las reglas de contratación y las condiciones de trabajo establecidas en el Código de Trabajo. No existe un registro pormenorizado de tales prácticas, ya que muchas no son denunciadas o no hay un registro especial en los tribunales, pero estudios e investigaciones recientes dan cuenta de esta situación4.

3 FESPAD y otros. El Salvador por Dentro, Talleres Gráficos UCA. Noviembre de 20054 Ver: Oxfam Internacional. Trabajo de muchas, ganancia de pocos. Mujeres, derechos y discriminación en la flexibilización de los estándares laborales en las maquilas de vestuario y textiles centroamericanas, Impr. Algers 2004.


18. Tales prácticas se han dado con la anuencia del Ministerio de Trabajo que ha asumido un rol bastante pasivo y de omision. Ha sido el mismo Ministerio de Trabajo que ha presentado dos propuestas de reformas en materia laboral que buscan flexibilizar el mercado de trabajo en términos de contratos, salarios y jornadas , a través del proyecto de la Ley Especial para la Reactivación del Empleo (conocida como LERE I) y, además, el Proyecto de la Ley Emergente para la Reactivación del Empleo (conocida como LERE II).

Art. 8 del PIDESC

Afectaciones a la libertad sindical

19. Durante el período objeto de este informe, las y los trabajadores salvadoreños siguieron enfrentando serias dificultades para ejercer el derecho a la sindicación. Estas dificultades se han presentado en formas diversas, como la prohibición de la organización sindical desde formas sutiles como al momento de la contratación de las y los trabajadores; hasta formas evidentes, como la elaboración y difusión de listados de trabajadores con adhesiones sindicales. En los sectores públicos y privados, el movimiento laboral se esta reduciendo , como resultado de restricciones al derecho a fundar sindicatos, a la libre afiliación a los ya existentes y a la prohibición de las actividades de los mismos.

20. El Estado de El Salvador se había negado a reconocer el derecho a la sindicalización del sector público, haciendo una interpretación restrictiva del artículo 47 de la Constitución. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado a El Salvador, la violación que incurre a los convenios de OIT al negar el reconocimiento a los sindicatos del sector público.

Art. 9 del PIDESC

Privatización del sistema de pensiones

21. En abril de 1998, se constituyó un nuevo sistema previsional de administración de pensiones con la creación de la “Ley sobre Pensiones”. Antes de las reformas, las pensiones en el sector privado eran administradas por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); y por el Instituto Nacional de los Empleados Públicos (INPEP) a las del sector público. Con la reforma se otorgó la administración a entes privados, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y se obligó las personas mayores de 35 años de edad a afiliarse al nuevo sistema.

22. El nuevo sistema eliminó el principio de solidaridad entre trabajadores, sin establecer los mecanismos necesarios para garantizar el acceso de los trabajadores del sector informal5

mercantilizó el servicio con grandes utilidades para las AFP y concentró el sistema en un duopolio6, y no garantizó la revalorización periódica de las pensiones como estaba establecido en la ley

5 CEPAL A cinco años de la reforma de pensiones en El Salvador: su impacto en la equidad de género.6 Para 2004, el 98% de los afiliados se había concentrado en dos instituciones (Las AFP CRECER y CONFIA).


Art. 11 del PIDESC

Desprotección de los productores locales

23. En el informe del GOES, se reconoce la vulneración al derecho a una alimentación adecuada por la via de no garantizar la seguridad alimentaria en el país. El déficit en la producción de alimentos de origen agropecuarios y la significativa dependencia de las importaciones de granos básicos y de carne bovina; es la prueba mas ostensible, de lo ya afirmado y a cambio se obvian los factores estructurales y de política económica que determinan la inseguridad alimentaria, atribuyendo esta a causas exógenas como el clima, la degradación de los recursos naturales, principalmente del suelo, entre otros.

24. La principal causa de la de la vulneración a la seguridad alimentaria descansa en la misma política económica del GOES. En los últimos 15 años, el origen y la estructura de las fuentes de divisas se transformó en El Salvador, como consecuencia de un acelerado proceso de desarticulación productiva en el sector agropecuario , estimulado por el sesgo anti-agricola y pecuario de las políticas de ajuste, que se tradujo en una reduccion de las exportaciónes del sector primario de la economia.

25. A través del proceso de desgravación arancelaria se estimuló la apertura unilateral durante los primeros años de la decada de los noventa, lo cual condujo a una masiva importación de productos agrícolas subsidiados de origen, que generó una severa afectación sobre los productores nacionales, dada su imposibilidad de competir con precios tan bajos. Esto se ha traducido en una progresiva destrucción del empleo, que ha profundizado los niveles de exclusión, pobreza y emigración, principalmente en el área rural.

26. El Salvador ha reducido sensiblemente la capacidad de producir sus propios alimentos, la quiebra de la producción nacional como consecuencia de las masivas importaciones de granos básicos con costos de producción subsidiados y con bajos aranceles, han dejado desprotegidos a los productores nacionales. La producción de maíz blanco resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional, de ahí que se requiera importar el producto; del 2000 al 2004 el nivel promedio de importación de maíz blanco fue de 52,000 TM.

Seguridad alimentaría e impacto del TLC USA-CA

27. Como una muestra del impacto negativo del Tratado de Libre Comercio (TLC) USA-C.A, en la agricultura y la seguridad alimentaria se presenta el caso del arroz granza. Antes de la entrada en vigencia del TLC USA-C.A., el 83.6% de la demanda total de arroz (82,547.9 TM) se cubría principalmente con importaciones y sólo 13,508.9 TM equivalentes al 16.4% correspondían a la producción nacional.

28. El TLC USA-C.A define un período de desgravación para el arroz granza de 18 años, con un período de gracia de 10 años. El Derecho Arancelario de Importación (DAI) establecido no sufrió modificaciones y se mantuvo en 40%; no obstante se definio una cuota de 62,220 TM libres de pago del arancel.

29. Si se considera que durante el primer año de vigencia del TLC USA-C.A, se permitirá acceso libre de arancel a 62.220 TM de arroz granza, que representa más del 75.4% de la demanda nacional, sería de esperar que las 13,508.9 TM de arroz granza nacional serán fácilmente


desplazadas del mercado. Considerando la dimensión del mercado de arroz local , la decisión de establecer una cuota tan alta libre de arancel, es sumamente perjudicial ya que la producción nacional difícilmente sobreviviría al primer año de entrada en vigencia del acuerdo.

Seguridad Alimentaria y transgenicos

30. A pesar de los compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, actualmente en El Salvador, no hay una regulación legal de los transgénicos, exceptuando la Ley de Semillas, la cual sólo prohíbe el uso de éstos para el cultivo, no así la importación y comercialización de los mismos.

31. En 2005, una comisión del GOES, integrada por representantes de los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Salud, entre otras instituciones, realizó investigaciones para redactar un reglamento (Reglamento de Bioseguridad) que sería presentado a la Asamblea Legislativa, para su aprobación, este reglamento permitiría al país regular esta materia.

Malnutrición

32. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), observó un considerable aumento de desnutrición para 2005. El Director Ejecutivo de dicha organización, James Morris, estimó que en el país, un total de 1.2 millones de personas presentaban problemas de desnutrición.

33. En abril de 2005, el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, solicitó a los gobiernos y al sector privado de Centroamérica, que continuaran apoyando los esfuerzos para erradicar el hambre, ya que así también la región podría superar y erradicar la pobreza. Morris sostuvo que la desnutrición crónica seguía siendo un serio problema para la niñez centroamericana. En el caso de El Salvador, la tasa de desnutrición crónica entre niños menores de cinco años era bastante alta, alcanzando el 19%, por lo que consideró que estos niños y niñas simplemente no estaban recibiendo un reparto justo y que se les debía dar una oportunidad para lograr un mejor futuro.

34. La composición de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) está diferenciada para las áreas rural y urbana, lo que da base a la diferenciación de los salarios mínimos, en urbanos y rurales. Existen alimentos que no se contemplan en la canasta rural --como el pan francés y las verduras, por ejemplo-- y que sí están incluidos en la canasta urbana; en general la CBA rural, incluye menores requerimientos nutricionales que los establecidos para la CBA urbana, lo cual deriva en una marcada diferenciación entre el valor de ambas canastas. En mayo de 2006 la CBA urbana, tenía un valor de $ 138.48, $ 36.80 por encima del valor de la CBA rural.

35. En el caso de una familia urbana que perciba el salario mínimo correspondiente a la actividad maquiladora ($ 151.42), después de comprar la CBA tendría disponible solo $ 13.00 para cubrir los pagos de vivienda, vestuario, educación, salud, electricidad, agua potable, diversión, transporte y demás bienes y servicios para un hogar integrado por cuatro personas.


Art. 12 del PIDESC

Situación de la cobertura y calidad de la salud

36. Para 2003, había un médico por cada 1,913 habitantes; un odontólogo por cada 18,089 habitantes; una enfermera por cada 1,321 habitantes; y un educador y/o promotor de salud por 3,702 habitantes El Ministro de Salud, consideraba que en El Salvador, para 2004, un aproximado de un millón y medio de personas no tenían servicios de salud7

37. El sistema de salud en El Salvador ha padecido desde hace tiempos de importantes inequidades en el acceso y la calidad de los servicios. De acuerdo al PNUD, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) no logra la cobertura útil de protección del 80%, esperado en todos sus programas preventivos8

38. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, arrojó que una proporción mucho mayor de personas en 2002, (39%), que enfermaron, buscaron atención en establecimientos del MSPAS que en 1992 (19%), tambien muestra una disminución en el porcentaje de personas que tomaron sus consultas medicas en el sector privado, las cuales pasaron de 14% a 10% . Las que no consultaron a ninguna parte, se redujeron de 60% a 43%. Entre las razones por las cuales las personas que enfermaron no acudieron a una consulta médica, es por el aumento de problemas de oferta entre 1992 y 2002.

39. De esos resultados, el PNUD concluye que probablemente se debió a que una mayor proporción de enfermos esta consultando en el MSPAS, el cual no ha sido respaldado con una mayor dotación de recursos para atender a esta población, lo que probablemente ha deteriorado aun mas la calidad de servicios que se ofrece.

40. De los datos que arroja la Encuesta de Hogares citada anteriormente, se puede inferirse que si el 56% de los que enfermaron en 2002, no consultó por problemas de oferta, ello significa que alrededor de un 24% de la población salvadoreña, es decir 1,562,483 personas, no tuvo acceso de forma sistemática a los servicios públicos de salud.

Deficiencias del sistema de salud

41. Las deficiencias del sistema de salud salvadoreño, incluyen:

a) Desabastecimiento de medicamentos. La escasez de medicamentos en el sistema de salud pública no es un problema que se circunscribe únicamente a la carencia de recursos ; sino que tambien a causas imputables a las autoridades gubernamentales: Año tras año se presenta el desabastecimiento de medicamentos en dicho sector.

b) Falta de equipo médico, Otro factor relacionado con el desabastecimiento es la falta o deterioro del equipo médico en los hospitales. Para el caso, la misma directora del Hospital Zacamil, aceptó que la entidad que dirige se ha visto en la necesidad de suspender y reprogramar cirugías en ciertas áreas debido al deterioro de algunos equipos en los quirófanos. De acuerdo a la funcionaria, cada mes se han suspendido dos o tres cirugías, en un lapso de un año9.

7 La Prensa Gráfica, 22 de diciembre de 2004, p. 28).8 Informe de Desarrollo Humano: El Salvador 2003, p. 789 La Prensa Gráfica 3 de julio de 2004, p. 38


c) Atención a personas indigentes. A principios de enero de 2004, miembros de Comandos de Salvamento, denunciaron que al recoger a personas indigentes y llevarlos al Hospital Nacional Rosales, para que sean atendidos, los médicos del área de emergencia preguntan quién acompaña al paciente, al no tener acompañantes, los indigentes son rechazados. Por su parte, el vocero de la Cruz Roja, mencionó que la institución que representa dejó de recoger indigentes debido a que, a pesar de sus insistencias, siempre son rechazados en el Hospital Rosales.

d) La epidemia del dengue. Desde el año 2000, El Salvador enfrentó un incremento de los casos de dengue, que se repitió en los siguientes años (2001-2005), lo que ha implicado más de 10,000 casos de dengue hemorrágico y clásico. Se considera que el GOES, no ha adoptado las medidas necesarias nivel del MSPAS, ya que nuevamente, a principios de 2003 se presentaban las primeras muertes de niños y niñas por la misma causa.

e) Cobro de las llamadas “cuotas voluntarias”. A pesar que el sistema de salud pública es gratuito, el Estado salvadoreño no había impedido la práctica de cobros en hospitales de la red pública hasta 2005, en que el Gobierno del Presidente Saca ordenó que no se cobrara. Esa práctica incluyo casos de denegación de asistencia médica por falta de pago.

Art. 12 del PIDESC

Tratamiento de materiales peligrosos

42. En El Salvador se calcula que se importan anualmente 60 kilogramos anuales de materiales radioactivos, es decir 360 kilogramos en los últimos seis años, que son utilizados por unas 1700 instalaciones médicas o industriales que en su mayoría no cuentan con autorización para manipular dichos materiales.

43. A manera de ejemplo, existe a 64 Km. al poniente de San Salvador, desde hace 14 años, en el departamento de Santa Ana, un botadero de material radiactivo, del Hospital San Juan de Dios, de esa localidad, del cual el entonces ministro de salud (2003) dijo desconocer si cumplía con las condiciones de seguridad que exige la Ley de Medio Ambiente.

44. A manera de ejemplo también el abandono de 90 barriles con Toxafeno en La Colonia Las Brisas, en San Miguel. Hasta ese año, los barriles llevaban 13 años de permanecer en ese lugar, ubicándose exactamente en una bodega propiedad de la empresa Mayula Monsantos. Durante todo ese tiempo, el tóxico no ha había sido retirado y se ha continuado derramando, lo que ha perjudicado la salud de pobladores de las Colonias Brisas I, Brisas II, Carrillo y Pradera de San Miguel. Fue hasta 2005 que un tribunal ordenó su traslado.

Destrucción de bosques

45. El área metropolitana de San Salvador, se ha constituido en ejemplo de la degradación ambiental que vive el país. El llamado Gran San Salvador, compuesto por 14 municipios, cuenta con escasas y pequeñas áreas forestadas.

46. Un impacto irrecuperable al medio ambiente, ha sido la casi destrucción de la finca El Espino, la ex zona boscosa que se ubica entre los municipios de Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Se llegó a calcular que El Espino, intacto, llegaba a capturar más de 16 millones de metros cúbicos de agua que alimentaban el manto acuífero utilizado para proveer a los habitantes de las ciudades aledañas. Además de haber sido también espacio de refugio de diversas especies animales. A raíz


de las exigencias por administración, y propiedad de El Espino, entre particulares, compañías cafetaleras, agencias inmobiliarias, municipalidades y cooperativas; la finca fue dividida y las partes resultantes, conocidas como “la privada” y “la estatal” están siendo deforestadas aceleradamente.

47. La actuación del Estado, estuvo más aparejada con los intereses de los empresarios y constructores, pues lejos de proteger la finca El Espino, permitió, primero, construir megacentros comerciales y segundo a las cesiones de grandes porciones de terreno que se han hecho a instituciones privadas y algunas gubernamentales.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

48. Las medidas implementadas por los gobiernos desde 1989, han implicado un grave impacto de los derechos económicos, sociales y culturales, debido al debilitamiento del rol del Estado, a la falta de control de las variables del mercado y a la desmesurada acumulación de capital que promueve el modelo neoliberal.

49. La pobreza, la desigual distribución de la riqueza y los intereses economicos contenidos en las estructuras de los organos de estado, no permiten que haya una progresividad sustancial en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

50. Hay una limitada justiciabilidad de los DESC debido a la falta de desarrollo del organo judicial y el marco juridico, como garantia frente a los demas organos de gobierno.

51. Con todo y lo anterior, hay un mayor involucramiento de la población en la problemática de los DESC y en su exigibilidad juridica y social.

52. En general, se identifica un estado de regresividad DESC, ya que la situación de vida de los y las salvadoreños ha tendido ha agravarse en los últimos años.

53. Varios de los indicadores y cifras oficiales que sirven para monitorear la situación de los DESC, adolecen de precision y objetividad en las definiciones y metodologías para su calculo., lo que puede utilizarse para mostrar una situacion diferente de la realidad mostradea por el GOES. Un factor que distorsiona la vision sobre el estado crítico de la economía salvadoreña son las remesas familiares.

Recomendaciones para el GOES.

54. Retomar el espiritu contenidos en los Acuerdos de Paz, y los compromisos en torno a la situación económica y social asumidos por el GOES, concretamente la instalación de un foro de concertación económica y social que aborde los problemas estructurales desde los diferentes actores sociales.

55. Desarrollar un proceso de implementación de los recién aprobados convenios de la OIT (87,98, 151, 131).


56. Cumplir con las recomendaciones de la organización Human Rights Watch, en su informe “Indiferencia Intencionada..” de 2003, y con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

57. Revertir las medidas de ajuste estructural que están afectando los derechos económicos, sociales y culturales como la privatización de servicios públicos esenciales a la comunidad (salud, agua, etc.) y la desregulación que afecta a productores locales.

58. Revisar la congruencia y compatibilidad del TLC USA-C.A RD con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por El Salvador.

59. Implementar los compromisos adquiridos en Convenio sobre la Diversidad Biológica.

60. Desarrollar acciones para la erradicación del trabajo infantil


I. Preambulo del Informe Sombra

Este informe que se presenta es producto del esfuerzo conjunto entre la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho-FESPAD y FIAN INTERNACIONAL (Foodfirst Information and Action Network), en el seguimiento y monitoreo de los derechos económicos, sociales y culturales en El Salvador. FESPAD ha elaborado desde el año 2001 informes anuales sobre la situación de los DESC con la colaboración y alianza del Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo (EED) y la Organización Ínterclesiástica para la Cooperación al Desarrollo ICCO.

En 2003, conjuntamente con FIAN INTERNACIONAL, se presentó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (de aquí en adelante Comité DESC), con sede en Ginebra, el informe correspondiente a ese año, aunque El Salvador no fue examinado en las sesiones del Comité DESC de ese año.

El primer informe del GOES, fue presentado en diciembre de 1994 y examinado por el Comité DESC, en sus sesiones 15o, 16o y 18o en mayo de 1996. En esa oportunidad el Comité emitió observaciones finales sobre El Salvador.

En 2005, el GOES, presentó en forma retrasada su segundo informe que abarcaba dos períodos quinquenales10, aunque cubriendo el período de 1993 hasta 2003.

El informe que se presenta cubre principalmente el período 2000-2005, pero hace referencias para efectos comparativos y de medición de la progresividad, información y analisis desde 1993. Se puede considerar un informe sombra ya que presenta una visión de contraste a lo planteado por el GOES, en su informe, y esta elaborado para ser presentado ante el Comité DESC de Naciones Unidas.

El informe se basa en el seguimiento que FESPAD desarrolla periódicamente de la situación de los DESC, que incluye seguimiento periodístico, de revistas especializadas de indicadores y casos de violaciones de DESC, registrados o acompañados por FESPAD..

La presentación de informes al Comité DESC, por parte de los estados, no es un mero acto formal de cumplir un requerimiento frente a la comunidad internacional; sino, fundamentalmente, un mecanismo de constatación del cumplimiento gradual, progresivo y no regresivo, de las obligaciones asumidas por dichos estados, en tanto firmantes de la Carta de Naciones Unidas, los diferentes pactos y convenciones, pero fundamentalmente, mide el tipo de gobierno que posee tal o cual Estado. Es decir, con ello se evalua la voluntad política de honrar sus compromisos y evidencia la naturaleza del Estado que presenta dichos informes.

El Estado de El Salvador, desde 1989, ha sido administrado, ininterrumpidamente, hasta la fecha desentación de este informe sombra, por gobiernos del mismo signo ideológico y partidario, lo que si se analiza desde una óptica de continuidad y estabilidad, le darían un margen ventajoso, para avanzar ostensiblemente en sus obligaciones de realización, garantía y protección de los derechos humanos en general y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en lo particular.

La realidad ha sido otra, ya que la obligación periódica de presentar informes de avance o 10 Los estados tienen la obligación de informar cada cinco años sobre la forma en que han cumplido con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


cumplimiento de obligaciones, ha mostrado serios incumplimientos, no solo en cuanto a los plazos, sino también a la calidad y suficiencia de la información que se presenta.

Por eso consideramos importante que las organizaciones de la sociedad civil colaboren con Naciones Unidas, aportando información y valoraciones sobre la situación de los DESC, de manera que permita complementar la vision que trasladan los informes oficiales y asi realizar una evaluación integral del cumplimiento del PIDESC. Saludamos los esfuerzos que organizaciones hermanas de El Salvador, estan haciendo para presentar tambien sus informes respectivos.

Un asunto importante sobre el que hay que profundizar en el futuro, es sobre los indicadores y las cifras estadísticas oficiales, muchas de las cuales están cuestionadas y ofrecen una visión distorsionada de la realidad. Dado que el uso de tales cifras es un recurso frecuentemente utilizado para denotar por parte de los Estados el cumplimiento de sus obligaciones, se ha optado en este informe por abordar en donde corresponde, los cuestionamientos a algunas de las cifras oficiales presentadas.


II. El Salvador. Principales indicadores

El comportamiento demográfico experimentado muestra el predominio de una población joven y de una población de mujeres que supera a la de los hombres. Un 63.0% (4, 181,142 personas) de la población tiene menos de treinta años de edad. Las personas de más de 60 años de edad son el 8.8%

La migración interna es actualmente dinámica y su proyección se orienta a las áreas urbanas principales, que cada vez concentran más una mayor proporción de la población del país. También en la actualidad el fenómeno de la emigración ha venido a ser una variable muy notoria para El Salvador, con un importante flujo migratorio , especialmente hacia los Estados Unidos.

Los municipios del Area Metropolitana de San Salvador (AMSS) que comprende la capital y sus ciudades periféricas, reflejan una densidad de 3,865 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo los de mayor concentración los municipios de Cuscatancingo, con 19,420 km2, le sigue Soyapango con 9,763 km2, Mejicanos y San Salvador con 9,093 y 6,888 km2 respectivamente.

A nivel nacional, la población de mujeres es mayor que la de hombres, 3, 474,450 y 3, 164,560 respectivamente, lo que significa que el 52.3% de la población total está representada por mujeres y el 47.7% por hombres, lo que arroja un índice de masculinidad de 0.91, es decir que por cada 100 mujeres existen 91 hombres o al contrario, un indice de feminidad del 1.9.

La concentración de mujeres en el AMSS, es más acentuada, ya que el 53.0% está representado por las mujeres, lo que implica una disminución del índice de masculinidad con respecto al nacional. El índice de masculinidad es en esta área de 0.89, lo que significa que por cada 100 mujeres existen solamente 89 hombres.

La población económicamente activa (PEA), definida como aquella parte de la población en edad de trabajo (PET) que ofrece su fuerza de trabajo al mercado laboral es de 2, 707,272 personas; de las cuales, el 63.1% se localizan en el área urbana y el 36.9% en la rural. Tradicionalmente la PEA ha estado integrada en su mayoría por hombres, para 2003, del 100%, el 59.7% estuvo conformada por hombres y el 40.3% por mujeres; aunque la proporción de mujeres se ha incrementado sustancialmente en los últimos años; no obstante, su actual participacion sigue siendo baja comparada con la de los hombres.

El Índice de Desarrollo Humano, IDH, es una herramienta diseñada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que sirve para seguir las tendencias de desarrollo humano de cada pais, en el largo plazo. El IDH se calcula cada cinco años El estado salvadoreño, en el año 2002, de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2004, fue catalogado en cuanto a su Índice de Desarrollo Humano, en el lugar 103 de un total de 177 países. Esto colocó a El Salvador dentro de los países con desarrollo humano medio.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2003, el 43% de la población (o sea 2, 854,813 personas) sobrevivió en una situación de pobreza y el 19% de la población (o sea 1, 261,429 personas) se encontraban en pobreza absoluta, es decir, sus ingresos eran inferiores al costo de la canasta de alimentos.

.De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2003, en El Salvador en ese año había un total de 1, 589,941 hogares, de los cuales el 14.38% (o sea 228,634) se encontraban en


situación de pobreza extrema y el 21.72% (o sean 345,335 hogares) se encontraban en situación de pobreza relativa. El 63.9% (o sea 1, 015,972) se consideraba como hogares no pobres. Según datos preliminares de la EHPM, para 2005 más de 646,153 hogares, que representan unos 2.6 millones de salvadoreñas y salvadoreños, se encontraban en situación de pobreza

Una de las aspiraciones de un alto porcentaje de la población salvadoreña seguía siendo la migración hacia los Estados Unidos u otros países en busca de mejores alternativas de vida. Al hacer una relación de los datos que se presentaron en la EHPM 2003, se tiene que de los 1, 589,941 hogares en El Salvador para 2003, 340,964 obtuvieron remesas familiares, es decir que de cada 100 hogares salvadoreños, 22 recibieron remesa . En 2004 el 22.3% de los hogares salvadoreños recibían remesas en un promedio mensual de US $ 160.85. En terminos absolutos, significa que unos 362,189 hogares, casi un millón y medio de salvadoreños y salvadoreñas, que estarían recibiendo remesas en un promedio de $ 39.00, mensuales por persona .

Según estimaciones hechas por instituciones que estudian el fenómeno migratorio, un aproximado de 300 personas emigran diariamente hacia Estados Unidos a consecuencia de falta de oportunidades nacionales.

El Banco Central de Reserva (BCR) registra para 2005 un total de US $ 2.830 millones en concepto de remesas familiares y para 2006 se proyecta más de $ 3.000 millones, cifras que superan el 75 %, del total de las exportaciones salvadoreñas, ademas representa más de la quinta parte del PIB corriente, más del 140% de los ingresos tributarios del Gobierno Central y más del 275% del IVA recaudado en 2005.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha manifestado que las remesas enviadas desde los Estados Unidos hacia El Salvador, equivalen a nueve veces la ayuda extranjera y superan en 7 veces a la inversión extranjera directa, no obstante el total de éstas, no reduce la pobreza ni se supera la desigualdad social. Las remesas familiares en su mayor porcentaje, solo están destinadas al consumo y son el reflejo de la desintegración familiar.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo confirma los indicadores de pobreza emitidos por la DIGESTYC, al estimar que en El Salvador, por lo menos el 43% vive en condiciones de pobreza y un 21. 4% en condiciones de pobreza absoluta, sobreviviendo con menos de un dólar diario.


III. Contexto:La transición de un estado interventor a uno de filosofia neoliberal

Con la llegada del partido ARENA al Órgano Ejecutivo en 1989, se inició un cambio importante en la política económica del país. Quedaron atrás el proteccionismo e intervención estatal en la economía, para dar paso a un proceso de apertura de mercado y reducción del papel del Estado como regulador de la actividad económica y prestador de servicios por la via de las empresas publicas.

El primer gobierno encabezado por Alfredo Cristiani (1989-1994) inició el programa llamado por el Banco Mundial, de Ajuste Estructural, cuyo objetivo esencial era reducir el papel interventor del estado e nsertar la economía nacional en la global, en un primer momento , por medio de un modelo de exportaciones no tradicionales, sobre todo de bienes industriales y agroindustriales que penetraran el mercado mundial y modernizaran la economía. Esa idea había sido sugerida por FUSADES11 en 1985.

El Programa de Ajuste Estructural se basa en un principio que sostiene que, los problemas económicos de un país se deben a la existencia de un desequilibrio comercial creciente que provoca escasez de divisas y limita la capacidad de importar, lo que afecta la inversión y la producción, provoca desempleo y disminuye el ingreso. Ante esa situación, el país recurre al endeudamiento externo para financiar importaciones y restablecer los niveles de inversión.

También se impulso el Programa de Estabilización Económica, que buscaba una modificación de la estructura económica para coadyuvar la inserción economica del pais en la economía mundial. Para los sectores empresariales, el estado también genera distorsiones en la economía cuando fija precios de bienes y servicios, cuando determina la tasa de interés, fija salarios, entrega subsidios y cobra altos impuestos sobre la renta a los empresarios.

Estos sectores consideraron que esas medidas afectaban las ganancias y desestimulaban la inversión privada, lo que hace que disminuya la producción y aumente el desempleo.

El programa iniciado durante la presidencia de Alfredo Cristiani, que fue el primer gobierno de ARENA12, tuvo continuidad, con algunas variantes, durante los gobiernos de Armando Calderón Sol y de Francisco Flores.

Las principales medidas que caracterizaron este tránsito de una economía regulada a una en la que el estado se abstraía de sus obligaciones, se caracterizaron por limitar el rol de intervención del estado en la economía, la desregulación y la privatización de servicios públicos. En sus observaciones al informe nacional en 1996, el Comité DESC expresó su preocupación por las consecuencias adversas que podrían tener los programas de ajuste económico y la privatización en materia de derechos humanos13.

Fue desde el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), cuando se comenzó con un conjunto de medidas que incluyeron la desaparición de instituciones reguladoras o de protección, la

11 Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social 12 Partido Alianza Republicana Nacionalista, un partido de derecha 13 E/C.12/1/Add.4 de 28 de mayo de 1996


privatización de servicios públicos y la desregulación. La siguiente tabla resume estas medidas:

Tabla 1 Medidas adoptadas por los

Gobiernos de corte neoliberal en El Salvador, entre 1989-1994

Gobierno Tipo de medida Medida

Gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994)

Privatización Eliminación del monopolio estatal de exportación de café.

Exportación de azúcar

Suministro de hidrocarburos y derivados del petróleo.

Reprivatización de la Banca

Hotel Presidente

Areas de consulta externa del ISSS

Liberalización comercial Baja unilateral de aranceles

Cierre o venta de Instituciones públicas

Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café

Instituto Nacional del Café

Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA)

Instituto de Vivienda Urbana (IVU)

Gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999)

Privatización Ingenios azucareros

Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

Sistema de entrega de placas de vehículos y demás documentos de tránsito.

Sistema Nacional de Pensiones

Gobierno de Francisco Flores (1999-2004)

Privatización Generadoras térmicas de energía eléctrica

Desregulación Dolarización

Las medidas del programa de ajuste estructural aplicada en los tres últimos gobiernos enios se caracterizaron por la tendencia a favorecer al gran capital en detrimento de la calidad de vida de las mayorías. Por ejemplo: la reforma tributaria regresiva: para reponer las pérdidas de ingreso por las privatizaciones, la administración de 1989-1994 introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un 10%; la administración 1994-1999 subió el IVA al 13% y la administración 1994-2004 eliminó las excepciones del IVA a las medicinas, granos básicos y otros alimentos de primera necesidad.

Se puede señalar que la implementación del proceso de ajuste y las privatizaciones de los activos del estado no han generado un los resultados favorable ni las ventajas económicas que se había anunciado, y que se traducirían en beneficios y desarrollo para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas . Por el contrario:


● Generaron una grave y acelerada caída de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.

● No se tomaron medidas económicas y sociales eficaces para compensar y reducir el impacto social del proceso de ajuste.

● El Ajuste Estructural, no fue un mecanismo efectivo que permitió una distribución equitativa del ingreso nacional.

● La privatización de los servicios públicos excluyó aun mas a grandes sectores de la población al acceso de dichos servicios, el cual el estado está obligado a garantizar.

● La dolarización de la economía impactó y sigue impactando directamente la capacidad adquisitiva de las mayorías, principalmente las empobrecidas, y su implementacion ha producido un efecto inflacionario en cascada.

Durante estas gestiones, la situación de la pobreza no vario sustancialmente y la inequitativa distribución de la riqueza tampoco.

Según cifras del Ministerio de Economía en 2004, más de 2.3 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, lo que significo que 562 mil hogares no tenían los ingresos suficientes para cubrir el valor de la Canasta Básica Alimentaria Ampliada (CBAM). A nivel nacional se habrían reducido los hogares en pobreza extrema, ya que habrían pasado de 14.4% en 2003 a 12.6% en 2004, y los hogares en pobreza relativa se habrían incrementado en un 0.3% en 2004 (22.0%).

La situación de pobreza se torna más dramática en el área rural, con el agravante de que esta población enfrenta mayores carencias en materia de acceso a servicios públicos y que además el salario mínimo vigente para las actividades agropecuarias, es tan exiguo que apenas representa la mitad del salario urbano y cubre escasamente la décima parte de la canasta de mercado. A esto se le agrega la inestabilidad y estacionalidad del empleo agricola

En cuanto a la distribución desigual de la riqueza, según información oficial, el 62% del valor agregado nacional es apropiado por los empresarios en forma de ganancia (Excedente Bruto de Explotación), mientras que el 32% corresponde a Remuneración al Trabajo y se reparte entre toda la población “ocupada”; y el restante 6% son impuestos netos de subsidios que capta el Sector Público no Financiero.

La desigualdad en el reparto del ingreso también se calcula a través del coeficiente de Gini, un indicador que mide el nivel de concentración del ingreso y de los activos entre la población. El Salvador tiene un coeficiente de Gini de 53.2%, que lo ubica escasamente a menos de siete décimas por debajo de los países con más concentración de la región: Guatemala (59.5%), Brasil (59.9%) y Chile (57.1%). La evidente concentración del ingreso y los activos entre determinados sectores de la población es la causa mas importante de generacion de desigualdad, marginacion y conculcacion de derechos. Esto significa que el 20% de la población más rica concentra más del 57% del ingreso nacional, mientras que un 20% más pobre percibe solamente el 2.9%; en otras palabras, si en El Salvador, tuviera una población de 10 personas y un ingreso nacional de $ 100.00, las dos personas más ricas se apropiarían de $ 57.10, mientras que las dos personas más pobres sólo les correspondería $ 2.90, es decir veinte veces menos que los primeros.


IV. Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)

Art.1 del PIDESC

1. Detrimento de la soberanía y autodeterminación del pueblo salvadoreño

Se considera que hubo varias decisiones del Estado salvadoreño que limitaron la soberanía y la autodeterminación del pueblo salvadoreño, las que se resumen a continuación:

a) Dolarización. En 2001 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Integración Monetaria (LIM), que incorporó un régimen cambiario fijo de la moneda nacional, el colón, con relación al dólar estadounidense, estableciendo una relacion de 8.75 colones por cada dólar estadounidense. Con esta medida se favoreció a empresas financieras y no financieras con acceso a la banca internacional, que mantenían deudas en dólares y necesitaban asegurarse que la relacion cambiaria no se modificaría, dadas las consecuencias financieras que representaría para ellos una devaluación del colón. La medida implicó la pérdida de la autonomía y la capacidad en la definición y manejo de la política económica en sentido amplio, y de las políticas monetaria, cambiaria y comercial en sentido estricto. No es cierto, como lo ha señalado el GOES, en su informe que El Salvador haya un bimonetarismo, ya que en menos de 20 meses de entrada en vigencia de la LIM el 98.9 % del dinero total de la economía salvadoreña se encontraba en dólares, según informo el propio Banco Central de Reserva14.

b) Base de Monitoreo de Comalapa. El 31 de marzo de 2000 fue aprobado y luego ratificado el 6 de julio del mismo año, el Acuerdo de cooperación entre el GOES y el gobierno de los Estados Unidos de Norte América, relativo al acceso y al uso de las instalaciones del aeropuerto internacional “El Salvador”, para el control aéreo de la narcoactividad15. El convenio otorga facultades de seguridad interna al personal estadounidense adscrito a la base, lo cual es una potestad exclusiva de la Policía Nacional Civil16.

c) Envió de Tropas a Irak. El Salvador es el único país del Continente Americano que aún mantiene un batallón de su ejército nacional en tierras iraquíes como apoyo a Estados Unidos17 Dicha adhesión fue comprometida en febrero de 2003 por el entonces presidente Francisco Flores. Desde agosto de 2003, cuando se envió el primer contingente de 360 soldados, El Salvador mantiene presencia militar en ese país. Al tomar posesión como presidente, el 1 de junio de 2004, Antonio Saca, manifestó que continuaría con la misma decisión, a pesar de las perdidas de vida de los soldados salvadoreños que se han producido. En este caso específico, al Estado salvadoreño se le ha impuesto la posición que debe adoptar dentro de la comunidad internacional. Se infiere que esta imposición está determinada por la dependencia económica y política que El Salvador tiene., ya que se

14 El Diario de Hoy, 27 de septiembre de 2002, p. 4215

Publicado en Diario Oficial Nº 141, Tomo 348, el 27/07/200016 FESPAD presentó en el año 2000, una demanda de inconstitucionalidad contra el convenio al considerarlo inconstitucional. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó el reclamo al considerar que no violentaba la soberanía como se alegaba. 17 Brigada Plus Ultra, fue el nombre de los grupos militares de diferentes países que acompañaron a los EEUU de América en la invasión a Irak. El presidente de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el 18 de abril de 2004 la retirada de las tropas españolas de Iraq. Honduras retiró sus tropas el 19 de abril de 2004. República Dominicana hizo lo mismo el 20 de abril del mismo año


considera que son un poco más de dos millones y medio de salvadoreños y salvadoreñas que residen en ese Estados Unidos y que es a través del envío de las remesas familiares, que se capta un aporte de el 14% al PIB nacional. Además se aduce, la solidaridad recibida por El Salvador de parte de EEUU durante el conflicto armado de los años 80.

Art. 6 PIDESC

1. Situación del empleo: Menos tasa de desempleo pero más subempleo y precariedad del empleo

Para 2002, la tasa de la población ocupada dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) era de 93.2% y la tasa de población desocupada era de 6.8%. Sin embargo, las cifras de desocupados no encajan con la realidad de los últimos años.

Así, “…en el año 2001 se perdieron 37,000 empleos más de los que se generaron. En ese año hubo dos terremotos, pero no fue por eso que aumentó el desempleo; la gente que perdió su trabajo era la que laboraba en las maquilas y en el gobierno, de donde despidieron a 10,000 personas. En el 2002 el gobierno lanzó a las calles a otras 8,804 personas. Otras 80,000 dejaron de cortar café. El mayor problema de desempleo está en el campo, en el 2003, según el Ministro de Trabajo, Jorge Nieto, el sector agropecuario perdió 100,000 empleos18.”

Esta contradicción encuentra su explicación en la forma que se encuentra definida y calculada la tasa de empleo y desempleo. La población total se clasifica en dos categorías: la Población Económicamente Inactiva (PEI) y la Población Económicamente Activa (PEA). Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) la PEI está integrada por aquéllas personas que “…estando en edad de trabajar, no trabajan ni buscan activamente empleo, como los estudiantes, las amas de casas y las personas jubiladas, entre otros grupos sociales” La PEA se define como “el grupo poblacional constituido por las personas que estando en edad de trabajar, efectivamente forma de la fuerza de trabajo al mantenerse en una ocupación o buscarla activamente”

La PEA está compuesta por dos agrupamientos poblacionales: ocupados y desocupados. Los ocupados son las personas que tienen un trabajo del cual obtienen una remuneración o ganancia, o trabajan sin pago en dinero en un establecimiento familiar; mientras que los desocupados o desempleados son aquellas personas que no trabajan pero buscan activamente empleo y estarían en condiciones para incorporarse inmediatamente a trabajar.

La población ocupada se clasifica en ocupados plenos, subempleados visibles y subempleados invisibles. Los ocupados plenos trabajan 40 ó más horas a la semana y perciben un ingreso mayor o igual que el salario mínimo establecido; los subempleados visibles son las personas ocupadas que trabajan involuntariamente menos de 40 horas semanales; y los subempleados invisibles trabajan 40 ó más horas a la semana pero perciben un ingreso menor que el salario mínimo establecido.

La población subempleada está incluida en la categoría de las personas ocupadas, aunque su medición es principalmente urbana. Para 2004, El Salvador tenía una tasa de subempleo del 34.6 %, de los cuales sólo 73,935 personas (4.3%) eran subempleados visibles o por jornada y el 30.3% restante , que corresponde a 475,136 personas, son subempleados invisibles o por ingreso.

18 FESPAD y otros. El Salvador por Dentro, Talleres Gráficos UCA. Noviembre de 2005.


Como ya se ha planteado, la población desocupada o desempleada incluye al grupo de personas en edad de trabajar, que no tiene trabajo, que lo busca activamente y que está dispuesta a incorporarse inmediatamente. Según la DIGESTYC, en la categoría de desempleados se incluye a los cesantes y los que buscan trabajo por primera vez. Los cesantes incluyen a las personas desocupadas que han trabajado anteriormente, pero que buscan colocarse en un trabajo

Para el 2004, la tasa de desempleo abierto en El Salvador fue de 6.8 %, lo cual significa que de cada cien personas, únicamente siete se encuentran cesantes o están buscando empleo por primera vez. Los 93 salvadoreños y salvadoreñas que restan, se encuentran empleados o no tienen intención de incorporarse al mercado laboral, estando en la edad para trabajar.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe de “Desarrollo Humano El Salvador 2003”, p. 118, expresó que los datos sobre subempleo proporcionados en El Salvador por el GOES, deben tomarse con cautela, debido a que dicha tasa pondera de la misma manera a un ocupado que trabaja muy pocas horas que a un ocupado que trabaja la jornada normal.

A juzgar por las cifras de la DIGESTYC, parecería ser que la economía salvadoreña tiene una enorme capacidad de crear empleo y absorber a la PEA, incluso en niveles superiores a las economías europeas19. Según la DIGESTYC, en 2004, el 93.2% de la PEA salvadoreña estaba ocupada y de cada cien personas en edad y capacidad de trabajar, menos de siete personas estarían desempleadas.

En el mercado de trabajo salvadoreño, el subempleo supera con creces al desempleo, ya que el registro de la población ocupada en situación de subempleo tiene importantes limitaciones para registrar a aquellas personas que laboran en el denominado “sector informal”, esto conduce a que se estaría subvaluando el contingente de personas que califican como subempleados.

Dadas las limitaciones que presenta el cálculo del desempleo, suelen adicionarse las tasas de subempleo y desempleo abierto para tener una aproximación un poco más real de la situación. Así, en 2004, se tendrían 1,122.038 personas, equivalentes al 41.4% de la PEA, en situación de desocupación o trabajando en condiciones salariales o laborales por debajo de lo establecidos por la Ley.

2. La política gubernamental para la generación de empleo y la supresión de plazas

En 1998 el GOES, anunció un conjunto de políticas contenidas en el plan denominado "La Nueva Alianza", en el cual se hacía alusión a algunos problemas laborales de El Salvador y proponía soluciones a partir de esa visión. Esta política, específicamente la contenida en el apartado denominado "Alianza por el Trabajo", planteaba "la creación de más y mejores oportunidades de empleo e ingresos y mejoramiento en la calidad de vida de los y las salvadoreños/as"20.Sin embargo, las “más y mejores oportunidades de empleo” han estado afincadas en la precarización del empleo como incentivo para la atracción de la inversión extranjera. Esto se evidencia en particular en el caso de la maquila, que supone trabajos de baja calidad por que son mal remunerados y reconocidos. En este sector, se encontraban laborando para 2003, aproximadamente 87, 665 trabajadores y trabajadoras, la mayoría de los cuales eran mujeres

19 Eso significaría que la tasa de desempleo en El Salvador es menor que el registrado en países europeos, como: Francia (9.7%), España (10.7%), Italia (7.8%) y Alemania (9.7%). 20 La Nueva Alianza, p. 5.


(aproximadamente 70%)21.

En el sector público, desde finales de la década pasada, se iniciaron “acciones de modernización del sector estatal”, lo que conllevó a la reducción, a través del despido el trabajadores en diversas carteras del Estado, sin embargo, fue hasta finales de 2001 y principios de 2002, en donde se incrementó la supresión de plazas.

Conforme los datos conocidos a través de los medios de comunicación y de los propios funcionarios, más de 7,000 plazas fueron suprimidas a principios de 2002, de las carteras de obras públicas, gobernación y del Instituto de Protección del Menor. Lo que significó una reducción en el presupuesto de 2002, de 89 millones de dólares22.

Lo cuestionable de la supresión de plazas, aparte del impacto en el trabajo del sector público, fue que se trato de una medida incoherente ya que muchas de las plazas suprimidas eran necesarias y de hecho, la administración incorporo a otras personas para esas plazas por la vía de contratos. Eso aunado a que varias de las plazas cesadas eran de directivos sindicales.

Esto motivo a que los trabajadores cesados presentarán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos23.

3. Flexibilización laboral y el deterioro de las condiciones laborales

La flexibilización laboral es una política que ha tomado auge en muchas empresas salvadoreñas, sobre todo en aquellas que requieren ciclos de producción continuos, pues permite a los empresarios distribuir el trabajo según sus necesidades. Por flexibilización laboral se entiende, al conjunto de medidas que buscan eliminar las garantías laborales en el mercado de trabajo, establecidas en las diferentes legislaciones, de tal manera, que sea el funcionamiento del mercado el que establezca las relaciones entre el patrono y trabajadores y trabajadoras.

La flexibilización laboral puede expresarse de diversas formas, como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 2El Salvador: Principales medidas de flexibilización laboral

Medidas

• Inestabilidad laboral

• Precarización de las condiciones de trabajo

• Generalización de contratación por aprendizaje

• Imposición de contratos temporales

• Pérdida de prestaciones históricamente conseguidas

• Negativa a reconocer pagos por nocturnidad, horas extras y días feriados

• Congelamiento de facto de los salarios mínimos

21Oxfam Internacional. Trabajo de muchas, ganancia de pocos. Mujeres, derechos y discriminación en la flexibilización de los estándares laborales en las maquilas de vestuario y textiles centroamericanas, Impr. Algers 2004. 22 La Prensa Gráfica, 30/01/02. p- 423 La denuncia fue presentada el 10 de marzo de 2003 (Ref P-185-03), y se encuentra actualmente en proceso.


Medidas

• Congelamiento de la revalorización de las pensiones

• Discriminación en la contratación por embarazo o historial sindical

• Irrespeto del derecho de libertad de organización

• Despidos de trabajadores sindicalizados y organizados del Sector Público

• Despidos en el Sector Público por la supresión arbitraria de plazas

• Quiebra de la organización sindical

• Negativa de las autoridades a dar personalidad jurídica a sindicatos del sector público

• Tolerancia del Ministerio de Trabajo ante violaciones de los derechos laborales

Fuente: El Estado de las Políticas Públicas en El Salvador 2004-2005. FESPAD

En El Salvador han existido prácticas encubiertas de flexibilización, que incluyen: imposición de contratos temporales, negativa a reconocer pagos por nocturnidad, horas extras y días feriados, congelamiento de facto de los salarios mínimos, discriminación en la contratación por embarazo o historial sindical, despidos de trabajadores sindicalizados y organizados del sector público, cambios en la duración de la jornada de trabajo; sino también en la posibilidad del patrono de reducir salarios y remunerar en función de los resultados de cada trabajador, cambiar turnos arbitrariamente, utilizar a su personal donde sea necesario, cuándo y cómo se requiera. También implica la reducción de la seguridad social, bajos salarios, poca capacidad de negociación individual colectiva, entre otros aspectos.

No existe un registro pormenorizado de tales prácticas, ya que muchas no son denunciadas o no hay un registro especial en los tribunales, pero estudios e investigaciones recientes dan cuenta de esta situación24. También FESPAD cuenta con un registro de denuncias y casos, algunos de los cuales se mencionan en este informe.

Tales prácticas se han dado con la complicidad del Ministerio de Trabajo, que han asumido un rol bastante pasivo y de complicidad. Ha sido el mismo Ministerio de Trabajo que ha presentado dos propuestas de reformas en materia laboral a la Asamblea Legislativa, que buscan flexibilizar el mercado de trabajo en términos de contratos, salarios y jornadas de trabajo: el proyecto de la Ley Especial para la Reactivación del Empleo (conocida como LERE I) y, además, el Proyecto de la Ley Emergente para la Reactivación del Empleo (conocida como LERE II).

La flexibilización laboral se está proponiendo tanto desde el sector industrial como desde el mismo GOES, como una posible solución al problema generado por la importación masiva al mercado local, de productos elaborados en China. Las propuestas van encaminadas hacia las contrataciones y pagos por hora por mes; la conversión de la indemnización en una especie de seguro de desempleo y el establecimiento de salarios diferenciados dentro del área rural, o mejor dicho el salario industrial del campo, como le llaman los industriales.

24 Ver: Op. Cit. 21 y Human Rights Watch. Indiferencia Intencionada. Inacción del Gobierno de El Salvador en la protección de los derechos de los trabajadores. Diciembre de 2003. http://www.hrw.org/spanish/informes/2003/elsalvador1203/index.htm


http://www.hrw.org/spanish/informes/2003/elsalvador1203/index.htm

Una de las plataformas para el lanzamiento de la propuesta para la flexibilización laboral desde la gran empresa fue hecha desde el Encuentro Nacional de la Empresa Privada 2004 (ENADE), en la cual se propuso al GOES, crear esquemas flexibles de seguridad social y proteger la movilidad laboral, con trabajadores capaces de aprender de cara a los cambios de empleo. ENADE sugirió al GOES, fortalecer la capacidad de la mano de obra y hacer ajustes laborales, para llevar competitividad a las empresas, con tal de enfrentar la competencia externa25.

La flexibilización de facto se ha dado más evidentemente en la empresas de maquila, en muchas de las cuales no se respetan las reglas de contratación y no se pagan las prestaciones establecidas en el Código de Trabajo.

4. La maquila y la situación de las mujeres

La administración de Armando Calderón Sol (1994-1999) promocionó con intensidad la inversión extranjera en El Salvador, principalmente orientada a la industria de la maquila textil proveniente de Taiwán, Corea, y otros países asiáticos. Los inversores llegaron con prontitud motivados por las facilidades y ventajas que el gobierno ofreció, entre ellas el bajo costo de la mano de obra y la exoneración del pago de impuestos.

No cabe la menor duda que la maquila contribuyó a disminuir el desempleo y que durante algún tiempo se constituyó en la principal fuente generadora de trabajo, sin embargo, el problema estriba en la clase de empleo que propició y en las condiciones en las que éste se ha desarrollado. La industria maquilera trajo consigo grandes violaciones a los derechos laborales que van desde la negativa a la formación y constitución de sindicatos, al no pago de horas extras, el maltrato a las y los trabajadores, despidos injustos e incumplimientos a la prohibición de laborar los días de descanso sin justa retribución, por mencionar algunas violaciones.

Un estudio realizado por OXFAM Internacional a nivel de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, y publicado en 2004, revelaba un conjunto de prácticas de violaciones a los derechos laborales que sufrían en particular las trabajadoras de las maquilas y concluía que:

“La discriminación y los métodos de producción son dos aspectos que se interrelacionan para provocar una situación de violaciones generalizadas y sistemáticas a derechos laborales en la maquila, en particular para las mujeres. Estas violaciones ocurren a todos los niveles de los estándares laborales, y se evidencian más en el alargamiento irracional de las jornadas, en el incumplimiento para el pago de prestaciones y las violaciones a las condiciones de salud que deberían prevalecer en los centros de trabajo.26”

Un recuento de los principales casos de violaciones en este sector se contiene en el cuadro siguiente:

25 EL Diario de Hoy 9 de diciembre de 2004, p. 41 26 Op. Cit. 21


Tabla 3Descripción de casos de violaciones a

derechos laborales en la maquila

Nombre afectados Hecho Sindicato STBAES en la empresa Sangbangwool Apparel de El Salvador S.A. de C.V.,

Despido 42 trabajadoras fundadoras del sindicato y los directivos sindicales, que reclamaban un trato digno y el goce de la jornada ordinaria de trabajo de ocho horas, el pago de horas extras(1995)

Sindicato de la empresa MANDARIN INTERNACIONAL

Esta empresa fue una de las primeras en invertir en la maquila salvadoreña. Originalmente se llamó Mandarín Internacional, situada en el Municipio de San Marcos, departamento de San Salvador.

Posteriormente la empresa cambió el nombre al de Charter S.A. de C.V., cambiando también su domicilio al de Olocuilta, específicamente a la zona franca Internacional Olocuilta, ubicada en el kilómetro 28 y medio de la Autopista al Aeropuerto Internacional de Comalapa, en el departamento de La Paz.

No obstante el cambio, en mayo de 2003, trabajadores y trabajadoras de esta empresa denunciaron ante FESPAD el despido de un grupo de empleados y empleadas que participaban activamente en la defensa de los derechos laborales y que se encontraban afiliados al sindicato de la empresa.

Los casos más significativos fueron los de dos trabajadoras eficientes en la producción y con alto liderazgo en la organización sindical de las trabajadoras.

En ambos casos, FESPAD consideró injusto el despido de hecho a las trabajadoras e inició el respectivo Juicio Individual Ordinario de Trabajo contra la sociedad CHARTER S.A. DE C.V., a fin de que el tribunal respectivo condenara a la referida Sociedad al pago de la indemnización por despido injusto, vacaciones y aguinaldo proporcional.

Con fecha 8 de agosto de 2003, después de las gestiones realizadas por los directivos sindicales se firmó un acta de compromiso en la que se lograba el reinstalo de las trabajadoras. Hubo por lo menos dos trabajadores más que no obtuvieron su reinstalo.

Trabajadora JULIA ESPERANZA QUINTANILLA, y otros miembros del Sindicato de la Empresa Gabo S.A

La Señora Quintanilla perdió la vida al negárseles sus derechos a la seguridad social y médica. También hubo despidos contra dirigentes y afiliados sindicales en dicha empresa (1995)

Trabajadores y trabajadoras de la empresa Rayder Textiles – San Marcos, El Salvador.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, les negó la personalidad jurídica. La empresa despidió a 300 trabajadores afiliados y a los miembros de su junta directiva sin el pago de la correspondiente indemnización; y abandono el país de un día a otro, sin cancelar el pasivo laboral de las y los trabajadores.

La intoxicación en la maquila Hoons Apparel

El 5 de julio de 2002 aproximadamente 260 trabajadoras de la fábrica Hoons Apparel, en la zona franca internacional resultaron intoxicadas. En la maquila se trabaja cotidianamente con cloro líquido para quitar manchas en prendas de vestir, la operación se realiza en el área de terminado. Es en esa zona donde se habrían presentado los primeros casos de intoxicación.

El 8 de julio de 2002, una nueva intoxicación masiva ocurrió en tres fábricas de maquila ubicadas en la zona franca de Olocuilta, La Paz. Unos 214 empleados fueron atendidos en distintos centros hospitalarios tras presentar síntomas de intoxicación por cloro, según expresó el director del Hospital Médico-Quirúrgico, Arturo López Avilés. Todos ellos, salvo una mujer, recibieron el alta médica en un plazo máximo de tres horas después de lo ocurrido.

Funcionarios del Comité de Emergencia Nacional (COEN) y del Ministerio de Trabajo manifestaron que no habían encontrado contaminantes ni en el organismo de los empleados ni en la fábrica, y aseguraron que todo se trató de "histeria colectiva" y no de intoxicación. (LPG 9/07/02, p. 4), de lo cual luego se retractaron.

El Ministro de Medio Ambiente, denunció ante la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública de la Asamblea Legislativa que los encargados de la maquila Hoons no permitieron el ingreso a sus instalaciones, lo que imposibilito la investigación. .

Empresarios textileros señalaron que fue un sabotaje; y una comisión especial nombrada concluyó que las trabajadoras no habían resultado intoxicadas por el material de la fabrica. El caso no fue esclarecido en las investigaciones de la Fiscalia.


Art. 7 del PIDESC

1. Pocos avances en seguridad e higiene ocupacional.

Los derechos en el trabajo están contenidos en el artículo 7 del PIDESC, que es una disposición complementaria al derecho al trabajo abordado en el artículo anterior. Este artículo está estrechamente relacionado con un gran número de convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ejemplo: el Convenio número 9927 relativo a la fijación de salario mínimo (1995) y el Convenio número 10028, relativo a la igualdad de remuneración (1951) Las normas establecidas en el artículo 7 del PIDESC también están relacionadas con el deber de los Estados de reducir progresivamente la duración de la semana de trabajo.

La seguridad e higiene laboral son todas aquellas acciones de prevención dentro de la esfera laboral, encaminadas a garantizar a todos los y las trabajadoras condiciones satisfactorias de seguridad e higiene; condiciones que no sólo se consiguen únicamente con medidas legislativas.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MSPS) través del Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional es el responsable de promover la seguridad e higiene laboral.

Si bien el Ministeriode Trabajo, ha avanzado en algunos aspectos en esta área, como la elaboración de un Anteproyecto de Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo29, el cual establece las bases de un sistema normativo en esta materia y la elaboración de una política en la materia, el cumplimiento de la normas de higiene y seguridad ocupacional en las empresas, todavía es escaso y no forma parte de las preocupaciones principales en la agenda del GOES.

Se identifican en la maquila una serie de prácticas contrarias a la higiene y seguridad ocupacional tales como: la falta de simulacros en caso de emergencia o desastres, falta de extinguidores y otros materiales de protección, obstrucción al acceso a servicios sanitarios, hacinamiento, locales inadecuados y con poca ventilación, falta de capacitación y la falta de indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo30.

2. Salario mínimo no acorde con canasta básica

De acuerdo al Código de Trabajo, “Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente.” Para fijar el salario mínimo se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Para apreciar el costo de la vida deberán considerarse los gastos ordinarios en alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud, de una familia obrera promedio, campesina o urbana.

27 Convenio relativo a los métodos para la fijación de salarios mínimos en la agricultura aprobada mediante A.E. No. 258 del 12 de abril de 1994 y ratificado el 14 de julio de 1994, publicado en Diario Oficial, Tomo 324, No. 15, del 26 de agosto de 1994.28 Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 556 del 1 de junio de 2000, y ratificado el 15 de junio de 2000. Publicado en Diario Oficial No. 348, No. 135 del 19 de julio de 2000.29 La Concertación por un Empleo Digno en la Maquila (CEDM) presentó una propuesta complementaria, sin embargo, a la fecha de este informe la Asamblea Legislativa no ha aprobado la ley. 30 Op. Cita 21


En El Salvador, desde 1998, el salario mínimo no fue objeto de ningún aumento, sino hasta el 22 de mayo de 2003 en que entró en vigencia el nuevo salario mínimo, pero esta vez, de una forma diferenciada. La siguiente tabla muestra la diferenciación hecha:

Tabla 4El Salvador: Salarios Mínimos mensuales (US $)

1998 – abril 2003

mayo 2003 –a la fecha

Incremento (%)

Sector comercio 144.00 158.40 10

Sector industria 144.00 154.80 7.5

Sector maquila y textiles 144.00 151.42 5.0

Sector agropecuario (tarifa promedio) 75.50 75.50 0.0

Fuente: El Estado de las Políticas Públicas en El Salvador 2004-2006.

Los trabajadores y trabajadoras agrícolas no fueron tomados en cuenta en este incremento, el argumento estatal fue que ese sector era incapaz de hacer frente a un alza salarial debido a la crisis por la que atravesaba, la cual tendría a la base la caída de los precios internacionales del café. Sin embargo, para finales de 2004, esa argumentación ya no tenía ninguna solidez puesto que durante el segundo semestre de 2004, los precios internacionales del café tuvieron una alzada sostenida, por lo que si procedía un aumento al salario mínimo del campo, situación que no se cumplió.

Los salarios mínimos se fijan en el país por decreto ejecutivo y para su estimación se utiliza como referencia el coste de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). El valor de esta canasta también es el parámetro utilizado para la medición de la pobreza, a través de una metodología que establece dos Líneas de Pobreza: Extrema y Relativa, la primera está definida por el coste de la CBA y la segunda por un valor equivalente a dos veces el coste de la CBA (denominada Canasta Básica Ampliada, CBAM). De esta manera, las familias cuyos ingresos son inferiores al coste de la CBA se definen en situación de pobreza extrema o absoluta, y aquellos hogares con ingresos superiores al coste de una CBA e inferiores a dos CBA (una CBAM), se definen como pobres relativos.

La CBA incluye un conjunto de productos alimenticios compuestos por pan francés, tortillas, arroz, carnes, grasas, huevos, leche fluida, frutas, frijoles, verduras y azúcar31.

La estructura de la CBA se define a partir de los mínimos requerimientos nutricionales diarios por persona, diferenciados para las áreas urbana y rural. El valor monetario de estas cantidades de alimentos ha de multiplicarse por el número de miembros de una familia tipo según el área geográfica, que según las Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de la DIGESTYC es de 4 miembros para una familia urbana y 4.5 si se trata de familias rurales.

La composición de la canasta básica está diferenciada para áreas rural y urbana, lo que da base a la diferenciación de los salarios mínimos. Existen alimentos que no se contemplan en la canasta rural (pan francés y verduras, por ejemplo) y que están incluidos en la canasta urbana, lo que permite una diferenciación en el coste de las canastas de aproximadamente $ 33 mensuales en 2004; para este año la CBA urbana tenia un valor de $ 129.57 y la CBA rural de $ 96.73.

31 DIGESTYC: IPC, Canasta Básica Alimentaria. www.digestyc.gob.sv


Aunque en 2004 los salarios mínimos mensuales urbanos permitían cubrir el valor de la CBA urbana ($ 129.57), las tarifas agropecuarias ($ 75.50) solo representaban el 80% del valor de la CBA rural, con lo cual se evidencia la incapacidad que enfrentan las familias rurales para tener acceso a los alimentos que en las cantidades mínimas les garanticen su subsistencia.

Pese a que los salarios mínimos urbanos superaron el valor de la CBA en 2004, con ese nivel de ingreso los hogares urbanos tampoco pueden tener acceso a vivienda, vestuario y los servicios básicos con que debería contar cualquier ser humano. La CBAM, equivalió a $ 259.14 en el área urbana y a $ 193.46 en el área rural.

Según datos preliminares de la EHPM, para 2005 más de 646,153 hogares, que representan unos 2.6 millones de salvadoreñas y salvadoreños, se encontraban en situación de pobreza. La población no pobre serían todos aquellos hogares cuyos ingresos superan el valor de una CBAM, aunque no tengan capacidad para adquirir una Canasta de Mercado (CM). La CM integra unos 241 bienes y servicios identificados como la estructura de consumo promedio de un hogar salvadoreño, a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos realizada entre 1990 y 1991.

3. Trabajo infantil sin control

Mientras la normativa laboral prohíbe expresamente el trabajo de las personas menores de 12 años, en los registros oficiales de la DIGESTYC se incluye en la PEA el segmento de la población con edades comprendidas entre los 10 y 12 años. La EHPM registra 251,209 niñas y niños catalogados como ocupados, cifra que corresponde al 16.9 % del total de menores de edad que forman parte de la PEA.

El trabajo realizado por menores de 18 años en labores peligrosas o insalubres (Art. 105, Código de Trabajo –CT-) se encuentra prohibido; así como el trabajo realizado por menores de 14 años y a quienes habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria (Art. 114, inc. CT); y sólo autoriza el trabajo de los menores a partir de los 12 años a condición que se trate de trabajos ligeros y que estos no sean susceptibles a perjudicar su salud o desarrollo, asistencia a escuela, entre otras condiciones (Art. 114, inc. b, CT).

El mismo GOES reconoce la existencia de un importante contingente de niñas y niñas ocupadas en El Salvador, pese a que el Código de Trabajo prohíbe algunas actividades desarrolladas por menores de edad y en otras regula las condiciones en que han de realizarse. A partir de las mismas cifras oficiales se demuestra la situación de ilegalidad en la contratación de niños y niñas entre 10 y 12 años, lo cual exige la inmediata acción del GOES.

4. Desprotección para personas de la tercera edad

En 2004, el total de personas mayores de 60 años fue de 639,415, de los cuales 206,970 se encontraban empleados u ocupados; esto significa que el 32% de las personas de la tercera edad deben de trabajar para obtener un ingreso que les permita su reproducción.

Como consecuencia del proceso de exclusión y marginación social los hogares salvadoreños han tenido que definir sus propias estrategias de sobrevivencia, que incluyen la incorporación de niñas, niños y personas mayores en las actividades generadoras de ingreso; lo cual está profundamente asociado con el crecimiento de las tasas de empleo infantil, principalmente el de trabajo infantil.


5. Trabajadores/as con discapacidad

El Salvador cuenta con una Ley de Equiparación de Oportunidades, para las personas con discapacidad32, la cual tiene por objeto establecer el régimen de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidades físicas, mentales, psicológicas y sensoriales, ya sean congénitas o adquiridas.

Dicha ley dio creo en el año 2000, al Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad (CONAIPD), el cual formuló una política nacional de atención integral a las personas con discapacidad.

La Ley de Equiparación de Oportunidades establece que la persona con discapacidad tiene derecho a:

● A ser protegida contra toda discriminación, explotación, trato denigrante o abusivo en razón de su discapacidad.

● A recibir educación con metodología adecuada que facilite su aprendizaje.

● A facilidades arquitectónicas de movilidad vial y acceso a los establecimientos públicos y privados con afluencia de público.

● A su formación, rehabilitación laboral y profesional.

● A obtener empleo y ejercer una ocupación remunerada y a no ser despedido en razón de su discapacidad.

● A ser atendida por personal idóneo en su rehabilitación integral.

● A tener acceso a sistemas de becas.

El CONAIPD registra que en el país, para 2004 había un total de 18,071 personas con discapacidades físicas. Sin embargo, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPR) a noviembre de 2004, más de 200,000 personas mayores de 18 años sufrían de alguna discapacidad33.

De acuerdo a datos del CONAIPD, la distribución por sexo y edad queda de la siguiente manera:

Tabla 5Distribución por Sexo y Edad de Personas con Discapacidad

Mujeres Hombres Menores

6,708 (adultas con problemas de discapacidad)

8,615 personas de sexo masculino son minusválidos

2,748 pequeñoa entre cero y diez años con discapacidad

Fuente: LPG 3/10/04, p. 7

32 Decreto Legislativo N° 888, del 27 de abril del 2000, publicado en el Diario Oficial N° 95, Tomo 347, del 24 de mayo de 2000.33 La Prensa Gráfica, 18 de noviembre de 2004, p. 28


Aunque existen sensibles avances en cuanto al censo de las personas con discapacidad, de la inserción de ellos en el mercado laboral no se tienen datos precisos. Un estimado obtenido de un estudio efectuado por el MTPS refleja que de 860 empresas formales, únicamente el 30% de ellas dio trabajo a personas discapacitadas, lo que representaba un total de 1,700 personas con discapacidad34.

Art. 8 del PIDESC

1. Atentados a la libertad sindical

El derecho a fundar y afiliarse a sindicatos está estrechamente vinculado al derecho a la libertad de asociación, ampliamente reconocido en todas las disposiciones del derecho internacional sobre derechos humanos. Estos derechos, junto con el derecho de huelga, son fundamentales para la plena realización de los derechos de los trabajadores y demás ciudadanos proclamados en el PIDESC.

En El Salvador, el marco legal laboral está constituido principalmente por la normativa estipulada en la Constitución, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Código de Trabajo. Estas leyes buscan promover y hacer efectivos los derechos de los y las trabajadoras.

En la sección segunda de la Constitución de la republica, se desarrolla la normativa relacionada con el trabajo y la seguridad social; estableciendo que el trabajo es una función social, que goza de la protección del Estado y que no se considerará como mercancía.

El Estado salvadoreño, durante el período comprendido en este informe, se negó reiteradamente a ratificar dos de los convenios fundamentales de la OIT: el Convenio Nº 87 que trata sobre la libertad sindical y la protección de derecho de sindicación ni el Convenio No. 9835 que trata sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, a pesar que ambos tratados formaban parte de los instrumentos que los sectores laborales propusieron en el contexto del cumplimiento de los Acuerdos de Paz de El Salvador y más específicamente en el marco del Foro de Concertación Económica y Social.

Igualmente, El Salvador no ratificó el convenio Nº 151 que aborda la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, el cual fue adoptado el 27 de junio de 1978, por la Conferencia General de la OIT en su sexagésima cuarta reunión, entrando en vigor el 25 de febrero de 1981.

Durante el período objeto de este informe las y los trabajadores salvadoreños siguieron enfrentando serias dificultades para ejercer el derecho a la sindicación. Estas dificultades se han presentado en formas diversas, yendo desde formas más sutiles y encubiertas como la prohibición de la organización sindical desde el momento de la contratación de las y los trabajadores; hasta formas obvias como la elaboración y difusión de “listas negras” de personas con adhesiones sindicales. En los sectores públicos y privados, el movimiento laboral está siendo cada vez más disminuido como resultado de restricciones al derecho a fundar sindicatos, a la libre afiliación a los ya existentes y a

34 La Prensa Gráfica, 18 de noviembre de 2004, p. 2835 Los Convenios 87, 98, 135 y 151 fueron finalmente ratificados por el Estado salvadoreño el 24 de agosto de 2006, luego de verse presionado por la Unión Europea ante la posible pérdida de beneficios arancelarios debido a la falta de ratificación de los tratados antes citados. No obstante lo anterior el Estado salvadoreño condicionó internamente su ratificación a una serie de reformas a la Constitución de la República y a la Ley del Servicio Civil, modificaciones legislativas que ponen en riesgo la implementación de los Convenios aprobados. En el proceso vivido se puso en evidencia la existencia de una cultura antisindical del gobierno de la República y de una parte importante del empresariado salvadoreño.


la prohibición de las actividades de los mismos.

Bajo una distorcionada interpretación de la Constitución, el GOES considera que el art. 47 Cn. solo permite la sindicalización de los empleados de las instituciones autónomas, pero no así de los empleados del gobierno central, con lo cual se han negado la posibilidad de asociarse a este sector. Sin embargo, resulta en una interpretación restrictiva de la Constitución, ya que la misma no prohíbe expresamente la sindicación de este sector.

Las políticas del Estado, lejos buscar la tutela del derecho a la libertad sindical, han confluido a la desarticulación de la organización sindical, esencialmente con la puesta en marcha de los procesos de privatización a través de la concesión de servicios y con el mantenimiento de un Ministerio de Trabajo que protegía un interés a la inversión extranjera frente a velar por los derechos de las y los trabajadores.

Para el Estado salvadoreño, la inactividad sindical en el país, supone un ambiente seguro para la inversión de capital financiero de parte de empresas extranjeras. Y, a juzgar por la poca actividad reivindicativa de derechos sindicales durante estos años, el gobierno está logrando ese ambiente.

En el sector privado, no han existido sensibles acciones reivindicativas de derechos laborales, ni mucho menos el uso de la huelga como medida extrema. Al contrario, lo que sí estuvo presente fueron acciones patronales en contra de la exigua organización sindical, como los casos, referentes al despido de los dirigentes sindicales de la Fábrica Minerva36; y del caso de los trabajadores que aparecen como sindicalistas en un listado distribuido entre los empresarios para que no se les brinde empleo37.

Similar situación fue la denunciada por miembros y miembras del Sindicato de Trabajadores de la Empresa FOREMOST, a quienes se les despidió por ser miembros y miembras de dicho sindicato. Además de violentar lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo38.

Estas y otras acciones van en contra de las prohibiciones que la ley hace a los patronos en el sentido de no hacer, por medios directos o indirectos, discriminaciones entre los y las trabajadoras por su condición de sindicalizados o tomar represalias contra ellos por el mismo motivo.

El sector público, a diferencia del sector privado, sí mostró leves visos de reivindicación de derechos laborales. Pero no por ello, se pretende negar las acciones estatales por el debilitamiento del movimiento sindical en ese sector. Dentro de las acciones en contra de la organización sindical en este sector se encontró la militarización del aeropuerto internacional de El Salvador en octubre del 2001, cuya acción dio inicio con la desarticulación del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Internacional de El Salvador (SITEAIES)39.

Similares acciones fueron desarrolladas por el GOES, en contra de la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador (FESTRASPES) y por el Sindicato de

36 Acción que va contra lo dispuesto en el artículo número 47 de la Constitución de la República, el cual estipula que «los miembros de las directivas... hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones, no podrán ser despedidos, suspendidos disciplinariamente, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por justa causa calificada previamente por la autoridad competente». 37 Tal y como lo denunciaran algunos trabajadores ante FESPAD.38 Diario Co-Latino, 27 de enero de 2004, p. 4 39 Despidiendo a trabajadores/as miembros/as del sindicato. Finalmente los directivos sindicales, negociaron algunos puntos con la patronal de CEPA, de tal manera que el sindicato continuó funcionando pero disminuido ya que no se logró el reinstalo de las y los despedidos.


Trabajadores del Instituto Nacional de Pensionados Públicos (SITINPEP); ambos casos fueron denunciados ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Sin embargo, el GOES, se justificó ante dicho Comité, aduciendo que las supresiones de plazas en el Instituto Nacional de Pensionados Públicos no tuvieron como motivo la afiliación o actividades sindicales, sino más bien motivos financieros.

La siguiente tabla muestra algunos de los casos registrados contra la libertad sindical:

Tabla 6Casos de violaciones a la libertad sindical

Caso Hechos

Trabajadores de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

La privatización de las telecomunicaciones en El Salvador se llevó a cabo a finales de 1997, lo que implico el despido de trabajadores, algunos de los cuales fueron recontratados.

Las asociaciones anteriores decidieron formar un nuevo sindicato: el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Telecomunicaciones, Similares y Conexos (ATANTEL), lo que fue impedido por el Ministerio de Trabajo, bajo el argumento de que los trabajadores ya no laboraban para la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) sino para un nuevo ente. Este argumento violentaba no solo la legislación nacional, sino lo establecido en los tratados vigentes relativos a los Derechos Humanos en El Salvador.

El segundo esfuerzo de ambas asociaciones se realizó cuando intentaron inscribirse bajo la denominación de Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones (ASTTEL), constituido el 22 de junio de 1998, sin embargo, tal solicitud también fue denegada. Para el 24 de junio de 1998 constituyeron los sindicatos SUTTEL y SIITEL a quienes también les negaron su personalidad jurídica, no obstante, por medio de demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia se logró su inscripción y legalización.

Ingenio El Carmen El Ingenio el Carmen, está situado en el departamento de Sonsonate, el cual fue comprado por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en 1979. En el año 1982 pasó a ser administrado por el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), institución autónoma a la cual pertenecía el Sindicato de la Industria del Azúcar (SINA), el cual inicia su proceso de afiliación y contratación colectiva.

En 1994 el Ingenio fue vendido a la empresa SERVITECSA, en donde los mismos trabajadores tenían participación accionaria, esta situación provocó la anulación del sindicato por el cambio de la razón social ya que la empresa pasó de llamarse Ingenio El Carmen a denominarse SERVITECSA, como consecuencia de esto se dio la terminación del contrato colectivo de trabajo.

En el mes de septiembre de 1999, los trabajadores le dieron vida a un nuevo sindicato llamado: sindicato de empresa de Trabajadores de la Administradora el Carmen, S.A. de C.V., presentando la respectiva solicitud de personalidad Jurídica al Ministerio de Trabajo. El 8 de octubre de 1999, ante el conocimiento de la empresa de la constitución de la Organización sindical despide a todos los y las trabajadoras, dando por terminado los contratos, por el cierre de operaciones.

La empresa indemnizó a los trabajadores afiliados al sindicato, pagando el fuero sindical a los directivos sindicales y a los fundadores del sindicato, violentado flagrantemente el derecho a la libertad de organización.

Trabajadores de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) es una institución autónoma en cuyo interior se han conformado tres sindicatos: el Sindicato de la Industria Portuaria de El Salvador (SIPES); el Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Internacional de El Salvador (SITEAIES), y el Sindicato de la Industria Ferroviaria de El Salvador (SIFES), los cuales han sido víctimas de violaciones a los derechos a la libertad


Caso Hechos

sindical, a la contratación colectiva y a la estabilidad laboral, por mencionar algunos.

Y, en efecto, los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001, fueron la excusa para violentar el derecho a la libertad sindical, a través de la flexibilidad de hecho y forzada, afectando a las y los trabajadores afiliados a los tres sindicatos de la CEPA, ya que tras los atentados el GOES, tomó la decisión de militarizar los puertos y aeropuertos, acción que coincidió con la intención de concesionar a la empresa privada los servicios que administra la CEPA40 y que fue implementada en plena negociación del contrato colectivo de trabajo. Dicha acción de privatización de la CEPA sólo se podría realizar violando las normas legales establecidas para esa institución autónoma ya que la Ley Orgánica y de creación de CEPA establece que los servicios que presta la institución sólo deben ser realizados por la autónoma y no por particulares.

Tanto en la terminal aérea de Comalapa como en el Puerto de Acajutla, el GOES y los encargados de la autónoma optaron por la flexibilización forzada o violenta en vista de la férrea oposición de los sindicatos.

Previo al conflicto, el Secretario General de la última Junta Directiva del Sindicato de la Industria Portuaria de El Salvador, César Antonio Zeledón, manifestó que: "las autoridades de CEPA están promoviendo la quiebra de CEPA a través de hacer ver ineficientes.

Trabajadores de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) (Cont…)

los servicios aéreos y portuarios con el propósito de justificar la concesión. Además manifestó que a los empleados se les está proponiendo la emisión de un decreto de retiro voluntario"41.

Estas afirmaciones se confirmaron con los despidos que hizo CEPA contra personal de seguridad y de mantenimiento del Aeropuerto de Comalapa y Puerto de Acajutla, en su mayoría miembros del sindicato, a raíz de los acontecimientos sucedidos el 11 de septiembre en Estados Unidos.

A excepción de las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Internacional de El Salvador (SITEAIES), los trabajadores afiliados al Sindicato de la Industria Portuaria de El Salvador (SIPES) y del Sindicato de la Industria Ferroviaria de El Salvador (SIFES), fueron obligados a acogerse a un retiro "Voluntario"42, fundamentado en las cláusulas del contrato colectivo de trabajo vigente; hasta esa fecha los trabajadores desconocían43 de donde se erogaron los recursos económicos para los pagos de indemnizaciones, la única posibilidad era el apoyo de la banca privada con un interés muy alto; con esta acción de obligar a todos los miembros del sindicato a acogerse al retiro y firmar un nuevo contrato, también el proceso de cancelación de la personalidad jurídica de los sindicatos; en el caso del Sindicato del Puerto de Acajutla al mes de noviembre de 2004, no ha sido liquidado el sindicato por parte del Ministerio de Trabajo44.

Sindicato LIDO En la primera semana de mayo de 2002, miembros del Sindicato de la Empresa Lido Sociedad Anónima, dieron a conocer los problemas laborales entre los trabajadores y la patronal. Según ellos, como consecuencia de esas declaraciones, una semana después, 41 empleados fueron despedidos, entre ellos, dirigentes del sindicato. La empresa Lido cuenta con un promedio de 350 empleados, lo que el despido representó el 11.7% del total de los trabajadores.

40 La CEPA tiene a su cargo la prestación o administración de los servicios de Puerto de Acajutla, Aeropuerto Internacional de El Salvador y Ferrocarriles de El Salvador.41 Periódico La Prensa Gráfica, 17 de agosto de 2001.42 Según el testimonio de Eduardo Ordóñez, Clemente Hernández y David Marroquín, miembros de la última directiva del Sindicato, en el caso del Puerto de Acajutla fueron desalojados violentamente por miembros del ejército de El Salvador y grupos élites de la Policía Nacional Civil. 43 Según el testimonio de Eduardo Ordóñez, Clemente Hernández y David Marroquín, miembros de la última directiva del Sindicato SIPES.44 Idem.


2. Imposibilidad de ejercicio del derecho a la huelga

Conforme el Código de Trabajo, para que una huelga sea declarada legal necesita transcurrir por varias etapas o fases que van desde el trato directo entre las partes a un arbitraje. Esto ha hecho que en la historia de El Salvador no exista ninguna huelga que haya sido declarada legal. Por el contrario cuando los trabajadores han recurrido a la misma, lo que se suele declarar es su ilegalidad.

Esto ha motivado a que los trabajadores sean obligados a incurrir en ilegalidad cuando recurren a la huelga para reclamar por sus derechos. A esto contribuye, que la Constitución prohíba la huelga de los empleados públicos, y que el Código de Trabajo lo haga con los servicios esenciales a la comunidad. Aunque la OIT reconoce las facultades del Estado de limitar la huelga, recomienda que tal limitación no debe ser generalizada, sino precisa, lo que no ocurre en el caso de la legislación salvadoreña.

Art. 9 del PIDESC

1. Situación de entidades que velan por la seguridad social

Entre las instituciones que ofrecen servicios de seguridad social están: El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), El Instituto Nacional de Pensionados Públicos (INPEP), Fondo Social para la Vivienda (FSV), El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y a partir del 16 abril de 1998, El Sistema de Ahorro para Pensiones. Además existen otras entidades que también realizan labores de seguridad social, tales como El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI), algunos asilos para ancianos y ancianas, los servicios de salud pública y asistencia social, las instituciones y asociaciones protectoras de la maternidad y de la infancia y entidades privadas de auxilio como la Cruz Roja, Cruz Verde y similares. Mención aparte merece el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que por ser el máximo organismo con que cuenta el Estado en materia de salud, incide en la seguridad social.

1.1 El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

1.1.1 Cobertura y deficiencias

La Ley del Seguro Social de El Salvador, se aprobó según Decreto Legislativo Nº 329, del 28 de Septiembre de 1949, del Consejo de Gobierno Revolucionario. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial del 30 del mismo mes y año. De acuerdo con dicha ley, el ISSS se creó el 23 de diciembre de 1949.

Constitucionalmente se establece el Seguro Social obligatorio como una institución de derecho público, que realizará los fines de seguridad social. Para esa determinación se deroga la anterior ley y se aprueba, mediante Decreto Legislativo Nº 1263, del 3 de diciembre de 1953, publicado en Diario Oficial 226, Tomo 161, del 11 de diciembre de 1953, la nueva Ley del Seguro Social.

El ISSS tiene por objeto cubrir al hombre y la mujer que trabaja y a su familia de los riesgos naturales y sociales como enfermedad, accidente común; accidente de trabajo, enfermedad profesional; maternidad; invalidez; vejez; y muerte que son constantes amenazas a su salud, su integridad física y su vida, y, como consecuencia, a su capacidad de trabajo.

El sistema de seguridad social salvadoreño se le considera que es de carácter progresivo, debido a


que por vía legal se van determinando los riesgos cubiertos o aquellos motivos por los cuales amerita dar asistencia social y además es por la misma vía, que se va determinando a grupos o sectores de trabajadores que se protegerán socialmente. De tal manera que en la actualidad, los sectores de trabajadores protegidos siguen siendo los asalariados urbanos y trabajadores del Estado, quedando fuera de la protección social los trabajadores agrícolas, trabajadoras y trabajadores domésticos, los trabajadores y trabajadoras del sector informal y los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, entre otros.

La cobertura del sistema se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 7 Cobertura de la población

asegurada

Fuente: Informe DESC 2004 –FESPAD

Este cuadro o refleja que sólo el 19.11% posee seguro médico, y el 80.89% está desprotegido. Quienes están más descubiertas son las mujeres (52.5%)

Las principales deficiencias y problemas enfrentados por el ISSS para garantizar la seguridad social de la población han sido:

a) La escasez de medicinas. Es un problema que sucede desde hace varios años y que hasta la fecha no se ha logrado superar. En los últimos años ha sido una de las principales quejas de los usuarios y usuarias.

b) Tiempo para citas. Otro problema no superado en El ISSS, es el tiempo que dista desde la solicitud de una cita con médico especialista hasta el día de su realización. A finales de junio de 2004, el tiempo de espera promedio para poder ser atendido por un médico especialista en las clínicas de El ISSS, era de tres a seis meses. El número de pacientes que cada mes solicitaba una cita con especialista y que debía esperar este tiempo rondaba los 3,600 pacientes en promedio.

c) Incumplimiento patronal. De un total de 516,000 trabajadores y trabajadoras cotizantes en el ISSS, un aproximado de 57,000 de ellos y ellas, quedan fuera de la protección médica hospitalaria al mes, debido al incumplimiento patronal, en cuanto al pago de cotizaciones.

De acuerdo a información del ISSS, durante los últimos diez años un total de 2,500 patronos se apropiaron de 2.5 millones de dólares al retener las cotizaciones y no trasladarlas al ISSS45. Las autoridades del ISSS informaron que durante los últimos diez años, la industria maquilera es la que mayormente ha realizado la práctica de retención de cotizaciones y que dentro del sector privado es

45 La Prensa Gráfica, 8 de octubre de 2004, p. 2.


la que mayor deuda tiene con El ISSS, bajo ese concepto. Esa deuda acumulada desde 1995 ascendió hasta 2004, a $3,913,000 dólares46. A partir del 27 de enero de 2004, entró en vigencia la reforma del artículo 245 del Código Penal, el cual establece la sanción para aquel empleador o cualquier otra persona que se apropie de fondos, contribuciones, cotizaciones o cuentas destinadas a entidades de seguridad social.

1.1.2 Intentos de privatización y conflictos en el seguro social

Los conflictos entre trabajadores de los sindicatos del ISSS y la administración tuvieron tensas las relaciones desde 1999. Marco dentro del cual se dio una huelga que inició el 15 de noviembre de ese año y que se suspendió el 10 de marzo de 2000. Uno de los acuerdos que surgieron junto a la suspensión de la huelga fue que paulatinamente se daría una reforma integral en el sistema de salud, reforma en la cual las propuestas presentadas por los trabajadores del ISSS serían tomadas en cuenta.

Luego a mediados de 2002 aparecieron nuevos signos de conflicto entre los trabajadores y las autoridades del ISSS. En los primeros días de junio, el Consejo Directivo del Sindicato de Médicos del ISSS anunció una suspensión de labores a escala nacional al considerar que sus reivindicaciones salariales no habían sido atendidas. Ante esa medida, el Director del ISSS, que aseguró que no se subirían los sueldos a los médicos hasta que no se consiguiera una mejora en la atención47. A pesar de los anuncios de las y los trabajadores organizados, la suspensión de labores no se llevó a cabo.

El 22 de julio de 2002 en el marco del tercer Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), organizado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la empresa privada plantea una propuesta de reforma del sistema de seguridad social. Para los empresarios los tres millones de colones anuales que empresarios y empleados aportan para el funcionamiento del ISSS ameritan una reforma a la misma. La propuesta que incluye la modernización se considera de corte privatizador, ya que incluye la concesión de servicios de apoyo de salud, alimentación, vigilancia, limpieza, lavandería y otros. A partir de agosto de 2002 con el despido de seis empleados comenzó a gestarse uno de los peores conflictos de salud sucedidos en los últimos años y una de las huelgas más largas en la administración pública.

Mientras el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) y el Sindicato de Médicos y Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) denunciaban los intentos de privatización por parte de la administración de Francisco Flores; el Presidente y sus funcionarios lo negaban.

Las suspensiones de labores iniciaron el 5 de septiembre de 2002, y luego fueron extendiéndose a nivel nacional. El conflicto fue agravándose con los enfrentamientos de las autoridades con los sindicalistas. También cobró gravedad para los usuarios del seguro social, ya que a 20 días de iniciadas las suspensiones se contabilizaban 21,156 consultas no atendidas, distribuidas en los establecimientos que habían apoyado la huelga.

46 La Prensa Gráfica, 8 de octubre de 2004,p. 347 La Prensa Gráfica, 7 de junio de 2002 ,p. 2


Mientras la Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos, llamaba al GOES, a abordar de manera seria la problemática de la seguridad social y la salud, e invitaba al dialogo; el Presidente de la República, desestimaba las demandas de los médicos y sindicalistas, vinculándolas a acciones de política partidarista. El Presidente aseguró que una privatización no sucedería en su administración48.

En el ínterin del conflicto se sucedieron despidos y sanciones a trabajadores que participaban en la huelga, demandas judiciales e incluso la Procuradora tuvo que emitir por primera vez en la historia de la institución, una censura pública contra la dirección del seguro social por contravenir la obligación constitucional de asegurar una buena política de protección social y la de obstaculizar el restablecimiento de la prestación normal del servicio

A pesar de que el Presidente Flores había asegurado que no privatizaría, en octubre de 2002, en medio de la huelga presentó el plan de reforma al ISSS, el cual denominó Democratización del Sistema de Salud Provisional.

La propuesta presidencial incluyó dos leyes nuevas y un paquete de reformas a la Ley del ISSS. El nuevo sistema contemplaba la Ley de creación del Consejo de Salud Previsional (CSP), como administrador de los fondos de los cotizantes. El consejo también administraría los fondos del actual ISSS. Los nuevos integrantes del sistema serían proveedores de servicios médicos que podrían asociarse para prestar servicios de salud, al igual que el ISSS. El CSP pagaría a estos proveedores.

La propuesta contemplaba un esquema claramente privatizador. Los sindicalistas y grupos sociales organizaron la denominada "Primera Marcha Blanca", como protesta a las intenciones del GOES, por privatizar la salud. La marcha tuvo una masiva participación, no solo de los médicos de los distintos hospitales nacionales del ISSS, sino también de organizaciones civiles, entre ellas comunidades que se han opuesto al proyecto del Anillo periférico49.

Derivado de esta fuerte presión social, que incluyo otras dos marchas blancas (en octubre y noviembre de 2002) el GOES fue obligado a retirar sus propuestas. Los meses posteriores conllevaron tiras y encoges, enfrentamientos entre manifestantes y policías, emisión de decretos legislativos y la conformación de mesas de negociación, que produjeron el fin a la huelga que duró ocho meses con 25 días. El viernes 13 de junio de 2003, trabajadores del ISSS y representantes del GOES, finalmente firmaron la propuesta de aceptación de la culminación de la suspensión de servicios y entre otros aspectos se asegura el retorno escalonado de los especialistas de medicina a sus puestos de trabajo.

1. 2 El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos

1.2.1 Cobertura y deficiencias

Mediante Decreto Legislativo Nº 373, del 16 de octubre de 1975, publicado en Diario Oficial Nº198, Tomo 249, el 24 de octubre de 1975 se crea el INPEP como una entidad oficial autónoma de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el manejo e inversión de sus recursos económicos destinados al pago de prestaciones, para la cobertura de los

48 El Diario de Hoy, 26 de septiembre de 2002, p. 649 El Mundo, 16 de octubre de 2002, p. 3


riesgos de invalidez, vejez y muerte, de los empleados públicos.

INPEP solamente proporciona el servicio de la previsión social. Su financiamiento es por medio de las cotizaciones de los trabajadores, aportaciones del Estado, rendimiento de la inversión de sus reservas y fondos de excedentes.

Al 31 de diciembre de 2004, la población cotizante del INPEP era de 17,130, de los cuales 55.6% eran hombres y 44.4% mujeres. Un 23.1% de hombres y un 27.4% de mujeres se encontraban en opción de retiro por vejez por haber cumplido la edad

Con la entrada en vigor, en 1999, del sistema previsional privado, el INPEP vio reducidos sus ingresos en concepto de cotización, por lo que para el 31 de diciembre de 2000 presentaba en sus estados financieros un déficit de 500 millones de colones -unos 57.1 millones de dólares50.

En 2003, fue el último año en que se incrementaron las cotizaciones de los afiliados a la INPEP. A partir de enero de ese año, los empleados públicos del sector administrativo afiliados a ese instituto cotizarán 0.5% más en concepto de pensiones, tal y como lo manda el artículo 192 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.

1.2.2. Privatización del sistema de pensiones y sus secuelas

A partir del 16 abril de 1998, se inició el sistema previsional de administración de pensiones. Este nuevo sistema adquirió su base legal por medio de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones del Decreto Legislativo Nº 927, del 20 de diciembre de 1996, publicado en Diario Oficial 243, Tomo 333, del 23 de diciembre de 1996.

Esta ley, por poseer aplicación preferente, con base en su artículo 235 que le da carácter especial, prevalece sobre cualesquiera otras que la contraríen, por lo que derogó de manera tácita las disposiciones legales aplicables en los regímenes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el INPEP, que reñían con ella. De esta manera es como se da un giro en el régimen de seguridad social.

El nuevo sistema otorgó la posibilidad a entes privados denominados Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), el manejo de las pensiones. Mientras que las personas mayores de 35 años podrían optar a quedarse en el INPEP o ISSS, en lugar de una AFP; las personas menores de 35 años fueron obligadas a afiliarse a una AFP51. Este sistema transformó el sistema anterior basado en la solidaridad por uno basado en las cuentas individuales.

La reforma de pensiones no beneficio de manera equitativa a mujeres y hombres. Esto si se considera que con el sistema de previsión anterior, las mujeres recibían mayores beneficios, por cuanto, al mismo nivel de aporte su pensión era más alta y por más cantidad de años, debido a su retiro temprano y a su esperanza de vida, que es mayor a la de los hombres.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)52, la reforma previsional no solo eliminó el principio de solidaridad sino que además no estableció los mecanismos necesarios para suprimir las barreras que obstaculizan el acceso a un mayor número de trabajadores del sector informal.50 La Prensa Gráfica, 31 de enero de 2001, p. 32)51 Un conjunto de organizaciones y personas, entre ellas FESPAD, presentaron recursos de amparo contra la medida, bajo el argumento que se violaba el derecho a la igualdad al constituir una diferenciación entre personas por los rangos de edad para optar a un sistema u a otro. 52 CEPAL. Serie Mujer y Desarrollo. A cinco años de la reforma de pensiones en El Salvador: su impacto en la equidad de género. Diciembre 2002.


Según ese estudio, en el mediano y largo plazo las mujeres representarán una proporción significativa en la cobertura de afiliados del sistema de pensiones y, por ende, serán las mayores demandantes de pensiones.

El problema es que el aumento de la participación laboral de la mujer está concentrado en diversos tipos de empleo poco remunerados y de baja productividad, y aún cuando realicen las mismas tareas que los hombres, sus condiciones de trabajo, como sueldos y prestaciones laborales, siguen siendo desiguales. Estas desigualdades del mercado laboral son trasladadas al sistema previsional y, por las características del modelo estas desigualdades se van ampliando.

El modelo de mercado laboral para el cual fue diseñada la reforma suponía la incorporación de la mayor parte del sector informal, en donde las mujeres constituyen la mayor proporción de ese segmento. Pero aquellas mujeres que se autoemplean destinan sus recursos a la economía doméstica, quedando sin fondos para acceder al sistema de previsión. De esta forma es como el nuevo sistema previsional beneficia más a hombres que a mujeres.

Las mujeres no solo tienen menor cobertura previsional sino que el monto de las pensiones que reciben es inferior, en general, que el recibido por los hombres. Se sostiene que luego de cinco años de la implementación del sistema, sólo 2.5% de los afiliados es independiente, y de ellos 0.9% son mujeres y 1.6% son hombres.

Otro supuesto de la reforma era que si aumentaba la cobertura poblacional, también lo haría el tamaño del mercado laboral, fomentando la entrada de más administradoras de fondos de pensiones (AFP) evitando la concentración y permitiendo una mayor libertad de elección.

Empero, el trabajo difundido por CEPAL detalla que la cobertura como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) es aún baja, llega únicamente a alrededor del 39%. El mercado de trabajo no se ha ampliado y, por el contrario, el sector informal ha permanecido igual en los últimos diez años.

La competencia entre las AFP no se ha estimulado sino que más bien el 98% de los afiliados se ha concentrado en dos instituciones (Las AFP CRECER y CONFIA) las que al fusionarse con dos ya desaparecidas, y otra que fue liquidada, absorbieron en su totalidad la administración de los fondos de pensiones.

Los principales problemas que ha presentado este sistema se resumen en:

a) Incumplimiento del pago de cotizaciones. Se denuncio que dentro del sistema previsional, había unas 200 compañías que incumplieron el pago de la cotización obligatoria a las administradoras de pensiones. Las empresas que no han cancelado sus pagos trabajan en las actividades de construcción, maquila y seguridad privada, donde se reporta la mayor rotación de personal53. Además, FESPAD recibió a finales de noviembre de 2002 la denuncia de trabajadoras de la empresa maquiladora NEWTEX en donde a un estimado de 600 empleadas, desde aproximadamente tres meses se les estaba reteniendo el salario y pago de horas extras. Además de realizarles los descuentos de ley como aportaciones a AFP, ISSS y préstamos personales, sin que sean remitidos a las instituciones pertinentes. (Expediente 2002/42, Departamento DESC de FESPAD)53 El Diario de Hoy, 2 de febrero de 2002, p. 20


b) Pensiones insuficientes. El 8 de junio de 2004, la pensión mínima fue aumentada en 14 dólares, es decir de $100 llegó a $114 y que favorecería a un aproximado de 30,950 cotizantes. En esa oportunidad, el Presidente de la República, anunció que la propuesta de mejora a las pensiones se basaba en que al darse la reforma previsional en 1998, las personas que decidieron trasladarse al nuevo sistema, cuyas edades oscilaban entre 36 y 55 años de edad, se encontraban en riesgo de recibir una pensión menor en el nuevo sistema, en comparación de lo que hubiesen recibido en el sistema que anteriormente se encontraban. Sin embargo, aún con este aumento la pensión mínima solo representa el 67% del salario mínimo urbano de la industria y es claramente insuficiente para poder adquirir la dieta mínima para que una familia promedio de cuatro miembros pueda siquiera reproducirse materialmente. Una familia promedio con un ingreso equivalente a una pensión mínima califica en una situación de pobreza absoluta, pues su ingreso representa el 80.1% de la Canasta Básica Alimentaria, el 40.4% de la Canasta Básica Ampliada y el 16.6% de la Canasta de Mercado.

c) Incumplimiento de revalorización. El art. 210 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), establece que “Todas las pensiones otorgadas por el sistema de Pensiones Público se revalorizarán anualmente en el porcentaje que el Ministerio de Hacienda determine, a partir del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho”. No obstante el establecimiento anterior, la última revalorización de las pensiones fue en 1999. Hay que tomar en cuenta que las revalorizaciones a que se refiere el artículo 210 de la Ley del SAP, no debe pasar por alto lo establecido en el inciso primero del artículo 145 de la misma Ley, que establece que “Las pensiones mínimas de vejez, invalidez total e invalidez parcial serán establecidas anualmente por el Ministerio de Hacienda en la Ley de Presupuesto General del Estado, tomando en cuenta la variación relativa del salario promedio cotizable del Sistema y los recursos disponibles del Gobierno Central”.

d) Retrasos en la extensión del certificado. El historial laboral es el documento que comprueba el tiempo en que un trabajador cotizó ya sea al ISSS o al INPEP o a ambos, y se construye con la información que dichas instituciones aportan. El cambio de sistema implicó que el Estado hiciera la transferencia a las instituciones privadas que asumieron la responsabilidad, el monto de las cotizaciones acumuladas por el trabajador, lo que significaba proveer un certificado de traspaso. Desde 2002, las personas que se acogieron al mismo y que cumplieron con el tiempo de jubilación tuvieron problemas para obtener el certificado, cuya obtención se volvió un verdadero calvario, por vacíos y trabas en los historiales personales y por deficiencias en los mecanismos administrativos correspondientes. El historial laboral era un paso imprescindible para la jubilación, puesto que a partir del mismo se elaboraba el certificado de traspaso, que no es más que el título valor que representa el dinero que un afiliado cotizó a las entidades públicas.

e) Regresión en las prestaciones. En el año 2004, se modificaron las reglas para la jubilación mediante Decreto Legislativo Nº 347, aprobado el 15 de junio del mismo año. El Decreto permitió la derogación del literal b del artículo 104 y el literal b e inciso segundo del artículo 200 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Estas reformas cambiaron sustancialmente el esquema de jubilación en el país. En primer lugar, la eliminación de la posibilidad de pensionarse por vejez, luego de 30 años de cotización, independientemente de la edad, cerró una puerta por la que miles de personas venían saliendo del mercado laboral para pasar a su vida de jubilados. Lo que significa que toda persona, habiendo trabajado 30 años de manera continua o discontinua, ya no podrá jubilarse, si no cumple con el requisito de edad que es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. En la práctica todo ello se traduce para los y las trabajadoras, en la pérdida de un derecho adquirido. Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos las consideran como prácticas regresivas54.54 FESPAD junto a varios afectados y afectadas presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la reforma, al considerar que violentaba el derecho a la seguridad jurídica y el patrimonio de los cotizantes. La demanda fue desestimada por la Corte.


Art. 10 del PIDESC

1. El derecho a la protección y asistencia a la familia

El derecho a la protección y asistencia a la familia está reconocido en el artículo 10, del PIDESC y los artículos 16, párrafo 2 y artículo 25, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El término familia debe entenderse en sentido amplio, es decir, considerando las diversas expresiones de familia que existen, incluida aquellas en donde las madres son jefas de hogar.

Al considerarse que la familia es la base de la sociedad, se debe entender que en su protección y para su bienestar debería confluir el actuar de todas las instituciones gubernamentales, es así como sería de esperarse que, por ejemplo, las políticas, planes y programas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, etc., vayan enfocadas hacia ello. El Estado, además de esas instituciones ha creado unas que desarrollan una labor directa hacia el bienestar de la familia, entre las cuales está la Secretaría Nacional de la Familia (SNF), Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), entre otras.

La Secretaría Nacional de la Familia fue creada por Decreto Ejecutivo Nº 22, del 19 de octubre de 1989, es una institución adscrita a la Presidencia de la República, establecida con el objeto de planificar y coordinar los esfuerzos con las demás instituciones públicas y privadas, a fin de hacer efectiva la protección a la familia y sus miembros, de dictar las políticas necesarias, así como crear los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia fue creado en 1993 con el objeto de ejecutar la Política Nacional de Atención al Menor en todo el territorio nacional y brindar protección integral al menor. Dicha política es dictada por el Órgano Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de la Familia.

2. Situación general de la mujer

De acuerdo a la EHPM 2003, en El Salvador la población de mujeres fue mayor que la de hombres 3.4 y 3.2 millones respectivamente, lo que significó que el 52.3% de la población total estaba representada por mujeres y el 47.7% por hombres, lo que arrojó un índice de masculinidad de 0.91, es decir que por cada 100 mujeres existió 91 hombres. En la realidad, según nuestra visión, es mejor decir que el índice de feminidad es de 1.1, o sea que a nivel nacional hay 1.1 mujer por cada 1 hombre.

La concentración de mujeres en el Area Metropolitana de San Salvador (AMSS) es más acentuada, ya que el 53.0% está representado por las mujeres, lo que implica una disminución de masculinidad con respecto al nacional.

En cuanto a la participación de mujeres y hombres en la PEA se tiene que sigue prevaleciendo la participación masculina con un 59.7%, en tanto que el 40.3% corresponde a mujeres. La PEA del 2003, comparada con la de los últimos años, se ha incrementado sustancialmente, no obstante en su actual conformación sigue siendo menor la participación de la mujer comparada con la de los hombres.


La tasa específica de participación55 de la mujer en la actividad económica fue de 40.4%, lo cual refleja un aumento no significativo aumento del 1.8% en la participación de la mujer en el mercado de trabajo en relación al 2002, que fue de 38.6%

Durante el 2003, en El Salvador el número total de hogares fue de 1.6 millones. De estos en 502,831 una mujer estaba al frente de él, es decir que por cada 100 hogares salvadoreños, en 32 de ellos, una mujer corría con la responsabilidad del hogar.

Conforme un estudio de FESPAD y otras organizaciones en 2004 persisten grandes diferencias genéricas, como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 8El Salvador: Indicadores seleccionados

según género (2002)

Fuente: FESPAD y otros. El Salvador por dentro. 2005

2.1 Violencia intrafamiliar

En El Salvador, la problemática social de violencia intrafamiliar en todas sus formas, incluyendo especialmente el maltrato a la mujer y a la niñez, alcanza cifras elevadas, a lo que se le agrega el hecho de que no todos los casos de ese tipo de violencia son registrados por las instituciones encargadas de hacerlo o denunciadas por las víctimas.

En el documento Estadísticas del Programa de Saneamiento de la Relación Familiar, del segundo semestre de 2003 a primer semestre 2004, el ISDEMU registra la recepción de un total de 6,625 denuncias por violencia intrafamiliar, maltrato a la niñez y agresión sexual. De ellas, el 57.03% corresponde a denuncias por violencia intrafamiliar y el 7.58% corresponde a agresión sexual.

Por parte de la Policía Nacional Civil, (PNC), se ofrecen datos que no concuerdan con los del ISDEMU. Es necesario decir que en cuanto al registro de datos, ya sea los causados por violencia intrafamiliar o de otra índole, las cifras difieren de una institución a otra. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil, (PNC), reporta que para 2003, detuvo a 912 personas acusadas de violación sexual; de las cuales 835 casos fueron denunciados por las víctimas56 Al comparar estos datos con los del ISDEMU que refleja un total de 502 casos de agresión sexual, se tiene que existe una diferencia

55 Que forma parte de la tasa global de participación, que es aquella definida como el cociente que resulta de dividir la Población Económicamente Activa (PEA) entre la Población en Edad para Trabajar (PET)56 El Diario de Hoy, 4 de enero de 2004, p. 2.


entre una y otra institución.

Entre la agresión sexual y la violación sexual existen diferencias así como la ley penal salvadoreña los tipifica como diferentes delitos. La PNC, reporta más delitos graves como lo son las violaciones, que delitos menos graves como la agresión sexual.

La violencia intrafamiliar llevada al caso extremo de la fatalidad también tiene su expresión en El Salvador. De acuerdo a la organización no gubernamental Concertación Feminista Prudencia Ayala, durante el 2004, 175 mujeres fueron asesinadas en manos de sus parejas, lo que para esa institución representa un aumento drástico con respecto al año anterior donde hubo 73 muertes de mujeres, en las mismas circunstancias57.

2.2 Muerte materna

Se considera como muerte materna, la de una mujer durante el embarazo o durante los cuarenta y dos días que siguen a la terminación de éste, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo.

El Salvador es uno de los países de América Latina que posee una de las tasas más altas de mortalidad materna, por ejemplo, para 2003, la mortalidad materna, alcanzó el 70.9 por cada mil nacidos vivos, según datos de la gerencia de atención integral del MSPAS58.

La muerte materna es un hecho que no debería suceder ya que no se considera una enfermedad, por lo que se requiere básicamente del cumplimiento de los controles prenatales y que el gobierno mantenga políticas y programas de promoción, protección y recuperación de la salud de la mujer y del recién nacido. Esto tiene que ver no solo con controles sino con la calidad de vida de las embarazadas: alimentación, salud, acceso a servicios básicos, educación en salud.

Pero las condiciones de atención de las parteras sigue siendo el mismo, ya que su entorno socio económico, no dista mucho de la madre que asisten. En números de muertes de mujeres por causa de la maternidad, es un indicador del mal estado del sistema de salud de El Salvador. Así como también de la condición y posición de la mujer en la sociedad salvadoreña.

2.3 Embarazos en adolescentes

El embarazo en adolescentes hoy en día es un problema de salud pública, no sólo asociado a los trastornos orgánicos o psicológicos propios de una maternidad temprana; sino porque también están implicados factores socioculturales y económicos que comprometen la protección familiar.

En El Salvador, el porcentaje de embarazos en adolescentes es elevado, Datos de la Encuesta, Fecundidad Salvadoreña (FESAL) indican que de 73,797 partos atendidos en el sistema público durante 2003, se contaron 21,474 partos en adolescentes59.

En octubre de 2004, el Hospital de Maternidad registraba un total de 3,234 partos en niñas y adolescentes, de los cuales 147 ocurrieron en niñas de entre los 10 y 14 años de edad y 3,087 en

57 La Prensa Gráfica, 26 de noviembre de 2004, p. 34)58 La Prensa Gráfica, 12 de julio de 2004, p. 1859 La Prensa Gráfica, 15 de diciembre de 2004, p. 36.


mujeres que tenían entre 15 y 19 años.

En todo el país, el MSPAS reportaba 18,573 embarazos en niñas de 10 a 19 años60.

2.4 La desintegración familiar

Existe una forma de migración, tanto interna como externa, en donde primero quien emigra es el padre o la madre con la intención de que en un futuro pueda llevar consigo al resto de la familia, pero para mientras eso suceda, el resto de familiares queda al cuido de otros familiares y, en el peor de los casos, al cuido del(a) hermana(o) mayor.

Esta es sin duda una de las causas que provocan que en El Salvador, existan cifras elevadas de composición de familias incompletas..La disolución del vínculo familiar entre mujeres y hombres encuentra entre otras causas los altos niveles de migración al exterior y por la violencia intrafamiliar. La DIGESTYC reveló que entre 1992 y 2003, el porcentaje de matrimonios disueltos aumentó considerablemente. En 1992, el porcentaje de personas cuyo estado familiar era separado o divorciado, representaba el 3.84% de la población total mayor de 12 años, es decir a 136,430 personas, de las cuales 101,000 eran mujeres. Para 2003, la cifra alcanzó un 12.27%, lo que equivale a 582,679 personas que decidieron romper la relación matrimonial.

3. Situación de la niñez

El artículo 34 de la Constitución de El Salvador, estipula que todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado.

3.1 Las pandillas o maras

Las maras como agrupamientos al estilo de pandillas, están conformados por jóvenes socioeconómicamente marginados. Son varios los estudios que señalan distintas causas que dieron origen a su aparecimiento, coincidiendo la mayoría en que las maras crecieron en contextos sociales definidos por conflictos profundos y debido a la poca expectativa de desarrollo que tienen los jóvenes frente a problemas urbanos como el desempleo, la explotación del trabajo infantil, la violencia urbana y civil, la deportación de muchos jóvenes que habían emigrado a Norte América, principalmente, durante los años de guerra civil y por la desintegración familiar. .

El combate a las llamadas “maras” fue en 2004, el componente más publicitado del plan de gobierno denominado “País Seguro”; sin embargo, no dio los frutos esperados. Según las mismas cifras oficiales, en la actualidad, en El Salvador, se superan los índices de criminalidad de hace un año. Los funcionarios de gobierno señalan a las maras como principal causa del aumento de homicidios; también señalan a la violencia social como otra causa que contribuye a esos altos índices.

Es posible que la adopción del plan antipandillas contribuyera a que el partido político gobernante volviera a ganar las elecciones presidenciales de marzo de 2004; no obstante, en términos de

60 La Prensa Gráfica, 21 de octubre de 2004, p. 22)


reducción de la violencia social y de combate a las altas tasas de homicidios, los planes de “mano dura” y “súper mano dura” resultaron ser un fracaso, ya que el combate a la inseguridad y la delincuencia generada por la pandillas juveniles se ha definido por la vía de hacer la guerra a esos jóvenes y no por el compromiso de hacer valer los derechos a la vida, la integridad física.

3.2 Abuso y explotación sexual de niñas y niños

En El Salvador, las cifras de abuso sexual son alarmantes. Durante el primer trimestre de 2004, la Policía Nacional Civil registraba a nivel nacional 20 menores, entre niños y niñas, que habían sido violados y violadas mensualmente, en el periodo ya dicho. Además de otros 55 menores que fueron objeto de diferentes agresiones sexuales.

Al finalizar el 2004, el director del ISNA, presentó informe a la Comisión de la Familia, la mujer y el niño de la Asamblea Legislativa, quién manifestó que cada día, un niño salvadoreño es abusado sexualmente en el país61.

3.3Trabajo infantil

Es abordado en el apartado del derecho al trabajo.

3.4 Niñas y niños que trabajan en el servicio doméstico

De acuerdo a datos de Human Rights Watch, decenas de miles de niñas trabajan en el servicio doméstico en El Salvador. De acuerdo a la misma institución, este tipo de trabajo hace muy vulnerables a las niñas y niños en cuanto a abusos físicos y acoso sexual. En El Salvador, se emplean en labores doméstica a niños y niñas de hasta nueve años de edad, con un horario que puede superar las doce horas diarias, hasta seis días a la semana y salarios de entre 40 y 100 dólares mensuales.

Human Rights Watch, pidió la inclusión del trabajo doméstico en el Programa de Duración Determinada en El Salvador e instó al Ministerio de Trabajo a que aplique las leyes laborales vigentes que limitan las horas que pueden trabajar los niños y niñas62

Art. 11 del PIDESC

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Además, cada uno de los instrumentos internacionales que emanan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, recogen el derecho a un nivel de vida adecuado, por ejemplo, el PIDESC, en el artículo 11, proclama el derecho de las personas a vivir dignamente y a que el Estado Parte con sus diversas políticas garantice el respeto a ese derecho.

Gozar de un nivel de vida adecuado significa tener satisfechas un mínimo de necesidades en

61 El Diario de Hoy, 16 de diciembre de 2004, p. 2662 Co Latino, 15 de enero de 2004, p. 6


materia de salud, vivienda, educación, trabajo, medio ambiente sano y alimentación, las cuales sólo podrían tener acceso aquéllas personas y familias que no se encuentren en situación de pobreza. La pobreza no es un producto de cualidades psíquicas o morales de las personas, sino de procesos históricos, económicos y políticos que han determinado la creación de la riqueza socialmente creada y su distribución y concentración en sectores minoritarios.

1. Desprotección de los productores locales

En el informe del GOES se reconoce la situación de vulneración al derecho a una alimentación adecuada por la via de no garantizar la seguridad alimentaria en el país, el déficit en la producción de alimentos de origen agropecuario y la significativa dependencia de las importaciones de granos básicos y de carne bovina.

En dicho informe se obvian los factores estructurales y de política económica que determinan la inseguridad alimentaria, atribuyendo esto a situaciones exógenas como el clima, la degradación de los recursos naturales, principalmente del suelo, entre otros.

La principal causa de la inseguridad alimentaria descansa en la misma política económica del GOES. En los últimos 15 años la estructura de las fuentes de divisas se transformó en El Salvador como consecuencia de un acelerado proceso de desarticulación productiva, marcado por el sesgo antiagropecuario de las políticas de ajuste.

La tradicional relevancia económica del sector agropecuario como generador de empleo, fuente de divisas y de valor agregado, se vio afectada negativamente por el sesgo antiagropecuario de las políticas de ajuste y estabilización, principalmente por las políticas financieras y de apertura comercial que impactaron negativamente al agro, y que en la actualidad amenazan profundizar sus impactos con el puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC USA-C.A RD).

En particular, la política comercial profundizó en la apertura del sector externo y la eliminación del sesgo anti-exportador heredado de la fase de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), a través de la reducción y eliminación de los Derechos Arancelarios de Importación (DAI). El programa de desgravación arancelaria iniciado en la década de los noventa con el cual se buscaba alcanzar una estructura con un arancel techo de 10% y un arancel piso de 5% se mantiene y profundiza en la actualidad.

A través del proceso de desgravación arancelaria se estimuló la apertura unilateral durante los primeros años de la decada de los noventas, lo cual condujo a una masiva importación de productos agrícolas subsidiados de origen, que generó una severa afectación sobre los productores nacionales, dada su imposiblilidad de competir con productos con costes subsidiados . Esto se ha traducido en una progresiva destrucción del empleo, que ha profundizado los niveles de exclusión, pobreza y emigración, principalmente en el área rural.

El Salvador ha reducido sensiblemente la capacidad de producir sus propios alimentos, la quiebra de la producción nacional como consecuencia de las importaciones de granos básicos a precios subsidiados en su origen y con bajos aranceles, han dejado desprotegidos a los productores nacionales. La producción de maíz blanco resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional, de ahí que se requiera importar el producto; del 2000 al 2004 el nivel promedio de importación de


maíz blanco fue de 52,000 TM.

La demanda nacional de maíz amarillo se cubre a través de la importación, mientras que la producción doméstica de sorgo prácticamente abastece el mercado nacional, existen pequeños faltantes que se cubren con la importación del producto; durante el quinquenio 2000-2004 éstas representan en promedio unas 200 TM. La tendencia de la demanda interna de fríjol coincide con el patrón de crecimiento de la producción, y en buena medida la producción nacional satisface la demanda total, por lo que los niveles de importación son mínimos.

Uno de los casos más dramáticos es el arroz granza. El acelerado proceso de apertura comercial durante la década pasada, estimuló fuertemente las importaciones agrícolas y con ello se elevó grado de dependencia agroalimentaria, ya en el 2001 el grado de dependencia de arroz era del 73%, los niveles de importación de arroz se habían incrementado más de cuatro veces entre 1990 y 2001.

2. La Soberanía alimentaría y el impacto del TLC USA-CA

Como una muestra del impacto negativo del TLC USA-C.A en la agricultura y la soberanía alimentaria se presenta el caso del arroz granza. Antes de la entrada en vigencia del TLC USA-C.A RD, el 83.6% de la demanda total de arroz (82,547.9 TM) se cubría principalmente con importaciones y sólo 13,508.9 TM equivalentes al 16.4% correspondían a la producción nacional.

El TLC USA-C.A RD, define un período de desgravación para el arroz granza de 18 años, con un período de gracia de 10 años. El Derecho Arancelario de Importación (DAI) establecido no sufrió modificaciones y se mantuvo en 40%; no obstante se define una cuota de 62,220 TM libres de pago del arancel.

Si se considera que durante el primer año de vigencia del TLC USA-C.A RD se permitirá acceso libre de arancel a un contingente de 62.220 TM de arroz granza, que representa más del 75.4% de la demanda nacional, sería de esperar que las 13,508.9 TM de arroz granza salvadoreño serán fácilmente desplazados del mercado. Considerando la dimensión del mercado arrocero salvadoreño, la decisión de establecer una cuota tan alta libre de arancel, carece de todo sentido dado que en ese escenario la producción nacional difícilmente sobreviviría al primer año de entrada en vigencia del acuerdo.

Vale señalar que en el marco del Programa Farm Bill 2002, los productores de arroz estadounidenses reciben un pago directo equivalente a US $ 1,073 millones de dólares, que les permite cubrir el 81% de los costes de producción. En este escenario la producción nacional no sobreviviría ni siquiera al primer año de la entrada en vigencia del TLC USA-C.A RD.

Así, con el TLC USA-C.A RD el GOES, está renunciando al derecho de garantizar el derecho a una alimentación adecuada, por la via de la seguridad y la accesibilidad alimentaria,. en un escenario de mediano plazo, la demanda de arroz será cubierta totalmente por importaciones y el grado de dependencia alimentaria en arroz será absoluto.

3. Seguridad Alimentaria y transgenicos

El Salvador al ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biológica63 se comprometió a la

63 Vigente desde el 5 de junio de 1992 y ratificado por El Salvador ratificado el 23 de marzo de 1994 y publicado en


conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a estos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y tecnologías.

Este Convenio dio pie al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica64, el cual tiene por objeto contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia; manipulación y utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la salud humana.

No obstante ello, actualmente en El Salvador no hay una regulación legal sobre los transgénicos, exceptuando la Ley de Semillas , la cual sólo prohíbe el uso de éstos para el cultivo, no así la importación y comercialización de los mismos.

En el 2005 una comisión del GOES, integrada por representantes de los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Salud, entre otras instituciones, realizó investigaciones para redactar un reglamento (reglamento de bioseguridad) que sería presentado a la Asamblea Legislativa para su aprobación, este reglamento permitiría al país regular esta materia.

4. La malnutrición en El Salvador

Por otra parte, el informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo, refleja que durante la década 1992-2002 la población aumentó en 1.1 millones de habitantes y las personas en condiciones de subnutrición aumentaron en 100,000 personas, por lo que a 2002 el número de habitantes subnutridos alcanzaba los 700,000. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), observó un considerable aumento de desnutrición para el 2005. El Director Ejecutivo de dicha organización, James Morris, estimó que en el país, un total de 1.2 millones de personas presentaban problemas de desnutrición. En visita que realizara el 18 de abril de 2005 a El Salvador el Director Ejecutivo del PMA, solicitó a los gobiernos y al sector privado de Centroamérica que continuaran apoyando los esfuerzos para erradicar el hambre ya que así también la región podría superar y erradicar la pobreza. Morris sostuvo que la desnutrición crónica seguía siendo un serio problema para la niñez centroamericana. En el caso de El Salvador, la tasa de desnutrición crónica entre niños menores de cinco años era tremendamente alta, alcanzando el 19%, por lo que consideró que estos niños y niñas simplemente no estaban recibiendo un reparto justo y que se les debía a estos niños una oportunidad para lograr un mejor futuro.

La Canasta Basica Ampliada (CBA) incluye un conjunto de productos alimenticios compuestos por pan francés, tortillas, arroz, carnes, grasas, huevos, leche fluida, frutas, frijoles, verduras y azúcar . La estructura de la CBA se define a partir de los mínimos requerimientos nutricionales diarios por persona, diferenciados para las áreas urbana y rural. El valor monetario de estas cantidades de alimentos ha de multiplicarse por el número de miembros de una familia tipo según el área

el Diario Oficial 92,Tomo 323 del 19 de mayo de 199464 Aprobado el 24 de mayo de 2000 y ratificado por El Salvador el 23 de abril de 2003, publicado en el Diario Oficial Nº 85, Tomo 359, del 13 de mayo de 2003.


geográfica, que según las Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de Estadísticas y Censo (DIGESTYC) es de 4 miembros para una familia urbana y 4.5 si se trata de familias rurales.

La composición de la CBA está diferenciada para las áreas rural y urbana, lo que da base a la diferenciación de los salarios mínimos en urbanos y rurales. Existen alimentos que no se contemplan en la canasta rural --como el pan francés y las verduras, por ejemplo-- y que sí están incluidos en la canasta urbana; en general la CBA rural incluye menores requerimientos nutricionales que los establecidos para la CBA urbana, lo cual deriva en una marcada diferenciación entre el valor de ambas canastas. En 2003, la CBA urbana tenía un valor de $129.65, $100.02 por encima del valor de la CBA rural.

Pese a que los salarios mínimos urbanos a mayo 2006 superaban el valor de la CBA en 14.4% en el caso del sector comercio, 11.8% el de la industria y 9.4% el de la maquila; con ese nivel de ingreso los hogares urbanos tampoco pueden tener acceso a los bienes y servicios necesarios con que debería contar cualquier hogar para garantizar su reproducción material y espiritual. En el caso de una familia urbana que perciba el salario mínimo correspondiente a la actividad maquiladora ($ 151.42), después de comprar la CBA tendría disponible solo $ 13.00 para cubrir los pagos de vivienda, vestuario, educación, salud, electricidad, agua potable, transporte y demás bienes y servicios para un hogar integrado por cuatro personas.

Durante más de una década la economía salvadoreña ha estado sumergida en un proceso de recesión que se hace evidente en la progresiva reducción de las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB). En el último quinquenio el ritmo de crecimiento promedio de la actividad económica se sitúa en torno al 2.0%, nivele muy por debajo de los umbrales necesarios para reducir la situación de subempleo y empobrecimiento de la población.

Las explicaciones gubernamentales a este desempeño de la economía salvadoreña durante la última década, y en particular el último quinquenio, obvian los determinantes estructurales y sistémicos que están a la base del hecho. En ningún momento se reconoce públicamente la situación de recesión en que se encuentra la economía salvadoreña, mucho menos que esta etapa sea producto del mismo agotamiento del modelo. Los discursos oficiales y empresariales, a lo sumo reconocen una situación de “desaceleración” en el ritmo de la actividad económica, según ellos generada por factores exógenos, que están al margen de su control. Según las argumentaciones oficiales, la tendencia de la economía salvadoreña se explica en eventos fortuitos como son: las pérdidas ocasionadas por los desastres naturales ocurridos en 1998 con el huracán Mitch y los terremotos de enero y febrero de 2001; la afectación de nuestras exportaciones con la caída en los precios internacionales del café; el incremento en el precio del petróleo y sus derivados; además de las tardías aprobaciones del Presupuesto General de la Nación, que afectaron los proyectos de inversión pública; y la “inseguridad” generada en los inversionistas privados por la posibilidad del triunfo del partido opositor de izquierda.

Es evidente que a la base del estado de postración y quiebra del agro salvadoreño, del acelerado proceso de des-industrialización observado en numerosas ramas del sector, de los incentivos a la maquila y al sector financiero, de la precarización de las condiciones laborales, del acelerado deterioro del medio ambiente y la degradacion de los recursos naturales, de la incapacidad de la economía de generar empleo, de la profundización de la desigualdad y la exclusión, de la creciente dependencia de la economía de las remesas familiares, del deterioro en las condiciones de vida de


la población, y de la falta de oportunidades para las salvadoreñas y salvadoreños; hay un conjunto de políticas públicas implementadas sistemática y progresivamente por sucesivos gobiernos, inspiradas en una filosofia neoliberal desarrollado en los Programas de Ajuste Estructural .

5. Condiciones del derecho a la vivienda

Una vivienda digna resulta fundamental para la supervivencia y para llevar una vida digna, en paz y con seguridad. Eso hace del derecho a la vivienda un derecho compuesto, cuya vulneración acarrea la de otros derechos fundamentales. Su violación hace peligrar el derecho a un empleo, que se torna difícil de asegurar y mantener, afecta el derecho a la salud, física y mental, dificulta el derecho a la educación, y menoscaba el derecho a la integridad física, a elegir residencia, a la privacidad o a la vida familiar. Por las anteriores y otras razones, la vivienda es un elemento importante para garantizar la dignidad humana.

Una vivienda adecuada comprende más que un techo y las cuatro paredes de una habitación. Es esencial para la vida normal saludable. Satisface profundas necesidades psicológicas de vida privada y espacio personal; necesidades físicas de seguridad y protección de las inclemencias del tiempo y necesidades sociales de puntos básicos de reunión donde forjar y alimentar relaciones importantes.

En El Salvador, el derecho a una vivienda adecuada está establecido y reconocido en la Constitución de la República y en el Derecho Internacional. En el primer caso, el artículo 119 declara de interés social la construcción de viviendas, además establece que el Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Para ello, el Gobierno salvadoreño cuenta con normativa secundaria que regulan las ejecutorias de las instituciones como el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), Fondo Social para la Vivienda (FSV) y Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO); las cuales han sido creadas para cumplir ese mandato constitucional.

Abordar las características de la vivienda donde residen los hogares, tiene relevancia porque en buena medida reflejan las condiciones de vida de la población salvadoreña. De acuerdo a la EHPM en el 2004, el 92.0% de los hogares salvadoreños habitaban en casa privada, lo que equivale a 1,496,752; le siguió en orden de importancia los que habitaban en pieza en mesón con el 2.5%; similar indicador registraron los que habitaban en pieza de casa y en apartamento con el 2.0% y el 1.9%, respectivamente. Los hogares que habitaron en vivienda temporal, rancho y vivienda improvisada representó el 1.5% del total de hogares. A nivel nacional los materiales de construcción predominantes de las paredes en las viviendas fue el concreto mixto y el adobe, representando el 70.8% el primero y 15.5% el segundo. A nivel de área geográfica se observó notables variaciones. Así, mientras en el área urbana el 84.7% de las paredes eran de concreto o mixto en el área rural, éstas alcanzaron una proporción de 47.2%. Lo contrario se observó en el caso de las paredes de adobe, en el área urbana éstas significaron el 7.8% y en el área rural constituyeron el 28.5%.

En cuanto al material de construcción del techo, se observó a nivel nacional que predominó la lámina de asbesto con el 37.9%, le siguió en importancia la teja de barro o cemento con un 30.2% y lámina metálica, con el 30.0%. En el área urbana, la lámina de asbesto ocupó el primer lugar con el 52.2%, seguido de la lámina metálica con 24.9% y la teja de barro o cemento con 20.7%. En el área rural la teja de barro o cemento ocupó el primer lugar con 46.4%, seguido de lámina metálica,


38.7%. En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) los materiales predominantes fueron la lamina de asbesto y la lámina metálica con el 64.7% y el 26.0% respectivamente .

El material predominante con que estaba construido el piso de las viviendas a nivel nacional, fue el ladrillo de cemento con el 58.1%, seguido del piso de tierra con 21.2%; en el área urbana el 74.8% de los hogares habitó en viviendas con piso de ladrillo de cemento, el 15.7% lo tenía con material de cemento. Por el contrario, en el área rural el 41.2% de los hogares residían en viviendas con piso de tierra, el 29.9% en piso de cemento; en la AMSS el material que predominó en el piso fue el ladrillo de cemento con 77.4%, seguido del piso de cemento con 15.3%.

En el 2004, los hogares que habitaban en vivienda que disponían de servicio de alumbrado eléctrico a nivel nacional representó el 87.4%, lo que equivalía a 1,420,457 hogares; seguido en orden de importancia por aquellos que utilizaron el Kerosén (gas) con un 8.3%, lo que en valores absolutos representó 134,668 hogares. Al hacer la descomposición por área geográfica se tiene que en el área urbana, el 96.5% de los hogares disponían del servicio de alumbrado eléctrico, le sigue los que utilizaron candela con 2.1%; en el área rural cambian los tipos de alumbrado, predominando la electricidad con 71.9%, y 20.0% para el kerosén (gas). En la AMSS dispusieron de alumbrado eléctrico el 96.3% y utilizando candela el 2.1% de los hogares.

6. Vulnerabilidad y falta de previsión de riesgos

En cuanto a la vivienda, la condición de vulnerabilidad en El Salvador es histórica, tradicionalmente ha afectado a las y los salvadoreños en condiciones de pobreza, pero a medida que el tiempo transcurrió el espectro social vulnerable se ha ido ampliando, en gran medida por los factores que tiene su origen o es consecuencia de las actividades del hombre.

Basta retroceder a 1998 cuando ocurriera el Huracán Mitch y provocara incontables daños a la agricultura, ganadería y a la vivienda, entre otras rubros; lo que vino a sumarse a las precarias condiciones ya existentes. No habían transcurrido cuatro años y en el 2001 se dan dos terremotos en el lapso de un mes, los que afectaron especialmente al sector vivienda, aumentando más el déficit habitacional. Transcurren otros cuatro años y en 2005 llega el Huracán Stan provocando un nuevo desastre.

En esos ocho años, las precarias condiciones de los y las salvadoreñas menos favorecidos se han profundizado. Lo que el Estado ha dejado de hacer previamente a estos fenómenos ha sido un factor que ha determinado el grado de afectación a la población.

La ausencia de un plan nacional de ordenamiento territorial y la consecuente permisión en la construcción de carreteras, lotificaciones ilegales y complejos habitacionales, entre otros, son factores que han contribuido a la generación de condiciones de riesgo.

Durante el invierno de 2005 y antes de la llegada de Stan, El Salvador experimentó una lluvia atemporalada como consecuencia del huracán Rita, el cual pasó por el Caribe y afectó el país.

En ese período ya se habían presentado algunas muertes de personas a raíz de derrumbes que caían sobre las casas y soterraban a las personas y también por derrumbes de los terrenos donde se ubicaban las casas. Las muertes por esas causas se vieron incrementadas con la llegada de Stan, pero en verdad, ya se estaban dando con anterioridad. Ejemplo de ello fueron las muertes de la


señora Aminta Isabel García, de 24 años, y su hijo Miguel Alexander Pérez García, de 3, quienes fueron soterrados por un alud de tierra y llantas. Ellos habitaban en el pasaje tres de la calle principal en la colonia Gálvez, en San Marcos, al sur de la capital. El derrumbe se dio en la madrugada del 6 de septiembre de 2005, cuando ellos dormían65.

Ese mismo día, siempre en la madrugada, pero esta vez en el pasaje Las Cruces, de la colonia El Carmen, de Ciudad Delgado, murieron soterrados Gladis Elizabeth Méndez Urquilla, de 19 años y su hijo José Reyes Urquilla, de un año de edad. Un aluvión de tierra y palos sepultó el cuarto donde ambos dormían66.

Estas muertes, como otras que se dieron en el año por causas similares reflejan las condiciones de habitabilidad y seguridad de muchas viviendas del país.

Año con año se es testigo de los estragos que ocasionan los desbordamientos de quebradas y ríos, especialmente el del río Acelhuate sobre el tramo de los barrios La Vega, Modelo y Santa Anita, barrios donde, por lo general, sus habitantes presentan condiciones de pobreza y quienes también año tras año han clamado a las autoridades gubernamentales una atención a esa problemática, sin que se les haya atendido seriamente.

Sin embargo, en 2005, además de las zonas ya mencionadas, se han visto afectadas otras zonas de San Salvador como el tramo de la avenida La Revolución de la Colonia San Benito, que no necesariamente presentan condiciones de pobreza propias de las zonas ya apuntadas.

Tanto las autoridades municipales de la capital como las del Ejecutivo han venido evadiendo la responsabilidad en este problema, y se han presentado conflictos al no asumir cada quien su competencia, en parte por que aducen vacíos en la ley.

Si bien es cierto que en los desbordamientos de las quebradas que atraviesan la capital pudieran concurrir variables como la obstrucción de drenajes y el aumento de las precipitaciones pluviales. Cierta es también otra causa en la que el Estado tiene un alto grado de responsabilidad y que ellos evaden, la cual tiene que ver con la deforestación indiscriminada.

Antes de que se destruyera una gran área de la finca El Espino, era una zona de gran captación de agua lluvia, la cual se filtraba en la zona boscosa y era absorbida por la tierra llegando a formar parte del manto freático. Ahora, con la construcción de los megacentros comerciales, complejos habitacionales, una universidad privada, un instituto empresarial-educativo, una escuela militar, y con construcción de carreteras; se ha tapizado con cemento toda esa área que, en suma, totaliza varias manzanas de terreno.

Toda el agua lluvia que cae sobre esa área impermeabilizada y que antes era absorbida por la tierra, ahora es captada por techos, canaletas y tuberías, la cual es finalmente desembocada a la quebrada conocida como El Piro, la cual, y debido a la inclinación del terreno hacia el Oriente de la capital, conduce Toda el agua lluvia que cae sobre esa área impermeabilizada y que antes era absorbida por la tierra, ahora es captada por techos, canaletas y tuberías, la cual es finalmente desembocada a la quebrada conocida como El Piro, la cual, y debido a la inclinación del terreno hacia el Oriente de la capital, conduce el agua hacia esa dirección.

65 El Diario de Hoy, 7 de septiembre de 2005, p. 1666 Ibid


Razón por la cual, por ejemplo, con la lluvia del 26 de septiembre de 2005, se vieron afectadas zonas que antes no lo eran, como un sector de la colonia San Benito, la Feria Internacional, Mercado de Artesanías, etc. Debe considerarse que el desbordamiento de ese día no obedeció a que las tuberías hubieran colapsado; primero, porque la colonia San Benito y sus tuberías no datan desde principios del Siglo XIX, como se ha dicho; segundo, porque la cuenca de El Piro sigue siendo de las mismas dimensiones que en años anteriores: Lo que en verdad ha pasado es que la cantidad de agua captada y que corre por esa cuenca es ahora mucho mayor. También hay que considerar que en algún punto de la capital, el cauce de El Piro se une al del Acelhuate, es por tal razón que las inundaciones de los barrios La Vega, Modelo y Santa Anita ahora abarcan una zona más extensa.

7. El agua: cobertura, deficiencias, reformas y corrupción

El acceso al agua potable tiene una estrecha vinculación al derecho a la alimentación adecuada, al de la salud y al de una vivienda digna, por lo tanto la obtención de agua de calidad y en la cantidad suficiente es indispensable para un nivel de vida digna.

El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a "gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua". En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante "el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre".

El siguiente cuadro muestra la forma en que se dispone el agua en El Salvador:

Tabla 9Forma en que se dispone del agua

Fuente: EHM 2003 en Informe DESC 2004, FESPAD.

Conforme esta tabla, el 65.5% de los hogares del país dispusieron del servicio de agua por cañería privada, seguido por la obtenida a través de pozo que llegó a 11.2%. La obtenida por pila o chorro público alcanzó el 10.4%. En el área urbana, 80.9% de los hogares se abastecieron por medio de cañería privada y el 10.1% utilizó pila o chorro público. Por el contrario, en el área rural sólo el 39.5% de los hogares dispusieron de agua por cañería privada, el 24.9% se abasteció de agua proveniente de pozo y el 19.7% lo hizo por medio de ojo de agua. En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), el abastecimiento de agua de los hogares lo realizaron principalmente por medio de cañería privada, representando el 80.2%, seguido de la pila o chorro público (incluido chorro


común) con el 7.6%.

El agua es administrada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que fue creada mediante Decreto Ley Nº: 341, del 17 de octubre de 1961, publicado en Diario Oficial 191, tomo 193, del 19 de octubre de 1961. La ANDA tiene por objetivo proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la república de acueductos y alcantarillados, mediante la planificación, financiación, ejecución, operación, mantenimiento, administración, y explotación de las obras necesarias o convenientes.

La ANDA, es la mayor oferente de agua potable y alcantarillado. Se estima que su presencia a nivel nacional llega al 70% de los municipios y su cobertura está centrada en las principales zonas urbanas.

La ANDA, sigue siendo una institución muy cuestionada por la población, pese a que el GOES dice hacer esfuerzos por mejorar el servicio que ésta presta, las quejas a la institución siguen evidenciando lo contrario. Entre las principales quejas que se hacen de la ANDA, sobresalen los cobros excesivos por el servicio de alcantarillado y además, el desabastecimiento del vital líquido.

La intención de reformar el sector hídrico en El Salvador no es nada nuevo. De acuerdo a PRISMA67, a finales de los setenta, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó la elaboración del PLAMADARH o Plan Maestro de Desarrollo y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, el cual se concluyó en 1982.

En materia legal, en diciembre de 1981, se decretó una escueta Ley sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos con apenas seis artículos y el reglamento correspondiente de marzo de 1982, le asignó al Ministerio de Planificación la responsabilidad de preparar el Plan Nacional de Aprovechamiento Múltiple de los Recursos Hídricos, así como un proyecto de Ley General de Aguas, el cual fue presentado a finales de 1983.

Debido al proceso político social que se vivió en la década de los años 1980, la reforma del sector no fue desarrollada. Sin embargo, después de la firma de los Acuerdos de Paz, se inicia el proceso de modernización y reforma del Estado en El Salvador incluyendo también al sector de recursos hídricos.

La reforma cobró mayor fuerza en las administraciones gubernamentales de los ex presidentes Calderón Sol y Francisco Flores. En cuyas administraciones se estuvo en presencia de propuestas de normativa jurídica, propuestas de reforma del marco institucional para la gestión del agua, intentos de descentralización de los sistemas de abastecimiento y saneamiento. El designado para desarrollar dicho proceso fue Carlos Augusto Perla, quien estuvo en la Presidencia de la ANDA durante las dos administraciones ya citadas. Sin embargo, se vio envuelto en un grave y millonario caso de corrupción por fraudes en licitaciones, huyó del país y se encuentra en Francia. El proceso de reforma del sector hídrico que planeaba el gobierno se encuentra entrampado68.La siguiente tabla muestra algunos casos registrados:

67 Programa Salvadoreño de Investigación Sobre Desarrollo y Medio Ambiente68 La Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua, Capítulo El Salvador (Red Vida), presentó el 11 y el 13 de febrero de 2004, ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y ante el Tribunal Centroamericano del Agua, respectivamente, una denuncia contra el Estado Salvadoreño por violación al Derecho al Agua y Derechos conexos, por la corrupción en ANDA.


Tabla 10Casos de violaciones del derecho al agua

Caso Hechos Caso Río Catajute En agosto de 2004, un grupo de habitantes de la comunidad Pushtan,

municipio de Nahuizalco en Sonsonate, denunciaron ante FESPAD, que ellos y un estimado de 1,200 personas más utilizan para su consumo el agua del Río Catajute. Expresaron que desde hacía aproximadamente dos años, el río estaba siendo contaminado por las excretas de ganado, provenientes de un establo que se ubica en dicha comunidad.

Caso Porqueriza en San Julián, Departamento de Sonsonate.

El 23 de octubre de 2004, un grupo de personas denunció ante FESPAD, que desde hacía aproximadamente nueve años, el río Chiquiguat, ubicado en el municipio de San Julián, ha estado siendo contaminado por los desechos que se producen en una granja de cerdos ubicada dentro del radio urbano. El agua de dicho río es usada para una serie de actividades domésticas por los habitantes de varias comunidades del municipio.


Art. 12 del PIDESC

1. Infraestructura

El sector salud salvadoreño está compuesto por tres subsectores: El público, que está integrado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPS); Seguridad Social, integrado por el ISSS, Sanidad Militar y Bienestar Magisterial y privado lucrativo, compuesto por hospitales y clínicas comerciales y privado no lucrativo, el cual lo integran organizaciones no gubernamentales y otros. La distribución de infraestructura en el sector salud es de la siguiente forma:

Tabla 11Establecimientos del sector de salud

(Año 2000)

InstituciónCasas de

SaludClínicas

empresarialesCentros rurales

de nutriciónUnidades de

saludHospitales

ISSS* 0 147 0 70* 16

MSPAS** 169 0 48 362 30

Sanidad Militar 0 0 0 0 3

Sector Privado 0 0 0 0 36

Privado no lucrativo

No determinado

0 No determinado No determinado 5

Total 169 147 48 432 95* En el ISSS se clasifican en: Clínicas Comunales (31) y Unidades Médicas (35) con similares servicios y una mayor complejidad. (2000)** Datos a Mayo 2001. Fuente: MSPAS, en: http://www.mspas.gob.sv/strusectorsalud.asp

La infraestructura del MSPS se compone básicamente de camas hospitalarias, consultorios médicos, consultorios odontológicos, quirófanos, salas UCI., salas de parto, salas de rayos X, laboratorios clínicos, laboratorios de citología, clínicas de colposcopía y salas de ultrasonografía a nivel nacional. Hasta el 31 de diciembre de 2004, el MSPAS los contabilizaba según el detalle siguiente:

Tabla 12Infraestructura del MSPAS

(31-12-04)

Concepto Número

Dotacion de camas 4673

Consultorios médicos 1647

Consultorios odontológicos 312

Quirófanos 116

Salas UCI 14

Salas de Parto 128

Salas Rayos X 60

Laboratorios Clínicos 148


Concepto Número

Laboratorios de citología 10

Clínicas de colposcopía 19

Salas de ultrasonografía 31Fuente: MSPAS, en: http://www.mspas.gob.sv/infraestru_servicios.asp

Para 2003, había un médico por cada 1,913 habitantes; un odontólogo por cada 18,089 habitantes; una enfermera por cada 1,321 habitantes; y un educador y/o promotor de salud por 3,702 habitantes El Ministro de Salud, consideraba que en El Salvador, para 2004 un aproximado de un millón y medio de personas no tenían servicios de salud.

Tabla 13Personas que se enfermaron o se deterioró su salud en

(2003)

Sexo

Población Total

Personas que se enfermaron

Otras causas de deterioro

Personas que no se enfermaron

Total % Total % Total %

6,639,010 876,812 13.2 112,383 1.7 5,649,815 85.0

Hombres 3,164,560 401,847 12.7 47,571 1.5 2,715,142 86.0

Mujeres 3,474,450 474,965 13.7 64,812 1.8 2,934,673 84.5

Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM 2003

En el cuadro anterior se puede observar que son las mujeres las que se enfermaron en mayor número que los hombres y son a quienes se les deteriora la salud por otras causas diferentes a las enfermedades.

De las 989,195 personas que se enfermaron, solo un 46.6 % consulto su afección con alguien (51.1% con un médico, 0.41% con una enfermera, 0.42% con un promotor social, 0.12% con un curandero y 1.0% con un amigo o vecino69). Llama la atención que casi la mitad de la población no consultó su dolencia. Lo que podría servir de indicio para hacerse una idea del nivel de acceso a los servicios de salud. También hay que fijar la atención en que gran parte de la población que se enferma no es atendida por un facultativo, sino que es atendido por una persona no idónea o por un empírico.

2. Calidad y cobertura de los servicios de salud

Con relación al artículo 12 del PIDESC, los Estados que son parte del Pacto, deben considerar en especial dos aspectos. El primero es el nivel general de salud física y mental de la población. El segundo tiene que ver con el grado de acceso de la población a la atención de la salud; es decir calidad y cobertura, aunque también hay que agregar el factor de equidad.

Según el MSPAS la política nacional de salud persigue "Mejorar el acceso efectivo a los servicios básicos en materia de salud, con énfasis en la promoción de la salud a fin de elevar el nivel de

69 EHPM 2003


vida de la población salvadoreña".

No obstante ello, el sistema de salud en El Salvador ha padecido desde hace tiempo de importantes inequidades en el acceso y la calidad de los servicios. De acuerdo al PNUD, el MSPAS no logra la cobertura útil de protección del 80% esperado en todos sus programas preventivos.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, arrojó que una proporción mucho mayor de personas en el 2002 (39%) que enfermaron buscaron atención en establecimientos del MSPAS que en 1992 (19%), así como también una discriminación en el porcentaje de personas que consultaron en el sector privado, las cuales pasaron de 14% a 10% las que no consultaron, disminuyeron de 60% a 43%.

Entre las razones por las cuales las personas que enfermaron no acudieron a una consulta médica, destaca el aumento de problemas de oferta entre 1992 y 2002.

De esos resultados, el PNUD concluye que probablemente se debió a que una mayor proporción de enfermos esta consultando en el MSPAS, el cual no ha sido respaldado con una mayor dotación de recursos para atender a esta población, lo que probablemente ha deteriorado la calidad de servicios que se ofrece.

De los datos que arroja la Encuesta de Hogares citada anteriormente, puede inferirse que si el 56% de los que enfermaron en 2002 no consultó por problemas de oferta, ello significa que alrededor de un 24% de la población salvadoreña, es decir 1,562,483 personas, no tuvo acceso de forma sistemática a los servicios públicos de salud.

3. La política nacional de salud y reforma al sector salud

En 1999, con la creación del Consejo de Reforma del Sector Salud, se inició una redefinición de la política nacional de salud; sin embargo, el proceso se ha desarrollado irregularmente por diversos factores.

El Consejo de Reforma del Sector Salud se creó como un organismo de carácter consultivo y transitorio, cuya finalidad era formular y presentar al GOES, una propuesta de reforma al sector que reúna las condiciones de factibilidad y viabilidad.

Según el mismo Decreto Nº 15, el consejo está conformado de la siguiente manera:

● El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, quien lo preside y ostenta voto de calidad.

● El Director General del ISSS.

● Un representante de las gremiales profesionales relacionado directamente con la salud.

● Un representante de las gremiales empresariales.

● Un representante de las instituciones proveedoras de servicios de salud, incluyendo las fundaciones y Ong´s y las asociaciones de hospitales y clínicas privadas.


● Un representante de los usuarios de los servicios de salud, a propuesta de sus Asociaciones y de los grupos gestores del Plan de Nación (Comisión Nacional de Desarrollo).

● Un representante de las instituciones formadoras de recursos humanos en salud.

En la conformación no aparecen representados los trabajadores del sector. Es más, el mismo Decreto establece en su artículo 3, que los representantes de las entidades mencionadas en los numerales c) a g) anteriores, serían nombrados por el Presidente de la República tomando como base los candidatos propuestos. Y si se considera que tanto el Ministro de Salud y el Director del ISSS son nombrados directamente por el Presidente de la República, todo el Consejo estaría conformado por miembros afines al Ejecutivo.

Ante la poca apertura de espacios para la participación, otras asociaciones como el Colegio Médico y sindicatos de trabajadores de la salud, hicieron sus propuestas de reformas al sistema de salud sin que fueran tomadas en cuenta.

En atención a lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo No. 15 del 20 de Julio de 1999, el Consejo de Reforma del Sector Salud, presentó al Presidente de la República el documento "Propuesta de Reforma Integral de Salud", el cual se suscribió dentro de las atribuciones otorgadas al Consejo mediante el Artículo 4 de dicho Decreto.

El Consejo concibe a la "Propuesta de Reforma Integral de Salud" como el instrumento mediante el cual, él se pronuncia sobre los lineamientos generales que habrá de seguir la reforma en El Salvador. Así dio inicio la reforma al sector salud. Paralelamente en el MSPAS y en el ISSS se iniciaron cambios a los que el Gobierno denominó como procesos de modernización.

Esos procesos tienen íntima relación con la reforma diseñada. Como parte de la mencionada modernización, se pueden citar la Departamentalización y los Sistemas Sanitarios en el MSPAS y el establecimiento de las Clínicas Comunales con nuevos modelos de gestión en el ISSS. También se han organizado lo que han llamado redes de servicios, dentro de las cuales están los Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI).

Como ya se dijo, el proceso de reforma cerró los espacios para la participación de otros sectores, quienes, no obstante, presentaron sus propuestas, así lo hizo el Colegio Médico, pero ésta no fue tomada en cuenta, lo que generó oposición del Colegio por considerar la iniciativa gubernamental como privatizadora. Así se desencadenaron varias huelgas, una de ellas, y la más larga, fue la iniciada en el 2002, y a la que se hizo referencia antes.

De acuerdo a la Mesa Permanente sobre el Derecho Humano a la Salud, la reforma del sector salud implementada por el Gobierno evidencia una marcada orientación hacia consolidar un proceso que privilegia las formas privatizadas de financiamiento, gestión y provisión de los servicios de salud, que está haciendo recaer sobre las personas, familias y comunidades, la mayor responsabilidad en la garantía de su derecho a la salud.

Según la Mesa Permanente, el avance del proceso de reforma adolece de mucha dispersión en las propuestas y con prevalecimiento de intereses entre los partidos políticos; debido a que existen tres esfuerzos simultáneos que impulsan el proceso de reforma: la Comisión Nacional de Seguimiento a


la Reforma del Sector Salud, la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Salud Pública de la Asamblea Legislativa, y la Mesa Especial de la Comisión de Gobernabilidad de Casa Presidencial.

Además, la Mesa Permanente, consideró que no se había definido, como paso prioritario y fundamental, cuál sería el modelo de financiamiento, de gestión y de provisión de servicios que el país demanda para asegurar efectivamente la salud de la población.

4. Deficiencias del sistema de salud

Las deficiencias del sistema de salud salvadoreño, incluyen:

a) Desabastecimiento de medicamentos. La escasez de medicamentos en el sistema de salud pública no es un problema que se circunscribe únicamente a lo económico; sino que tan bien a causas imputables a las autoridades gubernamentales: Año tras año se presenta el desabastecimiento de medicamentos en dicho sector.

b) Falta de equipo médico, Otro factor relacionado con el desabastecimiento es la falta o deterioro del equipo médico en los hospitales. Para el caso, la misma directora del Hospital Zacamil, aceptó que la entidad que dirige se ha visto en la necesidad de suspender y reprogramar cirugías en ciertas áreas debido al deterioro de algunos equipos en los quirófanos. De acuerdo a la funcionaria, cada mes se han suspendido dos o tres cirugías, en un lapso de un año.

c) Atención a personas indigentes. A principios de enero de 2004, miembros de Comandos de Salvamento, denunciaron que al recoger a personas indigentes y llevarlos al Hospital Nacional Rosales para que sean atendidos, los médicos del área de emergencia preguntan que quién acompaña al paciente, al no tener acompañantes, los indigentes son rechazados. Por su parte, el vocero de la Cruz Roja, mencionó que la institución que representa dejó de recoger indigentes debido a que, a pesar de sus insistencias, siempre son rechazados en el Hospital Rosales.

d) La epidemia del dengue. Desde el año 2000, El Salvador enfrentó un incremento de los casos de dengue, que se repitió en los siguientes años (2001-2005), lo que ha implicado más de 10,000 casos de dengue hemorrágico y clásico. Se considera que el Gobierno no ha adoptado las enseñanzas y la obtención de compromisos a las autoridades del MSPAS, para tomar las medidas pertinentes, ya que nuevamente, a principios de 2003 se presentaban las primeras muertes de niños/as por la misma causa.

e) Maltrato a pacientes. Varios casos se presentaron de los y las pacientes que acuden por atención médica al Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, a quienes, los vigilantes de la empresa privada contratados para dar seguridad les impide el acceso, lo que violenta su derecho a la salud70.

f) Denegación de atención médica por discriminación. Un caso ejemplarizante de discriminación por condición económica es el que viviera el Señor. Daniel Alvarenga, quien padecía de parálisis corporal y como consecuencia de ello cayó al suelo y se rompió la barbilla. Su madre llamó a socorristas de Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital Nacional Rosales. Los médicos del nosocomio se negaron a atender al paciente. La madre, manifestó que en el hospital le pidieron $ 600 para un tratamiento con antibióticos y como no los tenía, le dijeron que regresara hasta que los

70 El Diario de Hoy 3 de mayo de 2004. p. 57


tuviera71.

g) Las cuotas voluntarias, siguen siendo obligatorias. El 1 de junio de 2002 el entonces Presidente de la República, Lic. Francisco Flores, se comprometió a llevar a cabo la eliminación de las cuotas voluntarias en todas las unidades de salud; anunció que la medida sería efectiva a partir de junio del mismo año. Sin embargo, ese anuncio no pasó de ser sólo eso, un anuncio. Puede decirse que ninguna unidad de salud u hospital ha dejado de hacer los cobros por los servicios que prestan. En la mayoría de las unidades de salud lo que cambió fue la forma de hacer los cobros y las personas que los realizan. Son comunes los casos que confirman la obligatoriedad del pago de las cuotas voluntarias, Tal es el caso de los pobladores del Cantón Tres Ceibas, en Armenia, Sonsonate, quienes ante FESPAD denunciaron que las condiciones de salud de las 800 personas que habitan en la población a la que ellos representan se estaba viendo más deteriorada debido a que el acceso a servicios de salud no era gratuito ni inmediato. Manifestaron que en la unidad de salud siempre les exigen el pago de las cuotas voluntarias, requisito que no pueden cumplir por carecer de recursos económicos. Similar situación a la descrita anteriormente es la que experimentaron los habitantes de la colonia Milagro de la Paz, en San Miguel y que acudieron a pasar consulta en la unidad de salud de la mencionada colonia.

5. Personas con VIH-SIDA

El Salvador no ha escapado de la creciente afectación que está desarrollando el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Cifras no oficiales revelan que 180 salvadoreños/as mueren anualmente por esa causa. El número de casos de VIH positivo y SIDA ha aumentado aceleradamente durante los últimos 15 años: de 30 reportados en 1988, en el 2001 se reportaron 1,970 casos72

De acuerdo a la Fundación Nacional para la Prevención, Educación y Control de Paciente VIH/SIDA (FUNDASIDA), sólo en la zona portuaria del municipio de La Libertad, a enero de 2003 se registraban cerca de 75 personas infectadas con VIH SIDA.

Los niños y niñas también están siendo afectados por esta enfermedad, el Ministerio de Salud calcula que hasta el 2003, habían 363 menores que estaban registrados con la infección; además informaron que existe otro porcentaje de ellos que no estaba contabilizado73.

En 2002, las enfermedades resultado del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), según el MSPAS, ocupó el décimo lugar como causa de muerte en mujeres y hombres en el grupo etáreo de 20-59 años. En 2003 fue considerara como la séptima causa de muerte hospitalaria, alcanzando un total general de 372 muertes, de las cuales 257 fueron hombres y 115 mujeres74.

Para la prevención y tratamiento del SIDA existe un programa gubernamental que coordina su trabajo con instituciones no gubernamentales. A inicios de 2003, la organización internacional Fondo Global, otorgó a El Salvador $ 26.9 millones como contribución a los programas de prevención y tratamiento para enfermos de VIH/SIDA y tuberculosis.

71 Co Latino, 30 de marzo de 2004, p. 2 72 El Mundo 18 de febrero de 2003, p. 1073

La Prensa Gráfica, 20 de abril de 2003, p. 1374 http://www.mspas.gob.sv/estadisticas2003.asp


Para regular las acciones de prevención y control del VIH la Asamblea Legislativa, mediante Decreto Legislativo Nº. 588, del 24 de octubre de 2001, aprobó la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, sin embargo, hubo desacuerdos en algunos aspectos de grupos organizados de personas contagiadas.

El 6 de febrero de 2002 hubo una marcha de estos sectores que caminaron hacia la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados la derogación del literal “d” del artículo 16 de la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el literal hacía referencia a la obligatoriedad de los trabajadores de someterse a un examen médico cuando así lo requiriera el patrono. Según los manifestantes, ese inciso de la Ley era discriminatorio y colocaba en una posición vulnerable a los trabajadores portadores del virus. Para FESPAD dicha disposición violaba el artículo 2, inciso dos, de la Constitución de la República.

En ese sentido, bajo la asesoría de FESPAD, el 30 de abril de 2002, fueron presentados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recursos de inconstitucionalidad. En los recursos se alegó violaciones al derecho al trabajo. En mayo, los afectados enviaron una carta al presidente de la CSJ, para pedirle la agilización de los procesos. A casi dos meses de que los afectados con el VIH, impugnarán un artículo de la referida Ley, la CSJ no admitía los recursos de inconstitucionalidad. Un total de 27 demandas estaban a la espera de ser admitidas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Otros portadores habían interpuesto tres recursos de amparo, los cuales tampoco habían sido admitidos, según informaciones de la Unidad de Comunicaciones de la CSJ.

Después de siete meses de estudio y ante los reclamos de los afectados, la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del SIDA. El máximo tribunal libró un oficio a la Asamblea Legislativa para que en los próximos 10 días, justificará la legalidad del literal “d”, artículo 16, de la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

La Corte Suprema de Justicia, también admitió las demandas de inconstitucionalidad contra la disposición legal que autorizaba exigir la prueba del SIDA como requisito laboral. Con lo que la legalidad de la Ley se puso en entredicho. El máximo tribunal admitió 25 demandas de inconstitucionalidad contra esa normativa especial. En junio, la CSJ había admitido la primera demanda contra la Ley especial de prevención del SIDA.

El 10 de octubre de 2002 la Asamblea Legislativa derogó con 64 votos a favor el literal “d” del artículo 16 de la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

A esta lucha se une la que siguieron los miembros de la Asociación Atlacatl, que demandaron al Estado salvadoreño, por no proveer el tratamiento retroviral a los pacientes del ISSS. Los afectados recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer su reclamo, y establecieron un precedente importante, al incorporarse el tratamiento antiretroviral en la lista de medicamentos del ISSS.


Derecho a un medioambiente sano

1. Marco del derecho a la medioambiente sano

El derecho al medio ambiente sano es aquel que tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de condiciones de la naturaleza, que permitan preservar los requisitos fundamentales para garantizar la existencia de la vida humana.

El objeto sobre el que recae la protección de este derecho es el medio ambiente, entendido como la naturaleza integral e interdependiente de la tierra. ( Párrafo 6º del Preámbulo de la Declaración de Río sobre el medio Ambiente y el Desarrollo).

El medio ambiente tiene dos dimensiones fundamentales:

a) El medio ambiente natural o abierto integrado por la biosfera, el aire, el agua, y el suelo, en cuanto que constituyentes del factor vida y los ecosistemas, producto de la interacción entre los seres vivos y su medio. Dentro del medio ambiente natural como objeto genérico del derecho al medio ambiente sano, se pueden incluir como objetos específicos del mismo:

i) La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. (Artículo 1 del Convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, firmado en Río de Janeiro el 5 de Junio de 1992.)

ii) La gestión, conservación y desarrollo sostenible de los bosques y el cuidado de sus funciones y usos múltiples y complementarios.

b) El medio ambiente cerrado, es decir, aquel que ha sido construido por el hombre y la mujer para realizar su vida, satisfaciendo así su sistema de necesidades.

En los últimos años el derecho a un medio ambiente sano ha sido incorporado como una categoría dentro de los derechos humanos, debido a la necesidad del ser humano de vivir y desarrollarse en un hábitat sano y adecuado.

El articulo 117 de la Constitución de la Republica, establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales; y se declara de interés social la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.

A nivel de la legislación secundaria existen marcos legales e instituciones encargadas de velar por este derecho, como son el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, El Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Fiscalia General de la Republica, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil

2. Tratamiento de materiales peligrosos

Para el tratamiento de materiales peligrosos (corrosivos, reactivos, radiactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, bioacumulables, persistentes o con actividad biológica infecciosa) existe una normativa jurídica que regula su uso y disposición sin embargo, en El Salvador, son varios los


casos en los que abierta y flagrantemente se viola el derecho a un medioambiente sano, con la anuencia y conocimiento de los funcionarios públicos encargados de garantizar este derecho.

En El Salvador se calcula que se importan anualmente 60 kilogramos anuales, es decir 360 kilogramos en los últimos seis años, de material radioactivos, que son utilizados por unas 1700 instalaciones médicas o industriales que en su mayoría no cuentan con autorización para manipular dichos materiales.

A manera de ejemplo, existe a 64 Km. al poniente de San Salvador, desde hace 14 años, en el departamento de Santa Ana, un botadero de material radiactivo, del Hospital San Juan de Dios, de esa localidad, del cual el entonces ministro de salud (2003) dijo desconocer si cumplía con las condiciones de seguridad que exige la Ley de Medio Ambiente.

En el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador 2002, elaborado por FESPAD, se incluyó el caso del abandono de 90 barriles con Toxafeno en la Colonia Las Brisas, en San Miguel. Hasta ese año, los barriles llevaban 13 años de permanecer en ese lugar, ubicándose exactamente en una bodega propiedad de la empresa Mayula Monsantos. Durante todo ese tiempo, se había continuado derramando, lo que ha perjudicado la salud de pobladores de las Colonias Brisas I, Brisas II, Carrillo y Pradera de San Miguel. Finalmente los desechos fueron retirados en 2005 por orden de un tribunal.

En enero de 2004, la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA), confirmó el derrame subterráneo de tóxicos provocado por una tubería de los tanques de solventes enterrados al norte de la ex bodega de Monsanto (después de AGROJELL S.A.). Esa confirmación se obtuvo de un estudio por EPA en febrero de 2004 y fue entregado en mayo del mismo año al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a la Fiscalía General de la República. El estudio también reveló que el tóxico contenido en el tanque de la bodega era xileno el cual era mezclado con el toxafeno contenido en los 92 barriles.

3. Tratamiento de desechos sólidos

El consumo de los hogares sigue siendo lo que más contribuye en la producción de desechos sólidos. El siguiente cuadro muestra las distintas formas en que se ha dado tratamiento a esos desechos durante 2002 y 2003:


Tabla 14Tipo de Tratamiento de los Desechos Sólidos en los Hogares

(2002-2003)

Tipo de tratamiento 2002 2003

Hogares que, a nivel nacional, se deshacen de la basura utilizando tren de aseo

49.1% 48.0%

Hogares que, a nivel nacional, se deshacen de la basura quemándola

20.7% 30.5%

Hogares que, en el área urbana, cuentan con servicio de tren de aseo.

75.5% 72.3%

Hogares que, en el área urbana, queman la basura. 11.1% 11.1%

Hogares que, en el área urbana, que se deshacen de la basura depositándola en cualquier lugar.

6.1% 7.5%

Hogares que, en el área rural, se deshacen de la basura quemándola

61.3% 62.6%

Hogares que, en el área rural, que se deshacen de la basura depositándola en cualquier lugar.

24.4% 22.9%

Hogares que, en el área rural, que se deshacen de la basura enterrándola

7.8% 6.7%

Hogares en el área rural que cuentan con servicio de tren de aseo.

4.4% 6.3%

Fuente: elaboración propia con datos de las EHPM 2002 y 2003.

Los desechos líquidos son una mezcla de sólidos y agua, en su mayoría provienen de las industrias y de los hogares mismos. El problema medioambiental es generado debido a la falta de control gubernamental para que sean tratados adecuadamente separando los sólidos frescos antes de que sus elementos contaminantes se disuelvan. Ante la ausencia de controles del MARN, que es la institución responsable de controlar dichas prácticas, en El Salvador, los miles de litros de aguas servidas que a diario se generan en los hogares e industrias salvadoreñas, tienen como destino los ríos, lagos y el mar.

La ley que establece la regulación de las actividades relativas al tratamiento de los desechos líquidos es la Ley de Medio Ambiente. El artículo 70, regula la gestión, uso, protección y manejo de las aguas y ecosistemas. Esta Ley retoma el criterio de establecer medidas para proteger el recurso hídrico, de los efectos de la contaminación, que establece la Ley de la ANDA. Existen, además, otro conjunto de leyes que contribuyen a normar dicho tratamiento, tal es el caso de la Ley y Reglamento de Riego y Avenamiento; la Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; el Reglamento sobre la Calidad del Agua, el Reglamento de Control de Vertidos y las Zonas de Protección; el Reglamento Especial de Aguas Residuales; entre otros. Los desechos líquidos provenientes de ganado bovino, porcino y avícola, es una práctica que carece de un control efectivo.


4. Destrucción de bosques.

El área metropolitana de San Salvador, se ha constituido en ejemplo de la degradación ambiental que vive el país. El llamado Gran San Salvador, compuesto por 14 municipios, cuenta con escasas y pequeñas áreas forestadas.

Hacia el poniente de la capital se puede observar que el bosque ubicado sobre el volcán de San Salvador está siendo sustituido por lujosas viviendas. Similar situación pasa en el Sur y el Oriente del Gran San Salvador, en la Cordillera de El Bálsamo y en el Cerro San Jacinto.

Un impacto irrecuperable al medio ambiente, ha sido la casi destrucción de la finca El Espino, la ex zona boscosa que se ubica entre los municipios de Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Se llegó a calcular que El Espino, intacto, llegaba a capturar más de 16 millones de metros cúbicos de agua que alimentaban el manto acuífero utilizado para proveer a los habitantes de las ciudades aledañas. Además de haber sido también espacio de refugio de diversas especies animales.

A raíz de las exigencias por administración, y propiedad de El Espino, entre particulares, compañías cafetaleras, agencias inmobiliarias, municipalidades y cooperativas; la finca fue dividida y las partes resultantes, conocidas como “la privada” y “la estatal” están siendo deforestadas aceleradamente.

En la parte privada, se han construido hasta el momento extensos complejos comerciales y habitacionales, los que, según sus mismos propietarios, son los que más metros cuadrados en construcción poseen a nivel centroamericano, es decir que son los centros comerciales más grandes de la región.

Como resultado de la construcción de mega centros comerciales, se incrementó considerablemente el tráfico vehicular en los alrededores por lo que las calles se vieron congestionadas. La solución ante ese problema de tráfico la propuso el mismo Gobierno y no fue otra más que la ampliación de las ya existentes, pero sobre todo iniciar la apertura de nuevas carreteras, sólo que esta vez serían construidas en la parte estatal del Espino.

La actuación del Estado, estuvo mas aparejada con los intereses de los empresarios y constructores, pues lejos de proteger la finca El Espino, permitió, primero, construir los megacentros comerciales y segundo a las cesiones de grandes porciones de terreno que se han hecho a instituciones privadas y algunas gubernamentales, además, de las proyecciones que se tienen de construir una súper carretera denominada “Prolongación de la Avenida Diego de Holguín”, la cual iniciará desde la finca El Espino, en el municipio de San Salvador y se unirá con la carretera Panamericana a la salida de Santa Tecla hacia el Occidente del país.

También hay que decir que la deforestación no sólo se está dando y permitiendo exclusivamente en el área Metropolitana de San Salvador (AMSS); sino que es un problema a nivel nacional. La ampliación y/o construcción de carreteras, que es una apuesta al desarrollo por parte del GOES, no, se ha dado en diferentes lugares del país.

Otro factor que atenta al medio ambiente es la construcción de complejos habitacionales autorizados por el MARN, que se hacen sin un plan de ordenamiento territorial. En algunos de estos casos, se han construido complejos habitacionales en tierras con vocación agrícola, tal es el


caso de los construidos en el valle de Zapotitán, en el departamento de La Libertad; el construido en el municipio de Chalchuapa, en el Departamento de Santa Ana; los construidos en los municipios de San José Villanueva y Zaragoza, también en La Libertad; entre otros.

Según datos preliminares de un estudio contratado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reveló que existe una disminución de las zonas boscosas salvadoreñas. Concluyendo que los bosques sólo cubren entre el 15 y 16% del territorio nacional.

Art. 13 y 14 del PIDESC

1. Cobertura El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige a los Estados Partes que aún no hayan podido instituir la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, que se comprometan a elaborar y adoptar, dentro de un plazo, de dos años un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un plazo razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.

En 1991 se invirtieron $ 115 dólares por matricula en todo el sistema y para 1996, $ fueron 246.75, esto seria importante o significativo si se hubiera observado un incremento en la calidad de la educación.

Tabla 15 Cobertura Matriculas por Nivel Educativo

(Período 2000-2004)

Años

Niveles Educativos

Parvularia(Alumnos/as)

Básica(Alumnos/as)

Media(Alumnos/as)

Totales(Alumnos/as)

2000 203,133.00 1,219,936.00 150,100.00 1,573,193.00

2001 214,089.00 1,254,384.00 148,935.00 1,617,408.00

2002 228,064.00 1,292,219.00 157,959.00 1,678,242.00

2003 236,336.00 1,336,911.00 167,702.00 1,740,949.00

2004 245,918.00 1,377,485.00 177,842.00 1,801,245.00Fuente: Censo matricular 2004. MINED.

Con los datos contenidos en el anterior cuadro se establece que la tasa bruta de cobertura 2004 tuvo un incremento total de 1.8% respecto de 2003. Alcanzando en el 2004, 81.3% siendo para el 2003 de 79.5%.

Al descomponer ese crecimiento total por nivel educativo, siempre comparando 2004 con el 2003, se tiene que la tasa bruta de parvularia tuvo un incremento de 1.7%, educación básica 1.6% y educación media 2.2%. No obstante las cifras anteriores, la inversión en infraestructura educativa no parece ser suficiente para garantizar calidad en la educación, si se considera que en el país aún existen algunos centros escolares en condiciones de carestía básica


2. Infraestructura y vulnerabilidad

La infraestructura educativa no solo es inadecuada pedagógicamente, sino que también presenta en algunos casos situaciones de riesgo y vulnerabilidad para los alumnos y alumnas. A principios de mayo de 2003, los titulares de Ministerio de Educación, manifestaron que hasta esa fecha y a nivel nacional, había 366 centros educativos que necesitaban reparación de su infraestructura o una nueva. De estos 366, 131 fueron dañados por los terremotos de 2001 (es decir que habían pasado ya dos años los alumnos y alumnas recibiendo clases en condiciones de alto riesgo o en lugares inadecuados) . 129 instalaciones estaban dañadas por el paso del tiempo y el uso y 106, debían de ser demolidos porque eran de bahareque (paredes hechas de una mezcla de lodo y varas de bambú partidas longitudinalmente).

En ese mismo sentido, en 2003, el Ministerio de Educación anunció que de acuerdo a un diagnóstico realizado en todo el país, 398 escuelas estaban en peligro. De estas, 119 estaban expuestas a sufrir inundaciones y 279 a sufrir deslizamientos como consecuencia del invierno. A estas alturas del informe (octubre de 2006). La pregunta obligada en ¿Qué habrá pasado después de seis años de haber sido reportada esta situación y sabiendo ya que la mayor parte del presupuesto del Ministerio, se destina para gasto corriente? ¿Cuan objetivo es el informe del GOES, respecto a la calidad y el estado del derecho a la educación en El Salvador?

A nivel nacional, para 2003, se reportaban 900 escuelas sin agua potable para sus alumnos y alumnas. Este es el concepto bajo el cual descansa la concepción del programa Escuelas Saludables. Lo mismo sucede con el mobiliario para el alumnado.

En 2002, la Ministra de Educación, informaba que había un déficit de 100,000 pupitres originados tanto por el incremento de las matriculas como los que no han sido provistos históricamente o no han sido repuestos una vez dañados. Resulta entonces que 100,000 mil alumnos o alumnas reciben clases o bien parados, sentados en el suelo o en pupitres en malas condiciones.

3. Tasas de analfabetismo y calidad de la educación

Para 2002, de cada 100 salvadoreños y salvadoreñas, 18 son analfabetas, la brecha entre la zona rural es mayor (30.3 %) que en el área urbana (11.1%), ahora bien, el hecho de que el resto no sea analfabeta, no significa necesariamente que están preparados para optar a un empleo digno o que profesionalmente estén realizados; esto es debido al que el segmento que no se considera analfabeta, su escolaridad promedio asciende a 5.5 años; siendo de 5.7 para hombres y 5.4 para mujeres . la escolaridad promedio en el área rural es de 3.5 años.

Otro indicador importante a analizar es la tasa neta de matricula. Para ello se tiene que para 2002, la tasa para la educación parvularia era del 43.3%, para básica era 86.9 %, para media 25.5% y para superior 18.0%. Lo anterior significa que de 100 niños o niñas que se matricularon en parvularia, solo terminaron el año 43; en educación básica, 86 (y 14 por cada cien, no se sabe que hacen, ya que no terminaron); en educación media, terminaron 25 y 75 quedaron fuera y lo peor es para la educación superior en el que de 100 aspirantes a profesionales, encontraron posibilidades reales solamente 18. Un país en estas condiciones, no puede asumir que tiene condiciones básicas para un desarrollo con equidad.

Algo similar ocurre con la calidad de los docentes y aunque no se pretende generalizar a partir de


un solo indicador, si puede dar visos de lo que esta pasando a nivel de los garantes, en el aula, de la calidad educativa. En 2002, el resultado de la Prueba de Evaluación de Competencias y Aptitudes (implementada a partir de 2001) fue que solo el 40% aprobó dicha prueba, con una deficiente nota de 5.6. En la misma prueba que se realizo en 2001, de 2301 que se sometieron a ella, solo 184, la aprobaron, es decir un 8% de los postulantes.

4. Gratuidad de la educación vrs cobro de cuotas

Los cobros en las escuelas públicas, por la vía de las llamadas cuotas voluntarias, siguen representando un mecanismo de exclusión y privación del derecho a la educación. Esta condición ya ha sido acotada en la observación general del Comité DESC correspondiente.

Dicho cobro refleja en forma directa el incumplimiento de las obligaciones del Estado, en lo que concierne a provisionar de los materiales y la infraestructura necesaria a los centros educativos. Cada director o directora de centro, tiene fijada una cantidad anual a obtener por la vía de las cuotas, y que corresponde al déficit presupuestario que año con año le va acumulando el Ministerio de Educación.

Solo en enero de 2003, la oficina de atención al publico del Ministerio de Educación, registraba un total de 101 reclamos de madres o padres de familia por el cobro de cuotas voluntarias, todas ellas asociadas a la condicionalidad de la matricula. Incluso se reportan casos públicos de maltrato de alumnas, por haber denunciado dichos cobros.

5. Acceso a la educación y cuotas de escolaridad

Otra situación que genera limitaciones al acceso a la educación en El Salvador, son los incrementos a las cuotas de escolaridad de los centros privados. Si bien dichos aumentos están regulados por la Ley General de Educación, el Ministerio de Educación, que es el ente encargado de operativizarla, es el principal responsable de su incumplimiento. En 2002, el Ministerio de Educación, autorizó el incremento de colegiaturas a 180 centros privados, a partir de 2003. la autorización no tomo en cuenta el estado de la economía familiar; sino solamente los intereses financieros de los propietarios de los colegios privados.

Lo peor de esta situación de vulneración, sucedió en agosto de 2003, en el que 179 centros privados incrementaron arbitraria y unilateralmente las cuotas escolares y de matricula, ante tal abuso y violación a la ley, el Ministerio de Educación termino autorizándolos en lugar de sancionarlos.

6. Programas gubernamentales

Sobre los distintos programas gubernamentales que pretenden coadyuvar al derecho a la educación.

a) Programa Escuela 10. El programa Escuela 10, se ha presentado como una innovación dentro del Sistema Nacional de Calidad Educativa. Escuela 10 es un sistema de certificación de calidad de centros educativos públicos, que no es una innovación, sino que es un cambio de denominación de lo que años atrás se denominaba Escuelas Modelo. Escuela 10, ha sido el mecanismo por el cual el Estado se ha despojado de su responsabilidad en la educación pública a través de la participación comunitaria, ya que la ha delegado en miembros y miembras de las comunidades, bajo la forma, por ejemplo, de las llamadas cuotas voluntarias.


b) Los Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA). Los CRA nacieron como un componente tecnológico para facilitar e integrar el uso de recursos técnicos en el desarrollo de la currícula en el aula. Al igual que el Sistema de Asesoría Pedagógica, que nació dentro de la administración 1999-2004, al iniciar la nueva administración 2004-2009, la titular de Educación replanteó el enfoque de los CRA. Nuevamente, se generó la duda de si fue acertada la creación de los CRA o si las políticas educativas eran objeto de modificación arbitraria

c) Portal Educativo EDERED. EDURED es un portal educativo alojado en el sitio Web del Ministerio de Educación (MINED). De acuerdo al MINED, EDURED, es un nuevo avance en las tecnologías de información que facilita el acceso a recursos e Intercambio de información. Sin embargo, el acceso a EDURED, requiere necesariamente contar con una computadora y que ésta tenga acceso a la Internet. De ahí que EDURED no sea, en verdad, un avance en la mejora de calidad educativa, puesto que en 2003, de acuerdo a la DIGESTYC, sólo 86,000 hogares contaban con una computadora, de las cuales sólo 40,000 tenían acceso a la Internet.

d) El Programa Escuela Saludable (PROES). Este programa fue creado para la atención focalizada de necesidades de alimentación, educación y salud de los niños y niñas que estudian desde parvularia hasta sexto grado. Su objetivo es aumentar la retención escolar, disminuir la deserción y la repitencia a fin de mejorar el aprendizaje de los y las estudiantes. Durante 2004, se presentaron irregularidades en el cumplimiento del PROES. Tal es el caso presentado en 11 centros escolares del municipio de San Simón, en Morazán. De acuerdo al asesor pedagógico de ese lugar, cada tres meses reciben alimentos dentro del PROES; sin embargo, la entrega que debía ser entregada en abril de 2004, todavía no había sido recibida a finales de mayo75.Otra irregularidad del PROES, fue la que se conociera en junio de 2004, en donde representantes del MSPAS decomisarorn harina y arroz a cinco escuelas de la zona rural de Nueva Trinidad, en Chalatenango, debido a que determinaron que los productos no eran aptos para el consumo humano, porque estaban infestados de plagas. Paralelamente, el SIBASI, de Chalatenango recomendó a los directores de los cinco centros escolares que no permitieran que sus alumnos y alumnas consumieran esos alimentos. Los centros escolares afectados fueron: Carasque, Los Pozos, Santa Lucía, El Bajío y Navarrete.

75 La Prensa Gráfica, 21 de mayo de 2004, p. 90.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I. Conclusiones

• Las medidas implementadas por los gobiernos desde 1989, han implicado un grave impacto de los derechos económicos, sociales y culturales, debido al debilitamiento del rol del Estado, a la falta de control de las variables del mercado y a la desmesurada acumulación de capital que promueve el modelo neoliberal.

• La pobreza, la desigual distribución de la riqueza y los intereses economicos contenidos en las estructuras de los organos de estado, no permiten que haya una progresividad sustancial en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

• Hay una limitada justiciabilidad de los DESC debido a la falta de desarrollo del organo judicial y el marco juridico, como garantia frente a los demas organos de gobierno.

• Con todo y lo anterior, hay un mayor involucramiento de la población en la problemática de los DESC y en su exigibilidad juridica y social.

• En general, se identifica un estado de regresividad DESC, ya que la situación de vida de los y las salvadoreños ha tendido ha agravarse en los últimos años.

• Varios de los indicadores y cifras oficiales que sirven para monitorear la situación de los DESC, adolecen de precision y objetividad en las definiciones y metodologías para su calculo., lo que puede utilizarse para mostrar una situacion diferente de la realidad mostradea por el GOES. Un factor que distorsiona la vision sobre el estado crítico de la economía salvadoreña son las remesas familiares.

II. Recomendaciones para el GOES.

• Retomar el espiritu contenidos en los Acuerdos de Paz, y los compromisos en torno a la situación económica y social asumidos por el GOES, concretamente la instalación de un foro de concertación económica y social que aborde los problemas estructurales desde los diferentes actores sociales.

• Desarrollar un proceso de implementación de los recién aprobados convenios de la OIT (87,98, 151, 131).

• Cumplir con las recomendaciones de la organización Human Rights Watch, en su informe “Indiferencia Intencionada..” de 2003, y con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

• Revertir las medidas de ajuste estructural que están afectando los derechos económicos, sociales y culturales como la privatización de servicios públicos esenciales a la comunidad (salud, agua, etc.) y la desregulación que afecta a productores locales. .

• Revisar la congruencia y compatibilidad del TLC USA-C.A RD con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por El Salvador.

• Implementar los compromisos adquiridos en Convenio sobre la Diversidad Biológica.• Desarrollar acciones para la erradicación del trabajo infantil


Bibliografía

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2. Dirección General de EstadÍsticas y Censos (DIGESTYC). Encuesta de Hogares Múltiples 2003, 2004. www.digestyc.gob.sv

3. DIGESTYC: IPC, Canasta Básica Alimentaria. www.digestyc.gob.sv 4. FESPAD y otros. El Salvador por Dentro: juicio al modelo 1989-2005, Talleres Gráficos UCA.

Noviembre de 2005.5. FESPAD. Informe sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Cuturales 2001. 1a Ed.

San Salvador, El Salvador, 2002. 6. FESPAD. Informe sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Cuturales 2002. 1a Ed.

San Salvador, El Salvador, 2003. 7. FESPAD. Informe sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Cuturales 2003. 1a Ed.

San Salvador, El Salvador, 2004.8. FESPAD. Informe sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Cuturales 2004. 1a Ed.

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previsional, deuda pública y reforma fiscal. http://fespad.org.sv/portal/html/Archivos/Descargas/PPH-N9A1.pdf

13. FESPAD. Boletin Políticas Públicas, HOY. 3 al 7 de julio de 2006 No. 2, Año I.Pobreza, salarios y ganancias: la revisión de los salarios mínimos http://fespad.org.sv/portal/html/Archivos/Descargas/PPH-N2A1.pdf

14. FESPAD. Boletín Políticas Públicas, HOY. Septiembre de 2006 No. 11, Año I. Subempleo y desempleo en El Salvador.

15. FESPAD. Boletín Políticas Públicas, HOY. 4 a 8 de Septiembre de 2006 No. 10, Año I. Exclusión social y remesas familiares.

16. Human Rights Watch. Indiferencia Intencionada. Inacción del Gobierno de El Salvador en la protección de los derechos de los trabajadores. Diciembre de 2003. http://www.hrw.org/spanish/informes/2003/elsalvador1203/index.htm

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