Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - Tomo III - Perú

El Informe Final de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin fue suscrito por el pleno de comisionados el 27 de agosto de 2003 y se present al Presidente de la Repblica, doctor Alejandro Toledo Manrique, al Presidente del Congreso Nacional, doctor Henry Pease Garca, y al Presidente de la Corte Suprema, doctor Hugo Sivina Hurtado, el 28 de agosto de 2003.

* El teniente general FAP (r) Luis Arias Graziani ha dejado constancia, en carta dirigida al Presidente de la CVR, de que suscribe con reservas el Informe Final de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin, de la cual es miembro. El contenido de dicha carta, donde aparece fundamentada su reserva, figura al final de las conclusiones generales (tomo VIII) y forma parte del Informe Final de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin.

Primera edicin, noviembre de 2003 Tiraje, 1000 ejemplares

INFORME FINAL

2003 de esta edicin, Comisin de la Verdad y Reconciliacin Direccin URL: www.cverdad.org.pe

En virtud de lo dispuesto por las leyes 27806 y 27927, el presente Informe Final de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin es de carcter pblico y puede ser consultado por cualquier ciudadano o persona que lo requiera. Se autoriza la reproduccin total o parcial de su contenido, siempre y cuando sea fiel al original y se cite adecuadamente la fuente: Comisin de la Verdad y Reconciliacin. Informe Final. Lima: CVR, 2003.

Secretario Ejecutivo de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin Javier Ciurlizza Contreras

Comit Editorial del Informe Final Coordinadores generales: Carlos Ivn Degregori Caso y Flix Retegui Carrillo Miembros: Jos Burneo Labrn, Javier Ciurlizza Contreras, Eduardo Gonzlez Cueva, Ivn Hinojosa Cortijo, Iris Jave Pinedo, David Sulmont Haak y Viviana Valz Gen Rivera Editora general: Estrella Guerra Caminiti Diseo de cartula: dgard Thays Vlez

ISBN: 9972-9742-4-3 9972-9742-7-8 Depsito Legal: 1501372003-6758 Impreso en el Per Printed in Peru

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

TOMO I PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VCTIMAS Prefacio Introduccin SECCIN PRIMERA: EXPOSICIN GENERAL DEL PROCESO Captulo 1: Los perodos de la violencia Captulo 2: El despliegue regional Captulo 3: Rostros y perfiles de la violencia Captulo 4: La dimensin jurdica de los hechos

TOMO II SECCIN SEGUNDA: LOS ACTORES DEL CONFLICTO Captulo 1: Los actores armados 1. El Partido Comunista del Per-Sendero Luminoso 2. Las Fuerzas Policiales 3. Las Fuerzas Armadas 4. El Movimiento Revolucionario Tpac Amaru 5. Los comits de autodefensa

TOMO III Captulo 2: Los actores polticos e institucionales 1. El gobierno de Accin Popular 2. El gobierno del Partido Aprista Peruano 3. La dcada del noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori 4. Los partidos de izquierda 5. El Poder Legislativo 6. El Poder Judicial Captulo 3: Las organizaciones sociales 1. El movimiento de derechos humanos

2. Los sindicatos, los gremios empresariales y las organizaciones de mujeres 3. La Iglesia Catlica y las iglesias evanglicas 4. Los medios de comunicacin 5. El sistema educativo y el magisterio 6. Las universidades

TOMO IV SECCIN TERCERA: LOS ESCENARIOS DE LA VIOLENCIA Captulo 1: La violencia en las regiones 1. La regin del sur central 2. La regin del centro 3. La regin del sur andino 4. La regin del nororiente 5. La regin de Lima Metropolitana 6. Los ejes complementarios

TOMO V Captulo 2: Historias representativas de la violencia 1. El PCP-SL en el campo ayacuchano: los inicios del conflicto armado interno 2. La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca 3. Los casos de Chungui y de Oreja de Perro 4. El caso Uchuraccay 5. La SAIS Cahuide 6. Los sindicatos mineros 7. Los Molinos: derrota del MRTA en la regin central 8. Los pueblos indgenas y el caso de los ashninkas 9. El PCP-SL durante el auge de la hoja de coca en el Alto Huallaga 10. El frente nororiental del MRTA en San Martn 11. La violencia y el narcotrfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo 12. La estrategia contrasubversiva en la margen izquierda del ro Huallaga 13. La violencia en Huaycn 14. Raucana: un intento de comit poltico abierto 15. Los sindicatos de la carretera central: entre el radicalismo y la resignacin 16. La batalla por las barriadas de Lima: el caso de Villa El Salvador 17. El PCP-SL y la batalla por Puno 18. La Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga 19. La Universidad Nacional de Educacin Enrique Guzmn y Valle, La Cantuta 20. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 21. La Universidad Nacional del Centro 22. Las crceles 23. Narcotrfico, conflicto armado interno y corrupcin

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TOMO VI SECCIN CUARTA: LOS CRMENES Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Captulo 1: Patrones en la perpetracin de crmenes y violaciones de los derechos humanos 1. Los asesinatos y las masacres 2. Las desapariciones forzadas 3. Las ejecuciones arbitrarias 4. La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes 5. La violencia sexual contra la mujer 6. La violacin del debido proceso 7. El secuestro y la toma de rehenes 8. La violencia contra nios y nias 9. La violacin de los derechos colectivos 10. Cuadros estadsticos

TOMO VII Captulo 2: Los casos investigados por la Comisin de la Verdad y Reconciliacin 1. Ejecuciones extrajudiciales en el hospital de Ayacucho (1982) 2. Atentado contra el local de Accin Popular (1983) 3. Ejecucin extrajudicial en la base militar de Totos (1983) 4. Asesinatos en Canchacancha (1983) 5. Ejecuciones extrajudiciales en Sillaccasa (1983) 6. Ejecuciones extrajudiciales en Lucanamarca (1983) 7. Ejecuciones extrajudiciales en Socos (1983) 8. Ejecuciones extrajudiciales en Ccarpaccasa (1983) 9. Desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en la base militar Los Cabitos (1983-1985) 10. Ejecuciones extrajudiciales de creyentes evanglicos en Callqui (1984) 11. Ejecuciones extrajudiciales comprobadas en las fosas de Pucayacu (1984) 12. La desaparicin del periodista Jaime Ayala (1984) 13. Tortura y ejecucin extrajudicial de Jess Oropeza (1984) 14. Ejecuciones extrajudiciales en Putis (1984) 15. Ejecuciones extrajudiciales en Accomarca (1985) 16. Asesinato de campesinos en Lucmahuaycco (1984) 17. Atentado contra la vida de Domingo Garca Rada (1985) 18. Ejecuciones extrajudiciales en Pucayacu II (1985) 19. Ataque del PCP-SL a la localidad de Marcas (1985) 20. Asesinatos del comando paramilitar autodenominado Rodrigo Franco (1985-1990) 21. El asesinato del almirante Ponce Canessa (1986) 22. Ejecuciones extrajudiciales en Pomatambo y Parcco Alto (1986) 23. Ejecuciones extrajudiciales en los penales de El Frontn y Lurigancho (1986) 24. El asesinato de Rodrigo Franco (1987) 25. El asesinato de Csar Lpez Silva (1987) 26. Violaciones de los derechos humanos en la base militar de Capaya (1987-1989) 27. Desapariciones en la base militar de Santa Rosa (Checcasa) (1988) 28. Ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento en Cayara (1988) 29. Masacre en la comunidad de Aranhuay (1988) 30. Asesinato de autoridades comunales de Chongos Alto y Chicche (1989) 31. La desaparicin del jefe ashninka Alejandro Caldern (1989)

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32. La masacre de los pobladores de Pacchas en Huamanga (1989) 33. Las ejecuciones extrajudiciales de Abel Malpartida Pez y Luis lvarez (1989) 34. Asesinatos durante el ataque al puesto policial de Uchiza (1989) 35. Los asesinatos de Brbara DAchille y Esteban Bohrquez (1989) 36. El asesinato de Fermn Azparrent (1989) 37. El ataque al regimiento Hsares de Junn (1989) 38. Ejecuciones extrajudiciales en Los Molinos (1989) 39. Ejecuciones extrajudiciales en Pucar (1989) 40. Asesinato de nueve pobladores en Yumbatos, San Martn (1989) 41. Ejecuciones extrajudiciales durante la estrategia contrasubversiva en la margen izquierda del ro Huallaga (1989-1994) 42. La desaparicin de ngel Escobar Jurado (1990) 43. Desapariciones y torturas en la base militar Los Laureles (1990) 44. Desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Chumbivilcas (1990) 45. El asesinato de Orestes Rodrguez (1990) 46. Las desapariciones de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (1990-1992) 47. Ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos (1991) 48. Desapariciones forzadas y asesinato de autoridades en Chuschi (1991) 49. Desapariciones de los candidatos a la alcada de Huancapi (1991) 50. El asesinato de Porfirio Suni (1991) 51. Los asesinatos de los sacerdotes Strzalkowski, Tomaszek y Dordi (1991) 52. Ejecuciones extrajudiciales en Santa Brbara (1991) 53. Las ejecuciones extrajudiciales de Luis Morales Ortega, la familia Solier, Leonor Zamora y otros (1991) 54. Lesiones graves producidas a Ana Lira (1992) 55. Ejecuciones extrajudiciales en Apiza (1992) 56. Desaparicin de campesinos del Santa (1992) 57. El secuestro y asesinato de David Balln Vera (1992) 58. El asesinato del coronel PNP Manuel Tumba (1992) 59. El secuestro del empresario Samuel Dyer Ampudia (1992) 60. Asesinatos en Huayao (1992) 61. Ejecuciones extrajudiciales de universitarios de La Cantuta (1992) 62. Los asesinatos de Mara Elena Moyano (1992) y Pascuala Rosado (1996) 63. El asesinato de Pedro Huillca Tecse (1992) 64. Ejecuciones extrajudiciales en el penal de mxima seguridad Miguel Castro Castro (1992) 65. La desaparicin de Pedro Yauri (1992) 66. Asesinatos y lesiones graves producidos en el atentado de Tarata (1992) 67. La tortura y el asesinato de Rafael Salgado Castilla (1992) 68. Asesinatos en Pichanaqui (1993) 69. La injusta incriminacin y tratos crueles a Juan Mallea (1993) 70. Asesinato de policas, autoridades locales y candidatos en Ajoyani y Antauta (1993) 71. Asesinatos y violaciones de los derechos humanos en Mazamari (1993) 72. El asesinato de Indalecio Pomatanta (1995) 73. Ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japn (1997)

TOMO VIII SEGUNDA PARTE: LOS FACTORES QUE HICIERON POSIBLE LA VIOLENCIA Captulo 1: Explicando el conflicto armado interno Captulo 2: El impacto diferenciado de la violencia

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1. Violencia y desigualdad de gnero 2. Violencia y desigualdad racial y tnica TERCERA PARTE: LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA Captulo 1: Las secuelas psicosociales Captulo 2: Las secuelas sociopolticas Captulo 3: Las secuelas econmicas CONCLUSIONES GENERALES Carta del comisionado Luis Arias Graziani

TOMO IX CUARTA PARTE: RECOMENDACIONES DE LA CVR. HACIA LA RECONCILIACIN Captulo 1: Fundamentos de la reconciliacin Captulo 2: Recomendaciones 1. Reformas institucionales 2. Plan Integral de Reparaciones 3. Plan Nacional de Investigaciones Antropolgico-Forense 4. Mecanismos de seguimiento Agradecimientos

ANEXOS Anexo 1: Memoria institucional Anexo 2: Cronologa 1978-2000 Anexo 3: Cuntos peruanos murieron? Anexo 4: Compendio estadstico Anexo 5: Lista de vctimas Anexo 6: Informe de la base de datos para la investigacin cualitativa (BDI) Anexo 7: Informe de la unidad de salud mental Anexo 8: Iniciativa de desaparecidos Anexo 9: Plan Integral de Reparaciones Anexo 10: Audiencias pblicas Anexo 11: Sesiones de balance y perspectivas Anexo 12: Bases de datos digitales

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CAPTULO 2 LOS ACTORES POLTICOS E INSTITUCIONALES 1. El gobierno de Accin Popular 1.1. El contexto del inicio del conflicto armado interno 1.2. Primeras respuestas a la subversin 1.2.1. Primeras acciones y diagnsticos 1.2.2. Dos enfoques en conflicto 1.3. La militarizacin del conflicto 1.3.1. El Ministerio del Interior 1.3.2. Los comandos poltico-militares 1.4. La responsabilidad del gobierno 1.4.1. Debilitamiento del estado de derecho 1.4.2. Impunidad 1.4.3. El orden constitucional 1.5. Conclusiones 2. El gobierno del Partido Aprista Peruano 2.1. El PAP en la oposicin al gobierno de AP (1980-1985) 2.1.1. El PAP frente al inicio del conflicto armado interno 2.1.2. El PAP frente a la militarizacin del conflicto 2.2. Los primeros aos del gobierno aprista 2.2.1. Las propuestas iniciales del PAP 2.2.2. Los cambios en el Ministerio del Interior y las Fuerzas Policiales 2.2.3. Las alternativas frente a las violaciones de los derechos humanos 2.2.4. El impacto de la matanza de los penales 2.3. El PAP ante el despliegue nacional del conflicto 2.3.1. La toma de Juanju 2.4. El PAP frente a la crisis 2.4.1. El Comando Rodrigo Franco 2.4.2. El proceso electoral y la amenaza subversiva 2.4.3. La fase final del gobierno aprista

23 23 24 25 25 27 29 29 30 33 33 34 34 35 36 37 37 38 39 39 40 41 42 45 46 47 50 50 51

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3. La dcada de los noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori 3.1. Las Fuerzas Armadas y el nuevo gobierno 3.1.1. La estrategia integral de lucha contrasubversiva y el Plan Poltico-Militar 3.1.2. El ingreso de Montesinos al entorno de Fujimori 3.2. Crisis extrema: el conflicto armado exacerbado 3.3. Las primeras medidas en el gobierno 3.3.1. Definicin de posiciones con relacin a las Fuerzas Armadas 3.3.2. El giro econmico 3.3.3. La estructuracin real del gobierno 3.4. Los costos de la estrategia integral 3.4.1. Las ambigedades del discurso oficial sobre la defensa de los derechos humanos 3.4.2. El despliegue de la estrategia contrasubversiva y de la impunidad 3.4.3. La presin internacional por los derechos humanos 3.5. Camino hacia el golpe: los decretos legislativos de noviembre de 1991 3.5.1. El acuerdo entre partidos y gobierno sobre contrasubversin 3.5.2. Los verdaderos gestores 3.5.3. La cuenta regresiva: los decretos legislativos de 1991 3.6. El golpe del 5 de abril: medidas e implicancias 3.6.1. La oposicin: debilidad del frente interno y el impacto internacional 3.6.2. Gobernar por decreto 3.7. La aprobacin del golpe y la imagen del PCP-SL ganador 3.8. Captura de Guzmn y la apropiacin del xito policial 3.9. Casos de violacin de los derechos humanos posgolpe 3.10. Afirmando la impunidad 3.10.1. El malestar dentro de las Fuerzas Armadas 3.10.2. Las operaciones especiales del SIN 3.10.3. Un primer paso: hacia la Ley Cantuta 3.10.4. La nueva Constitucin 3.10.5. Nuevo cambio de estrategia: el operativo Aries 3.10.6. Sellando la impunidad: la Ley de Amnista 3.11. Las consecuencias del marco legal posgolpe 3.11.1. La legislacin antiterrorista y los inocentes en prisin 3.11.2. El rgimen especial penitenciario en casos de terrorismo y traicin a la patria 3.12. Contrasubversin sin subversin 3.12.1. Sobre el Acuerdo de Paz y las negociaciones en la Base Naval del Callao 3.12.2. Contrasubversin sin subversin 3.12.3. Sentando las bases de un poder estatal extralegal 3.12.4. El aparato poltico del rgimen 3.12.5. El juego real y la verdadera agenda: la re reeleccin Apndice: el destacamento Colina 4. Los partidos de izquierda 4.1. La izquierda en los aos sesenta 4.1.1. La nueva izquierda 4.1.2. La expansin de la izquierda 4.1.3. Los maostas 4.1.4. Otras influencias 4.2. La formacin de la izquierda legal 4.2.1. La transicin a la democracia 4.3. Conclusiones

53 55 55 56 57 59 59 60 60 61 61 62 63 64 64 65 66 69 69 70 71 75 77 79 79 80 81 81 82 83 84 84 86 86 86 88 89 90 92 100 118 118 118 119 120 121 122 122 143

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5. El Poder Legislativo 5.1. La Constitucin de 1979 5.2. El Congreso en la nueva Constitucin 5.3. El inicio de la vida democrtica 5.4. El Parlamento en accin 5.5. El Congreso de 1980 y el inicio del conflicto 5.6. El Congreso frente a la militarizacin del conflicto 5.6.1. La ley 24150 (6.6.85) 5.7. El Congreso 1985-1990 5.7.1. Las investigaciones del Congreso 5.7.2. Pucayacu y Accomarca 5.7.3. Comisin Investigadora de los sucesos de Bellavista y Umaru 5.7.4. El caso de los penales 5.7.5. Comisin Investigadora de los sucesos en Parcco y Pomatambo 5.7.6. Comisin Investigadora sobre el asesinato de Walter Quispe Aaca y Lucio Condoma Paiura 5.7.7. El caso Cayara 5.7.8. La comisin de investigacin sobre las causas de la violencia 5.7.9. La Comisin Limo (Comando Rodrigo Franco) 5.7.10. Comisin Investigadora sobre Violacin de derechos humanos en Huancavelica 5.8. La legislacin antiterrorista en el perodo 1985-1990 5.9. El Parlamento en los aos del fujimorismo: la dcada del noventa 5.9.1. El Parlamento bicameral de inicios de los noventa 5.9.2. Fiscalizacin 5.9.3. Los decretos legislativos de 1991: camino hacia el golpe 5.10. El CCD y los Congresos con mayora fujimorista 5.11. Evadiendo su responsabilidad 5.12. Conclusiones Apndice: leyes y decretos legislativos emitidos durante los aos 1980-2000 en materia antisubversiva 6. La actuacin del sistema judicial durante el conflicto armado interno 6.1. El sistema judicial como agente de violencia entre 1980 y 1992 6.1.1. Factores estructurales 6.1.2. Violaciones de los derechos humanos por omisin o accin de los operadores de derecho 6.2. El sistema judicial como agente de violencia entre 1992 y 2000 6.2.1. Factores estructurales 6.2.2. Violaciones de los derechos humanos por omisin o accin de los operadores de derecho 6.3. Conclusiones Bibliografa del captulo CAPTULO 3 LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

144 144 144 145 146 147 148 148 151 152 153 154 154 156 156 157 157 158 159 159 160 161 162 163 164 166 168 170 173 175 175 180 183 183 193 195 196 205

1. El movimiento de derechos humanos y el conflicto armado interno 205 1.1. Responsabilidades de los organismos de la sociedad civil durante el conflicto armado interno 206 1.2. Relevancia de los organismos de la sociedad civil defensores de los derechos humanos durante el conflicto armado interno 207 1.3. Identidad y unidad del movimiento de derechos humanos en el Per 207 1.4. Defensa de los derechos humanos en un contexto de conflicto 209 1.5. Impacto del movimiento de derechos humanos en los actores directos del conflicto 214 1.6. El movimiento de derechos humanos ante el autoritarismo 218 1.7. Conclusiones 220

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2. Los sindicatos, los gremios empresariales y las organizaciones de mujeres 2.1. Los sindicatos y los gremios empresariales 2.1.1. La conformacin sindical y gremial empresarial 2.1.2. Los aos 80 2.1.3. La violencia 2.1.4. Conclusiones Apndice I: muerte o desaparicin de dirigentes y trabajadores Apndice II: principales violaciones a la libertad sindical en 1989 segn la CGTP Apndice III: la dcada de 1980 en cifras 2.2. Las organizaciones de base de mujeres 2.2.1. Cuando la vida est en juego: una dirigencia amenazada 2.2.2. Derechos humanos: un nuevo escenario 3. La Iglesia Catlica y las iglesias evanglicas 3.1. La Iglesia Catlica 3.1.1. Los actores de la violencia frente a la Iglesia 3.1.2. La respuesta de la Iglesia ante la violencia 3.1.3. La respuesta de la Iglesia en diversas regiones del pas 3.2. Las iglesias evanglicas 3.2.1. Las iglesias evanglicas en la mira de la violencia poltica 3.2.2. Iglesias evanglicas: resistencia, consolacin e indiferencia 3.3. Conclusiones 4. Los medios de comunicacin 4.1. Los medios de comunicacin frente a la violencia de origen poltico 4.1.1. El desconcierto inicial y su atenuacin 4.1.2. La propagacin del conflicto y el sensacionalismo de los medios 4.1.3. Hacia un enfoque profesional para informar sobre la violencia 4.1.4. El uso comercial de la violencia 4.2. Algunas de las respuestas de los medios frente a la violencia subversiva 4.2.1. Un frente comn contra los actos terroristas 4.2.2. No hay terror sin prensa: los intentos de autorregulacin 4.2.3. Los personajes y las historias periodsticas de los subversivos 4.3. La relacin entre los medios de comunicacin y las Fuerzas Armadas 4.3.1. Los medios frente al caso de los penales y al caso Cayara 4.3.2. Altos mandos de las Fuerzas Armadas y la prensa 4.4. Los hroes mediticos: los ronderos y su ofensiva 4.5. La banalizacin de los medios y su corrupcin como cortinas de humo de la violencia 4.6. Los medios de comunicacin en provincia frente a la violencia 4.6.1. Los medios y la violencia en Ayacucho 4.6.2. Los medios y la violencia en el sur andino 4.6.3. Los medios y la violencia en la regin central Apndice: el asesinato del periodista Hugo Bustos Saavedra y la tentativa de homicido de su colega Eduardo Rojas Arce 5. El sistema educativo y el magisterio 5.1. Situacin del sistema educativo y del magisterio antes de 1978 5.1.1. La masificacin de la educacin y el deterioro de las condiciones del magisterio 5.1.2. La politizacin y radicalizacin del magisterio 5.2. El PCP-SL y el magisterio 5.2.1. El papel del magisterio en las transformaciones de la sociedad peruana 5.2.2. El cruce de miradas

221 221 222 229 233 250 251 252 253 254 254 262 263 263 264 271 287 312 314 320 327 329 330 331 333 333 336 336 337 338 344 346 349 351 354 356 358 358 358 360 363 370 370 370 372 376 376 376

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5.2.3. El discurso pedaggico del PCP-SL 5.2.4. La infiltracin del PCP-SL en el campo educativo 5.3. El Estado frente al magisterio en el contexto del conflicto armado interno (1980-2000) 5.3.1. Gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) 5.3.2. Gobierno de Alan Garca Prez (1985-1990) 5.3.3. Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) 5.4. Reflexiones finales

378 380 382 382 387 393 398

6. Las universidades 399 6.1. Las condiciones que favorecieron la expansin del Partido Comunista del PCP-SL en las universidades 400 6.1.1. El fracaso de un proyecto de desarrollo universitario entre 1950 y 1960 400 6.1.2. La influencia de las agrupaciones de izquierda en los gobiernos estudiantiles durante la dcada del 60 404 6.1.3. La difusin de la ideologa marxista y maosta a travs de nuevos cambios curriculares 406 6.1.4. El desprestigio de la izquierda legal durante la dcada del ochenta 408 6.2. La actividad de las agrupaciones subversivas en las universidades 411 6.2.1. El PCP-SL y sus estrategias de adoctrinamiento y reclutamiento en los claustros universitarios 411 6.2.2. La presencia del MRTA 417 6.3. La estrategia contrasubversiva del Estado en las universidades 418 6.4. La universidad tras la intervencin 421 Apndice: la desaparicin forzada de Ernesto Castillo Pez 423 Bibliografa del captulo 430

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CAPTULO 2

LOS ACTORES POLTICOS E INSTITUCIONALES

1. EL GOBIERNO DE ACCIN POPULAR Las elecciones de 1980, en las que result elegido Presidente de la Repblica el arquitecto Fernando Belaunde Terry, de Accin Popular (AP), significaron la restitucin del sistema democrtico tras casi doce aos de gobierno militar y el regreso de los partidos polticos al poder. El nuevo gobierno deba poner en vigencia y aplicar la Constitucin de 1979, que el pas se haba dado como paso previo a la restauracin de la institucionalidad democrtica. La expectativa nacional era que la recuperada democracia condujera a la edificacin de un pas ms incluyente y desarrollado. Tal era la meta prevista en la nueva Constitucin. Quedaba, entonces, en manos del gobierno democrtico, y de un Parlamento donde por primera vez estaban representados todos los partidos, incluidos los de la izquierda marxista incorporados a la legalidad, la responsabilidad de ejecutar la transicin democrtica en ese momento. El proyecto planteado en la Constitucin qued, sin embargo, rpidamente interferido y neutralizado por el inicio de la violencia que el Partido Comunista del Per-Sendero Luminoso (PCP-SL) desencaden contra el Estado y la sociedad peruanos, sin que el gobierno ni los partidos polticos atinaran a elaborar una respuesta rpida que cortara de raz la subversin armada. La Comisin de la Verdad y Reconciliacin (CVR) ha registrado 7,795 muertes y desapariciones ocurridas durante el gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaunde Terry como resultado del proceso de violencia desencadenado por el PCP-SL. Esa cifra representa el 35% del total de vctimas reportadas a la CVR respecto de todo el proceso de violencia. La CVR ha encontrado, asimismo, que de las 7,795 vctimas reportadas para el perodo 1980-1985, el 48% fueron responsabilidad de la citada organizacin subversiva, mientras que el 45% son atribuibles a las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado.1 Al concluir el perodo gubernamental del arquitecto Belaunde Terry, 32 provincias se encontraban en estado de emergencia, con las consiguientes restricciones a las garantas de los derechos elementales de la poblacin. En ese lapso, la totalidad del territorio nacional estuvo en estado de emergencia en seis ocasiones. El departamento de Ayacucho, donde el PCP-SL inici la lucha armada en mayo de 1980, estuvo en estado de emergencia, parcial o totalmente, de manera permanente desde octubre de 1981. A partir de enero de1

Las cifras aqu mencionadas se refieren a la informacin proporcionada a la CVR. Una percepcin ms completa de las violaciones de derechos humanos ocurridos en ste y otros perodos debe tener en cuenta las proyecciones de dichas cifras expuestas en este Informe y en sus anexos estadsticos.

PRIMERA PARTE

SECCIN SEGUNDA

CAPTULO 2

1983, las Fuerzas Armadas estuvieron encargadas de mantener el orden interno. Fue en ese departamento donde, en el ao 1984, se produjo la mayor cantidad de vctimas de muerte y desaparicin registrada durante todo el proceso de violencia, y donde la CVR ha recibido, asimismo, la mayor cantidad de reportes sobre otras violaciones de derechos humanos, como se expone en el presente informe.2 La CVR ha comprobado que la violacin de derechos humanos fue masiva entre los aos 1983 y 1985 y que la principal afectada fue la poblacin rural de los Andes centrales. Ello fue resultado del incremento permanente de acciones armadas de carcter terrorista por parte del PCP-SL as como de la respuesta de las Fuerzas Armadas, en las que el gobierno constitucional deleg amplias facultades para la lucha contrasubversiva en diciembre de 1982. En este captulo la CVR presenta los factores que hicieron posible la expansin de la organizacin subversiva PCP-SL y las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas en el perodo de referencia. 1.1. EL CONTEXTO DEL INICIO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO El arquitecto Fernando Belaunde Ferry, candidato de AP, fue elegido por segunda vez Presidente Constitucional de la Repblica el 18 de mayo de 1980. Su partido obtuvo mayora simple en la Cmara de Senadores, con 26 representantes, y mayora absoluta, con 98 legisladores, en la Cmara de Diputados del Congreso de la Repblica.3 Un dato significativo en la historia del proceso de violencia objeto de investigacin es que el da en que se celebraron las elecciones con que se restableca la democracia en el Per, el PCP-SL realiz actividades de sabotaje que se consideran las primeras acciones de su denominada lucha armada. La CVR considera que para una comprensin de los hechos en el inicio del conflicto, es relevante tomar en cuenta los siguientes rasgos del proceso de transicin poltica: 1. el significativo crecimiento del Estado en los aos del gobierno de facto; 2. la debilidad de la organizacin partidaria de AP; 3. la indefinicin de las reas de competencia y decisin de las Fuerzas Armadas en el nuevo rgimen democrtico, 4. el clima de agitacin social prevaleciente durante la transicin poltica, y 5. la reticencia de las organizaciones polticas y sociales a respaldar y comprometerse con la formulacin de una poltica contrasubversiva integral. Durante el gobierno militar se puso en prctica un modelo de desarrollo sustentado en la intervencin del Estado en las reas financiera, productiva, distributiva, comercial y de servicios de la economa nacional, con un particular nfasis en la redistribucin del ingreso y en polticas de participacin social en las empresas privadas y pblicas. Como resultado de ese modelo, en 1980 el Estado peruano era significativamente ms grande que el de 1968, ao en que se interrumpi el orden constitucional, principalmente en lo relativo a su participacin en el control de la riqueza nacional y en las dimensiones de su aparato burocrtico.4 Debe sealarse, tambin, que en ese mismo lapso se produjo un proceso de reformas que transform ampliamente a la sociedad peruana, mediante la incorporacin en el mbito de la discusin y la participacin pblicas de amplios sectores de la poblacin antes excluidos. Al mismo tiempo, los partidos que conformaban el sistema de representacin poltica se encontraban debilitados. Esa debilidad fue, en gran medida, una secuela de los doce aos de gobierno militar. En primer lugar, entre 1968 y 1980 la dictadura impuso una severa limitacin a la vida poltica partidaria en el Per recurriendo a restricciones de las libertades polticas y civiles, as como deportaciones selectivas. En segundo lugar, la transformacin social antes mencionada ocasion que, al momento de restaurarse la democracia, la organizacin, ideologa y lneas programticas de los partidos polticos resultasen necesitadas de una actualizacin para reflejar y responder adecuadamente a las demandas de los nuevos sectores sociales. Tal actualizacin no se realiz con la rapidez requerida.

Vase la seccin cuarta: Los crmenes y violaciones de derechos humanos, tomos VI y VII de este Informe. De acuerdo con la Constitucin de 1979, el Congreso de la Repblica constaba de una Cmara de Senadores, compuesta por 60 miembros, y una Cmara de Diputados, integrada por 180 representantes. La mayora relativa obtenida por el partido de gobierno en la Cmara de Senadores se haca absoluta por la alianza establecida con el Partido Popular Cristiano. 4 La poblacin laboral empleada en el sector pblico pas de 225,714 a 424,611 empleados entre 1969 y 1978. Sobre el modelo econmico de la dictadura militar y el crecimiento del Estado consltese Fitzgerald (1983: 65-93) y Wise (2003: 119-158).2 3

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El partido de gobierno comparta esa debilidad. Durante los aos del rgimen de facto su actividad se vio notoriamente disminuida.5 No obstante, ha de tenerse presente que AP se abstuvo de participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978 y prefiri trabajar en el fortalecimiento de su organizacin partidaria nacional, opcin que lo priv de estar presente en el debate constitucional, en el que s participaron los otros partidos que competiran en las elecciones generales de 1980. Debe sealarse, tambin, que el nuevo gobierno inici sus funciones sin que las relaciones entre el poder civil constitucional y las Fuerzas Armadas se hubieran replanteado de manera satisfactoria segn estndares democrticos. La decisin del presidente Belaunde de mantener en sus cargos durante el primer ao a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas Ejrcito, Marina y Aviacin fue adoptada en un contexto en el que, en primer lugar, la institucin militar mantena un alto grado de autonoma en la ejecucin de sus tareas de defensa y seguridad nacional; en segundo lugar, las Fuerzas Armadas tenan predominio en los organismos del Sistema de Defensa Nacional heredado del rgimen de fuerza; en tercer lugar, el gobierno civil no realiz cambios significativos en el presupuesto militar; y, en cuarto lugar, subsistan los ministerios de Guerra, Marina y Aeronutica, que fueron mantenidos como tales durante todo el perodo gubernamental.6 Un ltimo rasgo caracterstico de la coyuntura en la que se conjugan la transicin poltica, el inicio de un nuevo gobierno y el comienzo de la actividad armada del PCP-SL es el clima de protesta social de la poca. En 1980 se llevaron a cabo 739 huelgas que involucraron a 481 mil trabajadores; en 1981 fueron 871 huelgas acatadas por 857 mil trabajadores y en 1982 hubo 809 huelgas en las que participaron 572 mil trabajadores. A estos datos se suman, para completar una adecuada comprensin del perodo, las consecuencias del conflicto blico con Ecuador en 1981, las elevadas prdidas econmicas derivadas del fenmeno El Nio en 1983 y, finalmente, la crisis internacional de la deuda externa que afect severamente la produccin y las finanzas del pas. 1.2. PRIMERAS RESPUESTAS A LA SUBVERSIN La CVR ha encontrado que la subversin armada de carcter terrorista iniciada por el PCP-SL recibi del partido de gobierno, AP, dos tipos de respuesta sucesivos. La primera consisti en enfrentar el problema mediante los cuerpos policiales Guardia Civil, Guardia Republicana y Polica de Investigaciones del Per dirigidos por el Ministerio del Interior.7 En un segundo momento se opt por dejar en manos de las Fuerzas Armadas el combate a la subversin con muy escaso grado de control por las autoridades polticas civiles. En ambos momentos aunque principalmente en el primero de ellos fueron gravitantes los serios errores de diagnstico del fenmeno por parte del gobierno.8 1.2.1. Primeras acciones y diagnsticos Las primeras acciones armadas del PCP-SL ocurrieron en Ayacucho y Lima. La ms conocida fue la quema de nforas el da de las elecciones generales del 17 de mayo de 1980 en la localidad de Chuschi, en el departamento de Ayacucho. Esta accin es sealada por el PCP-SL como aquella que da inicio a la lucha armada. El 13 de junio del mismo ao, militantes del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC), organismo del PCP-SL, lanzaron artefactos explosivos conocidos como bombas molotov contra la sede municipal distrital de San Martn de Porres, en Lima. El 15 de junio, otro artefacto explosivo fue detonado en la tumba del general Juan Velasco Alvarado, primer Presidente del gobierno militar. Como resulta claro de las

Durante los aos del gobierno militar, Accin Popular realiz dos congresos nacionales para elegir secretarios generales. Vase el apartado dedicado a las Fuerzas Armadas en el tomo II de este Informe. 7 Sobre los conflictos entre estos cuerpos que debi enfrentar el gobierno entrante, vase el apartado dedicado a las Fuerzas Policiales en el tomo II de este Informe. 8 La alternativa entre la opcin policial y la opcin militar se present paralelamente a otra disyuntiva ms general en el gobierno de Accin Popular. Se trata de la tensin entre dos corrientes partidarias. Una de ellas, la liderada por el senador Javier Alva Orlandini, procuraba incrementar la influencia del partido en el manejo del gobierno mediante el control de prefecturas, subprefecturas, gobernaciones y cargos burocrticos de segundo orden, as como haciendo sentir su fuerza en el Parlamento. La otra corriente, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros y primer ministro de Economa, Manuel Ulloa Elas, se inclinaba ms a asegurar los equilibrios macroeconmicos, favoreca un manejo tecnocrtico del gobierno y atenda prioritariamente las pautas de los organismos econmicos multilaterales.5 6

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fechas mencionadas, dichos atentados ocurrieron cuando todava estaban las Fuerzas Armadas en el poder, bajo la presidencia del general Francisco Morales Bermdez.9 La CVR considera que el primer problema para que no se diera un enfrentamiento eficaz de la subversin fue la poca claridad en el diagnstico de sta y en la caracterizacin de la organizacin responsable de los actos de terrorismo y sabotaje. Se ha encontrado que el gobierno manej dos grandes hiptesis, ninguna de las cuales se derivaba de un examen directo de la organizacin subversiva.10 1.2.1.1. La tesis del complot internacional Algunos miembros del gobierno interpretaban la aparicin del PCP-SL como parte de la expansin del comunismo internacional. Tal interpretacin, influida por el contexto de Guerra Fra todava vigente, vea el comunismo como una extensa red mundial, muy bien financiada y organizada, capaz de poner en prctica estrategias revolucionarias de alcance internacional. As, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Arias Stella, asegur que aunque no haba pruebas, hay evidencias altamente sospechosas de que existe algn tipo de intervencin fornea en los actos de sabotaje.11 El presidente Belaunde, por su parte, afirmaba a ms de un ao de iniciadas las acciones del PCP-SL, que los atentados obedecan a un plan dirigido, organizado y financiado desde el exterior;12 posteriormente, reiterara que esta es una lucha entre la democracia y el totalitarismo. Quieren desprestigiar y anular la democracia y cuentan para ello con respaldo internacional.13 Estas aseveraciones no fueron respaldadas por pruebas convincentes. Incluso, segn informacin obtenida por la CVR, los propios miembros del gobierno reconocan en privado lo poco fundado de sus afirmaciones.14 1.2.1.2. La tesis de la convergencia entre movilizacin social y subversin Otro sector del gobierno afirmaba que exista cierta relacin entre la ola de movilizacin social, en la que las organizaciones de izquierda tenan alta influencia, y los actos de violencia. A fines de la dcada del setenta e inicios de los aos ochenta, se produjo, en efecto, una creciente movilizacin social, no confinada a las manifestaciones de protesta de sindicatos obreros, sino extendida tambin a la poblacin organizada de la periferia urbana. Esta ola de manifestaciones populares era convergente con los lineamientos de accin poltica de un significativo sector de las organizaciones de izquierda que haba optado por participar en el sistema democrtico institucional y por promover la movilizacin de masas como una va a la democracia social.15 Desde el gobierno, hubo quienes vincularon sin precisar la naturaleza del vnculo la protesta sindical con los atentados terroristas. El ministro del Interior, Jos Mara de la Jara, seal que el nuevo jefe de Seguridad del Estado, el general PIP Edgar Luque, tena la misin de deslindar si existe un nexo entre la toma de fbricas, la violencia, la agitacin laboral y el terrorismo.16 El primer ministro Ulloa Elas sealaba una coincidencia entre los actos terroristas y los conflictos laborales.17 El senador Alva Orlandini sostena que haba una campaa contra el sistema democrtico y que a los actos de terrorismo desatados en la sierra central se

9 Existe un debate acerca de si el gobierno de Morales Bermdez dej archivos de inteligencia sobre la incipiente actividad del PCP-SL. La CVR considera que ese dato no es decisivo para comprender el proceso general, dada la escasa informacin existente por entonces sobre la organizacin subversiva y sus intenciones de iniciar una lucha armada. Para mayor detalle, vase el apartado dedicado a las Fuerzas Armadas en el tomo II de este Informe. 10 Es importante tener en cuenta como teln de fondo de estas hiptesis que el arquitecto Belaunde y su partido enfrentaron en su primer gobierno (1963-1968) un brote guerrillero en los Andes, que fue derrotado en pocos meses por las Fuerzas Armadas. Esto ocurri en el ao 1965. En 1968 Fernando Belaunde fue derrocado y deportado por el golpe militar que dio inicio a la dictadura de doce aos mencionada en este captulo. 11 El Comercio, 15.12.80. En Desco 1989: 371. 12 El Comercio, 16.9.81. En Desco 1989: 377. 13 El Comercio, 6.9.82. En Desco 1989: 383. 14 Another widespread claim, both in official and media circles, is that Peruvian terrorists are receiving support from foreign countries. Cuba is most prominently hinted at, but officials decline to be specific in public, and in private admit that they have no convincing evidence. In fact, Perus terrorists show few signs of being particularly well-equipped. Documento desclasificado de la CIA, n. 344, 20 de abril de 1982. 15 En Desco1981 vase un panorama del pensamiento de izquierda referido a la importancia de la movilizacin social. 16 El Comercio, 15.9.81. En Desco 1989: 377. 17 La Repblica, 22.8.82.. En Desco 1989: 382.

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ana la agitacin en los centros laborales y en el campo.18 Adicionalmente a las manifestaciones de las autoridades polticas, el director superior de la Guardia Civil, teniente general Jorge Balaguer, seal a las agrupaciones de izquierda como responsables de alterar la paz social con paros, huelgas y actos subversivos.19 Una variante de esta segunda tesis fue la que atribua los primeros actos de sabotaje y terrorismo a la actividad residual de los seguidores del general Juan Velasco Alvarado quien, durante su perodo gubernamental (1968-1975) haba instaurado un sistema de movilizacin social de carcter estatal como complemento de las reformas sociales que puso en prctica. Segn altos dirigentes de AP, algunos partidarios del extinto general Velasco Alvarado, al no obtener xito electoral, haban optado por enfrentar el nuevo rgimen con actos de violencia. Francisco Belaunde, presidente de la Cmara de Diputados, seal que frustrados ex funcionarios del SINAMOS son los que promueven actos subversivos en el centro del pas al constatar su pobreza electoral.20 Tambin el primer ministro, Manuel Ulloa Elas, divulgaba esa hiptesis y afirmaba que los seguidores de los lineamientos de la primera fase de la dictadura militar realizaban continuos viajes al extranjero, a pases vinculados con los movimientos subversivos o que auspician la va revolucionaria. Estas afirmaciones se hacan, sin embargo, sin aportar pruebas de su veracidad.21 En conclusin, la CVR considera que el inicio de la subversin sorprendi y desconcert al partido gobernante y lo llev, as, a una interpretacin improvisada. Falt calma y disposicin para convocar a especialistas que estudiaran el fenmeno. Este pasmo, oculto tras una retrica de circunstancias, retras la elaboracin de una posicin y una estrategia consistentes para enfrentar la subversin naciente.22 1.2.2. Dos enfoques en conflicto Adems de diferencias de diagnstico, en el gobierno de AP se presentaron dos enfoques generales distintos sobre la manera de enfrentar la subversin. Uno de ellos pona nfasis en el trabajo policial y se mostraba receloso de encargar la represin de los actos terroristas a las Fuerzas Armadas. El otro reclamaba, por el contrario, responder con fuerza a la subversin, lo que se entenda como una opcin por la respuesta militar. Ambas tendencias estuvieron en pugna, pero en situacin de equilibrio, durante la segunda mitad del ao 1980 para variar en la segunda mitad del ao 1981. Durante 1982, segn se incrementaban las actividades terroristas del PCP-SL, la posicin del gobierno se fue decantando progresivamente a favor de la opcin militar. sta fue adoptada definitivamente al final de diciembre, cuando se decidi el ingreso de las Fuerzas Armadas en Ayacucho. Ya en octubre de 1980 se haba manifestado la alternativa de responder con dureza a la subversin. El 20 de ese mes el senador Alva Orlandini propuso un proyecto de ley que declaraba traidores a la patria a los responsables de actos de sabotaje y terrorismo. La iniciativa fue respaldada por el primer ministro, Ulloa Elas, pero no fue aprobada en el Congreso. El mismo senador Alva Orlandini quien asumi el Ministerio de Gobierno y Polica del primer gobierno del arquitecto Belaunde en el momento final de las guerrillas de 1965 propuso el 17 de diciembre la declaracin de una zona de emergencia y la participacin de las Fuerzas Armadas, iniciativa que tampoco prosper. Simultneamente a estas tendencias, se manifestaba una opcin ms moderada. La encabezaba el ministro del Interior, Jos Mara de la Jara. El 5 de agosto de 1980, el ministro De la Jara afirm que no haba brote guerrillero y que el PCP-L era un grupo sin fuerza. En noviembre del mismo ao, y a pesar del incremento

Expreso, 28.11.82. En Desco 1989: 387. El Comercio, 6.9.80. En Desco 1989: 367. 20 El Diario, 16.11.80. En Desco 1989: 370. 21 Top officials most notable prime minister Ulloa, second vice president Alva and war minister Cisneros recently suggested that former military officers associated with the more radical first phase of the 1968-80 military government might be involved in terrorism. For instance, Alva in early April asserted that figures from Sinamos could be responsible. Although he specifically exempted the top leadership (such as current PSR President Leonidas Rodrguez) and admitted that he had no hard evidence. Interior Minister Gagliardi said April 6 that he knew of no evidence at all for such a claim. Documento desclasificado de la CIA, n. 344, 20 de abril de 1982. 22 Es indispensable sealar que los otros actores del escenario poltico de la poca incurrieron en equvocos anlogos. Vanse los apartados correspondientes a los partidos polticos en este tomo.18 19

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de las acciones armadas, consideraba que hablar de una ola de terrorismo era exagerado.23 En junio del ao siguiente, declar que los actos de terrorismo disminuyeron notoriamente gracias a la labor policial.24 Coincidan con el Ministro del Interior otros lderes del partido de gobierno como el alcalde Eduardo Orrego y el diputado Francisco Belaunde Terry. Este ltimo afirmaba en noviembre de 1980 que era una exageracin calificar de actos de terrorismo lo que son cuestiones pueriles.25 El 17 de diciembre, cuando el senador Alva propuso crear una zona de emergencia y enviar a combatir a las Fuerzas Armadas, el ministro De la Jara se manifest en contra y sostuvo que se poda controlar el terrorismo sin llegar a suspender las garantas constitucionales. De acuerdo con el Ministro del Interior, era suficiente la labor de la Guardia Civil y de la Polica de Investigaciones,26 y en ltimo caso se podra requerir de la intervencin de los sinchis, batalln especializado de la polica. Previamente a este debate, el gobierno haba promulgado en marzo de 1981 el decreto legislativo 046 que inclua la tipificacin del delito de terrorismo y estableca las normas procesales correspondientes. En su artculo 1, esta norma considera terrorista a aquel que:[provoque o mantenga] un estado de zozobra, alarma o terror en la poblacin o un sector de ella, cometiere actos que pudieren crear peligro para la vida, la salud o el patrimonio de las personas o encaminados a la destruccin o deterioro de edificios pblicos o privados, vas y medios de comunicacin o transporte o de conduccin de fluidos o fuerzas motrices [...] ocasionar grave perturbacin de la tranquilidad pblica o de afectar las relaciones internacionales o la seguridad del Estado [...].

La posicin del Ministro del Interior empez a variar en agosto de 1981, cuando se realiz un atentado contra la embajada de los Estados Unidos. Por primera vez, De la Jara admiti que, de agravarse la situacin, podra requerirse la declaracin de un estado de emergencia.27 Ese agravamiento se produjo. En octubre de ese ao, segn fuentes documentales consultadas por la CVR, se haban registrado 791 atentados desde mayo de 1980. De ellos, 140 el 18% se produjeron el mes previo. El 11 de ese mes hubo un asalto senderista al puesto policial de Tambo, en Ayacucho. El 12 de octubre, tras una reunin del Consejo de Ministros, el presidente Belaunde declar en estado de emergencia cinco de las siete provincias del departamento de Ayacucho.28 Reportes de prensa de la poca informan que el ministro De la Jara y el viceministro del Interior, Hctor Lpez Martnez, sostuvieron ante el Presidente la pertinencia de la decisin.29 No obstante, un incidente en Cusco en el que perdi la vida un estudiante universitario condujo al ministro De la Jara a presentar su renuncia el 28 de octubre. As asumi la responsabilidad poltica por ese hecho.30 La CVR considera que esa primera declaracin de estado de emergencia marca un punto de inflexin en el tratamiento del problema por el gobierno del arquitecto Belaunde Terry. El ao 1982 se produjo un incremento sostenido de la violencia, con algunas acciones armadas de especial repercusin del PCP-SL, que desemboc en la decisin de fin de ao de encargar el control del orden interno de Ayacucho, una provincia del departamento de Huancavelica y una provincia del departamento de Apurmac a las Fuerzas Armadas. Algunos hitos en ese lapso son: el asalto senderista al centro penitenciario de Huamanga, Ayacucho, el 2 de marzo de 1982, en el que sac de prisin a sus compaeros de partido capturados por los grupos policiales; la destruccin del centro experimental Allpachaca, perteneciente a la Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga (UNSCH), perpetrada el 3 de agosto; el ataque al puesto policial de Vilcashuamn el 22 de agosto; el ataque al puesto policial de Huanta el 4 de octubre. El 19 de agosto se produjo un apagn total en Lima y el gobierno declar en emergencia a Lima Metropolitana y El Callao por sesenta das. En noviembre, se prorrog el estado de emergencia en Ayacucho y Apurmac.El Peruano, 25.11.80. En Desco 1989: 370. El Comercio, 21.6.81. En Desco 1989: 374. 25 El Diario, 11.11.80. En Desco 1989: 368. 26 La Prensa, 17.12.80. En Desco 1989: 371. 27 El Comercio, 24.9.81. En Desco 1989: 376. 28 Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Vctor Fajardo. 29 Vase cronologa de la CVR en los anexos a este Informe. 30 Fue nombrado ministro del Interior el general en retiro Jos Gagliardi, quien mantuvo a grandes rasgos la poltica de De la Jara de reivindicacin del trabajo policial contra la subversin. En septiembre de 1982, el ministro Gagliardi plante, sin obtener eco en el gobierno, la posibilidad de un dilogo con el PCP-SL. Gagliardi dej el ministerio al final del ao 1982.23 24

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Finalmente, el 29 de diciembre de 1982 el presidente Belaunde firm el decreto supremo 068-92-IN por el que declar en estado de emergencia las provincias de Huanta, La Mar, Cangallo, Vctor Fajardo y Huamanga, adems de una provincia del departamento de Huancavelica y una del departamento de Apurmac, y encarg el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. De ese modo, el gobierno constitucional opt por la respuesta militar al conflicto. El desarrollo de ste lo haca inevitable; sin embargo, la CVR considera que ello no debi significar una transferencia de las responsabilidades polticas ni la omisin de los deberes de control sobre el modo como se ejerca la represin de la subversin armada. Esta omisin fue, obviamente, un grave error. 1.3. LA MILITARIZACIN DEL CONFLICTO Con el ingreso de las Fuerzas Armadas en Ayacucho se inici el perodo de mayor violencia en el proceso de veinte aos estudiado por la CVR. Las cifras de muertos y desaparecidos alcanzaron en esos aos una magnitud que no se volvera a registrar en el resto del perodo de violencia. Grfico 1PER 1980-2000: MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGN AO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS4500

2250

0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

1.3.1. El Ministerio del Interior Un efecto directo del encargo hecho a las Fuerzas Armadas fue la prdida ostensible de control del Ministerio del Interior sobre la poltica contrasubversiva.31 En lo que quedaba del perodo gubernamental (1983-1985) tres ministros ocuparon el cargo: Fernando Rincn Bazo, Luis Prcovich Roca y scar Brush Noel. El primero de ellos concentr su gestin en la reorganizacin ministerial. Renunci en abril de 1983 despus de las masacres de Lucanamarca y Huancasancos perpetradas por el PCP-SL.32 El segundo de ellos, Luis Percvich, era favorable a la participacin de las Fuerzas Armadas en Ayacucho: [...] personalmente pienso que las Fuerzas Armadas intervengan en forma ms efectiva para controlar esos actos de violencia,33 y mantuvo esa posicin durante el ao y medio que estuvo en el Ministerio:

31 Se debe tener presente, sin embargo, que durante los primeros tiempos de la intervencin de las Fuerzas Armadas, la Polica sigui realizando la mayor parte de las acciones armadas en la zona declarada en emergencia. Al respecto, vase el apartado correspondiente a las Fuerzas Policiales en el tomo II de este Informe. 32 Vanse los apartados correspondientes a estos casos en el tomo VII de este Informe. 33 La Crnica, 25.4.83.

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[...] el Ministerio del Interior no tiene participacin en las decisiones que se adoptan en la estrategia antisubversiva en la zona [...]. Yo creo que es lo correcto, porque habiendo un mando poltico militar, si hubiera una intervencin de parte del Ministerio del Interior estara restando autoridad a este comando poltico militar y creando una situacin de confusin en las decisiones que se tienen que adoptar.34

Percvich se mantuvo ajeno a la lucha contrasubversiva, consider la accin policial como complementaria de la militar y concentr sus esfuerzos en afrontar la agitacin social del momento. Finalmente, lo sucedi en el cargo un militar, el general scar Brush Noel, quien vena de dirigir el Ministerio de Guerra. En sntesis, la CVR ha encontrado que tras el ingreso de las Fuerzas Armadas en el combate a la subversin, los sucesivos tres Ministros del Interior mencionados no se interesaron en la elaboracin de una poltica contrasubversiva por parte de la autoridad civil y no establecieron formas de coordinacin y supervisin adecuadas respecto de lo que ocurra en la zona de emergencia. Tal actitud signific tambin una renuncia de la autoridad civil constitucional a obtener un conocimiento adecuado de la naturaleza, estrategias y tcticas de la organizacin subversiva. La instauracin de una notoria autonoma de las Fuerzas Armadas en el teatro de operaciones ayacuchano debi suscitar en el gobierno civil electo una atencin mayor sobre el respeto de los derechos humanos en la regin.35 1.3.2. Los comandos poltico-militares Desde el primer da de enero de 1983 hasta el final del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, las Fuerzas Armadas tuvieron a su cargo la lucha contrasubversiva en la zona declarada en emergencia en los Andes centrales. Esto se dio dentro de un marco legal poco definido en lo que se refiere a la acotacin de las facultades de los jefes militares en la zona y sin que las autoridades polticas pusieran en prctica mecanismos adecuados de proteccin de los derechos humanos de la poblacin que quedaba bajo control militar. Si bien la actividad de los comandos poltico-militares, segn ha constatado la CVR, golpe duramente a la organizacin subversiva PCP-SL, no lleg a reprimir sus actos terroristas ni a erradicarla, y en cambio acarre prcticas generalizadas de violacin de los derechos humanos de la poblacin civil de Ayacucho, Apurmac y Huancavelica en ciertos perodos y lugares especficos. El decreto supremo 068-82-IN, que estableci el estado de emergencia por sesenta das en algunas provincias de Ayacucho, Apurmac y Huancavelica, no precis las funciones adscritas al comando poltico-militar. Sealaba que las Fuerzas Armadas asumirn el control del orden interno en las provincias en cuestin para lograr el restablecimiento del orden pblico. La orden dada por el presidente Belaunde, si bien amplia, no incluy previsiones sobre el complemento de la accin del gobierno civil constitucional a las actividades militares. El equipo de gobierno, en un contexto de agresiones criminales del PCP-SL a las autoridades civiles locales, y tambin en consonancia con el diagnstico incipiente del problema antes reseado, opt por dejar el asunto en manos del sector militar sin disear una estrategia propia de defensa o restauracin de la autoridad civil.36 Hasta el final del perodo gubernamental, hubo tres jefes militares en la zona en emergencia. Tabla 1JEFES DEL COMANDO POLTICO MILITAR DE LA ZONA DE EMERGENCIAJEFE DEL COMANDO POLTICO MILITAR DE LA ZONA DE EMERGENCIAGeneral EP Roberto Clemente Noel General EP Adrin Huamn General EP Wilfredo Mori 1/ 1/ Era coronel EP en el momento de su nombramiento como jefe del comano poltico-militar.

PERODO31.Dic.1982 - 31.Dic.1983 31.Dic.1983 - 28.Ago.1984 28.Ago.1984 - 18.Set.1985

Caretas, 9.5.84. Sobre las diferencias entre la lgica de actuacin militar y la lgica de actuacin policial, consltense las primeras pginas del apartado dedicado a las Fuerzas Armadas en el tomo II de este Informe. 36 Vase el anlisis sobre el necesario complemento de las estrategias civil y militar en el apartado dedicado a las Fuerzas Armadas en el tomo II de este Informe.34 35

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1.3.2.1. El primer ao: general Roberto Noel El primer jefe del comando poltico-militar de la zona de emergencia fue el general del Ejrcito Peruano Roberto Clemente Noel. Tom posesin del cargo el 31 de diciembre de 1982 y de inmediato dos mil soldados del ejrcito asumieron el control de las provincias declaradas en emergencia. El general Noel consideraba todava el fenmeno subversivo como un brote guerrillero focalizado, que, en su evaluacin, podra ser erradicado en dos meses.37 Al asumir el cargo, el general Noel asegur que desde el 29 de diciembre de 1982 se haba constituido un tribunal militar para tratar los casos de presuntos excesos policiales y militares.38 La gestin del general Noel estuvo signada por un incremento de la actividad del PCP-SL, como respuesta previsible al ingreso de las Fuerzas Armadas en el escenario del conflicto. Tambin en este perodo se inicia el rechazo violento de un sector del campesinado ayacuchano a la presencia del PCP-SL y las feroces represalias de ste a tales reacciones. Episodios emblemticos de dicha dinmica son los sucesos ocurridos en la comunidad de Uchuraccay el 26 de enero de 1983, que involucraron la muerte de ocho periodistas y que desencadenaron la muerte de decenas de comuneros uchuraccanos en los meses siguientes, y la masacre perpetrada por el PCP-SL en las comunidades de Lucanamarca y Huancasancos en abril de 1983.39 Adicionalmente a lo sealado, durante el ao 1983 se produjeron graves casos de violaciones de derechos humanos por agentes del Estado como las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos de las localidades de Totos y de Chuschi, y, en gran nmero, en el cuartel Los Cabitos, as como la matanza de campesinos en el distrito de Soccos, a 18 kilmetros de la ciudad de Huamanga. En entrevistas con la CVR, el general Noel afirma que desde el comienzo de su gestin cont con el respaldo explcito del arquitecto Belaunde. Segn sus recuerdos reconstruye el siguiente dilogo:Seor presidente [Fernando Belaunde], perdn, quiero hacerle una pregunta: usted me ha cambiado la misin; voy o no voy a combatir? El presidente Belaunde me dice: General, usted combata con toda energa y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional. Gracias.40

El general Noel afirma tambin que informaba de sus actividades peridicamente:Yo normalmente vena cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo [sic] de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejrcito. Y de ah [...] en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente imparta rdenes con cosas con las que se le informaba.41

Otros testimonios, procedentes de colaboradores cercanos del arquitecto Belaunde en aquel perodo, han negado la veracidad de las declaraciones citadas. Durante el desempeo del general Noel se produjeron crticas y denuncias de sectores polticos y de la prensa sobre violaciones de derechos humanos. stas fueron interpretadas por el gobierno como una estrategia de oposicin y no como una advertencia seria sobre la situacin de violencia que creca en el pas. El 1 de julio de 1983 el diputado de izquierda Javier Diez Canseco denunci al general Noel ante el Ministerio Pblico por delitos de asesinato, secuestro, detenciones ilegales y abuso de autoridad, denuncia que no prosper. 1.3.2.2. El segundo ao: general Adrin Huamn El 31 de diciembre de 1983 asumi la jefatura del comando poltico-militar el general Adrin Huamn, quien propuso un enfoque diferente para la lucha contrasubversiva: prohibi el consumo de licor a los soldados para prevenir atropellos, dispuso que los casos de detenidos no habidos sean investigados por la PIP y en un

37 El Comercio, 1.1.83. En una entrevista ofrecida a la CVR, el General en retiro Noel Moral neg dichas afirmaciones: Yo nunca he dicho optimistamente que iba a terminar en dos meses o tres meses [con la subversin], lo que pasa es que haban perodos de calma (CVR. Entrevista, 18 de marzo de 2003). 38 El Comercio, 17.1.83. En Desco 1989: 571. 39 Vanse exposiciones detalladas de estos casos en la primera parte, seccin tercera, tomos IV y V de este Informe. 40 CVR. Entrevista, 28 de agosto de 2002. 41 CVR. Entrevista, 18 de marzo de 2003.

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comunicado conjunto con el fiscal superior decano de Ayacucho, Jorge Zegarra, se convoc a las personas que crean haber sufrido atropellos a que formulasen sus denuncias para tomar medidas correctivas. Parte del nuevo enfoque era reclamar medidas para mejorar la situacin econmica y social de la poblacin. Esto supona, entre otras cosas, una demanda de mayores recursos econmicos:[] en la zona de emergencia hay un vaco no slo poltico, sino tambin en lo que a abastecimiento se refiere. El Ejrcito est desplazando a Sendero en cuanto a distribucin de vveres y otros bienes en la poblacin, pero no hay partidas presupuestales suficientes para ejecutar satisfactoriamente ese plan.42

Las demandas de mayor inversin en Ayacucho no fueron acogidas por el gobierno. Paulatinamente, las propuestas de Huamn Centeno se tradujeron en un reclamo de mayores prerrogativas oficiales sobre las autoridades y funcionarios civiles. En agosto de 1984 afirm:La solucin no es militar, porque si fuera militar yo la resuelvo en minutos [...] si se tratara de matar, Ayacucho no existira en media hora y Huancavelica tampoco [...] lo que pasa es que estamos hablando de seres humanos, de pueblos olvidados que han reclamado ciento sesenta aos y nadie les ha hecho caso y ahora estamos cosechando ese resultado [...] la solucin para m es corregir la situacin que existe, por decir, que la crcel no est llena de inocentes sin juicio, que los jueces no cobren coimas [...]. Lima quiere ser el Per [...]. Si estamos con las mismas personas que dieron lugar a la subversin... Acaso no estn las mismas personas que abusaron, los mismos jueces, o sea los mismos que dieron lugar a todo esto? [...] La Fuerza Armada no est a cargo de la situacin poltica. Solamente de la militar. Situacin poltica significa que usted encuentra una injusticia y puede cambiar de inmediato a las autoridades.43

El nuevo enfoque preconizado por Huamn Centeno consista en esencia en una mayor autonoma poltica para los mandos militares, pero no supuso ningn cambio respecto de la intensidad de la violencia. Por el contrario, en el ao 1984 se registr la mayor cantidad de muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000. Y se increment de manera notoria la actividad terrorista del PCP-SL. El siguiente cuadro, aun cuando muestra datos acumulados a escala nacional, concuerda con el incremento de la actividad subversiva en la zona de emergencia en los Andes. Cuadro 1PER 1980-1985: NMERO DE ATENTADOS DEL PCP-SL POR AOS Y MESESAO1980 1981 1982 1983 1984 1985

TOTAL219 715 891 1,123 1,760 2,050

MESES Ene90 65 83 93 153

Feb29 48 52 104 188

Mar34 60 55 112 118

Abr45 71 60 105 261

May2 75 91 41 145 131

Jun27 65 90 192 120 139

Jul40 23 106 173 288 203

Ago30 71 48 70 124 132

Sep26 140 64 75 141 155

Oct41 56 54 87 185 160

Nov25 40 90 166 188 129

Dic28 47 104 69 155 281

Fuente: Desco (1989)

En respuesta, el Presidente de la Repblica y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitieron el 7 de julio un comunicado oficial en el que informaban haber impartido instrucciones para erradicar el narcoterrorismo, con la participacin de las Fuerzas Armadas. Se descart la posibilidad de implantar el estado de sitio, pero se prorrog por 30 das ms el estado de emergencia en todo el pas.44 Junto con el incremento de los atentados y crmenes del PCP-SL, las fuerzas del Estado acentuaron sus actividades represivas, pero, lamentablemente, tambin ocurrieron numerosas violaciones de derechos humanos. En 1984 se produjo el 20% de las desapariciones perpetradas durante los veinte aos de violencia.45 En agosto de 1984 salieron a la luz denuncias sucesivas de violaciones de derechos humanos: el asesinato de evangelistas en Callqui-Nisperocniyoc, la desaparicin del periodista Jaime Ayala, la aparicin del cadver del

Desco. Resumen Semanal, 19 de marzo de 1984. La Repblica, 27.8.84. 44 El Peruano, 8.7.84. 45 CVR. Procesamiento de la informacin sobre violencia poltica 1980-2000. Mayo de 2003.42 43

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dirigente campesino Jess Oropesa (Puquio)46 y el hallazgo de fosas comunes en Pucayacu. Durante la jefatura poltico-militar del general Huamn Centeno se siguieron produciendo tambin numerosas violaciones de derechos humanos en el cuartel Los Cabitos, que se exponen en detalle en otra seccin del presente informe.47 La CVR considera que estos hechos, mencionados aqu a manera de ejemplo entre muchos otros posibles, ameritaban un serio replanteamiento de la estrategia contrasubversiva por parte del gobierno, lo que no ocurri. El 28 de agosto de 1984 se anunci en un comunicado el relevo del general de brigada Adrin Huamn Centeno:El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hace de conocimiento pblico que por convenir al servicio y de acuerdo a las normas vigentes, el Ejrcito en la fecha ha designado como Comandante General Accidental de la Segunda Divisin de Infantera al seor Coronel EP Wilfredo Mori Orzo el que asumir el mando poltico militar de la zona de emergencia.48

La CVR no ha encontrado evidencias de que el relevo de Huamn Centeno haya sido motivado por las violaciones de derechos humanos cometidas en la zona bajo su responsabilidad. Durante la jefatura del comando poltico-militar por el general Mori Orzo se mantuvo la tendencia de crmenes y violaciones de derechos humanos a gran escala iniciada en 1983. 1.4. LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respald la actuacin de los comandos poltico-militares entre 1983 y 1985, a pesar de las denuncias sobre las graves violaciones de derechos humanos de la poblacin civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debi tener sobre tales hechos. El ingreso de las Fuerzas Armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversin fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadana. Por el contrario, la autoridad civil deleg en las autoridades militares amplias facultades y renunci a ejercer sus potestades para impedir o sancionar los graves atropellos contra la poblacin. 1.4.1. Debilitamiento del estado de derecho El artculo 231 de la Constitucin Poltica de 1979, vigente hasta 1993, admita el estado de emergencia en caso de perturbacin de la paz o del orden interno, de catstrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nacin. El plazo de esta medida no poda exceder los sesenta das y cualquier prrroga requerira de un nuevo decreto. Adems, de acuerdo con este mismo artculo, en caso de declararse el estado de emergencia, quedaban suspendidas las garantas constitucionales relativas a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunin y de trnsito en el territorio. De esta manera, se suspendan algunos derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio (artculo 2, inciso 7), la eleccin libre del lugar de residencia (artculo 2, inciso 9), la reunin pacfica sin armas (artculo 2, inciso 10) y la imposibilidad de ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso flagrante delito (artculo 2, inciso 20g). Desde el 12 de octubre de 1981 el gobierno de AP opt por el estado de emergencia, y desde el 1 de enero de 1983 dicho rgimen de excepcin fue acompaado del encargo a las Fuerzas Armadas de mantener el orden interno. Esta medida de carcter provisional y excepcional se volvi permanente, primero en Ayacucho, despus en otros departamentos (incluyendo la capital de la Repblica) y por ltimo en todo el pas. El 25 de mayo de 1983 las ciudades de Lima y Callao fueron declaradas en emergencia a causa de una huelga policial. El 30 de mayo de 1983 todo el territorio nacional se encontraba en estado de emergencia por primera vez, situacin que se repiti seis veces ms durante el gobierno del arquitecto Belaunde.

Este hecho ocurri fuera de la zona de emergencia. Vase el captulo 2: Los casos investigados por la CVR, en el tomo VII de este Informe. 48 El Peruano, 29.8.84.46 47

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Sin una clara disposicin acerca de las funciones y atribuciones que implicaba el control militar y con una restriccin casi permanente de las garantas constitucionales, la lucha contrasubversiva se desenvolvi en un contexto de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de la poblacin. 1.4.2. Impunidad La estrategia contrasubversiva puesta en prctica con las Fuerzas Armadas en el escenario de la violencia result ser muy costosa en vidas humanas. Para cierto sector de stas Armadas ello era inevitable, punto de vista que incluso se hizo pblico. El general Luis Cisneros Vizquerra, quien fue ministro de Guerra, afirmaba en septiembre de 1984:[...] no podemos entender cmo en una zona de guerra, una zona prcticamente extraterritorial, pretendamos mantener el estado de derecho. Le encargamos a la fuerza armada que elimine a Sendero y cuando va a apretar el gatillo aparece el Fiscal de la Nacin para ver si al hombre lo vamos a matar de frente, y se presenta el abogado, el periodista [...]. Hay una inclinacin a criticar todo lo que la fuerza armada hace en Ayacucho [...] da la impresin que se piensa que quienes deben ser eliminadas son las fuerzas del orden [...] hablamos de derechos humanos de manera unilateral. En la guerra no hay derechos humanos.49

Las mltiples violaciones de derechos humanos fueron conocidas por denuncias diversas. El gobierno de AP trat dichas denuncias como elementos de la pugna poltica de la oposicin. La prensa favorable al gobierno alentaba tal enfoque. Por ejemplo, el comentarista poltico Manuel DOrnellas consider el descubrimiento de fosas comunes como un verdadero regalo poltico para la extrema izquierda y aada que la guerra que quisiramos limpia, pero que es obviamente sucia, la declar oficialmente el grupo que comanda Guzmn.50 De acuerdo con Javier Alva Orlandini,51 el arquitecto Belaunde era conciente de la gravedad de los hechos y comparta con el ministro Jos Mara de La Jara las dudas sobre la conveniencia de establecer el estado de emergencia y de ordenar la intervencin militar. Sin embargo, la CVR encuentra que a partir del establecimiento del Comando Poltico Militar en Ayacucho, y ante el crecimiento de los crmenes del PCP-SL y de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaunde no desarroll una poltica decidida de proteccin de los derechos humanos. Por el contrario, opt por no atender las denuncias que a ese respecto se hacan. En agosto de 1983 la organizacin Amnista Internacional envo una carta al presidente Belaunde en la que sealaba que las fuerzas de seguridad del Estado haban ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la regin andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendi el informe: Las cartas de Amnista Internacional van al tacho de basura [...] yo no las acepto.52 La indiferencia del gobierno de AP ante estos crmenes no se redujo al Poder Ejecutivo, sino que se extendi tambin al Legislativo. La CVR ha encontrado que el Congreso, en el que AP tena mayora, no conform ninguna comisin investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En trminos generales, el Poder Legislativo incumpli su deber de fiscalizacin en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableci un ambiente de impunidad que la CVR considera deplorable por las prdidas de miles de vidas humanas que ocasion. 1.4.3. El orden constitucional La CVR considera importante resaltar que durante el gobierno del presidente Belaunde Terry se propici el avance de las instituciones democrticas, recuperadas despus de 12 aos de dictadura militar. El gobierno de AP reinstaur la libertad de prensa en el pas, la que se mantuvo sin restricciones a lo largo de todo el perodo gubernamental; asimismo, realiz elecciones libres para la designacin de las autoridades municipales y mantuvo un claro respeto de la separacin de poderes. La conservacin del orden constitucional en estos aspectos constituy, en s misma, una resistencia valiosa contra el proyecto insurreccional del PCP-SL, que buscaba,

Caretas, n. 817, septiembre de 1984. En Desco 1989: 378. Expreso, 25.8.84. 51 CVR. Entrevista, 16 de agosto de 2002. 52 Desco. Resumen Semanal, 19 de agosto de 1983.49 50

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precisamente, la destruccin del viejo Estado. Ello culmin, finalmente, en una transferencia del poder tras elecciones limpias y de acuerdo con los canales previstos en la Constitucin de 1979. El orden constitucional, sin embargo, result mellado en un aspecto esencial, como es el respeto de los derechos fundamentales en la medida en que el gobierno del presidente Belaunde no fue exitoso en detener el avance de la subversin ni se interes en prevenir o castigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad a las que haba encargado, con amplias facultades, la lucha contrasubversiva. Una de las ltimas decisiones de poltica contrasubversiva del arquitecto Belaunde Terry fue la promulgacin de la ley 24150. En esta ley se establecieron por primera vez las atribuciones del Comando Poltico Militar, que gozaba as de la facultad de[] coordinar la participacin del sector pblico y no pblico ubicados en la zona de emergencia, coordinar y supervisar las acciones de los sectores, organismos pblicos, corporaciones departamentales y dems instituciones del sector pblico, solicitar el nombramiento o traslado de las autoridades polticas y administrativas de su jurisdiccin en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para cumplir sus funciones [...].

La CVR considera que esta norma y las amplias atribuciones que otorgaba a los comandos polticomilitares constituyeron un aval concluyente del gobierno saliente a una estrategia militar que haba desembocado en masivas violaciones de derechos humanos.53 1.5. CONCLUSIONES El gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry (1980-1985) enfrent una situacin poltica y social que planteaba graves dificultades para el fortalecimiento del sistema democrtico restituido. La transicin a la democracia se produjo en un contexto de agudas protestas sociales y de acentuado antagonismo poltico. Al asumir el gobierno, AP contaba con una organizacin poltica debilitada por el docenio de dictadura, al igual que el resto de partidos polticos. Al mismo tiempo, dentro del partido de gobierno coexistan dos grandes corrientes, una interesada principalmente en la disciplina fiscal y atenta a los lineamientos de los organismos econmicos multilaterales, y la otra orientada a atender demandas sociales para asegurar el respaldo popular al partido. Ello cre en el gobierno una estructura de toma de decisiones compleja, situacin que se hizo ms problemtica por la crisis econmica. El nuevo gobierno tuvo que enfrentar el inicio de la subversin en esas condiciones. El gobierno fue sorprendido por el inicio de la subversin, al igual que el resto del sistema poltico y la sociedad en general. No elabor tempranamente un diagnstico del fenmeno sustentado en un anlisis directo de la organizacin subversiva. La aparicin de sta fue interpretada segn dos grandes hiptesis: como un movimiento originado o respaldado desde el extranjero, o como una extensin radical de la ola de protestas y movimientos sociales existente desde fines de la dcada del setenta. La falta de una interpretacin coherente y unvoca del fenmeno subversivo impidi definir oportunamente una estrategia slida para hacer frente al PCP-SL. En dicho contexto se promulg el decreto legislativo 046 (12 de marzo de 1981), primer instrumento legal de la lucha contrasubversiva. En el primer ao y medio desde el inicio de la subversin hubo dos posiciones contrapuestas en el gobierno. Una propugnaba que el combate contra la subversin estuviera en manos de los cuerpos policiales, mientras la otra propona desde temprano la participacin de las Fuerzas Armadas. El crecimiento de la actividad subversiva, que incluy algunas acciones de gran repercusin como un asalto al centro penal de Huamanga y ataques a puestos policiales, termin por fortalecer y hacer prevalecer esta ltima posicin. Desde enero de 1983 hasta el final del perodo gubernamental la lucha contrasubversiva qued en manos de las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en emergencia. Tomada esta decisin, las autoridades civiles y entre ellas, el Ministerio del Interior descuidaron el diseo de la estrategia contrasubversiva. Paralelamente, la actividad de las Fuerzas Armadas segua una lgica propia, ajena a un control o supervisin adecuada por parte del gobierno central. Esto ocurri en un contexto en el que el comando poltico-militar haba recibido autoridad en la zona de emergencia sin que se precisen

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Vase un extenso anlisis de la ley 24150 en el apartado correspondiente al Poder Legislativo en el tomo III de este Informe.

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estrictamente sus funciones y atribuciones, lo cual dejaba en situacin de vulnerabilidad los derechos fundamentales de la ciudadana. La delegacin de capacidades polticas en los militares en lo relativo a la lucha contrasubversiva debilit la incipiente institucionalidad democrtica. La declaracin de estados de emergencia era una posibilidad considerada en la Constitucin de 1979 como medida excepcional. No obstante, ella se convirti en una situacin permanente y fue acompaada innecesariamente de una renuncia a las atribuciones de gobierno por parte de la autoridad civil. De este modo, el despliegue de la guerra sucia en el pas termin vulnerando el estado de derecho y justificando una represin militar indiscriminada. En este contexto, la resistencia del presidente Belaunde Terry a ordenar que se investiguen las denuncias sobre violaciones de derechos humanos ejemplo de lo cual fue su decisin de desechar los informes enviados al respecto por la organizacin Amnista Internacional, antes que emitir una seal de gobernabilidad y firmeza, dio legitimidad poltica al modo de actuacin militar en la zona de emergencia. La crisis econmica y la pugna entre gobierno y oposicin crearon un escenario de conflicto que imposibilit el establecimiento de los pactos, negociaciones o acuerdos que hubieran sido necesarios para combatir la subversin. A pesar del crecimiento de la subversin, la clase dirigente del pas no lleg a considerarla en ese perodo como un problema nacional de alta prioridad. En el razonamiento de los gobernantes y la clase poltica, la crisis econmica y las estrategias para llegar al poder en las elecciones de 1985 recibieron ms atencin que las muertes causadas por el conflicto armado interno. En sntesis, elegido para hacer de la democracia un proyecto nacional en ejecucin, se puede considerar que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry fue la primera vctima poltica de la violencia criminal del PCP-SL. Hacia el final de su gobierno Belaunde consider un xito que un gobierno elegido democrticamente entregue el poder a otro elegido democrticamente. En las circunstancias del grave desafo planteado al Estado y la sociedad, ello fue as. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dej tras de s una legislacin antiterrorista la ley 24150 que fortaleci las facultades de los comandos poltico-militares a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la prctica signific una renuncia de la autoridad civil en el terreno de la lucha contrasubversiva.

2. EL GOBIERNO DEL PARTIDO APRISTA PERUANO El Partido Aprista Peruano (PAP) fue la primera fuerza de oposicin en el pas durante el perodo 19801985 y, en tanto tal, formul severas crticas a las respuestas que dio el Estado al proceso de violencia desarrollado por el PCP-SL. El PAP se opuso a algunas de las normas legales propuestas por el gobierno de AP para enfrentar aquella amenaza y formul denuncias por violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del orden. Una vez en el gobierno, el PAP se propuso variar la estrategia en curso, con la idea de que el desarrollo econmico y social impedira la expansin de la subversin armada. Durante el primer ao, tom importantes medidas de control sobre violaciones de los derechos humanos mientras diferenciaba ms su poltica econmica de la del gobierno anterior, sobre todo, en el tratamiento de la deuda externa y el crdito agrario. Luego de la represin violenta del amotinamiento en tres penales de Lima, en 1986 decisin reactiva y profundamente equivocada del gobierno a juicio de la CVR, que cre las condiciones para el elevado nmero de muertos e incluso los indicios de ejecuciones extrajudiciales y otros excesos que no se investigaron de modo independiente sino hasta un ao despus, el gobierno regres a la permisividad frente a los trminos en que se vena dando la respuesta estatal. El conflicto armado y el terror se extendieron por casi todo el territorio. Fue, ms bien, el propio aprendizaje de las fuerzas del orden el que hizo progresivamente ms selectiva y mejor orientada la accin militar, aunque las violaciones deliberadas de la vida y de los derechos humanos se siguieron permitiendo y ocultando. Al final, un gobierno desbordado, en un pas con diversas crisis sobrepuestas, haba abandonado por completo la voluntad de innovacin que lo caracteriz al inicio. El gobierno de Alan Garca no contaba al comenzar con una estrategia contrasubversiva alternativa. Intent algunas reformas del aparato estatal que tuvieron influencia positiva parcial sobre la respuesta a la ofensiva terrorista; la unificacin de la polica es un ejemplo. Por otro lado, la relacin entre el gobierno y las Fuerzas

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Armadas atraves por momentos de tensin, sobre todo cuando en el primer ao el Ejecutivo pretendi imponer la autoridad civil mediante la destitucin de militares o el rediseo del sistema de defensa. Sin embargo, el PAP busc, en lneas generales, una mayor cercana a la Polica evitando inmiscuirse en temas estrictamente castrenses. As pues, las Fuerzas Armadas fueron redefiniendo por su parte, es decir, independientemente de la direccin poltica y por la propia experiencia del conflicto, una nueva estrategia contrasubversiva hacia el fin del perodo, la que logr mejorar en parte la anterior. La CVR ha registrado 8,173 muertes y desapariciones durante el gobierno del PAP. De ellas, el 58% corresponden a las organizaciones subversivas y el 30% a las fuerzas de seguridad del Estado. Aunque el nmero de vctimas descendi el primer ao en comparacin con el pico alcanzado en los aos 1983 y 1984, en 1989 se elev el nmero de vctimas y se produjo la mayor cifra de muertes de funcionarios pblicos y autoridades estatales de todo el conflicto por obra principalmente del PCP-SL. Con la considerable expansin de la guerra interna en diversas partes del territorio nacional, se multiplicaron los comandos poltico-militares y las restricciones que stos suponan para la poblacin civil, la institucionalidad democrtica y la investigacin judicial independiente. A partir de la matanza de los penales, especialmente en el caso de El Frontn, se eludi el sealamiento directo de responsabilidades que pudiesen involucrar a efectivos militares. Con ello, se toleraron muchos casos de impunidad; los de Cayara, Molinos y el mismo de los penales, son un ejemplo. Tras el fallido intento de estatizacin de la banca lanzado en julio de 1987, el PAP enfrent una fuerte oposicin poltica y meditica que incluy un incremento de denuncias en su contra sobre violaciones de derechos humanos que comprometieron tanto al gobierno como al partido. Independientemente de la exactitud de las denuncias formuladas, fue evidente la mayor atencin prestada a estos asuntos por medios adversarios luego de aquel conflicto poltico. A esa ofensiva se sum la campaa del PCP-SL de aniquilamientos selectivos de cuadros apristas que convirti al PAP en el partido poltico ms golpeado del conflicto interno. La respuesta aprista, sin embargo, consisti en un rebrote, si no del sectarismo, s del encierro partidario, que hizo ms difcil las alianzas polticas, lo cual se constituy en un punto de debilidad particularmente notorio en el Congreso. All terminaron apoyando medidas de alto costo poltico para desvirtuar investigaciones de las violaciones de derechos humanos cometidas, como las de los casos de Cayara o paramilitares que no ponan en serio riesgo ni al gobierno ni al partido. Al final de su gobierno, el PAP, como lo han reconocido sus dirigentes, se bata con varios frentes crticos a la vez, el principal de los cuales era la crisis econmica. En ese contexto, segn ellos mismos sealan, les fue ms difcil an pretender imponer la autoridad democrtica. Es conocido que el pas termin en 1990 en una situacin de crisis extrema. El PAP ha sido el actor poltico que ha recibido mayor escrutinio pblico en torno de casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante su perodo de gobierno (1985-1990), debido a diversas investigaciones judiciales y parlamentarias realizadas durante su gobierno y luego a lo largo de ms de 15 aos. 2.1. EL PAP EN LA OPOSICIN AL GOBIERNO DE AP (1980-1985) 2.1.1. El PAP frente al inicio del conflicto armado interno Los primeros meses de las acciones armadas del PCP-SL coincidieron con el inicio de la reorganizacin partidaria y la reubicacin del PAP como fuerza de oposicin al gobierno de AP. Durante la transicin poltica comenzada en 1978 con la Asamblea Constituyente, el PAP fue la primera fuerza poltica del pas y uno de los factores de estabilidad del proceso poltico de esos aos. Tras la muerte de Vctor Ral Haya de la Torre en agosto de 1979, el PAP enfrent una serie de disputas internas que influyeron en sus derrotas electorales de abril y noviembre de 1980. Ante las primeras propuestas de congresistas de AP para declarar traidores a la patria a los autores de actos de sabotaje y terrorismo, varios parlamentarios apristas se sumaron a las numerosas voces, incluyendo algunas del propio partido de gobierno, que consideraban extrema la medida. No hubo tampoco respaldo aprista a la promulgacin del decreto legislativo 046 de marzo de 1981 que tipific el delito de terrorismo y estableci las normas procesales del caso. Al agravarse la situacin por el incremento de las acciones terroristas en la sierra y los atentados en Lima, el gobierno acciopopulista recurri a la declaratoria del estado de emergencia en el departamento de Ayacucho en octubre del mismo ao luego del atentado contra el puesto

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SECCIN SEGUNDA

CAPTULO 2

policial de la localidad ayacuchana de Tambo. Las crticas de la oposicin aprista e izquierdista contra el ministro del Interior Jos Mara de la Jara y Ureta fueron muy duras, hasta que ste renunci voluntariamente al producirse la muerte del estudiante aprista Antonio Ayerbe Flores durante una manifestacin en Cusco, sin vnculos con la subversin armada. A lo largo de 1982, el impacto de acciones senderistas como el asalto al penal de Huamanga, el apagn total de Lima y el ataque al puesto policial de Vilcashuamn, influyeron para que la oposicin en la Cmara de Diputados consiguiese interpelar al gabinete ministerial acciopopulista.54 Tal interpelacin coincidi con una opinin pblica descontenta con las explicaciones dadas por el gobierno acerca de la violencia subversiva y los atentados terroristas que se vivan en el pas. El diputado aprista Javier Valle Riestra, presidente de la Comisin de Derechos Humanos de su cmara, se encarg de sustentar con dureza el pliego de preguntas al gabinete en el que se exigi explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo en el pas. 2.1.2. El PAP frente a la militarizacin del conflicto El diputado Alan Garca Prez fue elegido secretario general del PAP a fines de 1982 y, desde entonces, fue el conductor de su organizacin, precisamente en momentos en los que se decretaba el ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha contrasubversiva en Ayacucho. Al producirse la matanza de los periodistas en Uchuraccay, el PAP, junto a las fuerzas de izquierda, critic duramente al gobierno por los hechos (el senador Luis Alberto Snchez llam al ministro del Interior, Fernando Rincn, el responsable poltico de Uchuraccay)55 y al jefe del comando poltico-militar de la zona, el general Roberto Clemente Noel Moral. Si bien las crticas del PAP no tuvieron el marcado sesgo antimilitarista de las formuladas por los partidos de izquierda, s fue evidente en ellas la demanda por una reorientacin de la accin contrasubversiva del Estado hacia frmulas que contemplasen factores sociales y respetasen los derechos humanos. En agosto de 1983 Garca visit Huamanga interesndose por la situacin de la regin y recibi numerosos testimonios de los atropellos de las fuerzas del orden en pleno conflicto interno. Ante ello, hizo una denuncia pblica y exigi al gobierno que rectifique su poltica en la zona: el gobierno no puede confundir sancin y castigo con represin generalizada [...] en nombre de la ley no podemos convertir en sospechosos a todos los ayacuchanos.56 Pero como ya haba ocurrido con un reclamo anlogo de los representantes izquierdistas, el gobierno de Belaunde continu con su poltica en la zona. Para Garca, el PCP-SL practicaba un terrorismo incomprensible que tea de complicidad a aqullos que pudiera

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - Tomo III - Perú

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