Informe Del Estado Ambiental Del Beni

Informe de estado ambiental del departamento de Beni 2009Serie de Investigación de estado ambiental

Ing. John KudreneckyCOORDINADOR DEPARTAMENTAL

DE LIDEMA EN BENI

www.lidema.org.bo

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DE LIDEMA EN BENI

Bolivia 2010

Título:

Informe de estado ambiental del departamento de Beni 2009

Autor:

John Kudrenecky, Coordinador Departamental de LIDEMA en Beni

Editor:

© Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA

Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni, CIDDEBENI

Edición:

Daniela Aguirre y Edwin Alvarado

Diseño y diagramación:

GYG Diseño y Comunicación Visual

La Paz - Bolivia, 2011

3I N F O R M E D E E S T A D O A M B I E N T A L D E L D E P A R T A M E N T O D E B E N I 2 0 0 9

Contenido

1. Introducción ....................................................................................................................5

2. Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos .....................................................................6

2.1. Los recursos naturales ......................................................................................................6

2.2. La amenaza ...................................................................................................................7

2.3. Los agentes del cambio ...................................................................................................7

2.4. Las consecuencias ...........................................................................................................8

3. Complejos Hidroeléctricos del Río Madera y Cachuela Esperanza .........................................9

3.1. Los recursos naturales ......................................................................................................9

3.2. La amenaza ...................................................................................................................9

3.3. Los agentes del cambio .................................................................................................10

3.4. Las consecuencias .........................................................................................................10

3.5. Recomendaciones .........................................................................................................11

4. Avance de la frontera agro-exportadora en el Monte San Pablo ..........................................12

4.1. Los recursos naturales ....................................................................................................12

4.2. La amenaza .................................................................................................................13


4.3.1. Colonia Menonita Río Negro .................................................................................... 15

4.3.2. Polígono Mártins ..................................................................................................... 16

4.3.3. La Agrupación Social del Lugar (ASL) San Pablo ......................................................... 16


5. Siembra de arroz en pampas y humedales .......................................................................17

5.1. Los recursos naturales ....................................................................................................17

5.2. La amenaza .................................................................................................................18


6. El Bosque de Chimanes ..................................................................................................20

7. Problemas urbanos en ciudades intermedias: Trinidad, Riberalta, GuayaramerÍn, San Borja, San Ignacio, Santa Ana Y Rurrenabaque ........20

7.1. Residuos sólidos y líquidos .............................................................................................20

7.2. Residuos líquidos en ciudades intermedias .......................................................................21

7.3. Crecimiento urbano sin planificación de infraestructura ni servicios ....................................22

8. Quemas de las pampas sin control ni planificación ............................................................22

9. Minería .........................................................................................................................23

10. Inundaciones por efectos del Cambio Climático ................................................................24

11. Desempeños institucionales a partir del estado y nivel de cumplimiento en la aplicación de políticas públicas y normas ambientales ..............................................25

11.1. La Prefectura Departamental ..........................................................................................25

11.2. Autoridad de Bosques y Tierra (ex - Superintendencia Forestal) .........................................25

11.3. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) .................................................................26

11.4. Áreas Protegidas .........................................................................................................26


INFORME DE ESTADO AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE BENI 2009

1. Introducción

El departamento de Beni abarca 313.564 km2, con una población de 330.000 habitantes (INE, 2001). De esta población, el 70% vive en el área urbana y el 30% en el área rural. Aproximadamente el 50% del departamento está cubierto de bosque húmedo tropical, ubicado en la periferia del departamento; mientras que la parte central está cubierta por un mosaico de sabanas naturales, humedales y ríos.

Administrativamente se divide en ocho provincias, 19 secciones y 27 cantones. Cuenta con más de 807 comunidades distribuidas en los 19 municipios del departamento. Existen cinco mancomunidades y ocho distritos municipales indígenas, de los cuales seis tienen algún tipo de plan. Existen 19 TCOs que ocupan el 31,32% del territorio departamental (excluyendo las nuevas demandas); todos los municipios del departamento tienen por lo menos una TCO.

El Beni tiene dos Parques Nacionales, tres Reservas de Vida Silvestre, cinco Áreas Naturales de Manejo Integrado y tres Reservas Naturales de Inmovilización. 11 de los 19 municipios del departamento, tienen alguna forma de área protegida dentro de su territorio.


Figura Nº 1: Mapa del departamento de Beni

2. Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos

2.1. Los recursos naturales

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) forma parte del complejo de Áreas Protegidas del corredor Vilcabamba-Amboró, en el “hotspot” de los Andes entre Venezuela y Bolivia. Este corredor, por su peculiar diversidad de ecosistemas, es considerado una de las áreas de mayor diversidad y de máxima prioridad para la conservación a nivel mundial (Molina, 1996; SERNAP, 2000).

Otro aspecto relevante es que el TIPNIS está considerado como “refugio pleistocénico”. En Centro y Sud América solamente 40 áreas corresponden a este tipo de refugios, lugares donde poblaciones


relativamente pequeñas de animales y plantas fueron aisladas, diferenciándose especies y subespecies (Duellman, 1979).

De los 26 centros de plantas leñosas endémicas del bosque pluvial, propuestos para Sudamérica por Prance (1982), sólo en uno está incluida Bolivia y corresponde precisamente al TIPNIS.

2.2. La amenaza

El gobierno boliviano se encuentra en proceso de implementación del Proyecto Carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que fundamentalmente integraría los departamentos de Beni y Cochabamba (Fig. 2). Aunque el camino se proyectó desde el año 1826, el plan de manejo del TIPNIS identifica una zona núcleo de máxima protección en plena vía del camino.

En agosto de 2008, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la construcción de esta carretera a la empresa brasileña OAS bajo la modalidad “llave en mano”, la cual será financiada con un crédito del gobierno brasilero y que, por tanto, requiere aprobación por ley1.

Este tramo carretero de 305 kilómetros atravesaría transversalmente el TIPNIS, en una de las zonas de mayor biodiversidad del país donde, además, nacen muchos ríos de la Cuenca del Mamoré, lo que podría afectar el sistema hídrico en la región y agravar las inundaciones. De igual manera, se estima que la carretera facilitaría el ingreso de colonizadores, cocaleros, madereros, cazadores y otros agentes depredadores, y afectaría la base de los recursos naturales y el sistema de vida de las comunidades indígenas.

Por otro lado, esta carretera podría mejorar significativamente las condiciones de competitividad de la economía beniana, vinculándose con una región complementaria y superando su actual dependencia exclusiva con la economía de Santa Cruz. Además, permitiría abrir una ruta extensa de transporte intermodal (carretera-ríos) de alcance interoceánico.

2.3. Los agentes del cambio

Desde hace muchos años, los indígenas del TIPNIS se oponen a la construcción de esta carretera, ya que facilitaría el ingreso de colonos al área. Desde que se definió una “línea roja” en 1994 en acuerdo con los colonos para frenar el avance, se han recibido denuncias constantes de nuevos avasallamientos

1 Para la firma del convenio y su posterior ratificación, se había anunciado la visita del Presidente Lula da Silva el 28 de agosto del mismo año.


(Fig. 3). Con la noticia de la contratación y financiamiento para la construcción, se ha despertado nuevamente el interés de los colonos por apropiarse del espacio del área protegida. La brecha de 40 kilómetros en la zona núcleo del Parque, ha sido abierta y estaqueada por los colonos, asignándose una identificación a la futura parcela.

Para complicar aún más el escenario, el TIPNIS se encuentra en una zona de litigio sobre los límites interdepartamentales Beni - Cochabamba. Ambos departamentos reclaman la totalidad del área. Casi toda la población se identifica como beniana; sin embargo, la ausencia de las autoridades departamentales induce a que algunos acepten las ofertas constantes desde la Prefectura y Municipios de Cochabamba.

La empresa constructora OAS ha contratado dos consultoras, una para elaborar el diseño final y otra para realizar el estudio de impacto ambiental.

Como estrategia para marginar a los opositores del TIPNIS, el camino ha sido dividido en tres tramos, de los cuales el último tramo está dentro del Parque. Las consultas públicas ya han sido realizadas en San Ignacio de Moxos y en Villa Tunari. Los dos procesos de información y consulta duraron hora y media en Villa Tunari, y tres horas en San Ignacio; sin embargo, fueron realizadas sin mayor publicidad y en un caso se adelantó la fecha con 72 horas de pre-aviso.

Cabe mencionar, que la ruta propuesta del camino pasa por una zona poco habitada por los indígenas. La mayoría de las comunidades se encuentran a 50 kilómetros hacia el este, sobre los principales ríos. Ni la ABC ni la empresa consultora tiene disposición de analizar rutas alternativas con menor impacto socio ambiental.

2.4. Las consecuencias

Desde abril de 2009 los indígenas se encuentran en estado de emergencia por la atención de sus demandas. La situación desencadenó en un enfrentamiento armado entre indígenas y colonos, con el saldo de un muerto y varios heridos.

Los indígenas mantienen su rechazo a la carretera hasta que se resuelva definitivamente el problema de avasallamiento de colonos. Esto pasa por resolver el diferendo limítrofe, garantizar la protección permanente y a infinito del parque, y la implementación de programas de desarrollo que beneficien a los pobladores y mitiguen los impactos culturales inducidos por el camino.


3. Complejos Hidroeléctricos del Río Madera y Cachuela Esperanza


El río Madera es uno de los afluentes más importantes del Amazonas, en algunos tramos su ancho supera los tres kilómetros, y drena toda la Amazonía y zonas de bosque húmedo de montaña de Bolivia. Desde el oeste recibe aguas de toda la cuenca del Madre de Dios (Perú) y del sistema fluvial Acre-Abuná; en tanto que desde el este, recibe las aguas del Guaporé o Itenez que drena una extensa región del escudo precámbrico de Bolivia y Brasil (Cerrados). Esto significa que sus principales nacientes se ubican tanto en las regiones elevadas de los Andes de Bolivia y Perú, como en las sierras y planaltos del escudo brasileño, demostrando la enorme magnitud de la cuenca total (más de 1,5 millones de km2).

Aporta algo más de la mitad de la carga de sedimentos de toda la cuenca amazónica, es un río muy turbio (”barrento” o lodoso), lo cual tiene estrecha relación con la calidad de las aguas de los afluentes que bajan de los Andes, como el Beni y el Madre de Dios.

Los ríos Itenez, Mamoré y Beni - Madre de Dios, son de directa influencia del escudo precámbrico o escudo brasileño; formación geológica muy antigua con afloramientos rocosos y las conocidas cachuelas (“cachoeiras”), que son barreras rocosas a manera de “gradas” o saltos que atraviesan los ríos, en este caso el Beni y el Madeira, dando lugar a rápidos de corriente fuerte.

La llanura por la que atraviesan los grandes ríos afluentes del Madeira, tiene en general poco relieve. El paisaje es plano hasta ligeramente ondulado, varios kilómetros al sureste recién se presenta el paisaje de pequeñas serranías y planaltos del escudo. Para el tramo de 360 km entre Guayaramerín y Porto Velho, el gradiente es de 60 metros de desnivel (6 m por cada km) (Ribera, 2008).

3.2. La amenaza

El llamado Complejo Hidroeléctrico del Río Madera (CHRM) forma parte de uno de los “ejes de integración y desarrollo” definidos por el IIRSA. En su versión original, incluye la instalación de cuatro grandes hidroeléctricas, dos en territorio brasilero (San Antonio y Jirau), una en el área binacional Abuná - Guayaramerín y una en el río Beni en Bolivia (Cachuela Esperanza); además del establecimiento de


una hidro-vía de navegabilidad permanente en los ríos Madera, Guaporé, Mamoré, Beni, Madre de Dios y Orthon.

Parece haber quedado excluido, por el momento, el establecimiento de la hidro-vía que, para algunos, podría constituir el componente de mayor efecto económico al facilitar las exportaciones a los mercados asiáticos.


Al no existir acuerdos explícitos entre ambos países respecto a este complejo, el gobierno del Brasil decidió implementar unilateralmente las dos hidroeléctricas en su territorio. A finales de 2008, adjudicó la construcción a dos empresas. Actualmente se encuentran en proceso de construcción. Ambas hidroeléctricas tendrían una capacidad efectiva de generación superior a los 6.000 MW.

Por su parte, el gobierno boliviano, a través de ENDE, contrató a la empresa canadiense Tecsult - Aecom (Tecsult International Limitée) por un monto de ocho millones de dólares para realizar los trabajos de consultoría, que debían concluirse hasta fines de 2009.

La posibilidad de acceder a una fuente de energía abundante y barata, es de suma importancia para el desarrollo del norte de Bolivia. Entre Riberalta, Guayaramerín y Cobija, viven más de 200 mil personas y se procesa la mayor parte de la castaña producida a nivel mundial. Actualmente, las poblaciones e industrias dependen exclusivamente del diesel (en parte importado) para sus necesidades energéticas; el cual escasea por la precaria condición de las carreteras y la especulación.

3.4. Las consecuencias

Según diversos estudios realizados, las hidroeléctricas de Jirau y San Antonio tendrán impactos significativos en el territorio boliviano, alterando el régimen hídrico (mayores y más largas inundaciones), bloqueando el flujo de peces, agravando la presencia de enfermedades tropicales e incrementando la presencia de mercurio en el agua, entre otros.

Los cambios hidrológicos macroregionales, tanto bruscos como progresivos, afectarán al menos a unas ochos áreas protegidas en Bolivia, Perú y el propio Brasil. Entre las más relevantes están: la Reserva Itenez, la Reserva de Inmovilización Bruno Racua, la Reserva Manuripi, el Parque Nacional Noel


Kempff Mercado y el Parque Nacional Madidi en Bolivia, el Parque Nacional Bahuaja Sonene en Perú, y la Reserva Extractivista Ouro Preto y la Reserva Biológica Guaporé en Brasil.

Se ha mencionado en diversas fuentes que los mayores impactos, a mediano y largo plazo, provendrán no sólo de los efectos de las represas del Madeira; sino de las lógicas que envuelven e incentivan su instalación, las cuales erróneamente pueden ser vistas como un elemento puntual o aislado y no como lo que realmente son, una gran iniciativa de integración vial y de infraestructuras impulsadas a nivel regional por el IIRSA (conformado por el BID, la CAF y el FONPLATA). Dicha iniciativa constituye el más claro paradigma del desarrollo de megaproyectos a gran escala, para acelerar la explotación de los suelos y facilitar la extracción y transporte de recursos a lo largo y ancho de Sudamérica hacia los mercados de exportación, con una evidente subestimación y marginamiento de los temas socio-ambientales.

Las hidroeléctricas de Jirau y San Antonio se están impulsando, exclusivamente, como una estrategia unilateral del Brasil para dotar de energía abundante y barata a sus sectores industrial y minero. En este sentido Bolivia, y en especial el Beni, no tendrán ningún beneficio, sólo consecuencias y efectos negativos.

3.5. Recomendaciones

Varias instituciones regionales, reunidas para analizar el tema, llegaron a las siguientes conclusiones:

� Las instituciones del Beni rechazan la decisión del gobierno de Brasil de encarar unilateralmente la construcción de las hidroeléctricas de Jirau y San Antonio, sin previo acuerdo explícito con las autoridades de Bolivia que tome en cuenta los intereses de ambos países.

� Solicitar que ENDE efectúe una explicación detallada sobre el proyecto de la hidroeléctrica en Cachuela Esperanza y en particular los estudios de impacto ambiental. Demandar que dichos estudios se realicen con una permanente información y consulta a la población e instituciones del departamento de Beni.

� Sugerir la realización de un encuentro bilateral entre las autoridades y sociedad civil del Beni (Bolivia) y Rondonia (Brasil), para compartir información, criterios y preocupaciones sobre el tema del megaproyecto de hidroeléctricas e hidro-vía del río Madera.

� Los responsables de la gestión pública departamental en el Beni deben establecer claramente en qué medida la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza (y el complejo hidroeléctrico del Río


Madera) se articula o es parte de las estrategias energética, de transporte, y de desarrollo integral y sostenible del departamento.

4. Avance de la frontera agro-exportadora en el Monte San Pablo


El área conocida como el Monte San Pablo, está ubicada entre la carretera Trinidad - Santa Cruz y el camino Trinidad - Carmen de Itenez. Pertenece a los municipios de San Andrés, San Javier, Trinidad y Loreto. Con casi 500 mil hectáreas de bosque en el interior del Monte San Pablo, se encuentran diversidad de actores sociales, incluyendo un territorio indígena (la TCO Sirionó), más de 30 comunidades campesinas, haciendas ganaderas y propiedades agropecuarias, un área protegida (el Parque Regional Pedro Ignacio Muiba) y dos localidades de importancia (Casarabe y Puente San Pablo).

El Monte San Pablo es un complejo de ecosistemas en transición, entre el Cerrado de la Chiquitanía y las pampas y bosques de la Amazonía boliviana. Se caracteriza por un sotobosque muy denso y un dosel de 20 a 25 m de altura, y por formar un mosaico de bajuras y alturas, patujusales y curichis.

El PLUS departamental del Beni identifica que el mayor uso de las áreas boscosas es de manejo forestal, por existir limitaciones para su desarrollo agrícola. También identifica una franja de 5 km como una zona apta para sistemas agroforestales intensivos.

El Monte San Pablo ha sido una importante fuente de madera para la construcción de la ciudad de Trinidad; entre las obras públicas figuran la escuela de San Antonio, el pórtico del cementerio y el barrio Maná, por mencionar algunas.

Además de la agropecuaria, los comunarios obtienen otros recursos del monte, como la carne. Estudios científicos en el área, indican que el aporte de la fauna silvestre a la dieta familiar representa un beneficio de 500 a 1000 $US anuales para las familias campesinas e indígenas.

El Monte San Pablo se encuentra metafóricamente entre el desarrollo agroindustrial de Santa Cruz y el estilo de vida más tradicional del Beni. Ha sido identificado como la nueva frontera para la


expansión de la agricultura industrial. Actualmente, hay casi 5.000 hectáreas de desmontes ilegales siendo investigados por las autoridades (Fig. 2).

Figura Nº 2: Área de San Pablo: a) Con bosque virgen en el 2005. b) Con desmontes en el 2007.

4.2. La amenaza

Con la conclusión del asfaltado de la carretera Trinidad - Santa Cruz, se ha despertado la expectativa de grandes agricultores cruceños, brasileros y menonitas con el interés de expandir la frontera agrícola de soya. A partir del año 2004, diversos grupos han obtenido derechos propietarios o de uso sobre la tierra (empresarios, políticos, abogados, guardaespaldas, menonitas, colonizadores y otros delincuentes comunes); quienes están cada vez más presentes, estableciendo un nuevo y complejo escenario social que no se había visto antes en el Beni.

Entre mayo y junio de 2004, surgió la primera indicación de conflicto en la zona con el bloqueo de San Pablo, donde resultaron tres muertes y la destitución del Prefecto departamental; aunque el caso nunca fue esclarecido. Pocos días después del bloqueo, se denunció el avasallamiento de tierras por empresarios con antecedentes delincuenciales.

Recientemente, tres de las graves denuncias de fraude en la apropiación de tierras fiscales, han sido presentados en el Monte San Pablo, como el Caso Romero Pantoja, el Polígono 106 de los Menonitas y el Polígono Martins (una extensión de cerca de 35 mil hectáreas de un empresario Brasilero).



Los nuevos latifundistas.- Corresponden a empresarios cruceños, brasileños y algunos benianos que han emprendido una campaña de ocupación, por todos los medios, de las tierras del Monte San Pablo. Estos grupos se dedican a la consolidación de extensiones grandes de tierras vírgenes y a preparar el terreno antes del ingreso de la empresa agroindustrial, la cual se encargará de la explotación de la tierra y la exportación del producto terminado.

El modus operandi es obtener títulos ejecutoriales antiguos que indican superficies grandes. La ubicación exacta de estos documentos de propiedad, solo define al nivel de cantón. Por lo regular, el titular nunca cumplió con la ocupación de la tierra; por tanto, debió haber sido revertida. En este sentido, el adquiriente rápidamente realiza las mejoras necesarias (caminos, deslindes, alambradas) para establecer una mínima función económica social (FES), de tal manera que su trámite de saneamiento no sea rechazado en primera instancia. Si aun así no cumple con la FES suficiente para justificar la superficie, el adquiriente recurre al mecanismo de la apelación para retrasar la determinación del INRA, hasta establecer los sembradíos necesarios para justificar el uso de la tierra. A otros propietarios pequeños se les ofrece una compensación por renunciar a sus derechos.

En gestiones anteriores, el INRA no consideraba que los asentamientos deberían haberse establecido antes de la promulgación de la Ley 1715 (1996). Tampoco consideraba si la actividad cumplía con las provisiones del Plan de Uso de Suelos del departamento. Lo cierto es que, tanto el acceso de menonitas como de empresarios latifundistas, ha movilizado varios actores, entre los que se puede identificar:

� Dirigentes campesinos de comunidades, sindicatos y sub centrales.

� Funcionarios y ex-funcionarios del INRA que manejan información actualizada de los procesos de saneamiento, conflictos y documentos legales.

� Abogados que obtienen papeles de antiguos títulos de propiedad.

� Funcionarios municipales y de otras reparticiones del Estado que tienen acceso a información y documentos útiles para dar cierta legalidad a estas posesiones, que en algunos casos han propiciado.


4.3.1. Colonia Menonita Río NegroEl 2007, el INRA anuló las pericias de campo del polígono 106, donde se encuentra la colonia menonita Rio Negro junto con comunidades campesinas. Agotadas todas las instancias de apelación, se emitió una orden de desalojo que, hasta la fecha, no se ha podido ejecutar. En varias ocasiones, las comunidades campesinas marcharon hasta Trinidad en apoyo a dicha colonia. El 2008, la Superintendencia Forestal aplicó una multa de más de un millón de bolivianos por sucesivos desmontes ilegales (Fig. 3) y el 2009 fue admitida una demanda penal por daño a bienes públicos. La Fundación Keneth Lee inició una demanda por daños al patrimonio cultural: la destrucción de una loma pre-colombina.

Es evidente el apoyo que tienen los menonitas por parte de las comunidades campesinas. La ausencia de conflicto con sus vecinos indica que entraron al área pacíficamente, sin atropellar ningún derecho de posesión. Según declaraciones, los menonitas compraron la propiedad, pero no divulgaron de quien. Dicha propiedad no fue trabajada anteriormente y, por tanto, debía ser revertida al Estado. Es así que, la actual administración del INRA trata el caso como un asentamiento nuevo en tierras fiscales, cuyo plan de uso de suelo (en el caso del Beni) no contempla el cultivo en limpio.

Figura Nº 3: Colonia Río Negro. En la segunda foto se visualiza dos fajas de desmontes con 5 km de separación.

Existen más de 100 familias menonitas en la colonia, dedicadas a la producción de alimentos. La colonia presenta una interesante paradoja ambiental; aunque sus sistemas de producción agrícola son


evidentemente no sostenibles (un miembro manifestó que nació en México y vivía en Camiri antes de ir al Beni, por el agotamiento de las tierras), su sociedad en sí es no consumista, se dedican al trabajo (algunas familias tienen hasta cinco tractores, pero en toda la colonia solo hay tres movilidades; por lo general, se transportan en carrozas y caballos).

Es evidente que nunca han recibido orientación técnica sobre el manejo de los suelos tropicales, aplican las mismas técnicas que sus abuelos en Manitota (Canada). El único asesoramiento que han recibido es de agentes de venta de agroquímicos y semillas híbridas.

La presencia de la colonia menonita ha producido un auge en las comunidades cercanas. El hecho de contar con la maquinaria necesaria “a la vuelta de la esquina”, ha permitido que las comunidades campesinas apliquen técnicas mecanizadas en pequeña escala y con buena productividad. Asimismo, cuentan con un aserradero que compra madera en rola de las comunidades, algunas de las cuales tienen planes de manejo, dando nuevas opciones para el uso de la tierra en dichas comunidades.

4.3.2. Polígono MártinsEl 2007 se desmontaron aproximadamente 1.500 hectáreas del polígono Mártins. El empresario dueño de la zona, se auto-denunció a la Superintendencia para tener la oportunidad de cancelar una multa de 40 mil dólares. El área fue cuestionada por el INRA como uno de los tres grandes casos de apropiación de tierras fiscales. El sobrevuelo que se realizó en julio de 2009, evidenció que los desmontes no están siendo cultivados; algunos se encuentran con pastos y ganado, y otros en etapa de barbecho con vegetación avanzada.

4.3.3. La Agrupación Social del Lugar (ASL) San PabloLa ASL San Pablo se formó en el año 1999 con 43 miembros, en su mayoría motosierristas del Puente San Pablo, para aprovechar madera. Con lo cual obtienen el reconocimiento del municipio de San Andrés y la personería jurídica con Resolución Prefectural del Departamento de Beni No. 186/99. En el 2000, adquiere del Ministerio de Desarrollo Sostenible la calificación de Agrupación Social del Lugar (ASL) SP. R.M. No. 233/2000.

En el año 2004, la ASL con apoyo de CIDDEBENI obtiene financiamiento de la Fundación PUMA, por un monto de 588.774 Bs, para iniciar el aprovechamiento forestal sostenible bajo un plan de manejo.


Por conflictos internos, sólo se logró ejecutar 70 mil bolivianos en los trabajos de campo del inventario forestal y luego se paralizó el proyecto.

Los dirigentes de la ASL se encontraban bajo presiones para reconocer la colindancia con las propiedades ficticias de los empresarios. De esa manera, se generó una situación perversa (real o percibida) donde la ASL, o su directorio, se beneficiaría más con la amenaza y el fracaso de un proyecto de manejo forestal, que con su buena ejecución.

Inicialmente el INRA se resistía, con argumentos jurídicos, al saneamiento de tierras fiscales. El 25 de mayo de 2005, se logra la priorización para el saneamiento de tierras del Área Forestal y Reserva Municipal de San Andrés, con una superficie inicial de 19.580 hectáreas. Después de este logro, durante varios años no se registró ninguna actividad de desmonte y avasallamiento del área2.

Con el fallecimiento de su presidente, la ASL San Pablo se desarticuló y abandonaron por completo la iniciativa de manejo forestal sostenible. Debido a cambios en la política gubernamental, a partir de 2009 las ASLs que habían consolidado sus operaciones dejan de ser reconocidas como tal. Con este pretexto los integrantes se declararon “comunidad” y dividieron el área en parcelas de 100 hectáreas. Según informantes claves, en octubre de 2009 se iniciaron los desmontes de las parcelas agrícolas distribuidas.

5. Siembra de arroz en pampas y humedales


La extensa región conocida como Llanos del Beni, experimenta anualmente inundaciones que cubren casi toda la superficie, que varía entre los 80.000 y 100.000 km2. Una significativa proporción del territorio beniano es pantanosa, donde se forman arroyos y ríos secundarios que atraviesan, por lo general, extensas regiones.

Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la tierra y son fuentes de diversidad biológica, pues aportan el agua y la productividad primaria de la que innumerables especies vegetales y animales dependen para su supervivencia. Sustentan grandes concentraciones de aves, mamíferos,

2 Según el sobrevuelo realizado en julio de 2009.


reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Los humedales cumplen funciones importantes, como el almacenamiento de agua, protección contra tormentas y mitigación de inundaciones, control de la erosión, recarga y descarga de acuíferos3, purificación de las aguas mediante la retención de nutrientes, sedimentos y contaminantes, y estabilización de las condiciones climáticas locales, particularmente la precipitación y la temperatura.

En la región del Monte San Pablo existen extensos humedales y pampas, dentro y alrededor de la zona boscosa. En estas zonas se siembra arroz de manera extensiva, sin tomar en cuenta las fuentes de agua, los nacientes de arroyos y ríos, y las necesidades de la fertilización de los suelos; esto porque gran parte de los terrenos son alquilados y utilizados insosteniblemente, obteniendo el máximo provecho económico posible.

5.2. La amenaza

En los últimos años se han presentado nuevas propuestas tecnológicas, particularmente el cultivo de arroz en los humedales que, inicialmente, pueden mostrar ganancias económicas; pero no queda claro cuál es el costo y el beneficio para el desarrollo regional.

Actualmente, el cultivo del arroz se está realizando principalmente en estos ecosistemas, lo que está poniendo en grave riesgo la existencia de los humedales en la región. Por otra parte, el sector occidental del Monte San Pablo es una zona que no cuenta con ríos o lagunas de mucha importancia, lo que convierte a los humedales en una fuente vital (de agua y alimentos) para animales silvestres y/o domésticos, e incluso para los mismos habitantes de las comunidades.

Otro factor que determina el rápido deterioro de los humedales, es la construcción de caminos de penetración y caminos internos en los sembradíos de arroz, los cuales obstruyen la circulación natural del agua y no permiten el desempeño natural del ecosistema (Fig. 4). La situación se agrava con el uso de agroquímicos de alto poder residual, que, en muchos casos, están mezclados con aceites agrícolas que envenenan aves acuáticas de “bajuras” y otros animales que consumen agua y alimentos contaminados.

3 La recarga consiste en la bajada del agua a los acuíferos, y la descarga consiste en la subida del agua que se convierte en aguas superficiales en un humedal.


Figura Nº 4: Humedales con obras de drenaje.


A continuación, se presenta una aproximación del área de cultivos tradicionales de arroz sembrados por campesinos y otros datos adicionales:

� La superficie sembrada llegó a un máximo de 40 mil hectáreas en los años 2006 y 2007.

� Más del 70% de los cultivos de arroz se siembran en terrenos alquilados que han dejado de ser áreas de pastoreo. Muchas de estas áreas son nacientes de ríos secundarios y de arroyos.

� El cultivo del arroz demanda un alto uso de agroquímicos selectivos de alto poder residual, que no están siendo controlados.

� La producción, en absoluto, no deja ingresos a la región; tampoco emplea mano de obra, ya que la relación es de 1 persona por cada 100 hectáreas, incluso este personal proviene de otros lugares del país.

� No se ha evidenciado ningún tipo de control por parte instituciones estatales.

Por falta de capacidad local, la mayor parte de la producción de arroz es transportada en bruto hacia Santa Cruz, donde se cuenta con ingenios industriales4. Una pequeña parte es beneficiada (“pelada”) en Trinidad, en pequeños ingenios instalados en Puente San Pablo y en los mismos lugares de cultivo.

4 Fuente: Productores de arroz entrevistados.


6. El Bosque de Chimanes

El Bosque de Chimanes sigue siendo una de las áreas forestales de mayor potencial del país, a pesar de la eliminación comercial de la mara (Swietenia macrophylla). Ubicado a medio camino entre Santa Cruz y La Paz, ha sido relativamente protegido por los procesos de colonización y deforestación. Fue el punto focal que precipitó la marcha “por el Territorio y la Dignidad” del año 1990. Es una de las áreas indígenas de mayor importancia del país, donde conviven cuatro pueblos indígenas, que dio inicio a las TCO’s en Bolivia. En cumplimiento con el Decreto Supremo 22611, a partir del año 2011 las concesiones forestales pasarán a ser parte de las dos TCO’s del área.

En los últimos años se han establecido supuestas propiedades al interior de las concesiones forestales, en su mayoría, por personas de los centros urbanos San Borja y San Ignacio que, sabiendo del estado de abandono de las concesiones, han iniciado trámites con el INRA para consolidar derechos de propiedad. El caso más alarmante sucedió en agosto de 2009, cuando un grupo organizado de 120 familias campesinas de San Borja se asentaron dentro de la concesión Fátima. El movimiento fue dirigido por un ex-trabajador de dicha empresa, alentado por la Alcaldía de San Borja. Fue necesaria la presencia de autoridades nacionales del INRA y la Defensoría del Pueblo para lograr un desalojo pacífico.

La construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos afectará esta zona, pasando por el extremo sur. Siendo tierras presuntamente fiscales hasta el momento de la transferencia a los territorios indígenas, será el objeto de nuevas infiltraciones de colonos desde el Chapare.

7. Problemas urbanos en ciudades intermedias: Trinidad, Riberalta, GuayaramerÍn, San Borja, San Ignacio, Santa Ana Y Rurrenabaque

7.1. Residuos sólidos y líquidos

Las únicas ciudades que cuentan con servicios municipales de aseo urbano son Trinidad y Riberalta. Otras ciudades intermedias con poblaciones mayores de 15 mil habitantes, como San Borja, Santa Ana y San Ignacio, no han podido consolidar servicios regulares. Permanece una mentalidad entre la


ciudadanía de que “no genera basura en sus hogares”, por tanto, no requiere de un servicio municipal, y mucho menos sentir la necesidad de pagar por un servicio de aseo urbano.

En Trinidad, la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUT) pasa por una profunda crisis. En años anteriores fue una de las mejores empresas municipales del país, registrando superávit anual; pero por cuoteo político, fue desarticulada y entró en una crisis financiera donde se perdió maquinaria. Por esta razón, ha pedido apoyo a la Fuerza Binacional en el uso de maquinaria para cumplir con los cronogramas de recojo. Por otra parte, el relleno sanitario ha concluido su vida útil y no se ha avanzado con planes para abrir uno nuevo.

La situación es particularmente grave en Riberalta, con una población estacional de cerca de 100 mil habitantes, la empresa municipal depende directamente de la dirección política de la Alcaldía. El botadero municipal ha sido declarado un desastre ambiental”, ya que por la baja frecuencia en el recojo de la basura, se acumula basura en las viviendas y lugares públicos, con la consiguiente proliferación de moscas y malos olores (Fig. 5).

Figura Nº 5: a) Sistema de recojo de basura en San Borja. b) Botadero municipal de Riberalta.

7.2. Residuos líquidos en ciudades intermedias

Las únicas ciudades con sistemas de tratamiento de aguas servidas son Trinidad y Riberalta; aún así, solo abarca a la mitad de la población urbana. En Riberalta, donde tampoco se cuenta con acceso al


agua por cañería, la mayoría de la población se provee de agua de norias de poca profundidad, lugares que reciben contaminación de las letrinas de los lotes adyacentes.

7.3. Crecimiento urbano sin planificación de infraestructura ni servicios

En Trinidad, el crecimiento de la mancha urbana en los últimos 10 años, ha sido completamente contrario a la planificación oficial. A partir de 1997, el río Mamoré cambia su curso, alejándose varios kilómetros de la ciudad de Trinidad; por lo cual, durante varios años, las inundaciones anuales no afectan sustancialmente a estas “zonas negras”.

A pesar de las prohibiciones establecidas por el Plan Regulador, empiezan a establecerse asentamientos no planificados en estas zonas fuera de la circunvalación. Hasta la fecha, se han formado 20 barrios con más de 1.600 familias y 10.723 personas (poco más del 10% de la población de la ciudad de Trinidad) en las llamadas “zonas negras”.

Entre los años 2007 y 2008, por efectos de los fenómenos El Niño y La Niña, ocurrieron las inundaciones más severas registradas hasta la fecha. En este sentido, a partir del año 2009, se construyó una serie de anillos de protección.

8. Quemas de las pampas sin control ni planificación

Permanece la práctica generalizada de quemar las pampas para la renovación de pastos. Estos incendios descontrolados invaden permanentemente a los bosques adyacentes. Se han evidenciado muchos casos donde el bosque de las comunidades ha sido quemado y se han destruido mejoras. De manera regular, en época de quema se clausura los aeropuertos por la poca visibilidad (Fig. 6a).

En el 2005 hubo un incendio particularmente catastrófico, que afectó más de 50 mil hectáreas y casi llegó a penetrar al área urbana de Riberalta. Además de viviendas, se destruyeron extensas plantaciones agroforestales en etapa de producción.

El uso de los permisos de quema de pastizales es incipiente, se continúa practicando la quema en las épocas más secas, cuando el riesgo es mayor. En octubre de 2009 se registraron más de 550 focos de calor en el Beni (Fig. 6b).


Figura Nº 6: a) Cierre de aeropuertos por la humareda. b) Más de 500 focos de calor en el Beni (11 de octubre 2009).

9. Minería

La actividad minera está concentrada en el Cerro San Simón, en el municipio de Baures, donde se practica la minería de perforación en el escudo brasilero. Una empresa canadiense tiene una concesión minera para la exploración, aunque oficialmente no ha entrado en la etapa de explotación. Asimismo, también operan un número de pequeñas cooperativas mineras.

Riberalta es la base de la Asociación de balseros, cuyos 200 miembros extraen oro aluvial mediante pequeñas dragas. Sus operaciones se concentran exclusivamente en el río Madre de Dios en el departamento de Pando.

Recientemente se ha confirmado operaciones clandestinas de extracción de oro aluvial dentro de la TCO Chimane, sobre el río Manique. Estas operaciones no cuentan con ninguna autorización por parte de las autoridades nacionales, departamentales, ni de la propia TCO.


10. Inundaciones por efectos del Cambio Climático

Las diversas regiones de Bolivia están padeciendo los efectos del cambio climático. Durante los años 2007 y 2008, el llamado “fenómeno de El Niño” se manifestó en las tierras bajas en graves desbordes climatológicos, que destruyeron las bases productivas y de habitabilidad de miles de familias.

El departamento de Beni fue el más afectado de todo el país, ya que las lluvias intensas y el desborde de sus ríos están provocaron las inundaciones más graves de los últimos 25 años, particularmente en la zona central de esta región. Varios centros poblados y gran parte del área rural en esta zona, estuvieron bajo el agua. Se reportaron pérdidas de más de 20 mil hectáreas de cultivos (particularmente arroz) y alrededor de 25 mil cabezas de ganado.

El área poblada más afectada fue la ciudad de Trinidad y sus alrededores, donde 14 barrios completos fueron inundados y sus pobladores tuvieron que dejar sus viviendas y alojarse en refugios temporales. Se registró un total de 14.575 personas refugiadas en esta ciudad, correspondiente a 2.893 familias; las cuales se encontraron, durante cuatro meses, en condiciones precarias y en alto riesgo sanitario y ambiental.

Si bien el daño es general en el departamento, la parte central de la Cuenca fue la más afectada, la cual incluye a Grande o Guapay, Ichilo y Mamoré con sus afluentes Chapare, Isiboro, Sécure, Ichoa, Ibare, Tijamuch, Apere, Rapulo, Yacuma y otros de menor importancia.

El registro de las inundaciones de 2007 y 2008 dan cuenta no solo de los cambios climáticos, sino la influencia local del uso del suelo y obras de infraestructura. Particularmente el 2008, la secuencia de inundación fue distinta a años anteriores; el río Ibare rebalsó antes que el Mamoré y las propiedades en la boca del río Grande se inundaron con aguas negras que provenían del monte, cuando el Mamoré todavía tenía 50 cm de barranco.

Una de las causas probables de estas últimas inundaciones, son el cambio del suelo y la deforestación en la zona soyera de San Julián en Santa Cruz. Además, un canal de drenaje muy próximo al río Grande, abierto por empresarios de Santa Cruz, facilitó que este río se desborde sobre la llanura y el Ibare. Por otra parte, el camino a Camiaco recientemente levantado actuó como represa, desviando las aguas hacía la ciudad de Trinidad en vez de seguir su curso al Mamoré.


11. Desempeños institucionales a partir del estado y nivel de cumplimiento en la aplicación de políticas públicas y normas ambientales

11.1. La Prefectura Departamental

La Prefectura del Beni cuenta con seis Direcciones Departamentales, entre ellas la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales con cinco unidades: Desarrollo Forestal, Planificación Territorial, Áreas Protegidas, Gestión Ambiental y Control de Uso de la Biodiversidad.

Uno de los problemas de la Dirección Departamental de Medio Ambiente, es su crónica falta de presupuesto y personal calificado. En este contexto, opera en base a proyectos y no en base a sus roles y funciones; además de su aislamiento y poca incidencia en el accionar del resto de los departamentos, unidades y programas. Sin embargo, desde el 2006 se ha exigido la presentación de fichas ambientales de todos los proyectos prefecturales, en un esfuerzo de cumplir con la legislación ambiental.

Lo más destacable es el Programa de Aprovechamiento del Lagarto, que actualmente opera de manera estable todos los años; ya no está plagado de críticas de corrupción y mal manejo, como lo estaba en años anteriores, existen mejores condiciones de información por parte de los cazadores para negociar los términos de venta. El aprovechamiento comercial de la fauna silvestre se ha convertido en una actividad importante para las comunidades y la base de una industria pujante que ha logrado exportar productos de alto valor agregado y gestión de calidad.

No existen los mecanismos para hacer cumplir el Plan de Uso de Suelos del Beni que, hasta hoy, es simplemente ignorado, en especial al momento de elaborar instrumentos como los Planes de Ordenamiento Predial.

11.2. Autoridad de Bosques y Tierra (ex - Superintendencia Forestal)

A pesar de la poca presencia de personal en el Departamento de Bosques y Tierra, logra cierto control sobre la actividad forestal. Cuenta con apenas tres oficinas y un solo puesto fijo de control forestal.


Sin embargo, ha tomado iniciativas importantes frente a los desmontes ilegales en el Monte San Pablo, aplicando multas e iniciando procesos penales contra los infractores.

11.3. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

En los últimos años, la gestión del INRA ha tenido un cambio marcado. Anteriormente, aplicaba el principio de que las tierras fiscales comienzan donde se agotan los derechos privados, y aceptaban “tramites voladores” sin referencias geográficas y con mejoras recientes para justificar la FES. Por ejemplo, la Declaración de Reservas Forestales Municipales debe estar respaldada por un informe, declarando el área libre de derechos propietarios de terceros conocida como “certificado de disponibilidad cierta”, lo que hace depender todo el proceso de los avances del saneamiento.

La actual administración tiene una actitud más pro-activa, iniciando importantes procesos, como el desalojo de colonos y reversión de pericias de campo. Tanto en los casos de los menonitas como en el bosque de Caimanes, asumen que las tierras son fiscales a menos que se demuestren los derechos privados.

11.4. Áreas Protegidas

En el año 2005, se crea el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SDAP) y la Dirección Desconcentrada de Áreas Protegidas (DAP). Existe un total de 19 áreas protegidas en el departamento del Beni, que cubren aproximadamente seis millones de hectáreas; de las cuales dos son privadas, cinco son municipales, ocho son departamentales y cuatro son nacionales (Fig. 7).

Entre las Áreas Protegidas Nacionales están la Reserva Pilón Lajas, el TIPNIS, la Estación Biológica del Beni (EBB) y el Parque Noel Kempf Mercado (solo unas cuantas hectáreas). Las primeras dos tienen administración compartida con los territorios indígenas del mismo nombre; sin embargo, se nota un centralismo en su administración y poco se integra en la visión de desarrollo sostenible departamental. La EBB actualmente se encuentra sin director y su base de operaciones en la Estancia Porvenir, perteneciente a la Academia Nacional de Ciencias, se quemó el 2008 con una pérdida importante de infraestructura.


De las áreas departamentales, solo la Reserva Itenez cuenta con administración, bajo la dirección de la Prefectura y con financiamiento y colaboración de la WWF.

Figura Nº 7: Mapa de áreas protegidas.



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