ATROPELLOS A LOS DERECHOS HUMANOS REGISTRADOS DURANTE

EL AÑO 2013

Quito, 10 de diciembre de 2013

Al conmemorarse 65 años de la aprobación de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones

Unidas; ONU, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU señala los

principales atropellos registrados por nuestra organización, durante este año1 y que dan

cuenta de que al Estado aún le falta adoptar medidas de distinta índole para garantizar el

pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Su obligación no descansa en que se

abstenga de incurrir en conductas violatorias de derechos humanos, sino que debe

emprender medidas positivas (adopción de políticas públicas, prevención general y

especial, regulación legal, etc.) para la prevención y protección de los derechos

humanos de las personas que están en el territorio nacional.

De enero a octubre de 2013, la CEDHU registró denuncias en relación a

violaciones del derecho a la vida; derecho a la integridad personal; derechos de las

personas privadas de libertad; derecho a la libertad de expresión y de opinión; derecho a

la salud; derecho a la educación que se detallan a continuación.

Derecho a la vida

La vida es la base fundamental para el disfrute de los demás derechos. Es el

principio de la existencia de las personas y como tal y a partir de esta, se puede gozar y

exigir el cumplimiento de los demás derechos.

1 El presente documento contiene información de los expedientes registrados en la Base de Datos de laCEDHU, de enero a octubre de 2013.

Para garantizar el derecho a la vida, el Estado, además de establecer condiciones

adecuadas para una vida digna de sus habitantes. Cuando existe una vulneración a este

derecho, tiene la obligación de investigar, identificar, enjuiciar y sancionar a los

responsables de dichas muertes violentas; en especial, aquellas en las que se presumen

la existencia de fundados indicios de participación de agentes del Estado, a fin de que

no queden en la impunidad y como una forma de prevenir que hechos similares vuelvan

a ocurrir.

De enero a octubre de 2013, la CEDHU registró 59 homicidios, entre los que

constan 2 ejecuciones extrajudiciales, 48 femicidios y 4 homicidios bajo custodia.

Gráfico 1

Fuente: Banco de Datos de la CEDHU

Elaborado por: CP. Noviembre 2013

Como se observa en el gráfico 1 el mayor número de violaciones del derecho a

la vida corresponde a los femicidios, que son la violencia extrema contra la mujer, por el

hecho de serlo. Causa preocupación la saña en el cometimiento de estos delitos. Se han

encontrado cuerpos de mujeres incinerados, degollados, descuartizados y con heridas de

arma blanca o de arma de fuego. En varios casos, son previamente abusadas

sexualmente, incluso estas violaciones ocurren en presencia de sus hijos e hijas.

La mayoría de los casos se producen en el entorno familiar así, en 30 casos de

los 48 registrados, el agresor es la pareja o ex pareja de la víctima, sea cónyuge,

conviviente, novio o enamorado, entre otros. En la mayoría de los casos las víctimas

vivían en un entorno de violencia conforme relatan vecinos o familiares.

Hasta octubre, el mayor número de femicidios se han registrado en la provincia

de Pichincha (13 femicidios), le sigue la provincia del Guayas (9 femicidios). Las

provincias del Azuay y El Oro (4 femicidios por provincia). Esmeraldas, Imbabura,

Manabí y Tungurahua (3 femicidios por provincia), Chimborazo (2 femicidios) y

Cotopaxi, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe (1 femicidio

por provincia), conforme se observa en el gráfico 2.

Gráfico 2

Fuente: Banco de Datos de la CEDHU

Elaborado por: CP. Noviembre 2013

El Estado está obligado a efectuar acciones de prevención como campañas de

sensibilización dirigidas a toda la colectividad a fin de cambiar la cultura machista y

violenta de nuestra sociedad, crear casas de acogida para las mujeres víctimas de

violencia doméstica, legislar penalmente, ya que si bien tipificar el “femicidio” no va a

acabar per se, con dichos crímenes, pero sí transmite un mensaje a la sociedad, de que la

vida de las mujeres se respeta, además debe sancionar a los responsables, etc.

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales se observa que resultan de supuestos

enfrentamientos en los cuales no existe un adecuado uso progresivo de la fuerza y el uso

del arma de fuego como último recurso. Por ejemplo, en el mes de mayo, en

Esmeraldas, fallecieron dos personas y otras dos resultaron heridas durante un operativo

policial. Según el parte, los moradores del sector evitaron la captura de un sospechoso

que se refugió en una casa. Un policía ingresó arbitrariamente a dicha vivienda y realizó

disparos hiriendo a cuatro personas incluida una menor de 8 años de edad. El Tribunal

Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas está próximo a fijar la audiencia de

juzgamiento por el delito de homicidio, en contra del policía involucrado.

También se han registrado casos de muertes bajo custodia como el caso de una

persona privada de libertad que falleció con 19 puñaladas, el 04 de julio de 2013, en el

Penal García Moreno de la ciudad de Quito, cuando fue atacado por otro privado de

libertad.

La directora del centro comunicó con anterioridad a las autoridades sobre las

amenazas de muerte que recibió el occiso y solicitó se lo traslade a otro lugar a fin de

precautelar su vida e integridad. No obstante, este pedido no tuvo respuesta de forma

oportuna. De igual manera comunicó que el número de custodios es por demás reducido

para la cantidad de personas privadas de libertad que existen en el centro. Situación que

pone en riesgo la vida e integridad no sólo de las personas privadas de libertad, sino del

resto de personas que trabajan en el centro.

En el mes de mayo, una persona privada de libertad presuntamente se suicidó en

la Unidad de Flagrancias de la ciudad de Quito. Un daño en la cámara de seguridad,

impidió conocer las circunstancias reales de la muerte de esta persona que fue

sentenciado a cinco días de prisión por violencia intrafamiliar.

Derecho a la integridad personal

El derecho a la integridad personal, implica que ninguna persona pueda ser

lesionada o agredida física o sexualmente, ni ser víctima de daños mentales o

emocionales que le impidan conservar su bienestar en general. Nadie puede ser

sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por consiguiente, se deben adoptar medidas eficaces y oportunas para erradicar

la tortura, las agresiones físicas, los tratos crueles inhumanos y degradantes, que

lesionan la vida e integridad de las personas. Es necesario impulsar investigaciones

exhaustivas e imparciales de las denuncias contra miembros de la Fuerza Pública, así

como la rendición de cuentas respecto de estas denuncias.

De enero a octubre de 2013, la CEDHU registró 131 víctimas de agresiones

físicas y 15 víctimas de tortura. En el mes de enero, un estudiante de la Escuela de

Formación de Policías de la parroquia de Tambillo, provincia de Pichincha, no realizó

de forma adecuada unos ejercicios. Como castigo fue obligado a tomar doce litros de

agua y horas más tarde presentó problemas médicos, por lo que fue intervenido de

emergencia en una casa de salud. Actualmente el joven se encuentra en estado

vegetativo, mientras la Fiscalía investiga las causas por las que el estudiante quedó en

ese estado.

Derechos de las personas privadas de libertad

Las personas que han perdido su libertad, no dejan de ser personas y en

consecuencia deben ser tratadas como tal porque no han perdido sus derechos. Por lo

tanto, es responsabilidad del Sistema de Rehabilitación Social, generar condiciones

adecuadas para garantizar a quienes están bajo su custodia, el pleno ejercicio de sus

derechos. No obstante, en la práctica, se ha observado falencias que impiden la

materialización de los derechos garantizados a favor de este grupo de personas.

De enero a octubre de 2013, la CEDHU registró como víctimas de hacinamiento

a una población de 22.202 personas privadas de libertad, las cuales normalmente son

víctimas también de violencia intracarcelaria, tratos crueles, inhumanos y degradantes;

traslados arbitrarios; mala alimentación; problemas de salubridad; deficiente atención

médica, lentitud judicial.

Hacinamiento y violencia intracarcelaria.-

El hacinamiento y la falta de control, son factores que reproducen la violencia al

interior de los centros de privación de la libertad, así por ejemplo a mediados de junio

una persona fue asesinada en la cárcel conocida como La Roca y otra en el Penal García

Moreno. En el mes de junio, en la cárcel de Machala, se reportó 11 internos que fueron

heridos en un incidente con armas de fuego. En días anteriores los guardias alertaron

sobre posibles incidentes violentos, pero las unidades de policía y ambulancias se

trasladaron hasta después de ocurrido el hecho.

El 24 de marzo de 2013, un medio de comunicación realizó una visita a siete

cárceles del país en las que constató que el pago de dinero a cambio de vivir en mejores

condiciones, aún se mantiene. En el Ex Penal García Moreno de la ciudad de Quito, los

internos ofrecen a otros, desde un celular que se cotiza a partir de $ 60,00 hasta una

pistola cuyo valor alcanza los $ 1.000 o un cuchillo que vale $ 40,00. Las guías con

guantes desechables revisan a las mujeres en sus partes íntimas. Un escáner que debería

funcionar para detectar objetos no permitidos en fundas o mochilas, no es utilizado.

Mientras que un detector de metales no se activa ni al paso de monedas.

Según este recorrido, en las cárceles de Machala y Quevedo el control es menos

riguroso. Al interior se observan celulares y computadoras portátiles en manos de los

privados de libertad. En la cárcel de Quevedo existe un cuarto conocido como “la

cuarentena” en el que permanecen los que no pueden pagar por vivir en mejores

condiciones, las personas duermen en el piso mientras los roedores se pasean sobre su

cuerpo. Para estar en una celda privada o compartida hay que pagar desde $ 2,000 a $

3.000 o más según la persona que ingresa. Los pagos para vivir en mejores condiciones

también ocurren en la cárcel de la ciudad de Cuenca.2

Tratos crueles, inhumanos y degradantes.-

En octubre de 2013, un familiar de una persona privada de libertad, denunció

que en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas no se observa el más mínimo

respeto a la dignidad humana, los detenidos tienen una pésima alimentación y son

agredidos física y psicológicamente por los guías penitenciarios con golpes y balas de

goma. Los hombres más fuertes llamados “caporales” extorsionan a los más débiles

para no ser castigados con golpizas. Ninguna autoridad encargada del Sistema de

Rehabilitación visita las cárceles para escuchar a los privados de libertad y constatar las

anomalías de corrupción que se dan internamente. Los guías amenazan a los internos

con ponerles informes negativos de disciplina si denuncian los atropellos de los cuales

son víctimas.

Las mujeres privadas de libertad, también reciben constantes malos tratos por

parte de los guías penitenciarios, hay discriminación y como en el caso de la cárcel de

mujeres de la ciudad de Quito, hay un índice de lesbianismo que se ha incrementado y

que afecta a las mujeres heterosexuales al momento de compartir las celdas.

Traslados arbitrarios.-

Las denuncias por traslados arbitrarios y peticiones de traslado negadas, también

son recurrentes. En ciertos casos, las personas privadas de libertad, son amenazadas por

sus compañeros de celda o por guías penitenciarios, por lo que solicitan un lugar más

seguro. En otros casos están alejados de sus familiares, lo que imposibilita recibir visitas

2 El Universo, “Cárceles inseguras, están dominadas por mafias que extorsionan”, en El Universo,Guayaquil, 24 de marzo de 2013, http://www.eluniverso.com/2013/03/24/1/1422/carceles-inseguras-estan-dominadas-mafias-extorsionan.html

de sus seres queridos. No obstante, la mayor parte de peticiones son negadas con el

argumento de que se trata de personas de alta peligrosidad.

Así, en enero de 2013, un interno de la cárcel de la ciudad de Ambato tuvo un

incidente con los guías penitenciarios cuando le encontraron un celular en su poder y le

quitaron. El privado de libertad fue arrastrado, golpeado por los guías y llevado al

calabozo en donde estuvo incomunicado por tres días. Posteriormente fue trasladado a

la cárcel de La Roca bajo el argumento de que es de “alta peligrosidad,” sin que sus

familiares conozcan su paradero. El detenido estaba sentenciado a un año de prisión por

el delito de robo. Mientras permaneció en el calabozo, uno de los guías se realizó un

examen médico para argumentar que fue agredido por el interno y cuando éste salió del

calabozo, le realizaron un examen médico que por el paso del tiempo no registró mayor

huella de agresión. Los familiares del perjudicado, denunciaron la alteración del parte

que fue presentado por los guías a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

En febrero de este año, otro interno fue trasladado de la cárcel de la ciudad de

Ibarra a la Penitenciaría del Litoral de la ciudad de Guayaquil. Los familiares

denunciaron que el Director de la cárcel de Ibarra, presentó a la DNRS dos partes

diferentes a fin de justificar el traslado del detenido. En enero de 2012, tras una balacera

en la cárcel de La Roca un interno fue amenazado de muerte, los familiares solicitaron

su traslado a fin de precautelar su vida e integridad personal, pero el pedido fue negado.

El 08 de septiembre de 2013 una granada fue lanzada al interior de la celda de dicho

detenido que resultó con graves heridas y fue trasladado a un centro de salud. Los

familiares responsabilizaron a las autoridades por la vida e integridad personal del

privado de libertad.

Mala alimentación.-

En cuanto a la alimentación por ejemplo, un medio de comunicación, visitó el

centro de detención provisional de la ciudad de Quito en donde constató entre algunas

cosas, que está prohibido el ingreso de alimentos cocidos o que deban ser cocinados,

frutos que puedan fermentar, enlatados, avena, snacks.

Frente a esta medida, los familiares acuden a los guías para que compren

alimentos y entreguen a los detenidos. En estas circunstancias, un pollo que afuera

cuesta entre $ 7,00 y $ 8,00 llega a costar hasta $ 30,00. Las personas privadas de

libertad reciben poca comida al punto que cada día, entre 15 y 20 internos se quedan sin

alimento, porque no alcanza para todos, en ocasiones únicamente se sirve media

salchicha con arroz. Los horarios de las comidas tampoco se respetan. Los almuerzos se

sirven primero en la cárcel 3, que está junto a este centro, por lo que las personas

almuerzan cerca de las 16H00 y meriendan pasada las 20h00. El desayuno consiste en

un café en agua con un pan.3

Problemas de salubridad.-

Igualmente en el CDP de Quito, los detenidos cuelgan sus cobijas en diferentes

niveles de altura para dormir como si se tratara de hamacas. En el piso existen decenas

de colchones delgados de esponja donde las personas se acomodan una junto a otra. Por

las noches les falta el oxígeno y en algunas ocasiones quienes duermen en hamacas,

caen encima de quienes duermen en el piso. Existen colchones hasta en el baño, en

medio de sus alimentos y pertenencias. Se realizan largas filas para utilizar el baño y

apenas existe una ducha para más de 50 personas. Dormir sin compañía en una cama

llega a costar hasta $400,00. Debido al espacio tan reducido, sólo puede ingresar una

visita por detenido.4

Pese a que en noviembre de 2012, el Juez Baltazar Garzón constató que la cárcel

de mujeres de Quito no cumple con los estándares internacionales que requieren los

centros penitenciarios, en la actualidad existen apenas dos duchas para

aproximadamente 50 mujeres que permanecen recluidas en una sección. Existen tres

sanitarios, de los cuales apenas dos funcionan, pese a que están en mal estado. Las

cañerías están en malas condiciones y la cantidad de agua que sube a esta sección es

muy limitada. Las celdas son de aproximadamente 2x2.5 metros y en este espacio caben

hasta cinco mujeres, algunas embarazadas y con niñas y niños pequeños. Colocan

maderas y colchones en la parte media superior de la celda, a fin de acomodarse en un

espacio tan reducido.

Deficiente atención médica

En la cárcel de mujeres de la ciudad de Quito hay apenas 1 odontólogo, 1

ginecólogo (sexo masculino) y 1 psicólogo para aproximadamente 780 mujeres. Existen

3 El Comercio, “En el CDP de Quito hay detenidos que pagan hasta para dormir en el piso”, en ElComercio, Quito, 19 de noviembre de 2013, http://www.elcomercio.com/seguridad/CDP-Quito-detenidos-costos-carceles_0_1032496831.html

4 Ibídem.

2 médicos generales que atienden en la mañana de 08H00 a 12H00 y por la tarde de

14H00 a 17H00. Es decir, que si una mujer privada de libertad presenta una emergencia

fuera del horario de atención, debe esperar hasta el siguiente día para ser atendida. Si se

trata de casos de emergencias, se ven obligadas a pedir auxilio al 911 que, según se

denunció, no acude en todos los casos. También hacen falta más medicinas para el

tratamiento de enfermedades graves.

A mediados de este año, una mujer detenida en la cárcel de la ciudad de Ibarra,

fue operada de hemorroides. Pero su cuadro clínico post-operatorio se complicó y le

produjo fuertes dolores y hemorragia, por lo que el médico tratante solicitó sea

trasladada de urgencia hasta una casa de salud de Quito a fin de evitar que se produzca

gangrena. Al principio, las autoridades penitenciarias no gestionaron su trasladado.

Únicamente un guía le administró un calmante y le colocó un suero.

Mujeres de la cárcel de Quito, también denunciaron que existe discriminación y

malos tratos por parte de los guías penitenciarios en contra de las internas, quienes

prefieren no identificarse por temor a represalias que afectan en lo posterior a sus

pedidos de rebaja de penas. Las afectadas solicitan a las autoridades, capacitar al

personal de guías penitenciarios a fin de sensibilizarlos en el trato con las personas

privadas de libertad.

Derecho a la libertad de expresión y de opinión

Causa preocupación la persecución política y la criminalización de las acciones

desarrolladas por sectores como: trabajadores, indígenas, mujeres, estudiantes,

organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general que se ha movilizado para

reclamar sus derechos. La Constitución garantiza el derecho de las personas a

expresarse, reunirse y manifestarse libremente. De igual manera garantiza el ejercicio

del derecho a la resistencia como un mecanismo de exigibilidad de respeto y garantía

de los derechos humanos. No obstante, este reconocimiento constitucional, se utiliza el

derecho penal como instrumento de represión contra las personas que protestan y

ejercen el derecho a la resistencia, a través de la iniciación de juicios penales de

terrorismo, sabotaje o rebelión y por ende la imposición de penas privativas de la

libertad que resultan completamente desproporcionales a los hechos.

Uno de estos casos, ocurrió el 22 de febrero de 2013, en las afueras de un

colegio de la ciudad de Quito, cuando un grupo de estudiantes fueron agredidos y

detenidos por miembros de la Policía Nacional durante una manifestación estudiantil. 55

estudiantes menores de edad fueron llevados al Centro de detención de menores

“Virgilio Guerrero” y sancionados a siete días de servicio comunitario en Unidades de

Policía Comunitaria. Mientras que, 12 estudiantes de entre 18 y 19 años fueron llevados

al Centro de Detención Provisional y acusados del delito de rebelión, siendo

condenados por los tribunales en un proceso lleno de irregularidades.

Durante la sabatina del 31 de agosto, el Presidente de la República expresó que

“hay estudiantes protestando y personas que se esconden detrás de ellos. Si salen a

protestar, se les retirará el cupo para cualquier establecimiento público.” De esta forma

amenazó a los estudiantes que protesten por el tema de la explotación petrolera en la

zona intangible del Yasuní. En las redes sociales, hubo múltiples comentarios a favor y

en contra de las afirmaciones del Jefe de Estado.5

Con la finalidad de cuestionar estas prácticas recurrentes, el 04 de septiembre de

2013, en la ciudad de Quito, se conformó un Tribunal Ético por la Justicia que realizó

un análisis jurídico de casos, cuyos demandados fueron condenados por los delitos de

terrorismo, sabotaje, rebelión y otros. Este Tribunal resolvió condenar entre otros

aspectos, el uso desproporcionado de tipos penales para restringir el derecho a la

libertad personal y a la resistencia, garantizados en la Constitución de la República.6

Pese a que los meses de noviembre y diciembre no se encuentran en el período

de análisis del presente informe, causa preocupación la disolución de la Fundación

Pachamama7, realizada el pasado 04 de diciembre de 2013, bajo la acusación de atentar

contra la seguridad interna del Estado y afectar la paz pública. El cierre de esta

organización se sustenta un decreto dictado por el Ejecutivo hace algunos meses y que

viola la Constitución y los estándares y principios internacionales que protegen el

derecho a la libertad de asociación. Este decreto se encuentra a la espera de un

pronunciamiento de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

Derecho a la salud

De enero a octubre de 2013, la CEDHU registró 73 víctimas de violaciones al

derecho a la salud. Entre estas violaciones tenemos: falta de medicamentos terapéuticos,

5 http://youtu.be/zjSFYztimiw6 http://cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=239%3Atribunal-etico-por-

la-justicia-condeno-la-criminalizacion-de-la-protesta-social&Itemid=427 La Fundación Pachamama es un colectivo que trabaja en la preservación de la biodiversidad y la

diversidad cultural del Ecuador, fortaleciendo las capacidades de las comunidades locales para unmanejo de su territorio orientado al Buen Vivir, el desarrollo de alternativas productivas sostenibles yel cumplimiento pleno de los derechos de la naturaleza y de los colectivos

negación de atención médica, condiciones hospitalarias deficientes, entre otras. En el

mes de agosto, por ejemplo, dos neonatos murieron a pocos minutos de haber nacido

vivos en la maternidad de la ciudad de Esmeraldas.

Una parturienta acudió a la maternidad pero no recibió atención médica, los

galenos le manifestaron que aún no era hora del parto. Al siguiente día, su embarazo

presentó complicaciones por lo que, le programaron una cesárea. La recién nacida fue

declarada muerta a la media hora después de la intervención. En el segundo caso, luego

de practicarle una cesárea a la parturienta, le entregaron una niña muerta. Pero días

anteriores la mujer se realizó un eco y dio como resultado que el hijo que esperaba era

de sexo masculino. El caso se investiga en la Fiscalía.

En cuanto a la falta de medicamentos, en el mes de septiembre, un grupo de

jóvenes que padecen de cáncer, denunciaron que la inversión que el Estado realiza en

salud, no se refleja en la mejora de la atención médica. Los hospitales no poseen el

número suficiente de camas ni medicinas y la programación de citas demoran

demasiado tiempo. Las cirugías están en espera y falta espacio en las áreas de consulta

externa. Esta situación ocasiona que algunos pacientes mueran, cuando pudieran

sobrevivir, si contaran con una adecuada atención médica.

También persiste el malestar de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, IESS. El servicio del call center está colapsado. La asignación de citas

médicas se realiza hasta después de dos o tres meses, en el mejor de los casos, pues en

otros casos se manifiesta a los pacientes que las agendas de los médicos están ocupadas

y que sigan insistiendo sin ningún resultado. El afiliado primero debe solicitar una cita

con un médico general y después esperar hasta dos o tres meses para que un médico

especialista conozca su caso, mientras tanto los exámenes médicos que se realizan en la

primera cita, pierden vigencia.

En los centros de salud privados con los cuales existen convenios con el IESS se

ha establecido una tabla de medicamentos que se distribuyen indistintamente a todos los

afiliados, sin poder acceder a medicamentos de mejor calidad como los demás usuarios

de los centros de salud privados, lo cual constituye un hecho discriminatorio. Mientras

las personas se encuentran a la espera de una solución, las autoridades se han mostrado

indolentes ante esta situación.

Derecho a la educación

De enero a octubre de 2013, la CEDHU registró un promedio de 26.655 víctimas

de violaciones del derecho a la educación. Entre estas violaciones están: condiciones

escolares deficientes, educación represiva, suspensión de estudiantes, entre otras. Con la

implementación del sistema de asignación de cupos según el domicilio de los

estudiantes, se han reportado una serie de irregularidades que lesionan el derecho a la

educación. Así, en agosto de 2013, padres y madres de los estudiantes denunciaron la

asignación de cupos en establecimientos ubicados fuera del distrito de sus domicilios.

Varias niñas y niños fueron situados en la sección nocturna de los planteles educativos.

En otros casos, los estudiantes cuyos hermanos estudiaban en el mismo plantel,

fueron reubicados en planteles diferentes. Debido al incremento del número de

estudiantes, muchas escuelas y colegios iniciaron clases con sus alumnos sentados en el

suelo como el caso del Colegio Mejía, ubicado en la ciudad de Quito, en donde las

autoridades del plantel solicitaron la reposición del mobiliario dado de baja por viejo,

pero dicha petición no fue atendida de forma oportuna. En esta institución estudian

aproximadamente 5.000 alumnos y anteriormente se ubicaban a 34 alumnos por aula.

Ahora en cambio, se acomodan 40 estudiantes en un aula. Según el Subsecretario de

Coordinación Educativa, cerca de 93.000 estudiantes han migrado a la educación

pública lo que ha generado en hacinamiento en los planteles fiscales.

En el mes de octubre, se denunció el pésimo estado en el que se encuentra la

Escuela República de Filipinas, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Junto a este plantel,

existe un canal de agua mal oliente y con un cúmulo de bancas viejas a un costado. En

los salones existen bancas remendadas de madera, pizarrones carcomidos y una

diminuta sala de computación. Una parte de las sillas plásticas están enterradas en una

grieta que se formó junto a la pared.

En la misma zona, existe otro establecimiento que fue remodelado, tras las

quejas de los padres y madres de familia. En este plantel, no hay suficientes bancas para

los estudiantes y los niños reciben clases en el suelo o de pie. Un padre de familia

manifestó que era mejor sacar a su hijo y buscar una escuela particular.

Conclusiones y recomendaciones

Frente a un elevado número de femicidios, es importante que el Estado adopte

medidas eficaces como la creación de un sistema de alerta temprana en donde las

mujeres que se sientan amenazadas denuncien sus casos y reciban protección oportuna a

fin de evitar futuras muertes. Es primordial trabajar en la prevención, no bastan

campañas publicitarias, sino trabajar en una política integral que aborde la problemática

de los femicidios en el país desde varios enfoques y actores.

Las autoridades encargadas del Sistema de Rehabilitación Social, deben adoptar

medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de

violencia en los centros penitenciarios. En este sentido, entre las medidas concretas que

deben adoptar están: el desarme de la población reclusa y los controles efectivos del

ingreso de armas y otros objetos ilícitos; el incremento del personal destinado a la

seguridad y vigilancia interior; la reducción de los niveles de hacinamiento; la

investigación y sanción de los actos de violencia y corrupción que se registren dentro de

los centros penitenciarios, además de atender oportunamente las peticiones realizadas

por las personas privadas de la libertad.

Es necesario redoblar esfuerzos a fin de erradicar la tortura, las agresiones

físicas, los tratos crueles inhumanos y degradantes, que lesionan la vida e integridad de

las personas. Impulsar investigaciones exhaustivas, imparciales y oportunas.

Para evitar violaciones del derecho a la vida por parte de agentes de la Fuerza

Pública es necesario que se los capacite en torno al respeto a los derechos humanos y

que el uso del arma de fuego es el último recurso que se debe utilizar.

Para evitar el hacinamiento carcelario los jueces y juezas deben aplicar la prisión

medidas alternativas. Urge además que los procesos judiciales se resuelvan dentro de un

plazo razonable.

El Estado no debe utilizar el sistema de justicia penal para criminalizar la

protesta social, aplicando figuras penales como terrorismo para sancionar el ejercicio

del derecho a la libertad de expresión, opinión y asociación.

El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, no debe entenderse

como el derecho a estar sano. Por ello, el Estado debe disponer de todos los recursos

necesarios para garantizar el acceso a unos niveles mínimos de protección de la salud,

garantizar el acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no

discriminatoria; facilitar medicamentos esenciales a la población en general y a aquellos

grupos de personas cuyas enfermedades han sido calificadas como catastróficas. De

igual forma, adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de salud

pública para hacer frente a las violaciones al derecho a la salud que se han reportado en

los últimos tiempos.

La educación posibilita el ejercicio de los derechos humanos y a su vez ayuda a

evitar su vulneración. Por este motivo, el aprendizaje constituye una herramienta para

que las personas puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y

trabajar con dignidad, participar plena y activamente en el desarrollo de la sociedad,

mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo.

El Estado tiene la obligación de garantizar, en un ambiente y condiciones propicias, la

satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje de todos los niños y niñas

tomando en cuenta la cultura y sus necesidades elementales.

La educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y

fomentar la comprensión de la dignidad de las personas, de la importancia de los

derechos humanos, así como la tolerancia, la paz y el respeto de las diferencias.

Atentamente,

Hna. Elsie Monge

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA CEDHU