INFORME DE COYUNTURA Panorama poselectoral

INFORME DE COYUNTURA

Panorama poselectoral

La reconversión peronista

El triunfo de Menem

y la nueva base electoral del Justicialismo

El ajuste fiscal, la negociación externa y el errático rumbo productivo

Diciembre 1991

ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO

Instituto de Estudios sobre Estado y Participción

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Panorama poselectoral

La reconversión peronista

El triunfo de Menem

y la nueva base electoral del Justicialismo

El ajuste fiscal, la negociación externa y el errático rumbo productivo

Diciembre 1991

Director: Claudio Lozano

Coordinación: Roberto Feletti

Equipo de Trabajo: Eduardo Basualdo

Teresa Doti Beatriz Fontana

Margarita Jarque Marcela Jáuregui

Artemio López

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INDICE

I. UNA NUEVA ETAPA POLITICA. Las elecciones de 1991

a) La política como punto de partida del análisis b) El nuevo mapa electoral argentino c) Las elecciones en Capital Federal Conclusiones Provisorias d) Las elecciones en el Gran Buenos Aires Conclusiones Generales

II. LA PROFUNDIZACION DEL AJUSTE ACREEDOR. El rasgo dominante de la etapa poselectoral

a) Caracterización de la etapa b) La marcha de las cuentas fiscales c) Los problemas de la etapa

1. La profundización del ajuste • La aceleración de las privatizaciones • El ajuste provincial • La reestructuración de la banca pública • La destrucción del sector público siderúrgico

2. La negociación externa 3. La cuestión monetaria y financiera

• La evolución de la convertibilidad • El sector financiero y el mercado de capitales 4. El errático rumbo productivo • La salida exportadora: ventas externas, reprimarización y racionalización de costos • Mercosur: ¿futuro escenario de la salida exportadora? • La reactivación del mercado interno • El deterioro del superávit de la balanza comercial • Síntesis y Perspectivas III. LA SITUACION SOCIAL. Productividad y negociación salarial

Los cambios en la legislación laboral 1) Política económica y política de e mpleo 2) Empleo no registrado y funciones del Ministerio de Trabajo 3) Reducción de "Costos laborales" 4) Modificaciones al sistema de relaciones laborales. Incidencia del decreto de desregulación Conclusiones

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I) UNA NUEVA ETAPA POLITICA

Las elecciones de 1991

a) La política como punto de partida del análisis

Los Informes de Coyuntura convencionales suelen desplazar o limitar el lugar de la política en la evaluación de

las distintas etapas por las que transita nuestro país. El predominio que el pensamiento neoliberal ha adquirido en el

debate argentino supone colocar en el centro de la escena la cuestión económica, brindando a la vez una visión

distorsionada de la misma. En esta concepción el movimiento de la economía es presentado como fruto de leyes

naturales, al igual que las piedras y los árboles, donde el lugar de la política aparece vacío de sentido. Así,

crecientemente, la discusión política nacional no es otra cosa que un debate económico. Por lo tanto, ayer Sorrouille, hoy

Cavallo y antes Martínez de Hoz, ocupan decididamente el centro de la escena. Más aún, pareciera que hoy el mejor

discurso político es un buen discurso económico.

En rigor, la ideología dominante impone dos efectos funcionales a la continuidad del proceso en curso. Por un

lado dificulta la comprensión acabada del proceso económico, y por otro, impide atisbar estrategias políticas de salida a

la crisis. En realidad, el economicismo constituye una visión fetichizante que presenta la economía en directa relación

con el interés de los sectores dominantes congelando, sin decirlo, las relaciones de poder establecidas y abortando toda

posibilidad de alternativa al statu quo vigente. Junto al déficit que impone en el diagnóstico económico (imposibilidad

de identificar los movimientos estructurales en la coyuntura), esta visión dificulta evaluar los impactos, que en el terreno

político e ideológico suponen transformaciones y ajustes como los vividos por la Argentina en los últimos años. Impide

considerar la conformación de "sujetos políticos" funcionales al ajuste en marcha, y por ende definir un punto clave en

lo relativo a la viabilidad de los mismos. Cabe destacar también, que la práctica de los sectores dominantes demuestra,

una y otra vez, que ponderan con cuidadoso criterio las condiciones políticas en que hacen valer sus intereses

económicos. Tanto en aquellos momentos donde han hecho uso directo del golpe de Estado, la represión o el

Terrorismo, como cuando consideraron, recientemente, que el triunfo en los comicios de 1991 debía ser el punto de

partida para profundizar los rumbos del ajuste. Así, los compromisos tomados por el Gobierno con los acreedores

internacionales e incluso los pactos establecidos con los grupos económicos más concentrados tienen, en la fecha

electoral, un punto de inflexión fácilmente identificable. Por lo tanto, conscientes de los límites que presenta el discurso

económico tradicional, para nuestro Instituto una evaluación adecuada de la presente coyuntura exige la primacía de la

política en la consid eración detallada de los recientes resultados electorales. Entendiendo a éstos como efecto de

cambios políticos y sociales cualitativamente importantes para nuestro país.

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b) El nuevo mapa electoral argentino

En algún sentido, las elecciones de 1991 constituyen un punto de inflexión en los comportamientos políticos

argentinos. Sus resultados materializan transformaciones que, si bien se esbozaron tanto en el triunfo de Alfonsín en

1983 como en la volatilidad que evidenció el comportamiento electoral posdictatorial, han adoptado hoy efectos

sumamente contundentes y novedosos.

El proceso electoral abierto el 8 de setiembre y cerrado a comienzos de diciembre, inaugura situaciones inéditas

por lo menos desde hace un siglo. Desde Irigoyen en más, los sectores dominantes nunca habían logrado consenso

electoral para sus políticas. Sistemáticamente recurrieron al fraude o al golpe de Estado para garantizar la reproducción

de su predominio en la sociedad. Los recientes comicios si bien no consolidan una mayoría político-social similar a las

que conociéramos hasta mediados de la década del 70, definen la configuración particular de una primera minoría

electoral peronista útil para convalidar sus prácticas en el terreno político, económico y social. Reflejan también

modificaciones de importancia en la primera fuerza política de oposición.

La opinión generalizada de los análisis poselectorales hasta ahora conocidos se ha centrado en destacar la exitosa

performance del Partido Justicialista vinculándola al "efecto estabilidad" logrado por el Plan Cavallo. A nuestro juicio

esta afirmación es sólo parcialmente cierta. Los estudios de caso que aquí presentamos permiten señalar que por detrás

de esta triunfante primera minoría electoral que configura hoy el P.J., se esconde una mutación política mucho más

importante. La misma residiría en el desplazamiento definitivo de la arquitectura movimientista que históricamente

caracterizara al peronismo, así como también en un fuerte cambio en el perfil social de sus votantes.

A pesar de la estabilidad, los análisis que aquí transcribimos demuestran que el Plan Cavallo no logró evitar la

fuga del 49% de los votos peronistas de la Capital Federal y de cerca del 30% de los votos propios del Justicialismo

bonaerense, si comparamos 1991 con 1989.

Probablemente la "estabilidad" sí haya evitado una mayor dispersión. Sin embargo la clave de la performance del

PJ en los dos distritos analizados, debe buscarse en la construcción de una nueva base electoral fuertemente vinculada al

voto histórico liberal.

En nuestra opinión los últimos comicios definen la consolidación en el sistema político institucional argentino, de

alternativas político-electorales triunfantes que reemplazan a las tradicionales mayorías sociales típicas del discurso y

la organización peronista. El tipo de alianza social promovido por el actual gobierno ha diluido un elemento clave de la

ideología y práctica del movimiento peronista. Nos referimos a aquel que definía en el nivel ideológico que los

"contenidos, planteos y demandas populares" se hicieran presentes bajo la forma de un fuerte antagonismo (ejemplo:

pueblo vs. oligarquía, sectores nacionales y populares vs. imperialismo y sus aliados). Esta oposición podía aparecer de

manera más o menos radical de acuerdo al sector interno de la alianza que la formulara, pero la presencia de esa

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dicotomia fue, a todas luces, un elemento constitutivo del discurso y la organización movimientista. Ciertamente, la

mímesis absoluta del discurso justicialista con el gran relato neoliberal y la clausura de todo espacio de antagonismo con

las facciones dominantes han quebrado el núcleo del discurso y la práctica peronista.

En este sentido, la reorganización del sistema político institucional argentino supone la expulsión de los modos

de organización y discurso típicos del peronismo para afirmar un mosaico partidario capaz de dar forma a un régimen

parlamentario que neutralice el antagonismo social vinculado a las demandas de los sectores subalternos. Así las cosas,

la vieja arquitectura movimientista ha colapsado definitiva e irreversiblemente y con ella la relación estado/sociedad, vía

corporaciones, característica del peronismo histórico. Desde el aparato estatal se intenta instalar un nuevo vínculo

sociedad/estado vía predominio del Eje cutivo primero y a posteriori –etapa actual– mediante el desarrollo de un sistema

parlamentario capaz de promover el modelo de ajuste y reconversión sin mediaciones corporativas. En este sentido debe

señalarse que si en la primera etapa del gobierno de Menem (también en la última de Alfonsín) el decreto fue la vía para

silenciar el Parlamento, hoy la tendencia a eliminarlo y parlamentarizar la política responde al triunfo de los exponentes

pro-ajuste al interior de los dos partidos mayoritarios. Así, el decreto fue también el mecanismo que permitió procesar

las internas partidarias a los efectos de transformar ambas estructuras (PJ y UCR) en piezas del sistema. Logrado esto, el

Parlamento adopta la forma de caja de resonancia y legitimación de los proyectos del Ejecutivo. Por ende, puede volver

a funcionar.

Señalar el agotamiento de las mediaciones corporativas no supone olvidar la decisiva capacidad de influencia que

han ganado los "lobbies" empresarios sobre los dos grandes partidos políticos. Aspecto que se refleja tanto en la

conformación de los gabinetes como también en la definición de candidaturas. Parecería una contradicción lo que aquí

se afirma con la aparición en los Ministerios (Economía por ejemplo), en las diputaciones o en las gobernaciones, de

exponentes orgánicos de los grupos empresarios. Sin embargo, no lo es tanto. El espacio de legitimación de las políticas

en el actual esquema es el Parlamento y no las corporaciones empresarias. Pareciera que la dinámica de estos modelos de

democracia restringida exportados por el Departamento de Estado Americano impone, a los grupos más concentrados,

el camino partidario y parlamentario antes que el "flirteo" con alguna corporación afín (Ej.: los militares). Quizás por

esto la estrategia "carapintada" tuvo un débil acompañamiento por parte de los sectores dominantes locales.

La mutación operada en el peronismo supuso una fuga de votos propios que tuvieron comportamientos disímiles

en los distritos analizados. Mientras en Capital Federal existe una clara dispersión de aquél, en Provincia de Buenos

Aires el MODIN (Rico) aparece como principal beneficiario seguido en segundo lugar por el crecimiento del ausentismo

y del voto en blanco. Estas últimas opciones fueron a su vez, el destino principal del voto radical bonaerense. El hecho

mencionado nos permite señalar el fuerte efecto que el proceso político de los últimos años tuvo sobre el radicalismo. La

segunda fuerza política del país sufrió una profunda derrota electoral en la cual, a nuestro juicio, se expresan dos

realidades incontrastables. Por un lado el colapso alfonsinista y por otro la indisimulable fractura interna que no pudo ser

sintetizada por la candidatura de Pugliese (y muy probablemente por ninguna otra).

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Otro punto relevante a señalar, que se expresa en los dos distritos analizados e incluso en otros lugares del país,

remite al papel que le cupo a las variantes de la disidencia peronista en las recientes elecciones. Allí donde ésta tuvo

presencia electoral (por lo general fragmentada) su performance resultó sumamente débil.

De este modo puede observarse que el voto peronista disidente se canalizó a través de opciones políticas de otro

carácter.

En Capital Federal, sobre la fuga total de votos peronistas, apenas el 28% de los mismos fue a los FRENTES

(FREDEJUSO/Alianza Fte. Popular) que conformara el Peronismo disidente. El resto tomó otras opciones siendo

especialmente significativo el hecho de que en las Secciones con peso importante de los sectores populares (por ej.:

Villa Lugano) el destino dominante de la fuga de votos peronistas haya sido la UCR.

En Provincia de Buenos Aires la disidencia se expresó en Rico y no en Ubaldini o Alende. A su vez, en Santa Fe,

los votos fueron para el Socialismo Popular. Por ende, parece conveniente concluir que la tesis de la "traición", que

suponía la posibilidad de oponerse desde el Peronismo al peronismo no tuvo eco. Incluso en aquel voto que recupera de

hecho modalidades discursivas y organizativas semejantes al histórico peronismo, se eligieron opciones no peronistas.

Así, Rico fue opción y Ubaldini no.

El nuevo mapa político nos revela identidades electorales poco consolidadas. El nuevo arco de alianzas que

expresa la primera minoría justicialista, en cuyos extremos se ubican los sectores más precarizados de fuerte tradición

política peronista y los grupos sociales de ubicación privilegiada y fuerte tendencia liberal/conservadora, es altamente

inestable. Su patrón de construcción es inestable en tanto articula intereses polares y antagónicos.

Sobre su futuro surgen interrogantes de difícil respuesta:

¿La fuga de votos populares ha llegado al límite o puede ser mayor ante la profundización del ajuste?

¿Si no se profundiza el ajuste, se mantiene el voto liberal?

¿Si se mantiene la fragmentación en la oposición al ajuste, los triunfos electorales no se lograrán con muchos

menos votos?

El peronismo, aquella mayoría político-social sostenida por una densa trama organizativa que actuaba como

conducto y expresión de la demanda popular, hoy se hace presente en la Argentina posdictadura con el ropaje de una

minoría electoral de novedosa conformación. Su triunfo nacional encierra una mutación política de envergadura: la

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capacidad de aglutinar el voto liberal en el marco de una profunda fragmentación de la identidad política de amplios

sectores populares.

Los elementos hasta aquí vertidos y los análisis que a continuación se presentan pretenden desplazar aquellas

evaluaciones electorales que comienzan y terminan en el señalamiento "numérico" del triunfo del peronismo. Se pierden

así "detalles" fundamentales respecto a la migración de votos entre las distintas fuerzas políticas. Detalles que, al

omitirse, impiden "ligar" los resultados del comicio con la práctica económica, social y política de los sectores

dominantes durante los últimos años. Práctica que hoy se expresa afirmando una "determinada lectura" del voto popular.

Nuestros análisis se inscriben en la tarea de disputar el sentido de ese voto.

c) Las Elecciones en la Capital Federal

Como puede observarse en el Cuadro 1, la sola observación cuantitativa del comportamiento del electorado de

Capital Federal muestra que el porcentaje de votantes descendió en 1991 un 6,51% respecto de 1989; la Ucedé

disminuyó en un 13,37% del padrón global de electores su número de sufragios; el PJ cayó un 3,04% (1) y la UCR

recuperó un 10,88% del padrón respecto a la elección anterior.

Por otra parte, un análisis cualitativo del comportamiento global del electorado capitalino sugiere un muy

particular movimiento de migración de votos a través de las tres fuerzas políticas más importantes del distrito: UCR, PJ

y Ucedé.

El Cuadro 3 sintetiza los movimientos de fuga y recuperación de electores que dan forma a los nuevos

comportamientos electorales porteños. Una lectura atenta al cuadro de referencia permite obtener conclusiones

sugerentes al momento de analizar la nueva composición del voto distrital. Veamos esto un poco más de cerca.

Análisis del Comportamiento Electoral Global del Distrito (2)

Como puede observarse en el Cuadro 3, el PJ mostró en los recientes comicios una migración de votos del

15,20% del padrón global respecto a las elecciones de mayo de 1989. (3)

El mismo cuadro indica también, de manera aproximada, el destino de esta fuga de votos justicialistas. Así, poco

más del 30% del incremento en el ausentismo explica parte de la migración (2,04%); más del 80% del voto hacia

opciones construidas por el peronismo disidente (FREDEJUSO/Alianza Frente Popular =4,30%) aumentan la fuga; casi

un 4% de votos perdidos por el Partido Justicialista incrementa el caudal electoral de la UCR (3%) y de la Unidad

Socialista (0,86%) y a esto debe sumarse el grueso de los votos en blanco y de otras opciones casi inexistentes que

llegan a representar el 5% del padrón.

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Esta migración reduce el voto propio del PJ al 15,72% del padrón de electores. Cifra que surge luego de

descontar la fuga de votos descripta al total de votantes que el peronismo obtuviera en 1989. Como resulta obvio, este

porcentaje de electores propios es considerablemente más bajo no sólo respecto al 30,92% de aquel año, sino también

respecto al promedio de votos históricos del PJ porteño en las últimas cinco elecciones (26,06% del padrón, ver Cuadro

2).

Así las cosas, el voto propio del Justicialismo resulta un 15,20% inferior al de 1989 y un 10,84% al promedio

83/91.

Sobre ese caudal propio (15,72% de los sufragios) será la fuga de votos de la Ucedé la que aporte el mayor

número de electores para resituar el porcentaje justicialista en un 27,88% del padrón global.

Como se desprende de este análisis y de la lectura de los Cuadros 1 y 3, de un total de 13,37% del padrón de

electores perdidos por la Ucedé en 1991 respecto del 89, 12,16% serán transferidos al caudal electoral del PJ y un escaso

1,21% a la UCR.

Con respecto al radicalismo, cabe acotar que su mejor performance electoral de 1991 en el distrito obedece

fundamentalmente al aporte del 7,06% de votos obtenidos por la ex-Confederación Federalista Independiente en 1989 (4), sumados al 3% del padrón de electores migrados del PJ.

Estos porcentajes y modos de redistribución de votos en el distrito son similares para todas las secciones, aunque

su mayor dispersión se manifiesta obviamente en aquellas zonas de muy disímil composición social en su población

predominante.

A los efectos de profundizar las líneas generales del análisis hasta aquí esbozado, observaremos lo ocurrido en las

Secciones 20, 22 y 5 de la Capital.

Análisis de la Sección 20 (del Socorro):

Como se observa en el Cuadro 4, la Ucedé pierde el 38,36% de sus votos, en tanto el PJ obtiene un crecimiento

del 12,5% en su caudal de votantes –un 2,48% del padrón global–. Cabe destacar que junto a la Sección 20 sólo la 17 –

Palermo– y la 16 – Belgrano– permiten un crecimiento significativo en el número de electores del PJ porteño en 1991. (5)

Que la triada Socorro-Palermo-Belgrano evidencie la mejor performance electoral del PJ muestra sin atenuantes

la nueva composición social del voto peronista capitalino, al menos en la coyuntura electoral abierta por el Plan Cavallo.

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En esta misma Sección, la UCR logra también incrementar un 8,37% del padrón de electores respecto a 1989,

porcentaje que sin embargo resulta un 2,57% menor al incremento promedio que la UCR obtuviera en el distrito en 1991

(10,88%).

En consecuencia, el radicalismo no registra en esta Sección una buena performance electoral, si se tiene en cuenta

que su incremento del 8,3 en el porcentaje de electores fue transferencia directa de quienes en 1989 sufragaron por la

Confederación Federalista Independiente (ésta obtuvo, en aquella oportunidad, un 8,72% de los votos). Por el contrario,

el PJ realizó en esta zona una brillante elección creciendo un 2,48% del padrón en tanto, a nivel distrital, cayó un 3,04%.

El Cuadro 5 explicita que la Ucedé le aporta en esta sección al PJ un 7% del padrón de electores contra una

transferencia global en el distrito del 12,16%. Muestra también que un 9% del padrón general de electores que en 1989

dio su voto al liberalismo porteño, en 1991 optó por no votar. En este sentido, debe tomarse en cuenta que en la Sección

20 (al igual que en la 16 y en la 17) se verifican los más altos índices de ausentismo del distrito (en la Sección 20 se

ausentó el 28,46% de electores hábiles).

Así las cosas, según nuestro análisis es posible incluso diseñar el perfil interno de la Ucedé por lo menos en

aquellas secciones que fueron centrales en su implantación en el distrito.

En efecto, en el norte capitalino, y sobre un universo de 100 ucedeístas, los porcentajes indican que el 62% avaló

en 1991 la política de pacto Ucedé/Ejecutivo alentada por el capitán ingeniero (6). Un 17% apuesta a la mímesis con el

oficialismo (7), en tanto el 21% (8) restante de sus electores decide no votar en 1991 negándose a convalidar alguna de las

variantes ucedeístas antes señaladas. A medida que el análisis del voto liberal incluye los barrios periféricos del distrito

Capital, los porcentajes de mímesis con el oficialismo se amplían. Así, los votos ucedeístas propios decrecen y la

alternativa liberal ultraortodoxa de no votar sencillamente desaparece del horizonte electoral del liberalismo porteño.

En efecto, si en la Sección 20 la Ucedé pierde en 1991 el 38,36% de sus electores respecto a 1989, en Villa

Lugano –por citar un caso de Sección periférica–, los ucedeístas pierden el 75% de sus votantes de aquel año.

Complicada ecuación política a resolver por esta fuerza singular cuyo "management" deberá enfrentarse con una lógica

de comportamiento partidario paradojal: en el exacto punto en que más se respira socialmente el noble ideario liberal, en

ese justo momento el partido se desmorona. Como los jazmines, cuando la Ucedé agoniza... más perfuma.

Análisis de la Sección 22 (Villa Lugano):

Se observa en el Cuadro 6 que en Villa Lugano, muestra paradigmática de lo acaecido en los barrios más

populosos y de bajos recursos del distrito, los votos propios de la Ucedé cayeron en 1991 un 75% respecto al '89, lo que

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supone un descenso de 9,6% en relación con el padrón de electores que para el caso de la Sección 22 ascienden a

92.703.

La UCR por su parte, recupera en Lugano un 11,59% del padrón general de electores respecto a 1989, lo que

supone un crecimiento del 59,6% de su caudal de votos respecto a la última elección, muy por encima del crecimiento

medio del distrito que para los votantes de UCR supuso un 38,9%. La composición del voto radical en la Sección 22

registra, según nuestro análisis, singulares características respecto a la pasada elección. En efecto, un 19,44% de

electores es aportado por el voto propio al cual debe sumarse el 4,08% que en las elecciones de 1989 dio su voto a la ex

Confederación Federalista Independiente en la Sección. El mayor aporte de electores recibidos por la UCR capitalina en

1991 proviene –al igual que en todas las zonas populosas de la periferia distrital– del voto que en 1989 fuera del PJ,

quien transfiere en esta Sección un 7,51% del padrón, haciendo trepar el acumulado de la UCR al 31,03% de electores

que finalmente obtuvo en la Sección 22.

La importantísima transferencia de electores que migran en 1991 desde el PJ a la UCR explica la profunda caída

de votos que registra el peronismo en Lugano y que asciende al 9,83% del padrón contra un descenso medio distrital del

3,04%. En términos de votos propios respecto a 1989, el PJ porteño en la Sección 22 muestra en apariencia, una caída

del 18,92% de sus votantes en tanto la caída media del peronismo en el distrito asciende al 9,83% de sus votos. Pero esta

caída del 18,92% es sólo aparente. Observemos este punto más detenidamente.

Para acumular el 42,10% del padrón que obtuvo finalmente el PJ en la Sección 22 en 1991, recibió el aporte del

8,96% del padrón de electores provenientes de la Ucedé, transferencia ésta que da forma a la caída del 75% de votos

liberales propios en Lugano con respecto a 1989. Así, los votos justicialistas en 1991 ascienden sólo a 33,14% (Cuadro

7).

Con relación a la afirmación que en este trabajo supone que la migración de votos se realiza desde la Ucedé hacia

el PJ, la misma se fundamenta en el comportamiento que puede observarse en el voto liberal. Aquellas zonas del norte

distrital (16,17,20) de hegemonía ucedeísta clara son las únicas en las que el PJ incrementa su caudal de votos en 1991

respecto al 89, en tanto que por el contrario la UCR, en su misma zona, baja su crecimiento medio distrital en casi el

2,5% del padrón de electores, recibiendo en estas secciones como único aporte el porcentaje de electores que en 1989

obtuviera la ex Confederación Federalista Independiente (8,72%). Estas referencias, más un análisis elemental del tipo

de alianza social y política que desarrolla desde el aparato de estado el gobierno peronista, son criterios suficientes para

convalidar nuestra tesis de una fuerte migración de votos desde la Ucedé hacia el PJ y no hacia otras fuerzas políticas en

todas las Secciones del distrito.

Retomando el análisis de la Sección 22, el aporte del 8,96% del padrón de electores que migra desde la Ucedé al

PJ permite ahora sí afirmar que, en términos de votos propios en 1991 respecto a la elección de 1989, el PJ pierde en

Lugano ya no un 18,92% como en apariencia indica el escrutinio de la sección, sino un 36% de sus electores, porcentaje

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éste que se repite e incluso se incrementa en todas las barriadas de predominio histórico peronista. El dato de Lugano es

relevante, además, puesto que la Sección 22 concentra históricamente el 8% del voto justicialista porteño lo que, como

es obvio, supone que los movimientos de desarticulación y rearticulación de las mayorías electorales que se produzcan

en Lugano teñirán, por lo importante de la muestra, tanto cualitativamente como cuantitativamente los comportamientos

electorales del distrito en su conjunto y muy en particular los del peronismo porteño.

Análisis de la Sección 5 (Flores):

Como muestra el Cuadro 8 en la Sección 5 la Ucedé evidenció un descenso del 13,64% del Padrón General de

Electores respecto a las elecciones de 1989, caída ligeramente superior a la media distrital (+0,27%). El PJ baja en un

3,77 su porcentaje del Padrón de Electores respecto a 1989, en tanto la UCR crece un 11,4% del padrón general. Con

respecto al movimiento de migración de votos en la Sección 5, la Ucedé aporta al caudal del PJ un 12,41% del Padrón

General de Electores que en 1989 había acumulado y a su vez fuga del PJ a la UCR un 3,33% del padrón general (Ver

Cuadro 9). En otras palabras, el 45,96% de los votos obtenidos por el PJ en Flores, son transferencia directa de los

electores que en 1989 sufragaron por la UCR, en tanto el 7,82% de los sufragios de votos obtenidos por la UCR son

fugas del PJ. Así las cosas, en términos de votos históricos, el PJ muestra respecto a 1989 una mengua del 54,2% de

votos propios, en tanto que la UCD decrece en la sección un 64,24% del caudal de electores propios de 1989.

Conclusiones Provis orias:

Del estudio de nuevos comportamientos electorales en el distrito comentaremos algunas de las múltiples

reflexiones posibles que involucran al conjunto del arco partidario.

– Respecto de la Unión de Centro Democrático:

1) Deterioro marcado de su caudal de voto propio (-62%) con acentuada tendencia a mimetizarse con el

oficialismo a medida que se avanza hacia la periferia porteña.

2) Una acentuada tendencia al ausentismo de sus electores más consuetudinarios residentes en zonas del norte

distrital, el 50% del 6,51% del incremento de ausentismo registrado en 1991 respecto a 1989 es atribuible a sus

electores (ver Secciones Pilar, Las Heras, Belgrano, Palermo y Socorro).

3) Acentuada transferencia de votos al oficialismo peronista que representó el 12,16% del padrón de electores

porteños.

– Respecto de la UCR:

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1) Incremento importante de su caudal de votos distrital (10,88% del padrón) que llevaron a recuperar su caudal

promedio en el distrito, y que para las últimas 5 secciones fue del 39,19% del padrón de electores. Como puede

observarse sólo un 0,35% superior al 38,44% obtenido en 1991.

2) Escasa recepción del voto liberal (1,21%), pero importante recuperación del voto justicialista muy

especialmente en secciones populares de la periferia porteña (7% del padrón general de electores y un 7,51%

del de Villa Lugano).

3) Escasa fuga de voto propio hacia opciones alternativas. La migración de electores no supera el 2,5% del padrón,

cifra que surge de la comparación de los últimos seis años de comportamientos electorales en diferentes

secciones de Capital.

– Respecto del PJ:

1) Nueva conformación social de su base electoral.

2) Pérdida de su voto histórico en un porcentaje que para la media distrital de 1991, y con respecto a 1989,

representa un 49,15% de sus electores y en referencia al promedio de las últimas 5 elecciones del distrito supone

una fuga de votos propios del 39,67%.

3) Recuperación del voto liberal histórico del distrito, que para la media distrital de 1991 supuso un 12,16% del

padrón general de electores o, lo que es lo mismo, el 43,15% del caudal de votos obtenidos por el PJ porteño en

1991 fue aportado por electores que en 1989 habían optado por la Ucedé.

4) Con respecto a la fuga de electores, el 4,30% del padrón general que en 1989 acumuló el PJ porteño, optó en

1991 por las alternativas FREDEJUSO/Alianza Frente Popular. El 3,86% del padrón '91 que en 1989 acumuló

el PJ votó esta vez en favor de la UCR y de la Unidad Socialista.

d) Las elecciones en el Gran Buenos Aires:

Un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en Provincia de Buenos Aires por las principales fuerzas

políticas (Cuadro 10), indica que en las elecciones para Diputados Nacionales del 11 de setiembre de 1991 respecto a las

del 14 de mayo de 1989, el PJ disminuyó en un 8% su caudal de votos . La UCR cayó un 11%, la UCD obtuvo un

descenso del 22% en su número de sufragios, en tanto el Frente Izquierda Unida, aún sumando los votos obtenidos en

1991 por IU y MAS respectivamente, descendió un 30% su caudal de votos respecto a 1989.

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En general, ninguna de las fuerzas de centro izquierda pudo superar en 1991 el 3% del padrón de votantes

efectivos, y todas ellas sumadas no representan más que el 5% de los votos emitidos, poco más del 10% de los sufragios

obtenidos por el Justicialismo Bonaerense en 1991, por citar tan sólo un contraste notable. Así las cosas, nos

enfrentamos al análisis de un distrito donde el arco político de centro izquierda en todas sus múltiples variantes

conocidas logró reunir en el conjunto del ámbito provincial un 18% más de electores que los obtenidos por el PJ en el

Partido de La Matanza. Sin embargo, también es cierto que los dos grandes partidos nacionales registraron en 1991 una

pérdida considerable en su número de sufragios y para el caso particular del PJ la composición de su voto reciente

responde a un patrón sociopolítico distinto al histórico.

Efectivamente, al igual que lo acontecido en Capital Federal, también en el ámbito provincial se produce una

importante captación de votos liberales por parte del PJ, tanto que si en la medida distrital la performance electoral del

PJ registra una caída del 8% de sus votos respecto al '89, en las zonas de fuerte implantación liberal –vgr. San

Isidro/Vicente López por citar dos casos del Conurbano– el Justicialismo por el contrario crece un 8% su número de

sufragios respecto a 1989. Estos comportamientos distritales anudados a lo acontecido en Capital Federal junto a un

análisis elemental del tipo de alianza social y política que promueve el actual gobierno peronista permiten caracterizar la

nueva composición nacional del voto justicialista definida por la captación de casi el 50% de los electores liberales

tradicionales (Cuadro 11).

Ahora bien, según nuestro análisis, la UCD transfiere al PJ un 45% del voto propio del '89 –aproximadamente un

4,5% del padrón de votantes efectivos– que sumado al 80% de los votos obtenidos en 1989 por el Partido Blanco de los

jubilados –casi un 3,45% del padrón– permite al Justicialismo bonaerense amortiguar la caída de votos propios, que en

1991 representó el 13,68% del padrón de electores efectivos, aproximadamente 820.000 votos que fugaron del PJ hacia

opciones ajenas a la orgánica partidaria –incluido el voto en blanco– o se ausentaron del comicio lo que, en otras

palabras, supone que en términos de votos propios el Partido Justicialista bonaerense sufrió una merma en 1991 del

27,33% de los votos obtenidos en 1989. Observe el lector que de no haber existido el mecanismo compensatorio de fuga

de votos justicialistas que señalamos, con la sola aparición en la escena electoral del MODIN –de eficaz implantación en

el conurbano de tradición peronista fuerte–, el PJ hubiera registrado una caída capaz de duplicar la que finalmente

obtuvo –8% de sus votos respecto a 1989–. Esto reafirma nuestra tesis respecto a la existencia de un mecanismo

compensatorio de la pérdida de votos del PJ, máxime si se tiene en cuenta que el Peronismo bonaerense pierde electores

vía el Frente por la Justicia Social, Ac. Pop. para la Liberación, voto en blanco y ausentismo, etcétera.

La UCR, por su parte, registró una caída del 11% de sus votos respecto a 1989 que ingresaron dominantemente al

acumulado voto en blanco y al ausentismo. Por otra parte, estas dos variantes representaron en conjunto, un incremento

del 10,88% del padrón respecto de los niveles de 1989, constituyéndose en el tercer acumulado a nivel de la media

provincial e incluso el segundo acumulado en partidos muy precarizados del conurbano (Mariano Moreno).

15

Por su parte, como ya señalamos, la UCD transfirió al PJ un 45% de sus votos de 1989, recuperando parte de esa

fuga vía el ex Partido Blanco de los Jubilados y fundamentalmente el voto que en 1989 reuniera la Confederación

Federalista Independiente que, a diferencia de lo ocurrido en Capital con un candidato partidario insospechado de

"alfonsinista", esta vez no regresó a las filas de la UCR demostrando la fragmentación interna del Partido Radical y la

resistencia indisimulable hacia el candidato Pugliese por parte de la derecha partidaria.

La sorpresa, como es ya obvio, la constituyó la performance electoral de Aldo Rico y su Movimiento por la

Dignidad y la Independencia Nacional (MODIN), que acumuló un 9,24% del padrón en la media distrital. De fuerte

implantación en el conurbano bonaerense, la composición del voto del MODIN es mayoritariamente de tradición

peronista y muy arraigada en los sectores sociales más postergados de la población provincial. Según nuestro estudio el

PJ transfirió en 1991 al MODIN un 7,40% del padrón de votantes efectivos (un 17% de los votos obtenidos por el PJ en

1989).

Como puede observarse, tras una lectura atenta de los resultados del comicio provincial, el MODIN tuvo su más

baja performance en los distritos de fuerte implantación liberal (San Isidro, Vicente López como casos típicos) y mejor

nivel socioeconómico medio, en tanto crece su número de votantes en los distritos más precarizados del conurbano y con

fuerte tradición política peronista previa. Esta es la tendencia general del comportamiento del voto al MODIN más allá

de particularidades distritales –alto componente de voto militar que hacen trepar los porcentajes a más del 15% del

padrón en Secciones como la 3ra. del Distrito de Gral. Sarmiento.–

Si el 80% de los votantes del MODIN resulta de origen peronista y de precaria situación social, el restante 20%

de sus votos lo acumula con el aporte de otros sectores políticos independientes, nacionalistas y no votantes históricos en

porcentajes que no es posible precisar. Cabe señalar finalmente, que la eficaz performance electoral del MODIN ofrece,

a nuestro juicio, al menos dos lecturas posibles. La primera muestra que supo constituirse en la mejor alternativa para

captar el voto peronista disidente muy por encima de opciones peronistas progresistas –FREJUSO– o peronistas clásicas

–Ac. Pop. para la Liberación–. Vistos los resultados del comicio, es evidente que el movimiento de Aldo Rico al

evolucionar por fuera de la orgánica peronista apostó a que el elector justicialista disidente, aún en las zonas más

precarizadas del conurbano bonaerense–, no permanece a la búsqueda de un "mejor peronismo". Por el contrario, busca

el re -comienzo de otra experiencia distinta al peronismo en todas sus infinitas variantes conocidas (progresista,

ortodoxo, leal, liberal, verdadero, etc.).

La segunda lectura es más de fondo y remite, en perspectiva, al análisis de las nuevas estrategias de poder en la

Argentina posajuste. La aparición exitosa del MODIN expresa el intento más importante conocido hasta la fecha de un

recomienzo populista que busca articularse a los intereses de las facciones más concentradas de la burguesía local,

ante la notoria deconstrucción de los modos de organización y discurso populista por parte del peronismo gobernante.

Ahora bien, antes de finalizar este punto queremos precisar el alcance que en el contexto de este trabajo tiene la noción

de populismo: "Lejos de expresar una visión peyorativa de determinada construcción política, tan común a los discursos

funcionalistas y marxistas, quienes esto escriben, suponen al populismo (sus discursos y prácticas) como la forma

16

política –organizacional y discursiva– más avanzada que al interior de una formación social determinada pueden

construir los sectores dominados. Nuestra hipótesis sigue en esto a Laclau cuando expresa que: 'e1 populismo consiste

en la presentación de las interpelaciones popular– democráticas como conjunto sintético antagónico respecto a la

ideología dominante'. Ahora bien, la oposición del modelo populista a la ideología y práctica de los sectores dominantes

puede asumir grados diversos, en tanto el antagonismo está desarrollado por los discursos y prácticas de los múltiples

sectores sociales (la más de las veces divergentes) que integran el conjunto sintético antagónico. Aún así, el antagonismo

está siempre presente si nos enfrentamos a una experiencia populista y es esta presencia la que constituye el elemento

específico de su discurso y práctica. En esta perspectiva queremos señalar también que bastará que una clase o facción

requiera para construir su hegemonía o mantenerla de una transformación sustancial del bloque en el poder, para que una

experiencia populista sea posible. Es a nuestro juicio pertinente entonces pensar la existencia de un populismo de los

sectores dominantes y un populismo de los sectores subalternos." (9)

A diferencia del peronismo inaugural ("populismo de los sectores subalternos") la elección del MODIN marca los

efectos electorales de un nuevo modo de organización y discurso populista de los sectores dominantes para la Argentina

posajuste.

Señalaremos a continuación a modo de ejemplo el movimiento de migración de votos producidos en tres

Secciones electorales arquetípicas de la Provincia de Buenos Aires: San Isidro, Moreno y Lanús, para finalizar este

trabajo con la observación del nuevo mapa electoral bonaerense conformado tras el movimiento de migración de

electores registrado en el conjunto del territorio provincial.

Análisis del Partido de Vicente López

Como se reseña en los Cuadros 12 y 13, la Ucedé transfiere en el Partido un 8,78% del padrón de electores

acumulados en 1989 hacia el PJ, lo que, junto a los votos que en 1989 acumulara el ex Partido Blanco de los Jubilados

conforman el 11,08% del padrón de electores recuperados por el PJ en 1991. Esta importante transferencia de votos hizo

de Vicente López junto a San Isidro dos partidos donde el PJ no sólo no cayó en su número de sufragios respecto de

1989 –tal como ocurrió en la media provincial– sino que por el contrario mejoro un 8% su número de votos.

Como se observa en el Cuadro 12, el MODIN tuvo en este partido una baja performance electoral si la

comparamos con el resto del conurbano, motivo por el cual se puede afirmar que en las zonas de menor precarización

socioeconómica y de fuerte implantación liberal previa en sus comportamientos electorales, el MODIN apenas logra

superar el 50% del caudal de votos acumulados en el distrito. Contrario sensu se puede entonces confirmar la hipótesis

que, en el curso de este trabajo, caracteriza al voto del MODIN como de fuerte implantación en el conurbano

precarizado y tradición política peronista previa.

Las fugas del PJ en Vicente López son las típicas de todo el territorio provincial y en los porcentajes que se

muestran en el Cuadro 13. La UCR fuga sus electores de 1989 vía ausentismo y/o voto en blanco al tiempo que no logra

17

recuperar el voto de la ex Confederación Federalista Independiente de 1989, que junto al aporte menor del ex Partido

Blanco de los Jubilados dan forma al 4,22% de votos acumulados en 1991 por el Frente Independiente.

Con respecto a la Ucedé debe destacarse que la candidatura de Alberto Albamonte en el marco de una precaria

performance electoral, logró sin embargo impedir un colapso mayor de la Unión de Centro. A diferencia de lo ocurrido

en el Distrito Capital, la Ucedé provincial logró amortiguar el impacto de su transferencia de electores al PJ mediante la

captación de casi el 2% de los votos que en 1989 acumuló la Confederación Federalista Independiente. Igualmente, la

fuga de electores desde la Ucedé hacia el PJ fue significativa, pero nunca superó el 45% del caudal propio obtenido por

el liberalismo provincial en 1989, a diferencia de lo ocurrido en el distrito porteño, donde en la periferia capitalina la

Ucedé transfirió al PJ el 75% de sus electores de 1989. (10) Finalmente, cabe acotar que en San Isidro el ausentismo

sumado al voto en blanco reúne el 10,2% del padrón por encima de los valores acumulados en 1989. Hecho éste que lo

constituye en el tercer acumulado del Partido y en un fenómeno relevante a ser considerado para el análisis de los

futuros comportamientos electorales bonaerenses.

Análisis del Partido de Mariano Moreno

Como muestran los Cuadros 14 y 15 en el Partido de Moreno se registran comportamientos electorales

singulares. Inicialmente puede constatarse que el MODIN obtiene cerca de un 25% más de votos que en la media

distrital, fenómeno que dibuja como venimos sosteniendo a lo largo de este trabajo el perfil sociopolítico del elector de

esta nueva fuerza. Un segundo fenómeno político de importancia es el crecimiento registrado en el Partido por el voto

blanco y el ausentismo respecto de 1989: un 14,14% del padrón (sumados ambos), el segundo acumulado del Partido.

En el caso especifico del Partido de Moreno no será la UCR sino el PJ la fuerza política que más transfiera electores

propios al acumulado blancoausentismo: un 7% de sus electores de 1989, (11)

La UCR aporta al acumulado blanco-ausentismo un 5% de sus electores de 1989.

Respecto de la migración de votos y tal como se resume en el Cuadro 15, la Ucedé aporta al PJ un 42% de sus

electores de 1989 y el ex Partido Blanco de los Jubilados un 78% de sus votos, siendo éstas las dos principales vertientes

que posibilitan la recuperación de votos del PJ en 1991. Si este mecanismo de recuperación de votos no hubiese existido

en el Partido de Moreno por ejemplo, el PJ hubiese descendido un 35% de su acumulado de 1989 (sumando las fugas vía

MODIN-ausentismo/blanco-FREJUSO- Ac. Pop. Lib.), muy lejos de la caída de sólo el 23% de sus electores de 1989

con que finalmente el PJ cerró su elección de 1991 en el Partido. Se puede afirmar, finalmente, que en Moreno un 35%

de los electores propios del PJ de 1989 en 1991 desecharon esta opción política (23.000 votos), caída que fue

compensada en parte por la transferencia de electores vía Ucedé y aquellos que en 1989 dieron su voto al ex Partido

Blanco de los Jubilados, lo que supuso un aporte a las filas del Justicialismo de aproximadamente 7.000 votos.

Siguiendo el ejemplo observe el lector gráficamente cómo se distribuyeron según nuestro análisis las fugas que en 1991

respecto de 1989 registrara el Partido Justicialista de Moreno:

18

Blanco/Ausentismo 8.500 votos

MODIN 10.400 votos

FREJUSO 1.700 votos

Ac. Pop. Lib. 1.900 votos

Otros (FVP-UP-PNC) 500 votos

En tanto, la recuperación de votos del PJ en el Partido de Moreno durante las últimas elecciones de 1991 fue la

siguiente:

Ucedé 1.300 votos

Pdo. Blanco de los Jub. 4.850 votos

Otros 850 votos

Análisis del Partido de Lanús

Como se puede observar en los Cuadros 16 y 17, el Partido de Lanús registra comportamientos electorales

fuertemente diferenciados de la media distrital en lo que respecta a la performance de los dos partidos mayoritarios. De

fuerte componente urbano, la población de identidad peronista predominante en el Partido de Lanús migró en 1991 del

PJ duplicando la media distrital de fuga de electores respecto de 1989. Así las cosas, el PJ registró en 1991 una caída

del 9,84% del padrón respecto de 1989.

La UCR también incrementó su migración de votos en un 21,7% respecto de los obtenidos en 1989, muy por

encima del 11,1% de fuga de voto propio registrada en la media bonaerense.

La Ucedé logró mantener su caudal del '89, pero modificó su composición de voto dado que aportó un 2,8% del

padrón que acumulara en 1989 a las filas del PJ en 1991, recuperando la caída vía los electores que en 1989 acumuló la

ex Confederación Federalista Independiente, el ex Partido Blanco de los Jubilados e incluso una migración de votos del

1% del padrón provenientes de la UCR (ver Cuadro 17). El PJ por su parte, distribuyó su fuga de electores en Lanús en

los porcentajes que se muestran en el Cuadro 17, resultando como en todo el ámbito provincial el MODIN el receptor

privilegiado del voto peronista disidente de Lanús, lo que posibilitó que la fuerza comandada por Aldo Rico obtuviera

una performance electoral óptima en el Partido superior incluso a la media provincial.

Cabe consignar que en términos de votos propios, según nuestro estudio, el PJ de Lanús perdió en 1991 un 15,7%

del padrón de electores respecto de 1989, lo que representa una fuga del 31,4% del voto propio hacia otras experiencias

ajenas a la orgánica partidaria incluido desde luego el ausentismo y el voto en blanco. Esta cifra de fuga del voto propio

se ubica en Lanús por encima de la registrada a nivel provincial.

19

Finalmente cabe acotar que la gran proporción de fuga del voto radical de 1989 se acumuló en 1991 en el Partido

de Lanús (al igual que en el conjunto del ámbito provincial) en torno al ausentismo y voto en blanco que en el Partido de

Lanús para el radicalismo representó en 1991 el 3,47% del padrón.

Conclusiones Generales

Como puede observarse tras el análisis del padrón global y los tres partidos considerados por separado, las

elecciones bonaerenses (al igual que las porteñas) supusieron una profunda alteración del mapa electoral tradicional.

Las nuevas mayorías electorales bonaerenses reconocen una lógica de construcción distinta a la histórica. El

peronismo, primera minoría provincial, mostró una fuerte tendencia a reproducir electoralmente los efectos de las

prácticas económicas, políticas e ideológicas desarrolladas desde el aparato de Estado dando forma a un nuevo arco de

alianzas electorales en cuyos extremos se ubican los sectores más precarizados de la provincia de fuerte tradición

política peronista y los grupos sociales de ubicación privilegiada y tradición política liberal/conservadora.

Por otra parte, la captación del elector migrado de la orgánica del PJ supuso una lucha por otorgar sentido al voto

peronista disidente cuyo resultado muestra al MODIN como receptor exitoso, cuyo mérito mayor parece haber sido la

apuesta a distanciarse de la orgánica peronista en todas sus variantes proponiendo como alternativa un recomienzo de los

modos de organización y discurso populista no peronista fuertemente vinculado a las prácticas de los grupos económicos

locales más concentrados. (12)

La UCR sufrió una profunda derrota electoral. Su módica performance, la peor desde la recuperación

democrática del '83, expresa por lo menos dos realidades incontrastables: la profunda pérdida del sentido del discurso y

práctica democrático formal en amplios sectores comunitarios tras el colapso alfonsinista y, por otra parte, la

indisimulable fractura interna que no pudo ser sintetizada por la candidatura de Pugliese (y muy probablemente por

ninguna otra) lo que promovió una muy acentuada dispersión del voto radical bonaerense hacia el voto blanco y/o el

ausentismo.

La Ucedé no pudo modificar en provincia su tendencia nacional a la dispersión vía la mímesis con el

Justicialismo. Sin embargo, la candidatura de Albamonte pudo amortiguar en parte el impacto de la crisis de identidad

del conglomerado liberal a diferencia de la catástrofe porteña que supuso una caída del 50% de electores propios contra

un 30% de merma en el ámbito provincial.

Finalmente, cabe señalar que la performance del arco izquierda-centro izquierda fue muy pobre. Ninguna de las

alianzas (ni sus inversiones rupturistas) pudo sumar un número de electores mín imamente significativo sin que pudiera

manifestarse tampoco el crecimiento de alguno de los múltiples sellos que dan vida al espectro progresista local. Nota de

color que, en el distrito capitalino, dio la Alianza Unidad Socialista que logró acumular un 6% del padrón ciudadano.

20

Citas:

1) Las diferencias entre el 30,92% obtenido por el PJ en 1989 y el 23,61% de 1987 las atribuimos en este trabajo a la agregación del voto del PI y el

MID que en 1987 observaron el 4,28% y el 1,52% del padrón electoral respectivamente.

2) Dejamos de lado los 19.000 electores hábiles que respecto a 1989 se agregan en 1991.

3) En este porcentaje del 15,20% de fuga está ya distribuido sin discriminar el 4,28% que el PI aportó al PJ en 1989.

4) A los efectos de refrescar la memoria del lector, cabe destacar que la Conferencia Federalista Independiente fue la alternativa electoral que apoyó a De la Rúa en 1989 desde la Alianza que conducía María Cristina Guzmán. Es bueno recordar que el discurso de esta opción consistía en apoyar al candidato radical disidencia y desde una lista alternativa a la que era hegemonizada por la Junta Coordinadora Nacional de la UCR.

5) La única excepción a la regla señalada es la Sección la. (Vélez Sarsfield) que resulta ser la única Sección periférica donde el PJ crece en 1991

respecto a 1989, aunque el incremento es estadísticamente irrelevante (0,54% del padrón).

6) Es el porcentaje que surge de comparar los votos efectivamente obtenidos por la UCeDé con los que obtuviera en 1989.

7) Expresa lo que representa el 7% de votantes transferidos por la UCeDé al oficialismo respecto de los votos liberales de 1989.

8) Significado del porcentaje de ausentismo (9%) sobre los votos de la UCeDé en 1989.

9) López-Lezano, Nueva Sociedad, Nro. 111, pags. 46-47, Venezuela, febrero de 1991.

10) Para más datos deterioro electoral de la Ucedé porteña, ver Cuadernillo IDEP "El nuevo mapa electoral argentino: las elecciones de Capital Federal", noviembre de 1991.

11) Esta significativa transferencia de electores peronistas del '89 al acumulado del voto blanco/ausentismo en el '91 hay que atribuirla muy

probablemente a los comportamientos políticos oscilantes de los caudillos locales del Partido de Moreno frente al PJ provincial. Particularmente significativo es el ejemplo dado por Ernesto Lombardi y su inesperada aproximación a la orgánica partidaria justicialista luego de haberla hecho blanco predilecto de sus críticas durante buena parte de su accidentada intendencia.

12) Caracterizar la vinculación del MODIN con los grupos más fuertemente concentrados de la burguesía local, es una tarea a realizar. Sin embargo,

valgan como antecedentes, el financiamiento que los alzamientos carapintadas han recibido indisimuladamente por parte de estos grupos cuyos nombres trascendieron a la opinión pública tras el alzamiento del 3 de diciembre de 1990. Por otra parte, las afirmaciones de Rico contrarias a una eventual reforma tributaria de carácter progresivo (la tildó de comunista), constituyen otro punto de acuerdo con la gran burguesía local.

21

Cuadro 1. ELECCIONES GENERALES DEL 14 DE MAYO DE 1989 Y 11 DE SETIEMBRE DE 1991.

ESCRUTINIO DEFINITIVO Y PROVISORIO

Capital Federal

PORCENTAJE VOTANTES: 85.73% 79.22%

Diputados Nac. 89 Concejales 89 Diputados Nac. 91 Concejales 91 Partidos Políticos

Votos % Votos % Votos % Votos %

Acuerdo Popular 1.194 0.06 1.383 0.07 0.00 0.00

Al. de Centro / UceDé 449.822 21.67 409.691 19.74 160.509 8.30 173.933 9.02

Alianza Izquierda Unida 110.349 5.32 111.992 5.40 0.00 0.00

Al. Unidad Socialista 88.572 4.27 92.602 4.46 118.495 6.13 137.283 7.12

Blanco de los Jubilados 6.927 0.33 8.068 0.39 0.00 0.00

Conf. Fed. Independiente 146.540 7.06 111.849 5.39 0.00 0.00

FRE.JU.PO. / FRE.JU.PE. 641.767 30.92 650.746 31.36 538.872 27.88 503.932 26.13

Frente Humanista / Verde 6.172 0.30 7.996 0.39 0.00 0.00

Obrero 5.178 0.25 5.806 0.28 8.633 0.45 9.149 0.47

Unión Cívica Radical 580.197 27.96 624.827 30.11 750.710 38.84 671.037 34.80

FREDEJUSO 69.640 3.60 78.704 3.87

Al. Fte. Pop. 29.533 1.53 27.245 1.41

Comunista 22.189 1.15 32.940 1.71

P.T.P. 3.700 0.19 4.027 0.21

Demócrata 6.633 0.34 28.674 1.49

Dem. Cristiana 7.793 0.40 9.763 0.51

Federal 10.933 0.57 13.138 0.68

Fza. Republicana 24.958 1.29 24.972 1.29

Gen. Intermedia 2.577 0.13 2.927 0.15

Mov. Acción Popular 11.189 0.58 11.635 0.60

M.A.S. 25.414 1.31 29.250 1.52

M.I.D. 5.822 0.30 7.121 0.37

Nac. Const. 8.181 0.42 10.275 0.53

Un. Popular 3.634 0.19 3.847 0.20

Vecinal 23.558 1.22 29.022 1.50

Verde -Ecologista 28.266 1.46 29.331 1.52

VOTOS POSITIVOS 98.14 97.57 96.30 95.11

VOTOS EN BLANCO 28.681 1.38 42.107 2.03 54.316 2.81 78.655 4.08

VOTOS ANULADOS 9.931 0.48 8.263 0.40 15.754 0.82 14.118 0.73

RECURRIDOS 423 0.02 397 0.02

IMPUGNADOS 1.107 0.06 1.107 0.06

22

Cuadro 2. RESULTADOS ELECTORALES PARA DIPUTADOS NACIONALES 1983-1991 Total General/Capital Federal

ELECTORES HABILES: 2.341.791 2.360.502 2.390.417 PORCENTAJE VOTAN TES: 85.78 84.55 84.34

30 de Octubre de 1983 3 de Noviembre de 1985 6 de Setiembre de 1987

Votos % Cargos Votos % Cargos Votos % Cargos Partidos Políticos

25 13 12

Alianza de Centro (1) 170.334 8.48 2 204.943 10.27 1 362.739 17.93 3 Alianza Demócrata-Socialista 31.111 1.55 – – – – Blanco de los Jubilados – – – – – – Del Trabajo, y del Pueblo – – – – 3.474 0.17 Demócrata Cristiano 73.640 3.67 1 7.878 0.39 – – – Demócrata Progresista – – 34.964 1.75 12.301 0.61 – Federal (2) 38.854 1.93 114.988 5.76 – – Frente Humanista-Verde (5) – – 3.413 0.17 – – Intransigente 114.840 5.72 1 155.720 7.80 1 86.596 4.28 Izquierda Unida (3) 42.374 2.11 63.076 3.16 63.295 3.13 Movimiento al Socialismo 13.764 0.69 – – 51.576 2.55 – Mov. de Integración y Desarrollo 27.615 1.37 – – 30.670 1.52 – Mov. Línea Popular – – 1.405 0.07 – – MPL-FTP 2.538 0.13 – – 3.067 0.15 – Obrero 5.170 0.26 6.014 0.30 6.469 0.32 Justicialismo y aliados 460.952 22.95 7 498.320 24.97 4 477.617 23.61 3 Socialista Popular (4) 6.957 0.35 16.642 0.83 24.487 1.21 Unión Cívica Radical 967.275 48.15 14 848.123 42.50 7 779.399 38.53 6 Generación Intermedia – – 1.310 0.07 – – Frente de Liberación – – 20.075 1.01 – – – Blanco de los Jubilados – – – – 85.404 4.22 Conservador Popular – – – – 2.802 0.14 Unión Popular – – – – 4.129 0.20 Alianza Popular – – – – 1.608 0.08 – Acuerdo Popular – – – – – – FREDEJUSO – – – – – – Alianza Frente Popular – – – – – – Demócrata – – – – – – Fuerza Republicana – – – – – – Vecinal – – – – – – Mov. Acción Populr – – – – – – Nacionalista Constitucional – – – – – – VOTOS POSITIVOS

1.955.424

97.35

1.976.871

99.05

1.995.633

98.66

VOTOS EN BLANCO 41.228 2.05 8.371 0.42 18.230 0.90 VOTOS ANULADOS 12.027 0.00 10.502 0.53 8.878 0.44 RECURRIDOS – – – – – –

23

Cuadro 2 (Continuación). RESULTADOS ELECTORALES PARA DIPUTADOS NACIONALES 1983-1991 Total General/Capital Federal

ELECTORES HABILES: 2.420.639 2.439.866 PORCENTAJE VOTANTES: 85.73 79.22

14 de Mayo de 1989 8 de Setiembre de 1991

Votos % Cargos Votos % Cargos Partidos Políticos

13 12

Alianza de Centro (1) 449.822 21.67 3 160.509 8.30 1 Alianza Demócrata-Socialista – – – – Blanco de los Jubilados 6.927 0.33 – – Del Trabajo, y del Pueblo – – 3.700 0.19 Demócrata Cristiano – 7.793 0.40 Demócrata Progresista – – – Federal 146.540 7.06 1 10.933 0.57 Frente Humanista-Verde (5) 6.172 0.30 28.268 1.46 Intransigente – – – – Izquierda Unida (3) 110.349 5.32 22.189 1.15 Movimiento al Socialismo – 25.414 1.31 Mov. de Integración y Desarrollo 5.822 0.30 Mov. Línea Popular – – – – MPL-FTP – – Obrero 5.178 0.25 8.633 0.45 Justicialismo y aliados 641.767 30.92 5 538.872 27.88 4 Socialista Popular (4) 88.572 4.27 118.495 6.13 1 Unión Cívica Radical 580.197 27.96 4 750.710 38.84 6 Generación Intermedia – – 2.577 0.13 Frente de Liberación – – – Blanco de los Jubilados – – – – Conservador Popular – – – Unión Popular – – 3.634 0.19 Alianza Popular – – – Acuerdo Popular 1.194 0.06 – – FREDEJUSO – – 69.640 3.60 Alianza Frente Popular – – 29.533 1.53 Demócrata – – 6.633 0.34 Fuerza Republicana – – 24.958 1.29 Vecinal – – 23.558 1.22 Mov. Acción Popular – – 11.189 0.58 Nacionalista Constitucional – – 0.181 0.42 VOTOS POSITIVOS 2.036.718 98.14 1.861.239 96.30 VOTOS EN BLANCO 20.681 1.38 64.316 2.81 VOTOS ANULADOS 9.931 0.48 16.754 0.82 RECURRIDOS – – 423 0.02

24

Cuadro 3. CAPITAL FEDERAL (GLOBAL) Fugas del PJ (comparación 89-91 - Diputados) Descenso en padrón 2,04% FREDEJUSO/AFPop. 4,30% U. Socialista 0,86% UCR 3,00% Otros/Blanco 5,00% TOTAL 15,20% Aportes el PJ (comparación 89-91 - Diputados) UCeDé 12,16% (43,61% del total de 27,88%) Aportes a la UCR (comparación 89-91 - Diputados) ex Conf. Fed. Ind. 7,06% (18,17% del total de 38,84%) PJ 3,00% (7,72% del total de 38,84%) AUSENTISMO (incremento del 6,51% de 1991 respecto de 1989) PJ 2,04% (31,3% del total de 6,51%) UCR 1,25% (18,7% del total de 6,51%) UCeDé 3,22% (50% del total de 6,51%) Fugas UCR FREDEJUSO/AFPop. 0,70% Unidad Socialista 1,00% Otros/Blanco 0,80% Cuadro 5. SECCION 20 (SOCORRO) Cuadro 7. Lugano FUGAS UceDé FUGAS UCeDé UCR 0,00% PJ 8.96% del padrón PJ 7,00% Ausentismo 9,00% FUGAS PJ FUGAS PJ UCR 7,51% del padrón U. Soc. 1,75% del padrón UCR 0,00% FREDEJUSO/AFP 4,00% del padrón FREDEJUSO/AFP 2,68% Otros/Blanco 4,53% del padrón Blanco/Otros 2,00%

Cuadro 9. FLORES FUGAS UCeDé FUGAS PJ PJ 12,41% del padrón UCR 3,33% del padrón FREDEJUSO/AFP 4,46% del padrón Unidad Soc. 0,94% del padrón Blancos/Otros 4,3% del padrón

25

Cuadro 4. ELECCIONES GENERALES 14 DE MAYO DE 1989 Y 11 DE SETIEMBRE DE 1991.

ESCRUTINIO DEFINITIVO Y PROVISORIO. Capital Federal - Sección 20 Socorro - Total General

ELECTORES HABILES: 72.121 71.148 PORCENTAJE VOTANTES: 81. 16%* 71.54%



Acuerdo Popular 38 0.06 38 0.06 0.00 0.00

Al. de Centro / UCeDé 25.553 43.66 25.463 43.50 13.698 26.91 11.485 22.68



Blanco de los Jubilados 142 0.24 161 0.28 0.00 0.00


FRE.JU.PO. / FRE.JU.PE. 11.593 19.81 11.714 20.01 11.344 22.29 9.766 19.29

Frente Humanista/Verde 325 0.56 395 0.67 0.00 0.00

Obrero 88 0.15 90 0.15 159 0.31 168 0.33


FREDEJUSO 1.208 2.37 1.302 2.57

Al. Fte. Pop. 393 0.77 354 0.70

Comunista 276 0.54 411 0.81

P.T.P. 101 0.20 107 0.21

Demócrata 479 0.94 497 0.98

Dem. Cristiana 123 0.24 175 0.35

Federal 742 1.46 804 1.59

Fza. Republicana 1.682 3.30 1.443 2.85

Gen. Intermedia 83 0.16 91 0.18

Mov. Acción Popular 216 0.42 201 0.40

M.A.S. 324 0.64 372 0.73

M.I.D. 181 0.36 205 0.40

Nac. Const. 176 0.35 192 0.38

Un. Popular 70 0.14 69 0.14

Vecinal 1.180 2.32 1.273 2.51

Verde- Ecologista 571 1.12 583 1.15

VOTOS POSITIVOS 57.437 98.13 57.088 97.53 48.998 96.26 48.216 95.22

VOTOS EN BLANCO 851 1.45 1.256 2.15 1.499 2.94 2.075 4.10

VOTOS ANULADOS 245 0.42 189 0.32 364 0.72 309 0.61

RECURRIDOS 13 0.03 7 0.01

IMPUGNADOS 27 0.05 27 0.05

TOTAL DE VOTANTES 58.553 100.00 58.533 100.00 50.901 100.00 50.634 100.00

Fuente: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior.

26


ESCRUTINIO DEFINITIVO Y PROVISORIO. Capital Federal - Sección 22 Villa Lugano - Total General

ELECTORES HABILES: 108.448 113.219 PORCENTAJE VOTANTES: 87.75% 81.88%



Acuerdo Popular 80 0.08 94 0.10 0.00 0.00 0.00






FRE.JU.PO. / FRE.JU.PE. 49.422 51.93 50.159 52.71 39.032 42.10 37.423 40.54

Frente Humanista / Verde 430 0.45 483 0.51 0.00 0.00

Obrero 271 0.28 311 0.33 605 0.65 642 0.70


FREDEJUSO 2.453 2.65 2.609 2.83

Al. Fte. Pop. 1.942 2.09 1.797 1.95

Comunista 1.543 1.66 1.954 2.12

P.T.P. 329 0.35 357 0.39

Demócrata 611 0.66 913 0.99

Dem. Cristiana 376 0.41 440 0.48

Federal 358 0.39 392 0.42

Fza. Republicana 662 0.71 683 0.74

Gen. Intermedia 162 0.17 172 0.19


M.A.S. 1.700 1.83 1.903 2.06

M.I.D. 272 0.29 288 0.31

Nac. Const. 721 0.78 1.114 1.24

Un. Popular 271 0.29 289 0.31

Vecinal 686 0.74 777 0.84

Verde- Ecologista 907 0.98 933 1.01

VOTOS POSITIVOS

93.314

98.05

92.672

97.38

89.423

96.46

88.176

95.53

VOTOS EN BLANCO 1.292 1.36 2.008 2.11 2.348 2.53 3.224 3.49

VOTOS ANULADOS 559 0.59 485 0.51 780 0.84 747 0.81

RECURRIDOS 38 0.04 36 0.04

IMPUGNADOS 117 0.13 117 0.13



27


ESCRUTINIO DEFINITIVO Y PROVISORIO. Capital Federal - Sección 5 Flores - Total General

ELECTORES HABILES: 135.752 137.426 PORCENTAJE VOTANTES: 87.04% 81.22%



Acuerdo Popular 66 0.06 74 0.06 0.00 0.00






FRE.JU.PO. / FRE.JU.PE. 31.907 27.00 32.346 27.37 27.649 24.77 25.768 23.15

Frente Humanista / Verde 300 0.25 427 0.36 0.00 0.00

Obrero 232 0.20 262 0.22 422 0.38 453 0.41


FREDEJUSO 4.372 3.92 4.613 4.14

Al. Fte. Pop. 1.558 1.40 1.452 1.30

Comunista 1.174 1.05 1.908 1.71

P.T.P. 157 0.14 182 0.16

Demócrata 283 0.25 993 0.89

Dem. Cristiana 514 0.46 742 0.67

Federal 564 0.51 717 0.64

Fza. Republicana 1.099 0.98 1.152 1.03

Gen. Intermedia 122 0.11 137 0.12


M.A.S. 1.534 1.37 1.798 1.62

M.I.D. 268 0.24 343 0.31

Nac. Const. 364 0.33 442 0.40

Un. Popular 181 0.16 195 0.18

Vecinal 1.173 1.05 1.372 1.23

Verde- Ecologista 1.774 1.59 1.883 1.69

VOTOS POSITIVOS 116.123 98.27 115.460 97.71 107.328 96.16 105.765 95.01

VOTOS EN BLANCO 1.490 1.26 2.264 1.92 3.315 2.97 4.697 4.22

VOTOS ANULADOS 550 0.47 439 0.37 880 0.79 775 0.70

RECURRIDOS 17 0.02 14 0.01

IMPUGNADOS 71 0.06 71 0.06



28

Cuadro 10. DISTRIBUCION DE ELECTORADO: PADRON GENERAL

DEL DISTRITO Comparación elecciones 1989-1991

1989 1991 Variac. '89/'91

PJ 48.37 44.39 -3.98 (-8%)

Ucedé 10.02 7.78 -2.24 (-22%)

UCR 26.32 23.17 -3.15 (-11%)

MODIN - 9.24 +9.24%

IU 4.86 0.88 -1.49 (-30%)

MAS - 2.49

FJUSO - 2.76 +2.76

A.POP.LIB. - 2.39 +2.39

P. BLANCO 4.29 - -4.29

C.FED.IND. 3.03 - -3.03

INDEP. FTS. 2.70 +2.70

BLANCO 1.70 5.35 +3.65

AUSENT. 12.94 19.67 +6.73

Prom UCR 83/91 35.22% -12.05%

Prom. PJ 83/91 44.18% +0.21%

29

Cuadro 11. PADRON GRAL. DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

Migración de votos '89/'91

Aportes PJ

Ucedé 4.5% del padrón

Ex P. Bco. Jub. 3.45% del padrón

Otros 1.75% del padrón

Aportes Ucedé


Ex Con. Fed. Ind. 1.00% del padrón

PJ/UCR 0.76% del padrón

Aportes al voto en blanco

+ Ausentismo

PJ 3.00% del padrón

UCR 3.00% del padrón

IU 1.00% del padrón

Ucedé 1.00% del padrón


Aportes MODIN

PJ 7.40% del padrón



Fugas PJ

MODIN 7.40% del padrón

FREJUSO 1.38% del padrón

Al. Pop. Lib. 1.90% del padrón

Blanco + Ausentismo 3.00% del padrón

Fugas UCR

Blanco + Ausentismo 3.00% del padrón

30

Cuadro 12. DISTRIBUCION DE ELECTORADO. VICENTE LOPEZ

Comparación elecciones 1989-1991

1989 1991

Variac. '89/'91

PJ 27.07 29.46 +2.39 (+8%) Ucedé 24.03 15.18 8.85 (36%) UCR 31.50 28.01 3.49 (11%) MODIN 5.09 +5.09 IU 4.88 0.74

2.57 3.24

1.37 0.37

MAS FJUSO A. Pop. Lib. FVP Ex Pdo. Bco. Jub. Con. Fed. Ind. Fte. Ind. Voto Blanco Ausentismo

2.70 4.22

1.26

14.61

3.81 5.58

20.49

1.57 (32%) +3.24 +1.37 +0.37

2.70 4.22

+3.81 +4.32 +5.88

Cuadro 14. DISTRIBUCION DEL ELECTORADO: MARIANO MORENO


1989 1991

Variac. '89/'91

PJ 57.35 44.06 -13.29 (-23%) Ucedé 6.07 5.71 -0.36 (-6%) UCR 18.87 13.16 -5.71 (30%) MODIN – 12.05 +12.05 IU

5.19

0.89

-1.93 (-37%) MAS – 2.37 FJUSO

–

3.10

+3.10

A. Pop. Lib. – 2.13 +2.13 Ex Pdo. Bco. Jub. 5.55 – -5.55 Ex Con. Fed. Ind. 2.36 – -2.36 Fte. Indep. – 3.10 +3.10 Voto blanco 2.07 9.08 +7.01 Ausentismo 12.68 18.32 +7.13

31

Cuadro 13. MIGRACION DE VOTOS - VICENTE LOPEZ

Aportes al PJ

Ucedé 8.78%

Pdo. Bco. Jub. 2.30%

Aportes a la Ucedé

Ex Conf. Fed. Ind. 2.00%

Ex Pdo. Bco. Jub.

Aportes al MODIN

PJ 4.00%

Otros 1.00%

Aportes al Voto en blanco + ausentismo

PJ 2.00%

UCR 3.49%

Ucedé 2.00%

Otros 1.50%

Fugas del PJ

blanco + ausentismo 2.00%

MODIN 4.00%

FJUSO 1.60%

A. Pop. Lib. 1.00%

Fugas de la UCR


Fugas de la Ucedé

PJ 8.78%


Fugas de IU


A. Pop. Lib. + FJUSO 0.50%

32

Cuadro 15. MIGRACION DE VOTOS - MARIANO MORENO

Comparación de votos 1989-1991

Aportes al PJ

Ucedé 2.28%

Ex Pdo. Bco. Jub. 4.30%

Aportes a la Ucedé

Ex Pdo. Bco. Jub.

1.20%

Ex Conf. Fed. Ind.

UCR 0.70%

Aportes al MODIN

PJ 9.60%

Otros 2.45%

Aportes al voto en blanco + el ausentismo

PJ 7.00%

UCR 5.00%

IU 1.00%

Otros 1.00%

Fugas del PJ

Blanco + Ausentismo 7.00%

FJUSO 1.50%

A. Pop. Lib. 1.70%

MODIN 9.60%

Fugas de la UCR

Ausentismo + Blanco 5.00%

Otros 1.00%

Fugas de la IU

Ausentismo + blanco 1.00%

FJUSO + Al. Pop. Lib. 1.00%

33

Cuadro 16. DISTRIBUCION ELECTORADO: LANUS


1989 1991 Variac. '89/'91

PJ 49.90 40.06 -9.84 (-19%)

Ucedé 7.71 7.18 -0.53 (-7%)

UCR 23.57 18.46 -5.11 (-21.7%)

MODIN – 10.03 +10.03

IU 6.83 1.37

-1.69 (-24%)

MAS – 3.77

FJUSO – 4.28 +4.28

Al. Pop. Lib. – 2.86 +2.86

Ex Pdo. Bco. Jub. 4.18 – -4.18

Ex Con. Fed. Ind. 2.52 – -2.52

Fte. Ind. – 2.40 +2.40

Voto en blanco 1.20 4.04 +2.84

Ausentismo 11.89 15.92 +4.03

34

Cuadro 17. MIGRACION DE VOTOS: LANUS

Comparación votos 1989-1991

Aportes al PJ

Ucedé 2.80%

Ex Pdo. Bco. Jub. 3.21%

Aportes a la Ucedé

Ex Conf. Fed. Ind. 1.00%

UCR 1.00%

Otros 0.5%

Aportes al voto en blanco

y ausentismo

UCR 3.47%

PJ 2.40%

IU 1.00%

Fugas del PJ

MODIN 8.00%

Al. Pop. Lib. 2.28%

FJUSO 2.14%


Otros 1.00%

Fugas de la UCR

Ucedé 1.60%


35

II) LA PROFUNDIZACION DEL AJUSTE ACREEDOR

El Rasgo Dominante de la Etapa Poselectoral

a) Caracterización de la Etapa

Desde la crisis del Plan BB se advierte en la gestión del Gobierno, la paulatina concreción de un gigantesco ajuste

sobre el sector público cuya meta exclusiva es el pago de la deuda externa, condicionando en su desarrollo todo otro

objetivo de política económica, incluyendo la afirmación del modelo exportador.

El pasar de un tipo de cambio flotante, como el comprendido dentro del esquema "Erman", a uno virtualmente

fijo en el diseño de la convertibilidad del Austral, implica subordinar resueltamente el funcionamiento global de la

economía y por ende su reestructuración, a la lógica del ajuste acreedor.

Esta aseveración encuentra su sustento de fondo en los rasgos centrales que presenta la economía argentina desde

principios de los '80, la transnacionalización de los sectores dominantes y por consecuencia la sistemática dolarización

de los excedentes captados.

Desde el Plan Bonex, momento en el que ingresa la conducción acreedora al Gobierno, se define un diseño que

en lo fiscal apuntó a recortar todas las transferencias a los grupos económicos (compras, promoción industrial,

valorización financiera, etc.), y en lo monetario restringir la masa de australes susceptible de convertirse en dólares en el

mercado cambiario. De este modo, el Estado a partir del superávit de sus cuentas, se convierte en el poseedor

mayoritario de los escasos australes disponibles para adquirir divisas, desplazando a los grupos empresarios de la

demanda cambiaria.

El esquema descripto –llevado adelante por la dupla de los González durante 1990– se completaba con una fuerte

recesión, de forma de reducir los excedentes internos dolarizables y contenía la posibilidad de articular el ajuste fiscal

acreedor con la salida exportadora. En efecto, en tanto el Estado es el principal demandante de divisas con el producido

del superávit fiscal, cuanto mayor sea éste, más se elevará el tipo de cambio, mejorando la rentabilidad de exportación.

Las demoras en profundizar el ajuste fiscal, y el drenaje de reservas que el diseño de libre flotación permitía,

concluyeron por instalar las exigencias acreedoras en el centro de la reestructuración del país, desplazando cualquier

otro objetivo.

36

La convertibilidad del austral a una paridad fija, establecid a por ley, significó suprimir de hecho la política

monetaria –eliminando la creación autónoma de moneda–, obligar al atesoramiento de las reservas –impidiendo su fuga–

y forzar el compromiso de las Instituciones con el ajuste fiscal para sostener la paridad de conversión.

La convertibilidad, además de incorporar los beneficios antes citados en la administración del ajuste acreedor,

produce los siguientes efectos:

– se desentiende de compatibilizar, explícitamente en el diseño de política económica, el pago de la deuda externa con

la afirmación de, algún rumbo productivo para la Argentina, particularmente el exportador

– el tipo de cambio fijo optimiza la cantidad de dólares que se pueden comprar con el superávit fiscal, mejorando el

nivel de transferencias a la banca acreedora producto del ajuste del Estado

– supera las restricciones del esquema "Erman", en cuanto a la generación de excedentes internos dolarizables, al

impulsar una reconversión estructural de los sectores productivos y de servicios orientada a adaptar sus tareas de

ganancia a los márgenes internacionales.

En efecto, implantar un tipo de cambio fijo controlado desde el equilibrio de las cuentas fiscales, con apertura

importadora creciente e indiscriminada –sin derechos específicos–, en el marco de una economía transnacionalizada

donde los sectores dominantes dolarizan sus excedentes, implica impactar fuertemente sobre las tasas de ganancia

empresarias medidas en dólares. Es decir, que la estabilidad alcanzada durante la gestión de Cavallo, con las

herramientas citadas (convertibilidad del Austral y apertura), no es neutral sino que define la necesidad de ajustar la

rentabilidad empresaria a los niveles internacionales.

De este modo, desde la óptica acreedora, la modalidad del ajuste impide que se generen ganancias dolarizables

que disputen significativamente la oferta de divisas con destino al pago de la deuda externa, y para los grupos

empresariales más concentrados, establece la obligación de optimizar sus utilidades racionalizando costos, dado que no

pueden elevar sus precios debido al torniquete fiscal y arancelario.

b) La marcha de las cuentas fiscales

En el marco del ajuste acreedor, la evolución de las cuentas fiscales se convierte en decisiva para la gestión de

corto plazo, debiendo medirse dicha evolución en base al nivel de transferencias que permite realizar a los acreedores

externos y su proximidad a las metas comprometidas con el F.M.I., en el "stand by" acordado en agosto.

Una comparación de lo comprometido para el tercer trimestre '91, con el resultado de la Tesorería revela lo

siguiente:

37

Cifras en Millones de U$S

–Julio/Setiembre'91–

metas acordadas evolución Tesorería Diferencia

Superávit operativo 330 (109) (439)

Privatizaciones 508 627 119

Superávit primario 838 518 (320)

El cuadro anterior refleja con claridad que el superávit de la Tesorería, además de ubicarse un 38% por debajo de

las metas pactadas, se alcanzó exclusivamente por privatizaciones.

Los desvíos en el resultado se advierten en el fuerte aumento de las transferencias a provincias y empresas

públicas, previo al comicio de septiembre y octubre, pasando de U$S 255 millones en julio a U$S 372 millones en

agosto, según el cuadro que se acompaña:

Evolución de la Tesorería III TRIM '91 –Cifras en millones de U$S– CONCEPTO Julio Agosto Set'bre I. Total Ingresos 1.061 910 1.026 1. Tributarios 698 642 639 2. De capital 243 96 288 3. Otros 120 172 99 II. Total egresos operativos 839 940 700 1. Egresos corrientes 627 940 700 –Personal 328 262 225 –Bs. y serv. Y erog. de cap. 43 107 93 –Transferencias 255 372 210 2. Otros 212 182 172 3. Resultado 222 (30) 326

38

Con independencia de las explicaciones acerca de los desvíos ocurridos, es evidente la imposibilidad de cumplir

las metas acordadas con el F.M.I. Máxime si se tiene presente que para el IV trimestre de 1991 el superávit operativo

previsto en la carta de intención es de U$S 883 millones, triplicando casi al del trimestre anterior.

Al respecto el mes de octubre, si bien arroja resultados mejores –propios de haber superado el tránsito electoral–,

se encuentra lejos de lo pautado por el F.M.I., tal como se detalla:

Cifras en Millones de U$S Ingresos 972 Tributarios 891 de Capital – Otros 91 Egresos 897 Personal 553 Transferencias 121 Otros 223 Resultado 75 A pesar de que la situación de la Tesorería se encuentra bajo control en lo que respecta al equilibrio fiscal que

implica, el cumplimiento de los compromisos externos –objeto central del ajuste– sólo puede realizarse parcialmente con

el producido de las privatizaciones, recursos utilizables una sola vez.

El cuadro descripto obliga al Gobierno a acelerar los tiempos del ajuste –particularmente en privatizaciones y

provincias– en intentar una renegociación global de la deuda que alivie las presiones sobre las cuentas fiscales. En suma,

producir un doble movimiento consistente en aumentar los recursos para pagar y simultáneamente los montos efectivos a

desembolsar. Estas gestiones trascendentales se realizan en un marco donde el Gobierno debe:

• respetar el tipo de cambio fijo derivado de la convertibilidad del Austral

• compensar la rentabilidad exportadora afectada por la paridad de conversión

• sostener la continuidad del proceso de reactivación con apertura importadora que, sumada al deterioro de las

exportaciones, ha hecho descender vertiginosamente el saldo favorable de la balanza comercial.

Es importante destacar que, inicialmente y más allá de su efectividad, las soluciones adoptadas a los problemas

enunciados tienden a agudizar el costo del ajuste sobre los sectores populares. Esta modalidad de conducción, acuerda

primero extraer recursos del conjunto de la población para satisfacer los intereses contrapuestos entre sí de las facciones

dominantes (banca acreedora y grupos económicos). Sin embargo, los recursos así obtenidos se revelan como

insuficientes a tal fin.

39

c) Los problemas de la Etapa

1– La profundización del ajuste

La aceleración de las privatizaciones

Siendo evidente la importancia que tiene el producido líquido de las privatizaciones en el cierre de las cuentas

fiscales, el Gobierno procura apresurar el remate de los activos públicos durante 1992, en un esfuerzo consonante con la

renegociación global de la deuda externa. Así, emerge con toda crudeza, como el desguace del Estado subordinado sin

más trámite al c umplimiento de metas fiscales de coyuntura.

En este sentido se inscribe "el Decreto Privatizador" firmado por el Presidente el 12-11-91, que junto con el de

"Desregulación" constituyen el "acto de fe" previo al viaje a Estados Unidos, consistente en ratificar por la vía ejecutiva

los contenidos de la Ley de Reforma del Estado. En efecto, antes que concluya 1992., debe estar realizada la

adjudicación de todas las Empresas Estatales, citándose a continuación el cronograma de las más importantes:

Cronograma de las principales privatizaciones:

• Transporte de carga Ferrocarril Mitre 27/12/91 • SEGBA (Central Pto. Nuevo y Nuevo Pto) 28/2/92 • SEGBA (Central Costanera Dock Sud y Pedro de Mendoza) 31/3/92 • Agua y Energía Eléctrica (Central Luján de Cuyo y Güemes) 31/3/92 • Transporte de carga Ferrocarril Urquiza 29/5/92 • Transporte de carga Ferrocarril San Martín y Sarmiento 29/5/92 • SEGBA (distribución) 30/5/92 • Obras Sanitarias de la Nación 15/6/92 • Agua y Energía Eléctrica (Central Sorrento y San Nicolás) 30/6/92 • Empresa Líneas Marítimas del Estado 14/7/92 • Hidronor 31/7/92 • Ferrocarril Metropolitano Línea Mitre 20/8/92 • Ferrocarril Metropolitano Línea Sarmiento 20/8/92 • Ferrocarril Metropolitano Línea Urquiza y subterráneos 20/8/92 • Encotel 10/9/92 • Transporte de carga Ferrocarril Belgrano 15/9/92 • Transporte de carga Ferrocarril Roca (resto) 15/9/92 • Transporte de pasajeros Bs.As.-Mar del Plata 15/9/92 • Gas del Estado 15/9/92 • Ferrocarril Metropolitano Línea Roca 4/10/92 • Ferrocarril Metropolitano Línea San Martín 4/10/92 • Ferrocarril Metropolitano Línea Belgrano Norte 20/10/92 • Ferrocarril Metropolitano Línea Belgrano Sur 20/10/92

YPF

AREA CUENCA AUSTRAL

(SANTA CRUZ - SANTA CRUZ II - TIERRA DEL FUEGO)

Apertura de ofertas 16/12/91

40

Firma de contratos 26/12/91

AREA CUENCA NOROESTE

(AREA Y.N.I. - AREA Y.N.II)

Llamado a licitación 30/01/92

Apertura de ofertas 30/04/92

Firma de contratos 30/05/92

A partir de la promulgación de la Ley de Reconversión de la empresa se computarán los siguientes plazos:

CAMPO DURAN

(Refinería Campo Durán, Poliducto Campo Duran, Montecristo. Planta de despacho: General Mosconi, Chachapoyas y

Tucumán)

Llamado a licitación 4 meses

Apertura de ofertas 7 meses

Firma de contratos 8 meses

OLEODUCTOS

(Oleoducto Allen, Puerto Rosales, Oleoducto Puerto Rosales, La Plata, terminal marítimo Puerto Rosales)




DOCK SUD

(Refinería Dock Sud)

Llamado a licitación 1 mes



SAN LORENZO

(Refinería San Lorenzo)


41



PERFORACION

(Conjunto equipos de perforación)




Esta gran subasta plantea procedimientos y problemas distintos respecto de las anteriores privatizaciones.

En primer lugar, el esquema de transferencia a manos privadas guarda estrecha relación con el objetivo esencial

de las privatizaciones, generar fondos líquidos para el Fisco, presupuestados en U$S 3500 millones para 1992.

A ese efecto, y además para tornar viable el cumplimiento de los exiguos plazos del cronograma de ventas, se

entregará el control absoluto de las empresas a quienes adquieran el 30% de los paquetes accionarios –previa conversión

de los entes en sociedades por acciones– en licitación pública internacional. Con posterioridad a esta adjudicación, el

Estado venderá las acciones remanentes.

Esto significa que el comprador no sólo adquiere bienes intrínsecamente subvaluados, sino que lo hace pagando

una tercera parte de dicha valuación. Debiendo agregarse que la venta de las acciones restantes no puede alterar el

control que sobre la empresa ejerce el adjudicatario inicial.

En suma se trata de una "mesa de oferta de saldos por "pago contado" y "en fecha".

El procedimiento descripto se vincula a dos factores:

– La necesidad de "caja" del Estado en la lógica del ajuste en curso. El subsecretario de Empresas Públicas Sánchez

Arnau es elocuente al afirmar que la aceptación de títulos de la deuda externa como parte de pago estará sujeta a la

estrategia de renegociación global de la deuda externa. Como contrapartida, aspecto contemplado legislativamente,

se admite la capitalización de la deuda interna, dado la reducción en las erogaciones efectivas de la Tesorería que su

disminución implica, por menor pago de servicios.

– Las características de las empresas a privatizar las tornan distintas de los casos de Entel, Aerolíneas y las

concesiones petroleras. La adquisición de mercados rentables aparece en esta etapa más diluida que en los entes

citados. La estrategia de los consorcios empresarios locales en energía, gas y fletes se vincula esencialmente a la

42

reestructuración de costos productivos que han comenzado a realizar durante el corriente año. Por otro lado OSN,

ENCOTEL o el transporte ferroviario de pasajeros no resultan atractivos como negocios.

En suma el procedimiento de venta de las Empresas Públicas se encuentra sesgado por un doble efecto:

– un cambio en la estrategia de negociación de la deuda externa en donde una reducción del stock de ésta se producirá

a través del ingreso al Plan Brady, por ende lo fundamental de las privatizaciones es el producido líquido que

permita regularizar atrasos y facilite el ingreso al Plan

– una estrategia empresarial de los comp radores distinta, ligada a reconversión productiva vía disminución de costos,

en un contexto de entes ofrecidos menos atractivos como negocio, abrirá una fuerte puja por el nivel de tarifas, a la

postre determinante del precio de venta.

El Ajuste provincial

El otro "nudo gordiano" para descomprimir la Tesorería es forzar el equilibrio de los presupuestos provinciales,

obligándolos a asumir la prestación de servicios sociales en la actualidad a cargo de la Nación, y eliminando las

transferencias presupuestarias hacia los mismos.

También en este aspecto el Gobierno ha lanzado una fuerte ofensiva consistente en operar simultáneamente sobre

varios frentes que confluyen en el mismo objetivo.

En principio ha acelerado el proceso de racionalización de los bancos oficiales de provincia, a partir del simple

trámite de estrangularlos financieramente reclamando los redescuentos adeudados al BCRA que oscilan en U$S 1100

millones. La utilización de buena parte de estas entidades como "caja chica" de los gobiernos provinciales impide el

recupero de sus carteras activas y por ende ingresan en situaciones de iliquidez que los transforman en inviables

técnicamente quedando a merced del BCRA–. Los caminos elegidos para la racionalización son diversos, reducción de

sucursale s, eliminación del personal y privatizaciones. Sin embargo en un contexto de reestructuración del sector

bancario y dado el quebranto que presentan estas entidades, el único horizonte posible para la mayoría es su cierre

definitivo.

Eliminado el flujo de fondos financieros el Gobierno proyecta intervenir en lo fiscal, transfiriendo a las

provincias durante 1992 los servicios de salud y educación conforme al cuadro que sigue:

Transferencia de Servicios a la

Municipalidad de Buenos Aires

PROVINCIA CULTURA Y EDUCACION

PROGRAMAS COMUNIT.

PROGRAMAS NUTRIC. HOSPITALES MENOR Y

FAMILIA TOTAL

43

Capital Federal 173,5 2,2 68,0 5,9 249,6

Buenos Aires 269,1 18,3 26,3 40,2 7,9 361,8

Catamarca 11,6 2,6 1,6 15,8

Córdoba 67,6 8,2 5,3 81,1

Corrientes 19,5 3,5 5,4 28,4

Chaco 12,5 4,6 8,1 25,2

Chubut 19,6 1,1 1,8 22,5

Entre Ríos 37,4 4,5 3,7 2,5 48,1

Formosa 8,0 3,5 3,8 15,3

Jujuy 16,9 2,7 4,6 24,2

La Pampa 8,9 1,8 0,7 11,4

La Rioja 12,5 1,9 1,2 15,6

Mendoza 32,9 3,7 4,0 40,6

Misiones 14,2 2,9 6,3 23,4

Neuquén 7,1 1,6 1,9 10,6

Rio Negro 7,1 2,5 3,2 12,8

Salta 20,5 3,6 6,3 30,4

San Juan 17,8 3,4 2,1 23,3

San Luis l4,2 2,0 1,1 17,3

Santa Cruz 4,4 1,1 0,4 5,9

Santa Fe 66,7 8,3 6,7 81,7

Sgo. del Estero 14,2 3,7 6,0 23,9

Tucumán 5,3 4,5 5,7 15,5

T. del Fuego 28,5 0,2 0,1 28,8

Total

890,0

92,4

106,3

110,7

13,8

1.213,2

Si se proyecta esta transferencia sobre el cuadro fiscal de las provincias en 1990 se observa la magnitud de las

mismas:

–cifras en millones de U$S– 1990

Ingresos Totales

Recursos Propios 4400 (40%) 11.100

Egresos Totales

Gastos en Personal 5200 (42%) 12.500

44

Déficit -1.300

Transf. de Prest. Soc. 1.200

Prácticamente los gastos traspasados tienden a duplicar el déficit de los presupuestos provinciales. Estos se

sufragarán potencialmente con el aumento de la recaudación de impuestos coparticipados.

Así se abrirá una disputa fuerte entre las jurisdicciones por la porción de recursos coparticipados a la que

accedan.

Las mejor posicionadas serán, al decir del Ministro, las que avancen en la realización del ajuste, lo que debe

leerse como una menor demanda en términos relativos de fondos de la Nación. En ese sentido si bien el promedio de

gastos solventados con recursos propios provinciales es del 40%, existe una elevada dispersión, dado que en Buenos

Aires ese porcentaje alcanza al 57% y en La Rioja y Catamarca sólo es del 3%.

Finalmente se operó indirectamente sobre las economías regionales, eliminando los organis mos reguladores de

las producciones locales (azúcar, vino, yerba, granos, forestal, carnes, etc.) con la intención de inducir a la baja de los

precios de esos productos, pero además se libera el cultivo, el proceso y comercialización de los mismos. En suma , se

anarquiza la producción base de numerosas provincias generando en el largo plazo la entrega de mercados agropecuarios

a los monopolios compradores y alterando la estructura de propiedad de la tierra en favor de una concentración de ésta.

El conjunto de medidas reseñadas –iliquidez financiera, mayores cargas presupuestarias y el dislocamiento de

producciones regionales– originará efectos en las provincias, comparables a lo ocurrido con la irrupción de las redes

ferroviarias en la segunda mitad del siglo pasado.

La reestructuración de la banca pública

El factor de elusión del ajuste que significa el financiamiento interno al Estado, suministrado por el sistema

bancario oficial, se refleja en la persistente presión de los organismos internacionales para su eliminación definitiva. A la

vez, la magnitud de este financiamiento y la participación de los bancos públicos nacionales, provinciales y municipales

en el mercado financiero impiden acelerar el desmantelamiento del sistema bancario oficial, sin quebrar el rígido

esquema monetario impuesto por la convertibilidad.

–cifras en millones de U$S–

al depósitos

A M/E total

Bancos Públicos

45

Nacionales 1.576 922 2.498

Provinciales 2.350 772 3.122

Municipales 338 224 562

Totales

– Bancos Públicos 4.262 1.918 6.182

– Sist. Bancario 7.030 6.578 13.609

%Bcos. Públ./Sist. Banc. 61% 29% 45%

El volumen de depósitos en australes en poder del sistema bancario público –61% del total en sus dis tintas

jurisdicciones– obliga al Gobierno a una cautelosa administración de la reforma del mismo dado que se le presenta un

problema de incidencia directa sobre la convertibilidad.

Se estima que el 60% de la cartera activa –U$S 18.000 millones–, financiada con la capacidad de préstamo de la

banca oficial, es de cumplimiento irregular y una porción igualmente relevante fue aplicada al sector público.

Por ende, acelerar un proceso de reestructuración que incluirá cierres de casas bancarias e instituciones mismas,

puede derivar en una fuga de depósitos que el Estado sólo puede efectivizar emitiendo australes, habida cuenta que los

depósitos a plazo no integran el cálculo de la convertibilidad –desde el inicio del plan las reservas líquidas sólo cubren el

50% de los agregados monetarios hasta M3.

En este marco es necesario analizar la posición de los bancos públicos más importantes, el Banco de la Nación

Argentina y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, a fin de reforzar lo descripto:

–cifras en millones de U$S (*)–

BNA CNAS

31.8.91 30.6.91

46

Préstamos 2.541 502

Sector Público 830 360

Sector Privado 1711 146

Depósitos 2.028 330

en australes 1145 321

en mon. extr. 883 9

(*) últimas disponibles

El temor de las autoridades monetarias a una "corrida" de una masa de depósitos en australes cercana a los U$S

1.500 millones, constituye la restricción más importante para el desguace de estas instituciones, en tanto su equilibrio

financiero descansa en la re novación de los depósitos.

A la presión de los acreedores para profundizar el ajuste, se le agrega la ejercida por la gran banca privada de

origen local, que aspira a eludir su propio redimensionamiento desde la apropiación del mercado financiero (y de

seguros) que deje vacante el desmantelamiento de la banca pública, las demoras en producirlo, provocan en el sector

privado fuertes quebrantos ante la imposibilidad de sostener sus estructuras.

La confluencia de presiones obtura toda posibilidad de sanear las entidades públicas, en particular aquellas

absolutamente viables como el Banco Nación y la Caja de Ahorro. El Gobierno sólo apela a reducir gastos en personal,

como única medida tendiente a su equilibrio.

La reestructuración de la banca pública es otro episodio –fallido hasta el momento–, en donde el Gobierno intenta

simultáneamente respetar los dictados del ajuste acreedor y efectuar concesiones al poder económico local.

La destrucción del sector público siderúrgico

Sin duda alguna, la nota clave de la etapa en este sector fue definida por el caso SOMISA. El eje del conflicto en

torno a la acería estatal remite a la reestructuración siderúrgica vivida en los últimos quince años. Esta rama productiva

se había desarrollado desde mediados de los '40 en e l marco de la sustitución de importaciones, en base a un esquema de

complementariedad entre el sector público y el privado atendiendo a las características tecnológicas y de requerimientos

de capital de los procesos productivos involucrados. Así, SOMISA proveía de insumos baratos a las principales firmas

privadas de la actividad (Acíndar y Techint).

47

Este esquema de complementariedad resultó fuertemente desplazado por una relación de clara competitividad

tanto en el mercado interno como en el externo. En este sentido, a partir de la integración del proceso productivo por

parte de Siderca y Acíndar, la principal acería estatal perdió a los compradores naturales de sus semielaborados. Por otra

parte, lo señalado sumado a los efectos derivados de la contracción del mercado interno definieron la creciente

orientación exportadora de esta empresa pública (fundamentalmente de palanquilla).

A su vez, las empresas privadas integradas no sólo elaboran la palanquilla requerida por sus propios procesos

sino que cuentan con excedentes que son colocados en el mercado interno y en el externo. En síntesis, bajo este nuevo

esquema, la complementariedad se ve sustituida por la competencia entre los grandes grupos privados que operan en el

sector y la firma estatal. Competencia que se opera tanto en el mercado interno como en el externo y que se expresa

directamente en el mercado de semielaborados, e indirectamente, en el de los productos finales. De ahí el interés que

Techint, centralmente, y Acíndar poseen en la privatización de SOMISA.

Este planteo del poder económico local se encuentra agudizado –al igual que en el sector bancario por la

reestructuración a que se sujeta el sector a consecuencia de la política económica en curso, aspecto que fue testimoniado

por la crisis sufrida por Acíndar previa a las exigencias del achique de SOMISA.

Una década de ajuste sobre el consumo interno derivó en un fuerte cambio en la composición de las ventas de

acero, como se refleja en el caso de SOMISA en el cuadro que sigue.

Ventas Totales (En toneladas)

MERCADO INTERNO

EXPORTACION INDIRECTA

EXPORTACION DIRECTA TOTAL

PERIODO

Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas

48

1982/83 1.120.013 93 9.271 1 70.119 6 1.199.403

1983/84 1.076.602 96 3.613 – 47.707 4 1.127.922

1984/85 769.613 80 46.616 5 148.854 15 965.083

1985/86 752.552 52 105.438 8 583.081 40 1.441.071

1986/87 1.089.500 71 103.200 7 331.400 22 1.524.100

1987/88 1.081.900 66 102.800 6 463.500 28 1.648.200

1988/89 762.800 45 149.600 9 763.300 46 1.675.700

1989/90 539.000 31 186.100 11 991.400 58 1.716.500

1990/91 628.132 35 263.270 15 922.291 50 1.813.693

Fuente: SOMISA

Se advierte un incremento constante de las ventas, en relación directa con una mayor participación de las

exportaciones directas e indirectas en el total, a partir de 1985.

Sin embargo esta alternativa –que transforma a SOMISA en competidora de los restantes grupos siderúrgicos–,

se ve afectada por la lógica impuesta por el ajuste acreedor desde 1990, que exige un tipo de cambio bajo como forma de

optimizar el producido por el superávit fiscal para el pago de la deuda.

La profundización de este esquema en 1991, con la convertibilidad del Austral y el dólar fijo derivaron en el

consecuente encarecimiento en dólares de los costos industriales no importables –energía, mano de obra, fletes, etc.–,

determinando un fuerte deterioro de la rentabilidad exportadora. A la vez las rebajas arancelarias, el citado retraso

cambiario y los precios internacionales subsidiados confluyen para favorecer la importación de acero, antes que su

producción en el país.

Es necesario mencionar además que el complejo siderúrgico estatal fue diseñado con criterios estratégicos antes

que de rentabilidad, razón por la cual SOMISA absorbía los déficits públicos como HIPASAM y Yacimientos

Carboníferos Fiscales, arrastrados por la crisis de la metalúrgica.

El cuadro que sigue evidencia el desfase de precios y costos referido.

Precios y Costos

Al 30/6/91 – Dólares/tn

49

ITEM Palanquilla Perfiles Rieles Laminados

en caliente

Laminados

en frío Hojalata

Costo 361 470 548 341 435 844

Precio interno 292 362 – 492 610 1.015

Precio exportación 227 300 375 289 372 –

Fuente: SOMISA

Las propuestas de racionalización y ulterior privatización aparecen en consonancia con el marco de referencia

definido por el ajuste acreedor que anula toda posibilidad de contar con recursos fiscales para subsidiar todas las ventas

externas o siquiera alterar la política arancelaria; y por ende la subsistencia de la empresa se subordina a la estrategia de

reconversión de las grandes acerías locales.

La propuesta de la consultora Braxton, la mejor recepcionada por la intervención, se centra en que la empresa

importe directamente acero crudo del Brasil y se dedique al laminado; este esquema es funcional a la estrategia de

Techint que se ha presentado como potencial comprador de parte del capital de Usiminas, la siderúrgica estatal

brasileña, con lo que de adquirir ambas empresas podría optimizar sus beneficios, reestructurando costos a es cala en el

marco del Mercosur, mediante la importación de acero del Brasil y su proceso en la Argentina.

De concretarse una alternativa de estas características, rompería la integración del complejo siderúrgico nacional,

dejando sin posibilidades de colocación al hierro y el carbón patagónicos, con el consiguiente impacto en los

asentamientos urbanos de la región y reduciría la planta de personal de SOMISA a 2.500 personas respecto de los

10.000 ocupados en septiembre '91.

Al igual que en caso del desmantelamiento –hasta ahora demorado– de la banca pública, el Gobierno intenta

eliminar fracciones en el bloque dominante, compensando el deterioro en tasa de ganancia empresaria que causa el

ajuste acreedor, mediante la entrega de activos públicos que viabilicen en reconversión y le permitan recuperar

beneficios a través de ésta.

2– La negociación externa

Simultáneamente a la profundización del ajuste fiscal, el Gobierno intenta –casi con desesperación– renegociar la

deuda externa de modo de descomprimir la presión de ella sobre las cuentas públicas y por ende recuperar capacidad de

maniobra en la gestión económica.

El principal problema que enfrenta Cavallo es que cualquier alternativa de negociación exige previamente la

regularización de los U$S 8.000 millones vencidos e impagos a los bancos acreedores, lo que implica fuertes

50

transferencias de fondos líquidos –sensiblemente superiores a los U$S 60 millones mensuales–, algo que la

convertibilidad en esta instancia no puede solventar.

El camino a recorrer, hasta ahora infructuosamente, es reunir la denominada "masa crítica" de fondos próxima a

U$S 5.000 millones que amortice parte de esos atrasos, incorporando el capital de la deuda al remanente.

En este marco se inscribe la persistente solicitud del Gobierno –formulada por Cavallo en la asamblea anual del

FMI y reiterada por Menem en su periplo por EEUU– de acceder a un préstamo de Facilidades Extendidas ("extended

facility fund") suministrado por el FMI, de U$S 3.000 millones a tres años de plazo.

Con este aporte y el producido por el excedente de las cuentas públicas –esencialmente generado por las

privatizaciones– se espera reunir la citada "masa crítica" que resuelva el problema de los atrasos con los bancos.

Hasta el presente, con independencia del éxito que los medios de difusión le atribuyen al viaje del presidente a

EEUU, el titular del FMI, Michel Camdessus admitió la posibilidad de otorgar un crédito de facilidades ampliadas a

partir de abril '92, previo al monitoreo sobre el cumplimiento de las metas fiscales del "stand by" vigente y condicionado

a normalizar las relaciones con la banca acreedora.

Esto plantea dos problemas de difícil resolución. En principio el FMI ha reclamado ajustes técnicos al plan en

curso ante el incumplimiento de las metas fiscales (tal como se describen en párrafos precedentes) comprometidas en la

carta de intención remitida en agosto '91 como condición para continuar con los desembolsos del "crédito puente"

acordado. Decisión eminentemente política que el organismo internacional evaluará en diciembre. Por otra parte, los

bancos acreedores –urgidos por sus propias necesidades de caja–, reclaman la elevación de los servicios mensuales de

U$S 60 millones a U$S 100 millones y un pago adicional en concepto de atrasos no inferior a U$S 1.000 millones, suma

que en esta coyuntura sólo puede salir de las reservas acumuladas en el BCRA, alterándose en consecuencia la paridad

de conversión del tipo de cambio dispuesta por la ley de Convertibilidad.

Si se superan todos los trances –difíciles por cierto– y se reúne la "masa crítica" de fondos que le permita

regularizar los U$S 8.000 millones de intereses vencidos e impagos, el Gobierno se encontrará en condiciones de

renegociar la globalidad de la deuda externa con los bancos privados en el marco del "plan Brady".

La deuda sujeta a reestructuración dentro del Plan oscila en U$S 32.000 millones (52% de la deuda total) y de

materializarse el ingreso de Argentina al Plan dicha reestructuración consistiría en:

– una quita que podría ir del 35% al 50% del stock adeudado

– una refinanciación a 30 años del importe restante con garantía de bonos del Tesoro de los EEUU

51

– la conversión de todos los bonos de deuda en títulos al portador, de modo de facilitar su transacción en el mercado

secundario.

– la vigencia de la reestructuración depende de que no se incurra en nuevos atrasos en el pago de intereses.

A la luz de este desarrollo, es necesario evaluar –partiendo del supuesto de la alternativa más favorable para el

país – cuál es la posición resultante de haber ingresado al Brady, después de transitar los pasos necesarios: "ajustes

técnicos", eventualmente un "waiver" en el próximo trimestre, el crédito de facilidades extendidas, regularización de

atrasos, ingreso al Brady.

Los supuestos son:

– Regularización de atrasos

• crédito de facilidades extendidas: U$S 3.000 millones

• pago extra: U$S 1.000 millones

• capitalización remanente: U$S 4.000 millones

– Plan Brady

• quita: 50%

• costo anual del stock de deuda total: 7,5%

En consecuencia:


Deuda Externa Total

Bancos Organismos Financieros Club de Paris y Bonex

Reg. int. atrasados 32.000(*) 29.000

Cred. Fac. Extend. 32.000

Ingreso al Brady 14.000 32.000

Stock de deuda al cabo de la negociación 46.000

Desembolsos anuales por intereses 3.450

(*) incluye capital e intereses impagos

Ahora bien, definido un desembolso anual superior a los U$S 3.000 millones emergente del ingreso al mentado

"Plan Brady", resta ponderar la magnitud de dicha cifra con los pagos en efectivo realizados por el Gobierno de Menem

desde el inicio. A ese efecto se toman como válidas las cifras elaboradas por Marcelo Zlotogwiazda y publicadas en el

suplemento económico de Página 12 el 25-8-91.

52


Pagos netos desde julio '89/diciembre '91

Capitalización de títulos 8.657

Desembolsos líquidos 5.847

Total 14.504

Las transferencias netas hacia los distintos acreedores externos efectuados por el gobierno de Menem se ubican

en un promedio anual superior a U$S 2.000 millones. De este modo –en el marco de los supuestos referidos–, el ingreso

al Brady implicaría un incremento del 50% de dichos pagos en efectivo.

En síntesis, este ejercicio teórico intenta demostrar cómo el Gobierno incurre en la curiosa paradoja de acelerar el

ajuste fiscal a fin de posicionarse para encarar arduas negociaciones, las cuales de concluir con éxito lejos de disminuir

la presión de las transferencias sobre las cuentas públicas, contribuirá a aumentarla sensiblemente.

En esta instancia cabe considerar si el ingreso al Plan Brady, y el consecuente giro en la política de

privatizaciones, es un deseo del gobierno o una exigencia concreta de los acreedores externos.

3– La cuestión monetaria y financiera

La evolución de la convertibilidad

Los cuadros que siguen reflejan con claridad que el esquema del Austral convertible evolucionó hasta el presente,

sin mayores sobresaltos, manteniendo una constante en la relación reservas respecto de los distintos agregados

monetarios (Cuadro 43) desde el inicio del plan.

Cuadro 4. 1. Reservas del BCRA

(millones de U$S)

53

Total Ley* Líquidas Ley* Bónex Ley*

1991

Abril 4906.2 3975.7 466.1

Mayo 5498.1 4561.2 712.9

Junio 5616.2 4874.3 245.9

Julio 6014.4 5026.5 445.3

Agosto 6140.1 4781.6 672.5

Setiembre 6443.4 5388.0 314.7

Octubre 6726.5 5618.9 569.1

*a valores de mercado

** a valores dominales

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA y El Cronista Comercial.

Cuadro 4.2. Composición

(porcentajes)

Total Ley* Líquidas Ley* Bónex Ley*

1991

Abril 100 81.0 9.5

Mayo 100 83.0 13.0

Junio 100 86.8 4.4

Julio 100 83.6 7.4

Agosto 100 77.9 11.0

Setiembre 100 83.6 4.9

Octubre 100 83.5 8.5

*a valores de mercado

**a valores dominales

Fuente: Idem ant.

El sector financiero y el mercado de capitales

La estabilidad, los límites al financiamiento al sector público y la creciente dolarización del circuito de

intermediación de recursos –al 31.8.91, los depósitos en australes ascienden a U$S 7.030 millones y en moneda

extranjera a U$S 6.578 millones–, impulsan al sector financiero a reducir su margen de intermediación, oscilante en el

3%, incompatible frente a tasas pasivas del 1 al 1,5% efectivas mensuales.

54

Esta reducción de "spreads" le plantea a los grandes bancos privados locales y extranjeros –con independencia de

los sesgos particulares que adopten–, las siguientes estrategias empresarias:

– Intervención directa en el mercado de capitales

– Apropiación del mercado en poder de la banca Pública – U$S 6.182 millones

– Incorporación del crédito de largo plazo

– Racionalización de estructuras y personal

El desarrollo del mercado de capitales es imprescindible para completar el esquema de las privatizaciones con

capitalización de deuda externa. La conversión de los títulos de deuda, por acciones de los entes privatizados, requiere

de un mercado bursátil lo suficientemente amplio para absorber la oferta de esos títulos que realizará el Estado –

conforme al cambio de estrategia de las privatizaciones comentado– y los bancos acreedores tenedores de esas acciones,

a resultas de la capitalización.

El "fondeo" o financiamiento de este mercado, a fin de ampliarlo, se realiza por las siguientes vías:

– Autorizar a los bancos a emitir "obligaciones negociables" y "papeles comerciales", contra la captación de fondos y

la posibilidad de aplicar un porcentaje de los mismos a la compra de nuevas acciones que se emitan.

– Reformar el sistema previsional, obligando a los trabajadores de menor edad a aportar a regímenes privados de

retiro, la privatización de los aportes jubilatorios constituye la transferencia de un gigantesco volumen de dinero a

largo plazo y sin costo a las empresas de retiro –administradas en su mayoría por bancos–, que canalizarán el mismo

hacia el mercado de capitales. De producirse la reforma, estos entes manejarían a corto plazo cerca de U$S 3.000

millones.

La facultad de los bancos de emitir títulos y administrar los fondos jubilatorios constituyen dos concesiones

relevantes en el presente contexto, a las que se agregan el demorado, pero en curso, desmantelamiento de la banca

pública, la posibilidad de diferir en el tiempo los quebrantos originados por el pago de indemnizaciones por despidos de

personal producidas hasta el 30.9.92 y la virtual liquidación del régimen de garantía de los depósitos como factor

dinamizante de la concentración de las imposiciones en las entidades de mayor envergadura.

En síntesis, se apunta a crear un sistema financiero concentrado, mayorista por excelencia y sin intervención

estatal directa ni indirecta en la asignación de recursos crediticios.

55

En efecto, esta afirmación se sustenta en:

– La imposibilidad del BCRA de emitir moneda con autonomía del nivel de reservas.

– La creciente dolarización del volumen de depósitos.

– El desguace de la banca pública.

– La transacción de títulos-valores, hegemonizada por un grupo reducido de bancos y empresas, como núcleo

predominante en la intermediación de recursos.

Por último es de mencionar, la reaparición del crédito minorista de largo plazo restringido a los sectores de

mayores ingresos y la reconversión de carteras pasivas de depósitos a plazo a depósitos a la vista, como mecanismo de

mejorar el "spread" reduciendo el costo de la capitalización.

4– El errático rumbo productivo

Conforme se describió en la caracterización de la presente etapa, en tanto el nudo central de la política económica

se desarrolla en la dupla ajuste fiscal/deuda externa, el Gobierno sólo interviene en el destino productivo del país

indirectamente, mediante concesiones al poder económico local, respetando los márgenes impuestos por el ajuste

acreedor. Lo cual, fatalmente, redunda en un mayor costo social del ajuste.

En este marco, expresado con nitidez por el "anclaje" por ley del tipo de cambio, aparecen fuertes interrogantes

sobre:

– la viabilidad de un modelo exportador con significativa participación de las manufacturas

– la continuidad de la reactivación mercado -internista con apertura importadora

La salida exportadora: ventas externas, reprimarización y racionalización de costos

El marco impuesto por el ajuste acreedor afecta el perfil exportador tanto desde el recorte de recursos fiscales con

destino a subsidiar las ventas externas, como por el virtual congelamiento del tipo de cambio dispuesto por la

convertibilidad.

El esquema impacta produciendo una caída en el volumen general exportado (de U$S 12.300 millones en 1990 a

U$S 10.200 estimado para 1991) y una sensible reprimarización de las ventas al exterior, tal como se puede apreciar en

el cuadro que sigue.

56

Cifras en Millones de U$S

1989 % 1990 % 1991* %

Prod. Primarios 1960 20.4 3486 28.2 1313 28.7

M.O.A. 4061 42.2 4664 37.8 1893 41.4

M.O.I. 3163 32.9 3364 27.2 1040 22.7

Comb. y Energía 437 4.5 839 6.8 329 7.2

9621 100.0 12353 100.0 4575 100.0

*Cifras a Julio

Se observa con claridad una mayor participación de las manufacturas de origen industrial y agropecuario en el

conjunto de las exportaciones, creciendo los productos primario s y los combustibles y energía.

El "anclaje" del tipo de cambio, en una economía trasnacionalizada –lo que determina que las tasas de ganancia

empresaria se fijen en dólares– y abierta y comercialmente –define un techo a los precios internos de los bienes

transables internacionalmente–, induce a una fuerte racionalización de costos en todas las actividades productivas, con

mayor profundidad en las exportadoras de manufacturas, tendiendo a aproximar los márgenes de rentabilidad empresaria

a los niveles internacionales.

El combinar tipo de cambio fijo con apertura económica fuerza una reestructuración en el sector privado que

también es funcional al ajuste acreedor, dado que impide la formación de excedentes internos –al adaptar la tasa de

ganancia a niveles internacionales – que al dolarizarse compitan con el Estado en la demanda de divisas.

Esta modalidad de ajuste recae con más profundidad sobre las actividades exportadoras, dada la incidencia en los

costos productivos de los bienes no transables internacionalmente y por ende menos sujetos a los límites impuestos por

la apertura económica, esencialmente energía, servicios y mano de obra. En las industrias orientadas hacia el mercado

interno se advierte con mayor claridad el reemplazo de líneas íntegras de producción nacional de manufacturas

importadas.

En este sentido parece oportuno apreciar los siguientes cuadros:

evolución real del tipo de cambio efectivo nov'89/nov'91: 1849%

evolución de insumos industriales (*)

57

% de variación real nov'89/sept'91

Gas 1000 m3 1446%

Electricidad 1000 kw/h 1633%

Salario Medio Industrial 3089%

Otras Cargas Fabriles 2066%

La evolución real del tipo de cambio efectivo refleja sensibles disminuciones en el presente, respecto de la

vigencia del Plan B. B. A su vez, la evolución de los insumos revela que sólo el fuerte retraso tarifario en gas y energía

eléctrica tiende a acompasar el deterioro del tipo de cambio. La situación descripta define el marco en el que se

inscriben:

– la feroz disputa que se avecina entre los grupos empresarios por la privatización de las empresas energéticas

– la flexibilización laboral

– la desregulación

Es decir, todo aquello vinculado a la posibilidad de reducir costos, como única vía de mejorar la rentabilidad

exportadora, ante el "techo" cambiario.

En el informe de coyuntura anterior se trató el tema de la flexibilización laboral exhaustivamente. Sin embargo, a

los fines de reflejar el efecto sobre la ganancia exportadora, cabe reiterar que en un modelo exportador el salario pierde

su carácter de dinamizante de la demanda interna y se incorpora a la producción como costo; por lo tanto a los efectos de

optimizar el beneficio empresario, cuanto más bajo sea, mejor.

En este sentido, además, al depender el proceso productivo de la demanda externa, las fluctuaciones a que se

halla expuesto son mucho mayores, dado que las posibilidades de influir sobre la misma son escasas; en consecuencia

eliminar los costos fijos de la mano de obra (cargas sociales e indemnizaciones por contingencias) también se convierte

en funcional a la salida exportadora.

Institucionalizar la precariedad del empleo –además de eliminar los costos fijos de la mano de obra– apunta a

inducir una baja estructural en el nivel general de salarios (hoy revaluados en dólares) por sobreoferta de la fuerza de

trabajo, habida cuenta la tasa de desocupación y las características del mercado laboral argentino (cerca del 40% de la

población económicamente activa se encuentra, en estos momentos, en condiciones de desempleo, subemp leo o formas

precarias de inserción laboral).

El complemento de la flexibilización laboral fue el decreto de desregulación, el cual con independencia de

heterogeneidad de sus contenidos –particularmente el referido a la centralización de los fondos de las prestaciones

58

sociales que tratamos en el apartado sobre ajuste fiscal–, se orienta nítidamente a mejorar la rentabilidad exportadora por

reducción de costos, en el marco del ajuste acreedor.

El decreto opera en el segmento de precios de bienes no transables externamente y producciones con precios

sostenidos o ventajas comparativas de país, capaces de vulnerar por estas características los límites impuestos a su

evolución por la apertura importadora.

Con este fin se establece:

– Desregulación del comercio interior de bienes y servicios, levantándose restricciones para el transporte de carga,

horario de funcionamiento de los comercios, actividad farmacéutica y venta de medicamentos, comercio mayorista

de productos perecederos, prestaciones profesionales y cob ro de honorarios derivados, etcétera.

– Desregulación del comercio exterior, suprimiéndose diversas intervenciones previas de la Aduana tendiente a

registrar el flujo de mercaderías desde y hacia el país. El decreto cita textualmente: "La Administración Nacional de

Aduanas tendrá por objeto fundamental preservar la renta fiscal cuidando de no restringir la fluidez del comercio

exterior. Sus verificaciones serán de carácter selectivo y no sistemática..."

– Disolución de los entes reguladores de productos regionales, Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes,

Instituto Forestal Nacional, Mercado de Concentración Pesquera, Instituto Nacional de Actividad Hípica,

Corporación Argentina de Productores de Carne, Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, Comis ión Reguladora

de la Producción y Comercio de Yerba Mate, Mercado Consignatario de Yerba Mate, Dirección Nacional del

Azúcar, limitándose las facultades de intervención del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Asimismo, se libera el

cultivo e industrialización del azúcar, la yerba mate y el vino en todo el país.

Si bien es real que el funcionamiento de los entes afectados distaba de ser el que les dio origen, la realidad

evidencia que por esta vía se abandona la regulación social de los mercados regionales por la entrega a los monopolios

intermediarios. Liberar la producción de cultivos intensivos y eliminarlos entes reguladores, es colocar a los productores

anarquizados frente a compradores concentrados con capacidad financiera de imponer sus precios. No sólo se favorece

la caída de esos precios sino que se entregan mercados agropecuarios a consorcios empresariales, con efectos

desestructurantes sobre las castigadas provincias.

– Se liberan comisiones y tasas sobre operaciones bursátiles e inmobiliarias.

– Se limita la incidencia en la defensa colectiva de los valores del salario y servicios por parte de los sindicatos,

colegios profesionales y asociaciones empresariales. Se modifica la negociación colectiva por rama de actividad,

admitiéndola por empresa, oficio o profesión u otras calificaciones. En síntesis, se intenta disolver u atomizar todo

reclamo colectivo.

59

El decreto de desregulación juntamente con la flexibilización laboral emergen como claras concesiones a los

grupos exportadores tendientes a mejorar la tasa de ganancia en el marco impuesto por el ajuste acreedor.

En tanto el dólar es bajo respecto del histórico, la clave, desde la convertibilidad, para optimizar ganancias

descansa en la reducción de costos.

En las firmas exportadoras esta "racionalización" se efectúa en base a la capacidad instalada (sin nueva inversión)

y contra los niveles ya señalados de desempleo y precarización que presenta el mercado de trabajo argentino. En

contextos como el descripto, la reducción de costos recae sobre el factor trabajo y se expresa en disminución del costo

laboral y de la masa salarial global pagada por las empresas.

La sobreoferta de mano de obra y servicios, en una economía sometida hace lustros a un feroz ajuste sin

compensación productiva, es el objetivo a implantar con las desregulaciones en curso.

La precariedad en el empleo; la subvaluación de las profesiones; la extensión de la jornada de trabajo en los

comercios; el abaratamiento de las producciones regionales; las facilidades para hacer o transar cualquier cosa por

cualquier precio sólo pueden redundar en una disminución estructural a mediano plazo de las retribuciones percibidas

por esas actividades en beneficio de quienes las abonan, agravado además por el cercenamiento de las posibilidades de

defensa colectiva de las mismas.

Así, los objetivos básicos de la flexibilidad:

– transformar en variables los costos fijos asociados a la mano de obra,

– configurar el "asalariado interino". Es decir, aquel que ingresa o sale de la firma en función del mercado y sin costo

para la empresa, se objetivan en una tercer definición básica cual es la tendencia a desarticular la negociación

colectiva. Si bien las convenciones, en el marco de los ajustes con devaluación que vivimos en el pasado se

revelaron como ineficaces para contener la caída del salario real hoy, ante el cepo cambiario, se transforman en un

obstáculo para el objetivo empresario de reducción de costos. Básicamente por constituir un límite al poder de

dirección y organización patronal.

En este sentido, deben entenderse las definiciones tomadas a partir del decreto que asoció los aumentos salariales

con la productividad y, como ya se señalara, lo definido a partir de la desregulación. (Este punto será desarrollado en el

capítulo correspondiente a la situación social.)

Mercosur: ¿futuro escenario de la salida exportadora?

60

Definido el agudo proceso de racionalización de costos a que se encuentra sujeto el perfil productivo de las

exportaciones argentinas, como alternativa para evitar la reprimarización, cabe evaluar dicho proceso en el escenario de

integración regional que plantea el Mercosur.

El tratado firmado en Asunción en marzo de este año entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay formaliza la

creación de un espacio económico común entre estos países que, de concretarse, impactará sensiblemente en las

estrategias empresariales, en esencia las exportadoras.

En el trabajo "Mercosur: ¿un paso hacia la integración subregional? Interrogantes a partir de su evolución"

elaborado por Mirta Botzman y Fernando Porta, se plantean dos problemas centrales que atentan contra el desarrollo de

la integración.

En primer lugar, la ausencia de políticas macroeconómicas coordinadas en el plano cambiario y arancelario –las

vigentes responden a los dictados del ajuste externo–, que permitan fijar un "arancel externo común" para el espacio,

facilitando en conformación de un espacio regional protegido y previsible a mediano plazo, dándole certidumbre a las

preferencias comerciales entre los integrantes, respecto de terceros.

En segundo término, es la indefinición acerca de la política industrial –también subordinada al ajuste acreedor–, a

partir del rol que cumplirá un mercado ampliado en el perfil productivo y en la inserción internacional de la economía.

Los autores del referido trabajo esbozan, de avanzar la integración, dos escenarios posibles: el denominado

"comercialista", en donde el accionar de Gobierno se restringe a promover la liberalización comercial y realizar una

política cambiaria acorde a ese objetivo, el otro escenario calificado como "industrialista" en el que se plantea una

reestructuración productiva a partir de la integración, impulsando economías de escala y especialización, lo que obliga a

políticas industriales activas y coordinadas entre los miembros del mercad o común.

La concreción del Mercosur, máxime en la alternativa "industrialista", encuentra severas restricciones en la

política general del Gobierno. En lo interno el ajuste fiscal pagador objeta el desvío de fondos públicos con otro destino;

en lo externo –en el contexto del alineamiento incondicional con los EEUU– la inserción internacional de la economía

argentina deberá darse dentro de la "Iniciativa Bush para las Américas".

En este último sentido, la controversia se refleja con claridad en lo expresado por Cavallo en la Convención

Anual de ADEBA al referirse al Mercosur como una experiencia de apertura económica conforme a los planteos del

espacio regional que intenta delinear la "Iniciativa Bush"; por su parte Vittorio Orsi, poco antes de abandonar la

Secretaría de Planeamiento, vertió como conclusión de un trabajo sobre el tema en cuestión que: "En gran parte la

velocidad del proceso del Mercosur como indicado al inicio, depende de una apreciación sustancialmente no diferente de

la realidad, y de similitud y sincronismo de instrumentos en el proceso de transformación de reconversión industrial,

61

para que toda la zona perciba los beneficios legados a la dimensión del área, y de la racionalización de los recursos y del

poder político derivante para la negociación global en la Iniciativa Bush".

Esta concepción del Mercosur, como un bloque regional capaz de negociar con autonomía frente al espacio

constituido por EEUU, Canadá y México, es inviable sin una acción precisa del Estado y coordinada con los restantes

países miembros, algo rechazado explícitamente por la política de Gobierno.

En síntesis, los avances de integración regional, responden –del lado argentino– a estrategias empresariales

vinculadas a la racionalización de costos inducida por el ajuste acreedor, antes que una orientación definida por la

aparición de un mercado común. De hecho, estas políticas empresarias intentan tanto el desarrollo de economías de

escala que optimicen el beneficio de un perfil exportador con valor agregado –siderurgia–, como el aprovechamiento de

un mercado interno ampliado –agroalimentos y automotriz–.

La reactivación del mercado interno

La reactivación sustentada en la estabilidad, el desplazamiento de inversiones de activos financieros a físicos, el

crédito disponible y la apertura importadora revela una tendencia a consolidarse en niveles de producción (6,8%) y

ventas (12,7%) superiores a los de 1990, tal como lo muestran los cuadros que siguen:

Producción y Ventas Industriales Desestacionalizadas

Comparación '91 vs '90 (Ind. b. 1977:100)

Producción

1990 1991 Variac.

Enero 94.5 96.0 1.6%

Febrero 104.8 105.4 0.6%

Marzo 91.2 95.6 4.8%

Abril 93.4 99.2 6.2%

Mayo 102.7 114.1 11.1%

Junio 100.6 105.4 4.8%

Julio 110.8 122.6 10.6%

Agosto 109.6 115.9 5.7%

Setiembre 106.9 121.7 13.8%

Octubre 110.2 118.9 7.9%

10 MESES 102.5 109.5 6.8%

Fuente: Elab. propia en base a Tend. Económicas.

(b. 1977:100)

62

Nivel Gene-

ral

Ali-men-tos

Art. Ho-gar

Auto-moto-

res

Ce-men-to

Ener-gía

Elect. Papel Plás -

ticos Quí-mica

Side-rur-gia

Trac-tores

1991

enero 86 124 51 15 78 185 16 221 104 63 5

febrero 85 115 35 33 64 162 68 139 93 50 4

marzo 98 125 65 43 62 187 83 152 104 51 4

abril 108 125 89 59 71 179 119 193 127 79 12

mayo 116 137 142 63 71 186 142 267 113 85 19

junio 106 118 76 56 60 177 138 299 92 107 20

julio 129 150 52 70 75 188 189 307 113 105 17

agosto 125 122 49 79 82 207 193 274 128 106 18

setiembre 129 130 53 81 78 200 162 339 123 92 22

octubre 116 147 51 50 67 179 179 292 88 90 20

en-oct'90 102 120 2.4 44 59 175 168 310 93 71 21

en-oct'91 115 130 40 60 72 n.a. 143 252 116 83 14

Variación 12,7% 8.3% 66.7% 36.4% 22.0% n.a. -14.9% -18.7% 24.7% 16.9% -33.3%

Fuente: Tendencias Económicas

La evolución favorable de las ventas de artículos del hogar, automotores y cemento indican que la reactivación –

si bien con un perfil productivo orientado al consumo de altos ingresos – continúa en los niveles alcanzados en el

trimestre julio/setiembre '91.

El deterioro del superávit de la balanza comercial

La reestructuración en curso de las industrias exportadoras y la apertura importadora funcional al esquema de

convertibilidad, confluyen haciendo descender el superávit comercial en constante crecimiento desde 1988 –con cifras

record en la década del '80–, tal como lo indica el cuadro que sigue:

63

Intercambio Comercial Argentino

(millones de U$S corrientes)

Exportaciones Importaciones Saldo

1980 8021 10541 -2519

1981 9144 9430 -287

1982 7625 5337 2288

1983 7836 4504 3332

1984 8107 4585 3523

1985 8396 3814 4582

1986 6852 4724 2128

1987 6360 5818 542

1988 9136 5321 3815

1989 9490 4200 5291

1990 12353 4077 8276

Comparación 90/91

– en pago '90 8374 2387 5987

– en pago '91 7840 4320 3521

El descenso del saldo comercial es casi de U$S 2.500 millones, equivalente a un 41% respecto de 1990.

El límite a este descenso estará impuesto por el nivel de transferencias que Argentina deba realizar por la deuda

externa, más los excedentes dolarizados por las empresas locales.

Si se exceptúan los ingresos de capital por venta de activos públicos, el Gobierno deberá modificar su política

arancelaria en la medida en que se aproxime al límite descripto. En caso contrario, si la oferta de divisas se ubica por

debajo de dicho tope se producirá un salto cambiario que concluirá con la paridad de conversión de A 10.000 por dólar.

Síntesis y Perspectivas

La coyuntura poselectoral se encuentra signada por tres ejes, cuyos efectos –en las distintas alternativas de

resolución– sólo se percibirán a mediano plazo, dado el carácter definitivo que los mismos tendrán para el rumbo

estructural del país.

64

El triunfo electoral hizo que el Gobierno abandonara la actitud cautelosa que caracterizara su gestión desde la

crisis del verano, para encarar resueltamente la profundización del ajuste fiscal y en forma simultánea abrir

negociaciones para aliviar la presión de la deuda externa sobre las cuentas fiscales. A su vez el marco dado por el ajuste

fiscal induce a una severa reestructuración productiva, realizada exclusivamente mediante la reducción de costos.

Precisados los tres ejes que emergen hacia fines del '91 –ajuste fiscal a fondo, negociación externa y

reestructuración productiva–, es necesario evaluar las políticas que lleva adelante el ministro Cavallo, en estos frentes.

En primer lugar aparece una necesidad creciente de generar superávit en las cuentas públicas, con el único

objetivo de transferir recursos hacia los acreedores externos.

El actual acuerdo con el FMI, triplica las metas fiscales para el último trimestre del año –de U$S 330 millones de

superávit operativo en julio/septiembre, a U$S 5.883 millones para octubre/diciembre– y las cuadruplica en el 2do.

trimestre de 1992.

Estas metas, a esta altura incumplidas, se han intentado alcanzar mediante dos vías:

– reducción del gasto, esencialmente en personal y provincias

– producido de las privatizaciones

El Gobierno descarta aumentar los recursos fiscales a través de presionar tributariamente sobre el poder

económico local, alterando la regresividad del sistema impositivo nacional.

La gestión del ajuste fiscal implica hacer recaer el peso del mismo sobre los sectores populares, a fin de eludir las

fricciones que genera al interior del bloque dominante, las demandas de la banca acreedora para el cobro de sus

acreencias.

Acompañado de esta forma de ajuste, intrínsecamente insuficiente en la generación de recursos para el pago de la

deuda, se inician negociaciones tendientes a reducir el stock de deuda con los bancos comerciales, en el marco del Plan

Brady. El tránsito para ingresar en el Plan es particularmente arduo para la Argentina. En principio deberá pedir un

"waiver" o perdón por las metas incumplidas en la Carta de Intención vigente; de lograrlo tendrá que regularizar por lo

menos la mitad de los intereses atrasados impagos con los bancos –U$S 4.000 millones–, para lo cual ha solicitado con

ese fin el denominado Crédito de Facilidades Extendidas por U$S 3.000 millones, al que deberá agregar U$S 1.000

millones (si es que se le otorga), en marzo próximo. Cumplidos estos pasos con éxito, estará en condiciones de ingresar

al Brady que significa una reducción de deuda oscilante en 15.000 millones de U$S, y un aumento de casi el 50% de los

pagos anuales a los bancos –de U$S 720 millones a U$S 1.100 millones– sin poder incurrir en atrasos. Es decir que de

65

tener éxito en el ingreso al Plan Brady, lejos de cumplir el objetivo perseguido por el Gobierno de reducir las

transferencias al exterior, las aumentará.

De este modo, el Gobierno está desarrollando un ajuste fiscal, de elevado costo social, que es insuficiente a fin de

generar los recursos para el pago de la deuda y a la vez encara una negociación que lejos de disminuir el peso de las

transferencias, de concretarse con éxito las aumenta en un 50%.

El impacto de esta política sobre el rumbo productivo se evidencia en:

• la reprimarización de las exportaciones

• la racionalización de costos como única alternativa de elevar el margen de rentabilidad

• los limites a la reactivación del mercado interno

• la reducción acelerada del saldo favorable de la balanza comercial

El tipo de fijo y retrasado por efecto de la convertibilidad cuestiona las ventas externas con mayor valor

agregado, incrementándose la participación de las exportaciones de productos primarios y combustibles en un contexto

de caída del monto total exportado.

La alternativa para evitar esta reprimarización es la posibilidad de reducir costos, esencialmente en aquellos

insumos no transables internacionalmente y por ende susceptibles de aumentar su valor en dólares, dado que la apertura

importadora no los afecta. En esencia estos insumos –denominados "costo argentino" – se componen de mano de obra,

energía y servicios. A fin de inducir a su baja, facilitando la reestructuración productiva, el Gobierno ha avanzado en la

flexibilización laboral y la desregulación.

La reactivación del mercado interno se circunscribe a un sector de altos ingresos que ha desplazado su capacidad

de ahorro de los activos financieros a los activos físicos. Esto se verifica, en el perfil de los bienes ofrecidos como en la

ausencia de una demanda masiva de origen salarial.

Por último, la continuidad de la apertura importadora vigente que juntamente con el deterioro de las

exportaciones ha hecho descender rápido el superávit de la balanza comercial. El tope para este descenso lo fija el nivel

de pagos a los acreedores externos, es decir que deben generarse las divisas suficientes para transferir. Por otra parte la

ausencia de políticas gubernamentales en ese sentido, dejan librada la experiencia de integración regional del Mercosur,

a acuerdos entre grupos empresarios.

66

En síntesis, el Gobierno encara la definición del –rumbo estructural del país, respetando los intereses

contrapuestos de la banca acreedora –que quiere cobrar– y los grupos económicos locales más concentrados –afectados

en sus negocios de exportación y con el Estado a consecuencia del ajuste fiscal–.

Esto exige profundizar el ajuste sobre la gente, directamente en el sector público e indirectamente por la

reestructuración productiva que induce a base de racionalizar costos laborales sin inversión. Sin embargo, esta

modalidad de gestión del ajuste, que recae en forma casi exclusiva sobre los sectores populares, se revela como

insuficiente para satisfacer los intereses del bloque dominante, no alcanza para pagar la deuda externa ni para afirmar

algún destino productivo cierto.

III) LA SITUACION SOCIAL

Productividad y Negociación salarial

67

Los cambios en la legislación laboral

Productividad y Negociación Salarial

La definición, vía decreto, por parte del Poder Ejecutivo Nacional de impedir la indexación salarial en el marco

de las paritarias y fijar como criterio para los incrementos pautas de ajuste en base al crecimiento de la productividad,

merece las siguientes reflexiones:

1) La aplicación de este criterio en el marco de una evolución diferenciada de los índices de precios supone condenar

al descenso el salario real. En tanto, el Indice de Precios al Consumidor resulta superior a los mayoristas, y los

componentes de la canasta familiar presentan un mayor aumento que el resto de los precios, no indexar según esta

base los salarios supone retroceso en términos reales. A través de este mecanismo, las autoridades económicas

buscan evitar que el encarecimiento de la mano de obra que pudiere resultar vía mecanismos indexatorios, no se

traslade al Indice de Precios Mayoristas. El objeto es evitar un mayor deterioro del tipo de cambio que afecte la

rentabilidad exportadora. En tanto la política es mantener el dólar nominal y aumentar el dólar real efectivo para los

exportadores vía reducción de costos, toda indexación salarial supone quebrar el esquema de política económica

establecido. En síntesis, el decreto al que hacemos referencia busca salvaguardar la rentabilidad exportadora a través

del ya remanido mecanismo de deteriorar el salario real. Esto solamente podría no ser así en caso que lo

incrementado por traslado de productividad al salario fuese igual o mayor a la caída impuesta por la evolución de

los precios. La experiencia histórica, las situaciones diferenciales por rama de producción y tipo de establecimiento

definen que esa posibilidad sólo quedará reservada a muy pocos. Veremos esto en los puntos que siguen.

2) Tomando como campo de análisis lo ocurrido con la evolución de la productividad en el sector manufacturero, y

suponiendo que este sector presenta a su interior firmas con igual nivel de productividad, (homogeneidad en el

sector) surge lo siguiente:

Hipótesis de Productividad Tiempo

1 2,10% 17 años

2 3,79% 9,5 años

3 1,32% 27 años

4 7,58% 5 años Fuente: Centro de Estudios Bonaerenses.

La primera de las hipótesis responde a la tasa de crecimiento de la productividad del sector observada en el

período 70/88. Para este valor se requerirían 17 años para alcanzar el nivel salarial correspondiente al año 1985. En la

segunda posibilidad, que contempla el crecimiento de la productividad correspondiente al período 1950/73, el lapso

necesario de acuerdo al criterio expuesto por el decreto del Ejecutivo alcanza a 9 años y medio para volver a los niveles

68

salariales mencionados. La tercera de las hipótesis considera la tasa de crecimiento de la productividad correspondiente

a la década reciente 1979/ 1988. En este caso, se requerirían 27 años para volver al salario de 1985. En el último de los

casos se incorporó una hipótesis optimista, que supone un crecimiento de la productividad del sector que duplica el

mejor de los porcentajes presentados. En este hipotético mundo, retornar a 1985 en materia salarial llevaría cinco años.

En síntesis, el criterio del Ejecutivo exige entre 5 y 27 años para volver a un estadio de poder adquisitivo similar al

vigente hace 6 años.

3) A los efectos de evaluar el significado del decreto parece conveniente tomar en cuenta la historia en la materia. Es

decir, hasta qué punto los incrementos de la productividad se han transformado en aumentos salariales. La sola

comparación de lo ocurrido entre 1974 y 1983 evidencia que para valores 100 de ambas variables en el primero de

los años:

aumento productividad 137,6

descenso salarial 82,7

Esto indica que aumentó el indicador que vincula Productividad y Costo Salarial que en 1974= 100 pasa a:

Productividad

Relación = 169,0

Costo Salarial

Lo expuesto indica el incremento del margen bruto de beneficio que obtuvieron las grandes firmas. (Los datos

provienen de la encuesta de INDEC que abarca los 1500 establecimientos más importantes del sector industrial.)

Estas, vía expulsión de mano de obra y caída salarial (aumento en la intensidad de explotación) incrementaron

productividad y luego beneficios pero no salarios. Esto define, en parte, el deterioro brutal de la participación asalariada

en los ingresos de los últimos años. Sobre este contexto un decreto que llama a subir salarios en base a incremento de

productividad, en el mejor de los casos, congela la pauta distributiva que gestaron la dictadura y las hiperinflaciones.

Esto es así porque:

Si obtenemos 100 producto con 25 de salario.

Un incremento del 20% en la productividad que luego sea trasladado al nivel salarial deja las cosas del siguiente

modo:

Obtenemos 120 de producto con 30 de salario.

69

En ambos casos la participación asalariada en el ingreso total no cambia, sigue siendo un 25%. Por ende, un

decreto que no define que el reparto de la productividad incrementada tenga que deslizarse en mayor medida al salario

que a los beneficios, está congelando la pauta distributiva actual.

4) Otro aspecto clave a destacar del decreto sancionado remite a que éste induce decididamente a la negociación

colectiva por empresa y, más aún, por unidad de explotación. El ejercicio anterior es señalado, respecto a la

productividad global del sector manufacturero, pasa por alto las diferencias por rama de actividad y por tipo de

establecimiento.

a) Heterogeneidad por rama

Sector Productividad 73/83 (tasa de crecimiento promedio actual)

Bienes de Consumo no Durable 3,2%

Bienes Intermedios 4.1%

Bienes de Consumo Durable 2,1%

Bienes de Consumo 1,7%

b) Heterogeneidad por establecimiento, Productividad por estrato de ocupación

Establecimientos Crecimiento de la Productividad Global

(Nivel de Ocupación) 73/83

6-10 (personas) -22,9%

11-50 (personas) 0,6%

51-100 (personas) 5,8%

+ de 100 (personas) +40,0%

Como puede observarse en las cifras vertidas en los cuadros a y b, queda claro que las definiciones del ejecutivo

tienden a fragmentar (aún más) a los asalariados. La productividad se modifica, sube o baja, de acuerdo al sector de

producción y al tipo de firma de la cual hablamos. Se constituyen por en de asalariados de primera y de segunda. Sin

embargo, el reciente "decreto desregulador" que propicia la descentralización de la negociación colectiva, coloca la

responsabilidad de esta discusión en manos de los "sindicatos". Esto indica que el Ejecutivo por un lado deteriora el

poder institucional del sindicato por rama de actividad pero, al mismo tiempo, pretende congelar sus conducciones

70

obturando el surgimiento de nuevas instancias de representación de los trabajadores. En síntesis, las definiciones hasta el

momento adoptadas, más allá de su funcionalidad para la política económica en la presente coyuntura, inducen para el

largo plazo el tipo de mercado de trabajo y de organización de las relaciones laborales que el modelo en curso reclama.

Esto adquiere singular gravedad cuando se observa la evolución del salario real medio para los diferentes sectores de la

economía o cuando se evalúa el grado de cobertura que cada sector de los asalariados logra de la canasta familiar (ver

cuadros e y d).

c) EVOLUCION SALARIOS REALES MEDIOS PERCIBIDOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

(Ind. base dic. '86:100)

INDUS-TRIA

BAN-CARIO

ADM. PUBL.

CAT. 16

EDU-CAC.

JUB. MINI-M A

COMER-CIO

CONS-TR. AGROP.

1989 71.1 78.3 96.2 80.7 66.4 66.2 59.5 52.3

1990 71.3 80.8 67.7 74.8 65.1 72.1 52.6 66.7

1991

enero 77.9 83.6 55.4 65.8 71.5 77.4 52.2 72.2

febrero 63.6 71.1 53.7 55.0 56.3 64.6 43.0 59.7

marzo 64.8 76.3 70.7 56.8 63.4 73.8 52.3 66.8

abril 74.4 78.1 67.1 93.4 72.1 70.0 63.8 71.2

mayo 87.9 82.0 65.2 90.9 70.1 68.1 62.1 69.2

junio 88.1 79.6 63.3 88.2 68.1 66.1 60.3 67.2

julio 88.0 78.8 61.7 85.9 66.3 64.4 58.7 67.4

agosto 88.8 77.6 60.8 84.6 65.2 63.4 57.8 67.0

setiemb. 87.5 76.4 59.8 83.3 64.3 62.5 56.9 66.7

octubre 87.1 76.1 59.5 82.9 64.0 62.2 56.6 66.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UADE e INDEC.

d) COBERTURA DE LA CANASTA FAMILIAR DE INDEC*

%

71

1991 SALARIOS MEDIOS

POR SECTOR ENE-RO

FE-BRERO

MAR-ZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS-

TO SET.

INDUSTRIAL 41.7 36.8 39.7 45.5 45.7 45.3 46.6 46.8 46

BANCARIO 60.6 56.7 54.9 56.5 54.9 54.1 53.7 99.4 46

ADM. PUBLICA 15.9 15.4 20.2 19.2 18.7 18.1 18.0 17.6 17

EDUCACION NAC. 22.2 20.1 31.4 29.7 28.9 28.0 27.8 27.2 26

CONV. COMERCIO 23.0 23.0 24.1 22.9 22.3 21.6 21.5 21.0 20

C. CONSTRUCCION 13.0 13.8 12.4 11.8 14.8 14.3 14.2 14.0 13

C. AGROPECUARIO 19.1 18.7 18.9 18.0 17.5 17.5 17.3 17.2 17

*Salario nominal del mes sobre canasta del mes posterior.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UADE.

Los Cambios en la Legislación Laboral

Durante el pasado mes de octubre han obtenido media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación

los proyectos de ley de empleo y de reformas a la ley de accidentes del trabajo, normas que integran el denominado

"paquete laboral".

De acuerdo con el discurso oficial, estas leyes –que modifican de modo sustancial el sistema de relaciones

laborales argentino– constituirían la única herramienta adecuada para combatir la segmentación social actualmente

vigente, cuyas manifestaciones más notorias son el desempleo, el subempleo, el trabajo clandestino, la marginalidad,

etcétera.

Teniendo en cuenta que todas estas patologías sociales han sido producto de la desinversión productiva, de la

ausencia de controles por parte del Ministerio de Trabajo, de la inoperancia de las instancias judiciales y del

cercenamiento de los derechos derivados de la libertad sindical cabría esperar pues que la reforma laboral en marcha

apuntara, cuando menos, a atenuar las consecuencias de algunos de estos factores.

Por lo tanto, las leyes mencionadas al igual que el Dec. 1334/91, que modifica las pautas de negociación salarial,

y el Decreto llamado "Desregulatorio", deben ser valoradas y analizadas en el contexto de la situación económica y

social sobre la cual deberían operar, vinculando los instrumentos que incorporan, con los objetivos que dicen perseguir.

1. Política Económica y Política de Empleo

72

El proyecto de ley de empleo entiende por "Política de Empleo" "... las acciones de prevención y sanción del

empleo no registrado, de servicios de empleo, de promoción y defensa del empleo, de protección a trabajadores

desempleados, de formación y orientación profesional para el empleo y las demás previstas en la ley..." (art. 3º).

Se establece asimismo la obligación del Poder Ejecutivo de adoptar la política de empleo como un eje central en

las acciones tendientes a mejorar la situación socioeconómica de la población. Esa obligación se explicita en los Títulos

I, III y V del proyecto, los que abundan en disposiciones tendientes a publicitar una política de empleo activa.

En el Título I, al enunciar los objetivos del proyecto, se hace hincapié en la "promoción" y "fomento" del empleo

productivo; en la transferencia de mano de obra hacia actividades de mayor productivid ad; se destaca el carácter esencial

de la formación profesional dentro de la política de empleo; se admite la necesidad de prevenir y regular las

repercusiones que puedan tener sobre el empleo los procesos de reconversión productiva y de reforma estructural,

etcétera.

Todo ello, además, en el marco de una participación tripartita y federal en el nivel de la toma de decisiones (art.

2º inc. k).

El Título III "De la promoción y defensa del empleo" puntualiza de forma más específica esos objetivos globales.

Para ello, obliga al PEN a instrumentar acciones que eleven los niveles de utilización de la capacidad instalada; que

faciliten la inversión productiva privada que genere mayor impacto ocupacional; que exija la cuantificación de los

efectos ocupacionales en proyectos de inversión pública o privada con apoyo crediticio público; que armonicen la fuerza

de trabajo con el crecimiento productivo y que vinculen más estrechamente la capacitación del trabajador y el sistema

productivo, etc. (Tit. III, cap. I).

También se introducen los "Programas de empleo para grupos especiales de Trabajadores", considerando tales a

jóvenes desocupados; trabajadores de difícil reinserción (con calificación obsoleta, mayores de 50 años y más de 8

meses de desempleo); grupos protegidos (liberados, aborígenes, ex-combatientes, drogadictos rehabilitados) y

discapacitados (Título III, cap. 3).

Se dispone como obligación del Ministerio del Trabajo la elaboración de programas para apoyar la reconversión

productiva de actividades informales (Titulo III, cap. 4). También se autoriza a declarar una empresa (pública o mixta) o

a un sector, en "situación de reestructuración productiva", declaración que implica la convocatoria a la comisión

negociadora del convenio colectivo a fin de negociar sobre la gestión preventiva del desempleo; las consecuencias de la

reestructuración sobre el empleo y las medidas de reconversión y reinserción laboral de los trabajadores afectados (Tit.

III, cap. 5).

73

Se legisla también un "Procedimiento preventivo de crisis de empresas", que en realidad no es tal, sino un

mecanismo de negociación que opera con posterioridad a la crisis, pero antes de los despidos o suspensiones derivados

de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas (Título III, cap. 6).

También se autoriza al Ministerio de Trabajo a declarar en "Emergencia Ocupacional" a sectores productivos o

regiones geográficas, en virtud de catástrofes naturales, razones económicas o tecnológicas. En esos casos, la solución

propuesta consiste en programas de empleo masivo, a través de la contratación directa por parte del Estado nacional,

provincial o municipal (Tit. III, cap. 7).

Por último, el capitulo 1 del Título V pone a cargo del Ministerio de Trabajo la elaboración de programas de

formación profesional que apoyen y faciliten la creación de empleo productivo; la reinserción laboral de los

desempleados y la reasignación de los expulsados por el sector público y la reconversión productiva; el primer empleo

de los jóvenes y la transformación de actividades informales.

Hasta aquí, los contenidos del proyecto de ley en materia de políticas de empleo.

Semejante marco normativo podría servir de aval a las afirmaciones del Gobierno cuando enfatiza la importancia

de este proyecto para combatir el desempleo, el subempleo y la escasez de mano de obra calificada.

Sin embargo, la comparación del texto de la ley con los datos que surgen del contexto político, económico y

social abren serios interrogantes respecto de la efectividad y aplicación que puedan tener los instru mentos legales

reseñados.

En efecto, mientras la letra de la ley alude a la transferencia de mano de obra hacia sectores de mayor

productividad; a la adecuación entre capacitación laboral y sistema productivo; a la reconversión de actividades de baja

productividad, etc., en los hechos nos enfrentamos con casos como el de SOMISA, en los que la política de empleo

efectivamente implementada por el PEN apunta a transferir personal metalúrgico calificado a la industria de la

construcción y a reconvertir productivamente San Nicolás promoviendo el cierre de una acería para cambiarla por el

cuentapropismo de quioscos varios.

En Somisa, al igual que en Hipasam, Altos Hornos Zapla, etc., no se implementó ningún procedimiento

preventivo de crisis y no se tomó medida alguna para prevenir los efectos de la reconversión sobre el empleo. Muy por

el contrario, lisa y llanamente se produjeron despidos masivos generando desempleo.

Esos conflictos sociales de los últimos tiempos se caracterizan no sólo por la ausencia de negociación entre las

partes, como lo propone el proyecto de ley de empleo, sino que, en los casos en que hubo negociación los términos de

ésta fueron luego desconocidos de forma unilateral y arbitraria por parte del Estado (caso Somisa en el cual además se

incumplió una orden judicial de no innovar).

74

La obligación de generar empleos masivos a partir del Estado en los casos de emergencia ocupacional no tuvo

correlato alguno en los conflictos antes citados, y tampoco se tuvo en cuenta frente a la catástrofe natural producida por

la erupción del volcán Hudson en el sur del país.

Resulta sobreabundante destacar que el objetivo de promover la "participación tripartita y federal en el nivel de

toma de decisiones" no sólo no ha sido tenido en cuenta, sino que las decisiones se han tomado de forma unilateral y

arbitraria.

Obviamente podría argumentarse que la ausencia de políticas promocionales del empleo se debe precisamente a

que el proyecto de ley de empleo aún no ha sido promulgado. Pero la debilidad de ese argumento no resiste la menor

critica.

En efecto, el Poder Ejecutivo no requiere una ley que lo autorice a darse una política de empleo activa, y el

Ministerio de Trabajo no necesita una nueva ley para abocarse a la prevención de la reestructuración productiva sobre el

empleo, a la capacitación profesional, a la reinserción de desocupados, etcétera.

Por el contrario, lo actuado hasta la fecha por el PEN y por el Ministerio del área demuestran que nada se

modificará si se promulga el proyecto de ley de empleo. Al menos, no para mejorar la situación socioeconómica de la

población. Los objetivos de la ley y los contenidos de la política de empleo no trascenderán la órbita de la legislación

positiva formal, como viene sucediendo hace tiempo con otras normas de contenido laboral como el art. 14 bis de la

Const. Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo, la ley de negociación colectiva, etcétera.

En otras palabras, los discapacitados seguirán viendo frustradas sus expectativas laborales, los ex combatientes

seguirán vendiendo calendarios en los medios de transporte, etcétera.

Resta saber si, en cumplimiento de lo dispuesto por el proyecto de ley, el Ministerio de Trabajo ofrecerá cursos

de capacitación para transformar obreros calificados en simples albañiles.

2. Empleo no Registrado y Funciones del Ministerio de Trabajo

La obligación de registrar la relación laboral está legislada con lujo de detalles en la Ley de Contrato de Trabajo,

y el control de su cumplimiento es, y ha sido desde siempre, una de las responsabilidades del Ministerio de Trabajo.

En ese sentido, es interesante recordar algunos de los fundamentos vertidos en los Considerandos del Dec.

15074/43 que dispuso la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, organismo antecesor del actual Ministerio. En

dichos considerandos se sostuvo que "...los problemas relacionados con el capital y el trabajo deben merecer una

preferente atención de parte del Gobierno, por su directa vinculación con el bienestar general y el desenvolvimiento

económico de la Nación; ... que la experiencia recogida en los países que han centralizado los distintos aspectos de la

75

actividad social del Estado demuestra la conveniencia de adoptar dicho sistema; que se conseguirá con ello fortalecer la

unidad nacional con el imperio de una mayor justicia social y distributiva, propósito éste fundamental e irrenunciable del

actual Gobierno, que traerá consigo el reconocimiento práctico en todos los ámbitos del país, de la suprema dignidad del

trabajo; ... que sólo será posible satisfacer el reclamo de la hora presente con un organismo que permita compulsar y

remediar las múltiples necesidades que afligen a los hogares obreros, ejercer el más perfecto control sobre la aplicación

de la legislación especial vigente y preparar el desarrollo de una política social; que siendo causa primordial de los males

que perturban la marcha de las colectividades modernas el olvido de los deberes sociales... corresponde que el Estado

proceda a desarrollar una intensa obra de divulgación encaminada a infundir en la conciencia del pueblo argentino el

convencimiento de que a nadie le es lícito eludir los expresados deberes..."

En las leyes de Ministerios que se sucedieron en el tiempo, las competencias asignadas al Ministerio de Trabajo

han conservado el espíritu de aquel decreto, poniendo a su cargo el control del cumplimiento de la legislación laboral y

previsional.

Teniendo en cuenta que una de las causas del incremento de la evasión laboral ha sido precisamente la merma en

los controles ejercidos por el Minis terio de Trabajo a partir de 1976, y dado que, según manifestaciones de funcionarios

de dicho Ministerio, el presupuesto que se le asigna para 1992 implica un incremento del 100% de sus recursos, sería de

esperar que ello se manifestara en un incremento de las funciones de contralor, particularmente en lo que hace a la

registración de los contratos y relaciones de trabajo.

Sin embargo, en lugar de ello, el proyecto hace alarde de la más elevada filosofía privatista y dispone lisa y

llanamente la "Privatización de la Policía del Trabajo".

En efecto, para la regularización del empleo no registrado, o "trabajo en negro", el proyecto prevé dos canales de

solución: uno a cargo del empleador, y otro a cargo del trabajador.

En el primer caso, se acuerda al emple ador la posibilidad de regularizar espontáneamente las relaciones laborales

no registradas o registradas sólo en parte. Este derecho se otorga por un plazo de noventa días a partir de la vigencia de

la ley, y como contrapartida se ofrece la condonación absoluta de las deudas devengadas en concepto de aportes,

contribuciones, multas y recargos, emergentes de la falta de registro.

En otras palabras, se crea un INDULTO LABORAL, que premia a los evasores y castiga al sistema de seguridad

social y a sus actuales beneficiarios, a los trabajadores activos en tanto los períodos blanqueados no servirán para

acreditar aportes ni remuneraciones y, de manera indirecta, a los empleadores que han cumplido con sus obligaciones

legales.

76

El procedimiento a cargo del trabajador consiste en la intimación que tanto aquél como su sindicato puedan

cursar al empleador requiriéndole la regularización de la relación no registrada o de la que hubiera sido falsamente

consignada.

Si el empleador cumple con la intimación en un plazo de 30 días, queda exento (Indultado) del pago de

indemnizaciones derivadas de la ausencia de registro. En caso contrario, el proyecto dispone que deberá abonar al

trabajador las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10, que consisten en un porcentaje de las remuneraciones no

registradas. Ello, claro está, en el caso de que el trabajador logre demostrar la verdadera fecha de ingreso o la verdadera

remuneración. En otras palabras, previo litigio judicial.

La debilidad de este procedimiento radica obviamente en el riesgo de despido que implica para el trabajador

denunciante. Debilidad que el proyecto pretende subsanar estipulando que, en caso de despido sin causa justificada

dentro de los dos años posteriores a la intimación, el trabajador se hará acreedor de una indemnización por despido

duplicada. Esto, por supuesto, implica un nuevo juicio para acreditar el carácter injustificado del despido.

Es decir entonces que las funciones de control que corresponden al Ministerio de Trabajo se dejan en manos de

los propios obligados del sistema (los empleadores), o de los que necesitan de tutela y protección (los trabajadores). Pero

mientras para los empleadores se prevé una ventaja concreta, real y efectiva (Indulto laboral y previsional), al trabajador

se le ofrece una expectativa de indemnización agravada, a la cual sólo accederá, en el mejor de los casos, luego de un

litigio judicial. Claro que, en todo caso, luego de perder su puesto de trabajo.

A todo esto, resta preguntarse qué aplicación tendrá el aumento de presupuesto del Ministerio de Trabajo, dado

que aparentemente no se piensa destinarlo a mejorar sus tareas de contralor.

La lectura del proyecto de Ley de Empleo proporciona la respuesta ya que a lo largo de su articulado se crean

innumerables organismos burocráticos.

Así, el Sistema Unico de Registro Laboral (Titulo II, Cap. 2), –que en parte se adelanta en su vigencia con el

Sistema Unico de Seguridad Social implementado por el Decreto de Desregulación–, tendrá a su cargo la concreción de

los registros de empleadores, de afiliaciones previsionales, de subsidios familiares, de obras sociales, de las nuevas

modalidades de contratación flexible y de beneficiarios del fondo de desempleo.

La "Comisión Técnica Tripartita" tendrá por objeto realizar estudios sobre la situación sectorial y posibilidades

de reinserción laboral (art. 97 inc. a).

Se crea un "Banco de Proyectos" tendiente a brindar asistencia técnica para la creación de microemprendimientos

y sistemas cooperativos.

77

Otros organismos son la Red de Servicios de Empleo, los Programas de Estadísticas e Información Laboral, el

Fondo Nacional del Empleo, etcétera.

Se trata de organismos con funciones poco claras, en algunos casos superpuestas, y respecto de cuya efectividad

nos remitimos a los interrogantes ya planteados en el punto anterior.

Podría afirmarse que se trata de una gran escenografía, antes que de una voluntad real de dar respuesta al tema

del desempleo y del trabajo clandestino.

3. Reducción de "Costos Laborables"

Si existe un común denominador que caracteriza a todo el "paquete laboral", es la tendencia a la efectiva

reducción de "costos laborales" a cargo de los empleadores.

El "Indulto Laboral" al que ya hemos aludido, configura una ganancia neta para los evasores crónicos, difíci l de

cuantificar de modo global. En todo caso, el beneficio será mayor cuanto mayor sea la evasión y la deuda.

Esa ventaja se complementa con la reglamentación de las llamadas "modalidades promovidas de contratación"

(Tit. 111, cap. 2). Se trata de los ya famosos contratos flexibles, los cuales, además de tener la ventaja de ser temporales

y carecer de indemnización por despido (o de tener una muy reducida), son premiados con una rebaja en las

contribuciones patronales al sistema previsional y de seguridad social, rebaja que va de un mínimo del 50% hasta un

máximo del 100%.

Otro beneficio importante es el derivado de la obligación de negociar sobre polivalencia y movilidad funcional

(Tit. III, cap. 1, art. 24). Dado que no se prevé la necesaria vinculación de estas figuras con la introducción de nuevas

tecnologías, la incorporación de las mismas podría servir simplemente para cubrir igual cantidad de funciones con

menos cantidad de personal.

Si se vincula esa modalidad de tareas –de clara explotación del trabajador– con la contratación flexible antes

mencionada, el resultado es una sustancial reducción de costos empresarios, con la contrapartida de una reducción de los

niveles de tutela del trabajador, todo ello, sin que se garantice en modo alguno la creación de empleo genuino.

Otro conjunto de normas que apuntan a la reducción de costos es el conformado por el Titulo VII, sobre Salario

Mínimo Vital y Móvil, las pautas de negociación salarial contenidas en el art. 24 y las que emanan del Dec. 1334/91.

El Salario Mínimo Vital y Móvil constituye una garantía constitucional (art. 14 bis Const. Nac.), y según el art.

116 de la L. C.T. se entiende por tal "...la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de

78

familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación,

vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y pensión".

Sin embargo el art. 139 del proyecto de Ley de Empleo modifica sutil pero sustancialmente el concepto al

disponer que dicho salario será determinado "...teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los

objetivos del instituto y la razonabilidad de la adecuación entre ambos".

Para comprender acabadamente la idea, es preciso recordar que el proyecto modifica también la composición del

Consejo del Salario, dejando la presidencia del mismo a cargo de quien designe el Ministerio de Trabajo. En caso de que

no se alcance la mayoría de dos tercios, la decisión del Consejo queda a cargo del laudo que deberá emitir precisamente

el Presidente de la entidad.

En otras palabras, "la razonabilidad de la adecuación entre los objetivos del Salario Mínimo y la situación

socioeconómica" se resolverá sin duda a favor de la reducción de costos y en contra del monto del salario.

Pero no es ésta la única batalla que pierde el salario. El art. 24 del Título III, cuando dispone las materias de

negociación obligatoria, establece que la negociación del incremento de los salarios reales deberá efectuarse

vinculándola con la mejora de la productividad y con el aumento de la producción.

Esa norma del proyecto se adelantó en el tiempo mediante el Decreto 1334/91.

Sin perjuicio de los ataques de inconstitucionalidad que estas normas pueden merecer, lo cierto es que tienden a

consolidar y profundizar la ya regresiva pauta distributiva salarial.

Por último, el proyecto reimplanta los topes indemnizatorios del art. 245 de la ley de contrato de trabajo, que

habían sido derogados por el art. 48 de la Ley de Emergencia (Titulo XI del proyecto de ley de empleo).

La modificación afecta igualmente a la Ley 22.248 de Trabajo Agrario, y establece que la base de cálculo de la

indemnización por despido no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual promedio de todas las

remuneraciones del convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad y la incidencia de las horas extraordinarias.

Esta reforma se vincula con el proyecto de ley de accidentes de trabajo, que también integra el "paquete laboral".

El tránsito por la Cámara de Diputados dio como resultado la derogación de algunas normas del proyecto original, que

por su regresividad hubieran sido difíciles de sostener. Pero se mantuvo la esencia del proyecto en lo que hace a la

reducción de costos.

79

En efecto, se apeló por un lado a un ardid publicitario, llevando el tope máximo a la suma de U$S 55.000. Pero

por otra parte se modificó la base de cálculo de la indemnización, provocando una reducción sustancial del coeficiente

que pondera la edad d el trabajador accidentado.

Según la legislación vigente, la indemnización en caso de muerte o incapacidad absoluta se calcula multiplicando

el salario diario por 1.000, y el resultado se multiplica por un coeficiente que se obtiene dividiendo 100 por la edad del

trabajador accidentado. Si la incapacidad fuera parcial, se utiliza el mismo sistema pero calculando el monto

correspondiente al porcentaje de incapacidad de que se trate.

La reforma dispone que el coeficiente mencionado se obtendrá dividiendo 65 por la edad del accidentado, dando

por resultado una merma sustancial de aquél.

De esta forma, con un coeficiente mucho menor, y con los salarios vigentes, el tope de U$S 55.000 será

prácticamente inalcanzable. Pero cumple una función publicitaria importante, si se tiene en cuenta que el proyecto

original establecía un tope de A 200.000.000.

4. Modificaciones al Sistema de Relaciones Laborales. Incidencia del Decreto de Desregulación

El proyecto de ley de empleo no introduce de forma directa modificaciones importantes en las relaciones

colectivas de trabajo. En todo caso, sólo apunta a consolidar el sistema unilateral y autoritario vigente, en tanto impone

materias de negociación obligatoria, pero no establece legalmente el derecho de información y consulta, y tampoco

favorece ningún control efectivo del sindicato sobre los libros y la documentación del empleador. En este sentido, el

control para los casos de contrataciones flexibles previstos en el art. 33 es absolutamente irrisorio, en tanto reitera las

pautas de la Ley 23.551 pero con la incidencia del Decreto 467/88. O sea que se condena al representante sindical al rol

de simple veedor de las inspecciones del Ministerio.

De modo indirecto, en cambio, es evidente –que el proyecto atenta contra la unidad del movimiento sindical, por

cuanto la segmentación y fragmentación laboral que es dable esperar a partir de la contratación flexible, tendrá sin duda

su contrapartida en merma de afiliaciones, pérdida de representatividad y de convocatoria, etcétera.

Esa tendencia se afirma claramente a través del Dec. 1334/91 y del capítulo sobre Negociación Colectiva

contenido en el Decreto de Desregulación.

En el primer caso, por cuanto la negociación salarial por productividad es de difícil implementación en los

niveles de rama de actividad, promoviéndose así la negociación por empresa.

Pero además, y por las dudas, el decreto de desregulación afirma la tendencia al autorizar que cualquiera de las

partes individualmente peticione la modificación del nivel de negociación vigente en el convenio a renegociar.

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Esta norma, al igual que el Sistema Único de la Seguridad Social, no son más que adelantos por decreto de otras

que están contenidas en el proyecto de ley de empleo, o que se prevé que sean materia de proyectos del Ejecutivo, como

en el caso de la Ley Sindical y la Ley de Negociación Colectiva.

Conclusiones

El análisis de las normas que componen el "paquete laboral" permite afirmar que los instrumentos a los que apela

el PEN no se compadecen con los objetivos pregonados por el discurso oficial y se contradicen incluso con los

contenidos en el art. 2º de la Ley de Empleo.

Lejos de combatir el desempleo, la marginalidad y el fraude, las normas analizadas servirán en cambio para

legitimar aquellos fenómenos que se han instalado de hecho en el espectro social.

Los objetivos políticos de esta reforma aparecen así directamente vinculados con el modelo de acumulación

impuesto para la Argentina y que comenzara a configurarse de 1976 en adelante. No es casual que, si se investiga el

desarrollo de la legislación laboral desde aquel momento hasta la actualidad, surge una clara continuidad en la estrategia

de los sectores dominantes tendiente a legalizar, o al menos dejar impune, la violación sistemática del derecho laboral.

De allí que puede sostenerse que esta política no apunta a la búsqueda del bien común como se arguye sino al de un

sector en particular.

En suma, este paquete flexibilizador viene a legitimar por medio de la ley la precariedad del empleo que supo

imponer, en los hechos, el poder patronal contando con la complicidad estatal y frente al debilitamiento, en algunos

casos, y a la connivencia, en otros, del sector sindical.

En este marco, y a partir de reconocer la complejidad y la gravedad que esta realidad plantea, creemos que el

propio movimiento obrero debe asumir un desafío que no es menor y que implica el necesario impulso de un proceso

que ponga en discusión además de su rol e identidad, el modelo sindical para la etapa y una batería de propuestas propias

que permitan, al menos, comenzar a debatir los ejes de acumulación política que la defensa de los sectores populares

requiere.

INFORME DE COYUNTURA Panorama poselectoral

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