Informe 162 Resumen Ejecutivo Post Cvr

7/27/2019 Informe 162 Resumen Ejecutivo Post Cvr

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Defensora del Pueblo Jirn Ucayali N 388Lima - PerTelfono: (511) 311-0300Fax: (511) 426-7889E-mail: [email protected]: h p:/ www.defensoria.gob.pe

Lnea gratuita: 0800-15170Primera edicin: Lima, Per, agosto del 2013Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2013-12293

El Resumen Ejecutivo del Informe Defensorial N 162 ha sido elaborado por laAdjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de laDefensora del Pueblo.

La presente publicacin se realiz con el auspicio de una canasta de fondos*nanciada por ACDI (2006-2013), AECID (2007-2010), Blgica (2012-2013) yCOSUDE (2006-2011), en el marco del programa La promocin de la equidad e

inclusin para la realizacin de los derechos humanos de la Defensora del Pueblo.*www.defensoria.gob.pe/canastadefondos


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NDICE

PRESENTACIN

CAPTULO IEL PROCESO DE REPARACIONES, SUSAVANCES Y DESAFOS. LA AGENDAPENDIENTE

1. Aspectos generales del proceso deimplementacin del Plan Integral deReparaciones - PIR

2. Sobre el Registro nico de Vctimas3. Programa de Reparaciones Colectivas4. Programa de Reparaciones Econmicas

Individuales5. Programa de Reparaciones en Educacin6. Programa de Reparaciones en Salud7. Otros Programas del PIR8. Rol de los Gobiernos Regionales y Locales

9. Nivel de cumplimiento de las sentencias de laCorte Interamericana de Derechos Humanosen los casos ocurridos en el periodo 1980-2000

10. Algunas re exiones en materia de reparacionesy educacin

CAPTULO IIEl PROCESO DE JUDICIALIZACIN DE LASGRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOSHUMANOS. NECESIDAD DE GARANTIZARLA VERDAD Y JUSTICIA PARA ENFRENTARLA IMPUNIDAD

1. Aspectos generales del proceso de judicializacin

2. Estado actual de las investigaciones y procesos judiciales

3. Sentencias emitidas por los tribunales nacionales

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PRESENTACIN

Han pasado ms de 30 aos desde que el grupo terroristaSendero Luminoso dio inicio al perodo ms violento, cruel ydoloroso de nuestra historia republicana; y 10 aos desde quela Comisin de la Verdad y Reconciliacin (CVR) expusieraal pas una doble tragedia: por un lado, la del asesinato, ladesaparicin, la tortura de miles de personas y la destruccin dela propiedad pblica y privada y, por otro, el de la indolenciay la indiferencia que imposibilitaron entender la magnitud dela tragedia.

El terrorismo contina, hoy, acechando a nuestra democracia,y tenemos que combatirlo con todas las herramientas que nos brinda nuestro Estado de Derecho.

Fueron miles las vidas que cobr la violencia entre la poblacincivil, militar y policial. Son miles los hurfanos, desplazadosy torturados que hasta hoy arrastran y padecen un cmulo desecuelas. Por su parte, las comunidades campesinas y nativasan bregan por salir del atraso y del trauma producto del horrorsenderista y de las graves violaciones de derechos humanos.Frente a este panorama: cunto se ha hecho desde el Estadopara reconocer y reparar el dao sufrido?

El Informe Defensorial N 162, que hoy presentamos, da cuentade los esfuerzos emprendidos con posterioridad a la Comisinde la Verdad y Reconciliacin, as como de las di cultades,avances y retrocesos del proceso de verdad, justicia y reparacinen el pas. Apostamos por generar una profunda, serena yresponsable re exin sobre las obligaciones y desafos quecomo Estado mantenemos con las vctimas.

Este proceso re exivo debe ser entendido como una condicinfundamental para emprender un nuevo camino, seguramentecomplejo y sensible, pero indispensable para seguir avanzandoen la construccin de una sociedad slida en valoresdemocrticos, inclusiva, y respetuosa de los derechos humanos,

de cara a la tan ansiada reconciliacin.


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Hace cinco aos, cuando presentamos un balance similar,sealamos que ramos una sociedad con mltiples con ictossociales, demandas desatendidas y profundas desigualdadesno solo econmicas y sociales sino tambin raciales y culturales.Hoy, cuando el pas experimenta avances signi cativos, se sigueapreciando en muchos lugares de nuestro pas que todavano tenemos una presencia slida del Estado. En ese contexto,preocupa de manera especial que en estos ltimos aos ideasviolentistas intenten nuevamente apoderarse de la mente denuestros jvenes; o que grupos de fachada de Sendero Luminoso,como el Movadef, pretendan ingresar a la vida poltica del pas.

Ante ello, es importante vincular el mbito educativo con lamemoria colectiva, con el objeto de prevenir el surgimientode grupos o movimientos que incorporen la violencia y elterrorismo como mtodo, o que pretendan justi car el terrorvivido en las dcadas pasadas.

Como parte de nuestro mandato, hemos supervisado de manerapermanente este proceso. Por ello, sealamos con rmeza quesi bien se han dado avances importantes en los ltimos 10 aos,como la Ley que regula la ausencia por desaparicin forzada, laLey que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), el Registronico de Vctimas, la implementacin de los programas dereparaciones colectivas y econmicas individuales, el Lugarde la Memoria, entre otros, an persisten serias di cultades ydemoras, estancamientos e, incluso, en algunos casos, retrocesosen la atencin a las demandas de verdad, justicia y reparacinde las vctimas de la violencia.

El presente documento hace un balance de estos 10 aos. En elprimer captulo se informa de los avances, retrocesos y desafosen la agenda de reparaciones; en el segundo se analiza, demanera detallada, la situacin del proceso de judicializacin,sus de ciencias y las limitaciones que enfrenta. Finalmente, eltercer captulo aborda el drama de los desaparecidos, cuyosfamiliares permanecen hasta hoy en la incertidumbre y sinposibilidad de cerrar su proceso de duelo.


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La conclusin general es que, luego de diez aos, las vctimasde las graves violaciones a los derechos humanos, en su granmayora pobres y ubicados en las zonas ms alejadas, an nohan recibido una atencin debida y oportuna del Estado.

El Informe formula un conjunto de recomendaciones a losdiversos sectores involucrados en estas temticas, con elpropsito de contribuir a lograr cambios signi cativos quegaranticen la restitucin de los derechos de las vctimas, alcanzar justicia y reparacin. Asimismo, es imperativo fortalecer unapoltica pblica de reparaciones, que involucre a todos lossectores del Estado, que respete los enfoques y criterios de la

Ley que cre el PIR, y que cumpla con el objetivo de restablecerlos lazos entre el Estado y este sector vulnerable de la poblacin.

De igual forma, es necesario impulsar una reforma sustantivafrente a la problemtica de las personas desaparecidas, a n deque se de na una poltica pblica que atienda esta situacin demanera integral, en toda su dimensin y con todas sus aristas.El pas no puede seguir olvidando y desconociendo a susdesaparecidos. Sus familias merecen una respuesta, y esta nopuede esperar.

Este documento se enmarca en una fecha de especialimportancia. Hace diez aos, el 28 de agosto del 2003, la CVRentreg su Informe Final al pas, detallando la tragedia de milesde familias y alcanzando mltiples propuestas para superar laviolencia, que hasta el da de hoy no han sido atendidas entodos sus aspectos.

Como lo seal la CVR, no puede existir duda alguna de queSendero Luminoso fue el principal responsable de las muertesy destruccin en nuestro pas; que ningn grupo terroristadebe tener cabida en nuestra democracia y juventud, y que laestrategia contrasubversiva del Estado no puede conllevar niimplicar la violacin de los derechos humanos.

El Estado tiene una responsabilidad y obligacin ante las

vctimas, civiles, policas y militares, sus familiares y la sociedaden su conjunto: reparar, garantizar el acceso a justicia y el


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derecho a saber, as como fortalecer las polticas de memoria. Junto con estos esfuerzos, debe aprobar e implementar elPlan Nacional de Derechos Humanos, promover y fomentarel dilogo con la sociedad civil; impulsar reformas en salud,educacin, justicia; prevenir los con ictos sociales; prevenir ysancionar la discriminacin y el racismo. Ello demostrar quesomos capaces de no repetir los graves errores del pasado.

No se trata de venganza ni de rencor sino de luchar contrala impunidad y el olvido, y garantizar a todas las vctimasreparaciones justas. Nada legitima ms a la autoridad en unasociedad democrtica que su celo permanente para garantizarel reconocimiento de los derechos del otro, construir un pasinclusivo, justo y libre de toda forma de discriminacin,impulsando los valores de igualdad, respeto y tolerancia. Esees el camino que debemos seguir. Ese es el esfuerzo por el quetodos debemos apostar.

Lima, agosto de 2013

Eduardo Vega LunaDefensor del Pueblo (e)


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CAPTULO I

EL PROCESO DE REPARACIONES, SUS AVANCES YDESAFOS. LA AGENDA PENDIENTE

1. Aspectos generales del proceso de implementacin delPlan Integral de Reparaciones - PIR

Los principales avances del proceso de reparacionesestn referidos al diseo de un marco normativo para losprogramas de reparacin: Ley N 28592 que crea el PIR(2005); la creacin de entidades encargadas de su monitoreo;la elaboracin del Registro nico de Vctimas; as como elinicio de algunos programas de reparacin.

Sin desmerecer la relevancia de estos avances, persistendi cultades que no han sido superadas. Entre ellas: i) faltade liderazgo del ente rector en materia de reparaciones(Comisin Multisectorial de Alto Nivel - Cman); ii) existenciade mltiples disposiciones sobre bene cios y registrosdiferenciados de vctimas; iii) carencia de metas, indicadores

cualitativos, cronogramas y mecanismos adecuadosde monitoreo y evaluacin; y, v) confusin de algunosprogramas de reparacin con programas sociales.

A lo sealado, se aaden las limitaciones presupuestales yla falta de una mayor y mejor comunicacin con las vctimasque permita garantizar el enfoque participativo del PIR.

En relacin al nivel de implementacin de los programas

de reparacin, solo dos programas de reparaciones se vienenejecutando (colectivas y econmicas individuales), aunquecon di cultades. De los 6 programas restantes, solo uno deellos tiene lineamientos aprobados (educacin); en materiade salud, se ha incorporado a las vctimas al Seguro Integralde Salud (programa social); en relacin a reparacionessimblicas, se da cuenta de actos pblicos de reconocimientoy acompaamiento en la entrega de restos a familiares devctimas desaparecidas. Los otros programas no registranmayores avances (vivienda y restitucin de derechos).


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Todos estos problemas responden, principalmente, a que elproceso de reparaciones no fue concebido como una polticapblica. Adems, se entendi equivocadamente que este solocompete a determinados rganos o sectores, principalmentedel Gobierno Central, y no a los gobiernos regionales y locales.

2. Sobre el Registro nico de Vctimas

A marzo del 2013, el total de personas bene ciarias del PIRacreditadas en el Libro Primero (vctimas individuales)asciende a 182,350; de ellas, 106,919 son vctimas directas(59%), y 75,431 son familiares (41%). En el Libro Segundo

(vctimas colectivas), se ha inscrito a 5,697 comunidades,quedando pendiente de cali cacin 2,799. Asimismo, se hanregistrado 46 grupos de organizaciones de desplazados, deun total de 120 que han solicitado su inscripcin.

Del universo de vctimas directas (106,919), 1,034 (1%) sonintegrantes de la Polica Nacional del Per, 1,254 (1,2%) sonmiembros de las Fuerzas Armadas, 1,516 (1,4%) son integrantesdel Comits de Autodefensa, y 103,115 (96,4%) son civiles.

En relacin al tipo de afectacin, 22,378 (21%) son vctimasfallecidas, 7,399 (7%) vctimas de desaparicin forzada, 30,687(29%) sufrieron tortura, 35,337 (33%) son desplazados, 2,781(3%) son vctimas de violacin sexual, 802 (1%) registrandiscapacidad. Otras afectaciones suman 7,535 (secuestro,detencin o prisin siendo inocente, reclutamiento forzado,entre otros).

Respecto al sexo de las vctimas directas, el 63% son varonesy el 37% mujeres. En cuanto a los familiares, el porcentaje seinvierte, pues el 57% fueron mujeres y el 43% varones. Estomuestra la necesidad de fortalecer la perspectiva de gneroen el proceso de reparaciones.

El Consejo de Reparaciones (CR) ha entregado 109,570certi cados de acreditacin a nivel nacional, lo que equivaleal 57% del total de vctimas inscritas, quedando pendiente deentrega 75,431 certi cados (43%).


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3. Programa de Reparaciones Colectivas

Entre los aos 2007 y 2013, se nanciaron proyectos dereparacin colectiva en un total de 1,892 comunidades. Si setiene que, de acuerdo al CR, a marzo del 2013 estn inscritas5,697 comunidades en el RUV, solo el 33% de estas harecibido reparacin colectiva. El presupuesto destinado paraeste programa ha ido disminuyendo paulatinamente, de 54millones de nuevos soles en el 2009, a 10 millones de nuevossoles en el 2013. No se ha implementado ningn proyecto dereparacin colectiva para grupos de desplazados.

Si bien es importante el nmero de comunidades bene ciadascon reparacin colectiva, no existen mecanismos adecuadosde acompaamiento ni monitoreo. Durante la supervisinrealizada en el ao 2013 a las regiones de Ayacucho,Apurmac, Junn, Huancavelica y Hunuco, se pudoconstatar que algunos proyectos presentan problemas defuncionamiento y/o sostenibilidad, o tienen escaso impacto.Se han registrado locales comunales, puestos de salud ogalpones para la crianza de cuyes abandonados, ya seadebido a problemas en la construccin, excesiva humedad,por su inadecuada ubicacin o por falta de capacitacin a lacomunidad. Asimismo, un tema recurrente en los pobladoresentrevistados, especialmente mujeres, es el desconocimientosobre el origen y la naturaleza reparatoria de la obra oproyecto.

4. Programa de Reparaciones Econmicas Individuales

Hasta junio de 2013, se han publicado nueve listas de bene ciarios/as del Programa de Reparaciones EconmicasIndividuales, que comprenden 29,392 personas. Es decir,el 37,2% del universo total acreditado hasta marzo de 2013(78,908). El presupuesto pblico ejecutado en este programaha sido de alrededor de S/. 11 millones en el ao 2011, S/. 96millones en el ao 2012, y S/. 29 millones en el ao 2013.


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El Decreto Supremo N 051-2011-PCM, que dio inicio a esteprograma, tiene actualmente dos cuestionamientos: i) ladisposicin del cierre del RUV para los/as bene ciarios/as al31 de diciembre del 2011, que contradice el carcter inclusivoy permanente de dicho Registro; y, ii) el otorgamiento de unmonto menor (S/.10,000.00) al que se ha sido reconocido enotras medidas adoptadas por el Estado, afectando el principiode igualdad y no discriminacin. Pese al acuerdo adoptadopor la Cman, en noviembre de 2011, para la modi catoriade la norma en ambos extremos, hasta la fecha no se haconcretizado.

A marzo del 2013, existen 5,195 bene ciarios/as que registranms de una afectacin, es decir personas que tienen ms deun familiar desaparecido o asesinado; o vctimas directas(violacin sexual o discapacidad) que tambin registranfamiliares desaparecidos o asesinados. De acuerdo al marconormativo, la reparacin econmica individual debe serentregada por afectacin. Sin embargo, esta disposicin nose viene cumpliendo.

5. Programa de Reparaciones en Educacin A marzo del 2013, 146,733 bene ciarios/as acreditados/as

se encuentran a la espera del inicio de la ejecucin de esteprograma, el cual solo cuenta con lineamientos aprobados.

Existen algunas universidades y centros de estudios que, envirtud de normas vigentes, otorgan bene cios a las vctimas, bsicamente la reserva de vacantes. De otro lado, en el marcodel programa social Beca 18 se ha creado una modalidadespecial, Repared, la misma que si bien constituye unainiciativa importante, tiene como limitacin la exigencia decali cacin de los postulantes al Sistema de Focalizacin deHogares (Sisfoh). A la fecha se han otorgado 226 becas.

Existe otra limitacin, pues solo las vctimas directas queno pudieron culminar sus estudios entre 1980-2000, y los

hijos de vctimas fallecidas, desaparecidas y producto deviolacin sexual pueden acceder a este programa, dejando


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de lado a los hijos e hijas de otras vctimas. Esto desconoceque, en la realidad, la gran mayora de personas bene ciariassuperan los 40 aos (61%), muchas de las cuales pre erenceder su derecho a favor de sus hijos o hijas. Ello requiere lamodi cacin del artculo 18 del Reglamento del PIR.

6. Programa de Reparaciones en Salud

En el mbito de la salud, la atencin a las vctimas de laviolencia se inici en el ao 2006, mediante la ampliacinde las prestaciones del Seguro Integral de Salud (SIS) a estegrupo poblacional. Sin embargo, su inclusin en un programa

social no puede ser considerada una forma de reparacin,pues aquel no respeta los enfoques ni la nalidad que tieneun programa especial.

Un aspecto a destacar es que en noviembre del 2012, elMinisterio de Inclusin Social determin que la clasi cacinque otorga el Sisfoh no debe ser considerada para la a liacinde las vctimas acreditadas en el RUV; es decir, estas serna liadas al SIS en forma directa, sin importar su condicinsocioeconmica.

De acuerdo a la informacin brindada por la Secretara Tcnicadel Consejo de Reparaciones, a marzo de 2013 existen 146,705 bene ciarios de reparaciones en salud acreditados en el RUV,de los cuales 66,303 (45%) se encuentran a liados al SIS.

La Direccin de la Salud de las Personas del Ministerio deSalud (Minsa) inform que, en el 2012, un total de 22,880personas residentes en 384 comunidades afectadas porla violencia (en 12 regiones) recibieron atencin en saludmental. A diferencia del SIS, el Minsa asigna un presupuestoespec co, habiendo contratado en la actualidad 82profesionales en las 12 regiones ms afectadas del pas. Sinembargo, no todos los profesionales contratados con dichopresupuesto estaran cumpliendo con dicha funcin.


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7. Otros programas del PIR

El Programa de Reparaciones Simblicas da cuenta de diversasiniciativas del Gobierno Central, principalmente actos dereconocimiento pblico. Tambin se han observado esfuerzosa nivel regional y local para impulsar acciones en memoria,especialmente a travs de fechas conmemorativas. Se encuentrapendiente la declaracin como Santuario de la Memoria de lazona conocida como La Hoyada, en Ayacucho.

Por su parte, el Programa de Promocin y Facilitacin al AccesoHabitacional tiene una propuesta de lineamientos que todava

no ha sido aprobada, mientras que el Programa de Restitucinde Derechos Ciudadanos no registra avances.

8. Rol de los Gobiernos Regionales y Locales

En trminos generales, el balance respecto del cumplimiento porparte de los gobiernos regionales y locales de sus obligacionesen materia de reparaciones es poco satisfactorio. La mayorade estos no incluye en sus presupuestos anuales, actividades o

proyectos para atender a las vctimas de la violencia. Adems,existe desconocimiento y, en algunos casos, desinters sobre eldesarrollo del PIR, asumindose que la obligacin de ejecutarlas reparaciones es nicamente del Gobierno Central.

En relacin a los gobiernos locales, se han aprobado algunosPlanes Distritales de Reparaciones, especialmente en Lima(Chaclacayo, Lurigancho-Chosica y Villa El Salvador), loscuales contemplan declaraciones de das simblicos, atencin

en salud mental, incorporacin en programas de vivienda oempleo, bene cios tributarios como exoneracin de pago dearbitrios o condonacin de deudas, entre otros bene cios.

Estas iniciativas deberan ser replicadas por otros gobiernoslocales, como una clara demostracin de voluntad porcumplir con las reparaciones. Es necesario, por tanto,comprometer a los gobiernos locales y regionales en lasacciones de reparacin a las vctimas de la violencia, yfortalecer los espacios de coordinacin con la SE-Cman.


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9. Nivel de cumplimiento de las sentencias de la CorteInteramericana de Derechos Humanos en los casosocurridos en el perodo 1980 2000

De las 25 sentencias emitidas contra el Estado peruano, 18estn relacionadas con violaciones a los derechos humanosocurridas en el perodo 1980 2000. De estas, en 11 casos se hacumplido con pagar totalmente los montos indemnizatoriosordenados; mientras que en cuatro, el pago ha sido parcial yen tres an no se ha pagado nada.

Si bien en 14 casos la Corte IDH determin la obligacin de

investigar y sancionar debidamente a los responsables, solose ha dado por cumplida esta medida en el caso CastilloPez. Asimismo, el Estado no ha cumplido an con tipi carel delito de ejecucin extrajudicial en la legislacin penalnacional, ni adecuar el tipo penal de desaparicin forzada alos estndares internacionales.

10.Algunas re exiones en materia dereparaciones y educacin

En la actualidad, quienes resultan heridos o fallecen comoconsecuencia de acciones terroristas o antisubversivas nopueden recibir una reparacin debido al lmite temporalestablecido por el Estado para atender a las vctimas (1980-200). Por ello, es indispensable que el Estado evale ampliarel marco legal para comprender a este grupo de peruanasy peruanos, y as dar respuesta a sus legtimos reclamos deatencin.

De otro lado, evitar la repeticin de los hechos de violenciaocurridos en el perodo 1980-2000, exige que la ciudadanaconozca lo que pas, como un mecanismo para contrarrestarfuturas manifestaciones de la violencia. En este objetivo,la educacin tiene una importancia fundamental. Sinembargo, pese a los esfuerzos que se vienen impulsando especialmente durante este ltimo ao desde el Ministeriode Educacin-, existe un importante nmero de adolescentes

y jvenes con total desconocimiento sobre lo ocurrido en el


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Hasta abril de 2013, se aprecia que el 39% del total decasos supervisados por la Defensora del Pueblo ha sidoarchivado de manera de nitiva o provisional (77 casos), el18% se encuentra en investigacin preliminar (36 casos), el6% se encuentra en juicio oral (12 casos), el 5% se encuentrapendiente de juicio oral (11 casos), otro 5% se encuentra enetapa de instruccin (10 casos), el 3% se encuentra en reserva(6 casos), el 16% ha concluido con una sentencia (32 casos), y enel 8% no se ha podido recabar informacin (16). La suma totalsupera los 194 casos, pues algunos fueron desacumulados yse encuentran en etapas procesales distintas.

Los casos presentados por la CVR han mostrado mayoresavances, siendo que el 26% de estos tienen sentencia, 19%se encuentra en juicio oral, 13% est pendiente de juiciooral, y solo un 8% ha sido archivado. Por otro lado, loscasos producto del acuerdo de solucin amistosa entre elEstado Peruano y la CIDH son los que han afrontado msdi cultades, un 50% ha sido archivado, y apenas un 12% haobtenido una sentencia.

De la revisin de 32 de los 39 expedientes judicializados,tenemos que existe un total de 281 procesados. De estegrupo, 194 (69%) pertenecen o han pertenecido al Ejrcito, 36(13%) a la Marina, 32 (11%) a la Polica Nacional, 9 (3%) a losComit de Autodefensa. 10 (4%) son civiles. Con relacin asu situacin jurdica, 212 tienen mandato de comparecencia(simple, restringida o arresto domiciliario) y 65 mandatode detencin. De estos ltimos, slo 15 vienen cumpliendo

la medida de manera efectiva mientras que los otros 50 seencuentran en calidad de no habidos, sea como reos ausenteso contumaces. A cuatro personas se les sigue un proceso deextradicin.

3. Sentencias emitidas por la los tribunales nacionales

Durante el perodo 2005 abril 2013, la SPN emiti untotal de 97 sentencias en casos de graves violaciones a los

derechos humanos. Si bien no se precisa el nmero de


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sentencias condenatorias, absolutorias y mixtas, segn lamisma fuente, del total de sentenciados (285), el 78% (223)fue absuelto mientras que el 22% (62) recibi una condena.En relacin a los casos por terrorismo, entre los aos 2003 yabril 2013, la Sala Penal Nacional expidi 891 sentencias, enlas cuales conden a 949 delincuentes terroristas y absolvia 710 personas.

En los casos supervisados por la Defensora del Pueblo, sehan emitido 35 sentencias que corresponden a 32 casos (CasoDestacamento Colina tiene tres sentencias, y caso Parccoy Pomatambo tiene dos sentencias). El 57% (20) fueron

absolutorias, el 31% (12) condenatorias y el 11% (3) mixtas, esdecir, se determin la responsabilidad para algunos procesadosy se absolvi a otros. Del total de sentencias, 16 son de nitivas(2 quedaron consentidas y 14 fueron con rmadas por laCorte Suprema de Justicia), 12 se encuentran pendientes deuna decisin nal en ltima instancia, y en relacin a siete sedesconoce la informacin.

4. Creacin de instancias en el Ministerio Pblico

El Ministerio Pblico cre la primera instancia especializadaen el ao 2002 y estableci un sistema descentralizado.Actualmente, existen 4 scalas supraprovinciales enLima; 3 en Ayacucho (una con competencia tambin enHuancavelica); 1 en Tingo Mara y 13 scalas con retencinde carga (atienden delitos comunes y violaciones a derechoshumanos). Adems, tienen 3 scalas superiores nacionales.

Las tres scalas de Ayacucho son las que tienen mayorcarga procesal de delitos contra los derechos humanosy terrorismo; en la actualidad, entre las tres tienen 554investigaciones en trmite, 99 denuncias formalizadas, 358archivos provisionales y 735 archivos de nitivos.

El modelo descentralizado permite que los scales tenganmayor aproximacin con las alegaciones de las partes y

los medios de prueba, no obstante, este diseo no estuvoexento de di cultades, entre otros, tenemos: i) alta carga


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8. Inexistencia o de ciencias de los mecanismos de defensalegal para vctimas, investigados o procesados

Desde los reportes iniciales emitidos por la Defensoradel Pueblo, se advirti la situacin de indefensin en quese encuentra un alto nmero de vctimas. Al ao 2013, latendencia se mantiene. Esto constituye una limitacin paraque estas pueden ejercer una adecuada defensa, pues segnlo advertido, en la mayora de casos archivados, las vctimasno contaron con defensa legal.

El sistema de defensa legal creado a favor de los militares y

policas tambin adolece de algunas di cultades. Entre losaos 2011 y 2012, se atendieron quejas presentadas por exmiembros del Ejrcito que en la fecha de ocurridos los hechoscumplan labores como personal de tropa o subo ciales, pesea ello se les neg la asistencia de un letrado. En estos casos,como en las visitas realizadas a diversas bases militares, seha podido observar que todava falta una mayor difusin dela norma que otorga defensa legal a los efectivos militares,pues algunos asumen que slo se aplica para el personalo cial o de alta graduacin.

9. De ciencias en el sistema de proteccin para vctimas,familiares de vctimas, testigos y abogados o defensores dederechos humanos

Durante la supervisin realizada se han advertido de cienciasen el diseo e implementacin del sistema de proteccina vctimas y testigos, establecido por la Ley N 27378 y sureglamento. En efecto, si bien el Ministerio Publico y el Poder Judicial adoptaron en su momento diversas medidas con eln de dotar de e ciencia al sistema de proteccin, existenmuchas de ciencias y limitaciones presupuestales para suadecuada implementacin.


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10. Algunos criterios asumidos por los tribunales nacionalesrespecto a la comisin de delitos contra los derechoshumanos

De la revisin de las sentencias emitidas por la SPN se puedenestablecer algunos criterios para determinar la existencia oausencia de responsabilidad penal. Si bien muchos de ellosson perfectamente razonables en el marco del desarrollode un proceso penal, se han podido observar otros que noresultaran acordes con los principios de racionalidad ycoherencia, propios de un sistema de libre valoracin de laprueba, que es el que se aplica en nuestro sistema jurdico,

y que tiene como lmite la racionalidad y la necesidad defundamentar el sentido de la resolucin judicial.

Entre otros, se han podido advertir los siguientes: i) escasouso o aceptacin de pruebas indirectas; ii) exigencia deprueba documental u rdenes escritas; iii) descali cacinde algunos testigos presentados por el Ministerio Pblicoen base a criterios de rigurosidad que podran resultarexcesivos; iv) inexistencia de responsabilidad por delitode desaparicin si el imputado abandon la condicin defuncionario o servidor pblico.


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CAPTULO III

LA SITUACIN DE LAS PERSONAS DESAPARECIDASEN EL PER. NECESIDAD DE UNA REFORMA URGENTE

PARA ATENDER ESTA PROBLEMTICA COMO UNAPOLTICA PBLICA INTEGRAL

1. Aspectos generales de la situacin de las personasdesaparecidas

Los familiares de las personas desaparecidas no han recibidouna respuesta adecuada por parte del Estado. Las accionesimplementadas para la regularizacin de la condicin delas vctimas o para el acceso a justicia y reparacin sondiferenciadas, y los trmites en algunos casos engorrosos.Por tanto, no existe una poltica pblica que brinde unarespuesta articulada, coordinada, integral y con un enfoquehumanitario a esta problemtica; ni siquiera se conocen lascifras de personas desaparecidas ni de los lugares de entierroexistentes en el pas.

La Comisin de la Verdad y Reconciliacin, entreg juntocon su Informe Final la Lista Preliminar de PersonasDesaparecidas, que contienen 8,558 casos por desaparicinforzada. Asimismo, incluy un Registro Nacional de Sitiosde Entierro, que registraba 4,644 lugares a nivel nacional,de los cuales 2,234 se encuentran en Ayacucho. A ese registrose le aadi la informacin recabada aos despus por lainstitucin Comisin de Derechos Humanos (Comisedh), queidenti c 1,818 sitios ms en dicha regin. En consecuencia,la cifra de sitios de entierro se elevara a 6,462.

Hasta junio del 2013, el Consejo de Reparaciones inscribi enel Registro nico de Vctimas (RUV), a 7,399 vctimas pordesaparicin forzada mientras que la Defensora del Pueblo,en el marco de la Ley N 28413, acredit a 1,890 vctimas.Por su parte, el Equipo Forense Especializado (EFE) delInstituto de Medicina Legal (IML) del Ministerio Pblico,

en el ao 2011 seal que existiran ms de 15 mil personas


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desaparecidas. En consecuencia, no hay una cifra uniformerespecto a las personas desaparecidas en el pas.

2. Implementacin de la Ley N 28413, norma que regula lasituacin de ausencia por desaparicin forzada.

Hasta el 30 de junio del 2013, la Defensora del Pueblo harecibido a nivel nacional, 2,964 solicitudes de constancias deausencia por desaparicin forzada, habindose entregado1,890 y denegado 672, por no encontrarse dentro de losalcances de la Ley N 28413. En 232 casos no fue posibleiniciar el procedimiento de veri cacin, mientras que en 169casos las personas interesadas se desistieron de su solicitud.

El nmero de procesos judiciales iniciados para obtenerla declaracin de ausencia es signi cativamente menor alnmero de las constancias expedidas. As, se han reportaron84 procesos en 12 distritos judiciales. El Reniec ha registradosolo 15 sentencias, nmero que di ere de la cifra de casosque fueron declarados fundados por el Poder Judicial, queasciende a 53. Esto supone que las sentencias no han sidoregistradas por diversas di cultades. De esta manera, la LeyN 28413 no ha cumplido con su objetivo de regularizar lasituacin jurdica de las personas desaparecidas.

3. Acciones desarrolladas para la ubicacin, recuperacin,identi cacin y restitucin de personas desaparecidas

Entre los aos 2002 y abril de 2013, el Equipo ForenseEspecializado (EFE), del Instituto de Medicina Legal, hallevado a cabo aproximadamente 495 exhumaciones, en lascuales se recuperaron restos seos de 2,478 personas. Deestos, el 60% ha sido identi cado (1,483), y el 53% (1,317)ha sido entregado a sus familiares. Las exhumaciones hanrespondido fundamentalmente a un objetivo de persecucinpenal, sin priorizar el enfoque humanitario.

Existen diversos aspectos que la investigacin forense no

contempla, como es el acompaamiento psicosocial ni soporteemocional a las familias de las personas desaparecidas;


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tampoco existe una entidad encargada de atender lasnecesidades logsticas y materiales para el traslado y entierrode las vctimas una vez que son entregados por el MinisterioPblico. De otro lado, la exclusividad de la va penal para elrecojo de informacin limita la cantidad y la calidad de esta.

4. Necesidad de una poltica pblica

Frente a ello, se hace indispensable la implementacin deuna poltica pblica, mediante la creacin de una entidado instancia multisectorial e intergubernamental, conrepresentacin de la sociedad civil, que tendra que estar a

cargo de: 1) impulsar y colaborar con la bsqueda forensede las personas desaparecidas, 2) brindar acompaamientopsicosocial y atencin en salud mental a los familiares y 3)el apoyar materialmente a los familiares para la cobertura delos gastos que la bsqueda supone para ellos. Esta propuesta consensuada entre representantes de los sectores estatalesy de la sociedad civil - apuesta en convertiste en una polticade Estado de largo plazo que permita afrontar la dimensiny complejidad de la problemtica.


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RECOMENDACIONES

Atendiendo a que persisten algunas de las di cultades advertidasen anteriores informes defensoriales sobre la materia, se haconsiderado reiterar algunas de las recomendaciones formuladas.

AL CONGRESO DE LA REPBLICA

1. RECOMENDARacumular, debatir y aprobar los diversosproyectos de ley que se encuentran ante la Comisin de Justicia y Derechos Humanos, a n de tipi car adecuadamentelos delitos contra los derechos humanos, entre ellos, los deejecucin extrajudicial y desaparicin forzada de personas.

AL FISCAL DE LA NACIN

1. FORTALECERla Primera y Segunda Fiscala PenalSuprapzrovincial de Ayacucho, en atencin al alto nmerode denuncias que obran en las citadas scalas.

2. GARANTIZARque los scales a cargo de las investigacionessobre violaciones de derechos humanos reciban capacitacin

permanente y los recursos necesarios para desarrollarinvestigaciones oportunas y e caces.

3. ASEGURARque el Ministerio de Economa y Finanzasdestine los recursos econmicos que requiera la ejecucinde las medidas de proteccin a colaboradores, vctimas,testigos y peritos, dispuestas por los scales a cargo de lasinvestigaciones por violaciones de derechos humanos.

4. IMPLEMENTAR,en coordinacin con el Poder Judicial, una base de datos que permita registrar informacin detalladasobre los casos de violaciones de derechos humanos que setramitan en el mbito nacional en las distintas instanciasdel Ministerio Pblico y del Poder Judicial. Esta base dedatos deber contener como mnimo-, el nmero deinvestigaciones preliminares y procesos judiciales en trmiteen todas las instancias (especializadas y comunes), el nmero

de civiles y efectivos policiales y militares procesados, ascomo el nmero de vctimas.


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5. SUPERVISARque las investigaciones por violaciones aderechos humanos culminen en un plazo razonable, debiendoinformar a la Fiscala de Control Interno las omisiones oretrasos injusti cados en el desempeo de la funcin scal.

6. APROBAR el Plan Nacional de InvestigacionesAntropolgico Forense para la bsqueda, recuperacine identi cacin de personas desaparecidas en contextosde graves violaciones a los Derechos Humanos en el Perdurante los aos 1980 a 2000.

7. EMITIRuna directiva a n de exhortar a que los scales

dispongan la entrega de los restos identi cados a susfamiliares, en un plazo razonable y respetando su dignidad.

AL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

1. GARANTIZARun sistema descentralizado de investigaciny juzgamiento de violaciones a derechos humanos, paralo cual se recomienda MODIFICAR las ResolucionesAdministrativas N 060-2005-CE/PJ y N 075-2005-CE/

PJ. En tanto se modi can dichas normas,ASEGURARlosrecursos logsticos y econmicos para que los magistrados/magistradas puedan trasladarse para realizar diligencias yaudiencias descentralizadas, tal como lo vienen realizandopara asegurar los derechos al debido proceso de vctimas yprocesados.

2. IMPLEMENTAR,en coordinacin con el Ministerio Pblico,una base de datos que permita registrar informacindetallada sobre los casos de violaciones de derechos humanosque estn tramitando en el mbito nacional en las distintasinstancias del Ministerio Pblico y del Poder Judicial. Esta base de datos deber contener como mnimo-, el nmero deinvestigaciones preliminares y procesos judiciales en trmiteen todas las instancias (especializadas y comunes), el nmerode civiles y efectivos policiales y militares procesados, ascomo el nmero de vctimas.


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3. COORDINAR,en lo que sea necesario, con el Fiscal dela Nacin las modi caciones respecto a la competencia,estructura, procedimiento o trmite respecto a lasinvestigaciones sobre violaciones a derechos humanos, sinque ello se entienda como una vulneracin a la autonomadel Poder Judicial.

AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

1. IMPLEMENTARuna o cina destinada a proveer de defensalegal y asesora jurdica gratuitas a las vctimas de derechoshumanos y sus familiares, en el marco de las investigaciones

scales o judiciales.2. ELABORARun cronograma para dar cumplimiento a las

indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericanade Derechos Humanos, de acuerdo con el artculo 68.1 dela Convencin Americana sobre Derechos Humanos y elartculo 1 de la Ley N 27775.

3. MODIFICARel Decreto Supremo N 051-2011-PCM, de

conformidad con la propuesta presentada por la CMAN denoviembre de 2011, a n de respetar el carcter inclusivo ypermanente del Registro nico de Vctimas (RUV), y homologarel monto de indemnizacin al recibido por los integrantes delos Comits de Autodefensa vctimas de terrorismo.

4. PROPONERal Congreso de la Repblica una ley marco quede na los principios, objetivos y lineamientos de la poltica de bsqueda, identi cacin y restitucin de los restos mortalesde las personas desaparecidas a causa en el periodo 1980-2000, y que atienda las necesidades emocionales, materiales,logsticas y de informacin de los familiares durante losprocesos de bsqueda.

AL MINISTRO DE DEFENSA

1. GARANTIZARel cumplimiento para la atencin de pedidosde informacin por parte del Ministerio Pblico y el Poder

Judicial.


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de Promocin y Facilitacin al Acceso Habitacional, a nde regular la aplicacin de las modalidades de programaespecial de construccin y adjudicacin de viviendas, yproyectos de apoyo a la reconstruccin y rehabilitacin deviviendas rurales.

A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOSLOCALES

1. EXHORTARLOSa que cumplan con incluir de maneraexpresa los objetivos, polticas, acciones y metas en materiade reparaciones en los planes estratgicos institucionales,

en la programacin multianual y planes operativos anuales,en coordinacin con la Se-Cman, de conformidad conlo establecido en el artculo 55 del Reglamento del PlanIntegral de Reparaciones, contemplando para dicho n, elpresupuesto correspondiente.

2. EMITIRordenanzas que aprueben Planes Regionales oDistritales de Reparaciones, que atiendan en la medidade lo posible los componentes del PIR, contemplando por

ejemplo declaraciones de das simblicos, atencin en saludmental, incorporacin en programas de vivienda o empleo, bene cios tributarios como exoneracin de pago de arbitrioso condonacin de deudas, entre otros.


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Cuadro N 6Nivel de avance de los programas PIR

Fuente:ST-Consejo de Reparaciones y SE-CmanElaboracin:Defensora del Pueblo

PROCESO DE JUDICIALIZACIN

Cuadro N 7Cuadro general de los casos supervisados por la Defensora del

Pueblo - Mayo 2013

Fuente:Fiscala Superior Penal Nacional, Sala Penal Nacional; scalas y juzgadospenales supraprovinciales; Aprodeh y Paz y Esperanza.Elaboracin:Defensora del Pueblo

1 No se ha implementado este Programa, solo hay lineamientos aprobados. En el ao 2012se cre la Beca 18-Repared para las vctimas de la violencia. Hasta la actualidad, se hanotorgado 226.

2 Si bien el universo de supervisin asciende a 194 casos, existen algunos en los cuales lainvestigacin o instruccin fue desacumulada, por lo cual un mismo caso (con distintasvctimas o procesados) se puede encontrar en etapas distintas; por ejemplo, los casos LosCabitos, Universidad Nacional del Centro o Destacamento Colina.


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Gr co N 1Estado de trmite por tipo de caso supervisado a marzo 2013

Fuente:Fiscala Superior Penal Nacional, Sala Penal Nacional; scalas y juzgadospenales supraprovinciales; Aprodeh y Paz y Esperanza.Elaboracin:Defensora del Pueblo

Gr co N 2Sentencias emitidas en los casos supervisados

Fuente: Sala Penal Nacional y organismos de derechos humanosElaboracin: Defensora del Pueblo


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Gr co N 3Situacin jurdica de procesados

Fuente: Sala Penal Nacional y organismos de derechos humanosElaboracin: Defensora del Pueblo

SITUACIN DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

Cuadro N 8

Proceso de exhumacin, identi cacin y entrega de restos(2002 - abril 2013)

Fuente y elaboracin:Instituto de Medicina Legal


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Cuadro N 9

Estado de trmite de las solicitudes de constancia de ausenciapor desaparicin forzada a nivel nacional presentadas ante la


Fuente: Registro Especial de Ausencia por Desaparicin Forzada de la Defensoradel PuebloElaboracin: Defensora del Pueblo


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Informe 162 Resumen Ejecutivo Post Cvr

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