Ley de Infogobierno orientará la gestión pública hacia una mayor eficiencia

El Proyecto pretende profundizar la participación, así como el goce de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución, de los ciudadanos en la vida pública mediante el uso de tecnologías informativas

Carlos Morillo / Prensa AN

Para un Estado moderno es imprescindible tener y ejecutar políticas para el desarrollo de tecnologías de la información, la inclusión digital y la sociedad del conocimiento como parte fundamental y prioritario de su accionar.

Actualmente, el Proyecto de Ley de Infogobierno se encuentra en consulta pública y su aprobación permitirá al ciudadano acceder a los documentos públicos que requiera para realizar trámites personales.

Se desprende del Proyecto en consulta que los ciudadanos podrán acceder a cualquier portal web del Gobierno, en cualquiera de las instancias e imprimir directamente una partida de nacimiento, de defunción, RIF o solvencias, entre otros, y luego acudir a la institución emisora correspondiente para la firma y sello de autenticación. Además, ese instrumento legal permitirá evaluar la transparencia en el uso de los recursos públicos asignados.

El Proyecto pretende profundizar la participación, así como el goce de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución y las leyes, especialmente, en los procesos de decisión, planificación y cogestión de la actividad pública y del ejercicio de la contraloría social de los ciudadanos en la vida pública mediante el uso de tecnologías informativas.

Este proyecto de ley centra su principio en el conocimiento libre, y en la utilización del software libre, lo cual significa que todos los ciudadanos deben arropar la idea en un cambio de paradigma, ante las tecnologías privativas, esto significa libertad de crear, modificar, distribuir y de uso.

Para el uso de las aplicaciones de software libre, el usuario deberá saber que cuenta con un código fuente del programa que lo obligará a buscar formación profesional, aprender sobre líneas de negocio y participación, en caso de aportar conocimientos en las comunidades de desarrollo científico y tecnológico.

Es por ello que las actuaciones que realice el Poder Público, mediante el uso de las tecnologías de información sólo empleará programas informáticos basados en software libre y estándares abiertos, para garantizar al Poder Público el control sobre las tecnologías de información empleadas y garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el acceso a esos servicios que ofrece.

También, establece que las licencias para programas informáticos utilizados en el Poder Público deberán garantizar el acceso al código fuente y la transferencia del conocimiento asociado para su compresión; libertad de modificación; libertad de uso en cualquier área, aplicación o propósito y libertad de publicación y distribución del código fuente y sus modificaciones.

Pero no todo está supeditado a la utilización de estándares abiertos, porque la norma establece que, excepcionalmente, el Estado podrá autorizar el uso de programas informáticos que no cumplan con las condiciones de estándares abiertos y software libre, cuando no exista un programa desarrollado que lo sustituya o se encuentre en riesgo la seguridad y defensa de la Nación.

Ese Proyecto prevé, dentro de sus fines, fomentar la independencia tecnológica y con ello fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional sobre la base del conocimiento y uso de las tecnologías de información libres en el Estado.

Así como el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica en la gestión pública y el ejercicio de la contraloría social, aunado al empoderamiento del Poder Popular a través de la generación de medios de participación y organización de las ciudadanas y los ciudadanos, haciendo uso de las tecnologías de información.

Un punto esencial, dentro de esta norma, es que la información que consta en los archivos y registros del Poder Público y organizaciones del Poder Popular son de carácter público. Asimismo, establece que el Estado garantizará la protección de los datos que obtiene mediante el uso de los servicios que presta a través de las tecnologías de información, cuando se trate de información sobre el honor, vida privada, intimidad, propia del ciudadano.

Para garantizar esos derechos, el papel de trabajo contempla la creación del Comité Nacional para el Uso de Tecnologías de Información en el Poder Público, órgano que dependerá administrativamente de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, por ser esa instancia colaboradora directa con el Presidente de la República.

Dentro de las sanciones previstas en el documento en consulta, los funcionarios y empleados al servicio del Poder Público que incurran en responsabilidad administrativa, serán sancionados de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con multas comprendidas entre cincuenta (50) y doscientos cincuenta (250) Unidades Tributarias (UT), dependiendo el grado de responsabilidad en cada caso.

Para el presidente de la Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación, Guido Ochoa (PSUV/Mérida) el Proyecto de Ley de Infogobierno permitirá al Estado, mediante el uso de nuevas tecnologías, optimizar su funcionamiento y evitar la corrupción.

“La idea es interactuar. Que el pueblo venezolano pueda ponerse en contacto con el Gobierno Nacional. Ustedes pueden enterarse de la distribución y de cómo se gasta el Presupuesto Nacional. Ustedes lo podrán saber y ponerse en contacto con cualquier funcionario público y éste, a su vez, tiene la obligación de responder lo que el pueblo consulte. Eso significa plena democracia. Eso es buen vivir”.

La apertura exhibida, en esta entrevista, por el diputado Guido Ochoa estuvo cargada de sentimientos, pasiones y postulados ideológicos, durante la cual surgió la pregunta: ¿Por qué una Ley de Infogobierno?

“El Proyecto de Ley de Infogobierno se hace necesaria en función del buen vivir. Por qué en función del buen vivir, porque hemos observado que uno de los problemas fundamentales que tenemos en nuestra sociedad. Porque muchas personas tienen que desplazarse de su sitio de origen a Caracas, exclusivamente a tramitar un documento. Al aprobarse esta ley hará al ciudadano mucho más feliz, porque puede en corto tiempo obtener un documento en cualquier lugar del país, en el acto, sin necesidad de salir de su zona geográfica. Eso es felicidad! Eso es buen vivir.”

El representante merideño está consciente de algo: indistintamente del resultado del texto definitivo, “esa será una ley que hará cambios de conciencia. Esta es una norma abierta pensada para proteger a la gente y la soberanía del Estado, estoy seguro de ello”.

“Estamos utilizando todos lo medios necesarios para que todos los ciudadanos y ciudadanas, absolutamente todas las personas, hagan sus aportes y emitan sus propuestas al papel de trabajo. Desde el niño que tiene una computadora ‘Canaima’, jóvenes estudiantes, trabajadores del campo… Todos los ciudadanos en general.”

Finalmente Ochoa aseguró que la aspiración de todos los miembros de la Comisión es aprobar el instrumento antes de finalizar el primer periodo de sesiones y augura que será así, porque -a su juicio- hubo un vuelco de propuestas de los diferentes comités que usan software libre y las comunidades organizadas que han aglutinado un conjunto de ofrecimientos para el informe para segunda discusión.

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