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Cámara Administrativa: Rendición de Cuentas Cuatrienio 20062010

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REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL Cámara Administrativa

Buenas noches.

Señoras y señores.

El tema de la rendición de cuentas hasta hace poco en la República

Dominicana estaba reservado al mandato constitucional que

obligaba al Presidente de la República a presentar un informe de las

cuentas públicas y una especie de memoria de su gestión en la

conducción del Estado como Jefe de Gobierno.

Unas pocas instituciones públicas presentaban informes sobre el

desempeño en la función que ocupan sus Gerentes, Secretarios o

Administradores. Sin embargo, en el curso de esta década la


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rendición de cuentas se ha convertido en un acto obligatorio de toda

institución que pretenda estar acreditada en la sociedad.

Con el mecanismo de la rendición de cuentas se reivindica el

derecho de los ciudadanos de estar informados y su hábito hace

posible que los mismos puedan exigir explicaciones, y a su vez las

autoridades asuman el compromiso de dar cuentas de su gestión.

Rendir cuentas es el contrapeso necesario al compromiso ciudadano

de sustentar en la debida proporción a sus ingresos los gastos

públicos, y en consecuencia, ser parte del pacto social del cual

somos signatarios.

Si bien es cierto que la rendición de cuentas deviene de un principio

general consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y

del Ciudadano, que establece que “la sociedad tiene el derecho de

pedir cuentas a todo agente público de su administración”, en


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nuestro caso la Constitución proclamada el 26 de enero del presente

año, establece en su artículo 22 como un derecho el que los

ciudadanos “puedan formular peticiones a los poderes públicos para

solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las

autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al

respecto”; así como el artículo 49, referido a la libertad de expresión

e información, que consagra el derecho a la información, la

investigación, y en definitiva, el disfrute de las libertades de acceso,

derechos éstos garantizados por el Estado dominicano en

cumplimiento del texto de la carta sustantiva respecto de las

garantías de los derechos constitucionales, cuyas únicas limitaciones

se contraen al derecho a la intimidad y el honor personal que nos

otorga el artículo 44.

Como se observa, rendir cuentas es parte consustancial de los

deberes del funcionario que administra fondos o políticas públicas.


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En este escenario presentaremos un resumen de la administración y

formulación de políticas de la instancia que presidimos al interior de

la Junta Central Electoral en el cuatrienio 2006-2010.

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN

LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL CON ANTERIORIDAD

A ESTA GESTIÓN

No podemos hacer una rendición de cuentas objetiva si no

presentamos el contexto en el cual nos correspondió actuar, por lo

cual es importante edificarles sobre el estado en que se encontraba

en ese momento la Junta Central Electoral. Veamos:

Existía un amplio desconocimiento en la ciudadanía respecto

de las funciones fundamentales de la Junta Central Electoral en

relación a su rol de ente regulador y administrador del Registro


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del Estado Civil, de las Oficinas Expedidoras de Cédulas y el

Registro Electoral.

Ausencia en la parte gerencial de una visión de conjunto

respecto de las altas responsabilidades del órgano;

Inexistencia de planes y proyectos de mediano y largo plazo;

Prevalencia de procedimientos manuales en casi todas las

áreas;

Desmotivación generalizada en el personal de la Junta Central

Electoral debido a la baja remuneración; e inexistencia de una

política de formación, desactualización y limitación en su

capacidad de servicio;

Instalaciones físicas ruinosas, en estado de descomposición,

que generaban un gran hacinamiento;


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Administración privada y discrecional de los servicios

públicos;

Carencia de un sistema de archivo que origina que más del

14% de los Libros Registro se encuentren en estado inservible;

Un elevado porcentaje de subregistro de nacimientos y

defunciones;

Un sistema vulnerable, que permitió la falsificación y

adulteración de Actas del Estado Civil;

Un alto porcentaje de desviación de los ingresos del Estado, a

través de la institución, a manos no oficiales, por falta de

iniciativa de sus principales autoridades;

Carencia de una política de información integral para la

promoción de los proyectos y servicios institucionales;


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No se daba cumplimiento a la Ley Orgánica y demás leyes que

rigen estos servicios públicos; específicamente, la Ley

Electoral No. 275-97, Ley 8-92 sobre Cédula, Ley No. 659

sobre Actos del Estado Civil y Ley No. 55 sobre Registro

Electoral;

Inexistencia de un Sistema de Contabilidad Patrimonial, que

permita tener información y control actualizado de los

recursos;

Inicio del proceso de rescate institucional

A finales del mes de enero del año 2007, se dio inicio a un amplio

proceso de reformas que impactaron positivamente a la Junta

Central Electoral, haciendo énfasis en el fortalecimiento de las

medidas de control, la modernización y automatización de los


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servicios y el relanzamiento de la imagen institucional de la Junta

Central Electoral.

Hicimos conciencia de la necesidad de acercar al ciudadano como

aliado fundamental de este proceso. A pocos días de la toma de

posesión, el 24 de noviembre del año 2006, se dictó la Primera

Resolución de la Cámara Administrativa, que dispuso la aplicación

integral de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información

Pública. Con ello las actividades de la Cámara Administrativa

pasaron a ser de dominio público, revistiendo los procesos

electorales, la gestión del registro civil y las funciones gerenciales

de un alto nivel de confianza y aceptación ciudadana. El impacto de

esta decisión se refleja con las estadísticas de nuestra página web,

que en estos cuatro años recibió:

1 millón 855 mil 805 usuarios únicos;

6 millones 621 mil 257 visitas; y


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28 millones 772 mil 183 páginas vistas

En el portal de transparencia de nuestra página web se destaca la

facilidad para accesar a la información presupuestaria y financiera,

pudiendo encontrar allí la nómina de funcionarios y empleados,

estado de ejecución presupuestaria, los resultados de las licitaciones

y adjudicaciones, lista de suplidores, cheques emitidos, inversión

publicitaria, entre otras muchas informaciones y documentos.

Paralelamente se mantuvo funcionando un programa de consulta

denominado JCE-RESPONDE para satisfacer dudas e inquietudes

respecto de las actividades vinculadas a los procesos electorales y el

registro civil. En este programa recibimos más de 15 mil consultas

las cuales fueron debidamente respondidas en un tiempo

relativamente corto.


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De su parte, en el Centro de Información Ciudadana, que funciona

vía telefónica, se recibieron 828 mil 491 llamadas de ciudadanos,

que fueron atendidas por un equipo especializado.

Reforma y transparencia en los procesos de contratación y

adquisición de bienes y servicios

Como en otras áreas, la Junta Central Electoral había estado ajena a

la implementación de un sistema de compras y contrataciones que

garantizara que estos procesos se realizaran en el marco de un

ambiente de competitividad, de confianza, de igualdad y equidad,

que se tradujera en eficiencia en la adquisición y contratación,

ahorro de recursos, presencia u observación ciudadana de la forma

en que se invierten los recursos públicos que administramos.

Se contrató una consultoría con el grupo Gestión Moderna, que

intervino en el diseño de las políticas públicas en materia de


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adquisiciones, que garanticen la aplicación de la Ley de Compras y

Contrataciones No. 340-06 y su decreto de implementación.

Las reglamentaciones establecidas incluyeron la creación de una

Comisión de Licitaciones integrada por cinco miembros, uno de los

cuales fue propuesto por el Presidente de la Junta Central Electoral,

y otro por el Presidente de la Cámara Contenciosa Electoral, siendo

aprobada la conformación y designación de los mismos por el Pleno

de la Junta Central Electoral, renunciando de esta manera la Cámara

Administrativa a una atribución exclusiva y directa que le confiere la

Ley 275-97, en su artículo 6, literal g).

En esta Comisión se han registrado las siguientes actividades:

101 licitaciones;

351 concursos;

2 mil 454 oferentes;


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578 adjudicatarios; y

2 mil 147 millones 539 mil 357 pesos con 31 centavos

licitados

Las licitaciones y concursos eran difundidos a través del

Departamento de Administración de Informaciones y Estadísticas de

la Dirección General de Contrataciones Públicas, del Ministerio de

Hacienda, en el portal “comprasdominicanas.gov.do”, así como en el

portal de la Junta Central Electoral y diferentes periódicos de

circulación nacional, en cumplimiento de la ley.

El 80% de todas las compras se realizó en base al criterio de menor

precio e informe técnico, y sólo el 20% se hizo conforme otros

requerimientos establecidos en el pliego de condiciones elaborado a

tales fines.


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Modernización administrativa y financiera

Hemos orientado el accionar de la Junta Central Electoral hacia la

modernización del sistema financiero y administrativo, promoviendo

la austeridad en el gasto y ejerciendo un control estricto sobre el

patrimonio del Estado, y una redistribución de la inversión en

función de las prioridades institucionales de cara a los servicios que

ofrecemos a la ciudadanía, con el propósito de obtener una mayor

eficiencia y calidad en los mismos, para hacer posible el

fortalecimiento de la autonomía administrativa y financiera que

otorga la Carta Magna.

No obstante el cuadro lúgubre que encontramos, fruto de esta

política de austeridad, y sin necesidad de recursos presupuestarios

adicionales del Poder Ejecutivo para estas tareas, pudimos obtener

resultados inmejorables con una inversión de recursos captados por

la autogestión y sin necesidad de crear compromisos financieros o


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deudas a la Junta Central Electoral; por el contrario, el compromiso

financiero que tenemos con el Banco de Reservas lo estamos

honrando mensualmente de manera regular.

En el año 2007, eliminamos el déficit acumulado de 245 millones de

pesos, saldamos los compromisos existentes en ese entonces con el

Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones de la Junta Central

Electoral, así como los compromisos con los suplidores y otras

entidades de servicio público y privado. Cambiamos la forma de

pago del salario, en vez de manual o mediante cheques, al pago por

vía de nómina electrónica.

Como parte de nuestra responsabilidad frente al Estado Dominicano,

fuimos más estrictos en la aplicación de los controles para garantizar

la entrega al fisco de las retenciones obtenidas sobre alquileres,

honorarios, pago en el exterior, adquisición de bienes y servicios,

impuestos sobre salarios e ITBIS. Como muestra, en la gestión del


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2002 al 2006, se reportaron 87 millones 331 mil 43 pesos con 01

centavo, mientras que en la actual gestión 2006-2010 aportamos a la

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por este concepto

305 millones 368 mil 647 pesos con 05 centavos.

Instruimos para la aplicación de nuevas medidas de seguridad y

control, fortaleciendo la Unidad de Post-Auditoría, cuya función es

volver a auditar los procesos ya revisados por la Unidad de Control

Previo. Esta unidad ha revisado un total de 74 mil 514 expedientes,

correspondientes a órdenes de pago, órdenes de compra, nómina,

libramiento, memorando, etc. Producto de esta revisión se han

generado 72 mil 258 cheques. Igualmente se realizaron un total de 2

mil 967 arqueos a fondos de caja chica, a las partidas

correspondientes a gastos de Juntas Electorales, Centros de

Cedulación y oficialías del Estado Civil.


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Remodelación y Construcción

Todo este trabajo administrativo se realizó paralelamente con un

proceso de higienización y adecentamiento de las oficinas en que se

desarrollan las actividades de la Junta Central Electoral, procurando

obtener de nuestros servidores un máximo de rendimiento.

Esta tarea se llevó a cabo de la mano del Colegio Dominicano de

Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) e iniciamos todo

un proceso de remozamiento de nuestra infraestructura, elaborando

un prototipo de edificio electoral en donde concentramos los

servicios que ofrecemos en los distintos municipios del país, las

oficinas de la cédula, las oficialías y la oficina de la Junta Electoral,

así como un pequeño almacén para los períodos electorales.


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Como parte de esa política de remodelación y construcción, en la

sede central se han remodelado o construido los siguientes espacios

de trabajo:

Un moderno auditorio para las audiencias públicas;

Una sala de reuniones y trabajo para delegados de los partidos

políticos;

Un salón especial para los representantes de los medios de

comunicación;

Remodelación del viejo edificio donde se encontraba el

almacén y logística electoral de la institución;

Se crearon nuevos espacios para los siguientes departamentos:

Consultoría Jurídica

Dirección de Inspectoría

Dirección de Registro Civil

Dirección Administrativa

Recursos Humanos


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Registro Electoral

Seguridad

Unidad de Remodelación y Adecuación de

Oficialías del Estado Civil

Transportación

Dirección de Cedulación

Almacén General

División de Compras y Suministro

Logística Electoral

Unidad de Declaraciones Tardías de Nacimiento

Unidad de Captura de Datos Biométricos

Protocolo Nacional e Internacional

Se amplió el área de parqueos, con la contratación

de 3 mil metros cuadrados para esos fines, y la

habilitación de otras áreas


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De igual manera, se intervino el edificio que aloja la Oficina Central

del Estado Civil, la Junta Electoral del Distrito Nacional y el Centro

de Servicio y Legalizaciones de dicha oficina; se efectuó una

remodelación total en todas sus áreas y dependencias.

La Junta Central Electoral ha realizado una inversión de 135

millones 174 mil 448 pesos con 50 centavos en adquisición de

bienes e inmuebles en la geografía nacional. Cada una de estas

compras fueron debidamente precedidas de tres (3) tasaciones de

técnicos en la materia, afiliados al CODIA y el Instituto de

Tasadores Dominicanos (ITADO), y todas estas compras fueron

aprobadas por el Pleno de la Junta Central Electoral. Asimismo,

obtuvimos 32 bienes inmuebles, donados por las autoridades

correspondientes, sobre todo las municipales.

En numerosos municipios del territorio nacional se han construido

los palacios electorales y del estado civil; el propósito es concentrar


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en un solo local varios servicios que ofrecíamos de manera dispersa,

con suficiente espacio para reuniones, archivos, recepción cómoda

de los ciudadanos y disponibilidad para la funcionalidad de los

servicios dados al usuario, así como la instalación de los equipos

modernos necesarios para la realización de una labor eficiente y

transparente.

Se ha inaugurado una buena parte y están listas para ser inauguradas

las edificaciones de Oviedo, El Comendador, Guaymate, Los

Llanos, Vallejuelo, Duvergé, Altamira, entre otros, y en proceso

avanzado los edificios de Puerto Plata, Pedernales, Barahona, San

Juan de la Maguana, La Vega, Jamao al Norte, Sabana Yegua,

Pepillo Salcedo, Tabara Arriba, Padre Las Casas, Los Alcarrizos,

Cabral, entre otros.

A continuación presentaremos al Presidente del CODIA, Ing. Ing.

Víctor Payano, y al Ing. Manuel Aponte, Miembro de la Unidad


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Especial para la Remodelación y Adecuación de Oficialías del

Estado Civil, con un relato sobre el trabajo de construcción y

remodelación realizado por esta instancia:

Ampliación del parque vehicular

Al iniciar esta gestión la Junta Central Electoral disponía de pocas

unidades vehiculares para el desarrollo de sus actividades de

supervisión, fiscalización, investigación y soporte técnico, lo que

dificultaba poder dar un apoyo adecuado a las Juntas Electorales,

oficialías, centros de cedulación y centros de servicio en todo el

territorio nacional.

Para hacer más eficiente la labor administrativa adquirimos 135

unidades vehiculares, incluyendo camionetas, automóviles,

autobuses, minibuses, camiones y vehículos todo terreno, que se

encuentran asignados a los departamentos fundamentales y a las


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respectivas Juntas Electorales de los municipios de mayor densidad

poblacional y de acceso más difícil debido a su ubicación

geográfica.

Mejoría, desarrollo y crecimiento del capital humano de la

Junta Central Electoral

Toda institución que pretenda ofrecer un servicio de calidad y

responder a las expectativas ciudadanas sobre su desempeño,

requiere que el capital humano de la misma, se ciña a los diseños de

políticas que emanen de los funcionarios correspondientes y a todas

las iniciativas, planes y proyectos que se emprendan.

Los resultados positivos de desempeño de estos servidores públicos

están relacionados con las condiciones laborales y salariales en que

se desenvuelvan.


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Como parte de esta política de potencialización de los recursos

humanos, la mayoría de los empleados han sido dotados de

uniformes, parte de la flotilla vehicular está destinada a brindarle

transporte, y a una parte considerable se le ofrece el subsidio en el

almuerzo, a los que concluyen su horario a las 4 de la tarde, y cena a

los que terminan en horas de la noche.

Se desarrollaron cursos de capacitación que involucraron a todo el

personal, en coordinación con la Escuela Nacional de Formación

Electoral y del Estado Civil (EFEC) y el Instituto de Administración

de Personal (INAP). Por vez primera se instauró el sistema de

evaluación de desempeño, cuya finalidad es detectar las fortalezas y

debilidades de los empleados, las necesidades de capacitación,

comprobar el mérito y eficiencia particular y colectiva.

Se definieron las siguientes políticas en materia de recursos

humanos:


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Aprobación definitiva de un Manual de Descripción y

Clasificación de Puestos;

Un Manual de Administración de Recursos Humanos;

Un Manual de Inducción;

Se revisó el Reglamento Disciplinario;

Y se estableció una política salarial

En la obra denominada “Audacia de la Esperanza, Reflexiones sobre

cómo Restaurar el Sueño Americano”, el hoy Presidente de los

Estados Unidos, Barack Obama, hace la siguiente reflexión: “Es

difícil imaginar que el presidente de una empresa pueda

concederse a sí mismo un bono multimillonario y a la vez

recortar el seguro de salud de sus trabajadores si creyera que en

algún sentido eran sus iguales… Creo que una mayor empatía

cambiaría el equilibrio de la política actual a favor de aquellos

que sufren para salir adelante en esta sociedad. Después de todo,


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si son como nosotros, entonces su lucha es la nuestra, sus

sufrimientos son nuestros sufrimientos. Si no les ayudamos,

atentamos contra nuestra propia dignidad”.

Esta reflexión viene a propósito de la situación que encontramos al

asumir nuestras funciones, caracterizada en términos salariales por

empleados que realizaban la misma tarea, tenían igual capacidad y

antigüedad en el servicio, pero recibían remuneración distinta

obedeciendo a relaciones de amistad o cercanía con magistrados o

funcionarios, y otros recibían una remuneración sin realizar ninguna

labor. Además, el mayor salario recibido era 90 veces más alto que

el salario mínimo percibido por empleados cuya remuneración era

de dos mil o tres mil pesos, montos que se encuentran por debajo del

mínimo establecido para el sector público.

Esta realidad obligó a la Cámara Administrativa a disponer una

sustancial mejora salarial en el personal, dejando fuera de esta


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mejoría a los magistrados y algunos funcionarios del primer nivel e

igualmente producir una nivelación salarial para corregir las

distorsiones antes señaladas, bajo el principio de a igual trabajo,

igual salario.

En efecto, se estableció un salario mínimo de 9 mil pesos mensuales

para albañiles, conserjes y carpinteros, 12 mil para jardineros,

choferes, guardianes seguridad y soldadores, y entre 20 y 35 mil

pesos para el personal calificado, técnicos y profesionales, según la

función que realice.

Estas medidas nos permiten asegurar que en la Junta Central

Electoral existe un justo reconocimiento a nuestros recursos

humanos, y se les trata con respeto.


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Integración de las personas con algún tipo de discapacidad

Un estudio realizado por la Oficina de Desarrollo Humano del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en

coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y

Desarrollo, establece que en República Dominicana, según la

ENDESA 2007, el 2.6 por ciento de la población posee algún tipo de

discapacidad∗.

La Constitución promulgada el 26 de enero del año en curso, en su

artículo 58, establece que el Estado promoverá, protegerá y

asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de

igualdad, así como el ejercicio autónomo y pleno de sus

capacidades.

∗ Página 228


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Inspirados en este mandato constitucional, se ha dispuesto que todas

las edificaciones y oficinas de servicio de la JCE dispongan de

rampas y facilidades de acceso e igualmente, que en condiciones de

igualdad, se inicie la integración de personas con alguna

discapacidad, los cuales ofrecen un servicio encomiable, y cuentan

con el reconocimiento por parte de los compañeros de trabajo por su

capacidad, su entrega y la calidad humana de los mismos.

A continuación veamos las palabras de los empleados Mabel Abreu,

Soporte Técnico, y Antonio Ventura, Operador de la Central

Telefónica de la institución:

Política de Comunicación, Relaciones Públicas y Publicación

La forma en que culminaron los procesos electorales de los años

2002, 2004 y 2006, y lo que el empresario José León Asencio

denomina como “reacción normal en los procesos electorales”,


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agregando a eso el pésimo servicio que se brindaba a los ciudadanos

en los centros de cedulación y en las oficialías del estado civil,

además de la enorme cantidad de personas con problemas registrales

que insatisfechos, no encontraban la forma, ni el mecanismo para

encauzar sus demandas de servicio; dando lugar a una percepción

negativa sobre la institución, lo que nos obligó a establecer una

política de comunicación con el propósito de revertirla.

El objetivo fue llegar a todos los segmentos de la población, y muy

en especial, a aquellos que se mostraban reticentes a valorar

positivamente las mejoras evidentes que se empezaban a producir en

el registro civil. Simplemente se presentó a la ciudadanía la

situación encontrada, se promovió la visión del equipo gerencial y se

integró a la población en cada una de las ejecutorias; se hizo visible

el trabajo y se le mantuvo informada de la forma en que se

administraban los recursos y las políticas implementadas en su

beneficio; se varió el sistema de colocación de publicidad, se


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produjo un acercamiento con los medios de comunicación y con las

organizaciones de la sociedad civil para dar las explicaciones de

lugar, cuando se requiriera, y para consultar, cuando fuera necesario.

La inversión publicitaria que acompañó la política de

comunicaciones, fue monitoreada en los dos procesos electorales por

la empresa PUBLIMONITOR, S. A., y de manera permanente para

la auditoría de la publicidad en prensa escrita se contó con la

empresa Armonía, S. A.

Los resultados de esta política de comunicación se pueden apreciar

en la encuesta Latinobarómetro de Las Américas del 2009, que

colocó a la JCE como la institución estatal de mayor credibilidad

pública en el país, igual ocurrió con otras encuestas auspiciadas por

medios de comunicación.


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Como parte de esta política, se mantuvo una constante edición e

impresión de materiales que difunden conocimientos técnicos

relacionados con áreas temáticas, en esta categoría se incluyen

ensayos, boletines, folletos, brochures y afiches, a fin de mantener

informada a la población en general.

El conjunto de medidas descritas anteriormente ha permitido que

personalidades de reconocida solvencia moral y espiritual,

reconozcan la labor que se desarrolla en la Junta Central Electoral,

con su acompañamiento.

Tenemos a bien presentarles las palabras de monseñor Ramón

Benito de la Rosa y Carpio, Arzobispo de Santiago de los

Caballeros.


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Supervisión y fiscalización de asambleas y convenciones de los

partidos políticos

Por vez primera la Junta Central Electoral dio ejecución al mandato

contenido en la Ley 275-97, que faculta a esta instancia para

supervisar y fiscalizar las asambleas y convenciones de los partidos,

por iniciativa propia o por solicitud de parte interesada.

La primera actividad supervisada fue la convención para la

escogencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario

Dominicano (PRD) para los comicios del año 2008, igual ocurrió

para las elecciones primarias del Partido Reformista Social Cristiano

(PRSC) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para este

mismo certamen.

En cada uno de estos casos la supervisión perseguía observar el

comportamiento de los actores y protagonistas del proceso electoral


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al interior de cada partido; monitorear la inversión en propaganda y

publicidad que realizaran los diferentes precandidatos; dar

seguimiento y comprobar la marcha del proceso de organización y

logística de esos eventos; facilitar materiales y equipos de los cuales

disponía la Junta Central Electoral para la buena marcha de los

mismos; mediar para buscar salidas, en caso de que se presentaran

conflictos o diferencias que no ameritaran de soluciones

contenciosas; facilitar el uso de las edificaciones públicas dando

garantías a las instituciones del Estado y asumir frente al Estado la

responsabilidad en el caso de destrucción o deterioro de éstas

durante la celebración de la actividad interna; y ofrecer nuestra red

de cómputo y transmisión de resultados.

A partir de la supervisión de la convención interna del PRD y de las

facilidades dadas por la Junta Central Electoral, sobre todo en lo que

respecta a materiales y equipos, ningún partido político desarrolla

estos eventos sin el acompañamiento de la institución.


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Podemos afirmar que en la primera fase esta novedad logró su

propósito y la Cámara Administrativa pudo contribuir en la

construcción permanente de los consensos internos sobre los

aspectos técnicos, se generó confianza y seguridad en los mismos.

Debemos resaltar que en el período posterior a este primer esfuerzo

de cara al proceso electoral del año 2010, la democratización de los

partidos políticos en la República Dominicana sufrió un importante

revés, ya que en una proporción importante de cargos a postular, se

sustituyó el método de la competencia interna y la elección

democrática, por el “método de la reserva” para la escogencia de los

candidatos; la voluntad de los miembros fue sustituida por la

decisión de los órganos de dirección de cada una de las

organizaciones participantes en el certamen, efectuando asambleas

primarias en un universo reducido.


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Si bien es cierto que la intervención de la Junta Central Electoral

disminuyó los niveles de conflictividad interna, como ente

supervisor y fiscalizador, no es menos cierto que en los actuales

momentos al interior de las principales fuerzas políticas no existe

posibilidad de un arbitraje aceptado por los diferentes sectores

involucrados. Lamentablemente, los partidos políticos agotaron sus

espacios de mediación y arbitraje interno.

Se hace necesario, pues, reencauzar a los partidos hacia una

corriente democratizadora e integradora, que reposicione al sistema

de partidos y fortalezcan las estructuras partidarias.


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La tecnología de la Junta Central Electoral al servicio del

sistema de partidos políticos en los procesos de alianzas e

inscripción de candidaturas

A fin de automatizar los pactos de alianza concertados entre las

diferentes fuerzas políticas, fue creada una herramienta informática

que aseguró el cumplimiento de las posiciones pactadas en los

partidos y que los mismos se depositaran en la fecha pautada por la

ley, impidiendo esta aplicación a cualquiera de las partes disponer

de los cargos pactados sin el concurso de todos los intervinientes en

la alianza.

De igual manera, se diseñó una aplicación informática para la

inscripción de candidaturas, cuyas características principales eran las

siguientes: la validación de los datos de los candidatos, validación

de la cuota femenina, control de pactos con otros partidos, captura

de los datos faciales a ser utilizados en la boleta. Esta novedad


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constituye un valor agregado en el proceso de alianza e inscripción

de candidaturas, que evita la vulneración de la ley y los derechos de

los candidatos, impidiendo que puedan ser despojados de su

candidatura al momento de depósito de la inscripción, y sobre todo,

garantiza los derechos de la mujer dominicana en cuanto a la

aplicación de una cuota de postulación que históricamente se le

otorgaba en la legislación adjetiva, pero se escamoteaba en la

inscripción, con la complicidad por comisión u omisión de los

órganos encargados de la administración electoral.

Un padrón electoral sin cuestionamientos

Por primera vez en el proceso electoral que concluye tuvimos un

padrón electoral sin cuestionamientos, al margen de los ruidos, el

escarceo y la desconfianza de los actores por excelencia del proceso.

Los traumas generados con la conformación del padrón fotográfico

del año 2000, prácticamente ya no existen. Los controles y


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elementos de seguridad aplicados al padrón electoral de las

elecciones de los años 2008 y 2010, dieron como resultado la

normalización de muchos registros duplicados, la reducción de

registros sin fotos y la depuración de militares y ciudadanos

fallecidos, aspectos estos últimos que alcanzaron mayor efectividad

por la realización de operativos de captura de datos biométricos

realizados a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía

Nacional y el inicio del proceso de integración del registro civil con

el registro electoral y de la inserción en las actas de nacimiento de la

nota marginal de defunción.

Para las elecciones del año 2004, el padrón electoral presentaba 112

mil 428 registros sin fotos, 2 mil 904 votantes con fotos de militares,

una cantidad importante de mesas electorales que excedían los 600

votantes, entre otras incongruencias. Todas estas deficiencias han

sido corregidas durante la actual gestión. Tanto es así, que en el

recién pasado proceso electoral, sólo un partido efectuó


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observaciones al padrón de electores, referida a 21 ciudadanos que

al 16 de mayo no tendrían la edad requerida para ejercer el sufragio,

pero que de conformidad con la Constitución de la República podían

hacerlo, pues al adquirir la emancipación también adquieren ese

derecho, más 21 mil 189 que supuestamente no estaban incluidos en

el padrón, pero que posteriormente se demostró, que aún siendo

menores, adquirirían la mayoría de edad antes del 16 de mayo y

podrían ejercer su derecho.

El Voto de los Dominicanos en el Exterior

Un aspecto que no podemos dejar de destacar es lo que tiene que ver

con el impulso que se le dio al registro de los dominicanos

residentes en el exterior. De un total de 52 mil 440 dominicanos

empadronados para votar en las elecciones presidenciales del año

2004, logramos que se elevara a 154 mil 789 dominicanos,

reflejando un incremento de un 200%.


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También se registró un incremento en el número de ciudades donde

se instalarían colegios electorales, de once ciudades, ubicadas en

cinco países, que tuvieron colegios en el 2004, pasamos a diecisiete

ciudades, en once países en el año 2008, y de ciento dos (102)

colegios electorales en el 2004, a 321 en el año 2008.

Escaneo y transmisión de resultados desde los recintos

electorales

Uno de los aspectos más trascendentales del proceso electoral en

este período es el referido a la utilización de equipos informáticos

especializados para transmitir las imágenes de las relaciones de

votación, conteniendo los resultados desde los recintos electorales

hasta la Junta Central Electoral y los centros de cómputos de los

partidos políticos.


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La utilización de este ventajoso sistema, denominado unidades EyT,

impactó significativa y positivamente los procesos electorales,

teniendo como resultado que las Juntas Electorales y los partidos

políticos dispusieran de una rápida y precisa información de los

resultados de cada colegio electoral, lo que antes requería de un gran

tiempo para recibir los resultados de los colegios, ahora en

fracciones de minutos se tenía a mano.

Tomando en cuenta la experiencia positiva del 2008, para las

elecciones de este año se amplió el alcance del uso de las unidades

de transmisión y escaneo, llegando a cubrir el 100% de las

provincias, el 98% de los municipios, el 38% de los recintos de

votación, el 69% de los colegios electorales y el 73% del universo

de electores.

Este proceso ha sido tan innovador que ha servido de marco de

referencia para organismos electorales de nuestra región, quienes


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han reconocido su importancia y a su vez han realizado múltiples

visitas con el objetivo de explorar la posibilidad de implementarlo

en sus respectivos países. Este cúmulo de información nos permitió

utilizar los distintos medios que la tecnología facilita, para que la

misma fuera conocida por toda la población en un tiempo breve, en

una muestra más de transparencia y seguridad del proceso electoral.

Es evidente que la recepción de las actas conteniendo los resultados

en los centros de cómputos de los partidos políticos es una acción

positiva, de confianza y transparencia extrema, que revela la

honradez y la pulcritud con que se manejó el proceso de transmisión,

libre de interferencias y manipulación. Esta novedad introdujo un

impulso y una aceleración en la recepción y divulgación de la

información electoral, en el entendido de que la misma debe ser de

dominio público y entregada a la ciudadanía en el menor tiempo

posible.


43

Nuevo modelo de capacitación

De los aspectos indicados anteriormente, debemos resaltar la

capacitación electoral, incorporándose a ambos procesos técnicas y

metodologías modernas de enseñanza que facilitaron y propiciaron

un buen aprendizaje de los participantes.

La capacitación electoral en el año 2010 alcanzó a 224 mil 329

personas en un total de 8 mil 609 talleres impartidos, incluyendo

técnicos, militares, aspirantes a miembros de colegios.

Podríamos resumir que la capacitación electoral fue incluyente, a

tiempo y especializada, produciéndose 2 millones 861 mil 850

unidades de material educativo electoral, entre libros, manuales,

folletos, afiches, hojas divulgativas, entre otros. En esta ardua tarea

contamos con la colaboración de instituciones y personas nacionales

y extranjeras.


44

Con relación a este tema, escuchemos las palabras del reverendo

padre Alonso Beato, Rector Magnífico de la Universidad Católica

Santo Domingo (UCSD).

Nuevos Elementos que se agregan al proceso de organización y

administración electoral

Parte del legado de este cuatrienio, en adición a los avances

tecnológicos señalados, lo constituyen una serie de novedades e

innovaciones puestas en práctica, como son:

La utilización de urnas transparentes

Valija de seguridad para los materiales de los colegios

electorales

Sobres de seguridad para el resguardo del acta y resultado del

colegio


45

Sobres de seguridad para el resguardo de las boletas válidas en

el colegio

Uso de presillas y cintillos de seguridad para la valija

Plantilla auxiliar de votación para no videntes

Podio de votación

Relación de votación desprendible del acta del colegio

Láminas de seguridad particularizadas para el plastificado de

las relaciones de votación

Establecimiento de códigos de barras para la numeración de

todos los elementos de seguridad, lo que permitía identificar

con exactitud la ubicación de cada material con su respectivo

colegio


46

Medidas cautelares

En un hecho sin precedentes en la historia de la administración

electoral dominicana, pese a las limitadas atribuciones de carácter

legal respecto de la regulación y control de la campaña electoral, la

Cámara Administrativa dictó una serie de medidas cautelares en los

procesos del 2008 y del 2010, encaminadas a garantizar un mayor

nivel de equidad en la competencia electoral entre los partidos y

candidatos concurrentes, de tal manera que si bien no calificó los

hechos porque le estaba vedado por la ley, introdujo en el proceso

medidas precautorias que fueron aceptadas y acatadas por los

contenientes, entre las que destacamos las siguientes medidas y

decisiones garantistas:

Resolución que dispone el cese de pago de nóminas paralelas

en las instituciones públicas


47

Resolución que suspende varios anuncios oficiales y el retiro

de un anuncio en una página web oficial

Disposición que advierte sobre el uso de un lenguaje

inadecuado en los procesos internos de los partidos

Disposición que ordenó el cierre de varios establecimientos

que violaron la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas

Intervención a favor del reclamo presentado por el

Movimiento Independencia, Unidad y Cambio – Acción por el

Cambio (MIUCA), sobre la destrucción de vallas y publicidad

diversas que alegaban le fueron destruidas en el municipio de

La Romana, y que por demás, afectaba sus candidaturas

Intervención a favor del candidato a Senador de la provincia

María Trinidad Sánchez por el PRD, Jesús Vásquez, quien

alegaba que los medios de comunicación de esa provincia no le

facilitaban espacio para su promoción, logrando que las

emisoras del Grupo Telemicro y del Grupo Medrano le

facilitaran espacios radiales


48

Resolución que prohibía a los partidos políticos y candidatos la

realización de actividades proselitistas en el mismo lugar en

que se estuvieran desarrollando programas sociales del Estado

Resolución que dispuso exclusión de un comercial de

televisión y amonestó a un partido en la provincia de San Juan

de la Maguana, por utilizar inconsultamente a un miembro de

la Junta Electoral de ese municipio

Resolución que establece admoniciones al precandidato

presidencial de un partido político

Resolución que prohibió la realización de planes sociales en el

período comprendido del 14 al 17 de mayo del año 2010

Dentro de estas medidas cabe considerar como otra acción sin

precedentes la investigación realizada por la Cámara Administrativa

mediante la cual se comprobó que en varias comunidades del país un

total de 7 mil 095 electores realizaron un cambio de residencia a

demarcaciones en las que realmente no tenían su domicilio habitual,


49

con el propósito de alterar e incidir en el resultado electoral de esas

demarcaciones. Una vez comprobada la intención de estos

ciudadanos, se procedió a dejar sin efecto estos cambios de

residencia, lo que evitó que se trastornara la voluntad de los

electores de la demarcación correspondiente.

La observación electoral

Tanto el proceso electoral del 2008, como el del 2010, contaron con

una importante representación de observadores nacionales e

internacionales, en el caso de los internacionales compuesto

fundamentalmente por magistrados y ex magistrados de organismos

electorales de América Latina, Estados Unidos y Europa, la Misión

de Observación Electoral de la Organización de Estados

Americanos, así como de otros grupos especializados en

observación electoral.


50

Los informes presentados en ambos procesos destacaron de forma

significativa la organización del proceso, la transparencia y la

seguridad en el manejo de los resultados. Igualmente destacaron el

respeto a la voluntad de los dominicanos expresada en las urnas, y

muy especialmente, la confiabilidad de que goza el organismo

electoral por parte de los diferentes actores políticos.

Además, reconocieron los grandes avances alcanzados en materia de

organización y administración electoral en la República

Dominicana, y al evaluar la gestión del proceso se expresaron con

gran satisfacción.

Veamos las palabras de personalidades de nuestro país y

observadores internacionales de los procesos electorales.


51

La experiencia del plebiscito municipal

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos y espacios de

participación directa, la Cámara Administrativa apoyó el proceso

plebiscitario realizado en los municipios de Cotuí, Fantino y

Maimón, que fue la primera experiencia del país en este sentido.

Para ello facilitó la realización de una consultoría a cargo de

expertos internacionales con experiencia en el tema para que

acompañaran este importante evento.

En el marco de esta consultoría también se incluyó un estudio sobre

la figura del referéndum, la experiencia en América Latina y la

formulación de una propuesta de ley sobre este aspecto, al tenor de

lo establecido en la Constitución de la República.


52

REGISTRO CIVIL E IDENTIDAD EN UN PROCESO DE

CAMBIO

Una de las áreas que más ha verificado transformaciones en estos

cuatro años de gestión, ha sido el Registro Civil. A los pocos días de

iniciar sus labores, la Cámara Administrativa propuso al Pleno de la

Junta Central Electoral el Reglamento que establece Tasas por

Servicios y Salarios a los Oficiales del Estado Civil. Con esta

medida, prevista en la Ley 8-92, pero postergada por más de quince

(15) años, se terminaba el control antojadizo que de los actos del

estado civil hacían los funcionarios por entonces responsables de

esta dependencia.

A partir del 26 de enero del 2007, cuando nos correspondió la

responsabilidad de aplicar este Reglamento, los ciudadanos

comenzaron a beneficiarse de una serie de servicios gratuitos, por

los que antes se les cobraba irregularmente. Asimismo, en cuanto a


53

los servicios pagados, se puso en vigencia una tasa unificada, de

manera que la celebración de un matrimonio o la trascripción de un

divorcio, tenía el mismo costo en todas las oficialías del país. Pero

lo más importante, es que la Junta Central Electoral tomo control

efectivo de los actos vitales realizados en las oficialías, pasando todo

el personal de las mismas a estar bajo la dependencia y supervisión

del organismo.

La Cámara Administrativa implementó una serie de controles en

relación tanto con los libros-registro, actas y papel de seguridad de

las oficialías, como con los ingresos por estas percibidas; que

dejaron ya de ir a manos particulares y comenzaron a formar parte

del patrimonio institucional. Es oportuno señalar que en el período

en que ha estado en vigencia este Reglamento, es decir, desde el año

2007 hasta la fecha, han ingresado a la Junta Central Electoral por

concepto del pago de tasas por servicios, un total de MIL

TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES, SEISCIENTOS


54

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON

NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (RD$ 1,340,656,507.97),

fondos que han sido devueltos a la ciudadanía a través de las

inversiones realizadas en el registro civil.

En el período 2006-2010 han sido remodeladas un total del 122

oficialías del estado civil, con una inversión total de SEISCIENTOS

CUARENTA Y TRES MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA

MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y

OCHO CENTAVOS (RD$643,670,730.88). Hemos pasado, de

solamente tener seis (6) oficialías automatizadas en el año 2006, a

alcanzar un total de ciento treinta (130) oficialías automatizadas, que

representan a su vez el 91.17% de los usuarios del registro civil.

La automatización de las oficialías no solamente preserva de manera

perpetua las actas vitales de los ciudadanos en formato digital; sino

que también mejora sustancialmente el servicio brindado a la


55

población, que en pocos minutos puede obtener un extracto de acta

con simplemente dar su nombre y apellido. Gracias a la

automatización, hemos podido ya iniciar el servicio de solicitudes de

extractos de actas por Internet a través de nuestra página web y, algo

mucho más importante, hemos creado los diferentes centros de

servicios regionales.

Los Centros de Servicios, en los cuales los ciudadanos pueden

legalizar las actas obtenidas en las oficialías u obtener una acta sin

importar el lugar en el cual esta haya sido instrumentada;

constituyen un claro ejemplo de cómo una medida administrativa

puede beneficiar directamente a la población, ahorrándole tiempo y

dinero. Hasta esta gestión, únicamente la Oficina Central del Estado

Civil, ubicada en el Distrito Nacional, era la dependencia facultada

para ofrecer este tipo de servicios. Hoy, tenemos Centros de

Servicios en Santo Domingo Este, Santiago, San Francisco de

Macorís, La Romana, Azua y Barahona. Desde el mes de enero del


56

2007 hasta agosto del 2010, estos centros de servicios han emitido

un total de un millón ciento dieciséis mil ochocientos dieciocho

(1,116,818) servicios de actas y dos millones setecientos noventa y

dos mil ciento noventa y siete (2,792,197) legalizaciones.

Estos centros de servicios, al igual que la mayoría de las oficialías,

han sido acondicionados para que los ciudadanos reciban un servicio

cómodo, rápido y eficiente.

Otro importante beneficio de la automatización han sido los Centros

de Servicios del Exterior. Reconociendo la importancia que para el

país tienen los dominicanos que residen en tierras extranjeras, la

Cámara Administrativa organizó estos centros convirtiéndose la

República Dominicana en el primer país en el mundo que da en el

exterior actas de nacimiento y cédulas de identidad a sus nacionales.

Actualmente tenemos funcionando diecisiete (17) centros de este

tipo en las principales ciudades donde se concentran los


57

dominicanos, en Norteamérica, Europa y Latinoamérica; desde el

2007 hasta el mes de junio del presente año, la Junta Central

Electoral ha dado un total de setenta y cinco mil trescientos ochenta

(75,380) servicios, ahorrando tiempo y dinero a la diáspora

dominicana.

Cabe destacar que durante la actual gestión se han tramitado

dieciocho mil doscientos noventa y tres (18,293) reconstrucciones

de actas, treinta mil cuatrocientas noventa y siete (30,497)

rectificaciones, transcripciones y autorizaciones de actas y cincuenta

y siete (57) adopciones, actualizamos los sistemas de administración

de expedientes de la Consultoría Jurídica y de la Dirección de

Registro Civil, con el propósito de que puedan dar a los ciudadanos

un servicio ágil y eficiente, sin descuidar en modo alguno la

seguridad inherente a los actos vitales.


58

NUEVOS CENTROS DE CEDULACION

Como un complemento natural de la modernización de las oficialías

del estado civil, surgía la necesidad de disponer modernos centros de

cedulación en todo el territorio nacional. Al inicio de la actual

gestión, apenas trece (13) centros de cedulación estaban

funcionando de un total de sesenta y tres (63) centros instalados. En

esa época era frecuente que las labores de estos centros se

interrumpieran porque se dañaban los equipos, se terminaba el

material para la elaboración de las cédulas o no había energía

eléctrica, y los ciudadanos incurrían en grandes gastos, molestias y

pérdida de tiempo trasladándose de su municipio para obtener el

documento.

Las tareas que en este orden asumió la Cámara Administrativa, no se

limitaron exclusivamente a poner en funcionamiento los centros de

cedulación ya existentes; sino también en la creación de nuevos


59

centros de cedulación que permitieran acercar este servicio a las

localidades donde residen los ciudadanos. Actualmente la Junta

Central Electoral dispone de ciento treinta y dos (132) centros de

cedulación, dotados de la más moderna tecnología, que brindan

ininterrumpidamente sus servicios.

Desde el año 2007 hasta el mes de agosto del año 2010, la Junta

Central Electoral ha procesado un total de dos millones novecientos

noventa y ocho mil noventa y ocho (2,998,098) servicios de

cedulación; correspondientes a duplicados, nuevos inscritos y

cambios de datos. En ese mismo período se han emitido un total de

treinta y un mil cuatrocientos sesenta y dos (31,462) cédulas de

identidad a favor de personas extranjeras residentes en la República

Dominicana.


60

NUMERO UNICO DE IDENTIDAD

Otro proyecto importante que fortalece el sistema de identidad

nacional es la puesta en vigor del Número Único de Identidad

(NUI), previsto en la Ley 8-92 con el propósito de unificar todos los

datos de los nacionales bajo una denominación única.

A través de las Oficialías del Estado Civil, Delegaciones de

Oficialías en los hospitales y el Ministerio de Educación, la Cámara

Administrativa comenzó el proceso de asignación del NUI a los

recién nacidos y escolares. Este número se ha comenzado a utilizar

para el Carnet de los estudiantes y será el que identificará la licencia

de conducir, pasaporte y cédula de identidad electoral de ese menor

una vez adquiera estos documentos. Hasta la fecha se han asignado

un total de quinientos dieciocho mil seiscientos setenta y seis

(518,676) números únicos de identidad.


61

PROYECTO DATOS BIOMETRICOS

Para revestir de una mayor seguridad el sistema de identificación

nacional, la Cámara Administrativa inició en el mes de octubre del

2008 el Proyecto de Captura de Datos Biométricos. El propósito de

este proyecto es incorporar la huella digital, la foto y firma

biométricas al documento de identidad y a los archivos de la

institución, consolidando de este modo la identidad de cada persona.

Estos archivos permitirían prevenir las suplantaciones o la doble

identidad a través de la comparación automática de huellas

dactilares y faciales.

Este Proyecto se ha desarrollado a través de las diferentes

dependencias de la Junta Central Electoral, es decir, oficialías del

estado civil, juntas electorales y centros de cedulación. Asimismo, se

han desarrollado decenas de operativos móviles en diferentes

empresas, plazas comerciales, universidades, entidades públicas y


62

privadas, barrios y campos de todo el país. El resultado obtenido

hasta la fecha es que tres millones seiscientos veinticuatro mil

quinientos sesenta y ocho (3,624,568) personas ya han dado sus

datos biométricos. Esta cantidad equivale a casi el 60% del total de

personas inscritas en el padrón electoral de la JCE, que asciende a

seis millones cien mil personas.

Uno de los aportes al tema de la identidad y la seguridad ciudadana

vinculado a la integración de los datos en un documento de

identidad, lo fue la propuesta del plan operativo para la aplicación

del Reglamento de Migración, o Plan Regulador, sugerido por la

Cámara Administrativa al Consejo Nacional de Migración, el cual

fue aprobado, se encuentra en fase de programación y uno de sus

componentes inició su ejecución al poner en marcha el proceso de

captura de datos biométricos en el Aeropuerto Internacional de Las

Américas “Dr. José Francisco Peña Gómez”, en un plan piloto que

abarcará nacionales y extranjeros y que se instalará en todos los


63

aeropuertos, puertos y en los puestos de control de tránsito

fronterizo. La información captada será compartida por todas las

instituciones participantes.

PRESERVANDO LA IDENTIDAD

Una de las principales preocupaciones de la Cámara Administrativa

durante la actual gestión, ha sido la de preservar la identidad

dominicana, custodiándola de elementos inescrupulosos que por

diferentes motivos intentan vulnerar el contenido de las actas de

nacimiento y las cédulas de identidad y electoral para así obtener

documentación falsa.

Para ello, se adoptaron una serie de medidas y controles internos

que permiten detectar cuando cualquier persona intenta cometer un

fraude con estos documentos. Como resultado de estas iniciativas, la

Junta Central Electoral ha sometido a la acción de la justicia a un


64

total de mil seiscientas cincuenta (1,650) personas por suplantación

de identidad y se han suspendido un total de trescientas ochenta y

cuatro (384) cédulas. Asimismo, se han trabajado cuarenta y seis mil

cuatrocientos treinta y siete (46,437) certificaciones de identidad; y

se ha promovido la cancelación de noventa y nueve mil ciento

noventa y cinco (99,195) cédulas.

A continuación presentamos testimonios de directores de diferentes

instituciones que se han beneficiado de la labor con relación a la

identificación y el registro civil.


65

DECLARACIONES TARDIAS: DOCUMENTANDO LA IDENTIDAD

No por casualidad hemos dejado para el final el tema de las

declaraciones tardías de nacimiento. Una de las más graves

herencias que ha arrastrado el registro civil a través de los años es el

subregistro de nacimientos. En el año 2002, la encuesta de pobreza

del Gabinete Social, determinó que existían trescientos sesenta y

cuatro mil (364,000) dominicanos y dominicanas sin actas de

nacimiento, ni cédulas de identidad. Hombres y mujeres sin

nombres, ni apellidos. Una de las más importantes metas que nos

trazamos fue disminuir la cantidad de personas afectadas por esta

problemática, documentado su identidad, para que puedan acceder a

derechos y deberes como personas plenas.

Para cumplir con este objetivo pusimos en funcionamiento la

Unidad Central de Declaraciones Tardías, a través de la cual

comenzaron a funcionar en todo el país las Unidades Móviles, que


66

en síntesis consisten en oficialías ambulantes que recorren nuestros

barrios y campos detectando a aquellas personas sin identidad y

ofreciéndole todas las facilidades para obtenerla.

Para realizar este programa la Junta Central Electoral pactó alianzas

estratégicas con entidades gubernamentales como son el Ministerio

de Salud Pública, el Ministerio de Educación y la Comisión de

Reforma del Sector Salud; así como con organismos de cooperación

internacional como el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y UNICEF. Un papel

fundamental en este proceso ha sido jugado por las organizaciones

de la sociedad civil, particularmente por aquellos organismos de

base que juegan un papel esencial en la ubicación y traslado de las

personas que no tienen acta ni cédula.

El resultado de esta labor es que en la actual gestión se ha otorgado

identidad a un total de doscientos sesenta y nueve mil doscientos


67

cincuenta y una (269,251) personas, que tienen ya un nombre y un

apellido.

MODERNAS DELEGACIONES DE OFICIALIAS EN LOS

HOSPITALES

Sin embargo, para enfrentar el fenómeno del subregistro de

nacimientos no basta con que se dote de documentos a aquellas

personas que no han sido registradas; sino que es necesario combatir

la problemática desde su punto de origen. Es por ello que la Cámara

Administrativa decidió implementar un amplio programa de

automatización de las delegaciones de oficialías en los hospitales

públicos, de manera que los niños y niñas que nazcan en estos

centros hospitalarios salgan de los mismos ya declarados, con sus

actas de nacimiento y su número único de por vida.


68

El trabajo desarrollado en este campo nos ha permitido llegar a un

total de treinta (30) delegaciones de oficialías automatizadas, las

cuales cubren el ochenta por ciento (80%) de los partos realizados

en el sector público.

Presentamos a continuación testimonios de personalidades y

familias beneficiadas del programa de documentación.

Los frutos que hoy presentamos son el resultado de un trabajo en

equipo, en el que han participado, con entusiasmo y dedicación, los

empleados, funcionarios y magistrados de esta Junta Central

Electoral.

Deseo que me permitan invitar en este momento, para acompañar las

palabras finales de nuestra intervención, a los magistrados César

Francisco Féliz Féliz y José Ángel Aquino Rodríguez, Miembros


69

Titulares de la Cámara Administrativa, con quienes he compartido

esta gestión administrativa durante este cuatrienio.

Con ellos a mi lado, quisiera compartir con ustedes la visión que

tenemos respecto de los principales retos que debe asumir la Junta

Central Electoral para continuar por el sendero de la reforma, la

modernización y la transparencia. Estos son:

La culminación del proceso de modernización del Registro del

Estado Civil, lo cual implica la automatización completa de

las Oficialías del Estado Civil, la eliminación del subregistro

de nacimientos y defunciones, y el mejoramiento creciente de

los servicios brindados a la ciudadanía;

Fortalecer el sistema de identidad nacional mediante la

expedición de una nueva cédula de identidad y electoral, que


70

tenga plenamente incorporados los datos biométricos de los

ciudadanos y todos sus actos vitales;

Propiciar el proceso de reforma al marco jurídico electoral

para adecuarlo a las nuevas disposiciones constitucionales e

introducir en el mismo los aspectos de la nueva administración

electoral;

Acompañar a los partidos políticos en los procesos de

modernización y democratización interna, a fin de mejorar la

equidad y la competencia partidaria;

Definir los procedimientos que regirán las nuevas figuras de

participación directa y de consulta popular que están definidas

en la Constitución de la República.

Muchas gracias…

Dr. Roberto Rosario Márquez Presidente Cámara Administrativa

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