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1 I.- ACCIÓN DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN No. 0913 DE 2.006; se exige dejar sin efecto las credenciales expedidas a Álvaro Uribe Vélez y a Francisco Santos Calderón.

II.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA VUELTA CONSTITUCIONAL PARA COMICIOS PRESIDENCIALES.

HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA

REF, I.- ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL DE LA RESOLUCIÓN No. 0913 DE 2.006; se exige dejar sin efecto las credenciales expedidas a Álvaro Uribe Vélez y a Francisco Santos Calderón.II.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA VUELTA CONSTITUCIONAL PARA COMICIOS PRESIDENCIALES.

RESOLUCIÓN No. 0913 DE 2.006 ( 05 de junio )Por la cual se declaran elegidos Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, para el período constitucional 2.006 - 2.010 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 265, numeral 7º, de la Constitución Política y 6º de la Ley 163 de 1994, teniendo en cuenta los siguientes:

HECHOS

1.- El 28 de mayo de 2006 se llevaron a cabo las votaciones para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, según lo dispuesto en el artículo 207 del Código Electoral.

2.- El día 29 de mayo del año en curso, previa convocatoria, el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 6º de la Ley 163 de 1994 dio inicio en audiencia pública, al escrutinio de las votaciones efectuadas en la fecha señalada, la que finalizó el 5 de junio de 2006. Durante su desarrollo no fueron presentadas reclamaciones.

CONSIDERACIONES

La Constitución Política en su artículo 265, numeral 7º, le otorga la competencia al Consejo Nacional Electoral para:

efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.

El artículo 190 de la Constitución establece que el Presidente de la República será elegido para un período de cuatro años por la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos en la fecha con las formalidades que determine la ley.

El Acto Legislativo 02 de 2004 establece la posibilidad de reelección tanto del Presidente de la República como del Vicepresidente.

Una vez finalizados los escrutinios de las votaciones realizadas el 28 de mayo de 2.006 para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, el resultado consolidado es el siguiente:



CÓDIGO FORMULA PRESIDENCIAL PARTIDO O MOVIMIENTO

VOTOS EN NÚMEROS

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

1 CARLOS ARTURO RINCON BARRETO

GUILLERMO ANTONIO CARDONA MORENO

MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA

15.388

2 ENRIQUE PAREJO GONZALEZ

FELIPE CARDENAS TÁMARA

MOVIMIENTO RECONSTRUCCION DEMOCRATICA NACIONAL

42.652

3 ALVARO URIBE VELEZ

FRANCISCO SANTOS CALDERON

PRIMERO COLOMBIA 7.397.835

4 CARLOS GAVIRIA DIAZ

PATRICIA LARA SALIVE

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 2.613.157

5 HORACIO SERPA URIBE

LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1.404.235

6 ALVARO LEYVA DURAN

LUIS RAFAEL YARZAGARAY COGOLLO

MOVIMIENTO NACIONAL DE RECONCILIACION 18.263

7 ANTANAS MOCKUS SIVICKAS

MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO

MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL INDIGENA 146.583

TOTAL VOTOS POR CANDIDATOS

11.638.113

TOTAL VOTOS EN BLANCO 226.297

TOTAL VOTOS VÁLIDOS 11.864.410

TOTAL VOTOS NULOS 132.332

TOTAL TARJETAS NO MARCADAS 44.995

De acuerdo con el cómputo total de votos, los candidatos, doctores ALVARO URIBE VELEZ y FRANCISCO SANTOS CALDERON, quienes se inscribieron por el grupo significativo de ciudadanos denominado PRIMERO COLOMBIA obtuvieron un total de 7.397.835 votos, cifra ésta que corresponde al 62.35% del total de los votos válidos depositados en dicha elección.



De conformidad con lo anterior, la fórmula integrada por los mencionados candidatos obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidos y por lo mismo cumplió el requisito para su declaratoria de elección, sin necesidad de convocar a una segunda vuelta.

Como consta en el acta de inscripción y aceptación de la candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, de fecha 1° de marzo de 2006, los citados ciudadanos dieron cumplimiento a los requisitos de inscripción señalados en los artículos 7º de la Ley 996 de 2005 y 91 del Código Electoral: presentaron las firmas en el número requerido, la caución de seriedad de la candidatura y la certificación del Consejo de Estado,

En mérito de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la votación obtenida en la Primera Vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, período constitucional 2.006 - 2.010, celebrada el 28 de mayo de 2.006, fue la siguiente:

FORMULA PRESIDENCIAL PARTIDO O MOVIMIENTO

VOTOS EN NÚMEROS LETRAS

VOTOS EN NÚMEROS

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

ALVARO URIBE VELEZ

FRANCISCO SANTOS CALDERON

PRIMERO COLOMBIA

Siete millones trescientos noventa y siete mil ochocientos treinta y cinco 7.397.835

CARLOS GAVIRIA DIAZ

PATRICIA LARA SALIVE

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

Dos millones seiscientos trece mil ciento cincuenta y siete 2.613.157

HORACIO SERPA URIBE

LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

Un millón cuatrocientos cuatro mil doscientos treinta y cinco 1.404.235

ANTANAS MOCKUS SIVICKAS

MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO

MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL INDIGENA

Ciento cuarenta y seis mil quinientos ochenta y tres 146.583

ENRIQUE PAREJO GONZALEZ

FELIPE CARDENAS TÁMARA

MOVIMIENTO RECONSTRUCCION DEMOCRATICA NACIONAL

Cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos 42.652

ALVARO LUIS RAFAEL MOVIMIENTO Dieciocho 18.263



LEYVA DURAN

YARZAGARAY COGOLLO

NACIONAL DE RECONCILIACION

mil doscientos sesenta y tres

CARLOS ARTURO RINCON BARRETO

GUILLERMO ANTONIO CARDONA MORENO

MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA

Quince mil trescientos ochenta y ocho 15.388

TOTAL VOTOS POR CANDIDATOS 11.638.113

TOTAL VOTOS EN BLANCO 226.297

TOTAL VOTOS VÁLIDOS 11.864.410

TOTAL VOTOS NULOS 132.332

TARJETAS NO MARCADAS 44.995

ARTICULO SEGUNDO: Declarar elegido como Presidente de la República de Colombia, para el período constitucional 2.006 - 2.010, al doctor ALVARO URIBE VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.041.053 de Medellín, inscrito por el grupo significativo de ciudadanos denominado PRIMERO COLOMBIA.

ARTICULO TERCERO: Declarar elegido como Vicepresidente de la República de Colombia para el período constitucional 2.006 - 2.010 al doctor FRANCISCO SANTOS CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.463.238 de Bogotá, inscrito por el grupo significativo de ciudadanos denominado PRIMERO COLOMBIA.

ARTICULO CUARTO: Expedir las correspondientes credenciales de Presidente de la República al doctor ALVARO URIBE VELEZ y de Vicepresidente de la República al doctor FRANCISCO SANTOS CALDERON.

ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al Presidente de la República, al Ministro del Interior, al Presidente del Senado de la República, al Presidente de la Cámara de Representantes, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Presidente del Consejo de Estado.

ARTICULO SEXTO: La presente resolución se notificará en estrados y contra ella no procede recurso alguno agotándose la vía gubernativa electoral.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C. a los

La Presidenta del Consejo Nacional Electoral

CLELIA AMÉRICA SANCHEZ DE ALFONSO

La Secretaria de la Comisión Escrutadora,

ALMABEATRÍZ RENGIFO LÓPEZ



TRASCENDENTALES ANTECEDENTES

Con el fraude electoral se trata de retardar lo inaplazable, se pretende tapar con las manos el sol de la verdad inocultable y se trata de degenerar un esencial esfuerzo incluyente que generó la unidad en la campaña electoral del Polo Democrático Alternativo, para construir una sociedad democrática y el aporte oportuno de Carlos Gaviria Díaz que generaron nuestra auténtica encuesta, fue un ejercicio de educación contextual contra iniquidades vergonzosas, contra la indiferencia social y mediante un complejo y hermoso proceso que también se caracterizó como pertinente, sensible, esencial y socialmente didáctico: se creó una nueva forma de hacer política.

Esta campaña electoral hizo un aporte fundamental a la construcción de democracia; la complejidad de la solución, convoca respaldo internacional al Polo Democrático Alternativo y a la vez la sencillez de la respuesta colaborativa con que se actualizó y profundizó su contendido quedó condensado en una agenda incluyente y pedagógica sobre Estado Social de Derecho, complejos escritos, debates abiertos, históricas reuniones, masivas concentraciones, continuas consultas y de real apoyo a la lucha social.

Infinidad de razones, los ejemplos y hechos arbitrarios de Uribe que abundan, nos llevaron a intervenir contra el abuso, por eso en contra del previsible fraude, el 21 de mayo cierre de la campaña con lleno total, desde las 2 p.m., en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Carlos Gaviria Díaz, afirmó:“Nunca había sido mas claro el dilema para el pueblo, o prolongar una propuesta autoritaria y retardataria, o construir una sociedad democrática donde se eliminen las iniquidades vergonzosas que hoy signan a Colombia… … ¿Cómo es que las encuestas dicen que apenas vamos en un 23 o un 24 por ciento?, es claro: al doctor Uribe le va mejor en las encuestas, pero que extraño…, a nosotros nos va mejor en la plaza pública, esta es la verdadera encuesta.”

En http://www.argentiba.info/nota.asp, Carlos Gaviria Díaz, denunció: “Hay un grave peligro. Un presidente incapaz de someterse a las reglas cuando son un obstáculo para sus propósitos. Los ejemplos abundan. Es vergonzoso que el ministro de Justicia calumnie a un juez, confiese él mismo su calumnia, y siga en su cargo. Que ocurra a la vista de Dios y todo el mundo y no suceda nada. Y este proyecto de reelección fue estruendosamente hundido en el Senado en la discusión anterior de este mismo acto legislativo, hace poco. Y uno se pregunta: ¿Y desde cuándo los senadores cambiaron de opinión? ¿Leyeron nuevos libros de derecho constitucional? ¿De ciencia política? ¿Qué los hizo cambiar? ¿Algunas reuniones en Palacio? ¿Algunos

http://www.argentiba.info/nota.asp



desayunos? Si el tema del parlamentarismo se ha agitado es porque en Colombia existe un gran desequilibrio de poderes. No hay relación institucional entre el gobierno y el Congreso sino una relación entre el presidente de la República y sus amigos. El proyecto que fue hundido, ahora es aprobado, con sólo un período legislativo de por medio. ¿Qué ha ocurrido? Gaviria Díaz Está fresco el episodio de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, quienes habían dicho públicamente que iban a votar de una manera y votaron de otra. Y cuando en Caracol le preguntaron a Yidis Medina porqué cambió de opinión, ella dijo: ¡Porque me prometieron más beneficios para mi región! Confiesa nada menos que un delito de cohecho, ofrecer beneficios a cambio de votos. Pero aquí no pasa nada. ¿Y este es el Presidente cuya reelección se pide? ¿Esta es la vocación de gobernante de Estado de Derecho que tiene el actual presidente de la República?

Pero sabiendo que Álvaro Uribe Vélez posee una vocación ampliamente cuestionada, ALMABEATRÍZ RENGIFO LÓPEZ, el 2 marzo de 2005 en entrevista a El Tiempo, afirmó que “El voto electrónico no resuelve el problema del fraude”, esta es una desafortunada opinión donde la Registradora se resigna a aceptar el fraude, porque hasta después del 2006 se modernizaría el sistema de votación y ella renuncia totalmente a impedir los ilícitos; a la pregunta: “¿Cuándo se podrá contar con el voto electrónico? Respondió: “Primero tenemos que hacer unas pruebas para que el Estado completo -Gobierno, partidos, candidatos y academia- escoja el sistema de votación electrónica que consulte las necesidades del país, porque el software que tenga esa máquina tiene que darnos la absoluta seguridad que nuestra decisión electoral va a ser respetada. Si queremos algo que no sea un fracaso, no podremos antes del 2006 y además, tampoco tenemos plata”.

¡ que tal esto !, ella cree que la expedición de cédulas al 100% de los mayores de edad, resolverá el problema contra el fraude y no se dá cuenta que el veneno está en el diseño de los software que ella misma contrata externamente en outsourcing, allí es donde está el germen del delito, ese es el artificio. La respuesta sin compromiso, la cadena de omisiones, la situación de impotencia e indiferencia de la Registradora ante el fraude anunciado y la ausencia de control y supervisión de las encuestas, dieron pie al fraude electrónico e informático, y ante la imposibilidad de presentar reclamaciones en contra de la manipulación de la información del 28 de mayo de 2006, sustentamos la presente ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL DE LOS COMICIOS PRESIDENCIALES DEL 28 DE MAYO DE 2006.

La pauta publicitaria a Caracol TV, en el campeonato “Mundial de Fútbol Alemania 2006”, está paga por el Ministerio de Defensa Colombiano. El ilícito se comete porque había que diluir la contundencia de la fuerza legítima y electoral del Polo Democrático Alternativo y del candidato Carlos Gaviria Díaz,



hechos que hacen primar la unidad por el interés general, hacen primar la defensa y desarrollo de la Constitución y que por primera vez ocurría en toda la historia de Colombia, había que ocultar ese logro, ese nuevo encuentro social, ese redescubrimiento de la razón y creación de dignidad, esa verdad inocultable, ese esfuerzo incluyente que generó unidad en la campaña electoral del Polo Democrático Alternativo: nuestra auténtica encuesta.

Se predice el derrumbe del régimen autoritario y retardatario, tener que acudir al cohecho comprando a opositores con prebendas y puestos burocráticos (Yidis Medina y Teodolindo Avendaño ), a la estafa y al fraude procesal ( fraudes electrónico e informático ), que cometen Álvaro Uribe Vélez y sus cómplices al eliminar virtualmente la segunda vuelta para comicios presidenciales 2006-2010, prevaricato ( Visión 2019 ), en desacato al marco jurídico del Estado Social de Derecho, durante 4 los años de su mandato 2002 - 2006, porque promueve un estado comunitario empleando vías de hecho, ha tergiversado principios elementales de administración de justicia, incumple así lo mencionado en campaña para Presidencia del 2002-2006, en ella afirmó que sería enemigo de la politiquería y el clientelismo que no propiciaría la reelección y que combatiría la corrupción, pero ¡ al contrario !, su lucha contra el clientelismo consiste en repartir puestos para amortiguar la presión de sus opositores, comprar informantes a cualquier precio e impedir el castigo a genocidas confesos y absoluto silencio sobre sus amigos reincidentes.

En ejercicio de la acción de nulidad electoral, denunciamos abominables y aterradores conceptos para justificar la masacre de una familia en Cajamarca ( Álvaro Uribe Vélez afirmó que el ejercito los mató de buena fe), denunciamos otros delitos conexos con el fraude electoral como crímenes de Estado tales como el asesinato de Jaime Gómez, la matanza de policías por el Ejercito en Jamundí, Guaitarilla, sindicalistas asesinados en Arauca entre otros, y como era de esperarse han tenido impunidad, pero, predecimos y sustentamos con argumentos de fondo que son la base de la presente acción de nulidad electoral que la decisión sobre esta, determinará la caída de un régimen arcaico que no entiende la bondad del avance tecnológico, que no comprende la abundancia y que pretende prolongar indefinida y aberrantemente la exclusión.

La infinidad de pruebas previas y las que está ofreciendo por la completa ilegitimidad en que se encuentra Álvaro Uribe Vélez, forjarán la nulidad de actos administrativos de su gobierno ( casi de la totalidad ) y generarán la extinción de dominio de los bienes de Álvaro Uribe Vélez, adquiridos ilícitamente serán auténticas enseñanzas contra el abuso del poder, estos procesos están en curso y serán lecciones históricas que civilizarán a quienes creen que la violencia es el camino para solucionar los problemas. Es tan complejo el historial de este personaje, monstruosidades como las realizadas por el ESMAD en Colombia, viabilizarán el desmonte de



este organismo y más severas determinaciones, también se cuestionan las atrocidades el ejército norteamericano en Irak, sanciones y determinaciones en su contra tendrán incidencia mundial.

ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO, con base en los artículos 1, 4, 13, 42, 103, de la Constitución Política, solicito:

I.- ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL DE LA RESOLUCIÓN No. 0913 DE 2.006; se exige dejar sin efecto las credenciales expedidas a Álvaro Uribe Vélez y a Francisco Santos Calderón.

El fraude electrónico se diseñó para disipar hasta con paro de la rama judicial las imputaciones contra Álvaro Uribe Vélez y bloquear denuncias objetivas que exigían al Ministro Sabas Pretelt, protección del patrimonio de las familias representado en vivienda, pero este personaje en prevaricato por omisión, no protegió ni implementó pronta resolución como lo ordena la Constitución, a estas legítimas y constitucionales exigencias; por ejemplo, medio de derecho de petición, una familia había exigido el 8 febrero de 2004:“PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE NUESTRA FAMILIA REPRESENTADO EN VIVIENDA ubicada en la Calle 47 sur # 100 – 13 GJ Quintas de Santa Cecilia, Bogotá. NULIDAD TOTAL DEL PROCESO # 2003 – 0078 Juzgado 54 Civil Municipal de Bogotá, de COLPATRIA contra MARTA RICO. Crédito # 302000319190”, en Bogotá, y en contra del terrorismo de Estado y terrorismo económico recientemente una vez más ante las atrocidades, capturas inconstitucionales y lesiones cometidas contra su familia y violencia al implementar el desalojo de su vivienda, con angustia MARTA RICO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2006, vía correo electrónico, pide:“INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN PROTECCIÓN CONTRA PERSECUSIÓN POLÍTICA, el comandante Toro con la Tanqueta 544, agredieron hoy a mi esposo quien fue atropellado y detenido, mi hija también fue golpeada, fuerzas públicas destruyeron nuestra vivienda digna, ¿ que más atrocidades nos esperan ? Hoy estoy siendo víctima del atroz e inconstitucional desalojo por eso al Ministro Sabas Pretell le pedí protección a la posesión según: “ley 546/99 artículo 2 numeral 1 que obliga al Gobierno a: “Proteger el patrimonio de las familias representado en vivienda.”, y en el numeral 3, a: “Proteger a los usuarios de créditos de vivienda.”, también se ha estado burlando el artículo 51 de la Constitución Política, además porque se desconocen Sentencias de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, porque la Constitución Política ordena según su artículo 243: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras



subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.”

Marta Rico, había exigido:“PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE NUESTRA FAMILIA REPRESENTADO EN VIVIENDA de la referencia, coadyuvando en la obtención de la NULIDAD TOTAL DEL PROCESO de la referencia, con base en el artículo 140 del código de procedimiento civil, “cuando el Juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia...”. Doctor Sabas Pretelt de la Vega, tenemos 3 hijos, un niño de 12 años John Freddy Vanegas, una hija de 20 años Maribel Vanegas, otro hijo de 16 años Luis Alejandro Vanegas, en el Art. 44 de la Constitución Política, se ordena que: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de opinión.”

El 28 de junio de 2006, cuando desde la Presidencia de la República al ESMAD se le dan órdenes de apoyo al desalojo de la vivienda de Martha Rico y su familia, se violó el mandato legal “Proteger el patrimonio de la familia representado en vivienda”, contenido en el numeral 1 del artículo 2 de la ley 546 de 1999, precepto concordante con el artículo 51 de la Constitución, “Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna”, Álvaro Uribe Vélez incurre en ( prevaricato por acción ) porque viola la ley mediante disposiciones ilegales preparadas por el Gobierno Nacional en total abuso del poder y autoridad; a un mes exacto del fraude electoral, se implementaron los atropellos característicos del régimen autoritario y retardatario, por eso una vez más se predice la caída de este régimen por las contundentes pruebas con las que se agrava el largo juicio que se le ha estado implementando a Álvaro Uribe Vélez, análogo al de Pinochet, similar al de Hoffa, en USA, este último se creía elegido Presidente y había triunfado en elecciones pero no se pudo posesionar por los ilícitos vínculos demostrados.

Exijo urgente acción en contra de la fabricación de opinión, porque “es un proceso virtual, perverso y malévolo que crea situaciones inexistentes y manipula la realidad virtual con un descaro delictivo”, así lo describe, Cyril Capdevielle en su escrito,“Ganar los «corazones y las mentes»

Exijo urgente acción contra los inconstitucionales desalojos de vivienda, moradas que en el más perverso plan se pretenden expropiar para adjudicarlas a los desmovilizados y utilizarlos como una fuerza de apoyo a las vías de hecho cohonestadas desde los establecimientos de crédito que impedidos pata otorgar crédito para vivienda en el parágrafo del artículo 1 de al ley 546 de 1999, para que se restablezca el orden jurídico y se disponga la práctica



de disposiciones cautelares y fundamentalmente se ordenen medidas restaurativas alternas dada la gravedad y trascendencia de las arbitrariedades cometidas previa y posteriormente a los comicios presidenciales del 28 de mayo de 2006, respetuosamente pido pronta resolución.

La fabricación de opinión, se implementa para generar impotencia masiva, es una realidad virtual diseñada mediante intenciones inhumanas y oscuros propósitos para implementar canalladas, confundir, ocultar la verdad y tergiversar la realidad, y debido al atroz avasallamiento de unas minorías oportunistas que requieren la violencia institucionalizada, que necesitan el terrorismo económico.

Debido a la gravedad del problema, a miles de colombianos les comuniqué y les pedí:“Con mucho respeto les pido a ustedes complementar la ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL DE LOS COMICIOS PRESIDENCIALES DEL 28 DE MAYO DE 2006, sólo tenemos 20 días para presentarla, esta tarea es urgente, también les informo que en el mismo documento enviado por correo electrónico, al Procurador le solicité coadyuvar y le exijo especial protección para los denunciantes del fraude electoral, así:Doctor Edgardo José Maya Villazón Procurador General de la Nación: ref, 1.- acción de nulidad electoral de los comicios Presidenciales del 28 de mayo de 20062.- derechos de petición:seguridad democrática y especial protección para las personas que han cuestionado el fraude electoral en los comicios del 28 de mayo de 2006.permiso de acceso al CNE para los ciudadanos que van a denunciar las anomalías observadas antes durante y después el escrutinio de la elección presidencial del 28 de mayo de 2006. ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO, con base en el artículo 277 numeral 7 de la Constitución política, solicito:1.- declarar urgencia nacional para defender los derechos y garantías fundamentales de los cuidadanos que cuestionan las arbitrariedades ejecutadas durante los comicios presidencialesPedimos a la Procuraduría general de la nación coadyuvar en la presentación y argumentación de la correspondiente acción de nulidad electoral de los comicios Presidenciales del 28 de mayo de 2006, hechos como el que se narra a continuación deslegitiman la elección de Álvaro Uribe Vélez. 2.- I) seguridad democrática y especial protección para las personas que han cuestionado el fraude electoral2.- II) permiso de acceso al CNE para los ciudadanos que van a denunciar durante el escrutinio las anomalías observadas antes

Doctor Edgardo Maya, le recuerdo que quien constitucionalmente declara electo al Presidente de Colombia es el CNE, después del escrutinio y una vez agotados los recursos constitucionales que se presenten, en consecuencia ante el grave peligro que representa denunciar el fraude, solicito declarar urgencia nacional para



defender los derechos y garantías fundamentales de los cuidadanos que cuestionan las arbitrariedades ejecutadas antes y durante los comicios presidenciales, exijo seguridad democrática y especial protección para las personas que han cuestionado el fraude electoral, pido permiso de acceso al CNE para los ciudadanos que van a denunciar durante el escrutinio las anomalías observadas antes, durante y después del 28 de mayo de 2006. Esta sí va a ser la seguridad democrática, cuando logremos respeto a las garantías para lograr el cuestionamiento a fondo de lo ocurrido para la elección de Presidente de Colombia.

Usted puede verificar cómo se infla una votación, puede comprobar y analizar en el texto adjunto, el fraude electrónico y posteriormente el fraude informático ocurrido en la votación del Senado del 12 de marzo de 2006; de igual manera el 28 de mayo de 2006, la votación de Álvaro Uribe Vélez, se infló con anterioridad por medio de la encuesta contratada por Caracol, dirigida por Jorge Londoño para ser la principal base del fraude electrónico que por medio de dos porcentajes perversos calculó ilegal, predeterminada y predefinidamente la cantidad de votos con 62% a Álvaro Uribe Vélez y 22% a Carlos Gaviria Díaz, esto es una Gran estafa.

PRUEBAS ESENCIALES y HECHOS IRREFUTABLES( realidad no alterada por la desinformación )

1.-FRAUDE ELECTRÓNICO EN LAS ELECCIONES PARA PRESIDENCIA DE COLOMBIA, 2006.

¡ Porqué y cómo en tan solo 90 minutos, Uribe se proclamaba ganador !

El Polo Democrático Alternativo, identifica una nueva realidad, exige y construye justicia social, concretó un acercamiento total hacia la identificación de las causas de esta problemática, pero mediante un software preelaborado que introduce porcentajes preconcebidos, para opacar y disminuir esta creciente y radiante alternativa, se engendra una cadena de delitos cometidos con asombrosa rapidez, para hacer creer que triunfó Álvaro Uribe Vélez y que en Colombia no existe terrorismo económico, para disminuir la contundencia de un proceso de entendimiento y sana agrupación había que desinformar; esto significa que hubo un fracaso absoluto en la decisión electoral de la Registraduría General, porque se consumó una vez más la trampa electoral, el 28 de mayo de 2006.

Se hizo coincidir el resultado electoral del 28 de mayo de 2006 con la encuesta contratada por Caracol a Jorge Londoño e Invamer, con ilegales e ilícitas razones, cuyo principal sustento ilícito es la fabricación de opinión, por medio de una contundencia delictiva, que le dió curso a un artificio; si se escruta legalmente, el porcentaje de los votos de Carlos Gaviria Díaz, debe corresponder a un resultado de la comparación entre el total de los votos



escrutados en un momento definido y la cantidad que en ese momento lleva Carlos Gaviria Díaz; el porcentaje de los votos de los candidatos legalmente debe ser un producto, debe ser un resultado exacto, pero el 28 de mayo de 2006, ocurrió lo contrario, porque de manera delincuencial en el software en cuestión el porcentaje de los votos de Carlos Gaviria Díaz, se prefabricó y se utilizó como factor matemático, cómo multiplicador; los datos que serían resultados se tergiversaron y mediante un diseño delictivo se cambiaron para ser factores matemáticos en la programación.

¿ Porqué se concretó el fraude ?, porque existen graves denuncias, pero acuden a las arbitrariedades para que la farsa sustituya la verdad con la mentira; este ilícito se configuró, se elaboró y se consolidó para eliminar en el año 2010 la Constitución Política, como se propone en el proyecto inconstitucional expresado en VISIÓN 2019, el terror y el fraude se implementan para imponer y para hacer prevalecer las vías de hecho, sobre las vías de derecho. Porcentajes de votación de los candidatos, fueron introducidos como factores matemáticos y nó son resultados de la comparación entre la votación total con la votación del candidato. Previendo ilícitos, Carlos Gaviria, el martes 23 de mayo de 2006, ratificó denuncias: “Estoy preocupado porque hechos del pasado vayan a repetirse cuando existen serios indicios, a cinco días de las elecciones, que esas circunstancias puedan repetirse y puedan incidir en el resultado electoral”.Al finalizar la presentación ante los medios de comunicación, Carlos Gaviria Díaz, aseguró: “Lo que estamos pidiendo es que haya absoluta claridad en el debate electoral, porque lo que se ha denunciado es algo grave, estamos anticipando una circunstancia que puede ser prevenida por eso nos estamos dirigiendo al Gobierno y las autoridades electorales para que tomen todas las medidas pertinentes con el objeto de prevenir este tipo de circunstancias que pudieran alterar el resultado electoral en beneficio de alguien”.

¡ Pero !, en beneficio de Álvaro Uribe Vélez la decisión democrática fue sustituida por un software premeditado y prediseñado para que con asombrosa rapidez, el resultado electoral coincida con la encuesta contratada por Caracol a Jorge Londoño y su empresa Invamer, ilegal, similar y previamente para el 28 de mayo de 2006, se predefinieron estos porcentajes: 62 % Álvaro Uribe Vélez y 22 % Carlos Gaviria Díaz. Compañías externas contratadas por la Registraduría General, en “outsourcing”, implementan criminales adulteraciones y ejecutan un fraudulento diseño del sistema que reemplaza al conteo inicial de la votación del 28 de mayo/ 2006, en los primeros 25 boletines de la Registraduría entre las 4 p.m., a las 6 p.m., se implementaron varios delitos.

El artificio contenido en un programa de computador, es un software que con pasmosa celeridad indujo al FRAUDE



ELECTRÓNICO Y FRAUDE INFORMÁTICO, estas herramientas creadas con tecnología de punta tienen como base ENCUESTAS MANIPULADAS que con los fraudes citados, son parte esencial de la perversa fabricación de opinión implementada por Jorge Londoño y otros encuestadores, con la que se alteran los resultados objetivos; para evitar maniobras derivadas de la RESOLUCIÓN No. 0913 DE 2.006 y otras actividades delincuenciales como consecuencia de tal declaración, venimos sustentando esta demanda constitucional, legal y matemáticamente.

Tanto en la encuesta como en el sustituto al conteo objetivo, este artificio esencia de la estafa y del fraude procesal cometidos, la vía de hecho se comete con tecnología de punta para impedir reflexiones contrarias, bloqueando las fuetes verídicas, rápidamente estos dos porcentajes se introducen como factores matemáticos en contra de toda la lógica aritmética al cálculo de los resultados electorales, CARACOL TV , lo difundió, así:

62 62 62 62 62 62 62 62

22 22 22 22 22 22 22 22

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8

porc

enta

je

UribeGaviria

62 % Álvaro Uribe Vélez y 22 % Carlos Gaviria Díaz, en este cuadro transmitido en la tarde del 28 de mayo de 2006 por CARACOL TV, está la prueba con la que arbitrariamente el porcentaje de votos de cada candidato se predeterminó y se utilizó como factor matemático, cómo multiplicador; este artificio tipifica la estafa, porque beneficia a Uribe y se comete en perjuicio de los colombianos, un software preconcebido es el artificio que en atroz y negativa consecuencia, sustenta la estafa donde el porcentaje de los votos de los candidatos que correcta y necesariamente debe ser un resultado o producto matemático, de manera ilícita este porcentaje nó es el resultado de la comparación de los votos de los candidatos con los totales.

GAVIRIA URIBE SERPABOLETIN / MIN

10 22 62 10,420 33,6 57,7 18



30 24 62 6,440 33,6 62 13,850 26 65,4 16,460 27 62 1170 28 63,5 17,180 25,2 65,8 1190 30 67,7 23

En Mayo 25 de 2006. – Denuncias del Polo Democrático Alternativo a la Registraduría por eventual fraude Las tensiones en la campaña “Carlos Gaviria Presidente” por un eventual fraude electoral el domingo estuvieron ayer a la orden del día. Tanto así que el presidente del Polo Democrático, Samuel Moreno, cumplió una intensa jornada de reuniones con las autoridades electorales.Hacia el mediodía, Moreno le llevó a la registradora Almabeatríz Rengifo un detallado informe de las denuncias recibidas en la campaña en varias regiones. También habló con el Ministro del Interior, y en la tarde con la Comisión de Seguimiento Electoral que se reunió con los veedores internacionales en el Hotel Tequendama de Bogotá.Una de las preocupaciones en el Polo es la designación de jurados “homogéneos”, es decir, que en algunas mesas, las personas designadas pertenecen a los partidos que apoyaron a Álvaro Uribe en las elecciones del 12 de marzo. Ante la situación, según Moreno, la Registradora se comprometió a entregar credenciales a cerca de 70 mil “testigos electorales” que el Polo tendrá en las mesas de votación auditando el proceso hasta el cierre y conteo final de los sufragios.Moreno dijo que otro de los problemas detectados es el traslado de mesas de las zonas rurales a las cabeceras.De acuerdo con él, hasta ayer se habían movido 200 mesas en 12 departamentos. Por ejemplo, reveló que en el Cauca se trasladaron mesas en 20 municipios, “y esas decisiones no se consultaron con los delegados del Polo(…) le están cobrando a los indígenas sus movilizaciones”.Dijo, además, que esas decisiones favorecen al Presidente. “No podría decir si esto obedece a una estrategia para atentar contra la campaña de Carlos Gaviria, pero sí hay indicios de que sectores uribistas están detrás de esto”.

Demostraremos en la presente ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL que se pretende desconocer la verdad inocultable, el esfuerzo incluyente generador de unidad en la campaña electoral del Polo Democrático Alternativo y es nuestra auténtica encuesta, pero, con un diseño delictivo con porcentajes invariables, predefinidos y prefabricados, a los datos que serían resultados se tergiversaron y se les cambió su función matemática para ser factores matemáticos en la programación del software cuestionado. Mediante una conducta típica, antijurídica y culpable el conteo inicial del 28 de mayo de 2006, entre las 4 p.m., a las 6 p.m., fue sustituido por porcentajes como factores que sustituyen las fuentes verídicas de los comicios presidenciales, con asombrosa



rapidez para hacerlos coincidir con la encuesta contratada por Caracol a Jorge Londoño y su empresa Invamer.

En el conteo inicial así como en el posterior reconteo de votos, se reemplazó el resultado de los primeros escrutinios, se degeneró y se bloqueó el constitucional y obligatorio escrutinio a efectuarse por el centro de nacional de escrutinio en la semana siguiente al 28 de mayo de 2006, al respecto se predijo en“ http://carlosgaviria2006.org/cgd/Bogotá-. Graves denuncias sobre lo que podría pasar el próximo domingo en las elecciones presidenciales hizo este martes la Campaña Carlos Gaviria Presidente basada en las informaciones de la pasada contienda electoral para el Congreso y en las elecciones de 2002.En una rueda de prensa en la que participaron el candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, su jefe de debate, Antonio Navarro, y el presidente del partido, Samuel Moreno Rojas, se dieron a conocer fallas en la contabilización de los votos en los formularios E-11, E-14 y E24 que maneja la Registraduría.Navarro Wolff solicitó que esos errores aritméticos se corrijan desde el origen del error, en donde están los nombres de los que votaron, "porque estos errores están, curiosamente, aumentando la votación del Partido de la U en detrimento del Polo Democrático, eso puede dar como resultado que haya un senador de más para la U y un senador de menos para el Polo Democrático".El jefe de debate de la campaña presidencial aseguró que esa es una obligación del Consejo Nacional Electoral tal como lo ordena el código electoral vigente. "Si esto pasó en las pasadas elecciones para el Senado y la Cámara queremos que no pase para las elecciones presidenciales", dijo Navarro y agregó "Si esto es un error a favor del Partido de la U nosotros podemos presumir que se pueden presentar errores iguales a favor del candidato del Partido de la U que es el señor Uribe".Así mismo, el jefe de debate de la campaña denunció que el Consejo Nacional Electoral adoptó la decisión de validar el voto donde el elector se identifique con el pasaporte y según el Código Electoral vigente se pueden inscribir con el pasaporte o con la cédula pero solamente pueden votar con la cédula. "Eso está fuera de toda legalidad", dijo Navarro quien justificó esa decisión "porque los consulados se han dedicado a hacer campaña por el presidente Uribe".Samuel Moreno Rojas, presidente del partido, también se mostró preocupado. "Ya vimos lo que sucedió en las elecciones del 12 de marzo, ya vimos lo que sucedió en las elecciones del año 2002 y nos preocupa inmensamente el tema de los jurados homogéneos, de personas y de partidos cercanos al presidente Uribe controlando las mesas de votación, redactando las actas y contabilizando los votos una vez se cierren las urnas". Moreno Rojas denunció que los maestros han sido excluidos de las listas de jurados de votación, "esto lo hemos recibido de los departamentos como Risaralda, Santander, Norte de Santander, Tolima y la Costa Atlántica".

http://carlosgaviria2006.org/cgd/



El presidente del Polo dijo que los docentes son personas que tradicionalmente han ejercido esa función durante las jornadas electorales "y recordemos que el vicepresidente Santos tuvo un duro enfrentamiento con el sector del magisterio y qué coincidencia que hayan sido los maestros los que hayan sido excluidos de ser jurados de votación"."Por ello hemos solicitado a la Registraduría que expida unas credenciales para nuestros testigos electorales para evitar que repitan los fraudes que han sucedido en el pasado".Samuel Moreno también hizo un llamado de atención por el traslado de las mesas de votación de las veredas y de los corregimientos a las cabeceras municipales y se preguntó: "¿Si la política de seguridad democrática del presidente Uribe ha funcionado por qué no se permite que las mesas operen para facilidad de los votantes en las zonas rurales?"La última preocupación planteada por Moreno Rojas está fundamentada en una información aparecida en El Nuevo Herald en la que dice que los paramilitares están presionando a la población a votar por la reelección de Álvaro Uribe."Todas estas observaciones las vamos a presentar a la misión de observadores internacionales de la OEA porque consideramos que para que haya transparencia y para que se respete la voluntad del elector el próximo domingo estas denuncias tienen que tener una respuesta del gobierno nacional y de los organismos electorales para evitar que se cometa un fraude como el que hubo en el año 2002", dijo y recordó que el Procurador denunció la manipulación de la voluntad del elector "para que no haya un favoritismo hacia un presidente que está en ejercicio del poder y que espera ser reelegido el próximo domingo".Por último, Carlos Gaviria ratificó las denuncias y dijo: "Estoy preocupado porque hechos del pasado vayan a repetirse cuando existen serios indicios, a cinco días de las elecciones, que esas circunstancias puedan repetirse y puedan incidir en el resultado electoral".Al finalizar la presentación ante los medios de comunicación, el candidato presidencial aseguró: "Lo que estamos pidiendo es que haya absoluta claridad en el debate electoral, porque lo que se ha denunciado es algo grave, estamos anticipando una circunstancia que puede ser prevenida por eso nos estamos dirigiendo al Gobierno y las autoridades electorales para que tomen todas las medidas pertinentes con el objeto de prevenir este tipo de circunstancias que pudieran alterar el resultado electoral en beneficio de alguien. http://www.unicauca.edu.co/contactenos.php?userid=18479

El fraude automatizado sutilmente se implementó para ocultar la cruda realidad, minimizar terribles hechos, se realizó en contra de muchas denuncias y se hizo para evadir miles de acusaciones; con estos ilícitos ( fraude electrónico e informático ), también se busca el ocultamiento y la minimización de denuncias que deslegitiman la votación de Álvaro Uribe Vélez, como la que elaboró la Agencia Prensa Rural, www.prensarural.org, [email protected], [email protected] y se integra a esta acción de nulidad

http://by123fd.bay123.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=E8140A4B-030E-4B3A-901A-EB0F46DDAE77&start=0&len=5106&src=&type=x&[email protected]&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=00000000-0000-0000-0000-000000000001&a=f1f57f109ceb0ef616f6b353e0ef0cfd202254d0c4a3b367c27dbc9c6f364cf3

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electoral: “Ejército intenta fraude electoral en La Trinidad (Convención, Norte de Santander), por Asociación Campesina del Catatumbo, 27 de mayo de 2006: Según las denuncias presentadas por los habitantes de La Trinidad, unidades militares pertenecientes a la Brigada 30 y que se encuentran en el corregimiento, exigieron el día de hoy a quienes están encargados de adelantar mañana 28 de mayo la jornada electoral en La Trinidad, les entregaran el material electoral (votos en blanco) porque, dijeron los uniformados: "debemos asegurarnos que sean llenados con el candidato de nuestra preferencia". Al recibir negativa por parte de los registradores, los militares insistiendo les dijeron: "si no nos los dan hoy, mañana se los quitaremos de todas maneras".Denunciamos este intento estatal de saboteo de la jornada electoral en una zona donde la mayoría campesina está a favor del candidato del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz. Invitamos a todas las organizaciones a estar pendientes del acontecer de la jornada electoral y a denunciar este tipo de accionar en Norte de Santander, especialmente en sus áreas rurales donde todavía operan grupos paramilitares y donde el ejército tiene candidato propio.”

Declaración públicaEl gobierno no puede hacer publicidad justificando un genocidioPolo Democratico Alternativo Sábado 29 de abril de 2006Bogotá-. “La Campaña Carlos Gaviria Presidente rechaza la forma en como la campaña presidencial reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez ha tratado de justificar el exterminio de la UP utilizando en su publicidad el testimonio de un supuesto militante de ese desaparecido grupo político.De la misma forma apoyamos el pronunciamiento realizado por el presidente del Partido Comunista, Jaime Caicedo, quien calificó esta publicidad política como una agresión en contra de las víctimas de la UP.En momentos como éste, cuando en el país se vive ambiente turbio por los asesinatos de Liliana Gaviria Trujillo, Jaime Gómez y Álvaro Garnica, al que se suma el reciente secuestro de Juan Carlos Lizcano, hijo de Óscar Tulio Lizcano (secuestrado hace más de seis años), una campaña presidencial no puede utilizar publicidad que patenta el exterminio de una colectividad por esgrimir sus ideas políticas.Y es mucho menos aceptable la respuesta que da el gerente de la campaña reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez, Fabio Echeverry, quien, amparándose en la libertad de expresión, justifica una publicidad que se convierte en una ofensa para un movimiento que fue exterminado con responsabilidad del Estado.”

“Queremos evitar los mismos fraudes que se presentaron en el pasado”

http://www.polodemocratico.net/auteur.php3?id_auteur=30



Graves denuncias sobre garantías electorales efectúa la campaña Carlos Gaviria presidente- El jefe de debate de la campaña, Antonio Navarro, denunció aumentos progresivos en los votos a medida que los conteos pasaban de un formulario a otro. Samuel Moreno denunció la exclusión de los maestros de las listas de jurados de votación y el traslado de mesas de votación de zonas rurales a cabeceras urbanas. “Nos preocupa que sean jurados homogéneos”.

Martes 23 de mayo de 2006“Estamos anticipando una circunstancia que puede ser prevenida”, dijo Carlos Gaviria.Bogotá-. Graves denuncias sobre lo que podría pasar el próximo domingo en las elecciones presidenciales hizo este martes la Campaña Carlos Gaviria Presidente basada en las informaciones de la pasada contienda electoral para el Congreso y en las elecciones de 2002.En una rueda de prensa en la que participaron el candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, su jefe de debate, Antonio Navarro, y el presidente del partido, Samuel Moreno Rojas, se dieron a conocer fallas en la contabilización de los votos en los formularios E-11, E-14 y E24 que maneja la Registraduría.Antonio Navarro hizo serios cuestionamientos sobre los formularios en donde progresivamente iban apareciendo cada vez más votos. “En Casanare, por ejemplo, en el municipio de Aguazul, en la mesa número 5 en el E-11 dice que votaron 187, en el E-14 dice que votaron 264; en la mesa 24, en el E-11 dice que votaron 137 y en el E-14 que votaron 250, y así hay páginas, y páginas de errores de esta naturaleza”, anotó.El jefe de debate citó otros ejemplos: “Hay inconsistencias en Bolívar, en donde en votos por partidos empiezan a aparecer errores de otra naturaleza. En Mompox, en la mesa 3, en el E-14 dice que el Partido Social de Unidad Nacional sacó cero votos y el E-24 dice que votaron 16, le aparecieron 16 votos. En el municipio de Magangué en el E-14 dice que fueron 33 y en el E-24 dice que fueron 66, y siguen apareciendo datos en la medida en que los formularios se van consolidando a favor del Partido de la U”, dijo.

Navarro Wolff solicitó que esos errores aritméticos se corrijan desde el origen del error, en donde están los nombres de los que votaron, “porque estos errores están, curiosamente, aumentando la votación del Partido de la U en detrimento del Polo Democrático, eso puede dar como resultado que haya un senador de más para la U y un senador de menos para el Polo Democrático”.El jefe de debate de la campaña presidencial aseguró que esa es una obligación del Consejo Nacional Electoral tal como lo ordena el código electoral vigente. “Si esto pasó en las pasadas elecciones para el Senado y la Cámara queremos que no pase para las elecciones presidenciales”, dijo Navarro y agregó “Si esto es un error a favor del Partido de la U nosotros podemos presumir que



se pueden presentar errores iguales a favor del candidato del Partido de la U que es el señor Uribe”.

Así mismo, el jefe de debate de la campaña denunció que el Consejo Nacional Electoral adoptó la decisión de validar el voto donde el elector se identifique con el pasaporte y según el Código Electoral vigente se pueden inscribir con el pasaporte o con la cédula pero solamente pueden votar con la cédula. “Eso está fuera de toda legalidad”, dijo Navarro quien justificó esa decisión “porque los consulados se han dedicado a hacer campaña por el presidente Uribe”.Samuel Moreno Rojas, presidente del partido, también se mostró preocupado.

“ya vimos lo que sucedió en las elecciones del año 2002 y nos preocupa inmensamente el tema de los jurados homogéneos, de personas y de partidos cercanos al presidente Uribe controlando las mesas de votación, redactando las actas y contabilizando los votos una vez se cierren las urnas”.

Moreno Rojas denunció que los maestros han sido excluidos de las listas de jurados de votación, “esto lo hemos recibido de los departamentos como Risaralda, Santander, Norte de Santander, Tolima y la Costa Atlántica”.

El presidente del Polo dijo que los docentes son personas que tradicionalmente han ejercido esa función durante las jornadas electorales “y recordemos que el vicepresidente Santos tuvo un duro enfrentamiento con el sector del magisterio y qué coincidencia que hayan sido los maestros los que hayan sido excluidos de ser jurados de votación”.

“Por ello hemos solicitado a la Registraduría que expida unas credenciales para nuestros testigos electorales para evitar que repitan los fraudes que han sucedido en el pasado”.

Samuel Moreno también hizo un llamado de atención por el traslado de las mesas de votación de las veredas y de los corregimientos a las cabeceras municipales y se preguntó: “¿Si la política de seguridad democrática del presidente Uribe ha funcionado por qué no se permite que las mesas operen para facilidad de los votantes en las zonas rurales?”.

La última preocupación planteada por Moreno Rojas está fundamentada en una información aparecida en El Nuevo Herald en la que dice que los paramilitares están presionando a la población por votar por la reelección de Álvaro Uribe.

“Todas estas observaciones las vamos a presentar a la misión de observadores internacionales de la OEA porque consideramos que para que haya transparencia y para que se respete la voluntad del elector el próximo domingo estas denuncias tienen que tener una respuesta del gobierno nacional y de los organismos electorales



para evitar que se cometa un fraude como el que hubo en el año 2002”, dijo y recordó que el Procurador denunció la manipulación de la voluntad del elector “para que no haya un favoritismo hacia un presidente que está en ejercicio del poder y que espera ser reelegido el próximo domingo”.

Había que pretender el reimplante del inconstitucional desalojo de vivienda y prolongar la violencia institucionalizada para demorar la extinción de dominio de bienes adquiridos ilícitamente por los establecimientos de crédito y sus principales accionistas e impedir la puesta en evidencia a estos generadores de grave deterioro de la moral social.

Había que eludir la justa enajenación de los bienes de paramilitares y mantener una escala de valores que justifiquen la atrocidad y los despropósitos, el lanzamiento, el desplazamiento, el genocidio, la presión a la población y atrocidades afines, por estas razones se simula una legalidad inexistente e inconsistente. Para poner en evidencia y recuperar parte vital del orden jurídico, se presentan algunas pretensiones complementarias y recomendaciones respetuosas a las autoridades para que se investiguen cuestiones básicas, a quien apoya el genocidio en Irak, a quien cohonesta el terrorismo consistente en bombardear a una nación pobre, deja a su paso inocentes asesinados y mutilados, promociona en Colombia el desplazamiento agudizado, con una ilógica e irracional forma de pretender alcanzar la paz.

Procurador denuncia primeras irregularidades en el proceso electoral 05/28/2006 - 11:20:00 Fuente CARACOL “El procurador general de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, señaló que en varias mesas de votación no le están poniendo la tinta indeleble a los electores. Señaló que a los jurados se les dijo que la tinta no era de uso obligatorio. Maya Villazón indicó a Caracol Radio que este mecanismo no es una opción, sino una obligación, teniendo en cuenta que en anteriores votaciones se encontró que una misma persona votó hasta 10 veces. El procurador señaló que comunicará a la registradora de esta situación, que debe ser solucionada de inmediato. Así mismo dijo que hay vigilancia especial en las ciudades capitales como Bogotá, Quibdó y Cali, donde en ocasiones pasadas se presentaron fraudes como la suplantación del lector, de jurados y una nueva modalidad que consiste en fotografiar el voto y luego cobrarlo. El procurador reportó que 700 mesas de votación fueron trasladadas por cuestiones de orden público.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-ARGUMENTACIÓN

FUNDAMENTALMENTE EN DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.



Reclamamos la correcta elaboración de los cálculos aritméticos con base en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que exige información veraz e imparcial, para que queden al descubierto los métodos con los que se induce al delito y se comprenda la sutileza de las arbitrariedades que institucionalizan e imponen cadenas delictivas y vías de hecho de nefasta trascendencia contra la democracia y contra el pueblo colombiano.

Pedimos pronta resolución según artículo 23 de la Constitución Política, en contra del prevaricato del Ministro Sabas Pretelt, por la desprotección del patrimonio de las familias representado en vivienda quien actúa sistemáticamente eludiendo el artículo 2 numeral 1 de la Ley Marco de Vivienda, 546 de 1999.

Laura Restrepo en contra de la institucionalización de la impunidad y de este tipo de ilícitos, evidencia el absurdo e insensibilidad de la fuerza inconstitucional, esta es ilegal e ilegítima y predice que tarde o temprano las inconsistencias se caerán por su propio peso: “Es impresentable que en Colombia se esté afianzando el fascismo como se está afianzando, es impresentable que en Colombia estén teniendo ese lugar en la política, en el parlamento, en el campo, en las carreteras, en la Presidencia, grupos paramilitares al margen de la ley. Tarde o temprano eso tiene que caer por su propio peso.”

LA IMPUNIDAD Theo van Boven, Relator Especial de la ONU, E/CN. 4/Sub. 2/1992/8, párr. 11“En una atmósfera social y política en la que prevalece la impunidad, es probable que el derecho a la reparación que tienen las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales sea una mera ilusiónLa impunidad se conoce generalmente como falta de castigo a determinados crímenes que de acuerdo a la legislación nacional e internacional deberían tenerlo. Para el caso de los crímenes de lesa humanidad, la impunidad presente hace parte de una misma estrategia generalizada y sistemática de ataque a una colectividad por motivos raciales, religiosos, sociales o políticos.Cuando se afirma que la impunidad hace parte de la misma estrategia de terror estatal queremos significar que este es un eslabón más dentro de la cadena de comisión de crímenes de lesa humanidad; ya no sólo es el asesinato, la desaparición forzada, la tortura, el genocidio sino también todas las garantías que ofrece la estructura jurídica y política para que los responsables no sean juzgados por sus maniobras deshonrosas contra la humanidad. Los victimarios son estimulados a continuar con sus conductas, pues mucho más que castigo encuentran premios.La impunidad no es sólo consecuencia de la fragilidad institucional o de la ineficacia del aparato judicial colombiano, sino una habilidad del estado para silenciar y ocultar su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad.La tramoya está montada y tiene su maquinaria trabajando: homicidas absueltos, jueces y fiscales, trasladados, ascensos y



condecoraciones a miembros de la fuerza pública comprometidos en acciones paramilitares, procesos de investigación en los que el responsable es juez y parte (como en el caso de la justicia penal militar), organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos atacados en su integridad, medios de comunicación portavoces de la fuerza pública y de los grupos paramilitares y un innumerable etcétera lleno de indignidad.La impunidad no sólo es la falta de investigación y sanción a los victimarios, sino que desde el mismo hecho del crimen se presentan mecanismos para amparar a los criminales como utilización legal o ilegal de civiles en operaciones de la fuerza pública, amenazas a las víctimas y testigos de crímenes de lesa humanidad para que no denuncien los hechos, la no atención a llamados de la ciudadanía sobre posibles comisiones de crímenes de lesa humanidad, inmovilidad de las autoridades, reacciones tardías u omisiones ante ataques paramilitares.”

El principio de eficiencia se elude en procesos de investigación penal en curso, en la Comisión de Acusación de la Cámara de representantes o en el Senado o en la Fiscalía, procesos principal y directamente relacionados con estas irregularidades y al contrario los resultados electorales se ejecutan y difunden con celeridad delictiva y tecnología de punta, para evitar y hacer olvidar masivamente la segunda vuelta de los comicios electorales para Presidencia de Colombia.

Había que ocultar la falta de soberanía y hacer creer que Colombia necesita nuevamente de Álvaro Uribe Vélez en la Presidencia, esto significa que de manera típica se induce al error de tener que aceptar la propuesta autoritaria y retardataria por otros cuatro años más, había que realzar a Álvaro Uribe Vélez, así tuviera inhumanos (desalojo de vivienda) e impopulares propósitos (privatización de la salud, ley 100 de 1994), así haya participado en inconvenientes decisiones para la Nación como la venta de Telecom, como la pretendida firma del TLC; Álvaro Uribe Vélez, es culpable porque así en su pasado posea lasos con paramilitares reconocidos y graves cuestionamientos por ello, para su problema individual trata de hacer aparecer como aceptables los perversos hechos relacionados con su hoja de vida y minimiza el grave deterioro de la moral social que engendra por los intereses que lo hacen acreedor de acusaciones penales y que cuando pierda su fuero presidencial, serán de más ágil y contundente curso; de manera antijurídica acudió a las vías de hecho y a muchos ilícitos alterando la realidad, por eso el 28 de mayo de 2006 con porcentajes invariables se definió la cantidad de votos de los candidatos.

Al porqué sobre compromisos retardatarios y antijurídicos de Álvaro Uribe Vélez, el 5 de agosto de 2005, Alberto Pinzón Sánchez, Médico y Antropólogo, quien participó en la Comisión de los Notables en el pasado Proceso de Paz en Colombia, pronosticó los ilícitos en su escrito titulado “La reelección de Uribe Vélez, por las armas y el fraude electoral”, por esto es indispensable



y absolutamente necesario que se ponga en evidencia el grave deterioro de la moral social que Álvaro Uribe Vélez engendra y representa.

Coincide al respecto Orlando Fals Borda, quien escribió sobre:“La ilegitimidad del Régimen Colombiano, La reaparición de un viejo fantasma. …Un juicioso observador bogotano expuso con claridad cómo se ha aplicado el efecto mutación en el caso del narcoparamilitarismo: se empieza como delito excusable; luego se interpreta como pecado venial; después como moda, para culminar en opción decente de vida.”

No puede haber una opción decente de vida, montada sobre la reproducción de actos de terrorismo económico o terrorismo de Estado, como el desalojo de vivienda o el asesinato. La farsa, la macabra obra de teatro del lanzamiento, la violencia institucionalizada había que continuarla disfrazada de legalidad.

Autoritaria ha sido la expedición de credenciales con la RESOLUCIÓN No. 0913 DE 2.006 del CNE y se pide su nulidad porque estos documentos evitan la segunda vuelta presidencial, además la estafa y el fraude procesal cometidos por Álvaro Uribe Vélez y sus cómplices impiden el desarrollo de solicitudes constitucionales porque además mediante medidas arbitrarias como otorgar medio día compensatorio precisamente el día de la audiencia pública desde las 12 meridiano, cerrar las instalaciones del CNE y Registraduría Nacional, fueron bloqueadas las correspondientes reclamaciones.

Eludir las reglas establecidas, adulterar los comicios del 28 de mayo de 2006, ocultar el resultado verdaderamente democrático, son los objetivos de la fabricación de opinión liderada por Jorge Londoño-Invamer, por eso se eludió el artículo 7 de la Ley 163 de 1994 que establece la competencia de comisiones escrutadoras para declarar la elección de Presidente de Colombia, no se hizo conforme al procedimiento legal, que incluye la verificación de todos y cada uno de los votos; con infinidad de razones Carlos Gaviria por la posibilidad del desborde con el abuso del poder, escribió: “«NO SOY PARTIDARIO DE LA REELECCION» ¿Es buena la reelección en un sistema presidencial como el de Colombia, caracterizado por el propio señor Caro como una monarquía, infortunadamente para él, no hereditaria sino electiva? Y no se diga que ha pasado mucha agua bajo el puente. Porque aun con las reformas introducidas a esa Constitución de 1886, y con la reforma de 1991, el sistema nuestro sigue siendo desequilibrado hacia el poder Ejecutivo, los demás poderes son secundarios. Y algo más: en Colombia existe es presidencialismo, el ejercicio omnímodo y autoritario del poder presidencial. Por eso, si se me pregunta si soy partidario o no de la reelección, mi respuesta es ¡No!El Estado de Derecho es un estado institucional, alérgico al poder personal. Citar ejemplos de reelección a Inglaterra o Francia,



países que tienen un régimen constitucional tan distinto al nuestro, es inadecuado. Yo prefiero el poder institucional al poder personal. Este tipo de propuestas no hacen otra cosa que abonar el culto a la personalidad y el caudillismo, que entre nosotros han producido efectos tan nefastos. Lo único positivo ha sido la literatura en torno a los caudillos latinoamericanos; pero los efectos políticos en el siglo anterior fueron devastadores, negativos. Entiendo que con buenos argumentos se llegue a defender un régimen de reelección. Pero se trata es de decidir si es bueno que un presidente elegido para cuatro años, promueva sobre la marcha un cambio de reglas que van a favorecer su reelección. Al comienzo de este debate se decía, y con mucha insistencia, que no se trata de reelegir al presidente Uribe, sino de la reelección en abstracto; pero paulatinamente se destapan las cartas, y casi todos los senadores que son partidarios de la reelección han hecho la apología del presidente actual.Es conveniente reflexionar sobre dos temas: si estamos ante un cambio constitucional cualquiera o si es un cambio de mayor trascendencia. Porque la Corte Constitucional, a propósito del análisis de la ley de convocatoria al referendo, dijo que el constituyente delegado podía reformar la Constitución pero que no podía cambiarla; y que hay un cambio constitucional cuando las normas modificadas son de tal naturaleza que se está frente a una nueva concepción de Estado. De quienes defienden el proyecto de reelección he escuchado con mucha insistencia estas palabras: ¡Es que no estamos ante un cambio cualquiera! En verdad no es el cambio de un articulito, como decía el doctor Fabio Echeverri. Hay un cambio en la concepción del Estado. Porque son muy diferentes un Estado en el que un presidente con tantos poderes como tiene el nuestro puede reelegirse y hacer política, y otro en el cual el jefe de Estado no puede hacer política en beneficio propio y no puede reelegirse, y sus subalternos tampoco pueden hacer política. Pongo en tela de juicio la constitucionalidad de ese cambio, repito, conforme a la última jurisprudencia de la Corte.Pero me gustó mucho la afirmación del senador Luis Guillermo Vélez cuando dijo que el presidente Uribe ha organizado la psicología nacional. Y sí que estoy de acuerdo con eso, en otro contexto. Sí, el presidente Uribe ha organizado la psicología nacional. ¿Cómo la ha organizado? Manipulándola, haciéndose inmune a los errores de gobierno, a los exabruptos que dice y que hace. Y resulta que el gobierno de las mayorías es una de las peores tiranías cuando no está sometido a reglas. Y por tanto, la primera obligación de ética pública que tiene un gobernante en un Estado de Derecho es la observancia de las reglas que rigen y limitan su actividad. Hay muchos elogios para el doctor Uribe, pero desde luego se pasan por alto muchas cosas porque parece que buena parte de los poderes públicos del país participan de esa suerte de embrujo, de hipnosis, de anestesia en que se encuentra sumida la opinión nacional. Aquí pasan cosas graves y es como si no pasaran, se dicen cosas graves y es como si no se dijeran. ¿Por qué? Porque el poder gubernamental parece blindado frente a las posibles censuras de la opinión.



Voy a señalar algunos casos: es un pobre concepto de la soberanía nacional el que tiene el actual Presidente cuando rompe una hermosa tradición internacionalista colombiana y se apresura a apoyar una guerra ilegítima e ilegal, la ocupación absolutamente irregular de un país, una guerra contraria al derecho internacional. Y cuando habla de la aprobación del Tratado de Libre Comercio que está ya en marcha, sin que la opinión pública sepa siquiera qué es lo que se está acordando. Esa soberanía transeúnte o externa está en crisis. Pero no es sólo eso. Es que la soberanía tiene otra dimensión, la interna. Una vez más, el Presidente dice cosas y parece que la opinión no las escuchara, o quienes las escuchan las pasan por alto, como si no hubieran sido dichas.Hace dos días, en una entrevista televisiva, al referirse a unos secuestros que tuvieron lugar en El Retiro, Antioquia, escuché decir al señor Presidente: 'Lo que sucede es que se han ido retirando los mal llamados grupos paramilitares y la ciudadanía ha quedado indefensa', y entonces el gobierno es ineficaz para defender a la ciudadanía. ¡Es inconcebible que un presidente de un Estado de derecho sea capaz de expresar nostalgia por la ausencia de grupos irregulares como las autodefensas! Pero esta situación es pasada por alto. Como si el Presidente no hubiera dicho nada. Y una de sus colaboradoras, la anterior ministra de Defensa, dijo en unas declaraciones que la prensa nacional destacó: 'En Colombia el que quiera seguridad que la pague'. La primera función de un Estado, la función a la que ni siquiera el liberalismo clásico renunciaba, la función de seguridad, es ahora función privada. O sea, que el que tenga para financiarse sus escoltas y sus vigilantes privados que lo haga, el Estado renuncia a esa obligación. Pero en el país es como si no hubiera ocurrido nada.Hay un grave peligro. Un presidente incapaz de someterse a las reglas cuando son un obstáculo para sus propósitos. Los ejemplos abundan. Es vergonzoso que el ministro de Justicia calumnie a un juez, confiese él mismo su calumnia, y siga en su cargo. Que ocurra a la vista de Dios y todo el mundo y no suceda nada. Y este proyecto de reelección fue estruendosamente hundido en el Senado en la discusión anterior de este mismo acto legislativo, hace poco. Y uno se pregunta: ¿Y desde cuándo los senadores cambiaron de opinión? ¿Leyeron nuevos libros de derecho constitucional? ¿De ciencia política? ¿Qué los hizo cambiar? ¿Algunas reuniones en Palacio? ¿Algunos desayunos? Si el tema del parlamentarismo se ha agitado es porque en Colombia existe un gran desequilibrio de poderes. No hay relación institucional entre el gobierno y el Congreso sino una relación entre el presidente de la República y sus amigos……Aquí tengo otra perla. En Lecturas Dominicales de El Tiempo le preguntan al ex presidente Samper: 'Dicen que el presidente Uribe está bravo con usted por el episodio del Consejo Electoral, porque no lo ayudó con sus amigos para que revisaran el censo electoral, que está lleno de muertos y militares'. Y el ex presidente responde: 'El cuento es exactamente al revés a como se lo contaron en Palacio a una columnista de El Tiempo, que no se preocupó por averiguar la otra cara de la moneda. Me buscaron



los asesores de Palacio para que les ayudara con la Registradora y con el Consejo Electoral para modificar el censo y cambiar el resultado del referendo'. Y yo pregunto: ¿Esto es una acción jurídica o es cabildeo? ¿Y este tipo de cabildeo está legitimado entre nosotros? De ninguna manera. Si hay tanto énfasis en las calidades excelsas que para muchos tiene el Presidente, otros encontramos calidades que lo inhabilitarían para ser gobernante de un Estado de Derecho. Con razón el presidente Uribe está en una orilla y yo en la otra. Percibimos el país al revés, cuando se trata de analizar las causas de la crisis fiscal, de la crisis que vive el país.'¿Quiénes son los responsables? Los del gobierno dicen: los responsables son los trabajadores tan ambiciosos, que tienen tantos privilegios, son los pobres que quieren comida barata; el capital en Colombia no tiene privilegios, los privilegios son del trabajo, de los pobres y esos son los que hay que abolir para que la democracia colombiana funcione. Como tengo una concepción contraria, pienso que no es la persona con quien podemos construir la democracia colombiana que está por construirse”. Fuente: (Fecha publicación:16/10/2004), http://www.argentiba.info/nota.asp

En el año 2002, al Magistrado JOSÉ MARÍA CARRILLO BALLESTEROSCONSEJO DE ESTADO, por medio de derechos de petición de urgencia nacional e interés general, yó ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO denuncié que: “Álvaro Uribe Vélez, de manera hábil desconoce el debido proceso, utilizando el fraude procesal, induce a servidores públicos como el Registrador, el Presidente Pastrana y a muchos servidores públicos a participar en política, ignorando la segunda vuelta, los incita a realizar pronunciamientos, resoluciones, condecoraciones y actos administrativos equivocados; no podemos permitir la elección a teclazos desde los computadores, porque ilegalmente Álvaro Uribe Vélez, ha estado apoyado por falsas encuestas, desinformación, abusos de autoridad, poder y del derecho; desconociendo las imputaciones, actúa ignorando el orden jurídico; en su contra, existen serias acusaciones, pero tampoco responde por apoyos violentos recibidos.”

En el documento “Verdad, memoria y lucha”, se describen hechos relacionados con las masacres de miembros de la Unión Patriótica, se muestra como autor del cuestionado y célebre Decreto 0717 de 1996 a Álvaro Uribe Vélez: “El pueblo de esta zona también sufrió en carne propia el genocidio político contra la Unión Patriótica, que comenzó en los mediados de los ochenta y se prolongó en todos los noventa, decreciendo sólo en la medida en que los poblados iban quedando "limpios" de opositores políticos y de dirigentes populares, y en que los partidos tradicionales reconquistaban su hegemonía parapetados en el terror.Los militantes sociales que sobrevivieron al terror cerraron filas, en los noventa, alrededor de las organizaciones locales y

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regionales de defensa de los derechos humanos, para salvar de la hecatombe los últimos reductos de la resistencia: la defensa de vida y de la integridad de los inconformes. La masacre de los defensores de la vida cerrará la década de los noventa en una sucesión frenética de atentados y funerales, ya sólo referidos en los medios masivos a través de minúsculos párrafos de rutina y de cliché.En este proceso sobresale el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, autor del Decreto 0717 de 1996, mediante el cual otorgó a las Fuerzas Armadas exageradas facultades de control sobre la población de los municipios de Segovia y Remedios. Pretextando "proteger" a la población la entregaba al total arbitrio de sus victimarios, precisamente como respuesta a una masacre que los mismos militares habían realizado.Pero toda esta brutal represión nunca hubiera sido viable si los demás poderes del Estado hubieran ejercido sus funciones constitucionales. Tanto el poder legislativo como el judicial y las otras instancias del ejecutivo, se convirtieron en apoyo incondicional del Terrorismo de Estado, así fuera solo por el abandono de sus deberes constitucionales, ejercido por las Fuerzas Armadas y sus proyecciones paramilitares.”

Álvaro Uribe Vélez, se apropió de la seguridad democrática, concepto cuyo autor es Carlos Gaviria Díaz, en esencia fue degenerada estos 4 años y ha pretextado "proteger" a la población, pero lo que sucede es la entrega de la gente al arbitrio de victimarios; por orden presidencial el ESMAD maneja un grupo de victimarios que respalda y ejecuta órdenes inconstitucionales, por esto la academia mundial rechaza esta injusticia y mentira:

DECLARACIÓN POLÍTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD SOBRE LA REELECCIÓN DE

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El 12 de mayo del 2006, Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos de América:”Presidente Álvaro Uribe VélezPalacio de NariñoBogotá, Colombia

Estimado Presidente Uribe:

Le escribimos en representación como estudiantes y miembros de la comunidad que es la Universidad de Harvard para expresarle nuestra preocupación por las constantes denuncias y evidencias de la sistemática violación de los derechos humanos en Colombia y en especial cuando usted ha ejercido el Gobierno, ya sea en épocas pasadas desde la Alcaldía de Medellín o desde la



Gobernación de Antioquia en donde usted fue Gobernador entre 1995 y 1997.

Durante su periodo como gobernador de Antioquia experimentó su modelo de "Estado Comunitario", con la cortina de humo de estimular la participación de la ciudadanía en la generación de empleo como un modelo paramilitar de seguridad pública. A partir de un programa auspiciado por el gobierno de EE.UU. a través de la Universidad de Harvard propició la capacitación de cerca de 50.000 Antioqueños en "negociación pacifica de conflictos".

Este proyecto sirvió para crear las asociaciones comunitarias "CONVIVIR", en 1994 cuyos miembros podían realizar agresiones y asesinatos contra elementos del pueblo, mientras el estado y las fuerzas de seguridad le garantizaban el secreto y la cobertura. Estas cooperativas fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de "tierra arrasada" en numerosas tierras campesinas y en la capital Antioqueña.

Fue con las "CONVIVIR" que los paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia, en el nudo de Paramillo, e ingresaron al eje bananero de Urabá asesinando y desplazando miles de campesinos.Ahora en su calidad de presidente de Colombia se evidencia lo que desde hace tiempo se viene denunciando: la relación de su gobierno con grupos paramilitares que entre otros crímenes horrendos trafican con drogas prohibidas.Así titula un artículo aparecido en el diario El Tiempo el 8 mayo del 2006: "Renunció el cónsul en Milán y ex director del DAS, Jorge Noguera"

Aquí unos de los apartes del artículo:"El presidente Uribe lo había nombrado cónsul después de que el funcionario renunció a la dirección del DAS el pasado 25 de octubre en medio de un escándalo por la infiltración de paramilitares en el organismo de inteligencia".

"La Presidencia de la República se permite informar que ha sido aceptada la renuncia del actual cónsul de Colombia en Milán, Jorge Aurelio Noguera Cotes", señaló un comunicado.

El Fiscal general, Mario Iguarán, le abrió la investigación formal por delitos contra mecanismos de participación democrática. Noguera fue vinculado por Rafael García, otro ex funcionario de la entidad, a escándalos en el interior del organismo que ocasionaron la reacción airada del presidente. En sus declaraciones a la revista 'Semana', García -quien se desempeñaba como director de informática durante las presuntas irregularidades- también acusó a Noguera de tener nexos con el ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’, con la persecución a líderes de izquierda y con irregularidades en la contratación.



García, actualmente preso, acusó a Noguera de participar en un fraude electoral de "proporciones gigantescas" que le habría sumado al Presidente Uribe cerca de 300.000 votos en las elecciones del 2002, sin los cuales no hubiera sido elegido en primera vuelta.

Ante tan desolador panorama lleno de inmoralidad, corrupción y sistemática relación con grupos terroristas al margen de la ley como las Autodefensas Unidas de Colombia que según las denuncias ayudaron fraudulentamente a su aparente triunfo en las pasadas elecciones, los abajo firmantes declaramos ante usted y ante la opinión publica:

Declaración de estudiantes de la Universidad de Harvard desde Estados Unidos y de cara a la humanidad.Nuestra tristeza como estudiantes de la Universidad de Harvard por ver como se ve empañado el nombre de nuestra Universidad por Álvaro Uribe Vélez, exalumno de este centro del conocimiento a servicio de la humanidad, quien actualmente se ve vinculado a grupos de paramilitares y narcotraficantes que cometen crímenes de lesa humanidad.

Rechazamos enfáticamente la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia contra sindicalistas, movimientos sociales y dedocráticos por parte del establecimiento y el gobierno de Álvaro Uribe.

Expresamos nuestra preocupación del destino que tienen parte de nuestros impuestos vía Plan Colombia, casi 4.000 millones de dólares los cuales deberían ir a combatir el terrorismo y el narcotráfico y paradójicamente estos dineros son manejados por el gobierno de Alvaro Uribe, infiltrado precisamente por los paramilitares narcotraficantes que como el mundo entero conoce están en la lista de terroristas de nuestro país Estados Unidos.

Esta declaración será radicada en nuestra universidad para que repose en los archivos y así quede claro ante el mundo y la historia que los estudiantes no aceptamos la injusticia y la mentira.

Esta declaración es también dirigida a el Gobierno de los Estados Unidos para que tome las medidas correctivas frente a lo políticamente ético y correcto, también al Senado y a la Cámara de Representantes para que se adelanten las investigaciones, debates y sanciones necesarias para frenar tales despropósitos.Declaramos nuestra solidaridad con las víctimas en Colombia y los apoyamos en sus exigencias de Verdad, Justicia y Reparación frente a los crímenes sufridos y alentamos a los luchadores sociales en Colombia para seguir luchando y alcanzar la paz y la democracia tan ausente en este momento.



Esta declaración es pública ante los medios de comunicación del mundo y autorizamos la publicación y la traducción a todos los idiomas. Atentamente,Estudiantes de la Universidad de HarvardContacto: Jamila Martin” | [email protected] w.studentsagainstsweatshops.org

COLOMBIAUn ambiente turbio que el Presidente podría disipar con unas palabrasAlgunos hechos. “Entre muchos otros hechos ocurridos durante lo corrido de 2006 (véase anexo), registramos con preocupación y deploramos: i) las amenazas recibidas por la Fundación Manuel Cepeda, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Ilsa); ii) las 121 agresiones que ha sufrido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, durante el período comprendido entre el 1° de marzo de 2005 y el 29 de abril de 2006; iii) los cinco robos recientes de información de que fueron víctimas la Asociación Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial Taller de Vida, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en Bogotá, y la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz de Cartagena y la Fundación Tierra Patria, en Cartagena (Bolívar); iv) el video en el cual se señala como blancos militares a Gloria Cuartas, Javier Giraldo, s.j., y al periodista Holman Morris; v) el asesinato de Jaime Enrique Gómez Velásquez (21 de marzo de 2006) y la difusión de versiones amañadas y distorsionadas sobre los hechos que rodearon su desaparición y muerte, que contradicen las evidencias judiciales; vi) v) la propaganda política de la campaña Adelante Presidente en la cual se acusa al movimiento político Unión Patriótica de asesinar personas y se justifica el tratamiento militar que pueda darle el presidente Álvaro Uribe Vélez; vii) el asesinato de Higinio Baquero Mahecha (12 de abril de 2006), sobreviviente del genocidio en contra del movimiento político Unión Patriótica en el Meta, quien se desempeñaba como escolta de confianza de Jahel Quiroga, directora de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar; y vii) el acoso permanente y la irregular judicialización de que vienen siendo objeto la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y otras organizaciones del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.Los pronunciamientos oficiales. Durante las últimas semanas, el Gobierno de Colombia ha sostenido que las “autodefensas son cosa del pasado”, que no existen evidencias sobre la existencia unas “supuestas autodefensas de tercera generación” y que las críticas a la desmovilización de los grupos paramilitares son

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“afirmaciones fatalistas, premoniciones de mal agüero, que de una u otra forma deslegitiman el esfuerzo que venimos adelantando”1. También ha manifestado que resulta alarmante que se siga hablando de paramilitarización de la sociedad, cuando la desmovilización significa su desparamilitarización2. Sin embargo, durante las últimas dos semanas, dos organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han recibido mensajes, mediante los cuales grupos paramilitares dejan constancia de su actividad armada:“Nuestra razón de ser hoy esta mas (sic) vigente que nunca, la defensa de la libertad y la democracia Colombiana (sic) y hasta que no cese el ultimo (sic) fusil guerrillero opresor del pueblo Colombiano (sic) seguiremos en armas combatiendo la guerrilla utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance. Autodefensas somos todos. Estado Mayor Autodefensas Campesinas Nueva Generación, ACNG”3.Las recientes declaraciones del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz estimulan la ocurrencia de ataques contra líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos; polarizan innecesaria y peligrosamente el debate electoral, durante las últimas semanas de campaña; y soslayan su obligación de pronunciarse con claridad sobre el apoyo que reiteradamente ofrecen los grupos paramilitares a su campaña de reelección.El Presidente de la República debe pronunciarse urgentemente sobre la conveniencia, la legitimidad y la legalidad de la labor que cumplen las organizaciones sociales que defienden intereses colectivos y las organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos.Un ambiente turbio que el Presidente podría disipar con unas palabras Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos

“Desde que decidimos ayudar con el asunto de la política de seguridad al señor presidente doctor Álvaro Uribe Vélez no hemos hecho otra cosa distinta a creer que solo bajo la mano dura y el uso de la fuerza puede llegar a doblegar a los enemigos de la auténtica democracia. Estamos en pie de lucha junto al señor Presidente, y hacemos ver ante ustedes que las Autodefensas Unidas de Colombia fueron nuestra base y han cumplido ya un ciclo al servicio del pueblo, que una vez cumplidos los procesos de desmovilización ahora somos el presente y el futuro por muchos años del Estado colombiano de su seguridad y de su sociedad, hacemos presencia activa en 21 áreas rurales y urbanas departamentos (sic) y actuamos bajo múltiples formas de agrupación tenemos una mesa de trabajo de Dirección Nacional (…). Estamos con el favor de las mismas Fuerzas Armadas estatales que siempre nos apoyan en una gran muestra de soberanía”4.A su vez, el 21 de abril de 2006 el Vicepresidente de la República acusó a dos organizaciones ecuménicas suizas (Pan para el Prójimo y Acción de Cuaresma) de patrocinar a la guerrilla de las Farc. Según el vicepresidente Francisco Santos, son organizaciones que adelantan una “perversa campaña contra



Colombia y a su vez apoya a las Farc, que es la organización que más minas antipersona siembra en el país”5. No obstante, las dos organizaciones lo único que hacían era impulsar la campaña Nosotros somos creyentes. Comprometámonos con el respeto de los derechos humanos6.Simultáneamente, el Presidente de la República, una vez más, continúa vinculando con actividades terroristas a quienes critican su política de seguridad democrática y el proceso de desmovilización de grupos paramilitares. El 8 de mayo de 2006 advirtió que “aparecen muchas voces bravuconas contra la Seguridad Democrática y mansurronas frente al terrorismo. Mucha firmeza para maltratar la Seguridad Democrática, total debilidad para condenar el terrorismo. (…).Por eso el país va a tener que escoger ahora si vamos a seguir por el mejoramiento de la Seguridad Democrática como camino a la paz, o vamos a retroceder para que con el comunismo disfrazado le entregue la Patria a la Farc”7.Conveniencia, legalidad y legitimidad de la labor de líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. No somos aves de mal agüero. Tampoco somos bravucones contra la seguridad democrática. El movimiento de derechos humanos colombiano simplemente se quiere asegurar de que cualquier proceso de negociación, cualquier política de seguridad y cualquier proceso electoral contribuyan a la realización efectiva de los derechos humanos y a la construcción de una paz duradera. Así mismo, quiere asegurar que el funcionamiento de las instituciones garantice el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado colombiano en materia de derechos humanos y derecho humanitario.Para sí, lo único que persistentemente han solicitado las organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos a las autoridades, especialmente al presidente Álvaro Uribe Vélez, es que la labor de defensa de los derechos de humanas y humanos sea reconocida como una actividad conveniente, legal y legítima, que contribuye a la construcción del Estado social de derecho y que requiere garantías para su ejercicio. Lastimosamente, los reiterados discursos oficiales que actualizan la vetusta idea de un “enemigo interno difuso” y vinculan cualquier crítica al ejercicio del poder político con “el disfrazamiento” o “la mimetización” del terrorismo no constituyen garantías para nadie; por el contrario, estimulan que las autoridades y los grupos armados combatientes conviertan en prácticas generalizadas la intolerancia, la persecución y, en algunos casos, el exterminio.Nuestra petición: unas palabras que devuelvan la confianza. Además de garantizar una pronta investigación sobre los ataques sufridos por líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos, invitamos a l Presidente de la República, una vez más, a pronunciarse urgentemente sobre la conveniencia, la legitimidad y la legalidad de la laborque cumplen las organizaciones sociales que defienden intereses colectivos y las organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos. También lo invitamos a pronunciarse con



claridad sobre el apoyo que, reiteradamente y de diversas maneras, los grupos paramilitares han ofrecido a su actual campaña electoral.Bogotá, 17 de mayo de 2006* * *Notas:La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) es una plataforma que aglutina a 166 organizaciones no gubernamentales y sociales de derechos humanos. Su existencia data de 1995. Históricamente, su trabajo está orientado a la incidencia en escenarios internacionales, especialmente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y pretende el mejoramiento de la situación de derechos humanos, el respeto del derecho humanitario, la defensa del Estado social de derecho y la búsqueda de una solución política del conflicto armado.Un ambiente turbio que el Presidente podría disipar con unas palabras Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos

1 Discurso del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez, durante la desmovilización del primer grupo de integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia , corregimiento Chimila de El Copey (Cesar), 8 de marzo de 2006, www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006/marzo/marzo_08_0 6a.htm2 Discurso del ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, durante el debate de la plenaria de la Cámara de Representantes sobre el escándalo del Das, Bogotá, Transmisión por televisión hecha por el Canal Institucional, 10 de mayo de 2006.3 El 30 de abril de 2006 Iván Cepeda, director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas y colaborador del semanario El Espectador, recibió en su casillero electrónico ese mensaje.4 Aparte del mensaje anónimo recibido el 8 de mayo de 2006 por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, bajo el título “no más mentiras disfrazados (sic)”.5 “Francisco Santos: ‘Gobierno de Suiza patrocina a una ONG que desprestigia a Colombia y apoya a las Farc’”, Caracol Radio , Bogotá, 21 de abril de 2006,www.caracol.com.co/noticias/278405.asp?id=2784056 A pesar de que el Vicepresidente desmintió sus afirmaciones ante la Embajada de Suiza en Colombia, el 5 de mayo de 2006 declaró al periódico ginebrino Le Temps que el Gobierno de Colombia estaba considerando la posibilidad de entablar una acción legal en contra de las dos organizaciones ecuménicas. Véase más información: Observatorio para la protección de defensores de derechos humanos (OMCT y FIDH), El vicepresidente Francisco Santos Calderón acusa a dos ONG suizas de defensa de derechos humanos de apoyar a la guerrilla de las FARC, París, 10 de mayo de 2006, www.fidh.org/article.php3?id_article=3302



7 Palabras del presidente Uribe en la Cátedra Colombia, Bogotá, SNE, 5 de mayo de 2006, www.presidencia.gov.co/discursos/discursos2006/mayo/catedracolombia.htm* * *Para cualquier información adicional:David Martínez Osorio (311-4816219)Coordinador del Observatorio de derechos humanos y derecho humanitarioCCEEUCarlos Rodríguez-Mejía (3768200)Comisión Colombiana de JuristasEduardo Carreño Wilches (2812285)Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”

Recientemente, encontramos innegables pruebas e irrefutables argumentos que además de los fraudes electrónico e informático ocurridos el 28 de mayo de 2006, viabilizan la nulidad electoral de estos comicios para la elección de Presidente de Colombia:"Mediante un comunicado, titulado “Colombia libre de comunistas”, el grupo paramilitar 'Brazo Armado de las Ex-AUC' ha manifestado su apoyo incondicional al actual mandatario, asegurando que “el único camino que nos queda a todos los colombianos es apoyar incondicionalmente la política de seguridad democrática de nuestro candidato-presidente doctor Álvaro Uribe Vélez”.

“El hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago reconocido paramilitar de Antioquia y Sucre y comandante del grupo autodenominado Los 12 Apóstoles, se beneficiará con la polémica ley de Justicia y Paz, pese a haber participado en la matanza de más de 50 personas en 1999. Es importante que el país conozca quién es realmente el candidato- presidente, en un país que tiene al 76% de su población viviendo en condiciones de pobreza, este gobierno sube los precios de los combustibles en más de un 215% encareciendo aún más el costo de la vida.”

Antonio Morales Riveira.- ¿Qué puesto le da usted en eso que llama la “contrarrevolución” a los medios de comunicación que construyen y reconstruyen tendencias a su antojo en torno a Uribe? ¿Cree que esos medios se comprometieron definitivamente con la guerra y con unos actores de la guerra en Colombia?Laura Restrepo.– Una cosa son los dueños de los medios que en general se han movido unánimemente en torno a Uribe y otra es la tarea de los reporteros y de los periodistas que de todas maneras mantienen abiertos espacios de discusión, de debate en los periódicos, en la radio, donde asoma cada tanto el otro país, y a pesar de que son muy minoritarios, permiten que la gente aprenda a leer entre líneas. Y si aquí no es aplastante ese predominio, esa trenza jugada a opciones no democráticas, es porque la gente lee entre líneas. Si la gente lee un titular inmediatamente está sospechando que la cosa puede ser justamente la contraria. Uribe es la cabeza visible



pero va a tener problemas tremendos, cuando esta gente que lo respalda, que está con él, este paramilitarismo que entiende que Uribe es una buena opción de gobierno, le saque la mano.Antonio Morales Riveira.- Si la estructura del poder en Colombia ya compró ese proyecto, que era de derecha y se convirtió en ultraderecha, ¿cómo puede desmontarse de lo que ya se compró? Laura Restrepo.– Es impresentable que en Colombia se esté afianzando el fascismo como se está afianzando, es impresentable que en Colombia estén teniendo ese lugar en la política, en el parlamento, en el campo, en las carreteras, en la Presidencia, grupos paramilitares al margen de la ley. Tarde o temprano eso tiene que caer por su propio peso. Esa complacencia del gobierno de Estados Unidos con el paramilitarismo, con sus implicaciones de narcotráfico en Colombia, pareciera indicar que está barajando una opción para frenar los procesos democráticos; elecciones y por detrás una acción paramilitar que favorezca el desmonte de la democracia.”

¿ Cómo se concretó el fraude ?: A las 5 y 30 p.m., del 28 de mayo de 2006, acudiendo a las apabullantes y espantosas vías de hecho, se entonaba con mayor vehemencia el canto de una “victoria” prevista, se “reconfirmaban” las proféticas e ilegales encuestas y los correspondientes software que en este análisis demostramos porqué son artificios para inducir al error, porque en esta última etapa de la reelección de Álvaro Uribe Vélez, se cometen la estafa y el fraude procesal principalmente por parte de Jorge Londoño y su empresa Invamer.

En solo 1 hora y media supuestamente, se habían escrutado 12´041.737 tarjetones de las 56.256 mesas, es decir imaginariamente se contaron en promedio 3.345 votos/segundo en todo el país, es decir, en cada mesa en promedio se contabilizaban 244 votos por segundo, es imposible en un país como Colombia escrutar manualmente esa cantidad por cada voto, pero como este ilícito había que taparlo, no se ha permitido un estudio con la colaboración de los organismos de control tampoco se ha hecho pública el acta de escrutinio nacional de las elecciones del 28 de mayo de 2006, por lo que es imposible surtir un análisis mas detallado de muchas otras irregularidades ocurridas en el proceso, con esta macabra fabricación de opinión.

¿Que pasó con la contabilización de los tarjetones de cada urna y formatos E 14 con el número de votantes; la clasificación y escrutinio de papeletas para realizar la transmisión de los resultados al siguiente nivel del Organismo de Gestión Electoral, el mismo que debió compilar esos resultados y los posteriores resultantes de las comprobaciones hasta que fueran publicados oficialmente?. ¿Que paso con los boletines oficiales de la máxima autoridad electoral, que ese mismo día debió pronunciarse públicamente?



En reportaje para la agencia AP, JORGE ENRIQUE BOTERO CORRESPONSAL, comunicó que “Carlos Gaviria, candidato de la coalición de izquierda Polo Democrático, dijo que en amplias regiones agrarias del sur del país fueron trasladadas las mesas de votación a las cabeceras municipales, con lo cual se impedirá el acceso a las urnas de miles de votantes, la mayoría indígenas.”

Se solicita en consecuencia que se oficie a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se aporte al proceso el Acta General de Escrutinio Nacional y las actas de todos los departamentos, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría General de la Nación, y demás autoridades porque irregular y delictivamente se intenta actuar con celeridad para cerrar el paso a toda actuación de control, veeduría, auditoría o investigación penal, acciones importantes para este caso de trascendencia nacional.

A tan solo unos pocos minutos de cerrarse la votación, se desconocieron los derechos de los testigos electorales allí establecidos en el artículo 122 del Código Electoral, modificado por artículo 11 de la Ley 06 de 1990, al respecto el 05/26/2006, se hizo este previo pronunciamiento: “Samuel Moreno Rojas denuncia falta de garantíasEn cerca de doscientos municipios de Colombia se ha ordenado el traslado de mesas de votación a los centros urbanos lo cual prácticamente hace imposible que cientos de miles de compatriotas puedan votar libre y tranquilamente. Samuel Moreno Rojas. Bogotá D.C. 25 de mayo de 2006: Samuel Moreno Rojas, presidente del Polo Democrático Alternativo, denunció hoy en rueda de prensa, las graves irregularidades que se vienen presentando y que podrían afectar las elecciones del próximo domingo.Uno de los puntos más importantes según relató Moreno Rojas es el traslado de mesas de votación en todo el país. “Esa es una prueba fehaciente de que la política de seguridad democrática del actual gobierno fracasó totalmente”, señaló el presidente del Polo al referirse a los más de doscientos municipios donde ya se tomó la decisión.Moreno Rojas le pidió al Ministro del Interior, Sabas Pretelt de La Vega, que se convoque al Tribunal de Seguimiento Electoral a nivel nacional para estudiar por qué se están tomando decisiones que van a afectar la votación, que están favoreciendo al gobierno nacional y específicamente al candidato presidente. De esta manera, el presidente del Partido, no existen las garantías electorales para la transparencia y para la activa participación de los ciudadanos el próximo domingo 28 de mayo.Todas estas preocupaciones fueron expresadas a la señora registradora nacional, Almabeatriz Rengifo, por parte de los dirigentes del Polo Democrático Alternativo en un reunión sostenida este jueves y tienen que ver con el tema de los jurados homogéneos conformados únicamente por representantes de los partidos políticos cercanos al Presidente de la República.



El presidente del Polo inquirió a la Registradora por la razón real del traslado de mesas de votación de las zonas rurales a centros urbanos, sobre todo en el Cauca. Igualmente, le manifestó su preocupación por la conformación de comités de seguimiento electoral integrados por los alcaldes de cada municipio, el personero y el comandante de la policía, desconociendo la participación que deben tener en dichos comités los voceros de los distintos partidos políticos y que en ningún momento se ha invitado a los representantes del Polo.Los comités de seguimiento electoral son los que determinan en qué condiciones se van a desarrollar las elecciones y tienen la facultad de decidir si hay o no mesas de votación, dónde se ubican y pueden ordenar, como lo han hecho ya en más de doscientos municipios, el traslado de mesas de votación de los centros rurales a los centros urbanos.El presidente del Polo Democrático Alternativo denunció que, por ejemplo, en el departamento del Cauca ya se tomó la decisión de trasladar en veinte de los cuarenta municipios del departamento las mesas de votación de las veredas, corregimientos y zonas rurales a los centros urbanos. “El traslado de mesas es una cuenta de cobro que le están pasando a las comunidades indígenas por su levantamiento, por su protesta y específicamente para negarles el derecho a votar”, señaló Moreno Rojas ante los periodistas.Finalmente, el presidente del Polo Democrático Alternativo afirmó que no es posible que hoy, cuatro años después de las elecciones presidenciales de 2002, Colombia esté en iguales o peores condiciones para garantizar la libre votación de los ciudadanos.

El conteo de votos para Presidencia de Colombia, del 28 de mayo de 2006, a partir de las 4 p.m., se tergiversó totalmente y estos escrutinios se sustituyeron mediante un programa de computador que convirtió un producto matemático en un multiplicando; los porcentajes 62% Álvaro Uribe Vélez, 22% Carlos Gaviria Díaz, no son resultados de la comparación matemática entre la cantidad de votos y los subtotales nacionales, sino factores predefinidos, así, el proceso de conteo natural se reemplazó por alteraciones previamente concebidas y realizadas, prueba de estos delitos está contenida en la gráfica de la transmisión de Caracol TV de los primeros 25 boletines de la Registraduría entre las 4 p.m., a las 6 p.m.; el fraude procesal y la estafa se cometen al emplear estas vías de hecho, con las que se pretende implantar una reelección que según Olafo Montalbán, “arrastra consigo todo el peso del desgaste y acelerada descomposición acumulado por más de un siglo de domino político, ideológico, militar y económico sobre las otras clases”.

En las elecciones del 28 de mayo se presentaron “nuevas” formas de fraude, aunque no tan nuevas; solo que se han venido descubriendo mas refinadas métodos de fraude electoral. Delitos de fraude que no aparecen tipificados. Resulta curioso que no se acepten de manera formal estas modalidades mas modernas de estafa. Hasta se ha llegado a excluir estas formas” novedosas de alta tecnología para dejarlas por fuera del léxico tradicional de los



fraudes convencionales, para así pasar estos delitos como inexistentes.

Se notó claramente en las regiones apartadas -de ello se pueden tomar registros testimoniales, coacción e inducción sicológica al elector-, en especial se presionaron a ciudadanos humildes, iletrados, personas manejables a quienes sencillamente se les compró el voto.

Complementariamente a los fraudes aquí denunciados y otros puestos de presente por medios de comunicación, políticos, analistas, académicos, periodistas, magistrados, la liga antifraude solicitó información:

- SI SABE DE MUERTOS QUE SE LEVANTAN DE SUS TUMBAS PARA VOTAR- SI SABE DE TRASTEO DE VOTOS- SI SABE DE ANULACIONES VOLUNTARIAS DE VOTOS- SI SABE DE JURADOS QUE VOTAN POR SUS MESAS- SI SABE DE TARJETONES QUE SE MARCAN ANTES DE LLEGAR A LAS MESAS DE VOTACIÓN O VAN A SU CASA PARA QUE FIRME

- SI LO AMENAZAN CON UN ARMA O UNA MOTOSIERRA PARA VOTAR- SI SABE DE TEJAS, CEMENTO O DINERO A CAMBIO DEL VOTO- SI SABE DE ADULTERACIONES DEL SISTEMA EN LA REGISTRADURÍA- SI USTED CONOCE ALGÚN CASO DE FRAUDE EN LAS ELECCIONES- EL CARRUSEL

2.- CANCELACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y ABUSO DE AUTORIDAD.La consulta popular en AUDIENCIA PÚBLICA, es un requisito indispensable para que esta determinación sea legítima y constitucional, pero este procedimiento en contra de las mayorías silenciadas e intimidadas, se excluyó y se impidió la realización del evento con el que según la misma registraduría intentaba cumplir con su obligación legal según su propio comunicado: “EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CONVOCA AUDIENCIA PUBLICA, firma CLELIA AMERICA SANCHEZ DE ALFONSO, PresidentaPara notificar el resultado de los escrutinios nacionales practicados por el Consejo Nacional Electoral, de las votaciones presidenciales realizadas el 28 de mayo de 2006, declarar la elección de Presidente y Vicepresidente de la República y entregar las correspondientes credenciales. La audiencia se realizará el día viernes 16 de junio de 2006 a partir de las 8:00 a.m., en las instalaciones del Auditorio de la Organización Electoral, ubicado en la Avenida El dorado No. 46-20 piso 1º, de la ciudad de Bogota.”, a partir de las 12 m, se canceló la audiencia, dándose por terminadas las labores, por el resto de esa semana que



acababa de concluir, saliendo prácticamente todo el personal de la Registraduría General de la Nación y del Consejo Nacional Electoral, impidiéndose el ingreso de los ciudadanos a este importante certamen democrático, previamente programado.¡Que inconstitucionalidad tan aberrante!

Instaurar una Vía de Hecho, ilegítima, cancelándose unilateralmente la convocatoria publica de audiencia electoral, tan importante para la transparencia de esas elecciones cruciales para la nación. Es un reprochable abuso de autoridad una violación flagrante de la Ley Penal Colombiana, Ley 599 de 2000 que reza: “De los abusos de autoridad y otras infracciones. Artículo 416. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Artículo 417. Abuso de autoridad por omisión de denuncia. El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. La pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si la conducta punible que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular.

¿Que es una AUDIENCIA PUBLICA?, como su nombre lo especifica, es una asamblea de ciudadanos para dialogar, para oír sus opiniones, para expresar democráticamente sus razones, no es un evento para aplastar ni atropellar al contrincante, ni para desconocer sus reclamos, una AUDIENCIA PUBLICA es una forma de expresar, acogiendo y brindando garantías las fundamentales para ello, es una opción de expresión popular, es un derecho democrático; es precisamente un certamen para expresar discrepancias si las hay, para recoger inquietudes y denuncias que cualifiquen y construyan democracia de manera pacifica, civilizada.

Pero abortaron el evento a las 12 meridiano, con el abuso de autoridad que degeneró la posibilidad de ingreso de colombianos a dicho certamen, el derecho de los ciudadanos para entrar y participar en la AUDIENCIA PUBLICA, se destruyó, se obstaculizó, se violaron los derechos ciudadanos. No hubo audiencia, lo que ocurrió fue un abuso de autoridad cometido por funcionarios públicos de la Registraduría General de la Nación y del Consejo Nacional Electoral, porque abortaron el evento a las 12 en punto; no fue un encuentro democrático, porque en completo atropello a los derechos y garantías fundamentales a elegir y ser elegido, derecho de todos los colombianos, bloquearon la presentación de quejas, en ese preciso momento, la disculpa fue “un compensatorio” en el día y hora de la AUDIENCIA PUBLICA, llevados por el afán de consumar y tapar los ilícitos cometidos en



los comicios presidenciales y las arbitrariedades cometidas posteriormente a estos, el abuso del poder es lo característico en esta ocasión, es claro: impedir que se presentaran quejas y reclamaciones sobre irregularidades.

La manera tan apresurada como se realizaron las audiencias, no permitió elaborar las reclamaciones que el Consejo de Estado, El Consejo Nacional Electoral, las autoridades electorales, organismos de control y según los procedimientos internacionales (Standards Internacionales) adoptados en procesos electivos por distintos países recomiendan al respecto del fraude:

“Cuando exista sospecha de fraude electoral, generalmente se deben emprender investigaciones exhaustivas después del cierre de la votación. El marco dentro del que se despliegan estas investigaciones estará determinado por las disposiciones legales relativas a la impugnación de los resultados y a la investigación y procesamiento del fraude electoral (ver Sanciones por Infracciones Electorales Específicas). Los métodos a través de los cuales el organismo electoral ejerza sus responsabilidades en esta materia deberán estar especificados en las disposiciones relativas a la resolución de controversias e impugnaciones (ver Resolución de Disputas).

Responsabilidades del organismo electoral

Si bien el procesamiento de los fraudes electorales será usualmente responsabilidad de autoridades civiles, el organismo electoral requiere contar con sistemas para cumplir con dos responsabilidades específicas:

Detectar y documentar todos los casos de tentativa de fraude, para que los presuntos responsables puedan ser identificados y sometidos a los procesos previstos por la ley.

Determinar, de ser posible antes de concluir el escrutinio y anunciar los resultados, si la extensión de cualquier fraude detectado es suficiente como para afectar el resultado de la elección.

Impugnaciones electorales

Los resultados de todas las investigaciones realizadas por el organismo electoral acerca de posibles fraudes, deben ser hechos públicos de la manera más abierta, transparente y expedita posible. Esto ayudará a mantener la confianza en la integridad del sistema de administración electoral y a desahogar las impugnaciones a los resultados de la elección

Si se considera que la extensión del fraude es suficiente para afectar el resultado de la elección, el hecho de que el propio organismo electoral solicite a la autoridad judicial competente que mantenga en reserva la elección ayudará a proyectar una imagen



de profesionalismo e integridad frente a cualquier tentativa de manipular los resultados.

Seguridad de los materiales

Cuando las investigaciones sobre cualquier presunción de fraude sean realizadas antes de que se venza el periodo para impugnar los resultados de la elección, se debe tener mucho cuidado al manejar cualquier material de votación relevante. Todos los materiales deben ser mantenidos en un área segura y su eventual apertura o resellado debe ser realizado de manera escrupulosa y en presencia de testigos. Se debe tener mucho cuidado en no marcar ningún material utilizado en la votación.

Votación múltiple

La detección e investigación sobre votaciones múltiples dependerá de:

La integridad, precisión y sofistificación de los métodos utilizados para integrar los listados de electores.

Si, para facilitar el acceso, los electores pueden elegir los sitios o métodos de votación y si en cada sitio o método de votación se utiliza una sola lista para determinar la elegibilidad de los votantes.

Qué tan estrictos sean los controles de identidad en los sitios de votación.

La calidad y precisión de los registros de votación que se conservan y del profesionalismo de los oficiales de votación al comprobar la identidad de los lectores, marcar las listas y aplicar los controles para la emisión de papeletas.

La integridad de los sistemas o máquinas utilizadas para registrar los votos y determinar los resultados.

Cuando no existen estrictos controles contra el registro de duplicados en la lista de electores, es alta la posibilidad de una votación múltiple. Si los esquemas electorales no exigen que se utilicen listas únicas de electores para cada sitio y método de votación, la detección de votos múltiples requerirá la aplicación de sistemas que lleven a cabo la consolidación de los registros de todos los votantes que sufragaron y el examen de esta consolidación para determinar si se ha emitido más de un voto en nombre de cualquier elector.

Cuando se puedan utilizar distintos tipos de tarjetas o documentos para verificar la identidad del elector, pueden ser necesarios controles adicionales, tales como la de marcar al elector con tinta indeleble.



Si no se utilizan listas de electores, no solo será muy difícil investigar, sino incluso detectar cualquier caso de votación múltiple.

Sospechas de votación múltiple

Se pueden generar sospechas de votación múltiple cuando los registros muestren;

Un mayor número de papeletas emitidas en un sitio de votación respecto a los de los electores marcados en la lista como votantes.

Que un mismo elector ha votado por métodos distintos y en diferentes sitios de votación, durante cualquier consolidación de los registros de votación.

Documentación e investigación de presuntos casos de votación múltiple

La documentación de casos potenciales para una evaluación y ulterior investigación por parte de las autoridades civiles debería mostrar:

El sitio o sitios donde se sospecha que ocurrió la votación múltiple y las declaraciones pertinentes del personal de votación.

Si se sospecha que las papeletas fueron introducidas ilegalmente en las urnas o en sistemas de votación automatizados, registros completos y precisos de las conciliaciones de las papeletas o número de votantes.

Copias certificadas de los listados electorales y otros documentos que indiquen que un elector ha depositado más de una papeleta.

Cualquier investigación previa a la remisión de un caso a las autoridades civiles competentes debe realizarse con el mayor rigor y tacto posibles. Bien puede ocurrir que en algunos casos la causa de aparentes tentativas de voto múltiple resida mas bien en errores de los oficiales electorales o de una confusión de los electores, sobre todo los de mayor edad o menor escolaridad, al momento de hacer frente a distintos métodos de votación.

Suplantación del elector

Es difícil detectar con posterioridad a la jornada a un elector que ha emitido uno o más votos en nombre de otros votantes, sin su debida autorización en aquellos casos en que la ley así lo prevé. La mejor defensa contra ello reside en listados de electores precisos combinados con rigurosos controles de la identidad del elector en los diversos sitios de votación y la insistencia de que los electores marquen sus papeletas de manera individual y en secreto. Sin embargo, se puede sospechar de suplantación y realizar las investigaciones necesarias en aquellos casos en que:



La existencia de imprecisiones en los listados de electores hayan permitido que se conservaran los registros de personas fallecidas y que alguien haya votado en su nombre.

Los sistemas de registro permitan que personas que se sabe que se encuentran en locaciones distantes o en el extranjero sigan registradas en su antigua dirección y se haya marcado en las listas que votaron en su residencia previa.

Las papeletas postales hayan sido aparentemente completadas por una persona distinta al elector al que se le enviaron.

Se haya impugnado la identidad de un elector en la mesa de votación y el sistema haya permitido que emitiera una papeleta provisional sujeta a investigación.

La suplantación en la votación por correo puede ser detectada al revisar las declaraciones de elegibilidad o identidad que acompañan a las papeletas regresadas y descubrir diferencias en los datos o en la firma al compararlo con la solicitud de registro o de voto por correo. De igual forma, se puede detectar las irregularidades cuando un determinado número de papeletas se originan en el mismo sitio y con el mismo tipo de letra (por ejemplo, instituciones para el cuidado de personas en edad avanzadas, bases de las fuerzas armadas).

Todos esos incidentes deben ser investigados con mucho cuidado por los administradores de la logística antes de remitirlos a cualquier autoridad civil. Con el caso de la votación múltiple, un error de los oficiales de votación puede ser la causa de patrones de votación aparentemente irregulares.

La documentación que se le entregue a las autoridades civiles para una mayor investigación normalmente incluye:

Copias certificadas de las listas de electores.

Copias certificadas de las impugnaciones a electores y, en su caso, certificados de defunción, papeletas y declaraciones que acompañen a los votos postales.

Declaraciones de los oficiales de votación y otros testigos.”

Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación y a la Misión de Observación Electoral, coadyuvar a esta Acción integrando sus denuncias, reclamos, y quejas registradas, las cuales se presentaron desde el momento mismo de iniciarse la votación tanto el día 12 de marzo como el día 28 de mayo de 2006-06-20. Es un asunto de importancia nacional.

De igual forma solicitamos que se publique en un medio de circulación nacional, un aviso invitando a los ciudadanos a que



presenten sus casos de anomalía electorales a-posteriori, ya que muchos ciudadanos se inhibieron de hacerlo por múltiples causas, alguien había votado por él, alguien le tocaba desplazarse a otra ciudad, jurados electorales no pudieron votar en el mismo puesto de votación y muchas otras anomalías que adelante se presentarán.


La convocatoria a segunda vuelta para comicios presidenciales 2006-2010, es ejemplar castigo al delito de cohecho muy visible y ampliamente conocido, que se cometió para aprobar la reelección del Presidente de Colombia en el Congreso de Colombia, sobre ese específico caso, Caracol le preguntó a la representante a la Cámara Yidis Medina porqué cambió de opinión: “¡Porque me prometieron más beneficios para mi región! Confiesa nada menos que un delito de cohecho, ofrecer beneficios a cambio de votos, al respecto dijo el Senador Carlos Gaviria Díaz: “El proyecto que fue hundido, ahora es aprobado, con sólo un período legislativo de por medio. ¿Qué ha ocurrido? Está fresco el episodio de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, quienes habían dicho públicamente que iban a votar de una manera y votaron de otra. ¿Y este es el Presidente cuya reelección se pide? ¿Esta es la vocación de gobernante de Estado de Derecho que tiene el actual presidente de la República?”

En el año 2002, se solicitó al Magistrado JOSÉ MARÍA CARRILLO BALLESTEROS, CONSEJO DE ESTADO, mediante,“ref. Derechos de petición de urgencia nacional e interés general, Solicito la CONVOCATORIA A SEGUNDA VUELTA PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES, porque con el fraude al sufragante, se está sutilmente eludiendo la fase reclamaciones, esta etapa que está precisamente en la ley y en la Constitución, está para aclarar dudas y además la segunda vuelta se contempla para evitar que el margen de votos del ganador no sea menor al 50% de los votos válidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-ARGUMENTACIÓN

Con base en el artículo 40 de la Constitución Política Colombiana, exigimos respeto a los derechos a elegir y a ser elegido, tan vulnerados por los fraudes cuestionados.

1.- FRAUDE INFORMATICOConsistió en reproducir el error mediante bloqueo de las fuentes verídicas, rechazando informaciones reales provenientes de los diferentes regiones o departamentos, desestimando porcentajes diferentes a los desplegados por Medios de Manipulación Masiva (3M) o programadoras, que daban cuenta de un porcentaje fijo, que siempre fue invariable: 62% Uribe 22% Gaviria, 62% Uribe



22% Gaviria, Uribe 22% Gaviria, no obstante que todo ejercicio eleccionario -como es lógico- presenta fluctuaciones, como argumentamos anteriormente, la mentira dicha muchas veces, de manera insistente, se llegó a convertir en una “verdad” para un pueblo creyente, sumiso y atemorizado.

¡ En tan solo 90 minutos ya se tenía el ganador ! Ya se cantaba victoria, como las mismas encuestas así lo fijaban; en tan solo 90 minutos ya se habían escrutado 12´041.737 tarjetones de las 56.256 mesas, es decir supuestamente se contaron en promedio 3.345 votos/segundo, es imposible en un país como Colombia escrutar manualmente esa cantidad por cada voto. Eso lo saben los publicistas y estrategas de campaña y por supuesto, los asesores extranjeros como la Rand Corporation y otros laboratorios.

Las fuentes verídicas, fueron reemplazadas por una empresa privada, el máxima autoridad electoral fue sustituida por una cadena de TV y radio como es Caracol. El control informático comprende la programación televisiva y radial, data inducida, los mensajes sutiles, los guiones en programas de alta audiencia, la propaganda sucia, las técnicas de desinformación.

El fraude informático reproduce y divulga la fabricación de opinión elaborada por Jorge Londoño e Invamer, tanto en la encuesta previa al 28 de mayo de 2006, como en el sustituto al conteo objetivo, insistimos en que esta es la esencia de la estafa y del fraude procesal cometidos por este personaje, consiste en un artificio donde el porcentaje de los votos de los candidatos que necesariamente debe ser un resultado, de manera delincuencial se utilizó como factor matemático y el 29 de mayo de 2006, se presentó la denuncia, consistente en la comprobación del flagrante desconocimiento completo de la votación real de todo el país mediante este fraude electrónico, denuncia consistente en poner en evidencia que se alteraron totalmente los resultados de los comicios electorales del 28 de mayo de 2006.

Resulta curioso la celeridad en que se presentaron los resultados de regiones apartadas de la nación, a tan solo unos pocos minutos de cerrarse la votación. Es un delito comprobado, derivado del comportamiento arbitrario y abusivo del poder, que demuestra que en los comicios presidenciales del 2002 y en los de 2006 hubo un interés sesgado en beneficio de un candidato. Un territorio nacional tan extenso, donde en muchas regiones apartadas no pueden disponer físicamente de las facilidades de transporte ni comunicación, no podían reportar resultados en cuestión de minutos, máxime que en ese día, extensas regiones se encontraban golpeadas por un crudo invierno, que imposibilitaban la comunicación y el transporte, como dan cuenta las noticias de esos días, y además se puede comprobar por peritaje testimonial. Es particularmente reveladora la nota que aparece en la pagina de la Registraduría del Estado Civil, que dice: “… la Registraduría



Nacional del Estado Civil, por primera vez, entregó en tiempo record el 99.86% el mismo día de la jornada electoral presidencial.La registradora nacional del estado civil, Almabeatriz Rengifo López cumplió con esta meta, gracias a toda la infraestructura tecnológica y humana que preparó para la primera vuelta de las elecciones”.

La manipulación informática se complementa con las campañas propagandísticas, el diseño de imagen, el “marketing político” con el control de eventos públicos, el arte publicitario, la imaginería y la ingeniería social, la diversión teledirigida, la manipulación cultural, el virtualismo, la cuentería y el nefasto control ideológico a través de sectas donde la ritualística religiosa y la desinformación penetran la conciencia de la gente a través del manejo de la percepción controlada y a cargo de empresas dedicadas a las encuestas y a identificar e influir en la conducta humana como la RAND CORPORATION.

¿Cómo mienten, cómo hicieron y cómo pretenden consumar el engaño?Mediante porcentajes fijos: 62% Álvaro Uribe Vélez, 22% Carlos Gaviria Díaz, que son porcentajes predeterminados en el artificio, inducidos e impuestos por medios de “comunicación” (de propaganda), difundiendo el engaño maquillado de verdad, preparados, editados para que nuestra gente los crea ciegamente, mentira que dicha muchas veces, de manera insistente, se llegó a convertir en una “verdad” para un pueblo creyente, sumiso, atemorizado. “Una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad imaginaria”, decía Gobbels, asesor de comunicación de Hitler.

Las manipulaciones de la información revelan que ésta será la principal arma de batalla de los combates futuros; esto lo saben muy bien quienes escamotean y convierten la comunicación en atractiva propaganda, para tergiversar… y “ganar” basándose en la mentira. Bolívar dijo que los pueblos son dominados más por la mentira que por la fuerza. Guerra electrónica, operaciones sicológicas, aconductamiento del elector.Ante la falta de garantías electorales, parcialización de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se presentaron numerosas solicitudes reclamando imparcialidad, todas absolutamente todas estas reclamaciones han sido desatendidas, además del delito de Abuso de autoridad, Artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, se incurrió en prevaricato por omisión de denuncia, vía de hecho respaldada por el abuso del poder y posición dominante porque el régimen está en otro plan, no precisamente democrático.

Votaron algunas personas cuyas cédulas aun reposaban en la Registraduría, entre otros, las amenazas, los asesinatos, una



continua y sistemática desinformación a través de encuestas amañadas diseñadas para inducir un resultado, “encuestas” antitécnicas que desvirtúan la libre decisión del ciudadano, para beneficiar como siempre se ha pretendido hacer, al candidato presidente y a sus cómplices.

Otros no pudieron votar, pero sus cedulas fueron utilizadas. Otros no pudieron siquiera votar ya que sus cedulas se encontraban inscritas sin su autorización en lugares que ni siquiera conocían. Instamos a que los organismos de control vinculen las denuncias recogidas por estos organismos, a esta acción de Nulidad Electoral, por eso fue preparado un fraude automático para que con la celeridad de múltiples vías de hecho se presentaran resultados hasta de las regiones más apartadas de la nación, al respecto advertí a varios compatriotas: “urgente, EL FRAUDE INFORMÁTICO CONSISTE EN QUE LOS INGENUOS SE DEDIQUEN A REPRODUCIR MENTIRAS Y A INSTITUCIONALIZAR LA FALACIA, en este caso la victoria de AUV.

¡ ojo con lo que escriben !, no le echen toda la culpa a los mediocres e infiltrados del NDI en el PDA o del PL, no acepten el fraude del 28 de mayo de 2006, porque este se hizo con tecnología de punta, de la manera más sutil y descarada; a continuación pueden leer, cómo pedí intervención del Procurador en el reconteo de la votación, para que proteja el escrutinio, al cual tenemos que convocar masivamente a las organizaciones políticas, a las juventudes, porque AUV, no ha ganado ni ganará limpiamente:

DoctorEdgardo José Maya Villazón: El 28 de mayo de 2006, el resultado de las urnas se violó mediante fraude electrónico, la gran estafa se efectuó con porcentajes definidos en un programa de computador, así:Álvaro Uribe Vélez, tuvo 62 % en todos los boletines Carlos Gaviria Díaz tuvo 22 % en todos los boletines Todos los boletines de CARACOL TV de la tarde del 28 de mayo de 2006 desde las 4 p.m., hasta las 6 p.m., como ustedes podrán verificar, los informes consecutivos se elaboraron sobre la base de la falaz encuesta contratada por Caracol y otros, en la grabación del video, los porcentajes determinaron la cantidad de votos de cada candidato, esta sencilla explicación matemática pone en evidencia este absurdo, esta arbitrariedad, este robo; otra vez se degenera el proceso democrático para después volverlo un fraude informático al bloquear fuentes diferentes a las fraudulentas, como hace 4 años. Esta forma de alterar la realidad, debe confrontarse con el reconteo de votos que salga del escrutinio, compatriotas, solicito su colaboración para investigar este delito e impedir la prolongación de un período presidencial totalmente ilegítimo.



ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO http://alejandrobaquero.tripod.com”

La ilegitimidad del Régimen Colombianopor Orlando Fals Borda. Sunday, Apr. 30, 2006 at 5:27 AMLa reaparición de un viejo fantasmaLos últimos escándalos del gobierno nacional han dejado al descubierto, entre otras cosas, que pudo haber interferencias dolosas con las votaciones presidenciales.

Nada de qué extrañarse. El asunto no es cosa nueva, pero es delicado. Tiene aspectos peligrosos que en nuestro país pocas veces se han planteado, por lo menos con la apertura necesaria, con firmeza, y menos aún que se hayan combatido como lo merecen.

Lo del año 2002 nos recuerda el primer caso de “chocorazo” gigante del siglo XX: el Registro de Padilla en La Guajira con la elección del general Rafael Reyes a la presidencia de la República en 1903. El gamonal local infló las cifras y sufragios de tal manera que se lograra el triunfo de Reyes.

Algo similar a lo ocurrido en la Costa Atlántica en el 2002, si observamos la punta del iceberg en el corregimiento de Los Pozos, no lejos de Padilla, donde votaron todos, los vivos y los muertos del registro, por orden de paramilitares interesados en el triunfo en primera vuelta del doctor Alvaro Uribe Vélez.

Estos datos, que se repiten cíclicamente, ponen en entredicho los resultados de elecciones y, por ende, la legitimidad del régimen político y gobierno resultantes.

Tales escándalos repetidos han llevado a historiadores prestigiosos como Marco Palacios a reconocer que en Colombia sólo ha habido una “legitimidad elusiva”. Como la que afectó la elección fraudulenta de Misael Pastrana en 1970, que produjo una reacción popular copiosa, y el nacimiento de una fuerte guerrilla urbana de clase media.

Local y regionalmente ocurre igual. El mayor escándalo se produjo en las elecciones parlamentarias del año 2002, que afectó por malos manejos diversos a la tercera parte de los congresistas “elegidos”, creando un severo período de inestabilidad en el Congreso Nacional.

Es pues cosa vieja y repetida que esta mala conducta ocurra. Pero la intensidad y exceso como se expresa este fenómeno ahora ha llevado a algunos estudiosos a proponer un factor aclaratorio de los criterios clásicos sobre gobernabilidad, denominado (i)legitimidad de origen.

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Este factor, que condiciona radicalmente la idea usual de gobernabilidad, se basa en el consenso tradicional o de sentido común representado en la percepción de lo irregular, lo coercitivo, lo manipulador o lo inmoral en los procedimientos de conformación de gobiernos, lo cual afecta la estabilidad y eficacia (e imagen pública) de todo régimen.

Es aplicable también a experiencias premodernas tales como el establecimiento de dinastías monárquicas o feudales (muchas de ellas pérfidas y sangrientas, por lo mismo inestables), y a experiencias modernas o contemporáneas, como es el caso del nacimiento de las repúblicas latinoamercanas y en las últimas elecciones colombianas.

Las causas de inestabilidad por estos fenómenos de ilegitimidad de origen son muchas: el proselitismo armado y la intimidación del ciudadano, que se han incrementado; el clientelismo terrateniente y caudillista, que es más audaz; la corrupción y la compra de votos y/o lealtades, ahora con mayor desfachatez, con aportes de narcotraficantes a campañas presidenciales.

Siempre estuvo presente algún elemento de ilegitimidad en los gobiernos elegidos, lo cual no es ninguna excusa. Pero el fantasma se ha ido agrandando, según graves denuncias públicas. La situación se complicó cuando se añadió la manipulación desde el poder, de las leyes y de los medios de comunicación para beneficio personal, todo lo cual ha impedido tener gobiernos limpios y elecciones nítidas y confiables, como sería en una sociedad sana.

Ello estimuló la alta abstención en las elecciones del 12 de marzo de2006, lo que ha sido fuente de inseguridad estatal. Un Congreso Nacional o un gobierno elegidos en estas circunstancias cuestionadas, quedan mancillados y mancos desde el primer día de su deprimente instalación formal.

Entonces puede ocurrir algo peor, para la gobernabilidad en todo el país, y ello desgraciadamente se viene observando desde comienzos de este siglo: el Estado cuestionado pierde la capacidad de ser reconocido y autorizado para ejercer el monopolio constitucional y legal de la fuerza.

Sus armas y sus tropas llevan consigo el signo de la tiranía terrorista de Estado, como ha ocurrido con asesinatos no bien investigados de sindicalistas y profesores. La moral de las tropas se afecta y también su eficacia, así cuente con todos los presupuestos posibles.

Reelecciones afectadas.

El factor de ilegitimidad de origen como interviniente de la gobernabilidad puede igualmente aplicarse a las experiencias presidenciales reeleccionistas de Rafael Reyes, Alfonso López Pumarejo y Gustavo Rojas Pinilla, y a la imposición violenta de la elección de Laureano Gómez con la abstención de sus opositores,



casos que tuvieron resultados contraproducentes, desiguales y perjudiciales para la nación.

Ninguno de aquellos presidentes sobrevivió en el poder. Fueron depuestos por movimientos cívicos, populares y militares. La tentación reeleccionista desaforada, que sepamos, sólo la pudo vencer el presidente Pedro Justo Berrío en Antioquia en 1874, buen ejemplo que no lo siguió su coterráneo Alvaro Uribe Vélez.

De allí también los presagios descomponedores del tejido social en las últimas elecciones parlamentarias y de presidente, que tuvieron altos índices de coerción narcoparamilitar y otros ostensibles defectos. La legitimidad del actual régimen, y de cualquier otro de similares características, queda así peligrosamente en duda, y es raíz de persistente malestar. Crea problemas casi insolubles de gobernabilidad, que van anillados unos con otros.

No faltarán los cínicos o escépticos que aduzcan que Colombia ha progresado, por lo menos materialmente, aun con estos defectos seculares o a pesar de ellos. Así parece a primera vista. Pero se olvidan las consecuencias de gravedad que ello trae para una sociedad como la nuestra, con esos defectos, y evitar que se descoyunte y no pierda el respeto de la comunidad de naciones, como ahora ocurre.

La primera consecuencia negativa es la frustración o el despilfarro del desarrollo socioeconómico actual y potencial de sus habitantes y el peligro de desinstitucionalización que en nuestro caso equivale a suicidios sectoriales; esto explica en parte por qué no hemos podido solucionar a fondo la Violencia de cincuenta años que hemos sufrido, con todo y el enriquecimiento parcial de grupos económicos.

La segunda consecuencia es el deterioro de la moralidad a causa del efecto mutación que va induciendo en la sociedad, casi imperceptiblemente, una tolerancia o pasividad muda e intimidada sobre pautas inconvenientes o indeseables de conducta hasta saturar de este modo el conjunto social y destruirlo, culminando en una especie de sociedad paria o Estado mafioso que muchos temen se quiere imponer desde las élites como propósito nacional ignorando valiosas prácticas ciudadanas.

Un juicioso observador bogotano expuso con claridad cómo se ha aplicado el efecto mutación en el caso del narcoparamilitarismo: se empieza como delito excusable; luego se interpreta como pecado venial; después como moda, para culminar en opción decente de vida.

Los “paras” pueden ser vistos entonces como héroes y llegar a ser congresistas y cónsules. A San Pablo Escobar no le habría ido mejor, aunque fue paradigma antioqueño en su época. Es lo que en la historia de las ideas se identifica como “Orwellismo”.

Quizás todavía sea tiempo de detener estos fatales procesos degradantes de mutación y frustración social, mediante el cambio



radical de gobiernos y dirigentes como es el propósito de la actual campaña del Polo Democrático Alternativo con la resonante candidatura del doctor Carlos Gaviria Díaz, el mejor candidato de todos, y el que merece ocupar el Solio de Bolívar.

Orlando Fals Borda.

Presidente Honorario Polo Democrático Alternativo.

2.- FRAUDE EN LAS ELECCIONES DEL 2002, ILEGAL PRECEDENCIA.Existe un pasado irregular de Uribe que lo inhabilitaba para haber ocupado la presidencia de Colombia en el 2002, es decir, el gobierno de Uribe ha sido ilegal e ilegitimo por las siguientes razones documentales fragmentos tomados de libros que se les ha desconocido su valor como documentos probatorios de los estrechos vínculos de Uribe con la mafia y que lo inhabilitaba y lo deslegitima también ahora para ocupar la primera magistratura de nuestro país. En el año 2002, yó Alejandro Baquero Nariño, denuncié:“LA GRAN ESTAFA, se implementa para impedir la democracia, se gesta desde las encuestas degenerando el resultado de las elecciones. El FRAUDE ELECTORAL NACE EN LOS COMPUTADORES DE EMPRESAS "OUTSOURCING", ES ELECTRÓNICO Y FINALMENTE ES INFORMÁTICO. El colmo de la privatización ocurre en empresas privadas de contratación externa que manejan los resultados electorales.

Se manipulan los medios con el fraude electrónico y finalmente la información sale distorsionada, las determinaciones amañadas van creando la expectativa para que la desinformación se implemente meses antes de las elecciones, mediante resultados virtuales en los computadores de las empresas "outsourcing"; en la etapa postelectoral se hacen coincidir los resultados, pero lo más sutil es que los contrincantes supuestamente derrotados, acepten el resultado, quienes al no pelear la segunda vuelta eligen a los causantes del fraude quienes además son generadores de grave deterioro de la moral social.”

También en el año 2002, se solicitó al Magistrado JOSÉ MARÍA CARRILLO BALLESTEROS, CONSEJO DE ESTADO, mediante,“ref. Derechos de petición de urgencia nacional e interés general, “NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, QUE DECLARA ELECTOS EN PRIMERA VUELTA A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE COLOMBIA, EL 13 DE JUNIO DE 2002. Acudo al amparo al debido proceso, derecho fundamental con base en el párrafo final del artículo 29 de la Constitución Política, donde se define: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”El acto administrativo del CNE, contiene vicios de nulidad, fundamentalmente por razones de tiempo, al no poder incorporar varias reclamaciones de orden penal que están presentadas con



anterioridad al 26 de mayo de 2002, a los FISCALES DELEGADOS EN LO PENAL ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Al impedir la segunda vuelta para elecciones presidenciales, se frustra esta investigación penal previa, tratando de malograrla, pero, es nula de pleno de derecho la prueba violatoria del debido proceso.Es nula de pleno derecho, la prueba que trata de generar la Embajadora de los Estados Unidos de América, al visitar a Álvaro Uribe Vélez en su sede el 26 de mayo de 2002, aproximadamente a las 5 p.m., su intervención en tan delicado asunto, viola el debido proceso, y engendra toda una serie de irregularidades que vulneran todo nuestro orden jurídico; autoridades que impiden la presentación de reclamaciones y suplantaron al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL en definición de resultados de las elecciones del 26 de mayo de 2002, en esencia, están vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, tienen un propósito ilegítimo que no es otro que el de ignorar o evitar impugnaciones a los comicios presidenciales.La embajadora de los Estados Unidos de América, Anne Patterson, viola nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y nuestra dignidad, tampoco respetó el debido proceso, ante esta situación el Registrador Iván Duque Escobar, ignora peticiones de investigación sobre la totalidad del proceso electoral, se pronuncia legitimando lo cuestionado, ignora acusaciones, en clara violación del debido proceso que con su permisivo comportamiento pretende subestimar, conciente o inconscientemente, para que el fraude por computador no se denuncie, no realizó cambios en este aspecto tan delicado y permitió que empresas cuestionadas por fraude informático continuaran manejando el fundamental resultado; los comicios electorales con los contratos externos u “OUTSOURCING” son una farsa que irrespeta la voluntad popular. La Carta Magna, incluye el debido proceso para proteger derechos y garantías fundamentales que en el caso de elección presidencial, se están desconociendo, mediante la simulación de la realización de todo el proceso, porque se produjeron noticias aplastantes que buscan impedir la posibilidad de presentar impugnaciones sobre el resultado de la elección del presidente; al respecto, no se está permitiendo difundir al pueblo colombiano la realidad de la aplicación del debido proceso a las actuaciones judiciales y administrativas.La embajadora de los Estados Unidos de América, Anne Patterson, en su intervención en asuntos internos de Colombia, en su afán por declarar electo a Álvaro Uribe, ha hecho caer a particulares y a autoridades en conductas delictivas como el fraude procesal e informático, prevaricato, concierto para delinquir, con pronunciamientos ampliamente conocidos y manifestados de diferentes maneras típicas, antijurídicas y culpables; inconvenientes, similares, están ocurriendo a rápidas velocidades como la noticia de pretender nombrar ministro a un funcionario del F.M.I., y fusionar ministerios sin el correcto trámite en el legislativo. Se está tratando de impedir la segunda vuelta a elección presidencial, con un anuncio de contundentes resultados, se hace



esto es para evitar la comprobación de hechos denunciados previamente y abortar esta investigación. Con el abuso de autoridad, se ha estado violando el debido proceso, parcializando y distorsionando la información, configurando el fraude procesal, todo este ilícito se ha evidenciado mediante denuncia presentada el 29 de mayo de 2002, por intermedio de la Procuraduría General de la Nación, contra CARACOL, RCN, EL TIEMPO Y REVISTA SEMANA.Nó, Honorables magistrados, no está comprobada la no intervención de los paramilitares en la campaña de Álvaro Uribe Vélez, no están cerradas las investigaciones, con su apabullante victoria, lo que realmente pasa es que se está trasgrediendo el orden jurídico, el orden justo, pero tenemos la solución, para eso está la segunda vuelta a elección presidencial, pero no podemos permitir la elección a teclazos desde los computadores, desde los estudios de algunos medios de comunicación, esto es una real calamidad y existen los ingenuos que creen que toda esta anómala actitud no trae repercusiones nefastas, para la verdadera libertad. HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO, el escrutinio no lo había realizado el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por la sencilla razón de que no existía el tiempo suficiente para su ejecución., empresas que fueron sancionadas por favorecer en las encuestas a Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido apoyado ilegalmente, por servidores públicos y presiones paramilitares. Las apabullantes noticias, están agenciadas por personas con conductas tipificas, antijurídicas y culpables, implementan el ilegítimo propósito de no dejar ver el gran quebrantamiento a la democracia con el fraude informático, también comprobado desde las parlamentarias; este delito ha sido ocultado, y está comprobado el origen de este ilícito en la privatización de la Registraduría, el “OUTSOURCING” o contratación externa.Los hechos, tratan de hacer creer que yá está posesionado Álvaro Uribe Vélez, porque han sido divulgadas noticias desde medios de comunicación, que están sancionados y denunciados, y sus resultados son aplastantes e impiden la legalidad del resultado para que en el interior y en el exterior se coman el cuento. Estas presiones permiten inducir al CNE a equivocaciones en el acto administrativo de elección, a errores en este documento, configurando el fraude procesal. El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, tratando de respetar el debido proceso, solamente hasta el 13 de junio de 2002, expidió acta de elección de Presidente y Vicepresidente. No ha habido un prudente lapso que permita responder a investigaciones presentadas contra la elección presidencial desde las elecciones parlamentarias ni presentar nuevas reclamaciones, solicito la apertura a este nuevo espacio democrático donde se demuestran irregularidades ampliamente comprobadas desde los comicios parlamentarios que son conocidos vicios que continúan en las elecciones presidenciales.Álvaro Uribe Vélez, de manera hábil desconoce el debido proceso, utilizando el fraude procesal, induce a servidores públicos como el



Registrador, el Presidente Pastrana y a muchos servidores públicos a participar en política, ignorando la segunda vuelta, los incita a realizar pronunciamientos, resoluciones, condecoraciones y actos administrativos equivocados; no podemos permitir la elección a teclazos desde los computadores, porque ilegalmente Álvaro Uribe Vélez, ha estado apoyado por falsas encuestas, desinformación, abusos de autoridad, poder y del derecho; desconociendo las imputaciones, actúa ignorando el orden jurídico; en su contra, existen serias acusaciones, pero tampoco responde por apoyos violentos recibidos.No hemos podido presentar impugnaciones al escrutinio nacional, además en el código electoral también se tienen que efectuar por parte del CNE, los escrutinios del exterior con las respectivas reclamaciones; por esto, el CNE, no había declarado electo ni había entregado la credencial respectiva; queda completamente claro que en el CNE, todavía no se han recibido nuevas impugnaciones ni denuncias sobre esos comicios ni se ha citado a Audiencia Pública para verificar los resultados, porque la velocidad del fraude electrónico no ha dejado ver el ilícito, la “contundente victoria” no deja ver el bosque, porque muy hábilmente tratan de esconder la evidencia con la desinformación, pero las fallas que hemos descubierto, por Procuraduría denunciados en comicios parlamentarios, persisten en presidenciales.¿ cual es el afán de elegir ilegítimamente a Álvaro Uribe ? El Registrador General, irrespetando las facultades del CNE, el mismo 26 de mayo de 2002, elige presidente aceptando argumentos y actitudes fraudulentas y manipuladoras, con noticias que desinforman y hacen creer que ya se realizó el proceso, desconociendo el conducto regular, se cae en una actitud tipifica, antijurídica y culpable; la conducta descrita, posee el inconstitucional afán de eludir los Numerales 1, 2, 3, 5, 7 del artículo 265 de la Constitución Política.La Embajadora de los Estados Unidos de América, violó desde el 26 de mayo de 2002, estas funciones que son exclusivas del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, y están específicamente definidas en el numeral 7 del artículo 265 de la Constitución Política. Por medio de fraudes al sufragante, informático y procesal, parcializan y distorsionan el resultado, haciendo creer que ya está electo el presidente, pero el conjunto de boletines emitidos por la Registraduría Nacional, además de no ser documentos electorales, constituyen una prueba nula de pleno derecho por carecer del trámite íntegro, legal y constitucional. Álvaro Uribe Vélez, viola el debido proceso al ignorar las denuncias que prueban el apoyo del gobierno a su candidatura.El preconteo de los comicios presidenciales del 26 de mayo ha sido manipulado como única prueba, para declarar electo al presidente, supraconstitucionalmente por medio de boletines y noticias; se acude a la parcialización y a la desinformación, porque en el fondo buscan evitar este tipo de reclamaciones, aplastar y subestimar los escrutinios nacional e internacional; estos eventos, son indispensables para el pronunciamiento de fondo del CNE. Se han estado violando derechos fundamentales protegidos en el artículo 20 de la Constitución a información veraz e imparcial, y a



su rectificación en condiciones de equidad, cuando ha sido degenerada.Exijo amparo al debido proceso. No se puede ignorar el debido proceso, porque ¡ Esto es muy grave ! es un aspecto tan delicado para la verdadera libertad y plena democracia, que me motiva a invocar principios contenidos en la Constitución política; HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO, no permitan malograr la investigación sociojurídica que permitió desenmascarar el fraude electoral y sus autores intelectuales en los comicios parlamentarios del 10 de marzo de 2002; se refuerzan estas solicitudes de respeto al debido proceso, por la existencia generalizada y ampliamente conocida de ilegalidades en el sistema electoral que se han evidenciado por medio de las denuncias y solicitudes de investigaciones que están en curso contra las empresas de sistemas, por presunto fraude informático, estas empresas están contratadas externamente por la Registraduría Nacional en la modalidad "OUTSOURCING".El Estado Social de Derecho, es atropellado, con el fraude procesal, porque se está vulnerando el debido proceso, los autores intelectuales del ilícito, CARACOL, RCN, EL TIEMPO Y REVISTA SEMANA han sido sancionados, porque han estado generando privilegios en las encuestas y al pretender evadir la investigación sobre el fraude procesal e informático, tampoco permiten claridad en el escrutinio e implementan el delito, acudiendo a quebrantamientos conexos como la alteración de resultados electorales, el masivo fraude al sufragante y otras irregularidades, que fueron prevaricatos por acción, de autoridades colombianas que han estado interviniendo antes del escrutinio en la declaratoria de elección y mucho antes de la expedición de credencial al nuevo Presidente de Colombia, el día 13 de junio de 2002. La investigación sociojurídica que empleamos para el análisis de lo que está sucediendo, está permitiendo identificar los responsables directos, manipuladores del poder económico y político quienes por medio de una malévola tergiversación de la realidad, divulgando un resultado aplastante, pretenden ingenuamente inducir al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, a expedir Acto Administrativo o Resolución o Sentencia inconstitucional. Los representantes legales de CARACOL, RCN, EL TIEMPO y Revista SEMANA, medios de comunicación sancionados por el CNE, acuden a las vías de hecho, en concierto para delinquir y en fraude procesal, utilizados por el Presidente Andrés Pastrana y el Registrador Iván Duque Escobar, generando pruebas nulas de pleno derecho, obtenidas con violación del debido proceso.Tampoco es legal, continuar la presión sobre el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, para obtener sentencias erradas, o resoluciones equivocadas o actos administrativos inconstitucionales; lo que en realidad está ocurriendo y se está implementando es el fraude procesal, cuya génesis se produce desde las encuestas, este delito ha generado actitudes delincuenciales, típicas, antijurídicas y culpables, en consecuencia, están en prevaricato por acción, los servidores públicos que declaran electo al presunto presidente, porque al asumir una



función exclusiva del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, única y máxima entidad que puede declarar electo y entregar credencial al futuro presidente de Colombia, además de estar vulnerando el debido proceso, implementan delitos conexos como la alteración de resultados electorales, el masivo fraude al sufragante, así violan el orden jurídico.Las falencia de las encuestas, llevaron al Consejo Nacional Electoral, a sancionar a empresas como CARACOL, RCN, EL TIEMPO y Revista SEMANA, que en lo penal equivale a fraude procesal, por actitudes irregulares en la concepción, realización y difusión de encuestas que institucionalizan vías de hecho e intereses particulares, cohonestando presiones paramilitares reconocidas internacionalmente que no hacen transparente este proceso.Evidencias ampliamente desenmascaradas en las elecciones parlamentarias del pasado 10 de marzo, continúan en los comicios presidenciales, pero, no se han efectuado los correctivos para impedir radicalmente los fraudes e irregularidades demostrados al investigar los propósitos ilegales y al darlos a conocer a la opinión pública, así se comprobó lo que afirmó el Procurador Edgardo Maya, con relación a los comicios parlamentarios: “se adulteraron los recuentos en varias regiones”, por esto, “urgió una reforma del sistema electoral, basado ahora en el recuento manual de papeletas, y reclamó la implantación de mecanismos electrónicos.”, "eso se ha venido sucediendo, lo que pasa es que ha llegado el momento de afrontarlo y de denunciarlo con toda claridad y valor", lo que el Doctor Edgardo Maya, llama “eso”, sucedió más veloz y electrónicamente en los comicios presidenciales, el fraude electoral no se ha podido denunciar debido a la contundencia de la intervención extranjera en nuestros asuntos internos, violando el debido proceso-, usted dijo que el problema "es estructural, no coyuntural, y hace parte de la estructura del Estado colombiano y de la sociedad colombiana". y explicó que "aquí lo único que queda de democracia es el proceso electoral y si este proceso no es absolutamente transparente, es grave para la democracia, para el Estado y para la sociedad colombiana……3.- Solicito la CONVOCATORIA A SEGUNDA VUELTA PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES, porque con el fraude al sufragante, se está sutilmente eludiendo la fase reclamaciones, esta etapa que está precisamente en la ley y en la Constitución, está para aclarar dudas y además la segunda vuelta se contempla para evitar que el margen de votos del ganador no sea menor al 50% de los votos válidos. Desconociendo el debido proceso quienes desean ilegítimamente confirmar a Álvaro Uribe, como presidente de Colombia, están creando una cortina de humo para evitar las reclamaciones e impedir que se cumpla el mandato constitucional. Además, todo el montaje de las noticias, se hace con la clara intervención en asuntos internos de Colombia, por parte de la Embajadora de Estados Unidos de América, Anne Patterson, con esta agresión violatoria del Protocolo Internacional, burla nuestra autodeterminación y se implementa ilegal y sutilmente la



vulneración a la soberanía del pueblo colombiano, toda esta irregularidad, con el innecesario y oscuro ánimo intervensionista que no genera sino miseria, violencia e impotencia.La nefasta actuación en asuntos internos de Colombia, por parte de los EUA, es tan aberrante e innecesaria tratando de legitimar a un Presidente violando el debido proceso, con una visita aproximadamente a las 5 p.m. del 26 de mayo a la sede de Álvaro Uribe Vélez, quien cohonesta la violación y no le pide respeto al debido proceso a la Embajadora Anne Patterson; este tipo de comportamiento que lo que efectivamente produce es más guerra, porque lo que en realidad engendra es apetito inmobiliario, resentimiento y tráfico de armas; la orden de continuar la guerra, trata de prolongar un conflicto que en la comunidad internacional, está claro que la única forma de resolverlo es la vía negociada, y que no se resuelve con doble moral, sino con el respeto profundo al Estado Social de Derecho que poseemos los colombianos.Convocar a la segunda vuelta para la elección presidencial, es la más sana medida de urgencia nacional e interés general, porque en esencia soluciona constitucionalmente las dudas que se presentan en la primera vuelta; se ha definido Presidente Electo por parte del CNE, pero faltan las reclamaciones de orden penal que no pudieron hacer en el escrutinio definitivo correspondientes a la votación del pasado 26 de Mayo de 2002.Honorables Magistrados, no podemos permitir la elección a teclazos desde los computadores; para recuperar la dignidad y la vergüenza, existe la segunda vuelta, si es tan legítima la elección de Álvaro Uribe Vélez, confirmémosla en esta opción democrática.”

ALEJANDRO BAQUERO NARIÑOc.c. 19’224.046 de Bogotá D.C

El Presidente Álvaro Uribe se ha defendido a capa y espada de las acusaciones de fraude electoral. Estos son sus argumentos y los interrogantes que aun permanecen. Por Semana.com“1. El Presidente dijo que acusaban su campaña de haber ganado 300 mil votos en el Magdalena, cuando en realidad solo ganó 113 mil votos. El Presidente en el Magdalena no sacó 300 mil votos. Sacó una tercera parte de esa votación. Sin embargo, en los cuatro departamentos (Bolívar, Cesar, Magdalena y Córdoba) que denunció Rafael García que se hizo fraude, sacó 337.085 votos, como lo dijo Semana el domingo pasado.Álvaro Uribe ganó la presidencia con 5.862.655 votos equivalentes al 53% de la votación para las elecciones presidenciales de 2002, con lo cual accedió al cargo en la primera vuelta. Si a esa votación se le restan los 337.085 votos que sacó en Magdalena, Córdoba, Cesar y Guajira, habría tenido que disputar el cargo en segunda vuelta con Horacio Serpa pues habría sacado solo el 49 por ciento de los votos. Obviamente no todos estos votos fueron producto del fraude, pero sí es un hecho que la votación en algunos de estos



municipios con presencia paramilitar creció de manera atípica, con votaciones superiores al 90 por ciento, cuando tradicionalmente la abstención ha sido más del 50 por ciento. Y en esos municipios, sí gano el candidato Uribe.2. El Presidente dice que para el momento de su candidatura ya tenía una larga trayectoria política que le bastaban para ganar, sin necesidad de un fraude. Como lo confirmó y reveló Semana en su pasada publicación, a Álvaro Uribe lo conocían en el Magdalena desde 1997, cuando era gobernador de Antioquia y lo invitaban a Santa Marta a dar charlas sobre su exitosa política de seguridad en su departamento. Luego, como también lo reveló Semana, ya de candidato, Uribe estuvo por lo menos seis veces entre 2000 y 2001 en el Magdalena haciendo campaña. “Hizo mucho trabajo político y tenía mucha gente apoyándolo”, dijo un político que prefirió hablar bajo el anonimato.“Excepto por J. Vives y Flor Gnecco todo el establecimiento político del Magdalena votó con Uribe”.3. El Presidente dijo que en los departamentos donde se ha denunciado que ocurrió fraude él perdió contra el candidato Horacio Serpa.Es cierto que el Presidente perdió en los departamentos de la Costa Atlántica frente al candidato Horacio Serpa. Sin embargo, el 66% de los votos de Uribe en Magdalena fueron en los mismos municipios con presencia paramilitar en los que congresistas como Dieb Maloof y Jorge Luis Caballero, expulsados del uribismo por su supuesta relación con autodefensas, lograron concentración atípica de electores. Sólo el 34% restante lo obtuvo en zonas ubicadas por fuera de esos `distritos electorales´.En el caso de Serpa la tendencia fue a la inversa. El 31% de sus votos fueron en las zonas de dominio `para´ y el 69% por fuera de ellas. De hecho, en municipios bajo influencia paramilitar como El Difícil, Serpa perdió un 84 por ciento de electores en el 2002 respecto a 1998. Lo mismo en Chivolo. En Salamina, donde los paramilitares mataron a un delegado de la Registraduría que denunció fraude en las elecciones para alcalde de 2003, Serpa sacó un 73 por ciento menos de votación. Uribe sacó 2.420 votos y Serpa solo 368.4. El Presidente dice que no tiene como presidente influencia en la Registraduría, mucho menos la iba a tener como candidato. En efecto, el Presidente parece no tener ascendiente sobre la Registraduría, ni ahora ni como candidato. Sin embargo, como lo dijo la revista Semana, el fraude electoral denunciado por Rafael García, ex jefe informático del DAS, y que fue confirmado por periodistas de Semana en algunas de las localidades, no se hizo a través de la Registraduría Nacional. García denunció que habían comprado los censos electorales de cuatro departamentos de la Costa Atlántica para saber quién votaba en qué mesa y luego, los paramilitares habían presionado a los jurados de votación para que llenaran los tarjetones sin necesidad de que la gente fuera a votar.Por ejemplo, en El Difícil, Magdalena, la descripción que hizo García del presunto fraude coincidió plenamente con los



testimonios que recogieron periodistas de Semana en varios municipios de la Costa Caribe, con fuentes muy diferentes que no se conocen entre sí y no sabían de las declaraciones de García a la justicia ni a al prensa. En este municipio pequeño y montañoso, de casas en tabla muy pobres, donde Uribe sacó 9.858 votos y Serpa 1.102, un jurado de votación confirmó a Semana que en su mesa depositaron 40 votos. Pero que al final de la jornada, el paramilitar de la zona se acercó a su mesa y le ordenó marcar otras 400 tarjetas electorales con los nombres de los inscritos para votar en esa mesa.Un funcionario de la Registraduría de El Difícil agregó que en los escrutinios para Presidente, los jurados tacharon dos veces los tarjetones que favorecían a Serpa para anularlos.Un ‘colaborador’ de las autodefensas en esa zona de Ariguaní le contó a Semana que para las elecciones legislativas del 2002 él apuntó los números de las cédulas de varios amigos –algunos de ellos incluso en Bogotá- y llamó y se las dio al paramilitar Tolemaida para que las inscribiera para votar en el Magdalena. Luego de las elecciones se las devolvieron con los registros electorales. “Tolemaida y su combo casaron al delegado de la Registraduría. Si no lo hace se muere. El delegado inscribió las cédulas de manera legal pero es ilegal porque la gente no fue a votar”, dijo el colaborador. “Al cierre, ellos les dicen a los jurados marque estos votos y deme el registro para devolverlos a los dueños de las cédulas”.Explicó que eso sucedió en muchos corregimientos rurales. En las cabeceras fue diferente: “Del miedo que uno le tiene a esos carajos, uno va y le dice al jefe aquí le traigo a estos diez a votar”. Eso fue exactamente lo que encontró un corresponsal de Semana que viajó a la zona. En el Plato, Magdalena, por ejemplo, la gente hablaba tranquilamente del “ fraude electoral del 2002”. Una funcionaria de la Registraduría local confirmó que este municipio de 90 mil habitantes rompió en el 2002 su record histórico de votaciones con más de 10 mil sufragios, 5.562 para Horacio Serpa y 4.616 para Uribe. Contó que se dieron casos sorprendentes como los de los corregimientos de El Barbudo y los Pozos, en los cuales hubo tantos votos como personas aptas para sufragar, pese a que siempre habían sido abstencionistas. Según varios habitantes, fuera del casco urbano, en unos corregimientos un concejal enviado por las autodefensas dio la orden de votar para Congreso por dos listas y para presidente por la de Uribe. Y en otros, la gente no fue a votar, sino que votaron por ella.En el apartado corregimiento de Los Pozos casi toda la población es analfabeta y vive en precarias condiciones. Una profesora que fue jurado electoral en 2002 no sale de su asombro al relatar que los propios jurados pasaban el día de las elecciones de Congreso casa por casa devolviendo las cédulas que habían recogido el día anterior y entregándole a cada persona el certificado electoral sin que la gente supiera por quién había votado. “Se aprovecharon al verlos sin un peso y tirados en sus trojas” (improvisados tablados usados como camas), dijo a Semana un ex funcionario de la alcaldía.



Otras personas de la región confirmaron que el mismo procedimiento se repitió para las presidenciales en este municipio, en Nueva Granada, en zonas aledañas a Zambrano (Bolívar) y a Bosconia (Cesar), según dijeron a Semana múltiples fuentes locales.“Sabemos que 200 ó 300 votos de más no influyen en una elección, pero sumados los de varios municipios sí ayudan. De que hubo fraude lo hubo”, dijo un concejal de Zambrano que exigió el anonimato. En ese municipio de Bolívar había amenazas desde que comenzó la campaña de Presidente y Congreso. Allá muchas personas dijeron que habían votado obligadas por el paramilitar Jorge 40.Para la comisión de este fraude no se necesitó que el candidato “comprara” a la Registraduria, ni siquiera que tuviera influencia sobre ella. Bastó que los paramilitares intimidaran a un puñado de registradores y a varios jurados de votación nombrados por los políticos que se habrían beneficiado de esta manipulación en las elecciones inmediatamente anteriores. Todo esto pudiera haber ocurrido sin que el candidato Uribe quisiera ni supiera. Pero lo que despierta hoy tantos interrogantes, y exige que la justicia investigue a fondo, es el hecho de que una vez elegido presidente, Uribe haya nombrado en cargos importantes a personas que pudieron haber estado involucradas en este fraude.”

"Uribe no puede estigmatizar a los medios por ejercer la crítica y la fiscalización": Alejandro Santos Por Semana.com“El director de Semana, Alejandro Santos, responde a las críticas que el Primer Mandatario hizo en torno a las publicaciones sobre el escándalo del DAS. El escándalo desatado por las revelaciones de Semana en torno a infiltración paramilitar en el DAS y el presunto fraude orquestado por las autodefensas en las elecciones de 2002 generó una airada reacción del presidente, Álvaro Uribe. En una entrevista de 40 minutos difundida a través de RCN Televisión, el jefe de Estado cuestionó este martes el papel de la prensa y calificó como “frívola y graciosa” a la revista por reproducir apartes de la indagatoria del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, autor de las acusaciones contra el ex director de la entidad y ex jefe de la campaña uribista en Magdalena, Jorge Noguera. El director de Semana, Alejandro Santos, participó durante algunos minutos en la entrevista y le hizo varias preguntas al mandatario, quien no ocultó su molestia frente a la polémica desatada. Semana.com habló con él, al término de la entrevista. SEMANA.COM: ¿Cuál es su impresión en torno a la forma como ocurrió la entrevista con el presidente de la República?ALEJANDRO SANTOS: Me sorprendió el ataque personal y frontal del presidente frente a una pregunta legítima que le hice y que se hacen muchos colombianos: ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en el nombramiento de altos funcionarios del Estado que han terminado renunciando en medio de escándalos, entre ellos el superintendente de vigilancia privada, el director de FINAGRO, el



del Incoder y el de Estupefacientes y los cuestionamientos al ex director del DAS, Jorge Noguera?.S.¿Cree que el Presidente le contestó su pregunta?A.S.: No. El presidente interpretó la pregunta como si él no estuviera luchando contra el narcotráfico y el paramilitarismo. Porque una cosa es la voluntad presidencial para combatir el narcoparamilitarismo, la cual no dudo, y otra muy distinta la responsabilidad política que le cabe al gobierno al nombrar malos funcionarios en cargos estratégicos para la seguridad nacional. S. ¿Se sintió agredido? A.S.: Creo que el presidente utilizó un tono y un lenguaje que no corresponden a la majestad del presidente. El primer mandatario no puede estigmatizar a un medio de comunicación cuando ejerce su legítimo derecho a la crítica y la fiscalización. Hay unos temas muy serios y muy de fondo que necesitan respuesta y el presidente redujo el debate a un problema de medios bogotanos que no quieren a la provincia. Eso es falso, injusto y preocupante.S. Pero el presidente dice que cuando ha habido razones es el propio gobierno el que ha actuado, despidiendo a los funcionarios involucrados... A.S. En algunos caso sí. En otros no. La renuncia del director de estupefacientes hace varios meses se produjo en medio de un escándalo de tierras y narcos y fue precipitada por los medios. La renuncia del superintendente de vigilancia privada por sus reuniones con el hijo de la Gata fue precipitada por los medios. Y la del presidente de Finagro e Incoder también fueron precipitadas por los medios. Yo me pregunto ¿será que estos funcionarios hubieran renunciado si los medios no sacan a la luz pública las irregularidades? S. El Presidente dice los medios que publicaron el escándalo abusaron de la libertad de expresión...A.S. Cuando un medio de comunicación ejerce su función fiscalizadora no está abusando de su poder sino todo lo contrario. Está asumiendo a cabalidad su rol de contrapoder y de contrapeso a los abusos del poder político o el poder económico. Ahora, si el presidente quiere hacer un debate ético, periodístico y político sobre las publicaciones concretas en torno a los cuestionamientos del ex director del DAS, ese debate es bienvenido. Pero no se puede descalificar de un plumazo la libertad de expresión porque se asumen posiciones críticas frente al gobierno.S. Pero, ¿qué tan válida puede ser la versión de un procesado? A.S. El presidente sabe muy bien que no se puede desechar de tajo el testimonio de un testigo que está en la cárcel. Los grandes escándalos de la humanidad los han denunciado personas que han participado en los delitos. Precisamente por eso la justicia les otorga beneficios a quienes colaboren en el esclarecimiento de hechos. Santiago Medina fue el pilar del proceso 8000, y estaba preso. Popeye ha sido fundamental en el encarcelamiento de Alberto Santofimio, y está preso. En referencia a las publicaciones que ha hecho Semana, la revista sí se tomó el trabajo de cotejar lo que dice el testigo en cuestión. Fuimos a varios departamentos a verificar si hubo fraude electoral en ciertos municipios. Hablamos con varias fuentes que nos confirmaron que los sindicalistas y



profesores en la lista que circulaba en el DAS fueron asesinados, amenazados o están exiliados. Y también confirmamos -y ya lo habíamos denunciado en ocasiones anteriores- el grado de penetración de los tentáculos de los jefes paras y los capos de la droga en el organismo de inteligencia más importante del país.S. Parece que al Presidente no le gustó que los medios “juzgaran” sobre hechos frente a los cuales la justicia no se ha pronunciado... A.S.: Los medios no están juzgando. Los medios están poniendo en evidencia unos testimonios, unos hechos, unas coincidencias que son muy preocupantes y que la justicia necesita esclarecer. Los medios no sólo están para entretener y agradar a la opinión ni darle a la gente lo que esta quiere oír. Los medios también están para orientar y fiscalizar y para destapar cosas que mucha gente quiere mantener ocultas. Y en ese proceso muchas veces ingrato --y otras muy riesgoso-habrá gente a la que no le gusta ver la realidad.S. ¿Qué impresión le merece la apreciación del presidente Uribe respecto a que la revista es “frívola y graciosa”?A.S.: Esa afirmación sólo puede ser producto de la rabia. No creo que sea frívola la denuncia de la tortura de una veintena de soldados que produjo indignación mundial. No creo que sea gracioso que periodistas de esta revista expongan todas las semanas su vida en regiones donde no llega la seguridad democrática. No creo que sea frívolo denunciar la infiltración de los paras en el DAS. No creo que sea gracioso pedirle al presidente que dé la cara en los debates presidenciales. Sólo espero que el presidente aproveche esta Semana Santa para reflexionar sobre la injusta diatriba contra la prensa independiente que trata de ejercer su labor fiscalizadora.El terrorismo de Estado, actuó bajo una dirección que maneja un embrujo cohonestado por las sectas de diversa índole, las denuncias al respecto no se dado a conocer ampliamente arriba sustentado.” “El Polo Democrático Alternativo de Antioquia, manifiesta su más rotundo y enérgico rechazo a la amenaza de muerte contra Teresa Muñoz Lopera, dirigente del PDA Antioquia, que se enmarca dentro de la campaña de amenazas de muerte contra varios de nuestros militantes y otros dirigentes sociales, estudiantes, profesores de universidades públicas y organizaciones defensoras de derechos humanos.Con ésta son ya varias las cartas y listas con amenazas de muerte que vienen circulando en las universidades públicas y por Internet, donde se señala y acusa impunemente a un grupo de estudiantes y profesores de “ser miembros narcoterroristas de las FARC - ELN”.En la última amenaza enviada a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, dirigido a la “Dra. Correa”, se condena a muerte a Teresa de J. Muñoz, ex candidata a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones a Congreso de la República, junto a otras 5 personas vinculadas con la Universidad.



Ante la constante amenaza de muerte contra miembros y dirigentes de la oposición, proferida por grupos paramilitares que se reivindican como Nueva Generación AUC o Comando Carlos Castaño Gil, exigimos a las autoridades locales, regionales y nacionales pronunciarse clara y contundentemente contra este tipo de amenazas de grupos que se reclaman seguidores del Gobierno que encabeza Álvaro Uribe, y así mismo tomar las medidas necesarias y eficaces para prevenir acciones que atenten contra la integridad de las personas y organizaciones amenazadas.Colombia y el mundo están vigilantes y atentos a lo que le suceda a la oposición política representada en el PDA, a sus miembros y dirigentes, y no estaremos dispuestos a permanecer en silencio e inmóviles ante las amenazas directas o veladas de muerte o contra la integridad de cualquiera de ellos o ellas. En tal sentido, denunciaremos ante las organizaciones e instancias internacionales competentes estas violaciones a la libertad de pensamiento y ejercicio de la política en Colombia, solicitando de ellas pronunciamientos y acciones de condena al Estado Colombiano. Igualmente, demandaremos la solidaridad de los pueblos hermanos y sus gobiernos para que exijamos juntos que en nuestro país la oposición pueda ejercer libremente la participación política en el marco del Estado Social de Derecho.El nuevo partido PDA, a partir de su incursión en la disputa por el poder político en Colombia, ha sido ya víctima de la guerra sucia, difamaciones y macartizaciones. Esto sucedió durante la campaña presidencial cuando el presidente-candidato Alvaro Uribe nos acusó de ser “unos comunistas disfrazados que le entregaríamos”, de ganar las elecciones, “el poder a las FARC”. Por nefastos antecedentes históricos, no es para nosotros mera casualidad que de inmediato, posterior a tan irresponsable sindicación, se diera inicio a esta ola de amenazas, con epicentro en la Universidad de Antioquia.En manos de las autoridades locales, regionales y nacionales está la obligación de asumir la protección de la oposición, garantizando que la podamos ejercer libremente. Lo que tienen que entender es que ha pasado el tiempo del exterminio de la oposición política y es el tiempo de los cambios y la defensa del Estado Social de Derecho.Finalmente, responsabilizamos públicamente al presidente Alvaro Uribe y las máximas autoridades de Gobierno por la vida e integridad de Teresa Muñóz Lopera y todos los amenazados, y exigimos el derecho a disentir política e ideológicamente sin que ello implique la eliminación física o amedrantamiento de la oposición. Por tal motivo, reclamamos un pronunciamiento público que condene las constantes amenazas de muerte contra nuestros compañeros y compañeras, exigimos las investigaciones exhaustivas y eficaces que conduzcan a la identificación de los responsables, y las garantías para su seguridad y movilidad.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO. Mesa Departamental de Unidad.Jaime Villa Restrepo. Coordinador.”



El Espectador Redacción Nacional

Fiscalía entregará informe sobre ubicación de cementerios clandestinos

Crisis por destape de fosas ‘paras’

“Como están las cosas en el país, donde se meta una pica, hay un muerto”. Estas palabras, pronunciadas por uno de los funcionarios públicos que ha hecho las veces de notario de la muerte durante los recientes hallazgos de cementerios clandestinos, ponen en evidencia que Colombia hoy enfrenta otra cruda realidad: en 29 de los 32 departamentos del país, los grupos paramilitares cavaron tumbas para sepultar a sus víctimas, y la Fiscalía ya no tiene dónde guardar los esqueletos encontrados. Por eso tuvo que acudir al Instituto de Medicina Legal y a las universidades para mantenerlos en custodia, con el fin de que algún día puedan ser identificados.Los descubrimientos de fosas comunes realizados por la Unidad de Justicia y Paz del ente acusador, se han venido dando luego de que ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) le empezaran a revelar a la Fiscalía los sitios donde habían enterrado a sus víctimas. Las confesiones de los desmovilizados –individual y colectivamente– se han hecho con la finalidad de recibir beneficios judiciales. Según cálculos oficiales, existe un registro parcial de 1.880 cuerpos enterrados en ocho regiones.Sólo en San Onofre (Sucre), La Homirga y San Miguel, (Putumayo); Santa Marta, Ciénaga y la zona bananera (Magdalena), los investigadores han encontrado 162 cuerpos. A esta cifra debe agregarse otros 321 localizados por Medicina Legal entre enero de 2005 y mayo de 2006, también en cementerios clandestinos. Un panorama que se agrava si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países de América Latina con más desaparecidos. Según Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre 1977 y junio de 2004, el número llega a 15.000.Ni la Comisión de Reparación y Reconciliación, ni la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Universidad Nacional ni Medicina Legal, tienen datos confiables al respecto. Se tengan o no informaciones confiables, lo cierto es que éste es sólo el comienzo de una verdad que apenas se empieza a destapar. Los investigadores sostienen que aún falta llegar a otros sitios donde los ex paramilitares han denunciado la ubicación de fosas, sólo que no se tiene la seguridad suficiente para ir a los lugares.La gravedad del problemaDe acuerdo con la Fiscalía, si bien hay recurso humano, faltan medios económicos y científicos para lograr la identificación de los restos encontrados. Criterio en el que están de acuerdo los integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformada por la Comisión Colombiana de



Juristas, Asfades y otras cinco entidades gubernamentales. Situación a la que se suma la falta de un banco de ADN. Tampoco hay información de los familiares de las víctimas que están apareciendo.Según la Fiscalía, para superar el problema se necesitan por lo menos 2 millones de euros. Entre tanto, la Unidad de Justicia y Paz tendrá que desembolsillar mínimo $3 millones por cada caso de identificación de víctimas. Por ahora se seguirán entregando esqueletos en custodia a la Universidad Nacional y a Medicina Legal. Una crítica situación que ya llevó a la Fiscalía a pedirle al Gobierno que dialogue con gobernadores y alcaldes para que destinen presupuesto y espacios físicos con el fin de ubicar esqueletos y restos humanos.La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR–, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y los Institutos de Antropología Forense y de Genética de la Universidad Nacional quieren avanzar hacia la consolidación de un “sistema nacional de búsqueda e identificación de personas desaparecidas”. Por eso, en asocio con la Fiscalía, la CNRR, la Procuraduría, la Defensoría y el Instituto de Medicina Legal están convocando a un seminario que se realizará el próximo 5 de julio en el auditorio del Instituto de Genética de la Universidad Nacional.Entregarán informeSe espera que durante tal evento, la Fiscalía de a conocer un informe sobre la dimensión del hallazgo de fosas encontradas y los problemas derivados de la identificación de los cuerpos. Un escenario en el que los organismos involucrados en el tema de la desaparición forzada presentarán también estudios sobre la necesidad de constituir bancos de genética, antropología forense u otras formas más sofisticadas de busqueda satelital de cementerios clandestinos.El seminario pretende conocer experiencias internacionales en materia de busca e identificación de personas desaparecidas, y por eso, además de las delegaciones institucionales y no gubernamentales, participarán expertos internacionales de reconocidos organismos como Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Equipo Peruano de Antropología Forense, la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética y Proyecto de The Missing del CICR, entre otros.No obstante, mientras llegan los días del seminario, el debate está abierto, pues si bien es cierto que los esfuerzos de la Fiscalía son incalculables, la técnica y los métodos con los cuales se están excavando las tumbas podría demorar la identificación de las víctimas. En eso están de acuerdo voceros de la Universidad Nacional y los familiares de los desaparecidos, para quienes lo primero que se debe hacer es ubicar las tumbas y luego dejarlas en custodia, porque acumular restos hace más difícil la labor de identificación.Dilemas de legistas que, por efecto del conflicto armado que aqueja al país desde hace muchos años, terminaron abordados por sociólogos, historiadores o cómo se les denomina en



Colombia, “violentólogos”. Una realidad que demuestra la dimensión de la tragedia humanitaria que vive Colombia, por estos días en evidencia en razón a que los desmovilizados del paramilitarismo están confesando sus excesos, y por eso surgen las fosas comunes donde enterraron a sus víctimas. Y eso que las guerrillas o el narcotráfico no han dicho dónde inhumaron a las suyas.

Las víctimas quieren que se investiguepor Víctimas de Crímenes de Estado Friday, Jun. 30, 2006 at 9:18 PM

El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado entrega información sobre miles de casos al Fiscal General de la Nación para combatir la impunidadEl día 29 de junio de 2006, organizaciones del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado se reunieron con el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana. En la reunión, los representantes del Movimiento de Víctimas le entregaron al Fiscal General dos detallados informes que contienen miles de casos de crímenes contra la humanidad y genocidio, cometidos por miembros de los grupos paramilitares y por agentes del Estado. Los informes entregados son: Deuda con la Humanidad, en el que están contenidos 14.476 casos comprendidos en el período 1988 – 2003; y Colombia Nunca Más, que incluye 41.407 casos del período 1966 – 1998. En ambos informes, cada uno de los hechos de ejecuciones extrajudiciales, “desapariciones” forzadas, homicidios políticos y torturas, se reseñan con los nombres de las víctimas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar; así como los presuntos autores. Igualmente, en ellos se mencionan los nombres de los bloques paramilitares implicados, y se identifican las unidades militares o de policía a las que están adscritos los agentes comprometidos en las acciones criminales. El Movimiento de Víctimas pidió al Fiscal que todos estos hechos sean debidamente esclarecidos, poniendo especial énfasis en dos líneas de investigación. En primer lugar, que se dilucide no solo la responsabilidad de los autores materiales de los crímenes, sino que se dé prioridad a la determinación de los autores intelectuales y los agentes estatales que planearon los crímenes, así como a la identificación de los beneficiarios directos e indirectos de los mismos. En esta dirección, se le pidió al Fiscal que se precise la identidad de los políticos, empresarios, ganaderos y terratenientes que dieron las órdenes a los grupos paramilitares, para que éstos cometieran masacres, desplazamientos forzados y crímenes masivos. También se le solicitó que se devele la identidad de los miembros del llamado “Grupo de los seis”, que el jefe paramilitar Carlos Castaño menciona en el libro Mi Confesión como poderosos personajes políticos que le ordenaban la ejecución de asesinatos selectivos. En segundo lugar, los representantes del Movimiento de Víctimas subrayaron al Fiscal la importancia de considerar los crímenes de los paramilitares y de los agentes estatales en forma sistemática, buscando relacionar toda la información, pasada y presente, de la



que dispone el ente investigador acerca de crímenes individuales, masacres y fosas comunes. Esto con el fin de precisar las pautas y lógicas de operación de los grupos paramilitares y los agentes estatales, y poder definir las responsabilidades de los jefes y los altos mandos en la ejecución de las acciones violentas. El Movimiento de Víctimas también expresó al Fiscal General sus preocupaciones sobre la aplicación de la Ley 975/05, llamada de “justicia y paz”. Las preguntas formuladas al Fiscal giraron en torno a afirmaciones públicas hechas por él sobre la forma en que será aplicada la ley. Así, se le preguntó si es cierto, como lo señaló en la Universidad de los Andes el 4 de abril de 2006, que utilizará la figura del principio de oportunidad de cara a los testaferros que detentan bienes de los paramilitares; si los desmovilizados podrán optar por el principio de favorabilidad con relación a la sentencia C-370 de la Corte Constitucional, y si considerará como el momento de entrada en vigencia de la Ley la fecha de la desmovilización o la del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Los delegados del Movimiento de Víctimas plantearon además las siguientes preguntas al Fiscal General de la Nación:¿Cómo está contemplada la participación plena de las víctimas durante el proceso de aplicación de la ley? ¿A partir de qué fecha se empiezan a investigar los crímenes o se aplicará el principio de la imprescriptibilidad? ¿Cuándo se hacen públicos los listados y los hechos que se van a investigar? ¿Hasta cuándo estarán suspendidas las órdenes de captura de los mandos paramilitares? ¿Qué sucede con los crímenes cometidos después del 25 de julio de 2005, fecha de adopción de la Ley 975/05, o de los crímenes sucedidos después de los actos de desmovilización? ¿Cuáles son las respuestas a los derechos de petición presentados por el Movimiento de Víctimas, donde se solicitaba información sobre el estado de las investigaciones relacionadas con 2.300 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué investigaciones cursan sobre los miembros del llamado “Grupo de los Seis” descrito por Carlos Castaño como los promotores del paramilitarismo? ¿Qué investigaciones cursan en la Fiscalía contra miembros de la Fuerza Pública relacionadas con acciones de connivencia, complicidad, aquiescencia, tolerancia y promoción de actuaciones de tipo paramilitar? ¿Qué acciones ha tomado o tomará la Fiscalía frente a las estructuras paramilitares que no se han desmovilizado? ¿Qué acciones ha tomado o tomará la Fiscalía frente a las estructuras paramilitares que participaron del proceso de desmovilización, pero siguen actuando con nuevos nombres?¿Cuál es la actuación de la Fiscalía frente a las fosas comunes? ¿Cuál es el mecanismo que implementará la Fiscalía para la devolución y restitución de tierras y otros bienes a las víctimas sin que sea necesario que las víctimas sean los encargados de probar su propiedad, como lo establece el decreto reglamentario de la Ley 975/05?



Comité de Impulso, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

En el 2005 fueron desplazadas un promedio de 850 personas por día en Colombia.Enviado el Tuesday, 20 June a las por misu Por CODHESInforme de CODHES sobre desplazamiento – 2005- CODHES, junio 15 de 2006. Un total de 310.387 personas fueron desplazadas en Colombia durante el año pasado, reveló el informe anual de CODHES.

“La cifra indica que en el país se presentaron un promedio de 850 personas desplazadas diariamente durante el 2005. El presidente de CODHES, Marcos Romero, indicó que sigue una tendencia al alza del 8% en los desplazamientos. Desde enero a marzo de 2006, 52 mil personas fueron desplazadas.CODHES indica que los factores de desplazamiento son la intensificación de la confrontación armada mediante la disputa territorial de los actores en conflicto, las operaciones contrainsurgentes, las acciones de grupos irregulares, imposición en territorios de megaproyectos energéticos y agrícolas además de las acciones antinarcóticos.

Para la adecuada atención a la población desplazada por parte del Estado y ya que el gobierno admite no tener recursos para hacerlo, CODHES propuso la puesta en marcha de un tributo de carácter redistributivo pagado por los más beneficiados con la concentración del ingreso en los últimos 10 años, así como avanzar en las políticas de reparación con las tierras incautadas a los grupos ilegales.

Durante el gobierno de Uribe se ha mantenido la tendencia de desplazamiento que se registró en el gobierno de Pastrana. Según CODHES, entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2005, un total aproximado de un millón 11 mil 270 personas fueron desplazadas. Mientras en el periodo comprendido entre el 1 de enero de1999 y el 7 de agosto el desplazamiento afectó a un millón 151 mil 495 personas. Se destaca igualmente el control de zonas estratégicas para el tráfico de estupefacientes y precursores químicos.

Romero agregó que Colombia se encuentra ante un fenómeno estructural que emerge como una de las peores crisis humanitarias del mundo y que tiende a prolongarse en la medida en que persisten las formas de violencia que han caracterizado la contienda armada en el país, se mantiene el desconocimiento y la desprotección de las víctimas y se asegura la impunidad para los victimarios.



El presidente de CODHES dijo que negar tanto el conflicto interno como el desplazamiento no resuelve los problemas y, en cambio obstaculiza los derechos de la sociedad y las víctimas a la justicia, reparación y verdad.Crisis, del campo a la ciudad

Los centros urbanos reciben cerca del 40% de la población desplazada. Se debe tener en cuenta esta variable a la hora de discutir la elaboración e implementación de herramientas y mecanismos de atención adecuada y oportuna a la población desplazada, enfatizó Romero.

CODHES estima que en Bogotá fueron desplazadas 593 mil 476 personas. Esta situación incrementa la crisis sostenida del déficit estatal en reparación y restitución a la población en situación de desplazamiento, y el déficit de atención gubernamental, cuyo resultado es un progresivo agravamiento de las condiciones de vida.

Durante el 2005 las ciudades que más recibieron a personas en situación de desplazamiento fueron, Bogotá, Cali, Medellín y las siete capitales de la costa caribe, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Montería, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo.

Además de desplazamientos internos hay un flujo de población que ante la inseguridad y la violencia sale del país en busca de refugio. Durante el 2005 se registró un incremento de estos flujos migratorios transfronterizos. Ecuador sigue siendo el principal receptor de refugiados, aunque en Venezuela tiende a crecer el número de colombianos asentados en su territorio en calidad de solicitantes de asilo.

¿Y donde está el dinero?

El gobierno admite que se requieren 5.2 billones de pesos para atender las órdenes de la Cote Constitucional en la Sentencia T-025 para una atención integral a los desplazados. También admite que no hay de donde sacar esos dineros para atender esta crisis porque el Estado no cuenta con la capacidad fiscal para atender sus responsabilidades con esta población.

Las asignaciones para atender a la población en situación de desplazamiento suman hasta el momento 1.3 billones de pesos sumando las vigencias de 2005 y 2006. Se prevé que la apropiación y ejecución de los restantes 3.97 billones de pesos serían diferidos entre las vigencias fiscales de 2007 a 2010.

Todo este ejercicio se está pensando para un país en posconflicto, un país sin guerra y sin más personas desplazadas y ese no es el caso de Colombia.

CODHES propone el desarrollo de una tributación progresiva con carácter redistributivo que permita financiar la política con



recursos aportados por los sectores que se han beneficiado de la concentración del ingreso en los últimos 10 años en Colombia.

Igualmente se debe avanzar en procesos de reparación basados en la devolución de los bienes usurpados por los grupos ilegales y mediante una intervención al latifundio que permita dotar al campesinado de sistemas productivos sostenibles.

Finalmente y mediante la transformación de los instrumentos de la política, que se basan en la cofinanciación de la ayuda humanitaria por parte de las víctimas. Sin una política redistributiva es imposible desarrollar acciones de reparación y de solidaridad efectiva.

¿Justicia y paz?

El Congreso de Colombia creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, que en la actualidad se encuentra desarrollando una etapa básica de exploración que en el tema de la reparación se traduce en identificar la pluralidad de las expectativas que se han suscitado en el conjunto de víctimas, para con la información que se recabe diseñar la política de reparación más adecuada.

Frente al proceso de reparación la Comisión ha sido reiterativa en sus manifestaciones públicas al afirmar que el compromiso que se va a establecer con las víctimas del conflicto en Colombia, no debe ser un compromiso del Estado sino de todo el pueblo colombiano.

Esto se traduce más que en la búsqueda de un sentimiento de solidaridad, en la liberación de las responsabilidades que al Estado le son propias."

Transcribo un artículo de ciudadanos preocupados por un fraude anunciado, que en este documento denunciamos.

Señores Editorial de El Tiempo: Sí vamos a esclarecer hasta el fin, es necesario tocar fondo, ¿ cómo vamos a lograrlo ?, en principio, no tengamos miedo a impedir la reelección de Álvaro Uribe Vélez, porque para su propuesta autoritaria ha sido necesaria la inversión de valores Mancusso ha tenido más publicidad y portadas que Carlos Gaviria Díaz, a la propuesta retardataria le es inherente la impunidad y el fraude informático que pone a la gente a repetir como loros mentiras, falacias, equivocaciones y lo más grave los induce a institucionalizar las atrocidades. Las acusaciones y faltas comprobadas de violación a derechos y garantías fundamentales cometidas por Álvaro Uribe Vélez, en el DAS, JAMUNDÍ, JAIME GÓMEZ, LA INCONSTITUCIONAL EXPROPIACIÓN DE VIVIENDA, EN LOS



COMICIOS DEL 2002 y muchos crímenes donde como primer mandatario y jefe máximo de las fuerzas armadas tiene compromiso, lo obligan a responder por todas las atrocidades ocurridas durante estos 4 años; sucesivos actos de terrorismo de Estado y terrorismo económico deslegitiman su reelección. Por esta y por muchas razones la expedición de su credencial será demorada y no se puede descartar que las impugnaciones presentadas y las que se radicarán dentro de estos 20 días, tengan incidencia en el impedimento de la repetición de mandato, porque se predefinieron los porcentajes que deben ser resultados matemáticos en los boletines de la registraduría del mismo 28 de mayo de 2006 y se utilizaron principalmente 62 % para Álvaro Uribe Vélez y 22 % para Carlos Gaviria Díaz, este despropósito generó una alteración total y corrupción electrónica de los resultados electorales de ese día. No podemos subestimar la crítica que se le ha hecho al cinismo, al abuso del poder y a la insensibilidad de Álvaro Uribe Vélez, al respecto Carlos Gaviria Díaz, expresó en la Plaza de Bolivar "nunca había sido mas claro el dilema para el pueblo, o prolongar una propuesta autoritaria y retardataria o construir una sociedad democrática donde se eliminen la iniquidades vergonzosas que hoy signan a Colombia", porque durante estos 4 años hasta en la plaza pública, se han puesto en evidencia las atrocidades y falacias con las trabaja, trabaja y trabaja, en consecuencia, será ejemplar para la humanidad, nó solo para Colombia; esencia y específicamente para el Periódico El Tiempo esta sanción será trascendental, porque en la medida que se distancien de él, así tengan de la familia el Vicepresidente, será todavía más exigente la independencia y necesidad de El Tiempo de no cohonestar lo inexplicable ni lo aberrante ni lo inhumano ni las iniquidades vergonzosas. De todos modos, el juicio que se le ha estado implementando a Álvaro Uribe Vélez, es análogo al de Pinochet y será similar al de Hoffa, en USA, este último se creía elegido pero sus nexos con personajes oscuros y hechos delictivos no permitieron su oscura intención y tampoco podrán frenar la investigación que se le está haciendo para la correspondiente extinción de domino de sus bienes, estudio y análisis derivado fundamentalmente por el grave deterioro de la moral social que Álvaro Uribe Vélez engendra con su propuesta autoritaria y retardataria. Alejandro Baquero Nariño c.c. 19'224.046 de Bogotácarrera 13 # 14 – 45 sur Bogotá D.C.

12 de Junio de 2006



EDITORIALEsclarecer hasta el finNo se hizo esperar la primera repercusión internacional de los recientes escándalos en el Ejército. Hace unos días, el comité de apropiaciones del Senado de Estados Unidos congeló la entrega de 30 millones de dólares de ayuda militar, ante eventos tan graves como la matanza de diez policías y un civil a manos de militares en Jamundí y las 24 personas presentadas como guerrilleros muertos en combate por la IV Brigada en Antioquia, mientras los familiares alegan que se trata de civiles inocentes.Días después, la Cámara se negó a congelar otros 30 millones de dólares, como querían algunos demócratas. Pero es significativo que escándalos en el Ejército colombiano desaten estos debates en el Congreso de Estados Unidos. Y no solo allí. La Unión Europea manifestó su preocupación por la infiltración del narcotráfico en instancias militares y su posible repercusión en el resto del Gobierno. Y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió al Procurador investigar, además de lo de Antioquia, otros 22 eventos sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en siete departamentos.Es apenas lógico que una barbarie como la de Jamundí cause tremendo impacto en el exterior. Se trata del más grave y aberrante caso de corrupción y brutalidad protagonizado por miembros de las Fuerzas Armadas en mucho tiempo. Frente al cual, la actitud inicialmente vacilante y defensiva del alto mando sembró desconcierto y dudas en la ciudadanía. Además, se han ido conociendo detalles desconcertantes, como que el coronel que comandaba la unidad que mató a los policías habría ascendido por ‘palanca’ y ya tenía otras manchas en su hoja de vida. A lo de Jamundí se suma lo de la IV Brigada en Antioquia y otros departamentos. Además de denuncias, avaladas por organismos del Estado o hechas a la ONU, sobre numerosos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, está el escandaloso y flagrante del secuestro de un comerciante de Medellín por soldados de la IV Brigada. Hay investigaciones, de la justicia ordinaria y la militar, por estos hechos, y soldados y oficiales detenidos por el secuestro, pero la actitud evasiva del comandante de la IV Brigada y el mutismo del Ministro de Defensa sobre este último caso no contribuyen a reforzar la confianza ciudadana. El país –y la opinión internacional– está pendiente de las investigaciones, en las que se juegan su prestigio la Fiscalía, la justicia penal militar (ya muy desacreditada) y las propias Fuerzas Militares. Este será tema seguro de las reuniones del presidente Uribe con George W. Bush y con Condoleeza Rice en Washington, el miércoles. Se trata, en fin, de episodios que deben ser esclarecidos hasta el fin. Para bien de la imagen de las Fuerzas Militares y de la credibilidad del gobierno de Uribe y su política de seguridad democrática. Ocultar la verdad sería demasiado grave. No puede



haber más Guaitarillas, ni deben repetirse magnicidios impunes como el de Álvaro Gómez Hurtado. Deben ser identificados y sancionados de manera ejemplar todos los responsables. De coronel para abajo, o para arriba.Es verdad que elementos desviados de las Fuerzas Militares –las ‘manzanas podridas’– no deben contaminar la reputación de los cuerpos castrenses, que a diario se sacrifican en defensa de las instituciones y cuentan con la simpatía y confianza de la mayoría de los colombianos. Pero no es menos cierto que la repetición de esta clase de sórdidos episodios puede ir minando esa confianza; que la actitud del alto mando ante los mismos deja mucho que desear, y que un mal entendido y malsano espíritu de cuerpo suele imponerse sobre la actitud de transparencia, autocrítica y depuración que debería primar en la cúpula militar ante sucesos que sacuden sus propios cimientos.

“Con fraude electoral ganó Uribe Vélez en el 2002Análisis Uribe Vélez, [2002- ] presidente de Colombia, financiado por paracos y narcos "Para las elecciones presidenciales también se gestó el mismo fraude para garantizar la votación por el candidato Álvaro Uribe. Fue por eso que el doctor Uribe en el único departamento de la Costa en que ganó fue en Magdalena (norte). Se le aportaron aproximadamente 300.000 votos", dijo Rafael García, ex jefe de informática en su denuncia ante la Fiscalía, en la que confiesa haber participado en el ilícito. [Agencias (Aporrea)]

El ex director de informática del servicio secreto colombiano Rafael García denunció ante la Fiscalía que en las elecciones presidenciales de 2002, los paramilitares en asociación con el ex jefe de ese despacho y actual cónsul en Milán, Jorge Noguera, gestaron un fraude para favorecer al presidente Álvaro Uribe.Las revelaciones sobre el supuesto fraude fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía e involucran a varias personalidades del actual gobierno, que según García tuvieron el apoyo del temido jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", para que Uribe obtuviera la mayoría en la región de donde es originario Noguera, reseñó la revista "Cambio" en su edición que inició a circular este lunes. "Para las elecciones presidenciales también se gestó el mismo fraude para garantizar la votación por el candidato Álvaro Uribe. Fue por eso que el doctor Uribe en el único departamento de la Costa en que ganó fue en Magdalena (norte). Se le aportaron aproximadamente 300.000 votos", dijo el ex jefe de informática en su denuncia ante la Fiscalía, en la que confiesa haber participado en el ilícito.Asimismo, indicó que entre las personas que tenían conocimiento de las presiones de los paramilitares y el fraude electoral están Noguera (director de la campaña en Magdalena), Martha Romero



(encargada del control electoral y actual subdirectora de Estupefacientes), Juan Vives (director de la campaña en el Caribe).García señaló que en algunas ocasiones seis candidatos al Congreso que fueron respaldados por los paramilitares se reunieron con "Jorge 40" en la sede de la campaña de Uribe en la región Magdalena.La Fiscalía le preguntó a García si el mandatario colombiano tenía conocimiento del fraude que se gestó en esa región y contestó que "la verdad quien hablaba con el candidato era Jorge Noguera y no sé qué tanto podría estar informado el presidente Uribe".Asimismo, reveló que dada la estrecha relación entre el actual cónsul en Milán y el jefe paramilitar, gran parte de los contratos que hacía el DAS en la zona iban parar a manos de amigos de los ultraderechistas e incluso Noguera le entregó una lista con los nombres de sindicalistas, dirigentes comunitarios y de izquierda que luego fueron asesinados."Cuando averigüé la forma como la información se llegaba al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en inteligencia (del DAS) me dijeron que era entregada por el director Jorge Noguera a 'Jorge 40'", añadió.Interrogado telefónicamente por RCN Radio, el cónsul en Milán negó las denuncias de su cercanía con grupos paramilitares, aunque admitió haberse reunido con algunos de los comandantes de esos escuadrones en misiones "institucionales" de su anterior cargo.Un testigo en el caso del asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson señaló que detrás del plan para matarlo también estuvieron Noguera y el jefe paramilitar "Jorge 40", requerido en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.En octubre de 2005 Uribe separó de su cargo al director y subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por los escándalos sobre vínculos con paramilitares, a quienes les vendían información confidencial. García es acusado por presuntamente haber borrado de la oficina de informática de la entidad órdenes de extradición de narcotraficantes y jefes paramilitares requeridos en extradición por Estados Unidos.Los paramilitares colombianos mantienen negociaciones de paz con el gobierno colombiano desde el 1 de julio de 2004.”

MagistradoREINALDO CHAVARRO BURITICÁCONSEJO DE ESTADO

ref. EXPEDIENTE 2952

Derecho de petición: “ADJUNTAR AL EXPEDIENTE No. 2952, LA RESOLUCIÓN NO. 4318 DE 2002 DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PIDO SU NULIDAD. INTERVENCIÓN DE FISCALES DELEGADOS EN LO PENAL ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.



Honorable Magistrado, agotada la vía gubernativa, acudo al Consejo de Estado, para frenar toda una cadena de fallas del proceso electoral, que en comicios presidenciales, han sucedido a partir del 26 de mayo de 2002; hasta el 26 de junio de 2002, recibí la resolución del CNE, que declara: VOTACIÓN TOTAL DE LA PRIMERA VUELTA PARA ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, ELECTO PRESIDENTE A ALVARO URIBE VÉLEZ, Y VICEPRESIDENTE FRANCISCO SANTOS CALDERÓN.

Antes del 26 de mayo de 2002 de Álvaro Uribe, se produjo una elección anticipada por lo que se llamó “una gran encuesta”; la Embajadora de los Estados Unidos de América el mismo 26 de mayo de 2002 por la visita a la sede del candidato viola el protocolo y posteriormente por el Registrador Iván Duque Escobar aproximadamente a las 6 p.m., 26 de mayo de 2002.

Con el contundente resultado, limitaron la vía gubernativa, evitaron la presentación de reclamaciones; el apabullante atropello informático, acude a la desinformación cómplice, principalmente de los medios CARACOL, RCN, EL TIEMPO, REVISTA SEMANA, denunciados por fraude procesal.

Pido intervención de FISCALES DELEGADOS EN LO PENAL ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con relación a los presuntos fraudes procesal, al sufragante e informático denunciados. En las elecciones presidenciales, la vía gubernativa fue agotada con el estruendoso resultado, que no por ser eso, lo haga legítimo, legal o constitucional; el escrutinio está totalmente silenciado por la contratación “OUTSOURCING”, consumando el fraude informático, así, fueron vulnerados y se desconocieron principios constitucionales; hemos estado sustentando de manera objetiva, ayudados de la investigación sociojurídica que se violó el debido proceso; el sistema electoral, en esencia, está contaminado de manipulaciones, desde los comicios parlamentarios quedaron ampliamente demostradas las transgresiones porque evidenciamos inocultables fallas y delitos, pero no hubo correctivos en los presidenciales.”

ALEJANDRO BAQUERO NARIÑOc.c. 19’224.046 de Bogotá D.C.

COMUNICADO

PARA: Opinión pública, medios de comunicación, funcionarios.

ASUNTO: Información de la situación actual de la Organización Electoral-Registraduría nacional del estado civil.

Si bien es cierto, las actividades decembrinas producen en todos nosotros la sensación de adormecimiento propio de estas festividades, no es menos cierto que la situación critica que



atraviesa la Registraduría Nacional, cada día es peor y debe ser conocida por todos los estamentos del país, razón por la cual es necesario presentar a ustedes esta información que, a su vez se constituya en la denuncia pública de serias irregularidades administrativas que ponen en entredicho la función, el servicio y la transparencia del organismo electoral, que ya se encuentra adelantando los procesos previos a las elecciones del año 2002 .

En primer lugar, son francamente catastróficos los resultados que ha dejado la aplicación de la reestructuración administrativa en la entidad, por la ausencia total de estudios serios de las verdaderas necesidades de personal y porque los procedimientos adoptados por la administración de la Registraduría se han convertido en la llave de la politiquería y el clientelismo mas descarado. Se despidió al personal mas capacitado, al que tenia la experiencia, para dar paso a que los niños de varios colegios asumieran el manejo del material de archivos de identificación, en cumplimiento de un servicio social; además de contratar personal de dactiloscopia de afuera y sin ninguna experiencia, esto en una primera fase, la cual será complementada en este fin de año, con el despido de cientos de funcionarios mas, muchos de ellos registradores municipales, que llevan al frente de las funciones electorales muchos años y cuyo manejo de estos temas y sus conocimientos son imprescindibles para el éxito de estos procesos y cuyas vacantes serán llenadas por las cuotas de los caciques y politiqueros regionales, por instrucciones precisas del Gerente del talento humano y de los delegados departamentales, quienes llaman a sus jefes de partido para pedir las ternas de nuevos funcionarios para llenar las provisionalidades, atropellando los derechos de quienes pueden aspirar a ser reincorporados a estos cargos y lo que es peor, entregando el manejo de las registradurías a intereses claramente electoreros, poniendo en alto riesgo la claridad de las votaciones.

Da pena, observar como el ciudadano común, tiene que someterse a la inclemencia del cansancio y del clima en interminables colas, para que le solucionen uno de los miles de problemas que se le presentan con su identificación, problemas que no son mas que el producto de la incapacidad , la ineficiencia y al indolencia de la actual administración, que sumadas a la ineficacia de los controles del estado en la contratación han permitido, el despilfarro de miles de millones de pesos en la fracasada modernización de la identificación de los colombianos, que lo único que ha dado como resultado es......

Ahora bien, se ha puesto de moda por estos días el tema de las elecciones, las del año próximo, que eligen el Congreso de República y Presidente de los colombianos; en esta ocasión, con infinidad de cuestionamientos hacia la Registraduría Nacional, bien por las irregularidades presentadas en los pasados procesos electorales en varios departamentos, bien por los informes del contralor general respecto de las fallas en el censo electoral, demora y errores en la expedición de cédulas de ciudadanía,



despilfarro en las contrataciones de impresión y distribución de documentos electorales, etc., etc. Esto, para no hablar de las inscripciones de cédulas para las elecciones, que solo se realizan en las cabeceras de municipio, vulnerando el acceso a la democracia, la falta de formularios de inscripción en varios municipios del país, en fin un mal comienzo para unos procesos electorales de esta trascendencia.

Mientras el institución se consume en la crisis el Registrador Nacional, se dedica a señalar temerariamente y de forma calumniante a los funcionarios de la Entidad, acusándolos de “mafiosos” y responsabilizándolos de las graves fallas en la prestación del servicio, declaraciones estas que rechazamos de plano por considerarlas atentatorias contra la honra y la integridad moral y física de los trabajadores.

La organización sindical, fiel a sus principios en defensa de la Institución y los derechos de los trabajadores y de los colombianos continuara vigilante en todos estos procesos y hace un llamado a todos los estamentos e instituciones del país para que se pronuncien sobre esta situación coadyuvando a la solución de esta crisis, como garantía de la democracia en Colombia.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE SINTRAREGINAL

Internacionalmente el fraude se ha denunciado desde los comicios de marzo de 2002, ante Miembros del Partido Demócrata:

ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO, “SOLICITO COLABORACIÓN DEL PARTIDO DEMÓCRATA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL SOBRE EL FRAUDE ELECTORAL ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO.

LA GRAN ESTAFA, se implementa para impedir la democracia, se gesta desde las encuestas degenerando el resultado de las elecciones. El FRAUDE ELECTORAL NACE EN LOS COMPUTADORES DE EMPRESAS "OUTSOURCING", ES ELECTRÓNICO Y FINALMENTE ES INFORMÁTICO. El colmo de la privatización ocurre en empresas privadas de contratación externa que manejan los resultados electorales.

Se manipulan los medios con el fraude electrónico y finalmente la información sale distorsionada, las determinaciones amañadas van creando la expectativa para que la desinformación se implemente meses antes de las elecciones, mediante resultados virtuales en los computadores de las empresas "outsourcing"; en



la etapa postelectoral se hacen coincidir los resultados, pero lo más sutil es que los contrincantes supuestamente derrotados, acepten el resultado, quienes al no pelear la segunda vuelta eligen a los causantes del fraude quienes además son generadores de grave deterioro de la moral social.”

ALEJANDRO BAQUERO NARIÑOArquitectohttp://alejandrobaquero.tripod.com.co

La reelección de Uribe Vélez, por las armas y el fraude electoral, según Alberto Pinzón Sánchez, Médico y Antropólogo, participó en la Comisión de los Notables en el pasado Proceso de Paz en Colombia, 5 de agosto de 2005

“Uribe Vélez Colombia no ha capitulado ante la mafia como lo dijo el tan mentado editorial del New York Times de hace unos días. Simplemente la clase dominante y dirigente colombiana, ha tenido que aceptar mediante leyes formales y “de papel” como acertadamente lo dice el Sr Embajador Word, el hecho cumplido en la realidad de que la “fracción gangsteril” de la Oligarquía Financiera y Latifundista Transnacionalizada, llamada con sorna por los cachacos bogotanos la oligarquía Romo-Sinuana, y que amasó su fortuna con el la tierra y la sangre, producidos por el narcotráfico y la guerra preventiva contrainsurgente, generosamente financiada por el Pentágono norteamericano desde hace mas de 40 años en nuestro país: Ha capturado la dirección del Estado y del gobierno para consolidar el Fascismo en Colombia.Esa es la claudicación de las instituciones o Estado fallido (failure State) a que se refieren los opinadores y pensadores Norteamericanos , y que algunos comentaristas colombianos talvez de buena fe y sin ver el fondo del problema, trivializan burlándose, no del poncho, ni del sombrero trenzado, tampoco del carriel que se confunde con el buche de sus representantes; sino del frac (de once varas) vestido por el Miniführer Uribe Vélez en su visita la semana pasada al rey de España:-¡Que fracaso, le dice irónicamente el diplomático lagarto señalándole las solapas redundantes al disfraz presidencial. A lo que “el Elegido” rápidamente responde como en cualquier reality show comunal: - Y es de-sastre nacional.

Fracaso y Desastre nacionales: Dos palabras que ya nadie después de las cifras aportadas por la propia oficia de estadística de la presidencia (DANE) se atreve a contradecir: Ni siquiera Armando Montenegro, el cerebrito planificador de la economía de Cesar Gaviria (El Espectador 17, 07, 05). O el dueño de la bolsa de Bogotá, el influyente financista Caballero Argaez. (El Tiempo 9 de junio 2005), quien prudentemente dice entre líneas lo siguiente: “Así las cosas, la perspectiva colombiana se hace cada día más dependiente de la confianza interna y externa -que pende del hilo

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de la reelección, de los sucesos políticos de América Latina -una crisis en Brasil nos puede embromar porque los inversionistas en el exterior ligan fuertemente los dos países, y de los eventos mundiales. Pero el equilibrio actual es inestable. La inconstitucionalidad de la reelección podría echarlo por la borda, lo mismo que los avatares del presidente Lula o la extrema volatilidad de los mercados financieros internacionales”. Entonces la respuesta de palacio presidencial, no se hace esperar: “Ante la incertidumbre, aparecen salidas que suenan desesperadas, como la que planteó recientemente Héctor Echeverri Correa, hermano del consejero presidencial Fabio, y uno de los que estuvo al frente de impulsar la reelección de Uribe por vía popular. “Si la reelección no pasa en la Corte, hay que elegir a Uribe como presidente vitalicio. Es indispensable para el país y yo no veo, hoy ni a futuro, un sucesor. Está en juego la viabilidad de Colombia y si se quiere, después de cumplida la tarea, puede renunciar” (Hugo García Segura El Espectador julio10, 05). Ya no hay chiste mediático. Simplemente se deja flotar en la opinión pública como una muestra de que no se está jugando a la pisigaña.

Pero no es sólo eso. Las altas autoridades electorales de Colombia en manos de Alma Beatriz Rengifo y Roberto Bornacelli, reconocidos samperistas quienes cumpliendo con el pacto Samper- Cesar Gaviria para salvar el régimen del Miniführer Uribe Vélez, gritan sin temor en el diario ultra-conservador El Nuevo Siglo (17, julio, 05) lo que se avecina:“En la actualidad estamos buscando controlar el tema de las suplantaciones, que fue el que generó el fraude de 2002. Si tuviéramos la unificación del documento de identidad de todos los colombianos, como es el propósito, se podría evitar este problema, ya que se acabaría con el lío de personas que tienen más de una cédula. no necesitamos más mecanismos legislativos. Es indudable que en el país tenemos la cultura del fraude, pero para hacerle frente tenemos que aplicar los controles existentes, además de mayor capacitación a quienes hacen parte del proceso. El tema del control de las huellas es indispensable y esperamos que en un tiempo éste se aplique a cada ciudadano en el momento de la votación para evitar las suplantaciones. Además, venimos trabajando de la mano con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, con el fin de fortalecer los mecanismos que permitan frenar esta cultura del fraude”. Dice la destemplada Alma Beatriz.

Y Bornacelli a renglón seguido lo ratifica con esta verdad de a puño: “Evitar fraude es materialmente imposible. Los delitos electorales son delitos menores, como se llaman ahora, delitos bagatelas. ¿Cómo se explica uno que el Consejo de Estado haya declarado la nulidad de 5.500 mesas en las últimas elecciones, cuando estos fraudes se cometen necesariamente de manera inobjetable con el concurso de los jurados y no hay uno solo preso?. Los jurados son puestos por los políticos en cada una de la



regiones y saben que tienen garantizado el fraude a través de ellos y no va a pasar nada”.Y para demostrarlo basta con este ejemplo: El aparato electoral acaba de declarar nula la elección de la senadora Piedad Córdoba, reconocida opositora liberal al actual Gobierno y a la ley de perdón y olvido Paramilitar, quitándole un alfil a la campaña presidencial de Horacio Serpa (ya de por si paralizado por el pacto Samper-Cesar Gaviria), para reemplazarla por el Turbayista de la patria nueva, Tito Rueda Guarín, viejo conocido de autos en los ferrocarriles nacionales, la dirección del Senado y sobre todo en el Magdalena Medio.

Todo parece indicar que ni la misión del ex presidente de los EEUU Jimy Carter podrá controlar el monumental fraude electoral anunciado en Colombia: ¿Cómo podrían entonces ayudar Zapatero interesado en los intereses del Banco Bilbao Vizcaya, o Blair en los de la British Petroleum Co?En consecuencia, Cesar Gaviria convertido en Washington desde el año pasado en el “manager del Uribismo”, a quien el desinteresado agente Caramanga nombrado cuando él era aún el secretario general de esa organización, para que le “muñequiara” la situación en el Ralito y pudiera pasar de agache, dando la sensación de independencia en la polarización mediática que viene realizando con Uribe Vélez; solo le quedan dos posibilidades políticas reales:

Una, la corte constitucional infiltrarla con los Paramilitares como lo acaba de denunciar públicamente el magistrado Rodrigo Escobar Gil y amedrentada con la motosierra, vota la reelección inmediata, en cuyo caso Gaviria pone a Serpa de candidato a la presidencia para que el Miniführer se luzca desde ya, propinándole la derrota definitiva a la antigua aspiración serpista de ser el presidente de Colombia.Y otra, la corte confirma que según la constitución puede haber reelección no inmediata y entonces todos los caminos conducen al reciente director Liberal y ex secretario de la OEA Cesar Gaviria; como única persona capaz de aglutinar a toda la clase dominante colombiana y obtener el visto bueno de Washington para sostener el llamado “régimen de la seguridad democrática” sin Uribe, recogiendo bajo su ala protectora a todos los acólitos seguidores suyos que están lanzando con encuestas y a los gritos, sus “democráticas” aspiraciones presidenciales prematuras. Ya me parecía extraño que el Alter Ego del Miniführer Uribe Vélez, el senador Pardo Rueda (valga decir La embajada Americana); se le separara así nomás. Eureka: ¡El uribismo sin Uribe, es decir el neo-gavirismo, que está promoviendo el conocido glotón desde el diario oficial El Tiempo!.

Así las cosas; el conflicto histórico social armado que se desarrolla desde hace mas de 4 décadas, tal y como quedó comprobado en los casos recientes del congresista asesinado en Manizales, el diputado en el Ralito, y de los concejales en el Caquetá y Huila: El conflicto histórico social armado que se desarrolla desde hace mas



de 4 décadas, se despeña sin que se pueda evitar hacia una fase de mayor agudización ahora sí, de Proselitismo Armado, dejando al desnudo su centro de gravitación (ahora si también) en lo que suceda dentro de Colombia.”

No podemos aceptar la incapacidad e irresponsabilidad de la Registradora Almabeatriz Rengifo López, con disculpas donde se acepta el fraude para el 2006 y dice que posiblemente en el 2007, se evite ¡ que tal esta ! al responder a un periodista de El Tiempo, la pregunta:“¿Qué se puede hacer para evitar el fraude?

La solución será la nueva cédula. Cuando todos los colombianos tengan el nuevo documento, se podrá garantizar la transparencia electoral por que la verificación de la identidad se hará a través de la huella dactilar y por ello no podrá haber suplantaciones y nadie podrá votar más de una vez.

¿Habrá nueva cédula para las elecciones del 2006?

Desde el 20 de diciembre nos asignaron los recursos para la modernización del sistema de identificación, pero no la han desembolsado. Son 130 millones de dólares de vigencias futuras hasta el 2009. Si logramos adjudicar el contrato durante este primer semestre, estaríamos entregando las cédulas a finales del 2007. ¿Cuándo se podrá contar con el voto electrónico? Primero tenemos que hacer unas pruebas para que el Estado completo -Gobierno, partidos, candidatos y academia- escoja el sistema de votación electrónica que consulte las necesidades del país, porque el software que tenga esa máquina tiene que darnos la absoluta seguridad que nuestra decisión electoral va a ser respetada. Si queremos algo que no sea un fracaso, no podremos antes del 2006 y además, tampoco tenemos plata”.

“La oposición calla ante revelaciones contra el DAS Antonio Guillermo García Danglades¿Cuánta basura ha publicado la oposición en sus diarios y pantallas de televisión contra el testigo de la fiscalía, Geovanny Vásquez, por haber acusado a personalidades ligadas a medios de comunicación de participar en el asesinato de Danilo Anderson?¿Cuántos editoriales se han escrito? ¿Cuántos artículos de opinión, reportajes y entrevistas se han publicado? ¿Cuántos titulares, notas de prensa y avances de última hora se han transmitido para desmentir las revelaciones de Vásquez y desacreditar la labor del fiscal Isaías Rodríguez?Geovanny Vásquez ha confesado ser la persona que introdujo el explosivo que se utilizó en el asesinato de Anderson, y que tras el abominable crimen están involucrados el ex director del DAS, Jorge Noguera, quien habría facilitado la salida de explosivos para Venezuela, y el jefe paramilitar conocido como Jorge 40, quien



habría planificado el asesinato en reuniones celebradas con personalidades de la extrema derecha venezolana.Inmediatamente, la oposición y sus medios monopolizaron la información y opinión referentes al asesinato de Anderson con el objeto de crear una matriz de opinión contra el testigo Vásquez que permitiera desacreditar las investigaciones de la fiscalía y de esta manera exculpar a los presuntos autores intelectuales así como desviar las investigaciones que presumen una conspiración internacional contra el gobierno del presidente Chávez.Sin embargo, cuando el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, confirma en extensa entrevista con la revista colombiana Semana (1 de Abril, 2006), las declaraciones de Vásquez, la oposición y sus medios sumergen la cabeza y guardan un escandaloso silencio que los hacen tácitamente cómplices de terrorismo, asesinato y conspiración.Las denuncias de Rafael García sobre la infiltración del DAS por paramilitares y narcotraficantes se ha convertido en el "escándalo mas grave que ha vivido Colombia." García responsabiliza al propio Noguera de haber participado en el complot contra el presidente Chávez y de realizar reuniones con altos funcionarios del gobierno de Uribe y paramilitares colombianos con el objeto de planificar el asesinato de diversas personalidades del acontecer político nacional y así desestabilizar al gobierno de Venezuela. De igual manera, García acusa al DAS de perpetrar un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2002 mediante la compra de registros electorales en cuatro departamentos, y de borrar de la base de datos del DAS los expedientes de criminales y narcotraficantes vinculados a los paramilitares. Asimismo, García revela la existencia de una "lista negra" de sindicalistas y académicos progresistas elaborada por el DAS y entregada a grupos paramilitares para que ejecutaran sus asesinatos.Para la revista Semana, "son abundantes los indicios de una toma criminal del organismo de inteligencia más importante de Colombia… [si bien] es cierto que García no es ninguna pera en dulce... no deslegitima la magnitud de sus acusaciones, sobre todo cuando varias ya han sido comprobadas." Al contrario, la oposición y sus medios en Venezuela han asumido las declaraciones de Jorge Noguera y el DAS como una verdad absoluta e inapelable.¿Que dirán ahora; que García es un mitómano; que su título profesional es falso; que nunca trabajó en el DAS?¿Cómo van a desmentir los serios señalamientos contra el DAS, que la involucran con la oposición golpista en el asesinato de Danilo Anderson?”

2.- INTROMISIÓN EN PROCESOS INTERNOS, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO COLOMBIANO.

El derecho a la autodeterminación, también conocido como derecho de libre determinación es un derecho contemplado en el artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que expresa que "todos los pueblos tienen el



derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural".

Organizaciones del gobierno de Estados Unidos en clara ingerencia en los asuntos internos se han involucrado en el diseño de la política electoral de Colombia. Es el caso del Instituto Nacional Demócrata NDI, USAID y otras fundaciones asociadas, mediante organizaciones subsidiarias nacionales, prestaron “asistencia” como lo han hecho hegemónicamente en otros países, obedeciendo a la estrategia norteamericana de imponer una “democracia de baja intensidad”, elaboran las reformas electorales útiles para sus intereses, los intereses foráneos de dominación; este diseño institucional sigue siendo una de las razones que explican los recurrentes escándalos de fraude a favor de políticos afines a los intereses norteamericanos, agentes nacionales al servicio de Estados Unidos enquistados en la política, modelo aplicado en los diferentes procesos electorales de países dominados, donde estas organizaciones se entrometen, aunque hablan de “la transparencia y la rendición de cuentas”

Agencias del gobierno estadounidense “forman” dirigentes políticos, que sobornados chantajeados, amenazados o comprados, actúan eficientemente para intereses extranjeros.

“La nefasta injerencia de los Estados Unidos en la vida nacional se traduce en su 'profunda' militarización y corrupción estatal, reforzada con la corrupción del narcotráfico, la cual se ha tomado hasta la Casa de Nariño. Colombia es el país más violento del Continente, con el promedio per cápita más alto de: presos políticos, desaparecidos, torturados, asesinados y desplazados.” Juan Leonel

Ver Documento Anexo: “El Boletín de la Registraduría REGISTRO INFORMATIVO de mayo – junio de 2005”)

Mayor documentación se encuentra en Internet:www.google.com digite; NDI y NDI REDVOLTAIRE

Continuismo uribista al servicio del gran capital y de las transnacionalizaciones

por Nelson Fajardo Wednesday, Jun. 07, 2006 at 10:05 PM

El discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez, después de la reelección, en materia económica, está estrechamente articulado con la continuidad de su política para darle fuerza a un mercado estrecho pero crecientemente transnacionalizado.El discurso pronunciado por el presidente reelegido, Álvaro Uribe Vélez, a raíz de su triunfo, se podría calificar de cauteloso y prudente en lo que respecta a sus propósitos. Sin embargo, los aspectos relacionados con la economía fueron suficientemente

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claros y están articulados con la continuidad de su política para darle fuerza a un mercado estrecho pero crecientemente transnacionalizado, entiéndase, confianza para los capitales criollos en proceso de transnacionalizarse y los capitales transnacionales.Al respecto se resalta la necesidad de asegurar la expansión del crecimiento, la firma inevitable del TLC con los Estados Unidos, el estímulo a su propuesta estratégica condensada en Visión Colombia 2019: II Centenario y una política de empleo que mejore las condiciones de vida de las mayorías colombianas.En relación con la expansión del crecimiento es necesario recordar que él por sí sólo no asegura automáticamente un óptimo desarrollo económico y social, si prevalece uno de los problemas estructurales de la economía nacional, que consiste en la constante y cruel concentración de la riqueza por parte de los núcleos oligárquicos que detentan el poder y están complacidos con un Estado que no muestra ningún interés en fomentar procesos de distribución y redistribución de la riqueza a favor de la economía nacional y el bienestar del conjunto de la sociedad.A esta situación se agrega el interés de feriar el patrimonio nacional a través de un TLC en el que nuestras ventajas comparativas no han logrado consolidar la economía nacional y se pretende entrar en el mundo de las ventajas competitivas en francas condiciones de desigualdad. Ello conduce necesariamente, no sólo a feriar el patrimonio nacional, sino a debilitar políticamente la soberanía nacional; aspecto fundamental de la Constitución Nacional que viene siendo objeto permanente de ataques, bajo el supuesto inexorable de acceder a una globalización de la economía. Desde luego que dichos argumentos ocultan nuestra conversión en aliados estratégicos de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, que aprovechará la reelección de Uribe Vélez para ampliar las condiciones que permitan la más alta inversión de capitales procedentes principalmente de dicho país, con el propósito de ir consolidando los megaproyectos que reconfiguraran la economía sobre el territorio nacional.Así las cosas, el crecimiento económico y la creciente transnacionalización deben fortalecer la capacidad de acumulación de capitales a favor de la modernización del país, sin que ello coloque en primer plano los intereses de la nación, y mucho menos del pueblo trabajador. Se trata de una capacidad de acumulación de capitales que promete irrigar a cuenta gotas y a largo plazo los beneficios sobre una población trabajadora que seguirá actuando dentro del esquema de la flexibilización laboral absoluta, la precariedad y la falta de dignidad del trabajo y bajos ingresos.No queda la menor duda que los cuatro aspectos señalados por el Presidente reelegido son componentes propios de una estrategia y por lo tanto la continuidad será protuberante en relación con los cuatro años de su período de gobierno anterior.Desde luego que dicha continuidad estará acompañada de algunos virajes momentáneos y fugaces con respecto al gasto social, que articule políticas de gobierno con acciones del capital privado de estímulo al empleo bajo los criterios de un espíritu



empresarial a partir de las potencias del individuo para competir. En esta dirección es bueno recordar que las condiciones de los individuos para el empresariado no son, ni serán las mismas para acceder al crédito; de tal suerte, que si bien las relaciones entre el capital y el trabajo han variado en lo organizacional, ello no significa que se ha superado la explotación del trabajo ajeno por parte de quienes detentan el poder económico.El problema se agudiza con el predominio de la voracidad de los capitales, que combinaran las transferencias de ganancias a la red financiera mundial con el fortalecimiento del consumo de bienes caros y una baja inversión sobre el conjunto de la estructura económica nacional.”

La reforma a la Ley electoral, dejó de lado importantes propuestas que buscaban profesionalizar la organización electoral, democratizar el manejo de las garantías como una política de Estado y avanzar hacia formas de control como pudiera ser un tribunal electoral para resolver los permanentes litigios que siempre se presentan, especialmente en los últimos eventos electorales. Es así como este gobierno surge del fraude donde el porcentaje de los votos de los candidatos que necesariamente debe ser un resultado, de manera delincuencial se utilizó como factor matemático.

DoctorEdgardo José Maya Villazón: El 28 de mayo de 2006, el resultado de las urnas se violó mediante fraude electrónico, la gran estafa se efectuó con porcentajes definidos en un programa de computador, así:Álvaro Uribe Vélez, tuvo 62 % en todos los boletines Carlos Gaviria Díaz tuvo 22 % en todos los boletines Todos los boletines de CARACOL TV de la tarde del 28 de mayo de 2006 desde las 4 p.m., hasta las 6 p.m., como ustedes podrán verificar, los informes consecutivos, se elaboraron sobre la base de la falaz encuesta contratada por Caracol y otros, en la grabación del video, los porcentajes determinaron la cantidad de votos de cada candidato, esta sencilla explicación matemática pone en evidencia este absurdo, esta arbitrariedad, este robo; otra vez se degenera el proceso democrático para después volverlo un fraude informático al bloquear fuentes diferentes a las fraudulentas, como hace 4 años. Esta forma de alterar la realidad, debe confrontarse con el reconteo de votos que salga del escrutinio, compatriotas, solicito su colaboración para investigar este delito e impedir la prolongación de un período presidencial totalmente ilegítimo. ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO http://alejandrobaquero.tripod.com




Doctor Edgardo José Maya VillazónProcurador General de la Nación: La colaboración del Procurador General de la Nación en estrecha relación con la Contraloría General de la Nación para proteger el orden jurídico, el presupuesto nacional y el patrimonio público, es fundamental para encontrar el porqué y el cómo de la Gran Estafa del 28 de mayo de 2006 en los comicios presidenciales se alteraron totalmente los resultados porque los porcentajes se escogieron con anterioridad con base en la encuesta de Jorge Londoño, de INVAMER contratada por CARACOL y otros; este desmantelamiento es fundamental para explicar y poner en evidencia la manipulación de los datos electorales que se manipula e implementa empleando tecnología de punta. Para construir democracia, es primordial sustentar y demostrar a fondo sobre cómo se implementan los fraudes electrónico e informático donde: el porcentaje de cada candidato se utilizó como factor y no es un resultado; en el cálculo de la votación, en las operaciones matemáticas o sea en las multiplicaciones de los boletines parciales y en el boletín final, de manera perversa, cínica, prededefinida e ilegal se invirtieron los papeles de los factores matemáticos. ALEJANDRO BAQUERO NARIÑOc.c 19'224.046 de Bogotá

Debido a la esencia del problema y cadena de irregularidades derivadas de la reelección presidencial 2006-2010, mediante correo electrónico solicité a los Doctores Edgardo José Maya Villazón y Antonio Hernández Gamarra:“Debido al abuso de autoridad y delitos conexos que representa el contrato elaborado entre Caracol TV y el Ministerio de Defensa de Colombia, para la transmisión del campeonato mundial de fútbol 2006 en Alemania; recordemos que Caracol, contrató la encuesta a Jorge Londoño e Invamer, entidad dedicada a la fabricación de opinión donde con 60% aproximadamente era virtual triunfador Álvaro Uribe Vélez; esta encuesta fue base de esta gran estafa, fraude electrónico del 28 de mayo de 2006 y posterior fraude informático que evita la segunda vuelta constitucional para elegir al Presidente de Colombia; solicito información sobre el valor de esa publicidad porque afecta al orden jurídico, el patrimonio público y en particular al fisco nacional, por esto es indispensable y muy urgente, saber ¿cual es el costo de ese contrato? "La pauta publicitaria a Caracol TV, en el campeonato “Mundial de Fútbol Alemania 2006” está paga por el Ministerio de Defensa Colombiano, esta es la forma de retribuir el fraude preparado por Caracol-Invamer, engaño ejecutado mediante la encuesta y la



monopolización de la información, hechos típicos, antijurídicos y culpables, institucionalizados por la Presidencia de la Republica con la complicidad de la Comisión Nacional de Televisión y complacencia de la Registraduría del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.", la información que se recoja al respecto será incluida en la ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL CONTRA LOS COMICIOS PRESIDENCIALES DEL 28 DE MAYO DE 2006 EN COLOMBIA. Actúo en defensa del patrimonio público y presupuesto nacional, arts 277 numeral 7, 267 y 268 de la Constitución. ALEJANDRO BAQUERO NARIÑOhttp://alejandrobaquero.tripod.com

3.- AMENAZAS PARA VOTAR, HUBO ASESINATOS

“El Tiempo, Junio 18 de 2006 Propuesta sobre sistema parlamentario: ¿nueva jugada de Uribe para perpetuarse en el poder?Así interpretaron este domingo sectores de oposición la idea del consejero Fabio Valencia Cossio, dada a conocer por EL TIEMPO.Parece, además, una ‘jugada magistral’ del uribismo, pues la idea ahora promovida por Valencia Cosio tuvo en su momento el respaldo de la oposición (el Polo y el Partido Liberal). De manera que les va a quedar difícil oponerse a una propuesta que, inclusive, lideraron.Así lo admitió el ex candidato presidencial y jefe del Polo, Carlos Gaviria. "En abstracto, el régimen parlamentario es bueno y hemos apoyado esa idea. Pero, si como parece ahora, es un mecanismo para que el presidente Uribe se perpetúe en el poder, no es muy atractivo", dijo Gaviria.En el mismo tono habló el senador liberal Juan Fernando Cristo, quien recordó que él y su colega Rafael Pardo presentaron a mediados del 2004 un proyecto de ley mediante el cual se proponía convocar una asamblea constituyente para que modificara la Constitución en ese sentido. La iniciativa liberal llegó hasta la ponencia para primer debate donde murió por la asfixia que le propinaron las mayorías uribistas de ese momento.Al igual que Gaviria, Cristo dijo que el sistema parlamentario le conviene a Colombia, pero que en el caso concreto la iniciativa parece más encaminada a facilitar la permanencia de Uribe en el poder.Luis Guillermo Vélez, directivo del partido de ‘la U’ (principal partido uribista), expresó que el régimen parlamentario puede resultar extraño a la idiosincrasia colombiana, pero que hoy podría tener acogida dado que Uribe ha rescatado la confianza y la credibilidad y la gente quiere que su política perdure. Sin embargo –dijo–, en el momento en que haya un traspié en el orden público y la lucha contra la violencia, cualquier teoría resultaría superflua".




La propuesta de Valencia Cosio en la entrevista con Yamid Amat, en EL TIEMPO, tiene similitudes con la de Fabio Echeverri, el primero de febrero de 2004, cuando propuso cambiar "un articulito" para permitir la reelección de Uribe, lo que en últimas se dio.”

La ilegitimidad del Régimen Colombianopor Orlando Fals Borda. Sunday, Apr. 30, 2006 at 5:27 AM“La reaparición de un viejo fantasmaLos últimos escándalos del gobierno nacional han dejado al descubierto, entre otras cosas, que pudo haber interferencias dolosas con las votaciones presidenciales. Nada de qué extrañarse. El asunto no es cosa nueva, pero es delicado. Tiene aspectos peligrosos que en nuestro país pocas veces se han planteado, por lo menos con la apertura necesaria, con firmeza, y menos aún que se hayan combatido como lo merecen.Lo del año 2002 nos recuerda el primer caso de “chocorazo” gigante del siglo XX: el Registro de Padilla en La Guajira con la elección del general Rafael Reyes a la presidencia de la República en 1903. El gamonal local infló las cifras y sufragios de tal manera que se lograra el triunfo de Reyes.Algo similar a lo ocurrido en la Costa Atlántica en el 2002, si observamos la punta del iceberg en el corregimiento de Los Pozos, no lejos de Padilla, donde votaron todos, los vivos y los muertos del registro, por orden de paramilitares interesados en el triunfo en primera vuelta del doctor Alvaro Uribe Vélez.Estos datos, que se repiten cíclicamente, ponen en entredicho los resultados de elecciones y, por ende, la legitimidad del régimen político y gobierno resultantes. Tales escándalos repetidos han llevado a historiadores prestigiosos como Marco Palacios a reconocer que en Colombia sólo ha habido una “legitimidad elusiva”. Como la que afectó la elección fraudulenta de Misael Pastrana en 1970, que produjo una reacción popular copiosa, y el nacimiento de una fuerte guerrilla urbana de clase media.Local y regionalmente ocurre igual. El mayor escándalo se produjo en las elecciones parlamentarias del año 2002, que afectó por malos manejos diversos a la tercera parte de los congresistas “elegidos”, creando un severo período de inestabilidad en el Congreso Nacional.Es pues cosa vieja y repetida que esta mala conducta ocurra. Pero la intensidad y exceso como se expresa este fenómeno ahora ha llevado a algunos estudiosos a proponer un factor aclaratorio de los criterios clásicos sobre gobernabilidad, denominado (i)legitimidad de origen.Este factor, que condiciona radicalmente la idea usual de gobernabilidad, se basa en el consenso tradicional o de sentido común representado en la percepción de lo irregular, lo coercitivo, lo manipulador o lo inmoral en los procedimientos de conformación de gobiernos, lo cual afecta la estabilidad y eficacia (e imagen pública) de todo régimen.



Es aplicable también a experiencias premodernas tales como el establecimiento de dinastías monárquicas o feudales (muchas de ellas pérfidas y sangrientas, por lo mismo inestables), y a experiencias modernas o contemporáneas, como es el caso del nacimiento de las repúblicas latinoamericanas y en las últimas elecciones colombianas.Las causas de inestabilidad por estos fenómenos de ilegitimidad de origen son muchas: el proselitismo armado y la intimidación del ciudadano, que se han incrementado; el clientelismo terrateniente y caudillista, que es más audaz; la corrupción y la compra de votos y/o lealtades, ahora con mayor desfachatez, con aportes de narcotraficantes a campañas presidenciales.Siempre estuvo presente algún elemento de ilegitimidad en los gobiernos elegidos, lo cual no es ninguna excusa. Pero el fantasma se ha ido agrandando, según graves denuncias públicas. La situación se complicó cuando se añadió la manipulación desde el poder, de las leyes y de los medios de comunicación para beneficio personal, todo lo cual ha impedido tener gobiernos limpios y elecciones nítidas y confiables, como sería en una sociedad sana.Ello estimuló la alta abstención en las elecciones del 12 de marzo de2006, lo que ha sido fuente de inseguridad estatal. Un Congreso Nacional o un gobierno elegidos en estas circunstancias cuestionadas, quedan mancillados y mancos desde el primer día de su deprimente instalación formal.Entonces puede ocurrir algo peor, para la gobernabilidad en todo el país, y ello desgraciadamente se viene observando desde comienzos de este siglo: el Estado cuestionado pierde la capacidad de ser reconocido y autorizado para ejercer el monopolio constitucional y legal de la fuerza.Sus armas y sus tropas llevan consigo el signo de la tiranía terrorista de Estado, como ha ocurrido con asesinatos no bien investigados de sindicalistas y profesores.. La moral de las tropas se afecta y también su eficacia, así cuente con todos los presupuestos posibles.Reelecciones afectadas. El factor de ilegitimidad de origen como interviniente de la gobernabilidad puede igualmente aplicarse a las experiencias presidenciales reeleccionistas de Rafael Reyes, Alfonso López Pumarejo y Gustavo Rojas Pinilla, y a la imposición violenta de la elección de Laureano Gómez con la abstención de sus opositores, casos que tuvieron resultados contraproducentes, desiguales y perjudiciales para la nación. Ninguno de aquellos presidentes sobrevivió en el poder. Fueron depuestos por movimientos cívicos, populares y militares. La tentación reeleccionista desaforada, que sepamos, sólo la pudo vencer el presidente Pedro Justo Berrío en Antioquia en 1874, buen ejemplo que no lo siguió su coterráneo Álvaro Uribe Vélez.De allí también los presagios descomponedores del tejido social en las últimas elecciones parlamentarias y de presidente, que tuvieron altos índices de coerción narcoparamilitar y otros ostensibles defectos. La legitimidad del actual régimen, y de cualquier otro de similares características, queda así



peligrosamente en duda, y es raíz de persistente malestar. Crea problemas casi insolubles de gobernabilidad, que van anillados unos con otros.No faltarán los cínicos o escépticos que aduzcan que Colombia ha progresado, por lo menos materialmente, aun con estos defectos seculares o a pesar de ellos. Así parece a primera vista. Pero se olvidan las consecuencias de gravedad que ello trae para una sociedad como la nuestra, con esos defectos, y evitar que se descoyunte y no pierda el respeto de la comunidad de naciones, como ahora ocurre.La primera consecuencia negativa es la frustración o el despilfarro del desarrollo socioeconómico actual y potencial de sus habitantes y el peligro de desinstitucionalización que en nuestro caso equivale a suicidios sectoriales; esto explica en parte por qué no hemos podido solucionar a fondo la Violencia de cincuenta años que hemos sufrido, con todo y el enriquecimiento parcial de grupos económicos.La segunda consecuencia es el deterioro de la moralidad a causa del efecto mutación que va induciendo en la sociedad, casi imperceptiblemente, una tolerancia o pasividad muda e intimidada sobre pautas inconvenientes o indeseables de conducta hasta saturar de este modo el conjunto social y destruirlo, culminando en una especie de sociedad paria o Estado mafioso que muchos temen se quiere imponer desde las élites como propósito nacional ignorando valiosas prácticas ciudadanas.Un juicioso observador bogotano expuso con claridad cómo se ha aplicado el efecto mutación en el caso del narcoparamilitarismo: se empieza como delito excusable; luego se interpreta como pecado venial; después como moda, para culminar en opción decente de vida.Los “paras” pueden ser vistos entonces como héroes y llegar a ser congresistas y cónsules. A San Pablo Escobar no le habría ido mejor, aunque fue paradigma antioqueño en su época. Es lo que en la historia de las ideas se identifica como “Orwellismo”.Quizás todavía sea tiempo de detener estos fatales procesos degradantes de mutación y frustración social, mediante el cambio radical de gobiernos y dirigentes como es el propósito de la actual campaña del Polo Democrático Alternativo con la resonante candidatura del doctor Carlos Gaviria Díaz, el mejor candidato de todos, y el que merece ocupar el Solio de Bolívar.

Orlando Fals Borda. Presidente Honorario Polo Democrático Alternativo. Tres pildoritas:“oligarquía mafiosa y lo ilegítimo como norma; tiempos duros; y ¿Qué dicen nuestros aliados?”. Desde la cabeza del Estado que no sabe cómo lavarse las manos, padece el síndrome del teflón.., escribe Olafo Montalban/ANNCOL

En la sociedad colombiana lo ilegítimo, lo fraudulento, lo falso, la violación a la ley, el crimen, la corrupción y la manipulación de la realidad desde el poder del Estado se ha vuelto norma (doble moral, corrupción administrativa, saqueo de los bienes y riquezas




públicas, decisiones políticas y económicas antidemocráticas, aplicación de leyes para-estatales, extradición, violaciones a los derechos humanos, amenazas a cientos de activistas de oposición, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, asesinatos políticos, masacres, etc.) Y la legalidad constitucional (democracia y transparencia en las decisiones políticas y económicas, honestidad de las autoridades y funcionarios públicos, aplicación de la norma constitucional, respeto a la vida de los opositores, condena a los responsables de crímenes de Estado, etc.), se ha convertido en excepción. Una anomalía que se practica en todos los planos y en todos los órdenes.Desde la cabeza del Estado que no sabe cómo lavarse las manos, padece el síndrome del teflón, por su responsabilidad ante cientos de casos de crímenes de Estado y corrupción. Tal es el caso del asesinato de Jaime Gómez, de lideres campesinos de acciones comunales presentados como guerrilleros muertos en combates, ciudadanos del común presentados como “positivos” por el ejército para mostrar buenos resultados en la lucha contra el terrorismo (hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) casos graves de violaciones a los derechos humanos y corrupción como el del DAS, etc. Hasta los funcionarios y autoridades en los rangos medios y bajos, que una vez son descubiertos sus crímenes (Guaitarilla, Jamundí, Mapiripán, los 21 soldados torturados en Tolima, etc.) y a pesar que muchos son destituidos, el desmoronamiento social y moral no se detiene (soldados y oficiales de la IV Brigada involucrados recientemente en un caso de secuestro-desaparición en Copacabana, Antioquia).La tendencia general a la hecatombe social y moral es evidente. Estamos viviendo en una sociedad que ha sufrido un cambio radical con la consiguiente ruptura del orden, la ley y los valores “contratados” y acogidos por todos los y las ciudadanos. La sociedad colombiana, en este sentido, es una sociedad patológica. Estado mafiosoNo puede ser de otra manera, cuando en una sociedad la cooptación y utilización por la mafia paramilitar de las instituciones públicas con fines criminales, (DAS, Ejército, Policía, la Superintendencia de Vigilancia, Finagro, Incóder) no pasa de ser asuntos tratados como “casos” aislados, desatando escasamente el escándalo de turno que esconde la degradación de fondo en que está sumergida la sociedad. Por eso afirmamos que se ha producido un cambio en la mentalidad de la comunidad que hoy acepta, en su mayoría, la realidad del “Estado mafioso”, como lo llaman algunos, y que se ha agudizado durante el gobierno de Álvaro Uribe.¿De que otra forma explicar que el asesinato del sindicalista de hoy, no pretende ocultar las decenas de sindicalistas asesinados hasta ayer? ¿De qué otro modo explicar que la masacre de esta mañana, no busca encubrir las fosas comunes descubiertas hasta hoy? Todo este estado de degradación social y ético, sólo es posible aceptarlo por el estado permanente de ilusión colectiva en que “vivimos”, y por el estado de enajenación mental que nos hace creer que la “seguridad democrática” es la realidad, y no los



tiempos duros de una sociedad sumida en la descomposición, devorada por un cáncer.Reelección de los mismos para lo mismoLa reelección de Álvaro Uribe a la presidencia es la confirmación de la tendencia continuista (de clase), que arrastra consigo todo el peso del desgaste y acelerada descomposición acumulado por más de un siglo de domino político, ideológico, militar y económico sobre las otras clases. Y para cambiar dicha tendencia, tenemos que ser nosotros, los millones de pobres y excluidos sociales, desempleados, clase media, desplazados y víctimas del terrorismo de Estado, quienes accedamos al poder para terminar con el dominio histórico de la oligarquía, para cambiar el modelo económico neoliberal, redistribuir la riqueza, desarrollar el mercado nacional, preservar el patrimonio público y los recursos naturales como inalienables, recuperar la salud, educación, y el trabajo como derechos para que nuestra vida, la de millones excluidos de las riquezas y del poder, sea digna, de derechos y libertades.Pero la disputa por el poder en Colombia no se da por canales democráticos, se está dando en medio de un confrontación violenta, donde, como si fuese un castigo divino, no son las ideas las que luchan entre sí de forma “civilizada” por el poder; sino que el recurso a las armas es el medio más expedito para imponer las condiciones al adversario. Lo cual, históricamente, no solo ha sido trágico y sangriento, sino que, al parecer, el enfrentamiento armado se recrudecerá. De lo contrario, la guerra sucia no estaría en las calles, en los barrios, en los sindicatos, en las universidades, en el campo y en las listas con cientos de amenazados por el paramilitarismo.Tiempos duros…los que vienenSon tiempos estos duros, cuando un comandante de policía de Bogotá llama a gritos a asaltar las universidades en búsqueda de “terrorista”, a quienes después de capturar, acusar e interrogar en sus celdas de la muerte, la Sijin Bogotá, como a Juan Francisco Gamboa, estudiante de ingeniería de la Universidad Distrital, al día siguiente es presentado muerto ante los medios, quienes obedientemente lo colgaron en sus páginas como un caso de “suicidio”.Son tiempos estos duros, ¿cuándo no?, para los y las revolucionarios(as) en Colombia, para la izquierda y la oposición. No solo porque el reelecto presidente de éste país haya sido uno de los creadores de las maquinarias paramilitares de la muerte que arrasaron y continuarán su labor de motosierras contra la oposición, los comunistas, socialistas, disidentes e izquierdistas. Sino porque ya hasta algunos columnistas corifeos de revistas y diarios están pidiendo cabezas. Las del Secretariado de las FARC, dice orondo y sin inmutarse, Mauricio Vargas, de la revista Cambio, olvidando que esta sociedad no necesita más llamados a la guerra, sino llamados a la lucha plena y democrática de ideas, al debate ideológico en la disputa por el poder. Se le olvida al autor de aquellas notas que quieren echar más combustible a la llamita en la que arde el conflicto, que lo que puede seguir es una conflagración. ¿Es lo que desea? ¿Pero si este principio tan



sencillo, vital, de sentido común, no lo reivindicamos los que debatimos ideas por medio de la palabra escrita o hablada, qué podemos esperar de los que solo cuentan con el poder de las armas y desprecian el debate de ideas, porque desean imponerse por medio de aquellas?¿Y nuestros aliados, qué dicen, qué hacen?Es duro tenerlo que decir. Pero no es ni democrático ni de revolucionarios callar y no dar el debate. Los pueblos, históricamente, son aliados en sus intereses como pueblos y como clase expropiada, excluida, humillada y reprimida. No deben ser alianzas naturales, sino de intereses de clase, intereses históricos, culturales, económicos comunes. Como aliados históricos, hoy nos preguntamos: ¿Qué dicen, qué hacen?Últimamente ha creado un gran desconcierto, con todo respeto por su autonomía e independencia política e ideológica, el papel de oso que el ELN viene haciendo: ¿Aportan al continuar, más con desespero que con inteligencia, unos diálogos con un régimen que se reafirma en su política de guerra? ¿Que ha puesto precio no solo a las cabezas de las comandancias guerrilleras, sino que nos ha colgado a toda la oposición la lápida de “comunistas disfrazados”? ¿Acaso no es la acusación que usan las jaurías paracas y derechistas sedientas de sangre contra la oposición? ¿Que ha pedido a la comandancia del estado mayor del ejército la fecha para exterminar la guerrilla? ¿Dialogar con quien solo busca el triunfo militar, tiene algún sentido? ¿Qué le aporta la táctica del ELN del diálogo con quien solo quiere rendición, a la lucha del pueblo colombiano? ¿Se ha agotado la política, y solo queda insistir en diálogos que solo fortalecen más este régimen asesino? Seguir repitiendo que uno no escoge al enemigo, se vuelve un sofisma que a nada lleva. ¿Quién vive diciendo o soñando, en la lucha revolucionaria: yo quiero aquel o al otro como enemigo?Igualmente vale preguntarse: ¿Los intereses que guían las relaciones internacionales y diplomáticas de Cuba y Venezuela, en estos momentos, son los mismos que enarbola la lucha del pueblo colombiano? Porque una cosa es, y con todo derecho, lo que Fidel y Chávez estén tratando de hacer que favorezca la revolución y avance las conquistas de los pueblos de Cuba y Venezuela, pero otra cosa es la que nosotros como colombianos estamos viviendo bajo el régimen de derecha que encabeza Álvaro Uribe. Apuntalar un gobernante como él, con todo su pasado mafioso, promotor del paramilitarismo y el mayor aliado del imperialismo tiene sus ganancias y sus pérdidas. El reto de derrotar la oligarquía que él encabeza le compete, como misión principal, sin duda, al pueblo colombiano. Pero estamos seguros que es un flaco favor el que le hace a la causa nuestra, darle tratamiento preferencial y de amigo a quien de sobrada razón sabemos que es nuestro enemigo de clase, y el principal aliado del enemigo histórico de los pueblos: el imperialismo estadounidense.Si el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, va a ser consecuente con su participación en el debate mundial por la liberación de los pueblos y la lucha contra el imperialismo, entonces, ¿por qué tendría que Álvaro Uribe y el régimen de derecha que encabeza, ser una excepción? ¿Acaso el



nombramiento de Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa es una señal de amistad? Precisamente quién más ha atacado al gobierno bolivariano, el que salió de primero a apoyar a Pedro Carmona y el golpe de estado del 11 de Abril del 2002 contra el gobierno legítimo de Hugo Chávez, ¿Puede considerársele un amigo o aliado? Si el máximo comandante de la Revolución y del Estado cubano, Fidel Castro, ha sido consecuente toda una vida, ¿por qué prestarse ahora a hacer favores a un presidente como el colombiano, que allí se extiende en elogios y aquí en cómo tapar crímenes contra el pueblo? “

CLAUDIA LÓPEZA los ciudadanos nos incomoda la acción delictiva (11 de Abril de 2006)Al Presidente le incomodan los 'círculos periodísticos de Bogotá'.“Otra coincidencia. El ex director de Informática del DAS Rafael García confirma lo que ya se sabía. Que las elecciones del 2002 habían sido atípicas en zonas de dominio paramilitar. Que más de 20 congresistas fueron los beneficiarios. Que Uribe ganó en zonas paramilitarizadas de la Costa Atlántica, pero que Serpa, aunque perdió mucha votación, alcanzó a ganar a nivel departamental por las ciudades más grandes, que no son fáciles de someter. Que en el único departamento costeño que ganó el Presidente fue el del Magdalena, gracias a la gestión del que sería luego director del DAS. Lo que no se sabía eran las implicaciones de esos hechos con organizaciones criminales. Según las declaraciones de García a la Fiscalía, son producto de una alianza entre candidatos, paramilitares, funcionarios del DAS y la Registraduría para organizar un fraude electoral, imponer los candidatos preseleccionados, hacer votar hasta a los muertos y desaparecer a los contradictores. Eso explica los ‘distritos electorales’. Muy grave.Si el Presidente tiene certeza de no haber conocido o tolerado esos hechos, si en las elecciones pasadas y en estas puede ganar sin esas artimañas, ¿por qué no ordena que se investiguen esos hechos? ¿Teme a lo que se encuentre? ¿Teme desbaratar la alianza política de miembros de su bancada parlamentaria? ¿Por qué lo único que le molesta es que se denuncie a mes y medio de las elecciones? ¿Habría preferido que no se denunciara nunca?Si la Fiscalía judicializa a alguien, automáticamente queda impedido para ejercer cargos públicos. Esperar a que la Fiscalía actúe no tiene ningún mérito político y en cambio deja sabor a encubrimiento. Desde hace tres años ha habido denuncias sobre constreñimiento electoral, imposición de candidatos, asesinatos de contradictores y resultados atípicos en zonas de dominio paramilitar. Pareciera que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía escuchan las denuncias y creen que no tienen que ver con ellos. El Presidente se ufana de no perder tiempo escuchando los medios. Nadie investiga. Como resultado, el detrimento de la democracia y las fosas comunes en la Costa Atlántica no han merecido condena presidencial, ni judicial.



Resulta muy preocupante el mal tino del señor Presidente para nombrar funcionarios en entidades muy atractivas para el paramilitarismo: las de inteligencia, seguridad y tierras. Otra coincidencia. Los cargos que están siendo cuestionados son provistos por el criterio exclusivo del Presidente. No requieren exámenes de ingreso, ni pruebas psicotécnicas, ni concursos de méritos. Solo inspirarle confianza al denominador. Y al Presidente le inspiran mucha confianza unos personajes de los que otros saldríamos huyendo a zancadas. ¿Qué sería lo que le gustó al Presidente de Jorge Noguera, el ex director del DAS premiado como cónsul en Milán por dejar la entidad al garete? ¿Quizás su gusto por las armas? ¿Quizás la votación que logró en el Magdalena? ¿Se habrá preguntado, aunque sea por curiosidad, cómo lo logró? ¿Le habrá dado instrucciones?¿Qué le gustaría de Fernando Segura, ex superintendente de Seguridad y Vigilancia? ¿Acaso sus relaciones con la ‘Gata’, la generosa financiadora de su campaña presidencial? ¿O qué le gustaría del señor Quessep, subgerente del Incoder? ¿Quizás las recomendaciones que le dieron de Colombia Viva, el partido de los purgados por relaciones con ‘paras’? Lo que más parece molestarle al Presidente es que "círculos periodísticos de Bogotá tienden a darles absolución a sus amigos y a condenar a gente que viene de la periferia, como el doctor Noguera". ¿Se referiría a la solidaridad de los medios con Rafael Pardo cuando el Gobierno fabricó la filtración de calumnias en su contra para distraer la atención de su minipurga paramilitar? Dijo el Presidente, sobre las declaraciones de García, su ex funcionario del DAS, que "no hay que creer en versiones de delincuentes". Hubiera sido más fácil no nombrarlos. Posiblemente no estaríamos en este narcoparamilitarizado lío.”

Horacio Serpa cuestiona: "El Presidente intimida a la prensa libre"" Quién mató a Alfredo Correa de Andreis?""¿Quièn desapareció al profesor Jaime Gómez?"“Sorprende cómo el Presidente de la República descalifica hoy a la prensa libre de este país, la misma que durante muchos años informaba tantas cosas buenas de su gobierno.Pero cuando investiga y publica hechos que ponen en entredicho su administración, su tan cacareada transparencia, su honradez y pulcritud, de la noche a la mañana, convierte a los periodistas en partícipes de un juego de muñecas, frívolos, graciosos, atrevidos, mentirosos e irresponsables.El Presidente intimida a la prensa libre de nuestra Nación cuando le advierte a los medios de comunicación y a los periodistas que "hay que ser muy cuidadosos en lo que se informa, por que la libertad de prensa no se puede ejercer contra los intereses superiores de la Patria", como si denunciar la corrupción y la filtración paramilitar en sectores críticos de directa responsabilidad del Jefe del Estado, fuera una traición a la patria.¿Nos estará anunciando el Presidente oscuros tiempos de censura?



¿Creerá el Presidente que el compromiso de los periodistas es con un Gobierno en particular? No es acaso con el derecho que tiene el pueblo colombiano a saber la verdad de lo que hacen sus gobernantes?No, Presidente. No se puede calificar al periodismo de irresponsable, ni de que abusa de la libertad de prensa cuando denuncia la corruptela gubernamental y la manipulación de unas elecciones que concluyeron en un fraude, que hoy, insisto, pone en duda la legitimidad de este gobierno. Legitimidad cuestionada, además, por los bochornosos escándalos que hoy asombran a todos los colombianos.Faltan respuestas. Faltan explicaciones. El Presidente no puede seguir incurriendo en generalidades, ni yéndose por las ramas. El pueblo exige claridad y concreción. Lo denunciado es muy grave, demasiado grave, tremendamente grave. El pueblo tiene derecho a saber la verdad.Quiere respuestas verdaderas.Por qué aplazaron el regreso de Noguera? Por qué protegen tanto al Cónsul en Milán?Quién mató a Alfredo Correa de Andréis? Quién desapareció a Jaime Gómez?”

ESENCIA FILOSÓFICA- FUNDAMENTO DE PRINCIPIO

La élite excluyente no cumple ciertas reglas y prefiere las vías de hecho sobre las reglas ciertas, rechaza la continua y maravillosa evolución social, rechaza el mantenimiento del orden social que evoluciona fundamentalmente sobre la legitimidad y la objetividad.

Es absolutamente ilegítimo el ejercicio de la Presidencia de Colombia, Estado Social de Derecho, por un personaje que cohonesta y acepta aberrantes y terribles hechos acudiendo a la sistemática omisión; producto de la investigación sobre asesinatos, desmanes, abusos inocultables y genocidio presuntamente ejecutado por orden de Diego Fernando Murillo “Don Berna”, amigo de infancia de Álvaro Uribe Vélez, sobreprotegido desde el año 2002 al 2006 y pedido en extradición; se encontraron restos de civiles desaparecidos, víctimas de la masacre institucionalizada, al respecto, se cuestiona la institucionalización de la complicidad que favorece indefinidamente a criminales, por esto se altera la realidad, se fabrica opinión de manera cínica e ilegítima y se acude a la falsificación de los resultados electorales.

Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra 'Don Berna' en nuevo proceso por muerte de 21 personas Junio 2 de 2006 REDACCIÓN JUSTICIA El Tiempo - ColombiaUn fiscal de Derechos Humanos lo investiga por homicidio agravado, desaparición y desplazamientos forzados.Según la investigación de la Fiscalía, las 21 personas desaparecidas a manos de ‘paras’ en las Comuna 13 de Medellín fueron halladas muertas en fosas comunes en una finca



donde operó el bloque Nutibara, comandado por Diego Fernando Murillo (alias 'Don Berna).Murillo, detenido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, es acusado del secuestro y asesinato del diputado Orlando Benítez, y de participar en el plagio de una hermana de Dandenys Muñoz, la ‘Quica’, ex sicario de Pablo Escobar. En ambos casos se ha declarado inocente.Murillo busca ser elegible para la Ley de Justicia y Paz, pero tendría que empezar por reconocer las sindicaciones que le hace la Fiscalía y confesar estos delitos. De no ser así, los procesos continuarán en la justicia ordinaria. La condena para homicidio que contempla la Ley de Justicia y Paz no es mayor a ocho años, mientras que en la justicia ordinaria podría ser de 40 años.Las fosas de la comunaSegún la investigación de la Fiscalía, en el 2003 llegaron a la Cuarta Brigada del Ejército informes sobre la existencia de fosas en la finca Bellavista, corregimiento San Cristóbal, en el occidente de Medellín, cerca a la Comuna 13. Allí, dice la Fiscalía, “funcionó un campamento del bloque Nutibara de las Autodefensas, del que fue responsable ‘don Berna”. El primero de agosto de ese año, las autoridades practicaron la exhumación de 10 cuerpos “en estado de reducción esquelética”. Luego fueron hallados tres cuerpos más.Dos semanas después, las autoridades encontraron otras fosas con ocho cuerpos en Santa Bárbara (Antioquia).“Se logró determinar que los cuerpos encontrados no eran de víctimas de enfrentamientos entre milicianos de la guerrilla y paramilitares, como se dijo en un comienzo, sino que correspondían a habitantes de la Comuna Trece retenidos en las calles y luego desaparecidos”.

El 4 de julio de 2006, en la celebración de los quince años de la Constitución Política, el gran intruso es quien no acepta el Estado Social de Derecho y pretende reemplazarlo mediante vías de hecho por un mal llamado estado comunitario que en esencia su verdadero nombre es autoritario.

Constitución quinceañera Julio 3 de 2006 EL TIEMPO EDITORIAL“Hace quince años, el pueblo de Colombia aprobó una nueva Constitución Política “en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de asegurar la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”. Tres lustros son plazo demasiado breve para examinar si se han cumplido los ambiciosos propósitos que describe el enunciado de la Carta (la de Estados Unidos tiene más de dos siglos y la anterior de Colombia duró 95 años), pero al menos sirven para sondear los primeros efectos de la nueva estructura jurídico-política que adoptó el país entonces.Es posible decir, en un somero análisis, que esos efectos han sido hasta ahora más positivos que negativos. Aunque algunas



instituciones se encuentran aún en proceso de consolidación, fijación de límites y exploración de la validez de sus alcances –circunstancia que ha provocado más de un traumatismo en la estructura jurídica nacional–, en términos generales… …Se han presentado cerca de 1’400.000 acciones (tan solo en el 2004 se interpusieron 198.000), hasta el punto de que el hombre de a pie ya reconoce como suyo ese derecho y lo identifica como el más importante efecto de la nueva Carta en lo que a él concierne. Es una institución aún en desarrollo, que deberá ajustarse, perfeccionarse y aclarar su alcance, pero está claro que ha sido una positiva novedad.La Carta también creó dos instituciones fundamentales: la Fiscalía y la Corte Constitucional. La primera ha sido clave para empujar la aplicación de la justicia; su ‘debut’ fue nada menos que la exitosa lucha contra los narcotraficantes y el proceso 8.000. A tono con el Derecho contemporáneo, la segunda debe cumplir una misión trascendental en la “guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, función que, como era de esperarse, ha representado un semillero de polémicas jurídicas y políticas. Su potestad moduladora, que prácticamente le permite colegislar, es y será materia de debates y enfrentamientos institucionales, como los que promovió el primer ministro del Interior y de Justicia de la administración Uribe, Fernando Londoño Hoyos. Es lógico. El cambio de una revisión constitucional pasiva a una activa provoca quebrantos y “choques de trenes”. El paso del tiempo permitirá crear una tradición de comportamiento, de la que aún carece la Corte por razones obvias de inmadurez. Menos lógicos han sido los agrios enfrentamientos internos entre magistrados, que menguan su prestigio y crean zozobra institucional. En la mayoría de los casos, sin embargo, la Corte ha ido acotando de manera sosegada y segura los alcances de cada derecho que la Carta establece.La inveterada tendencia colombiana de enmendar constituciones explica que en quince años se hayan promovido ya 304 reformas de la del 91. De ellas, veintidós prosperaron, algunas en materia tan trascendental como la reelección presidencial y el umbral electoral con cifra repartidora.Se equivocan quienes pretenden que la Constitución sea una panacea. En sí misma, la ley, aun la de máxima jerarquía, es incapaz de ordenar y lanzar un país hacia la paz y el progreso. Son muchos más, y altamente complejos, los factores que promueven estos valores en una nación. Pero sí es posible decir que nuestra Constitución quinceañera –con todos sus defectos y virtudes– ha representado un elemento fundamental para moldear un país más justo e igualitario. [email protected]

En este editorial, con el respeto que merece la carta magna, además se destaca que: “la Constitución del 91 ha mostrado ser un instrumento adecuado para los problemas que plantea el tercer milenio. Lo primero que hay que señalar es que, como el enunciado lo proclama, la nueva Carta es de estirpe esencialmente diferente de la que nos rigió de 1886 a 1991. Aquella carecía de los alcances que esta tiene en materia de defensa efectiva de los derechos de los asociados y desarrollo de




políticas de libertad y avances sociales. La del 86 era una constitución que delineaba una situación jurídica e intentaba preservarla, principalmente a través de las leyes. La nueva dibuja la sociedad a la que aspiran a llegar los colombianos, y se confiere la misión de ser la guía y el motor que nos conduzca hacia allí.

Con semejante propósito, la nueva Constitución creó la acción de tutela, mecanismo que revolucionó el panorama jurídico. Su intención es la de ofrecer una herramienta efectiva de protección de los derechos del asociado y entregar ese recurso al propio ciudadano. La tutela significa un sacudón en el árbol jurisdiccional.”

¿ De quienes ha salvado vidas la Constitución ?,

LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA CUMPLE 15 AÑOS Y SU MAYOR ÉXITO ES HABER SALVADO MILLARES DE VIDASEl Tiempo Julio 1 de 2006“En ese tiempo, ha tenido que resistir 304 embestidas de reforma en el Congreso. En otros 22 casos, ha tenido que ceder ante sus acosadores.Se cree que apenas 10 ó 12 han reformado aspectos sustanciales de ella, como la reelección presidencial o la eliminación de la expropiación sin indemnización por equidad o la restauración de la extradición o el freno al ritmo del aumento de transferencias a municipios.Gracias a su clara vocación de defensa de los derechos, la Carta ha logrado que víctimas de enfermedades ruinosas, a través de la tutela, reciban oportunos tratamientos; que adolescentes embarazadas aseguren su cupo en las bancas escolares sin tener que recurrir al aborto; y que ancianos jubilados tengan a tiempo sus mesadas para subsistir. Por citar solo tres ejemplos. Y no es un cumpleaños cualquiera. Se trata de la segunda vez que una Constitución colombiana, en casi dos siglos, cumple 15 años de edad. Solo otra, entre ocho que ha tenido la República desde 1821, la de 1886, superó esta frágil y penosa adolescencia.El sociólogo Orlando Fals Borda, uno de los 72 papás que finalmente la trajeron al mundo, se pone triste al verla pasar porque está convencido de que al aprobar la reelección le hizo perder encanto pues la dejó con "sus cachumbos cortados", se "acabó con el equilibrio de los poderes" y se abrió un boquete para que el Presidente sea ‘el todo poderoso’.Se refiere a que el cuidado que tuvo la Constitución de separar los poderes y darles autonomía del Gobierno a la Junta del Banco de la República, a la Contraloría, a la Registraduría, la Procuraduría, podrá convertirse en letra muerta porque al extender su mandato el Presidente en ejercicio podrá incidir en la elección de las cabezas de estos organismos.Su alumbramiento, el 4 de julio de 1991, pasó a la historia como una creación de estudiantes que salieron a las calles respaldados por un país que clamaba por justicia y paz.Esos muchachos eran, de cierta manera, la expresión del huracán de cambios que recorrió al mundo tras la caída del muro de Berlín



y de un ‘ya no más’ que parecía gritar Colombia tras una década de terror del narcotráfico que, para ese momento, había acabado en pocos meses con la vida de tres precandidatos presidenciales –Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro León-Gómez, Bernardo Jaramillo– y destrozado a millares con sus bombas.Para algunos, la nueva Carta Política trajo la paz de sentir que, por fin, en el Estado hay un doliente suyo, como en el caso de las minorías, a las que la Constitución ordenó proteger de manera especial.Gracias a ella los indígenas han podido dar duras batallas frente a poderosas petroleras y han logrado, después de 200 años de historia, que un indígena (Floro Tunubalá) se convierta en Gobernador de departamento y que varios lleguen al Congreso.Pero no trajo la paz de los fusiles silenciados, aunque en sus pliegues se mantenga viva la esperanza de lograrla.¿La tutela superó a la madre?La tutela es lo más grande de la Constitución de 1991, es, inclusive, más popular que la propia Carta. Es como la hija que supera a su madre. Ha llegado hasta la boca de los más desvalidos que, a lo sumo, para defenderse de un mal irremediable, lo único que pueden argüir es: "Voy a entutelar".Antes de ella, para un ciudadano del común era una hazaña bíblica reclamar su derecho a la vida, a la intimidad, a la libertad de conciencia o de culto, entre otros de los derechos fundamentales que consagra.Ahora, con solo invocarlos mediante tutela, el juez tiene la obligación de protegerlos en 10 días. En la Corte Constitucional hay información de que ya van más de un millón de tutelas: 200 por día en 15 años.En algunos casos, la tutela y su prima hermana la acción popular (para derechos colectivos), han ‘salvado’ comunidades enteras o han hecho sus vidas más llevaderas. Logros tan elementales como que en Bogotá, por ejemplo, gracias a la sentencia T-087 de febrero del 2005, miles de padres de familia no pagan pasaje por niños de menos de 2 años en Transmilenio.Por eso, cuando a veces intentan medio tocarla para reducirle su radio de acción, como en el gobierno Uribe, se disparan las sirenas y aparecen sus escuderos para defenderla.La tutela es apenas una de las herramientas y en su momento los cambios filosóficos de la Constitución fueron los que dieron más de qué hablar.El más grande: Colombia fue durante más de un siglo "un Estado de Derecho" y ahora quedó bautizado como un "Estado Social de Derecho". Es decir, ya no se trata solo de defender los derechos civiles y políticos que caracterizaron las democracias de los siglos 19 y 20, sino los derechos fundamentales ya mencionados de cada una de las personas: a un techo, al alimento, a la salud, etc.Como lo afirma el profesor de constitucional Javier Henao Hidrón, el sistema de derechos incorporado "tiene como sujeto a la persona, por cuanto la razón y fin de la Constitución es la persona humana".Aunque también hay quienes lo cuestionan, pues dicen que es una contradicción hablar de estado social de derecho en un sistema



económico a veces neoliberal y a veces tentado a ser estado comunitario. Pero también tiene sus deudasNo obstante los grandes avances por obra y gracia de la Constitución de 1991, todavía hay en sus páginas grandes deudas por pagar. Muchos de sus mandatos no han tenido desarrollo legal y eso ha impedido su vigencia.Por eso otro de sus progenitores, el ex ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra, la ve como una adolescente "enjuta" y "desnutrida". "Es que el Congreso, sencillamente, nunca le ha tenido cariño. No la ha dejado crecer, no ha propiciado su desarrollo", dice.Entre los grandes capítulos olvidados o subutilizados está el de darle carácter de entidades territoriales a regiones y provincias, y la autonomía de los municipios y departamentos que hoy todavía dependen en grado sumo de la Nación.Tampoco se ha hecho mucho por la modernización de instrumentos para el sufragio universal. Y figuras que han tenido desarrollo legal no se usan.Por solo mencionar solo algunas: revocatoria del mandato, moción de censura, cabildo abierto y referendo.En el caso de la revocatoria del mandato (artículo 103) la ley reglamentaria prácticamente ahogó su práctica. Muchas comunidades han fracasado en su intento por remover a gobernantes que no han cumplido con sus programas.Por desconfianza en su eficacia este instrumento ha caído en desuso. El Congreso no ha podido aplicar una sola vez siquiera la moción de censura contra los ministros. Las veces que el Congreso pleno se ha reunido para imponer la sanción a los voceros del Ejecutivo, se ha frustrado. Un poco más útil, pero con muchas dudas, están el referendo y el plebiscito.Y la participación ciudadana (otro gran revolcón filosófico de la carta), aunque se ha expresado en la creación de miles de gobiernos escolares en colegios y escuelas del país, aún no impacta como se esperaba en las ligas mayores.Y ni qué decir del Estatuto (ley) del Trabajo ordenado mediante el artículo 53. O el concurso de méritos para escoger notarios... la lista de deudas de pequeñas y grandes deudas de la Constitución es inmensa. Decenas de artículos como estos, permanecen mudos. Inaplicables por pereza legislativa.De todas maneras, con sus logros y sus fracasos, la Constitución de 1991 sigue siendo una de las quinceañeras más queridas del país. No en vano, le dio a Colombia una plataforma de principios más acordes con las realidades del siglo XXI que con las del siglo XIX que inspiraron la Carta de 1886.”

UNA CONSTITUCIÓN SOCIAL CON VOCACIÓN GLOBAL (Julio 03 de 2006) POR FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Constituyente de 1991 y ex ministro de Justicia.“Para la mayoría de los colombianos menores de 30 años es probable que la ‘séptima papeleta’ o el origen de la Constitución de 1991 digan poco.



Con seguridad desconocen que el proceso, el debate y el consenso constituyente de hace 15 años han servido de referencia a más de diez experiencias de cambios constitucionales en América Latina. O que esos procesos de reforma han llevado a materializar derechos de millones de personas que antes solo eran ciudadanos de papel.O que nuestra Corte Constitucional inspira internacionalmente un respeto que muchos envidian por los resultados que ha mostrado a la hora de defender los derechos de los colombianos. Y que estas conquistas no deben dar marcha atrás porque son una muestra de cómo cambiar un escenario acostumbrado a poderes ejecutivos omnipotentes, legislativos impotentes, judiciales doblegados y órganos de fiscalización inexistentes.Las constituciones solían legitimar el ejercicio irregular del poder presidencial, al punto de que dictadores y autócratas de todos los pelambres lo primero que hacían era jurar el cumplimiento de la Constitución. Han sido documentos ajenos a las realidades de los países porque respondían a una lógica de importación de normas por una camarilla de expertos que trasplantaba instituciones sin resquemor alguno. Eso viene quedando atrás y la Carta del 91 hizo evidente que la Constitución era muy importante como para dejarla solo en manos de los constitucionalistas, así como era torpe dejar solo la política al vaivén de los políticos. Los ciudadanos debían ser destinatarios y actores tanto de la una como de la otra. La tendencia global reciente apunta a concebir las normas jurídicas como herramientas democráticas dirigidas a promover los cambios que las sociedades exigen y resolver pacíficamente los conflictos, dentro de una óptica menos formalista, orientada a la realización de la justicia por la vía del paquete de derechos que entrega la ciudadanía. Eso hoy es claro, desde el proyecto de Constitución europea hasta los grandes cambios constitucionales en las nuevas democracias del mundo.En consecuencia, no ha sido producto del azar que el sistema de justicia haya sido el sector de las políticas públicas donde mayores transformaciones se han vivido durante la última década en América Latina y en Colombia en particular. Una estrategia reformista que apunta más allá de lo jurídico para involucrar al ciudadano común en el proceso de concepción, desarrollo y aplicación del Derecho. Allí Colombia ha ratificado esa tendencia global.El juez ha aparecido como un protagonista central de las nuevas realidades del cambio institucional, al trascender su función de aplicar la norma a través de una interpretación literal y restringida, para ser catalizador de la efectividad de los derechos de los nuevos ciudadanos del sistema político. Ello ha sido vivido por el hombre de la calle al experimentar resultados a la hora de la defensa, protección y garantía de sus derechos fundamentales. Por ello, hoy el poder de los jueces incomoda a algunos, a quienes bien vale aconsejar que se vayan acostumbrando, porque también es una realidad global.Si la inclusión social y política es la contrapartida de la globalización, la lucha contra la desigualdad es ante todo un



desafío político, no técnico ni económico, que tarde o temprano debería convertirse en un pacto de Estado y no en simple promesa de gobierno. Hoy, cuando algunos reciclan argumentos para revivir el debate sobre el parlamentarismo, hay que recordar que, así como en materia macroeconómica es ya poco el margen que tienen los Estados para moverse, es el campo de la micropolítica de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos donde se darán las grandes batallas para combatir la desigualdad. Ese es el reto del liderazgo político del siglo XXI: encontrar los caminos de éxito para luchar contra la pobreza y la desigualdad en el marco de una Constitución que, por destilar principios y contenidos sociales modernos, se puede defender sola si se cumple.”

Acudiendo a las arbitrariedades como el cohecho y nó a las herramientas del dialogo civilizado, se manipula probabilidad de aceptar acciones retardatarias, hechos autoritarios, asesinatos y desmanes, pero esto no es factible en un Estado Social de Derecho inmerso en un contexto internacional que clama verdad, justicia y reparación; en este marco jurídico colombiano y globalizado, la aceptación del terror es ilegítima, ilegal e inconstitucional, no tiene opción; no podemos aceptar que en el saber convencional se niegue la innovación vertiginosa generadora de una realidad cambiante que genera abundancia y pone al mundo en transformación.

COMPETENCIAEl Consejo de Estado, es competente para dictar sentencia sobre lo accionado en la referencia.

NOTIFICACIONESALEJANDRO BAQUERO NARIÑO en la carrera 13 # 14 – 45 sur Bogotá D.C.

EN CD ANEXO: se aportan documentos complementarios y probatorios

ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO c.c. 19'224.046 de Bogotá

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