Historia de la Ley Nº 20.601 Aumenta las penas del delito de ......ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS....

Historia de la Ley

Nº 20.601

Aumenta las penas del delito de Robo de Cajeros Automáticos

Téngase presente Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos. Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley. Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley. Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice. Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

INDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 4 1.1. Mensaje Presidencial 4 1.2. Informe Comisión de Seguridad Ciudadana 8 1.3. Discusión en Sala 23 1.4. Discusión en Sala 35 1.5. Discusión en Sala 62 1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 67

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado 68 2.1. Primer Informe Comisión de Gobierno 68 2.2. Discusión en Sala 74 2.3. Discusión en Sala 83 2.4. Boletín de Indicaciones 124 2.5. Segundo Informe Comisión de Gobierno y Constitución, Unidas 125 2.6. Discusión en Sala 138 2.7. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 167

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 169 3.1. Discusión en Sala 169 3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 194 4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 195 4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 195 5. Publicación de Ley en Diario Oficial 197 5. Ley N° 20.601 197

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MENSAJE PRESIDENCIAL

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje del Ejecutivo Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 11 de abril, 2011. Cuenta en Sesión 36. Legislatura 359. MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA LAS PENAS DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. _________________________________ SANTIAGO, 11 de abril de 2011.- MENSAJE Nº 014-359/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, someto a vuestra consideración un proyecto de ley destinado a aumentar las penas asignadas al delito de robo de cajeros automáticos:

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

La actividad que gira en torno a los cajeros automáticos tiene ciertas particularidades que la convierten en una actividad de especial importancia no sólo para la actividad bancaria sino que para la población en general. En este sentido, el funcionamiento pacífico y ajeno de externalidades que puedan incidir en la distribución de dinero a través de los cajeros automáticos instalados en todo el país, implica un beneficio social que asegura a los usuarios la satisfacción de sus necesidades mediante un sistema de pago aceptado por todo el comercio como lo es el dinero. En este contexto, la existencia de cajeros automáticos responde a una necesidad fundamental como es el acceso de los particulares a los recursos financieros de manera expedita y segura; en consecuencia, los delitos contra estos dispensadores

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.



implican la interrupción de un servicio relevante para la población. Adicionalmente, los dispensadores de dinero permiten el acceso a servicios financieros en sectores que, por su ubicación geográfica, la condición socio económica de sus habitantes, o su escasa población, no son atractivos para la instalación de sucursales bancarias. De esta manera, los cajeros automáticos se constituyen como una herramienta eficaz en pos del acceso igualitario a los servicios financieros, permitiendo además que las personas transiten sin portar grandes cantidades de dinero, disminuyendo la posibilidad en los particulares de ser víctimas de robo.

La función que cumplen los cajeros automáticos cobra relevancia al constatarse las limitaciones a las que se encuentra sujeta la actividad bancaria, toda vez que éstos permiten operar en horarios distintos a los de funcionamiento de las oficinas de los bancos, de manera que los usuarios pueden girar dinero sin dirigirse a una sucursal y pueden efectuar transacciones en los fines de semana o durante las noches.

En atención a la baja pena asociada al robo en lugar no habitado, el análisis costo-beneficio del delincuente al momento de plantearse la opción de cometer el delito resulta altamente favorable, pues puede obtener grandes cantidades de dinero arriesgando ser condenado, eventualmente, a una pena muy baja.

De acuerdo a los datos actualizados al mes de marzo de 2011, se han verificados 126 robos a cajeros automáticos. Ochenta de estos robos se han producido utilizando la técnica del “vehículo vaquero”, mediante la cual se utilizan vehículos para lacear y arrancar los cajeros, representando el 63,4% del total de los robos, y 38 delitos se han cometido a través del “oxicorte” (técnica auxiliar a la soldadura, utilizada para realizar cortes en materiales de fierro, acero y otros), representando éstos -a su vez- el 30,2% del total.

Las cifras respecto de los robos que utilizan la técnica del “vehículo vaquero” (laceo), aumentaron a un 63,5% este año (a la fecha), comparado con el 20,3% que representaban el año 2010. Asimismo, de los 126 casos acontecidos durante lo que va transcurrido de este año, 53 de los 54 vehículos que fueron utilizados para robar los cajeros automáticos y que luego fueron abandonados, presentaban encargo por robo.

En vista y considerando los antecedentes ya enunciados, el Gobierno que encabezo ha decidido establecer un plan de acción general en contra del robo de cajeros automáticos. Este plan involucra, tanto la adopción masiva de medidas de seguridad para los cajeros automáticos ya instalados, como un perfeccionamiento de la normativa que incluya medidas de seguridad estandarizadas de acuerdo al nivel de riesgo de cada cajero por instalar. Asimismo, se desarrollarán campañas comunicacionales disuasivas en relación con la implementación de nuevas tecnologías de seguridad y un aumento de la



pena asociada al robo de cajeros automáticos, medidas que deben ser implementadas en conjunto con el fin de obtener un resultado efectivo.

RESPECTO DE LA PENALIDAD DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS.

Actualmente, los delitos de hurto y robo de cajeros automáticos, o del dinero contenido en ellos, no tienen una pena especial, aplicándose las que existen para los delitos de hurto y robo.

En el caso del hurto, las penas dependen del valor de la cosa sustraída, existiendo varios tramos, según el siguiente detalle (artículo 446 del Código Penal):

Hurto simple (art. 446)

- Más de 400 UTM: presidio menor en su grado máximo (entre tres años y un día y cinco años). - Más de 40 y menos de 400: presidio menor en sus grados medio a máximo (entre 541 días y 5 años). - Más de 4 y menos de 40 UTM: presidio menor en su grado medio (entre 541 días y 3 años). - Más de 1/2 y menos de 4 UTM: Presidio menor en su grado mínimo (entre 61 y 540 días). En el caso del robo con fuerza en las cosas, normalmente la pena a aplicar es la prevista para el robo con fuerza en la cosas en lugar no habitado (artículo 442 del Código Penal), que es de presidio menor en sus grados medio a máximo (entre 541 días y 5 años), sin importar el valor de lo sustraído.

El Código Penal regula los delitos en contra de la propiedad cometidos por apropiación de cosas muebles, estableciendo penas diversas según la gravedad del delito. En este sentido, el referente que mejor refleja el injusto cometido por quienes roban cajeros automáticos es la pena existente para el robo con fuerza en las cosas cometido en cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación cuando con ocasión del delito se produce la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario. Este delito, de conformidad al inciso 2° del artículo 443 del Código Penal, se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es, de 3 años y un día a 5 años de privación de libertad.

Sin embargo, se propone que la agravación se establezca en función del objeto material (cajeros automáticos y dinero contenido en ellos), y no de la interrupción o interferencia en su funcionamiento. Lo anterior porque: (i) normalmente el robo con fuerza de estos cajeros conlleva que ellos dejen de funcionar; (ii) se pueden presentar problemas a la hora de determinar las



causas del no funcionamiento del cajero, como por ejemplo, el robo de uno que ha dejado de operar antes por un desperfecto mecánico; (iii) puede resultar complejo asimilar la función social asociada a los suministros públicos y domiciliaros con la utilidad que presta un cajero.

CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto de ley que someto a su aprobación incorpora un nuevo inciso al artículo 443 del Código Penal, sancionando el robo de cajeros automáticos con la misma pena que el robo de cosas que produzcan la interrupción o interferencia de un servicio público o domiciliario. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

P R O Y E C T O D E L E Y:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Modifícase el Código Penal, incorporándose un nuevo inciso tercero al artículo 443, del siguiente tenor:

“La pena señalada en el inciso anterior se aplicará también al robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dinero o del dinero y valores contenidos en ellos.”.”. Dios guarde a V.E. SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE Presidente de la República RODRIGO HINZPETER KIRBERG Ministro del Interior y Seguridad Pública FELIPE BULNES SERRANO Ministro de Justicia


INFORME COMISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

1.2. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana Cámara de Diputados. Fecha 20 de julio, 2011. Cuenta en Sesión 61. Legislatura 359. INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA LAS PENAS DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. BOLETÍN Nº 7689-07 ________________________________________________________________ HONORABLE CÁMARA: La Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República. Durante el estudio de esta iniciativa legal, se contó con la colaboración del asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don Juan Francisco Galli, y asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Jorge Encina. I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS. 1) Idea matriz o fundamental del proyecto: El proyecto de ley tiene por objeto aumentar las penas asignadas al delito de robo de cajeros automáticos. 2) Normas de quórum especial: No existen disposiciones que tengan el carácter de orgánica constitucional ni requiere aprobarse como norma de quórum calificado. 3) Normas que requieran trámite de Hacienda: El proyecto de ley no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda. 4) Aprobación del proyecto, en general:



El proyecto fue aprobado, en general, por cuatro votos a favor y una abstención. Votaron a favor la señorita Sabat y señores Montes, Monckeberg Bruner y Silber, se abstuvo el señor Harboe. 5) Diputado informante: Se designó Diputado informante al señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR. II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS. a) Antecedentes: El Mensaje pone de manifiesto que la baja pena asociada al robo en lugar no habitado para el delincuente resulta altamente favorable, al momento de plantearse la opción de cometer el delito, pues puede obtener grandes cantidades de dinero arriesgando ser condenado, eventualmente, a una pena muy baja. De acuerdo a los datos actualizados al mes de marzo de 2011, se han verificados 126 robos a cajeros automáticos. Ochenta de estos robos se han producido utilizando la técnica del “vehículo vaquero”, mediante la cual se utilizan vehículos para lacear y arrancar los cajeros, representando el 63,4% del total de los robos, y 38 delitos se han cometido a través del “oxicorte” (técnica auxiliar a la soldadura, utilizada para realizar cortes en materiales de fierro, acero y otros), representando éstos un 30,2% del total. Las cifras de los robos que utilizan la técnica del “vehículo vaquero” (laceo), aumentaron a un 63,5% este año (a la fecha), comparado con el 20,3% que representaban el año 2010. Asimismo, de los 126 casos acontecidos durante lo que va transcurrido de este año, 53 de los 54 vehículos que fueron utilizados para robar los cajeros automáticos y que luego fueron abandonados, presentaban encargo por robo. b) Fundamentos: El Gobierno ha decidido establecer un plan de acción general en contra del robo de cajeros automáticos que involucra, tanto la adopción masiva de medidas de seguridad para los cajeros ya instalados, como un perfeccionamiento de la normativa que incluya medidas de seguridad estandarizadas de acuerdo al nivel de riesgo de cada cajero por instalar. Actualmente, los delitos de hurto y robo de cajeros automáticos, o del dinero contenido en ellos, no tienen una pena especial, aplicándose las que existen para los delitos de hurto y robo.



En el caso del hurto, las penas dependen del valor de la cosa sustraída, existiendo varios tramos: Hurto simple, regulado por el artículo 446 del Código Penal, que sanciona con presidio menor en su grado máximo, es decir entre tres años y un día a cinco años, cuando el valor de la cosa hurtada es de más de 400 unidades tributarias mensuales. Si el valor de lo hurtado es de más de 40 UTM y menos de 400, puede aplicarse la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo esto es entre 541 días y 5 años. Cuando el cuantía de lo hurtado es más de 4 y menos de 40 UTM se puede aplicar la pena de presidio menor en su grado medio, esto es entre 541 días y 3 años. Por último cuando el valor de lo hurtado es más de media unidad tributaria mensual y menos de 4 UTM, se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir podría tener una pena entre 61 y 540 días. En el caso del robo con fuerza en las cosas, normalmente se aplica la pena prevista para el robo con fuerza en la cosas en lugar no habitado, es decir presidio menor en sus grados medio a máximo (entre 541 días y 5 años), sin importar el valor de lo sustraído. Sostiene el Mensaje que el referente que mejor refleja el injusto cometido por quienes roban cajeros automáticos es la pena existente para el robo con fuerza en las cosas cometido en cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación cuando con ocasión del delito se produce la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario. Este delito, de conformidad al inciso 2° del artículo 443 del Código Penal, se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es, de 3 años y un día a 5 años de privación de libertad. Sin embargo, se propone que la agravación se establezca en función del objeto material (cajeros automáticos y dinero contenido en ellos), y no de la interrupción o interferencia en su funcionamiento. Ello debido a que normalmente el robo con fuerza de estos cajeros conlleva que ellos dejen de funcionar; se pueden presentar problemas al determinar las causas del no funcionamiento del cajero, como el robo de uno que ha dejado de operar antes por un desperfecto mecánico; o puede resultar complejo asimilar la función social asociada a los suministros públicos y domiciliaros con la utilidad que presta un cajero.



III.- CONTENIDO DEL PROYECTO. El proyecto consta de un artículo único, que agrega un nuevo inciso tercero al artículo 443 del Código Penal, estableciendo que el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dinero o del dinero y valores contenidos en ellos será sancionado con presidio menor en su grado máximo, de 3 años un día a cinco años. - Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal. El proyecto de ley propone modificar el artículo 443 del Código Penal. IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a) Discusión general.

1.- Cristóbal Lira, Subsecretario de la Prevención del Delito.

Destacó el beneficio social de los cajeros automáticos pues permiten a todas las personas el acceso igualitario a los recursos financieros de manera expedita y segura, por lo que los delitos cometidos en contra de estos dispensadores implican la interrupción de un servicio relevante para la población. Informó que, de acuerdo a los datos actualizados durante el 2011, se han verificados 319 robos a cajeros automáticos. Ochenta de estos robos se han producido utilizando la técnica del “vehículo vaquero”, mediante la cual se utilizan vehículos, generalmente robados, para lacear y arrancar los cajeros, representando el 63,4% del total de los robos, y 38 delitos se han cometido a través del “oxicorte”, técnica auxiliar a la soldadura, utilizada para realizar cortes en materiales de fierro, acero y otros, representando éstos el 30,2% del total. Entre las medidas adoptadas para reducir los robos de cajeros automáticos se ha intensificado la vigilancia de las policías, en las horas más peligrosas, esto es, entre las tres y las seis de la mañana, además se ha implementado un sistema de alarma, lo que ha permitido frustrar algunos robos. De los 319 robos a cajeros automáticos que se han producido durante el transcurso del presente año se ha detenido a 186 personas de las cuales 81 se encuentran privadas de libertad y las restantes se encuentran en libertad.



Hizo presente que, normalmente los delincuentes son sancionados por robo en un lugar deshabitado y como además utilizan vehículos robados, se les enjuicia por receptación cuya penalidad es muy baja, en circunstancias que muchos de estos hechos ocurren al interior de supermercados, farmacias y estaciones de servicios, con intimidación de las personas que se encuentran en el lugar y muchas veces utilizando armas. Destacó que existe colaboración permanente con Carabineros de Chile en la prevención de estos delitos habiéndose implementado medidas de seguridad como el sistema de comunicaciones entre las entidades bancarias y Carabineros; revisión de normas de seguridad a las que deben someterse los bancos e instituciones financieras. Además, se está tratando de implementar el blindaje de acero de los cajeros con lo que se triplicará el peso de ellos evitando la sustracción y destrucción de los mismo, evitando el uso de algunas técnicas que utilizan los delincuentes actualmente como el lazo metálico y herramientas como taladros, discos y oxicorte. Asimismo, informó que se ha trabajado con el Banco Central para la implementación de billetes entintados, y se confeccionará una carta Gantt del número de cajeros que serán blindados y de los que tengan billetes entintados. Por otra parte, explicó que actualmente el robo de cajero automático se asimila al que se comete en un banco, esto es, en lugar no habitado y, conforme a lo preceptuado en el artículo 442 del Código Penal, se castiga con 541 días a 5 años, esto es presidio menor en sus grados medio a máximo. Si no se configuran agravantes, la pena ordinariamente aplicada a este delito es la mínima, 541 días y si hubiere atenuantes como irreprochable conducta anterior o reparación del mal causado, la pena puede disminuir en un grado, esto es, 61 días de presidio menor en grado mínimo. Por estas razones el proyecto de ley propone sancionar el robo de un cajero automático con la pena de presidio menor en grado máximo esto es 3 años y un día a 5 años. 2.- Roberto Jiménez, gerente de operaciones de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Manifestó el acuerdo de la Asociación de Bancos con esta iniciativa, pues la baja penalidad asociada al delito de robo de cajeros automáticos actualmente vigente constituye un incentivo más que una sanción. Asimismo, se declaró partidario de tipificar el robo de claves mediante el uso de cámaras u otros dispositivos que permitan obtener información de las bandas magnéticas de las tarjetas de los usuarios.



Hizo presente, además, que en los últimos años, la Asociación de Bancos ha impulsado un plan de bancarización con la finalidad de llegar con sucursales a todas las localidades, especialmente en las zonas más aisladas geográficamente y que uno de los mecanismos utilizados ha sido la expansión de la red de cajeros automáticos a lo largo del país. Así es como a diciembre de 2010 existían 8.200 cajeros, con 400 millones de transacciones al año, que se traduce en 17.200 miles de millones de pesos. Al año 2011 se pretende seguir creciendo en el número de cajeros y transacciones. De acuerdo a los datos actualizados al mes de mayo de 2011, se han verificados 330 robos a cajeros automáticos, de los cuales 108 han sido consumados y 222 frustrados, con un total de 3.700 millones de pesos sustraídos y 1.860 millones en pérdidas por la destrucción de máquinas y reposición de éstas. Enfatizó el rol de servicio a la comunidad que juegan los dispensadores lo cual ejemplificó dando a conocer los beneficios que trajo la instalación de uno de ellos en el pueblo de Ninhue, que desde que fue instalado ha permitido a sus habitantes no tener que viajar a Quirihue, lugar que se encuentra a más de 20 kilómetros. Hizo hincapié en el hecho de que estas acciones la realizan los bancos no sólo con el propósito de ganar plata sino que también porque están consientes que deben solucionar un problema y prestar un servicio a la comunidad. En materia de medidas de seguridad, informó que están implementando la instalación de blindaje de acero en los dispensadores de dinero para minimizar el robo utilizando oxicorte, así como el “entintado” de billetes, en los cajeros más expuestos. Con esta medida lo que se hace es inutilizar los billetes, mediante la detonación de un artefacto electrónico que contiene tinta; además, se han realizado estudios para el cambio del anclaje de los cajeros para evitar que la estructura sea desmontada a la fuerza y remolcada. El objetivo es que el anclaje sea de pernos de acero en hormigón armado o que esté empotrado a la pared para así evitar que se lo roben. Los representantes de la Asociación de Bancos hicieron hincapié en que la prevención de estos delitos es un trabajo en conjunto con la autoridad sin que el problema sea resuelto tan sólo con la aplicación de modernas medidas de seguridad, por cuanto éstas caen en desuso, apenas los delincuentes aprehenden a burlarlas. Por ello, a su juicio, la regulación legal adecuada es trascendental. El Diputado señor Squella manifestó dudas en cuanto a la ubicación de la norma propuesta y a la remisión o reenvío tanto de la sanción como de la conducta.



El Diputado señor Walker opinó que esta iniciativa se asimila al proyecto que aumenta las penas para el delito de robo de vehículos motorizados. En efecto, el robo de vehículos motorizados al igual que el de cajeros recibe una sanción muy baja, casi equivalente al robo de un electrodoméstico que está en la vía pública, ya que no está tipificado de manera específica en el Código Penal, lo que ha constituido un incentivo perverso, pues ambos ilícitos se han transformado en convenientes, ya que los delincuentes reciben bajas sanciones si son atrapados y en cambio, la ganancia es muy alta. Por ello, coincidió en la necesidad de aumentar la pena de cárcel para quienes los cometen. El Diputado señor Letelier sugirió que la norma describa el ilícito distinguiendo, para aplicar la pena, si se comete en lugar habitado o en lugar no habitado. El Diputado señor Harboe hizo presente que este tema es de larga data debido a la reticencia de la banca a realizar las inversiones correspondientes en materia de tecnología, sin perjuicio de las realizadas en materia de seguridad privada especialmente alarma contra asaltos. Calificó de grave el hecho que funcionarios policiales estén destinados a la vigilancia de cajeros, en desmedro de su función de proteger a la población, en pos del resguardo de la propiedad privada de los bancos, que anualmente perciben ganancias millonarias, por ello, opinó, que no requieren de subsidio estatal en materia de seguridad, sino que estas instituciones deben reforzar la seguridad privada mediante vigilantes o guardias privados. Asimismo, sostuvo que al aumentar o modificar las penas del Código y leyes penales, hay que resguardar la debida proporcionalidad que debe existir entre la gravedad de los tipos penales y sus respectivas sanciones puesto que debe mantenerse un sistema coherente y proporcionado. Agregó que, ciertamente, no todos los bienes jurídicos protegidos mediante sanciones penales tienen la misma naturaleza ni son igualmente relevantes para los seres humanos, cuando la acción de un tercero atenta contra ellos. A su juicio, la necesidad de reprimir con mayor severidad este delito no se funda en el riesgo para las personas, porque se comete en un lugar no destinado a ser habitado; además, el dinero sustraído solo es propiedad de una persona jurídica; el daño patrimonial para los accionistas del banco u otras personas es relativo, y no afecta directamente a ninguna persona natural en particular. De igual forma cuestionó la ubicación en el artículo 443 que está relacionada con la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público, como sería el robo de cables de cobre que tiene efectos sobre el suministro energético para la población.



El Diputado señor Squella contraargumentó que no se puede disociar el daño a la propiedad con la protección de las personas, además de la afectación psíquica que ello conlleva. El Subsecretario de Prevención del Delito consideró que en materia de seguridad es indispensable contar con medidas coordinadas con la autoridad pues este delito genera sensación de inseguridad en la población. Además se trata de una conducta grave, no sólo por ser reiterada, sino porque provee de cuantiosos recursos al mundo delictual. El botín en estos casos suele ser de hasta unos sesenta millones de pesos y difícilmente es de menos de treinta. Desde este punto de vista, el aumento de las penas para quien roba cajeros automáticos no solo se justifica, sino que es necesario en una adecuada política criminal. El Diputado señor Harboe reiteró que una política seria del delito debe partir por establecer penas proporcionales a los bienes jurídicos dañados o puestos en peligro y no parece ir en este sentido aumentar las penas con el fin de dar protección a máquinas que son propiedad de la banca privada, sobre todo considerando que en estos delitos no está en peligro la vida o integridad física de las personas. No corresponde, por tanto, en su opinión, que se proteja la propiedad de grandes empresas a través del aumento de penas de delitos sino que lo procedente sería que esas empresas inviertan en dispositivos de seguridad para sus máquinas tales como empotrarlas, instalarles alarmas, marcar los billetes, contratar seguros, etc.

3.- Jorge Encina, asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Reiteró que esta iniciativa no tiene por finalidad proteger a los bancos y la pérdida económica que les acarrea el robo de cajeros de su propiedad, sino que proteger a la comunidad de hechos ilícitos en que no arriesgan sólo sus bienes sino que también su integridad física. Agregó que la sustracción de cajeros es un delito que afecta a las personas que utilizan el dispensador para obtener y administrar su dinero en forma segura, sumado a que generalmente se comete con violencia e intimidación en las personas y en lugares en donde hay concurrencia de público, como farmacias, servicentros, empresas y supermercados. Por ello, reiteró que esta iniciativa tiene por finalidad disminuir la delincuencia violenta. Aseguró que el Gobierno ha hecho exigencias a los Bancos en materia de reforzar sus medidas de seguridad para los cajeros automáticos, a saber: blindaje metálico básico estándar; sistema de anclaje reforzado estándar; base radier hormigón reforzado según norma y entintado de billetes.



Es así como el Ministro del Interior y Seguridad Pública, y el Gerente General del Banco Santander, realizaron un convenio para dar inicio oficial al sistema de entintado de billetes en cajeros automáticos, con el cual el Gobierno pretende reducir la sustracción de estos dispensadores, mediante medidas de carácter operacional, técnico y administrativo. Entre las medidas para combatir el robo de cajeros automáticos, destacó las siguientes: - Endurecimiento de penas: Mediante esta iniciativa, que modifica la legislación aumentando las penas para quienes sean condenados por este ilícito. Actualmente las penas van desde 541 días a 5 años. De aprobarse el proyecto quedará entre 3 años y un día a 5 años. Entintado de billetes: El trabajo coordinado entre el Gobierno, el Banco Central, Carabineros y las entidades financieras, alcanzó un acuerdo que permitirá la instalación masiva de dispositivos de entintado. El mecanismo permite inutilizar los billetes una vez que la gaveta contenedora es sometida a movimientos o calor al manipular el cajero. - Blindaje: El Gobierno solicitó a los bancos implementar medidas para proteger la bóveda donde se ubican los dispensadores en la actualidad. - Cajeros nuevos: La industria ha efectuado una completa revisión de la tecnología disponible a nivel mundial y se ha comprometido a mejorar el diseño y anclaje de las nuevas unidades que se instalen en el país. - Agenda de trabajo: El Gobierno está impulsando una mesa de trabajo para colaborar con el mejoramiento estructural de sucursales y oficinas bancarias con el fin de eliminar la facilitación situacional de este tipo de delitos.

4.- Juan Francisco Galli, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana.

Expresó que la descripción del ilícito penal abarca a todo dispositivo que entrega dinero y no sólo a los cajeros automáticos. Este tipo de conductas tiene una gran frecuencia, afecta lugares con afluencia de público y tienen un alto impacto social en lugares donde no existen bancos cercanos. Actualmente estos delitos, no tienen una pena especial, aplicándose las que existen para el robo en lugar no habitado que va desde los541 días a los 5 años, siempre y cuando no exista violencia o intimación en las personas.



Hizo presente que si se aprueba esta iniciativa legal se aumentará el mínimo de la pena que puede imponer el juez para el robo de cajero automático a 3 años y un día, sancionando así con la misma pena que el robo de cosas que produzca la interrupción o interferencia de un servicio público o domiciliario. Lo anterior, habida consideración de que la existencia de cajeros automáticos responde a una necesidad fundamental como es el acceso de los particulares a los recursos financieros de manera expedita y segura; en consecuencia, los delitos contra estos dispensadores implican la interrupción de un servicio relevante para la población. Informó que de los 319 ataques de cajeros producidos en lo que va del año 2011, han sido detenidas 186 personas, de ellas 81 se encuentran privadas de libertad -16 condenados y 65 en prisión preventiva-. Agregó que, de los 16 condenados, 12, lo fueron por robo en lugar no habitado: 5 condenados a 61 días; 3 a 120 días; 2 a 300 días, y 2 a 540 días. Además, 11 personas fueron condenadas por robo en lugar no habitado y receptación: 10 a 300 días; 1 a 41 días; 2 fueron condenados a 61 días por robo en lugar habitado, 2 condenados por lesiones menos graves con penas de 61 días y de 41 días, respectivamente. Asimismo, hizo presente que comparte las dudas manifestadas por algunos integrantes de la Comisión en cuanto a que resulta difícil homologar las penas de robo de cajeros automáticos con el robo de elementos que provoca la interrupción de un servicio público, pero consideró que es necesario tener presente que el cajero otorga un servicio a quienes no tienen acceso al banco y por ello constituye un servicio al público. En relación a la estafa constituida por la duplicación o clonación de tarjetas, o la intervención de un dispositivo en el cajero para sustraer el dinero al cuenta correntista, precisó que se comete mediante engaño, lo que constituye otra figura, como robo por sorpresa. ------ El Diputado señor Harboe reflexionó que si se eleva el piso para el robo a cajero automático a tres años se hace equiparable al robo en bienes nacionales de uso público, es decir, el robo de cajero tendrá una pena asociada entre 3 y cinco años, no obstante si en el mismo robo se asalta a quien está sacando plata del cajero la pena asociada tendrá como piso 541 días, aún cuando está en juego la integridad física, ello porque el delito de robo por sorpresa se sanciona con pena que va desde los 541 días.



En síntesis, planteó que aumentar el piso de la sanción a quien roba un cajero automático puede motivar los delitos contra las personas porque será más grave robar un cajero automático dispensador que a las personas que se encuentran en el cajero automático. Por ello el delincuente preferirá esperar a su víctima y asaltarla. El Diputado señor Squella sostuvo que este texto sanciona severamente el robo de cajeros automáticos, pues intenta poner freno a un problema que se está suscitando de manera reiterada. Manifestó su acuerdo, en cuanto a relacionarlo, con el corte, interrupción o interferencia del suministro de un servicio público, por la importancia de la distribución de dinero. El Diputado señor Montes sugirió que esta iniciativa contemple una norma que obligue a los bancos a garantizar el máximo de medidas de seguridad, minimizando el riesgo de la actividad. El asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito señaló que a los bancos se les está exigiendo que cuando se trate de la instalación de cajeros nuevos deben adoptar mayores medidas de seguridad como procederá a empotrarlos, entintar los billetes, usar un blindaje o anclaje determinado, tener matrices de riesgos, etc. todo lo que está íntimamente relacionado con la iniciativa que regula la seguridad privada.

b) Votación en general.

Sometido a votación general fue aprobado por mayoría de votos, cuatro a favor de los Diputados señorita Sabat y señores Montes, Monckeberg Bruner y Silber y la abstención del Diputado señor Harboe.

c) Discusión y votación en particular.

Artículo único, que pasa a ser primero.

Los Diputados señorita Sabat y señores Romilio Gutiérrez; Letelier y Leopoldo Pérez Lahsen, presentaron una indicación sustitutiva del siguiente tenor:

“Artículo primero.- Modifícase el Código Penal, incorporando, en el inciso segundo del artículo 443, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo final:



“Con la misma pena se sancionará el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros o del dinero y valores contenidos en ellos.”

Artículo segundo.- Las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública conforme a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981”.

Los autores señalaron que el texto original aumentaba las penas para sancionar a quienes cometieran el delito de robo de cajeros automáticos, sin imponerle ninguna carga a los bancos para que invirtieran en la seguridad de su patrimonio.

La indicación, en su artículo 1° modifica el Código Penal haciendo equivalente, en cuanto a sanción, al robo de cajeros automáticos con el robo de cables de cobre, la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía. Lo anterior en consideración a la utilidad que representan los cajeros automáticos para los ciudadanos, sobre todo en sectores aislados del país donde se aprecia de mejor manera que prestan una función de utilidad ciudadana.

Por el artículo 2° se deja explícita la facultad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para imponer a las instituciones financieras o bancarias la obligación de adoptar las medidas mínimas de seguridad para evitar el robo de los expendedores de dinero. Estas medidas de acuerdo con la legislación que regula la seguridad privada, se le pueden imponer por el mayor riego que las instituciones financieras imponen a la sociedad por la gran cantidad de dinero que circula en dichas instituciones. Tal obligación se trasladó a este artículo señalando que las instituciones bancarias o financieras deberán dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.607, de 1981.

Con ello se quiere explicitar que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dictación del decreto exento Nº 1.122, de 1998, por el que dispuso medidas de seguridad mínimas que deben adoptar las entidades bancarias y financieras, como anclaje y eventualmente el entintado de billetes podrá exigírselo a los bancos respecto de los lugares en que funcionen cajeros automáticos.



El Diputado señor Walker hizo presente que no obstante las grandes ganancias que obtienen las instituciones financieras, son pocas las medidas de seguridad que otorgan los bancos a sus clientes para extraer dinero.

Sin embargo manifestó su preocupación por las sanciones que efectivamente se podrán imponer por las infracciones de las instituciones bancarias de las obligaciones impuestas en el artículo 2 °.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública explicó que el artículo 3° del decreto ley N° 3.607, fija las normas generales a que deberán someterse la organización y funcionamiento del organismo de seguridad, así como las medidas mínimas que deberán contener los estudios de seguridad de todas o algunas de las sucursales del banco. En caso de que el banco o entidad financiera no realice el estudio de seguridad o no cumple con las medidas exigidas, la sanción es que queda impedida de funcionar.

Por otra parte, se hizo presente que se ha estimado que el cajero automático es un espacio arrendado que se asimila a la sucursal de un banco y por ende debe cumplir con todas las medidas de seguridad exigidas por el estudio de seguridad o las medidas mínimas establecidas por el pre citado decreto de ley.

Respecto del aumento de las penas, señaló que actualmente el robo en cajero automático se sanciona como robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, es decir con presidio menor en su grado medio a máximo, de quinientos cuarenta y un días a cinco años. Si se produce la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía, la pena se aplicará en su grado máximo, de tres años y un día a cinco años.

Con esta iniciativa no se está aumentando la pena sino el límite inferior de ésta, para ello se estimó que el robo de cajero automático en lugar no habitado sea asimilado a la interrupción de un servicio que es de utilidad pública para la población. En cuanto a una eventual desproporción por el aumento de la pena, explicó que ello no ocurre por cuanto no se aumenta el techo de la sanción que se mantiene en cinco años.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes señorita Marcela Sabat y señores Romilio Gutiérrez; Cristián Letelier; Leopoldo Pérez, en reemplazo de Cristián Monckeberg, y Matías Walker.



V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS. No hay disposiciones ni artículos rechazados. ------- Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el Diputado Informante, la Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto: PROYECTO DE LEY “Artículo primero.- Modifícase el Código Penal, incorporando, en el inciso segundo del artículo 443, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo final:

“Con la misma pena se sancionará el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros o del dinero y valores contenidos en ellos.”.

Artículo segundo.- Las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública conforme a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981.”.

-------- Se designó Diputado Informante al señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR. -------- Tratado y acordado, según consta las actas correspondientes a las sesiones de 22 de junio y 6 y 20 de julio de 2011, con la asistencia de la Diputadas señora María Angélica Cristi Marfil, en reemplazo del señor Edmundo Eluchans Urenda y señorita Marcela Sabat Fernández (Presidenta) y de los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo, en reemplazo de la señora Cristina Girardi Lavín; Giovanni Calderón Bassi, Juan Luis Castro González; Romilio Gutiérrez Pino; Cristián Letelier Aguilar; Felipe Harboe Bascuñán; Cristián Monckeberg Bruner; Carlos Montes Cisternas; Leopoldo Pérez Lahsen, en reemplazo del señor Cristián Monckeberg; Gabriel Silber Romo; Arturo Squella Ovalle y Matías Walker Prieto. Sala de la Comisión, a 20 de julio de 2011. MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS Abogada Secretaria de la Comisión



INDICE BOLETÍN Nº 7689-07 .......................................................................8 I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.....................................8 1) IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO: ..............................8 2) NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: ...................................................8 3) NORMAS QUE REQUIERAN TRÁMITE DE HACIENDA: .........................8 4) APROBACIÓN DEL PROYECTO, EN GENERAL: ...................................8 5) DIPUTADO INFORMANTE: ..............................................................9 II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS.................................................9 A) ANTECEDENTES: ..........................................................................9 B) FUNDAMENTOS:...........................................................................9 III.- CONTENIDO DEL PROYECTO......................................................11 - NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE SE PROPONE MODIFICAR O QUE INCIDEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTA INICIATIVA LEGAL. 11 IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.......................................................11 a) Discusión general........................................................................11 1.- Cristóbal Lira, Subsecretario de la Prevención del Delito. ................11 3.- Jorge Encina, asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito....15 4.- Juan Francisco Galli, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana. ....................................................................................16 b) Votación en general. ...................................................................18 c) Discusión y votación en particular. ................................................18 PROYECTO DE LEY ..........................................................................21


DISCUSIÓN SALA

1.3 Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 68. Fecha 10 de agosto, 2011. Discusión general. Queda pendiente. AUMENTO DE PENAS DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. Primer trámite constitucional. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con urgencia calificada de suma. Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas es el señor Cristián Letelier. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 7689-07, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1. -Primer Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, sesión 61ª, en 2 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 18. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor LETELIER (de pie).- Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, en primer trámite constitucional y reglamentario. La iniciativa legal tiene por objeto aumentar las penas asignadas al delito de robo de cajeros automáticos. Las cifras de los robos que utilizan la técnica del “vehículo vaquero” (laceo) aumentaron a un 63,5 por ciento este año, a la fecha, comparado con el 20,3 por ciento que representaban el 2010. Asimismo, de los 126 casos acontecidos durante lo que va transcurrido de este año, 53 de los 54 vehículos que fueron utilizados para robar los cajeros automáticos y que luego fueron abandonados presentaban encargo por robo. Es decir, esta conducta punible envuelve lo que se llama en doctrina penal “la preterintencionalidad”. Es decir, se usa un instrumento -el vehículo robado- para efectuar otro robo, el de los cajeros automáticos. Por ello, el Gobierno estimó necesario establecer un plan de acción general en contra del robo de cajeros automáticos que involucra tanto la adopción masiva de medidas de seguridad para los cajeros ya instalados, como un perfeccionamiento de la normativa, que incluye medidas de seguridad estandarizadas de acuerdo al nivel de riesgo de cada cajero por instalar.


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Ese proyecto tiene su fundamento en la baja pena asociada al robar en lugar no habitado. No olvidemos que el robo con fuerza en las cosas presenta y distingue en el Código Penal dos conductas punibles: por una parte, el robo en lugar habitado -entiéndase por ello la morada de las personas- y otra pena para el robo en lugar no habitado. Conforme con ello, el proyecto aumenta las penas en forma determinante, de manera que tenga una punibilidad mayor. En cuanto al robo con fuerza en las cosas, normalmente, se aplica, en el caso de los cajeros automáticos, la pena prevista para el robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado; es decir, presidio menor en sus grados medio a máximo -entre 541 días y cinco años-, sin importar el valor de lo sustraído. El mensaje del gobierno sostiene que el referente que mejor refleja el injusto cometido por quienes roban cajeros automáticos es la pena existente para el robo con fuerza en las cosas cometido en objetos que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a habitación cuando con ocasión del delito se produce la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario. Este delito, de conformidad al inciso segundo del artículo 443 del Código Penal, se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es, de tres años y un día a cinco años de privación de libertad. Sin embargo, se propone que la agravación se establezca en función del objeto material (cajeros automáticos y dinero contenido en ellos) y no de la interrupción o interferencia en su funcionamiento. Según señalan los expertos, estos cajeros automáticos tienen, técnicamente, la denominación de ATM, y cada cajero automático contiene, aproximadamente, 60 millones de pesos. El proyecto original constaba de un artículo que agregaba un inciso tercero al artículo 443 del Código Penal, estableciendo que el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dinero, o del dinero y valores contenidos en ellos, sería sancionado con presidio menor en su grado máximo, esto es, de tres años un día a cinco años. Sin embargo, después de la discusión en la Comisión se consideró que el texto original aumentaba las penas sin imponer ninguna carga a los bancos para que invirtieran en la seguridad de su patrimonio. Por ello, se presentó una indicación sustitutiva que, en su artículo 1°, modifica el Código Penal, haciendo equivalente, en cuanto a sanción, el robo de cajeros automáticos con el robo de cables de cobre, la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía. Ello en consideración a la utilidad que representan los cajeros automáticos para los ciudadanos, sobre todo en sectores aislados del país, donde se aprecia de mejor manera que prestan una función de utilidad ciudadana. Cuando se roba un cajero automático, muchos ciudadanos sufren el efecto de no tener a disposición un cajero automático; además, los bancos se demoran mucho tiempo en sustituirlo por uno nuevo. Eso no sólo perjudica a la entidad robada, sino también a la ciudadanía entera.


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En el artículo 2° de la indicación sustitutiva se deja explícita la facultad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para imponer a las instituciones financieras o bancarias la obligación de adoptar las medidas mínimas de seguridad para evitar el robo de los expendedores de dinero. Estas medidas, de acuerdo con la legislación que regula la seguridad privada, se le pueden imponer por el mayor riesgo que las instituciones financieras asumen por la gran cantidad de dinero que circula en dichas instituciones. Tal obligación se trasladó a este artículo, señalándose que las instituciones bancarias o financieras deberán dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.607, de 1981. En consecuencia, el artículo primero del proyecto incorpora en el inciso segundo del artículo 443, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo final: “Con la misma pena se sancionará el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros o del dinero y valores contenidos en ellos.”. Es decir, no importa qué cantidad de dinero existe en cada uno al momento del robo. Y el artículo segundo dispone: “Las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública conforme a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981.”. Con este proyecto, aprobado en la Comisión con los votos favorables de la señorita Sabat, doña Marcela; y de los señores Montes, Monckeberg, don Cristián, y Silber, y con la abstención del señor Harboe, se está dando una señal potente en el sentido de atacar y aumentar la sanción a los delincuentes que roban cajeros automáticos. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, como cuestión previa, aclaro que no tengo ninguna pretensión de demonizar a quienes apoyen este proyecto. La discusión es legítima y entiendo que el apoyo de la Comisión es transversal, pero me parece que el proyecto da cuenta de un tema que debemos mirar con más profundidad. Creo que nos debatimos entre San Miguel y los cajeros automáticos. Me explico. Hace algún tiempo, leí un libro patrocinado por el Consejo General del Poder Judicial español sobre las penas y las alternativas a la prisión, y de ahí recuerdo una frase dura, pero real, que decía que quien haya visitado los patios de, al menos, tres o cuatro prisiones, sabe perfectamente de lo que hablamos. La cárcel es el espacio institucional que recibe el fracaso social, la pobreza, la marginación, la ausencia de educación no violenta, igualitaria, la enfermedad mental, las toxicomanías, las consecuencias de una sociedad


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consumista de gratificación inmediata. Mutatis mutandis, sin duda, la aseveración es perfectamente aplicable a nuestra realidad. La pregunta esencial e ineludible es la siguiente: ¿Qué hacemos como sociedad para revertir la situación descrita? La respuesta honesta, a mi juicio, es poco o, a veces, nada. El Gobierno, por medio de su ministro de Justicia, planteó algunas medidas que denominó “el uso racional de la cárcel”. De ello surge, tácitamente, que hasta la fecha ha existido un uso irracional de la misma, concepto o lectura que comparto. Llama poderosamente la atención de que sea este gobierno el que ponga este tema en la agenda pública; el mismo que, cuando fue Oposición y cuando hizo campaña, estableció como elemento central de su propaganda la cárcel como eje fundamental de sus políticas de seguridad pública. Recuérdense los eslóganes: “Se acabó el recreo a los delincuentes” o “Pondremos candado a la puerta giratoria”. ¿Qué ocurrió para justificar este giro? A mi juicio, sucedieron varios hechos, pero el más dramático y doloroso que recuerde la triste historia carcelaria de Chile fue el incendio de la cárcel de San Miguel y los ochenta y un chilenos que allí murieron como consecuencia del hacinamiento, de la imprevisión y también, según parece, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, de la negligencia de quienes debían cuidarlos. Allí está la causa basal del debate actual. Recuérdese que, pocos meses antes del dramático 8 de diciembre, la Iglesia Católica había propuesto un indulto general y la respuesta casi unánime fue un portazo sonoro. Con posterioridad al incendio de la cárcel de San Miguel, el director de Gendarmería señaló que los recursos fiscales no eran suficientes para una alimentación digna de los presos. De esa manera justificaba el uso de balones de gas para que los reos se prepararan su propia comida. Tal déficit no fue objeto de discusión alguna durante la tramitación del presupuesto del 2011, ni de parte del Ejecutivo ni de los parlamentarios, incluido quien habla. Creo que el cambio de política propuesto por el Ministerio de Justicia es positivo y valorable, más allá de lo que antes sostenían -no hace tanto- quienes hoy son gobierno. Por cierto, la Oposición debe concurrir a un gran acuerdo nacional sobre esta materia y dejar atrás cualquier tentación de sacar partido político al trecho gigantesco que hay entre el discurso propagandístico de ayer y la dura realidad de hoy. Este gobierno, al contrario de los anteriores, encontrará una oposición dispuesta a construir un sistema distinto. Tengo la convicción de que eso ocurrirá. Más allá de la discusión del detalle jurídico, medidas como el perfeccionamiento de Gendarmería, la construcción de nuevas cárceles más humanas, el fortalecimiento de penas alternativas a la prisión, el fortalecimiento de las medidas de reinserción y rehabilitación, y la modificación de la legislación para lograr el uso racional de los recintos carcelarios, debieran ser la base sólida de un acuerdo de largo alcance. Desgraciadamente, hoy, el gobierno nos trae, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, una señal en la dirección exactamente opuesta al


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uso racional de la cárcel. En efecto, nos anuncia y nos envía, con una simpleza ramplona, a mi juicio, un proyecto de aumento de penas. Nos dice que el crecimiento del robo de cajeros automáticos se combatirá con un aumento sustancial de las penas. Repetimos la historia de ayer: antes fue el robo hormiga en los supermercados y la modificación del Código Procesal Penal en materia de medidas cautelares. La tarea de bajar el delito de robos de dispensadores de dinero tiene que ver con una menor impunidad sobre la base de exigir a nuestras policías prevención, inteligencia, viveza; exigir a los bancos -¡que por Dios que tienen utilidades!- medidas de seguridad, ubicación racional de los cajeros automáticos. ¡No habrá país en el mundo con más cajeros automáticos por habitante! ¡Es un absurdo! Las máquinas están a disposición de quienes las quieren robar. No están protegidas, porque no gastan recursos en seguridad, no obstante que reciben mucho de parte de todos los chilenos. Por lo demás, con algunas de estas medidas, hace algunos años, bajó el delito, lo que demuestra lo que estoy diciendo. No se puede implementar políticas de uso racional de las cárceles y, paralelamente, crear condiciones para llenarlas. A ponerse de acuerdo y a guardar este proyecto. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella. El señor SQUELLA.- Señor Presidente, con mucho respeto, discrepo de lo que ha dicho el diputado Jorge Burgos, porque no es disonante ni contradictorio preocuparse más por sancionar, como corresponde, delitos que están amenazando la integridad de las personas y la tranquilidad de la inmensa mayoría de los chilenos que vive atemorizado en sus casas por la delincuencia, con el interés por la dignidad de quienes actualmente están privados de libertad. Tanto al diputado que me antecedió en el uso de la palabra como a quien habla nos correspondió formar parte de la Comisión Investigadora sobre los hechos que provocaron el incendio de la cárcel de San Miguel y todos estamos de acuerdo -no sólo los dos diputados, sino que la Comisión completa-, incluyendo al Ejecutivo -así lo han expresado tanto el anterior como el actual ministro de Justicia-, en mejorar sustantivamente las condiciones en que están funcionando los recintos penitenciarios. Pero eso no significa que nos vamos a tapar los ojos y asumir que la manera de hacer respetar esa dignidad -respecto de la cual, por cierto, todos debemos ser severos en levantar la voz- va a ser a través de no sancionar como corresponde a la delincuencia. Hago un llamado al diputado Burgos y a todos los que tienen esa especial preocupación por el respeto de la dignidad de las personas que están al interior de las cárceles que también tengan a la vista la dignidad de quienes actualmente están en sus casas atemorizados, precisamente porque el delito está desenfrenado en las calles de Chile. Éste es un buen proyecto, que demuestra una reacción pertinente, oportuna,


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de muy buena forma, del Ejecutivo. Creo que la indicación sustitutiva que se presentó refleja el sentir de los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, porque presenta una modificación más conveniente que lo que decía el proyecto original. En ese sentido, no me queda más que hacer un llamado a aprobar este proyecto y, en definitiva, a apoyar todos los proyectos que, de alguna forma, nos permitan brindar mayor seguridad a los ciudadanos que representamos. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe. El señor HARBOE.- Señor Presidente, en el debate en la Comisión de Seguridad Ciudadana manifesté gran parte de los argumentos por los cuales creo que este proyecto es inoportuno e inconveniente. Es cierto que durante el último semestre han aumentado los robos a cajeros automáticos. Es efectivo: 319 robos a cajeros automáticos en lo que va corrido del año. Nos prometieron seguridad, pero no se está apreciando mucho en estas materias. Las causas de los robos son varias. Primero, por la falta de inversión de la industria de la banca para proteger los cajeros automáticos. Recordemos que los grandes bancos son los principales dueños de Transbank, única empresa que hoy actúa como red de cajeros automáticos. En consecuencia, es una integración vertical de los bancos, es un negocio, una sociedad de giro relacionado de los bancos; sin embargo, no invierten en seguridad. Estamos hablando de una industria cuyas ganancias, en 2010, llegaron a los 3 mil 200 millones de dólares, pero aún no implementa, con eficacia y eficiencia, el sistema de entintado de billetes o el anclaje de acero de los cajeros automáticos, cuestión que hemos venido peleando desde hace muchos años. Tal es así que este proyecto estuvo en carpeta en la Asociación de Bancos durante bastante tiempo. Lo afirmo porque cuando fui subsecretario del Interior recibí muchas presiones de la banca para enviarlo a tramitación. Pero mi obsesión siempre fue que la seguridad pública tenía que estar enfocada principalmente a la seguridad de las personas y de sus familias y no de los cajeros automáticos. El proyecto es inoportuno, porque la reciente encuesta de victimización publicada por Paz Ciudadana nos señala que los principales delitos de robo se cometen en casas particulares de los sectores medios y bajos. Es decir, el 39,7 por ciento de los hogares victimizados pertenecen al sector medio y medio bajo, gente de esfuerzo, que muchas veces tiene dejar a sus hijos en casa para salir a trabajar, lo que los expone a ser víctimas de la delincuencia. Dicho otra forma, en los últimos seis meses, dos de cada cinco hogares de clase media y media baja han sido víctimas de delitos de robo. Pero hay algo peor. La encuesta nos revela que de cada diez hogares que han sido víctimas, siete volverán a serlo. Ante tales cifras, la autoridad debiera focalizar la política de seguridad en proteger a las personas y sus hogares. Sin embargo, el Gobierno


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nos manda un proyecto para proteger los cajeros automáticos, para proteger a la banca, en desmedro de la seguridad de las personas. Para decirlo en palabras sencillas, el proyecto busca aumentar el piso de la pena. El robo de un cajero automático tiene una sanción mínima de 541 días, pudiendo llegar a 5 años. La idea es partir de 3 años de cárcel. El problema está en que el proyecto da una señal criminológica bastante beneficiosa para el delincuente, porque le dice que no robe el cajero automático, porque hay una cámara de seguridad y porque la pena ahora es más alta; mejor robe en una casa o asalte a las personas, porque el delito de robo por sorpresa, vale decir, el asalto a una persona, parte en 541 días. Dicho de otra forma, para el delincuente será más rentable asaltar a las personas cuando estén sacando dinero del cajero automático, porque la pena será menor, que robarse el dispensador. El derecho penal debe buscar la proporcionalidad en las penas respecto del delito y establecer un mecanismo de conductas criminológicas, para evitar incentivos perversos. Con este proyecto, se estará incentivando el ataque a las personas, el famoso lanzazo, el robo por sorpresa y, además, le estamos dando la señal al delincuente de que mejor vaya a robar a las casas de clase media y media baja, porque no tienen cámaras de seguridad, y dejen tranquilos los cajeros automáticos. Considero que el proyecto es altamente inconveniente, porque el delincuente conoce perfectamente la penalidad de los delitos, de tal forma que será incentivado a robar en las casas o a las personas y no los cajeros automáticos. Por último, no perdamos de vista que el derecho penal siempre tiene que establecer una graduación en los bienes jurídicos protegidos. Históricamente, tenemos que proteger, por sobre todas las cosas, los bienes jurídicos por excelencia, como la vida, la integridad física, la libertad sexual de las personas. Cuando se afectan estos bienes, deben existir sanciones mayores. Pero en este caso, estamos permitiendo o incentivando al delincuente a atacar la integridad física de las personas a través del robo con sorpresa, para proteger los cajeros automáticos de una empresa, de una industria, que tiene ganancias suficientes como para invertir en seguridad privada. No puedo dejar de manifestar mi preocupación y disconformidad, y de denunciar en esta Sala que, en el marco de la discusión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, el subsecretario de Prevención del Delito señaló que estaban destinando parte de la dotación de Carabineros, entre las 5 y las 7 de la mañana, a cuidar cajeros automáticos. Eso es inaceptable y gravísimo. La seguridad de las personas es lo primordial. Para eso los ciudadanos pagamos impuesto, para proteger a las personas y no los bienes de una industria que tiene recursos suficientes y no requiere subsidios del Estado. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, los diputados que me


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antecedieron en el uso de la palabra,los señores Burgos y Harboe, se plantearon en la misma línea argumentativa de nuestra bancada. El proyecto que mandó el Ejecutivo aumenta las penas por robos de cajeros automáticos y cae en el absurdo de hacer equiparable el robo con fuerza en lugar no habitado con el robo de bienes nacionales de uso público, lo que no tiene fundamento plausible porque el cajero automático siempre estará ubicado en propiedad privada. Por lo tanto, la forma de abordar el tema es poco convincente. Aumentar la penalidad no contribuirá a disminuir el robo de cajeros automáticos. Como dijo el diputado Harboe, esto simplemente va a incentivar al delincuente a optar por otros delitos, como el lanzazo o robo con sorpresa cuando las personas sacan dinero del cajero automático o cuando los adultos mayores cobran sus pensiones en los diferentes puntos de pago. Nuestras instituciones deben estar preocupadas de proteger la vida de las personas, en el marco de las libertades que a cada ciudadano le corresponde. Además, el diputado Harboe nos dijo que los carabineros, en horas de la madrugaba, se preocupan de la seguridad de los cajeros automáticos en lugar de cuidar a la gente que sale a trabajar muy temprano y que muchas veces es asaltada, a esas horas, en caminos oscuros, o a los padres que van a dejar a sus hijos al colegio. No pocas veces los menores son víctimas del robo de sus mochilas. Por eso, nos preocupa el enfoque que da este proyecto al robo de los cajeros automáticos. Llama la atención que Transbank, socia de los grandes bancos en la administración de la red de cajeros automáticos, no se preocupe por la seguridad de los locales donde ubica sus dispensadores, para que estén protegidos. Hace años que se les viene diciendo que anclen los cajeros con piolas de acero, amén de que los ubiquen en lugares que estén verdaderamente protegidos. Por donde uno camine encuentra cajeros automáticos, en cualquier esquina, en una farmacia, en los servicentros, en supermercados. Están por todos lados, pero siempre en lugares privados. Si es así, me pregunto por qué tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que pagar la protección de los cajeros automáticos a través de Carabineros de Chile y de la PDI, instituciones que están para la protección ciudadana y no de cajeros automáticos. Por todos es sabido lo que ganan los bancos. Por eso, salta de inmediato la pregunta de por qué no protegen sus cajeros automáticos y nosotros nos preocupamos de proteger a la gente y la libertad de las personas. Nuestras instituciones deben preocuparse de la seguridad ciudadana, de proteger los hogares de la clase media y baja, de proteger a los niños, que muchas veces son víctimas de delitos; a nuestros ancianos, que muchas veces son asaltados a la salida de los bancos cuando han ido a cobrar sus pensiones de miseria. En síntesis, este proyecto no se justifica. Por eso, lo votaré en contra. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Sabat.


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La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente, de acuerdo con los datos actualizados, como mencionó el diputado Harboe, durante 2011 se han verificado 319 robos a cajeros automáticos por medio de distintas técnicas, que todos hemos visto en los medios de comunicación, lo que además ha provocado daño importantes a bienes de uso público. Entre las medidas que el Gobierno ha adoptado para reducir esos robos figura la instalación de sistemas de alarmas, que han permitido frustrar muchos de estos robos; se han intensificado las medidas a nivel internacional, que avalan a un Gobierno que se ha hecho cargo de este delito que, como se dijo en el informe, no sólo interrumpe un servicio de relevancia y de beneficio social, ya que permite el acceso igualitario a los recursos financieros, sino que también amaga bienes de uso público y, lo que es más grave, a las personas, que son las que más queremos cuidar, ya que se pueden encontrar en esos lugares al momento de producirse el robo. Lo que queremos proteger es la integridad de las personas y no los bienes de los empresarios, como se ha pretendido señalar en la Cámara. Además de la colaboración permanente con Carabineros de Chile, se han implementado medidas de seguridad de vasta comunicación entre las entidades implicadas, se han revisado normas de seguridad en forma exigente, a las que deben someterse los bancos e instituciones financieras. Asimismo, se está estudiando la implementación de un blindaje de acero de los cajeros, que triplica el peso y, por lo tanto, evita la sustracción y destrucción de los mismos. También se ha trabajado con el Banco Central para la implementación de un sistema de entintado de billetes en caso de robo y se confeccionará una carta Gantt en relación con los cajeros que serán blindados y de los que estarán con ese sistema de entintado de billetes. Como presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, he dado a conocer sólo algunas medidas que ha tomado el Gobierno, lo que me permite pensar que el proyecto, que compartimos la mayoría de los integrantes de la Comisión, va en el sentido correcto, y que se han tomado las medidas necesarias para proteger aún más a las personas, repito, no a las empresas, como se ha querido destacar en otras intervenciones. Por lo tanto, en nombre de mi bancada, solicito a los diputados de la Oposición que voten a favor la iniciativa, porque queremos seguir dando la batalla en contra de la delincuencia y éste es un frente más. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, me gustaría que se conociera a Marcela Medel, quien es la presidenta del sindicato de la Copec en Talagante. Ella viene saliendo de una licencia médica de tres meses, porque su local ha sido asaltado cuatro veces para robar los cajeros automáticos allí instalados. Señor Presidente, el proyecto, ¿defiende a las empresas o a los trabajadores,


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como Marcela Medel? Señor Presidente, si vamos a discutir sobre la delincuencia y vamos a tener una política de Estado en contra del crimen, no nos podemos restar a aumentar las penas respecto de un delito de ordinaria ocurrencia en la actualidad, so pretexto de que se desea proteger a las empresas bancarias, lo que no es efectivo. Por eso, mediante una indicación sustitutiva, que apoyamos, se agregó un artículo 2°, a fin de establecer que las instituciones bancarias o financieras deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por lo tanto, señor Presidente, creemos que la iniciativa desincentiva ese delito y no incentiva otros, como se pretende hacer creer. Esa es una teoría que no tiene ningún asidero, es una suposición y una sospecha que no tiene ninguna prueba fehaciente. Aquí se trata de homogeneizar un delito. Estamos hablando de un delito grave que requiere un aumento de pena y de proteger a personas como Marcela Medel, es decir a trabajadores que sufren las consecuencias de ese delito. Por eso, anuncio que votaré a favor el proyecto y, por intermedio del señor Presidente, solicito a los diputados que lo respalden, porque va en la dirección correcta y es una señal potente y clara de que los legisladores estamos en contra de la delincuencia. Los diputados de Oposición no se pueden restar al respaldo de la iniciativa por razones menores y egoístas. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, sé que no es popular hablar a favor de un proyecto de ley que se tiende a calificar como que favorece a la banca; pero, como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, voy a fundamentar por qué voté a favor de la iniciativa en dicha instancia y lo volveré a hacer hoy. Lo que se tiene que decidir hoy es si nos parece razonable o no que el delito de robo con fuerza de un cajero automático o dispensador de dinero tenga una pena que parta en 541 días. Si eso les parece razonable, deben votar en contra el proyecto; si no les parece razonable -como a mí, que creo que la pena debe partir en tres años y un día- deben votar a favor la iniciativa. Comparto muchas de las críticas que se han hecho respecto de la política del Gobierno en contra del crimen, y así lo hice ver en mi intervención de la semana pasada en la Cámara de Diputados. Además, comparto muchos de los argumentos señalados por los diputados Jorge Burgos y Felipe Harboe, en el sentido de que la banca tuvo utilidades por más de 3.300 millones de dólares el año pasado, y que, por tanto, es la principal responsable de aplicar medidas de seguridad y de anclaje de los dispensadores de dinero para que no ocurran estos violentos delitos que vemos con frecuencia en los medios de comunicación, que, muchas veces, como dijo el diputado Letelier, van acompañados de violencia en contra de las personas y de las cosas.


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Señor Presidente, no respaldé el proyecto para favorecer a la banca, sino a las personas, a los usuarios de los cajeros automáticos. Por suerte, cada día a más trabajadores se les paga su salario, por ejemplo, a través de depósitos en cuentas corrientes o en la cuenta RUT del Banco del Estado, lo que les permite administrar sus recursos de manera más segura, pues van retirando su dinero en la medida en que lo necesitan. Por otra parte, señor Presidente, estoy pensando en muchas localidades rurales o alejadas de los grandes centros urbanos, que cuentan con cajeros automáticos gracias a los esfuerzos y a las gestiones que han realizado sus autoridades, alcaldes y parlamentarios ante el Banco del Estado; porque, hay que decirlo, a la mayoría de la banca no le interesa tener dispensadores de dinero en lugares apartados geográficamente, como Tongoy, sectores rurales de Ovalle o Río Hurtado, en los que dichos aparatos entregan un servicio público muy necesario para dichas comunidades, el que se ve alterado cuando se producen esos robos con violencia. Por eso, entiendo la pertinencia del proyecto de ley. Sin embargo, no entiendo las urgencias del Gobierno. He sido muy crítico respecto de la sequía legislativa que tenemos en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas respecto de proyectos del Ejecutivo. En este período legislativo, hemos recibido muy pocos proyectos del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, en circunstancias de que se anunció que esta sería su principal prioridad. Tal vez eso explica las cifras que están a disposición de toda la población, que establecen que la aprobación de la gestión del Gobierno en materia de seguridad ciudadana alcanza solo el 22 por ciento, que los índices de victimización aumentaron en 10,8 por ciento en el último trimestre; que el índice de victimización de Paz Ciudadana-Adimark en relación con regiones aumento en más de cinco puntos, etcétera. Por lo tanto, esperamos una respuesta mucho más prolija del Ejecutivo en cuanto a tramitación de iniciativas legislativas en materia de seguridad ciudadana. En ese sentido, es justificable el desconcierto de algunos señores diputados respecto de las prioridades del Gobierno en su agenda legislativa. Hemos criticado el doble estándar del Gobierno. Por una parte se vertieron determinados eslóganes durante el período de campaña presidencial, como el fin de la fiesta de los delincuentes, que se iba a terminar la delincuencia, etcétera, y, por otra, ha presentado un proyecto de ley de rebajas de pena, acogiendo un llamado de las iglesias, especialmente de los obispos de la Iglesia Católica. Pero no porque el Gobierno haya sido poco serio y poco prolijo en el combate de la delincuencia, nosotros debemos caer en la misma falta de seriedad. A mi juicio, es absolutamente razonable que un robo con fuerza de un cajero automático o de un dispensador de dinero, sobre todo en lugares apartados, tenga una pena que parta en los tres años un día, no en 541 días. Por las razones expresadas, voy a apoyar el proyecto. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Está llegando a su término el tiempo destinado al Orden del Día.


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En consecuencia, quedan inscritos para la próxima sesión la diputada señora Cristina Girardi y los diputados señores Schilling, Espinoza, don Fidel; Rincón y Calderón. Además, se inscriben los diputados señores Jaramillo, Accorsi y De Urresti.


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1.4 Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 70. Fecha 16 de agosto, 2011. Discusión general. Queda pendiente.

AUMENTO DE PENA DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde continuar el debate recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con urgencia calificada de suma. Hago presente que, reglamentariamente, los señores diputados tienen derecho a dos discursos de cinco minutos cada uno. Antecedentes: -La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 7689-09, se inició en la sesión 68ª, en 10 de agosto de 2011, de la legislatura 359ª. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, muchas veces nos preguntan en qué se diferencian las posturas de los diputados de Izquierda y de Centro de los diputados de Derecha, porque, en materias de defensa o de la policía, o en el combate a la delincuencia, se supone que existiría un gran acuerdo y no habría distinción. Sin embargo, este proyecto puede ser paradigmático en marcar las diferencias. La moción tiene una mirada sesgada de carácter derechista, pro empresarial, contrario a la protección de las personas, a las que coloca en segundo lugar; en el primero se pone la defensa de los grandes intereses empresariales, pero pidiéndonos el apoyo desde el Estado. Lo anterior lo digo con respeto, porque marca una diferencia. Ésta es una Cámara política. Nos eligieron por tener una mane-ra distinta de mirar el país y de cómo resolver los problemas. ¿Quién diría que respecto de la discusión de proyecto sobre por qué se roban los cajeros automáticos, podría haber una diferencia tan precisa? En medio del debate público y de las noticias, debo señalar que me parece un hecho grave el robo a los cajeros automáticos. Es peligroso y dañino para el país que haya asaltos; malo que haya delincuencia; malo que los delincuentes ganen tanta plata con el asalto a los cajeros automáticos. Un gobierno que después de un año y tanto, no ha podido cumplir su promesa de detener los índices de delincuencia, con rapidez, celeridad e ingenio, le dice a los grandes bancos, a los que tienen las más gigantescas utilidades en la


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sociedad chilena: vamos a enviar hacer un proyecto de ley especial para protegerles los cajeros automáticos. No digo que no deban protegerse, sino que para esto sí que hay celeridad; pero no para enfrentar la delincuencia que afecta a los hogares, a las familias, a las personas. Para esto no ha habido eficiencia. Podríamos decir ¡enhorabuena! si valiera la pena la eficiencia. Pero, habría preferido un gobierno que expresara a la banca que revisara sus utilidades y las comparara con las de cualquiera otra empresa, no pymes, de las grandes, de manera que protegiera los cajeros automáticos con esos recursos; que instalara las alarmas adecuadas, que tuviera mejor vigilancia y, desde el punto de vista constructivo, considerara la materialidad y los refuerzos para colocar cajeros automáticos, de manera que no se les pueda amarrar con una cadena, tirarlos con un vehículo y llevárselos. Sin embargo, el gobierno manda un proyecto de ley para aumentar las penas. Entonces, pido a la honorable Sala -por su intermedio, señor Presidente- que revise la intervención del diputado Felipe Harboe, porque es brillante la argumentación que entrega en contra de esta iniciativa. Ejerce liderazgo con capacidad legislativa, de abogado, de jurista, entendido en lo penal. Yo no entiendo nada en ese ámbito, pero tengo capacidad de ser representante ciudadano. El diputado Harboe, en el informe -que los colegas tienen en sus manos-, entrega un resumen y no es exagerado decir que lo que expresa, para oponerse al proyecto, es como para que nos sumemos a él. Si se aprobara esta iniciativa, ¿cuál va a ser la proporción que va a haber entre asaltos a un cajero automático o a una casa? Si vamos a aumentar las sanciones para castigar al que se roba un cajero automático, podría ocurrir que delincuentes que cometen ilícitos en contra de las familias, casas o personas desvalidas que no tienen el poder de los bancos, van a terminar siendo sancionados de la misma forma o, incluso, con penas menores que aquellos que roban cajeros automáticos. O sea, si yo soy delincuente y tengo que elegir por las penas aplicables, podría terminar diciendo que es mejor que me pillen asaltando una casa, a una familia, a una ciudadana o a un desvalido en la calle, en vez de robar un cajero automático de propiedad de una gran empresa bancaria, que gana miles de millones de pesos y tiene capacidad para protegerse y vigilar sus bienes. Este proyecto de ley, al final, no es serio. El diputado Harboe dijo, en la Comisión, como señala textualmente el informe, con mucha precisión -en términos que yo no podría hacerlo- lo siguiente: “Una política seria del delito debe partir por establecer penas proporcionales a los bienes jurídicos dañados o puestos en peligro y no parece ir en este sentido aumentar las penas, con el fin de dar protección a máquinas que son propiedad de la banca privada, sobre todo considerando que en estos delitos no está en peligro -de la misma manera que en otros delitos- la vida o integridad física de las personas.”. Claro, puede haber peligro a la integridad de las personas, pero no hay ninguna comparación con lo que significa el peligro para una familia que es asaltada. Entonces, observo que aquí es donde se revela con claridad la diferencia de la postura política. Este Gobierno, con entusiasmo, dice: ¿Dónde están mis


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grandes socios? ¿Quiénes son? ¿La modesta familia que, en su seno, es objeto de un asalto con violencia, o la banca que yo adoro, que me ha apoyado siempre, me ayuda, me financia las campañas; que me celebra lo que hago? ¡El cajero automático es a quien tengo que proteger sobremanera! No a las señoras desvalidas que andan en la calle y que las asaltan, no a la Juanita, a quien le fueron a pedir su voto; sino que a aquellos a los que financiaron y apoyaron. Este proyecto de ley lo votaré en contra. Ojalá me pusieran tres botones rojos -deberían ser tres negras, como en la universidad- para poder votarlo tres veces en contra. Respecto de una iniciativa de esta especie hay que decir tres veces no. Tiene un sesgo derechista pro empresarial destructivo, dañino. Lo señalado, no desde la mirada del jurista, porque no lo soy, sino desde la del político que ha sido mandatado para ser representante ciudadano y, frente a un proyecto de esta especie, lo único que puedo manifestar es no. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, en la sesión en la que comenzó la discusión del proyecto, también escuché con mucha atención las intervenciones de algunos diputados, en particular la del diputado Harboe, ya citada por el diputado Hales, respecto a cómo se acercó al análisis de este proyecto. Represento a la Región de La Araucanía, a la provincia de Malleco, donde la proliferación de cajeros automáticos en pequeñas comunas, como en Los Sauces, en Purén y en otras, ha sido muy beneficiosa, porque los ciudadanos comunes y corrientes están ahora ante la presencia de una entidad financiera que antes les estaba vedada, lo que les ha significado mucho alivio y mejoras. No cabe duda de eso. Por ejemplo, antes debían hacer largos operativos para ir a pagar, en un día determinado, con todos los problemas de seguridad que ello implicaba. Hoy está más cerca el servicio financiero, de manera que estoy muy lejos de no valorar la expansión de la red de cajeros automáticos a lo largo y ancho del país y, particularmente, en las comunas más pequeñas. No obstante, no puedo sino estar plenamente de acuerdo con lo señalado por el diputado señor Hales, en cuanto a qué está detrás o en el fondo de un proyecto de esta naturaleza. Me sorprende que a él le sorprenda, porque, dada su experiencia y conocimiento de la política, no debería sorprenderle que exista esta relación tan directa, que ha denunciado, entre un proyecto que busca proteger los intereses de un grupo financiero de los más beneficiados con el modelo que tenemos. ¡Indigna! Irrita que la industria de la banca, que obtiene una de las mayores utilidades del país, nos venga a pedir un subsidio -porque eso es-, ¡un subsidio!, mientras castiga a la inmensa mayoría de los chilenos a través de las altas tasas de interés y una serie de otros cargos que cobra. Desde el punto de vista internacional, además, tenemos algunas de las tasas de interés más altas del mundo que explican, en gran medida, la irritación que mucha de nuestra población tiene en la actualidad, porque todos, en una u otra medida, nos sentimos afectados.


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Hace un par de semanas, hubo una reunión para tratar asuntos de Capitán Pastene y Lumaco, dos comunidades pequeñas que tienen asignado, en un caso, nueve carabineros, y, en el otro, once que por el sistema de turnos que tienen, funcionarios salientes de servicios de 12 horas, sumados a los que están con permiso o con licencia, al final de cuentas para una localidad se cuenta con cuatro. Es decir, faltan efectivos policiales para prevenir la ocurrencia de delitos, que han aumentado significativamente, entre otros, el abigeato, el robo con fuerza, etcétera. Se han hecho esfuerzos para tener más dotación policial y hemos oficiado al General Director para que la dotación de Carabineros sea asignada con otros ojos, porque destinar personal según la cantidad de habitantes puede ser muy bueno, pero para una ciudad poblada como Santiago, no para las comunas que represento, que son de alta ruralidad. Entonces, allí debería aplicarse otro criterio. Hice este paréntesis para insistir en la necesidad de más fuerzas policiales, pero al servicio de la ciudadanía, que lo está pasando pésimo, para defender al ciudadano común y corriente, que le roban en su casa. Si a esto le agregamos que ha aumentado el índice de sensación de victimización, según reflejan estudios recientes, no necesitamos que se planteen con urgencia proyectos de este tipo. Endurecer las penas es un error. ¿Quién ha realizado un estudio serio para determinar que el aumento de penas es una herramienta que incide en la disminución de este tipo de delitos? Veo que se está dando una constante en esta materia. Cada vez que se produce un hecho puntual, se envía un proyecto, como si con ellos se fueran a resolver los problemas. Esto pasa por un trabajo que el Gobierno se comprometió a hacer mejor. Si la idea central de su compromiso con la gente a la que le pidió el apoyo fue la seguridad ciudadana, debo advertirle que ha fracasado, según todos los datos. Parece ser que la explicación del fracaso estaría en que “otra cosa es con guitarra”, como dicen en mi zona. Recuerdo en mi región a un senador de la República, un paladín de más mano dura, del fin de la puerta giratoria, etcétera; sin embargo, hoy día está calladito, no puede decir nada y -supongo- debe estar pensando: qué equivocado estábamos. Y otra gran sorpresa. Aquellos que ayer querían meter más gente a las cáceles, hoy día nos mandan un proyecto de indulto para varios miles de presos. ¡Cómo nos cambia la vida! ¡Cómo nos damos una vuelta carnero! ¡Increíble! El señor BAUER.- ¡Sólo el burro no cambia de opinión! El señor VENEGAS.- Sí, sólo el burro no cambia de opinión. Tiene razón. Por eso, debieron haber cambiado un poco antes, cuando les dijimos que la solución no era llenar las cárceles. Con el endurecimiento de las penas suponen que van a resolver los problemas, pero así no van a evitar el robo de los cajeros automáticos, porque no están respondiendo adecuadamente la pregunta, que podría ser por qué se roban los cajeros automáticos. Pienso que cuando estructuremos bien la pregunta, probablemente podremos construir una respuesta más inteligente.


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A mi juicio, por esta vía no se puede subsidiar -es lo que estamos haciendo con el proyecto- a una de las empresas con mayor rentabilidad económica, la banca, y desproteger a la ciudadanía, que es lo que me importa. Perdónenme, pero me irrita la pobreza de las respuestas que se dan a problemas mayores. Les recuerdo el actuar del ministro del Interior, que para hacer frente a las movilizaciones sociales, envía un proyecto que da risa: prohibir la concurrencia de personas con máscaras o antifaces a esas movilizaciones. ¡Esa es una torpeza! ¡Perdónenme! ¡Cómo va a impedir eso! ¡Cómo lo va a prohibir! Eso es no estar leyendo nada, no estar entendiendo nada de la complejidad que hay detrás de esas movilizaciones. Por cierto, condeno las acciones de violencia, pero no se puede pretender que con un proyecto de esta naturaleza se resuelvan las cosas. ¿No habrán quedado estresados los señores que hicieron ese tremendo esfuerzo intelectual? Deberían darles licencia, porque el parto intelectual debe haber sido enorme. ¡Y después nos sorprendemos cuando la ciudadanía valora poco a la clase política! Preocupémonos de lo que corresponde, por ejemplo, de que en mi zona hay mucho contingente, pero que en la lógica de este proyecto, está destinado a proteger los intereses de las grandes empresas transnacionales. ¿Cuántos carabineros protegen fundos, de acuerdo con medidas de protección o cautelares? Sin embargo, por años la población sigue con los mismos problemas. Por eso, también tengo una opinión bastante negativa del proyecto en debate. He dicho. El señor HALES.- Señor Presidente, punto de Reglamento. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor HALES.- Señor Presidente, estoy obligado a concurrir a la sesión de la Comisión de Reconstrucción. Lo señalo, porque puede que algún diputado replique algunas de mis palabras y piense que me ausento porque no quiero escucharlo. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Señor diputado, la Mesa ha tomado nota de las razones de su salida de la Sala. Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, a raíz de este proyecto, una vez más se encuentran las dos maneras de mirar el fenómeno de la delincuencia, sus causas, el cómo abordarlo y el cómo resolverlo. Una mirada es reconocerlo como un fenómeno social, que tiene su origen en un error de la organización de la sociedad y que, en consecuencia, su solución no sólo es de carácter judicial, policial, legislativo o carcelario, sino que requiere una mirada más omnicomprensiva, que se haga cargo del conjunto de los factores que inciden en que el fenómeno se instale en la sociedad. La otra mirada es la vieja matriz, que siempre se hace presente en este


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Hemiciclo, en las bancadas del frente, que dice que es una especie de perversión, porque alguien nació intrínsecamente malo y que, para limitar sus efectos perniciosos en la sociedad, hay que endurecer las leyes, aumentar la dotación policial, aumentar las cárceles, aumentar los jueces, en suma, aumentar la represión. Hace poco tiempo, por el ímpetu de algunos parlamentarios, a uno se refirió el diputado Venegas, esa matriz ideológica logró ser impuesta al conjunto del sistema político. ¿Cuál es el resultado? Tenemos 51 mil reos en establecimientos con capacidad carcelaria para albergar 35 mil internos. Ya conocimos lo que ocurrió. Una Comisión creada por esta Corporación investigó la tragedia sucedida en la cárcel de San Miguel, ocasión en que fallecieron 81 reos. Este hecho, golpeó la conciencia nacional y llevó al Gobierno a hablar, a través del ex ministro de Justicia, de una política tendiente a usar la cárcel de manera inteligente. Y es así que se propuso al Congreso considerar un proyecto de ley, que la Derecha se negó a votar la semana pasada, que busca que los presos que cometieron delitos menos graves terminen sus penas fuera de la cárcel. Cuando se nos ha informado que ésta es la política predominante o hegemónica del Gobierno y que es el punto de vista que impulsará de aquí en adelante, nos llega este proyecto que va en la dirección contraria y que, además, está mal elaborado, pues tiene graves dificultades en relación con los niveles de las penas que se aplican a otros delitos de la misma naturaleza, en particular, los que se refieren a asaltos en sitios despoblados. Por esta misma razón y para ayudar al Gobierno a encontrar la brújula y un centro que le permita organizarse por lo menos en esta materia y no seguir con este pa’tras pa’delante, que lo caracteriza en todas las áreas, vamos a votar en contra de la iniciativa. Además, porque nos parece abusivo que en el desconcierto del Gobierno, una vez más se cargue a los chilenos a través de los impuestos para financiar más policías, más cárceles, más jueces, más leyes endurecidas, en circunstancias de que se está protegiendo a un sector o a una industria que, según el último balance, obtuvo 3.300 millones de dólares de utilidad en el semestre. La seguridad de las instalaciones bancarias la deben pagar los bancos, ya que ellos no se instalan en carpas o en rucas. ¡Qué hagan la inversión que corresponde a la naturaleza del negocio que manejan! ¡El resto es una frescura! Reitero, votaremos en contra del proyecto. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón. El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, hago un llamado a tratar estos temas con seriedad; creo que tenemos suficiente con que se hable del sistema a propósito de cualquier iniciativa de ley. El diputado Venegas ha ironizado y ha llamando a tratar el tema con seriedad.


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Estoy repitiendo una frase textual de él. Sin embargo, habla de la sensación de victimización. Es decir, no entiende la diferencia entre victimización y sensación de inseguridad, que todos los técnicos conocen. Luego señaló que el Gobierno ha fracasado en la lucha contra el delito. Pido al señor Venegas y a todos los diputados de la Oposición que lean con atención la encuesta -que está a disposición de ustedes- Adimark-Paz Ciudadana, que dio lugar a una sesión especial de la Cámara, que demuestra que son más los chilenos que no han sido víctimas de delitos que los que lo han sido en el último año. Los diputados Schilling y Venegas se han manifestado en contra de aumentar la pena de los delitos, cosa que me parece de la mayor racionalidad. Efectivamente, ése no es el camino para solucionar el problema delictivo. Por intermedio del señor Presidente, pregunto, ¿cómo votarán ellos y sus bancadas el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados de la Concertación, que acabamos de analizar en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que aumenta las penas que se aplican al delito de robo de autos, porque los vehículos que se roban no son precisamente los del pueblo, los que tienen diez o quince años de uso o los de la señora del almacén de la esquina? Me imagino que presentaron esa iniciativa porque a alguno de ellos le afectó un delito de esa naturaleza. El señor ANDRADE.- Lo votaremos en contra. El señor CALDERÓN.- Muy bien, diputado Andrade. Efectivamente, hay que votarlo en contra, porque el camino de elevar las penas no constituye la solución al problema de la delincuencia. El proyecto en discusión no tiene ningún problema técnico, como aquí se ha denunciado, porque no aumenta las penas. ¡Por favor, leamos bien el proyecto! Sólo agrega un inciso segundo al artículo 443 del Código Penal, que sanciona el robo en lugares de uso público. La iniciativa sólo especifica una determinada forma de conducta delictiva, que hoy tiene otro tratamiento. Por lo tanto, no hablemos de aumento de pena ni de que estamos legislando para los ricos, ya que lo que se pretende proteger es la seguridad de las personas, que es la que se ve afectada por los robos de cajeros automáticos, y no el dinero de los bancos. Ya que existe tanto espíritu democratizante o para una democracia directa, preguntemos a la ciudadanía si quiere que sigan los robos de cajeros automáticos. A mi juicio, llegó el momento de tratar este tema desde el punto de vista técnico y de manera coherente. El diputado Schilling nos acusa de instalar una política represiva y de que siempre aumentamos las penas de los delitos. Quiero decir al diputado Schilling, por intermedio del señor Presidente, que hay un informe de la Comisión de Modernización de las Cárceles, formada por el gobierno de su Presidenta Bachelet, según el cual se dictaron 21 leyes con posterioridad a la reforma procesal penal, presentadas por su gobierno y por parlamentarios de


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la Concertación. No lo digo yo, sino el informe de esa comisión. Entonces, pido coherencia. Algunos olvidan quiénes han aumentado las penas y aplicado esa política represiva. Antes de ser parlamentario, participé en una comisión de estudio. El gobierno de la Presidenta Bachelet estudiaba un proyecto para castigar con más penas los delitos cometidos por encapuchados. ¿Lo van a negar ahora? Cuando se producían marchas y protestas en sus gobiernos, ¿cuál era la posición de la Concertación al respecto? Por eso pido que seamos coherentes y que tratemos el tema con seriedad de una vez por todas. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, los argumentos del diputado Giovanni Calderón me ahorran muchas consideraciones que iba a plantar en la discusión. No obstante, destacaré varios temas y aspectos relacionados con el proyecto de ley. En primer lugar, todos sabemos que las personas expresan que los problemas de seguridad ciudadana y la delincuencia están entre sus prioridades -quizás la primera-, por lo que ha formado parte del debate, no solamente ahora, sino también en las campañas presidenciales, durante las cuales tomó mayor importancia, sobre todo con las propuestas y los planteamientos de los candidatos, los cuales eran motivados por los requerimientos de la ciudadanía. Todos sabemos que el tema de la seguridad ciudadana es un trabajo de largo aliento. Hay años o meses muy buenos, que pueden estar marcados por diferentes circunstancias, como lo hemos conversado. Por ejemplo, el año pasado hubo una baja importantísima en los índices de victimización, tal como lo señaló la encuesta Enusc. También sabemos que varias razones motivaron esa baja. Unos hablaron de que se debió al terremoto; otros, que sólo se dio en algunas regiones y no en otras; otros, que la respuesta tenía razones estacionales. Sin duda, hubo una baja importante en los niveles de victimización, que se revirtió en estos primeros meses, y las razones también están a la vista. Hay un sinnúmero de especulaciones y de motivos para justificar alzas o disminuciones. Pero más allá de las cifras en uno u otro sentido, todos coincidimos en que es un tema que se tiene que trabajar con largo aliento y que no es de efecto inmediato. Precisamente, es allí donde entra el proyecto de ley que el Gobierno ha presentado y que dice relación con el mal llamado aumento de las penas por robo de cajeros automáticos, porque, como dijo el diputado Calderón, aquí no se están aumentando las penas por ese delito. Todos sabemos que los cajeros automáticos generan una serie de beneficios a la ciudadanía. Se ha tratado de instalar la idea de que esto beneficiaría y protegería a los bancos, etcétera. Los cajeros automáticos entregan una serie de beneficios a la ciudadanía, sobre todo a las personas que viven en sectores


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más alejados. Hemos visto que hay un sinnúmero de localidades o comunas donde, por ejemplo, no llegan los bancos privados y sólo tiene sucursal el Banco del Estado. Sin embargo, la destrucción del cajero automático de una localidad tiene una serie de consecuencias que afectan a las personas que acceden a su uso; por ejemplo, deben trasladarse muchísimos kilómetros para retirar el dinero de su pensión, de alguna cuenta vista, de ahorro o cuenta corriente. Por lo tanto, el tema va mucho más allá de la discusión sobre proteger o no a los bancos, como antojadizamente se ha afirmado por algunos diputados de la Oposición. Claramente, cuando se instala este tipo de temas, no se dice nada sobre la otra cara de la moneda, sino lo que les acomoda. Escuché a un diputado señalar que en este sector de la Cámara, más cargado a la Derecha, se instala la idea de que las personas nacen intrínsecamente malas y que no tienen ninguna posibilidad de rehabilitación. ¡Qué discurso más añejo y antojadizo! Sin ir más lejos, sería muy fácil decir que lo intrínsecamente perverso es el marxismo, porque así se instaló en la discusión en algún minuto y hubo muchos que lo plantearon alguna vez. ¡Qué antojadizo sería si lo hiciera! Pero no lo hago, aunque se ha planteado. Entonces, hay que plantear los discursos en su total lógica. El proyecto tiene su fundamentación. Actualmente, el robo de cajeros automáticos no está tipificado. Simplemente, se accede a diferentes figuras, como lo han planteado algunos parlamentarios: una es el hurto, cuyas sanciones van desde 3 años y un día a 5 años, incluso pueden llegar a 61 y 540 días, dependiendo de la cantidad sustraída. Otra fórmula para sancionar el robo de cajero automático es la figura del robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, que, desde el punto de vista del piso, también implica penas muy bajas, porque parte en 541 días. Y lo que hace el proyecto de ley es asociarlo a otro delito -se ha mencionado antes- establecido en el artículo 443, relativo al robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público. A esa tipificación se ha asociado este delito. Además, se ha planteado una serie de argumentos más, como, por ejemplo, que esto va en contra de la política carcelaria que ha implementado el Gobierno. Todos condenamos y lamentamos el incendio en la cárcel de San Miguel -así lo consignamos en el informe de la Comisión Investigadora- y expresamos que ese tipo de situaciones no se puede repetir. Sería muy fácil argumentar que ese tipo de situaciones se produce porque, en política carcelaria y en materia de rehabilitación, no se ha hecho nada en los últimos años; pero no es ése el motivo ni el argumento de lo que planteamos. Actualmente, en cuanto a política carcelaria, el Gobierno se ha esforzado para que las cárceles no estén tan repletas de gente y este proyecto no va en contra de esa medida. Precisamente, la iniciativa del Gobierno que se está analizando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, busca que se reduzca el número de personas que cumplen penas de privación de libertad por delitos menores, de multas. Pero respecto de los delitos considerados en este proyecto, la pena que se establece sí tiene que cumplir un efecto disuasivo importante, y lo que busca el


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Gobierno es aumentar el piso y no el techo, que sigue siendo el mismo. Por último, me interesa destacar dos aspectos. Primero, si buscamos una mayor proporcionalidad en las penas que rigen en el país, tenemos que desarrollar la discusión de fondo, cual es discutir un nuevo Código Penal, tema que se ha venido planteando desde hace bastante tiempo. Recuerdo que en la legislatura anterior, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el entonces ministro de Justicia, del Partido Radical Social Demócrata, don Isidro Solís, nos manifestó que se estaba estudiando un proyecto de nuevo Código Penal para enviar al Congreso Nacional al final del período anterior. Pero nunca pasó nada. Entonces, si vamos a discutir la proporcionalidad real de las penas y que haya una coordinación y concordancia entre los diferentes delitos y las penas que se les asignan, debemos discutir a fondo una legislación completa en la materia, pero, por ahora, hay que buscar soluciones. Y según lo que se ha planteado en esta Sala, pareciera que las soluciones que lleva adelante el Gobierno van solamente en la línea de aumentar el piso, pero eso no es así. Existe una serie de temas que ha visto la Comisión y no solamente dicen relación con el endurecimiento de las penas, sino también con el entintado de billetes, el blindaje, con cajeros nuevos y una agenda de trabajo que se lleva adelante con los bancos. Entonces, no se trata sólo de endurecer las penas, sino que hay un trabajo coordinado y compartido. De hecho, en el artículo segundo de este mismo proyecto de ley, se establece que “las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública…”. Esa modificación se incorporó a solicitud de diputados de la Oposición, para dar una señal a los bancos de que se están endureciendo las penas pero, al mismo tiempo, les exigimos la implementación de medidas de seguridad que vayan en la misma línea de lo que está haciendo el Gobierno a través de este proyecto de ley. Ellos también tienen responsabilidad. Lógicamente, también se hace un llamado de atención a los bancos, porque si hoy sólo algunos bancos o instituciones financieras tienen, por ejemplo, el sistema de entintado de billetes, no sirve de mucho si otros no lo tienen, porque los delincuentes sabrán cuáles son los bancos que sí han incorporado el sistema y, por lo tanto, robarán los cajeros automáticos de los bancos que no tienen incorporado el sistema de entintado de billetes. Por eso, esta futura ley también dará facultades al Ejecutivo para que las normas que dicten en materia de seguridad también afecten a los bancos en estos temas, porque es la única manera de llevar adelante una política relativamente racional y que tenga algún efecto hacia el futuro. No se trata sólo del endurecimiento de la pena, sino también de un compromiso, en este caso graficado en el artículo segundo del proyecto de ley, que incluye a las instituciones bancarias o financieras en las medidas de seguridad que el Gobierno disponga. Por lo tanto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional apoyará el proyecto. Espero que pronto sea ley, porque se dan señales importantes para disuadir a las personas que cometen delitos y que producen un efecto dañino


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en la ciudadanía. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona. El señor CARMONA.- Señor Presidente, como lo han dicho otros colegas parlamentarios, éste es un proyecto de ley que, a todas luces, se ordena y busca su centralidad en la defensa de los intereses de los grandes bancos. La institución bancaria es, quizás, el símbolo más propio del actual modelo económico que, por la vía de la actividad esencialmente especulativa, ha logrado las tasas de rentabilidad más altas que tenga algún sector de la economía en el país. Hoy, se pone en debate cómo seguir protegiendo sus intereses y no cómo exigir a los bancos que inviertan en seguridad sin trasladar esa carga a los clientes, para que sus sistemas den las garantías de seguridad básica que, desde el punto de vista de la actividad bancaria, debiera tener ese servicio. Sin embargo, en la perspectiva del Gobierno, es más fácil ejercer siempre el mecanismo de la represión para el control de la convivencia en la sociedad. A pesar de que algunos ven fantasmas en cada movimiento que se levanta para reclamar sus legítimos derechos; a pesar de que alcanzan máxima masividad, desde el punto de vista de su comparación histórica; aunque tienen argumentaciones ineludibles, desde el punto de vista de su justeza y urgencia, igual hay parlamentarios que ven en esos movimientos una conspiración que instigan algunos por la vía de pagar activistas en la perspectiva de desestabilizar a un gobierno, sin tomar nota de que es el Gobierno el que está dando la pauta para ir perdiendo credibilidad y respeto en la ciudadanía en general. En este caso concreto, nada se dice de las víctimas reales, que son los usuarios del sistema. Por sobre la persona está la máquina que instala tal o cual banco. ¿Por qué los bancos no invierten para crear las garantías que se requiere en un sistema de este tipo? No se toma nota de que, por lo demás, cada vez que se arranca un cajero no es el banco el que se hace cargo de ese costo, porque existen primas y seguros comprometidos, y eso se traslada de nuevo a las personas, como costo de operación. Éste es uno de los proyectos que evidencian con mayor claridad la prioridad que tienen el Gobierno y su gente al ordenar la convivencia que debiera darse a nivel de sociedad. ¿Por qué no se va al fondo de problema? ¿Por qué se siguen explicando los delitos como hechos aislados que obedecen sólo a la perversión de alguna mente en particular? Porque se siguen mirando los delitos como hechos desvinculados de la necesidad, de un cuadro general de inequidad y de una distribución de la riqueza que es casi una provocación para mucha gente, nuestra bancada votará en contra de este proyecto, ya que no estamos dispuestos a seguir legislando en favor de los grandes privilegiados del modelo, en particular las grandes cadenas bancarias que lo único que han hecho es


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llenar a sus usuarios de tasas de interés para luego conseguir que sea el Estado quien se haga cargo cuando ellas tienen un revés. Corresponde que sean los mismos bancos los que tomen las medidas de protección de los cajeros automáticos; a ellos hay que exigirles su resguardo y no seguir trasladando los costos que ello involucra a la sociedad en su conjunto, puesto que eso es continuar ordenando la vida en función de los grandes grupos económicos, de las grandes tasas de interés especulativas, que es lo que rige y permite las tasas de rentabilidad que hoy tienen las instituciones bancarias. Por las razones expuestas, reitero que vamos a votar en contra de este proyecto de ley. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto de ley que ha tenido diferentes visiones, tanto de parte del Oficialismo como de la Oposición. Me quedo con la intervención que realizó la semana pasada el diputado Felipe Harboe, cuando iniciamos la discusión, porque los fundamentos allí esgrimidos fueron bastante categóricos para expresar, al menos, nuestra preocupación en materias tan importantes como la delincuencia y la seguridad ciudadana en nuestro país. Asimismo, discrepo absolutamente de las palabras del diputado Calderón, a través de las cuales pide seriedad a los parlamentarios que tenemos una visión diferente del tema que nos ocupa. Creo que la seriedad -así, por su intermedio, señor Presidente, le respondo en forma directa al diputado Calderón- no sólo debe darse respecto de materias como la que debatimos, cuando tratamos proyectos sobre seguridad ciudadana, que tienen relación con los derechos de las personas. Muchas veces, el diputado Calderón, que en su intervención apeló a nuestra falta de seriedad por tener una visión distinta, ha violentado preceptos elementales sobre los derechos de las personas en el mismo Congreso Nacional. Por lo tanto, creo que para hablar con el tono que él utilizó hay que mostrar un poco de ética. Él sabe perfectamente por qué lo planteo. En cuanto al proyecto en cuestión, nadie puede discutir, independientemente de las posiciones, que el Gobierno ha fracasado en lo que fue su bastión de propaganda fundamental para llegar a conducir los destinos de este país: el tema de la delincuencia. Hace un par de semanas, el propio Presidente de la República literalmente lo planteó así: la delincuencia no la puede eliminar un gobierno determinado. Pero el gobierno que él preside utilizó el tema de la delincuencia como el gran caballito de batalla para ganar las elecciones presidenciales hace dos años. Y, claro, como lo he señalado en otras oportunidades en esta misma Sala, ello


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se hizo porque las encuestas en aquel entonces marcaban que los chilenos querían tener mayor seguridad y que los delitos cometidos contra la propiedad privada y contra las personas tuvieran mayores sanciones. Y en aquella oportunidad, el entonces candidato, ahora Presidente, utilizando su conocida y clásica estrategia e inteligencia empresarial, mandó a confeccionar miles y miles de letreros que inundaron las 341 comunas de Chile para señalar que aquí se acababa la fiesta de los delincuentes. Muchos de los diputados de las bancadas de enfrente aparecieron en la foto con los brazos abiertos, al lado del candidato, con una leyenda que decía que la batalla contra la delincuencia sería el eje central de este gobierno. Y esa promesa de campaña, gracias a la cual miles de chilenos votaron a favor del actual Presidente, ha fracasado. Y hoy las personas sienten que la puerta giratoria de la delincuencia no se ha trabado en lo absoluto, sino que se ha abierto, que continúan los problemas que denunciaba la coalición que entonces era Oposición y que ahora apoya al Gobierno. Por lo tanto, la inseguridad ciudadana es uno de los temas más latentes en la actualidad, cuestión que se puede apreciar hasta en las comunas más pequeñas de nuestras regiones. En otras oportunidades me he referido a lo que pasa, por ejemplo, en Puerto Varas, donde la gente sale a trabajar y los delincuentes aprovechan la ocasión para entrar a robar a sus casas. Esto sucede en Puyehue, en Purranque, comunas en las que antes era muy difícil encontrar delitos de este tipo o de alta connotación. Entonces, quiero ratificar lo que han planteado algunos colegas. La pregunta que nos debemos hacer no es la que señala el diputado Calderón, que decía que había que preguntarles a los chilenos si les agrada o no el robo de cajeros automáticos. Ésa no es la pregunta que corresponde. Los chilenos repudian cualquier tipo de robo o cualquier expresión de delincuencia. La pregunta que cabe es otra: ¿Qué prefieren los chilenos? Tanto el diputado Cristián Monckeberg como el propio diputado Calderón manifestaron que el proyecto no sube las penas, pero -hay que decirlo- sí aumenta los pisos de las penas. Por ejemplo, en la actualidad, el robo de un cajero automático se penaliza con 541 días a cinco años. Mediante esta iniciativa, se aumenta el piso de la pena a tres años y un día, el cual es mucho más elevado que el existente. Desde nuestro punto de vista, eso puede ser más peligroso, puesto que un delincuente podría preferir, por ejemplo, cometer robo por sorpresa en lugar de robar cajeros automáticos. Incluso puede darse la paradoja -la idea también se ha planteado con fuerza- de que el delincuente, al constatar que otros delitos tienen una condena más baja, al final, en lugar de robar los cajeros automáticos, opte por robarle a la persona que retira dinero del cajero. Por lo tanto, ésa es la pregunta que debemos plantearnos. Encuentro realmente ridícula la aseveración del diputado en el sentido de que aquí hay diputados de la Oposición que están promocionando el robo de autos. La verdad es totalmente distinta. Personas de clase media, incluso gente modesta, se endeuda por seis u ocho


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años para comprar un automóvil, pero de la noche a la mañana se ve enfrentada al robo de éste y, más encima, no puede contratar un seguro. Entonces, es muy diferente vincular el robo de cajeros automáticos con el robo de un auto particular, que ha sido comprado con esfuerzo. No es cierto lo que el diputado señala en cuanto a que en Chile solamente se roban los autos de lujo; también se roban autos o camionetas compradas para trabajar. Entonces, estamos hablando de cosas totalmente diferentes, y no es posible vincular un proyecto con otro. Hoy, lo que hace la iniciativa que debatimos -lo digo con todas sus letras- es proteger a los grandes bancos. Y lo único que pedimos nosotros es que sean esas mismas instituciones quienes deban adoptar medidas para autoprotegerse. ¿Cómo hacerlo? Utilizando los diversos mecanismos que emplean los bancos en el resto del mundo para evitar los robos de sus cajeros automáticos, entre ellos, el sistema de entintado de billetes. Algunos dicen que eso es caro. Bueno, los bancos tendrán que implementarlo. ¿O ustedes creen que cuando se roban un cajero el banco pierde algún peso? No pierde nada porque esos recursos están asegurados. Digamos las cosas por su nombre. Voy a votar en contra del proyecto, porque tengo la convicción de que no es un aporte fundamental en relación con los temas por los cuales la ciudadanía le dio la confianza a este Gobierno, que era implementar leyes en beneficio de las personas y no de la banca privada, como ocurre en este caso. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don RenéManuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, esta discusión me recuerda cuando, años atrás, la gente pedía a gritos que le pusieran un teléfono en su población. Se accedió a ello y al final se los robaron todos. Frente a ello, ¿qué hizo la compañía? Optó por retirarlos. Hoy eso no es problema, porque están los teléfonos celulares. Ahora, habría que preguntarse qué pasaría si los bancos deciden retirar los cajeros automáticos que nosotros mismos pedimos para los pueblos chicos que no tienen bancos, lo que les ocasionaba tremendos problemas. Seguramente los retirarían, aun cuando pierdan plata. Es una suposición, pero pienso en esa posibilidad, después de escuchar las teorías que se han planteado durante el debate. Es decir, cuando se produzca un robo, la policía tendría que preguntar a la persona si tiene seguro. Si la persona le dice que sí, entonces le tendrían que decir que no van a investigar el robo porque va a pagar el seguro. Bajo ese predicamento, para qué vamos a tener policías. Es mejor contratar un seguro y al final saldrá mucho más barato. Pero ése no es el tema. El punto está en si hoy queremos tener más orden y aumentar las penas a las personas que roban. Tengo la convicción más profunda de que toda persona, cualquiera sea su situación socioeconómica, tiene derecho a que sus bienes sean protegidos, porque a todos les cuesta obtenerlos, ya sea el auto, un teléfono, un televisor, etcétera.


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Es indudable que detrás de los bancos hay un negocio, pero el problema está en que el robo de cajeros automáticos conlleva también el robo de un vehículo, que puede ser la camioneta -de la cual hablaba el diputado Fidel Espinoza- que la víctima ocupaba para realizar su trabajo. Entonces, es una cadena de nunca acabar. Creo que aquí ha faltado ponerse de acuerdo en una cosa: ¿realmente queremos terminar con la delincuencia o no? ¡Ésa es la pregunta que nos debemos plantear! A la luz de los discursos de algunos colegas, pareciera que se alegran cuando aumenta la delincuencia y la cantidad robos. Por lo que han señalado, me da la impresión de que se alegran de ello porque así insisten en que ha fracasado el Gobierno del Presidente Piñera. Si eso fuera así, sería un fracaso de toda la sociedad chilena, a la cual le ha ganado la delincuencia, que está conformada por un puñado de antisociales que no constituyen más de 3 por ciento, lo que resulta inconcebible. Por otra parte, el Gobierno ha señalado que los encapuchados no podrán participar en las marchas. En su oportunidad, la Presidenta Bachelet mandó un proyecto en ese sentido y, como Oposición, consideramos darle apoyo si ella lo estaba pidiendo como una ayuda para identificar a las personas que hacen desórdenes, pero ahora se dice que son focos aislados y que no producen ningún daño, ya que sólo asaltaron dos o tres edificios, cuando en Santiago hay miles. Entonces, se minimiza el tema y se dice que eso no tiene tanta importancia. Déjenlos tranquilo. Algunos también afirman que debemos retirar a la policía del resguardo de las marchas y dejemos que la gente se exprese; no pongamos a nadie a resguardar el orden y la seguridad y que los manifestantes vayan por donde quieran. ¿Para qué vamos a reprimir a la pobre gente que se quiere expresar y manifestar? Se insiste en que hay que dejarlos que se expresen y que hagan lo que quieran. Les garantizo que los mismos que están gritando hoy van a preguntar por qué sacaron a los policías de la calle y no protegieron los bienes de las personas que fueron asaltadas por los vándalos. Es increíble. La semana pasada apreciamos la violencia verbal que se generaba y la forma en que atacaban a un carabinero que se había metido a la caseta de entrada al Congreso Nacional, pero no oímos ni una sola palabra en contra de la gente que tiraba piedras al edificio del Congreso Nacional, que rompieron vehículos y quemaron autos. ¡Ninguna palabra! Entonces, habría que preguntarse si seguimos en la misma idea de que el delincuente tiene todos los derechos y las personas honradas no tienen ninguno. Eso es lo que tenemos que corregir. Si se aumentan las penas, no se hace contra el buen ciudadano ni contra el que va a sacar su dinero de un cajero automático o va a depositar, sino a quienes cometen el delito, que es lo lógico. Para mí, eso no debiera tener discusión. La discusión que aquí se debiera dar es respecto a aumentar o bajar las penas y no rechazar de plano la iniciativa porque se trata de un banco. Eso no es posible. Sinceramente, si hay algo que me produce comezón, son los balances de los bancos Eso lo digo de verdad y así lo he sostenido siempre. Quizás parecerá curioso, pero no ganan la plata con los intereses. Algunos dirán que me he vuelto loco, pero es verdad lo que digo. La ganancia la obtienen por lo que cobran por


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los cajeros automáticos, por lo que cobran por las tarjetas, por responder por el saldo de una cuenta, cuando cobran dos pesos por no sé qué servicio, cargos fijos por un sinnúmero cosas. Eso les genera más ganancia que lo que cobran en intereses. Quiero precisar que no estoy protegiendo a las instituciones bancarias, sino a esa gente que peleó durante muchos años para que les pusieran un cajero automático. Por ejemplo, en Villarrica y Pucón, comunas que represento en esta Cámara. En el verano se produce un verdadero caos cuando se acaba el dinero de los cajeros automáticos; incluso, los bancos han tenido que instalar más cajeros automáticos. Entonces, debemos reconocer que también entregan un servicio. Por ello, debemos llegar a un acuerdo. Primero, analicemos qué queremos proteger y hacia dónde queremos llevar esta iniciativa. Pero no nos podemos alegrar cuando aumenta la delincuencia, sino cuando no tengamos más personas en las cárceles o cuando en las cárceles no se reprima y las personas tengan derecho a una reivindicación, que es lo que todos queremos. Entonces, cuando aquí se promociona la propia puerta giratoria -de la cual tanto se ha hablado- y cuando se votó para que salieran en libertad tres mil seiscientos presos, es necesario aclarar que se trata de personas condenadas que tenían penas menores. Nunca se dejó en libertad a un preso que estaba condenado por delitos mayores. Cuando se produjo el fatídico incendio en la cárcel de San Miguel, entre las ochenta y una personas que murieron había una que estaba presa por haber robado un celular, a quien habían condenado a sesenta días; otro, porque había robado un billete o rayado un auto y tenía sesenta días de cárcel, lo cual generalmente se hace con pena remitida. Es ahí donde se tiene que corregir el problema. Por eso, al analizar lo que hoy estamos debatiendo, creo que el problema no son los bancos, sino que hay que poner freno a la delincuencia, porque para nadie es agradable que se produzca. No obstante, les debo decir que más culpables son, en forma encubierta, quienes amparan la delincuencia al no apoyar el aumento de las penas. Eso sí que es grave, porque los delincuentes saben que es más barato robar un par de millones de pesos y estar un año preso y salir libres, que estar trabajando afuera. Por eso, hay mucha gente que roba radios de auto, espejos y autos, o sea, prefiere delinquir que seguir trabajando, porque es mucho más barato, ya que las penas que se establecen en el Código Penal son sumamente bajas. Entonces, estamos en la disyuntiva de elegir si queremos un país con menos delincuencia, no necesariamente con más represión, porque no se reprime a la persona de bien y de trabajo, sino a la persona que ha hecho del robo un modo de vida. Ése es el tema de fondo que tenemos que atacar. Cuántas veces a ustedes mismos les han robado la cartera, el celular o la billetera y ponen el grito en el cielo y lanzan todos los epítetos posibles, pero cuando se trata de aprobar un proyecto de ley para protegerse de eso, dicen que no y que esas personas son unos pobrecitos. Por eso, debemos tener claridad en lo que vamos a aprobar. Creo que el proyecto de ley favorece a la gente de bien y que toda pena contra el


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delincuente va a significar mayores beneficios para las personas que están trabajando y que quieren tener un mejor pasar. Además, es muy raro que los robos se aclaren de inmediato, incluso hay otros barrios en donde nunca se aclaran. Debemos poner atención en las antenas telefónicas, porque los que a veces se oponen a su instalación -no me refiero a un barrio específico- son los mismos que después irán a reclamar cuando no exista cobertura. Hoy, cuando el país está a punto de quedar sin electricidad, me gustaría saber qué pasará cuando una persona quiera formar un comité de vivienda para construir mil, 2 mil, 3 mil o 5 mil casas en Santiago y le digan que no hay disponibilidad suficiente para dotarlas de energía eléctrica. Tenemos problemas muy importantes que solucionar, y ello -perdónenme que se los diga- no es tarea de la Oposición ni del Gobierno, sino de todo el país, de las personas que lo dirigen, de la gente que quiere un Chile mejor y más solidario, de los que estamos en política para hacer el bien y ver la forma de contribuir a solucionar los problemas, y no para ponernos trabas entre nosotros mismos. A algunos les podrá extrañar, pero creo que la práctica de las ofensas tienen que ir quedando en el pasado, porque debemos enfrentar una etapa mucho más difícil: la del entendimiento. Cuando un país madura, después viene la época del entendimiento. Esperamos que esto ocurra luego y que todos juntos podamos sacar a Chile adelante, para que tengamos un país, Dios mediante, con menos delincuencia, porque eliminarla de cuajo es algo imposible. Pero hagamos un esfuerzo para tener un Chile mejor. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, con su venia voy a ceder mi tiempo a la colega María Antonieta Saa para que intervenga en mi lugar, porque ella ha dicho que estamos discutiendo este proyecto con altura de miras, pero que nos estamos equivocando en nuestros argumentos. Por eso, prefiero que intervenga la colega María Antonieta Saa. El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del diputado Enrique Jaramillo, tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, agradezco al diputado Enrique Jaramillo que me haya cedido su tiempo. Lo que está en discusión no es que unos estén por combatir la delincuencia y otros no; creo que todos estamos de acuerdo en que hay que combatirla, aunque, a veces, no coincidimos en los métodos usados para hacerlo, o nos preocupamos por la forma ligera en que se plantean. Recuerdo que cuando el actual Presidente de la República era candidato decía que los delincuentes debían prepararse, porque al día siguiente de asumir iban a ser castigados.


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Pero después se dio cuenta de que el problema era mucho más complejo de lo que pensaba. En todo caso, nadie debe poner en duda que estamos en contra de la delincuencia; sostener lo contrario no es conveniente y, además, constituye una falacia, si consideramos que todos los colegas tenemos el mismo interés. En lo que nos diferenciamos es respecto de los métodos en los cuales debe ponerse el énfasis. Lo que yo critico es que no se le ha dado la importancia debida a la prevención, no obstante que está relacionada con todo el problema. Por ejemplo, ¿qué pasa con los desertores escolares, que es uno de los problemas que los estudiantes nos están haciendo ver con tanta crudeza y profundidad? Cuando un niño deja de asistir a su colegio, ¿qué hace?, ¿en qué ocupa su tiempo?, ¿qué puede hacer en un barrio periférico de la ciudad? ¡Nada! Por ejemplo, los municipios de mi distrito no tienen ni un solo programa para jóvenes y niños; absolutamente ninguno. Todos sabemos que cuando los jóvenes egresan de cuarto medio, un tercio de ellos entra a trabajar; otro tercio, a estudiar; pero, ¿qué pasa con el tercer tercio de jóvenes? Se quedan en la casa, y después de dos o cuatro meses, no saben qué hacer. Entonces, salen a la calle, se juntan con sus amigos y, muchas veces, terminan haciendo cosas que no debieran. Por otra parte, es imposible que sus familias les planteen alternativas; sencillamente, no tienen alternativa alguna. Entonces, ¿por qué también no ponemos el énfasis en ese aspecto? ¿Qué vemos que hace el Gobierno? Que pone el énfasis en el castigo y en las penas, lo que hace que las cárceles se llenen; pero no se avanza en la prevención, no se invita a los municipios a desarrollar programas para jóvenes que, en realidad, costarían muy poco. Por ejemplo, la comuna de Huechuraba tiene un presupuesto de más de 18 mil millones de pesos al año, lo que es mucha plata. Sin embargo, no hay ni un solo programa para jóvenes. ¿Qué le preocupa a la alcaldesa de Huechuraba? Instalar una especie de gran globo, con doce cámaras que vigilen a la población. Ese globo costó 192 millones de pesos y su único objetivo es vigilar todo lo que pasa en la población. Pero -como digo- no hay ni un solo programa de capacitación para jóvenes. ¿Por qué la alcaldesa no invierte los recursos en ese objetivo? Lo mismo ocurre en Renca, donde se pagan 90 millones de pesos para contratar un artista que vaya a entretener a la gente; pero no existe ni un programa para los jóvenes de la comuna. En los últimos días, en la población San Genaro y en una población cercana al cerro, ocurrieron dos homicidios terribles, espantosos. En Conchalí tampoco hay ni un solo programa para jóvenes, y por eso una patota de adolescentes desocupados se agarra a balazos con otra pandilla y, al final, matan a una señora que se encontraba cocinando en un quinto piso. ¡Córtenla! La preocupación por la delincuencia también debe pasar por la prevención. ¿Qué se pretende con este proyecto? El Presidente de la República ha dicho que en la vida todo cuesta, que nada es gratis. Entonces, no me extraña que el


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endiosamiento de la propiedad privada lleve a que las autoridades se preocupen más de vigilar los billetes de los cajeros automáticos que de resguardar la seguridad de las personas. El colega Felipe Harboe dijo que la pena que se aplicará a los asaltantes de cajeros automáticos será mayor que la que se aplicará a quienes cometan asaltos en la calle. ¿Qué pensará un delincuente avezado? Obviamente, que le conviene más asaltar personas en la calle que robar un cajero automático, porque el primer delito tiene una pena menor. Eso es lo que estamos discutiendo aquí; no que no nos interese la delincuencia. Simplemente, tenemos una visión distinta, pero seria. Recalco esto último, porque cada vez que los parlamentarios de Derecha dicen algo, engolan la voz para decir: “Seamos serios; discutamos esto con seriedad”. Lo dicen los colegas a los que estoy mirando, que siempre hablan de seriedad. “Seamos serios”, dice el colega Cardemil, cada vez que habla. Entonces, seamos serios. ¿Por qué robar un cajero automático debe tener una pena mayor que asaltar a una persona en la calle? ¿Qué vale más: una persona o la plata de un cajero automático? Sobre esto debemos discutir, pero aquí se comprueba que tenemos una escala de valores distinta. Creo que muchos colegas de las bancadas de enfrente tienen la misma escala de valores que yo; pero ¡exprésenlo a través de políticas públicas! Hoy, estamos discutiendo una política pública de protección a los bancos, que se llenan los bolsillos con los intereses que cobran, por ejemplo, por los créditos universitarios y los créditos de consumo. ¡Cuánta plata ganan! En algún momento hice alusión a las cobranzas que hacen los bancos en los juicios civiles. ¿Acaso lo hacen para recuperar el dinero? No, lo hacen para cobrar los seguros. Hay miles y miles de causas en los juzgados civiles sobre cobro de deudas que, en realidad, son incobrables. Pero eso no les importa; lo único que les interesa es hacer la demanda para poder cobrar los seguros. De manera que no debemos legislar al servicio de los bancos, porque ellos tienen recursos para proteger sus cajeros automáticos. Que busquen otras alternativas, como otro tipo de puertas, cajeros con imanes que no puedan ser sacados, etcétera; pero, que no nos hagan legislar para proteger los cajeros automáticos y las utilidades de los bancos. De eso estamos hablando, y con toda seriedad. Es una lástima que no pueda engolar la voz, porque soy como soy. Pero les pido a mis queridos colegas, con toda seriedad, que no aprobemos este proyecto, porque tergiversa grandes valores. No podemos hacerlo y seguir desprestigiando a la clase política con estas medidas, que ya tiene una imagen bastante deteriorada. La gente ya no nos cree, y menos nos va a creer si protegemos más a los cajeros automáticos que a las personas. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett. La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente, me resulta tan sorprendente ver cómo han aumentado los robos en los cajeros automáticos y


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cómo los delincuentes buscan cada vez formas más novedosas para delinquir, como el hecho de que en esta Sala no estemos de acuerdo en buscar una solución efectiva a este mal que afecta a todos los chilenos. Como dijeron los diputados García y Calderón: basta de colores políticos, estamos ante una realidad que necesita una solución urgente y el proyecto apunta en esa dirección. Según información entregada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 63 por ciento de los robos a cajeros automáticos se hace utilizando la técnica del vehículo vaquero, mediante la cual se utilizan vehículos para lacear y arrancar cajeros, pudiendo llevarse con ellos hasta 60 millones de pesos. A través de esta metodología, se cometen dos delitos: el robo del auto a través del cual se arrancará el cajero y el robo del mismo cajero. Esto sucede, en gran parte, porque el costo de hacerlo -es decir, la pena asociada al delito- es demasiado baja. Desde esa perspectiva, resulta de gran relevancia aumentar la pena asociada al delito. No podemos olvidar que actualmente el servicio que prestan los cajeros automáticos o dispensadores de dinero es muy importante para la población, pues ellos permiten acceso igualitario a recursos financieros de manera expedita, que hasta hoy era segura. Además, ello permite que los ciudadanos no se vean en la necesidad de andar trayendo consigo grandes sumas de dinero, ni tampoco tenerlo en sus casas. Eso incentivaría aún más el robo domiciliario. Asimismo, permite tener acceso al dinero sin limitaciones de horario de funcionamiento de los bancos ni por la existencia de una sucursal en la comuna o ciudad. Finalmente, los cajeros cumplen el objetivo de acercar a los bancos y sus servicios a la gente, lo que debemos cuidar, porque la gente requiere hoy, en pleno siglo XXI, de esos servicios. Porque es necesario cuidar aquellas cosas que nos facilitan la vida, creo fundamental aumentar la pena a la que se puede exponer el delincuente para desincentivar la comisión de ese delito, el cual no sólo perjudica al dueño del cajero y del dinero allí contenido, sino también a las miles de personas que se sirven de él. Además, no podemos olvidar que, en algunas ocasiones, esos robos se producen en lugares con concurrencia de público, y aun cuando se realicen de noche, cuando están deshabitados, hay un perjuicio a los trabajadores de esos lugares y al público que concurre a ellos. ¿No debemos protegerlos a ellos también? Por otra parte, es fundamental que los bancos implementen las medidas necesarias para desincentivar esos delitos; ellos son los primeros responsables en impedir que sucedan, y en esta tarea deben ser proactivos, implementando tecnologías de punta para evitar la comisión de esos ilícitos. Así, una medida que no puede esperar más es el entintado de los billetes, lo que los inutiliza después de cometido el delito. Los bancos son los principales afectados por estos hechos, al igual que la ciudadanía. Desde esa perspectiva, debiesen ser agentes en evitar que esos


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robos sigan sucediendo. Nosotros, como legisladores, debemos velar por proteger a quienes se ven afectados en el día a día por estos delitos: las personas que se sirven de los cajeros automáticos para efectuar giros, depósitos y otros servicios que éstos ofrecen. Sin embargo, junto con el mejoramiento de la legislación vigente, es necesario revisar el actuar del Ministerio Público y de los tribunales de justicia. Hacer más eficaz el combate contra la delincuencia no sólo requiere de leyes mejores y penas más altas, sino también que los demás actores tengan las herramientas para la persecución y sanción del delito. Finalmente, no podemos seguir permitiendo que estos hechos violentos afecten la tranquilidad de las personas y les impidan acceder de manera segura a los servicios a través de esos dispositivos. El proyecto da una importante señal de que no vamos a permitir que la delincuencia nos impida realizar nuestra vida con tranquilidad y en normal desarrollo. No vamos a permitir que por figuras delictuales superadas por la realidad algunas personas vean en el delito una oportunidad de obtener ganancias a bajo costo. Estos delitos no se producen sólo contra los bancos, sino también contra todos los que queremos vivir en paz. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, difícilmente podríamos encontrar un tema más rentable que hablar en contra del sistema bancario; es el equivalente a un diputado en una manifestación estudiantil; ambos son altamente rentables. Estamos discutiendo un proyecto del Ejecutivo que aumenta el piso de la pena establecida en caso de que se trate de expendedores de dinero. Aquí se ha hecho profusa mención a lo que implica para los bancos la comisión de ese tipo de delitos; sin embargo, quiero llevar la discusión a un tema que se ha abordado muy tangencialmente y que se relaciona con las circunstancias del entorno cuando se comete ese tipo de delitos; es decir, la forma cómo se afecta la seguridad de las personas a partir de la comisión de un delito de robo a un expendedor de dinero o cajero automático. Tengo la impresión de que, desde el punto de vista patrimonial, este tipo de delitos, en particular, no representa un grave perjuicio para el sistema bancario; pudiera representarlo, tal vez, más para las compañías de seguros que para las instituciones financieras. Tampoco creo que el fracaso del Gobierno en materia de seguridad ciudadana y de combate a la delincuencia sea un argumento al cual debamos echar mano, porque ésa es una circunstancia de la cual debiéramos estar preocupados cada uno de nosotros. El fracaso en el combate a la delincuencia, sin lugar a dudas, es el fracaso de la sociedad chilena frente a una minoría que viola las normas y que pone en grave riesgo la seguridad de la población. Ha habido aquí también una propuesta del Gobierno, a partir de una indicación, que establece que las instituciones bancarias o financieras de


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cualquier naturaleza tendrán que dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior. Hubiera sido deseable que esas normas hubieran quedado consagradas en este mismo proyecto, pero la técnica legislativa del Gobierno optó por un camino diferente y se supone que incorporará esas normas en otro proyecto, más asociado a la seguridad privada que a la seguridad ciudadana. Espero que el proyecto en análisis se apruebe, porque nadie puede, razonablemente, apostar al fracaso del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, y espero que la iniciativa constituya una señal, particularmente para los ciudadanos que han sufrido en carne propia las consecuencias de delitos de esta naturaleza. No me preocupa salvaguardar ni proteger el patrimonio de los bancos, sino lo que ocurre en el entorno cuando se comete este tipo de delitos, y por ello concurriré con mi voto favorable al proyecto. Sin embargo, no puedo sino lamentar la forma cómo se ha esbozado una suerte de asociación entre el movimiento social que se está produciendo en estos momentos en nuestro país y la delincuencia. Eso, lisa y llanamente, no se puede permitir. Expreso mi profunda incomodidad, disconformidad y molestia por el intento de criminalizar, tangencial y solapadamente, el movimiento social al vincularlo, de manera irracional, con la delincuencia. Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero compartir algo que decía el diputado Giovanni Calderón. No se trata de un aumento de la pena, sino de la elevación del piso de la pena, que pasa de 541 días a tres años y un día. Es decir, se aumenta sustantivamente el piso de la pena y, en la práctica, constituye un aumento de la pena, porque hoy, si no hay agravantes, se aplica el piso mínimo. Es lo que ocurre en la mayor parte de las condenas por este tipo de delitos. De este modo, la pena mínima a aplicar será de tres años y un día. De hecho, hoy, si hay irreprochable conducta anterior, la pena que se aplica es de 61 días, porque se rebaja la pena en un grado. Si bien, formalmente, no hay un aumento de la pena, en la práctica elevará la penalidad con la que hoy los tribunales sancionan el robo de cajeros automáticos. A mi juicio, ésa es una línea equivocada, que no conduce a parte alguna, que es parte de la filosofía con la que se ha venido enfrentando los temas de seguridad ciudadana, que no han resuelto absolutamente nada y que nos convierte en el tercer país de América Latina con la mayor población carcelaria de la región. No parece irrelevante ni casual que quienes nos anteceden hayan sido dos antiguas colonias penales. Es decir, Chile es el país de América Latina, proporcionalmente, con la mayor población penal. El fenómeno de la delincuencia no se corregirá ni se acabará con este tipo de política. Está demostrado que no sirve para nada. Además, es otra muestra


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más que grafica la desproporción de las penas en nuestro ordenamiento penal, porque, de aprobarse este proyecto de ley, es más grave el delito de robo de un cajero automático que el robo por sorpresa. O sea, se va a condenar y a sancionar con una penalidad mayor un atentado contra un bien que un atentado en el que puede estar en riesgo la integridad física de una persona. Eso parece ser una norma común en nuestro Código Penal, pues termina castigando más severamente los atentados contra la propiedad que los atentados contra las personas, lo que no parece razonable, ni expresivo, ni demostrativo de un Código Penal de una sociedad que fija de manera sana sus prioridades, a menos que nos interese mucho más proteger un cajero automático que a una persona víctima de un robo por sorpresa. Digamos las cosas como son. Si se aprueba este proyecto de ley, será más grave robar un cajero a las dos de la mañana que un robo por sorpresa, en el que está en riesgo la integridad de las personas. Ésa será la consecuencia de su aprobación. Otra cuestión importante es el tema al que se refirió la diputada Mónica Zalaquett, tal vez con la mejor de las intenciones. Las estadísticas han demostrado que es completamente falaz pensar en que la elevación de las penas inhibe la comisión de los delitos, porque no ha ocurrido. Todas las estadísticas demuestran exactamente lo contrario. No hay efecto preventivo como consecuencia del aumento de las penas. Cuando fuimos convocados por el entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes, a una reunión con él y con el ministro del Interior, en la que se dio a conocer la propuesta de reforma carcelaria, que representa un giro copernicano en la filosofía en materia de prevención y combate de la delincuencia de quienes nos gobiernan, se lo representamos a ambos. La respuesta que recibimos, que ha permitido que muchos de nosotros votemos a favor esos proyectos -de hecho, hoy son objeto de debate y fueron aprobados en general la semana pasada en la Comisión de Constitución de la Cámara-, fue que eso representaba un cambio radical en esa filosofía; que se había entendido que la política de trincheras en materia de combate de la delincuencia y el lema de “cárcel para todos”, son un completo fracaso; que fue necesario que asumiera un gobierno de Derecha para que se dieran cuenta de que no importa cuántas veces se repita eso, pues no resuelve los problemas. Porque el delincuente, para ser bien honesto, con suerte leerá esta futura ley. Los delitos contra los cajeros automáticos no bajarán porque aumentemos las penas. Si quieren, impongamos incluso las penas del infierno, y los delitos contra los cajeros automáticos van a seguir sucediendo. La solución no va por la vía de aumentar las penas. Entonces, reitero, no hay efecto preventivo como consecuencia del aumento de las penas. A mi juicio, es un error, algo que no logro entender -a menos que haya dos almas en este Gobierno, que es bastante menos que en este Gobierno existan dos almas, lo que es bastante probable- que, por una parte, estemos discutiendo una reforma carcelaria que cambia completamente la mirada, que trata de usar racionalmente la cárcel, la pena privativa de libertad como sanción para la comisión de un delito, y, por la otra, se presente a tramitación


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este proyecto, que, en la práctica, busca meter más gente en la cárcel. Luego, parece razonable la pregunta que formulo el diputado Cristián Monckeberg en la Comisión, quien se abstuvo en la votación del proyecto de su Gobierno, en cuanto a por qué no analizar lo que pasó con los indultos del jubileo antes de votar. Esta iniciativa representa un problema para mí, porque queda en evidencia que es completamente contraria al proyecto de reforma carcelaria planteado por el Gobierno, para hacer un mejor uso y más racional de la cárcel, que cuenta con el respaldo de la Concertación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La iniciativa en discusión hace exactamente lo contrario. El Gobierno debe tomar una opción, definir el camino que pretende seguir. Llama poderosamente la atención que fueran invitados a la Comisión sólo representantes del Ejecutivo y de la Asociación de Bancos. No concurrió ningún abogado penalista para expresar lo que ocurre en la práctica y las consecuencias de esta decisión desde el punto de vista de la política criminal. Hago presente que, de aprobarse este proyecto de ley, la decisión apuntará exactamente en la dirección contraria a la que se propone en el proyecto de reforma carcelaria que este Gobierno defendió la semana pasada en la Comisión de Constitución, que cuenta con los votos de la Concertación, de la Oposición, para sacarlo adelante. Lamento que no estén acá los ministros del Interior y de Justicia, que no haya autoridad de Gobierno alguna que se haga cargo de responder estas inquietudes. Para quienes estamos debatiendo dicha buena iniciativa de reforma carcelaria presentada por el Ejecutivo, el proyecto en estudio nos plantea serias dudas en cuanto a si forma parte de la misma estrategia, si es una concesión para avanzar en esa estrategia o si, simplemente, representa el descontrol completo, tras haberse dado cuenta de que las promesas de campaña se diluyeron, porque no existe país con delincuencia cero, como bien dijo el Gobierno. Pero al parecer se dio cuenta ahora, que asumió la responsabilidad de Estado, de que la delincuencia y su combate se enfrentan global e integralmente, o no se resuelven; de que se enfrentan como lógica de Estado y no en el combate de trincheras, o no se resuelven; pero, sobre todas las cosas, de que el lema “cárcel para todos” no sirve, porque no lleva a ninguna parte, sólo conduce a que se repita el incendio de la cárcel de San Miguel. El informe de la Comisión investigadora del incendio de la cárcel de San Miguel fue unánime en los contenidos sustantivos respecto de las reformas que se deben hacer; entre otras cosas, desalienta este tipo de medidas. Lo sensato es que este proyecto no siga su curso. Los bancos deben adoptar las medidas necesarias para evitar los robos de cajeros automáticos, tal como lo hicieron a comienzos de la década de los 90, cuando se dieron cuenta de que el robo a sus sucursales se convertía en un delito habitual y, por lo tanto, establecieron nuevas medidas de seguridad, como la instalación de vidrios protectores, que impedían el contacto directo entre quienes tenían acceso al dinero y quienes intentan robarlo. No se implantaron medidas policiales. De aprobarse, esta iniciativa significará distraer recursos públicos para que


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Carabineros se dedique al patrullaje nocturno de los bancos. ¿Quién pagará eso? ¿Los bancos? No, lo pagaremos todos los chilenos con nuestros impuestos. O sea, por la falta de diligencia de uno de los sectores de la industria que obtiene más utilidades, en lugar de atender desafíos en materia de seguridad ciudadana que existen y preocupan, distraerán recursos públicos con este otro objetivo. Nuestra invitación es que los representantes del Gobierno concurran mañana, cuando vence el plazo de la urgencia, y respondan estas dudas; que definan cuál es su política; la de cárceles para todos o la de reforma carcelaria que propuso el ministro Bulnes y que cuenta con un amplio y transversal respaldo en el Senado y, probablemente, también en esta Cámara; que nos digan si les parece razonable que el robo por sorpresa tenga una penalidad inferior, si es más importante proteger un cajero automático en la soledad de la noche que a una persona que, eventualmente, puede ser víctima de un atentado o robo. Esos son los dilemas planteados. Por esa razón, vamos a rechazar el proyecto, pues va en el sentido contrario al verdadero camino para derrotar la delincuencia. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, quiero aclarar que el lema de “cárcel para todos”, sólo existe en la imaginación de algunos parlamentarios de Oposición. El Presidente Piñera y los parlamentarios de la Alianza por Chile jamás hemos planteado que el objetivo de la política criminal sea cárcel para todos. El Presidente de la República fue muy claro en su planteamiento que, por lo demás, forma parte de su programa de Gobierno. Dijo que hay que tener una mano dura, firme y enérgica para prevenir y reprimir la delincuencia -somos partidarios de que esa mano se mantenga-, y otra mano acogedora para avanzar en materia de rehabilitación y de trato humano a los presos, porque también hay que respetar los derechos humanos de quienes están privados de libertad. Ese es el objetivo del programa de Gobierno. Entonces, lo mínimo que, en un estado racional de las cosas, los parlamentarios y el Congreso Nacional pueden ofrecer es evaluar el programa, la performance presidencial y lo que se está haciendo en materia de prevención y sanción de la delincuencia, a la luz de los objetivos exactos, realistas y concretos que el Gobierno ha hecho, no de eslóganes y frases que se han inventado. En lo que respecta a la materia en estudio, lo obvio está a la vista. Por lo tanto, no se necesita que venga el ministro del Interior o el de Justicia a explicar lo que todos sabemos. La mano acogedora y rehabilitadora aparece en el programa que impulsó el ministro Bulnes en materia de combate del hacinamiento carcelario, problema que, por lo demás, heredamos tras los veinte años de gobiernos de la Concertación, pues no la inventamos nosotros. Debemos hacer lo que corresponde: que las personas que estén cumpliendo


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penas de reclusión nocturna u otras medidas alternativas, que han probado tener buena conducta, puedan cumplir sus condenas bajo un régimen de libertad individual bien controlado. De esa forma, podrán salir de la situación de estadística de estar en la cárcel cuatro mil o cinco mil chilenos que, perfectamente, pueden cumplir sus condenas en un régimen de libertad, sin que signifiquen un peligro para la sociedad, con una ley que efectivamente controle las medidas alternativas de libertad, que fue otro problema heredado de la Concertación. Esa es la mano acogedora, que está enhebrando y haciendo bien las cosas. En cuanto a la mano enérgica, que vamos a seguir exigiendo, está en iniciativas como la que conocemos hoy; en aumentar los pisos de las penas asignadas a delitos que presuponen un alto riesgo público, como los asaltos a cajeros automáticos. Para que la Concertación lo tenga bien claro, aprovecho la oportunidad de informar a sus representantes que se aproxima la tramitación de varias iniciativas de ley, que llevan esperando mucho tiempo, en materia de sanciones más duras para los encapuchados que, con sus tropelías y barbarie, siembran el terror y el pánico, y afectan la integridad física y la propiedad de muchos chilenos a los cuales represento en la Cámara de Diputados. Me refiero a votantes por Santiago, comuna especialmente afectada por este tipo de desmanes. Por lo tanto, pido calma y tranquilidad a algunos diputados que, al parecer, más que tener interés en entregar argumentos racionales en esta materia, más bien tienen el afán de pegar al Gobierno palos por boga y palos porque no boga, de incursionar en una práctica que causó tantos problemas históricos en Chile, cual es negar la sal y el agua. Nuestra bancada, junto con muchos otros parlamentarios responsables de Izquierda, de Derecha y de Centro, respaldará al Gobierno en todo lo que diga relación con políticas públicas en materia energética, con la mano firme para prevenir y combatir la delincuencia, y con la mano acogedora, especialmente para los jóvenes. La idea es avanzar en una serie de iniciativas que están detenidas desde hace muchos años. Esa es la manera como se construye, se cumplen los compromisos y se responde una demanda en materia de seguridad pública que, espero, pese sobre cada uno de los diputados y diputadas que van a votar, cuando tengan que presionar el botón rojo o verde respecto de este buen proyecto de ley. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día. Hago presente a la Sala que, respecto de este proyecto de ley, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, sólo restan las intervenciones de cinco señores diputados. Por lo tanto, si existiera acuerdo de la Sala para insertar sus intervenciones en el boletín de sesiones, el proyecto se podría votar y despachar hoy. ¿Habría acuerdo?


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El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, quiero intervenir en la Sala sobre esta materia. El señor MELERO (Presidente).- Muy bien, señor diputado. ¿Habría unanimidad para el diputado señor Hugo Gutiérrez pueda intervenir y luego votar? No hay acuerdo. En consecuencia, la discusión y votación del proyecto quedan pendientes para una próxima sesión.


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1.5 Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 72. Fecha 17 de agosto, 2011. Discusión general. Se aprueba en general y particular AUMENTO DE PENA DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. (Continuación). El señor MELERO (Presidente).- Corresponde continuar la discusión del

proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje y con urgencia calificada de suma, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos. Antecedentes: -La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 7689-07, se

inició en la sesión 68ª, en 10 de agosto de 2011, de la legislatura 359ª. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo

Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, en esta instancia

debemos comprometernos con la dogmática jurídica penal, por cuanto esta trae aparejada seguridad jurídica. Elevar la penalidad a un delito que se comete en un lugar no habitado, para mí conlleva una serie de consecuencias valóricas de relevancia. Esto nos lleva a decir que lo que se está planteando es desvirtuar la

sistemática de nuestro Código Penal. En ella, los robos en lugar no habitado tienen una penalidad conocida, de 541 días a cinco años, justamente porque se realizan en lugar donde no está comprometida la vida humana. En consecuencia, al subir la penalidad a un delito que se comete en un lugar

no habitado, lo que se busca es decirle al ladrón: “Mire, si usted asalta un cajero automático, va a recibir tal penalidad”. Lo que preocupa es lo siguiente: el mensaje que entrega el Código Penal para el robo con fuerza apunta a decirle al ladrón que vaya y robe en un lugar no habitado, porque recibirá una menor penalidad. Ese es el mensaje que hoy día entrega nuestro Código Penal dentro de la sistemática. La dogmática jurídica tiene una lógica sistémica. Si hoy rompemos esa

lógica en el Código Penal, estaremos afectando esta dogmática, que ejemplifiqué con el mensaje al ladrón. Ahora, también hay un mensaje del legislador, porque en relación con los delitos de robo, le estamos diciendo al ladrón que vaya a robar a un lugar no habitado, porque la penalidad será menor. Sin embargo, hoy queremos decirle que da lo mismo. No existe el efecto disuasivo, que también debe contener la construcción de los tipos penales. Ese es uno de sus objetivos: orientar incluso la conducta ilícita; pero


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hoy estamos desorientando y provocando una perversión en los tipos penales. De la lectura del informe me surgen algunas dudas. Un señor Cristóbal Lira

señala que, a mayo de 2011, se han cometido 319 robos a cajeros automáticos, y que en el transcurso del año se ha detenido a 186 personas, de las cuales 81 se encuentran privadas de libertad. Repito, 319 robos a cajeros automáticos y 186 personas detenidas, de las cuales 81 se encuentran privadas de libertad. En seguida, don Roberto Jiménez, gerente de operaciones de la Asociación

de Bancos e Instituciones Financieras, señaló que se han verificado 330 robos a cajeros automáticos, de los cuales 108 han sido consumados. ¡Discúlpenme! Estas son cifras relevantes. De 330 robos, sólo algo más de 100 se han consumado. Es decir, se quiere dictar una legislación para sancionar este robo, cuando sólo 108 tienen la calidad de consumados. Otro asesor dijo que más de 180 personas han sido detenidas. Es decir, en el delito de robo a cajeros automáticos no hay impunidad, porque sus autores han sido detenidos y sancionados. Entonces, ¿para qué estamos creando una legislación? No para romper la impunidad, porque no la hay para este delito, sino exclusivamente para dejar a esas personas privadas de libertad. Ese es el objetivo de la iniciativa: dejar a esas personas privadas de libertad. Repito, de acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio del Interior, en

los delitos de robo a cajeros automáticos no hay impunidad. Los delincuentes que cometen estos delitos son atrapados, son detenidos y la mayoría de ellos está cumpliendo penas, están privados de libertad. Sólo un pequeño número recibe penas bastante bajas. En consecuencia, se requiere dictar una legislación para un número reducido

de delitos, en circunstancias de que no existe impunidad, con lo cual se alterará la dogmática jurídica de manera innecesaria, al crear tipos penales que pervertirán la lógica sistémica del Código Penal. Por lo tanto, no me cabe más que seguir a quienes ya analizaron estos delitos,

como el ex diputado Juan Bustos, quien estudió estos temas de dogmática jurídica y las perversiones existentes en los tipos penales. Por eso, lo único que cabe aquí es rechazar el proyecto. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso

de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hemos escuchado importantes

intervenciones hoy y ayer en relación con la iniciativa, originada en mensaje, que aumenta las penas al del delito de robo de cajeros automáticos. Sin perjuicio de la discusión jurídica que haremos sobre el fondo, debo

señalar que el proyecto hace un traje a la medida para proteger de esos robos a las empresas que manejan los cajeros automáticos, cuestión que no es una preocupación prioritaria de la ciudadanía, no obstante aparecer cotidianamente en los distintos medios de comunicación. La iniciativa no modifica el techo, sino el piso de la pena por el delito de


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robo en lugar no habitado, por lo que el rango de la sanción, que hoy es de 541 días a cinco años, pasará a ser de tres años y un día a cinco años. Con ello se busca proteger no a la población, sino a los cajeros automáticos o, mejor dicho, a las instituciones financieras, que han reclamado permanentemente respecto de este tipo de robos. Considero que se debe exigir a las instituciones que prestan servicios a

través de los cajeros automáticos, que destinen recursos para dotar de seguridad a sus instalaciones, con el fin de disminuir esos robos. En la actualidad, existe tecnología para ello, como el entintado de billetes, el anclaje como corresponde de los cajeros automáticos o su ubicación en lugares que ofrezcan más seguridad; pero, señor Presidente, estimo que no corresponde que Carabineros deba cuidar esos cajeros, en circunstancias de que su personal podría destinarse a otras funciones. En mi opinión, tampoco corresponde que se apruebe una modificación legal para aumentar el piso del rango de aplicación de la pena. Me permito leer lo señalado en la comisión técnica por el señor Juan

Francisco Galli, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: “Con esta iniciativa no se está aumentando la pena, sino el límite inferior de ésta, para ello se estimó que el robo de cajero automático en lugar no habitado sea asimilado a la interrupción de un servicio que es de utilidad pública para la población. En cuanto a una eventual desproporción por el aumento de la pena, explicó que ello no ocurre por cuanto no se aumenta el techo de la sanción que se mantiene en cinco años”. ¿Cuál es la señal que se nos está entregando, señor Presidente? Favorecer

la persecución penal de quienes roban cajeros automáticos y no de quienes asaltan o realizan robos con intimidación. En consecuencia, los delincuentes preferirán asaltar a las personas después de que estas saquen su dinero de los cajeros automáticos, en lugar de robar esos aparatos. O sea, estamos frente a un error de técnica legislativa en materia penal y a una mala señal. El combate de los robos de cajeros automáticos debe basarse en una mayor

inversión privada de los bancos para mejorar la protección, el anclaje y la tecnología de esos aparatos, no en la modificación de este tipo de normas, ya que eso es alterar la estructura de penas de nuestro Código Penal. Señor Presidente, reitero que el camino propuesto en la iniciativa es errado

para detener el robo de cajeros automáticos. Lo que corresponde es que las instituciones bancarias metan las manos en sus bolsillos -¡vaya que han ganado dinero¡-, a fin de establecer mejores procedimientos y usar la tecnología disponible. Esa es la fórmula para evitar este tipo de delitos, en lugar de modificar el piso de la pena para, supuestamente, obtener un éxito en el combate de estos robos. Además, tal como señaló el diputado Hugo Gutiérrez, una gran cantidad de

delitos de esta naturaleza no queda impune, ya que se captura a los autores. Por lo tanto, solicito que no alteremos la estructura y la doctrina penal para hacer un traje a la medida de los bancos. Por eso, señor Presidente, anuncio que votaré en contra el proyecto, porque

no va al fondo el asunto, sino que sólo apunta a mejorar la rentabilidad de los


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bancos y la protección de sus cajeros automáticos. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes

términos: El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto

de ley, iniciado en mensaje y calificado con suma urgencia, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos. Hago presente a las señoras diputadas y señores diputados que todas las

normas del proyecto son propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 1 abstención. El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Auth

Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto


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Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Pascal Allende Denise; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vargas Pizarro Orlando; Vidal Lázaro Ximena. -Se abstuvo el diputado señor Farías Ponce Ramón. El señor MELERO (Presidente).- Como no ha sido objeto de indicaciones,

también queda aprobado en particular. Despachado el proyecto.


OFICIO LEY

1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 17 de agosto, 2011 Cuenta en Sesión 46. Legislatura 359. Senado. Oficio Nº 9657 VALPARAÍSO, 17 de agosto de 2011

PROYECTO DE LEY: “Artículo primero.- Modifícase el Código Penal, incorporando, en el inciso segundo del artículo 443, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración final: “Con la misma pena se sancionará el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros, o del dinero y valores contenidos en ellos.”. Artículo segundo.- Las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981.”. Dios guarde a V.E. PATRICIO MELERO ABAROA Presidente de la Cámara de Diputados ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ Secretario General (S) de la Cámara de Diputados

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H.SENADO


INFORME COMISIÓN GOBIERNO

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Informe de Comisión de Gobierno Senado. Fecha 09 de septiembre, 2011. Cuenta en Sesión 56. Legislatura 359. INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos. Boletín N° 7.689-07. ____________________________________ HONORABLE SENADO: Esta Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley señalado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, con urgencia calificada de “suma”. I. OBJETIVO DEL PROYECTO Aumentar las penas del delito de robo de cajeros automáticos. II. ANTECEDENTES 2.1. De Derecho - Código Penal. - Decreto ley N° 3.607, de 1981, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados. 2.2. De Hecho Señala el mensaje con que se inició este proyecto de ley, que el funcionamiento de los cajeros automáticos reviste particularidades que la transforman en una actividad de especial importancia para la población, constituyendo un beneficio social que asegura a los usuarios la satisfacción de



sus necesidades mediante la entrega de un sistema de pago aceptado por todo el comercio. En ese contexto, continúa, la existencia de cajeros automáticos responde a una necesidad de acceso de los particulares a los recursos financieros de manera expedita y segura, por lo que los delitos en contra de estos dispensadores implican la interrupción de un servicio relevante para la comunidad. Agrega que estas herramientas de entrega de dinero permiten el acceso a servicios financieros en sectores que por su ubicación geográfica, condición socio económica o de escasa población, no son atractivos para el funcionamiento de sucursales bancarias. Así, los cajeros automáticos constituyen un elemento de acceso igualitario a los recursos financieros, permitiendo a las personas transitar sin portar grandes cantidades de dinero, disminuyendo la posibilidad de robos. Declara el mensaje que la función que cumplen estos dispensadores cobra relevancia al constatarse las limitantes que tiene la actividad bancaria, particularmente en lo que dice relación con su horario de funcionamiento, facilitando el acceso al giro de dinero sin necesidad de dirigirse a una sucursal y posibilitando el ejercicio de actividades financieras durante los fines de semana y días festivos. Recuerda el mensaje que de acuerdo con datos actualizados al mes de marzo de este año, se han verificado 126 robos a cajeros automáticos, de los cuales 80 se han producido por medio de la técnica del “vehículo vaquero” (utilización de autos o camionetas para lacear y arrancar los cajeros), representando el 63,4% del total de los robos. Del total enunciado, 38 se han cometido con “oxicorte” (técnica auxiliar a la soldadura utilizada para realizar cortes en fierro y acero), lo que equivale al 30,2% del total. Las cifras vinculadas al “vehículo vaquero” aumentaron, durante este año, un 63,5%, comparadas con el 20,3% del año 2010. Agrega que de los 126 robos de cajeros automáticos, 53 de los 54 vehículos utilizados presentaban encargo por robo. En atención a la baja penalidad asociada al robo en lugar no habitado -continúa el mensaje-, el análisis costo-beneficio para el delincuente es altamente favorable, pues la posibilidad de obtener beneficios es mayor al costo asociado a la eventual pena. De esta manera, y de acuerdo con los antecedentes aportados, el Gobierno ha decidido encabezar un plan de acción general en contra del robo de cajeros automáticos, lo que implica la adopción masiva de medidas de seguridad y un perfeccionamiento de la normativa vigente. Señala el mensaje que también se desarrollarán campañas comunicacionales disuasivas en relación con la implementación de nuevas tecnologías de seguridad y un aumento de la pena asociada a este delito.



Respecto de la penalidad del delito de robo de cajeros automáticos, explica el mensaje que actualmente los delitos de hurto y robo de estos dispensadores, así como del dinero contenido en ellos, no tienen una pena especial, aplicándose, precisamente, las asignadas al hurto y al robo. Para el caso del hurto, las penas dependen del valor de la cosa sustraída de acuerdo con los tramos señalados en el artículo 446 del Código Penal: - más de 400 unidades tributarias mensuales, presidio menor en su grado máximo (entre tres años y un día y cinco años). - más de 40 y menos de 400 unidades tributarias mensuales, presidio menor en sus grados medio a máximo (entre 541 días y 5 años). - más de 4 y menos de 40 unidades tributarias mensuales, presidio menor en su grado medio (entre 541 días y 3 años). - más de 1/2 y menos de 4 unidades tributarias mensuales, presidio menor en su grado mínimo (entre 61 y 540 días). Para el caso del robo con fuerza en las cosas, afirma el mensaje que, normalmente, se aplica la pena prevista para el robo en lugar no habitado, que es presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años), sin importar el valor de lo sustraído. Agrega el mensaje que el Código Penal regula los delitos en contra de la propiedad cometidos por apropiación de cosas muebles, fijando las penas según la gravedad del delito. En este sentido, continúa, el referente que refleja de mejor manera el robo de cajeros automáticos es la pena establecida para el robo con fuerza en las cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación cuando, con ocasión del delito, se produce la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, el que, de acuerdo con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 443 de ese cuerpo legal, se sanciona con presidio menor en su grado máximo, esto es, desde 3 años y un día hasta 5 años de privación de libertad. La agravante que propone el mensaje se establece en función del objeto material (cajeros automáticos y dinero contenido en ellos), y no de la interrupción o interferencia en su funcionamiento, en razón de los siguientes argumentos: Uno) Normalmente el robo con fuerza de cajeros automáticos genera como efecto el que dejen de funcionar. Dos) Se pueden presentar problemas para determinar las causas del no funcionamiento.



Tres) puede resultar complejo asimilar la función social de los servicios de suministro público con la utilidad de los cajeros. Por las razones enunciadas, el proyecto de ley incorpora un nuevo inciso al artículo 443 del Código Penal, sancionando el robo de cajeros automáticos con la misma pena que el robo de cosas que produzcan la interrupción de un servicio público o domiciliario (3 años y un día a 5 años). III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO El texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados está constituido por dos artículos permanentes. El artículo primero incorpora en el inciso segundo del artículo 443 una frase final, nueva, que prescribe que el robo con fuerza de cajeros o dispensadores automáticos de dinero, o del dinero o valores contenidos en ellos, se sancionará con presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años). (El artículo 443 del Código Penal preceptúa que con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo se castigará el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitio no destinado a la habitación si el autor utiliza llaves falsas u otros instrumentos semejantes (inciso primero). Para el caso de que algunas de las conductas señaladas provoque la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, la pena se aplicará en su grado máximo, esto es, desde 3 años y un día a 5 años (inciso segundo)). El artículo segundo -incorporado en el primer trámite constitucional- del texto de la Honorable Cámara dispone que las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza darán estricto cumplimiento a las normas de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, conforme al inciso séptimo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981. (Dicho precepto se refiere a las normas generales a que deberán someterse la organización y funcionamiento de los organismos de seguridad privada, particularmente en lo que se refiere a las medidas de seguridad de las entidades según su naturaleza). - - - Puesta en votación la idea de legislar respecto de esta iniciativa, esta Comisión, con la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Bianchi, Pérez Varela y Sabag, le prestó su aprobación en general. Sin perjuicio de lo anterior,



la misma unanimidad consideró que durante la discusión en particular ha de revisarse la construcción típica del delito que se pretende sancionar, con el objeto de mantener la coherencia en la sanción de estos ilícitos. En consecuencia, esta Comisión tiene a honra proponer a la Sala la aprobación en general de este proyecto de ley. Su texto es el siguiente: PROYECTO DE LEY “Artículo primero.- Modifícase el Código Penal, incorporando, en el inciso segundo del artículo 443, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración final: “Con la misma pena se sancionará el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros, o del dinero y valores contenidos en ellos.”. Artículo segundo.- Las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981.”. - - - Acordado en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Víctor Pérez Varela (Presidente), Carlos Bianchi y Hosain Sabag. Sala de la Comisión, a 9 de septiembre de 2011. Mario Tapia Guerrero Secretario de la Comisión



RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA LAS PENAS DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. (BOLETÍN Nº 7.689-07) I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: aumentar las penas del delito de robo en cajeros automáticos. II. ACUERDOS: aprobar en general esta iniciativa. Unanimidad 3x0. III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de dos artículos permanentes. IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene. V. URGENCIA: “suma”. VI. ORIGEN INICIATIVA: mensaje de S.E. el Presidente de la República. VII. TRAMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite. VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 17 de agosto de 2011. IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 30 de agosto de 2011. X. TRAMITE REGLAMENTARIO: discusión en general. XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: - Código Penal. - Decreto ley N° 3.607, de 1981, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados. Valparaíso, 9 de septiembre de 2011. MARIO TAPIA GUERRERO Secretario de Comisiones


DISCUSIÓN SALA

2.2. Discusión en Sala Senado. Legislatura 359. Sesión 59. Fecha 04 de octubre, 2011. Discusión general. Queda pendiente AUMENTO DE PENAS EN DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de “suma”. --Los antecedentes sobre el proyecto (7689-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011. Informe de Comisión: Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es sancionar el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros, o del dinero y valores contenidos en ellos, con la pena de presidio menor en su grado máximo de 3 años y un día a 5 años. La Comisión discutió esta iniciativa en general y dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Pérez Varela y Sabag, en la misma forma en que lo despachó la Cámara de Diputados. Su texto se transcribe en la parte pertinente del informe. El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión general el proyecto. Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela. El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, como señaló el señor Secretario, esta iniciativa, iniciada en mensaje, fue analizada por la Comisión, la cual la despachó por unanimidad; se aprobó por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, y tiene por objeto aumentar las penas por el robo de cajeros automáticos. ¿Qué señala el mensaje? Fundamenta la iniciativa en el hecho de que el funcionamiento de los cajeros automáticos reviste una particularidad que lo transforma en una actividad de especial importancia para la población, constituyendo un beneficio social que asegura a los usuarios la satisfacción de sus necesidades mediante la entrega de un sistema de pago aceptado por todo el comercio. En ese contexto -continúa el mensaje-, la existencia de cajeros automáticos responde a una necesidad de acceso de los particulares


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a los recursos financieros de manera expedita y segura, por lo que los delitos contra los dispensadores implican la interrupción de un servicio relevante para la comunidad. Agrega que estas herramientas de entrega de dinero permiten el acceso a servicios financieros en sectores que, por su ubicación geográfica, condición socioeconómica o su escasa población, no son atractivos para el funcionamiento de sucursales bancarias. Así, tales cajeros constituyen un elemento de acceso igualitario a los recursos financieros, permitiendo a las personas transitar sin portar grandes cantidades de dinero y disminuyendo la posibilidad de robos. El mensaje da cuenta también de una estadística extraordinariamente alta en este tipo de delitos. Señala que a marzo de este año se han verificado más de 126 robos a cajeros automáticos, de los cuales 80 se han producido por medio de la técnica del “vehículo vaquero” (la ciudadanía conoce este mecanismo como “alunizaje”, porque se utilizan autos o camionetas para lacear y arrancar los cajeros), representando el 63,4 por ciento del total de los robos. La estadística indica, pues, que durante este año las cifras vinculadas a robo mediante la técnica del vehículo vaquero o alunizaje aumentaron en 63,5 por ciento. De manera que nos encontramos frente a una actividad delictual creciente, por lo cual hay que establecer una penalidad distinta a la existente en la actualidad, Al respecto, quiero recordar a los señores Senadores que los distintos tribunales del país sancionan este tipo de ilícitos aplicando las penas para los delitos de hurto y robo, por lo que en 85 por ciento los autores de estos actos quedan en libertad en la misma audiencia de control de detención, echando por tierra muchas veces la exitosa acción policial en la captura de los delincuentes que los llevan a cabo. Tal situación ha llevado al Ejecutivo a determinar un aumento significativo de las penas. Y la agravante que propone en el mensaje la establece en función del objeto material, los cajeros automáticos y dinero contenido en ellos, y no de la interrupción e interferencia en su funcionamiento en razón de los siguientes argumentos. Normalmente, el robo con fuerza de cajeros automáticos genera como efecto el que dejen de funcionar. Por lo tanto, el servicio socioeconómico que se entrega a la comunidad queda absolutamente imposibilitado. En seguida, se presentan problemas para determinar las causas del no funcionamiento del cajero. Y en tercer lugar puede resultar complejo asimilar la función social de los servicios de suministro público a la utilidad de los cajeros. Así, se incorpora un nuevo inciso al artículo 443 del Código Penal, sancionando específicamente el robo de cajeros automáticos con la misma pena que el robo de cosas que produzcan la interrupción de un servicio público o domiciliario, es decir, 3 años y un día a 5 años.


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Vuelvo a insistir: se equipara la pena -no lo dispone así la legislación hasta ahora- para el robo de un dispensador a la que rige para el robo con fuerza de cosas que produzca interrupción de un servicio público o domiciliario. Esas son las razones que tuvo la Comisión de Gobierno para aprobar en general el proyecto, porque siempre resulta necesario en este tipo de iniciativas abrir un espacio de tiempo para la discusión en particular, por si algún Senador quiere perfeccionar el tipo penal, con el objeto de mantener coherencia en la sanción de estos ilícitos. Por ende, como miembros de la Comisión de Gobierno, proponemos y recomendamos a la Sala acoger la idea de legislar. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto. El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, sin entrar al fondo ni pronunciarme sobre las bondades o defectos que pudiera contener la iniciativa, quiero señalar lo siguiente. Me llama profundamente la atención que el proyecto no haya sido visto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ya que trata sobre una materia específica de su ámbito (aumento de penas y establecimiento de una nueva figura criminal) y dice relación con una disposición del Código Penal. Por eso, pido que la iniciativa sea enviada igualmente a dicho órgano de trabajo. Muchas gracias. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a mí también me llama mucho la atención el proyecto, pues no entiendo por qué se han de establecer sanciones especiales para delitos ya contemplados hoy en nuestra normativa. Da la impresión de que hay una obsesión por tipificar de manera distinta determinados ilícitos en cuanto a su penalidad. Aquí pareciera que lo único que se busca es proteger a los bancos, que son los que prestan el servicio de cajeros automáticos. Pero no veo cómo se pueda llegar a la conclusión de que un aumento en las penas vaya a terminar con los robos de los dispensadores de dinero. Recuerdo que años atrás se empezó a generar una cadena de robos a las sucursales bancarias. En esa oportunidad, se exigió que las propias entidades afectadas dispusieran normas de prevención y de seguridad mínimas para evitarlos. ¿Por qué? Porque con el nivel de competencia y de ofertas que había para conquistar a nuevos clientes lisa y llanamente ellas habían dejado de aplicar medidas de esa índole; también, por supuesto, porque su establecimiento significaba mayores costos de operación. Sin embargo, a nadie se le ocurrió incrementar las penas por el robo de dinero a un banco. Y aquí, señor Presidente, no creo que porque endurezcamos las penas vayan a disminuir los robos de cajeros automáticos.


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Pienso que una política de prevención en esta materia tiene que correr por cuenta de las propias instituciones que entregan el servicio mediante el establecimiento de mecanismos o medidas de seguridad que impidan la ocurrencia de los ilícitos. De hecho, en las estaciones de servicio -los lugares preferidos para el robo de dispensadores, por las facilidades que ofrecen para quienes llegan en vehículo (el Senador Pérez Varela hablaba de los “vehículos vaqueros” con los cuales los amarran y los transportan para después retirarles el dinero)- ya se nota con claridad que los resguardos dispuestos han imposibilitado, en la práctica, la comisión de nuevos ilícitos: topones o barreras delante de las máquinas o su disposición empotrada, de manera que no sea fácil llegar y sacarlos. Eso mismo se hizo antiguamente en las sucursales bancarias y los robos disminuyeron a tal punto que hoy en día son prácticamente excepcionales. Pero, más allá de las cuestiones prácticas, lo que me llama la atención es que estemos legislando para proteger a instituciones que, en realidad, ofrecen un servicio por el cual cobran bastante caro. No es gratuito. A mí no me convence el argumento del incremento de las penas porque el robo de cajeros interrumpe el suministro de un servicio público o domiciliario. Con ese criterio, entonces, deberíamos legislar de esa forma para cada una de las áreas de la actividad comercial donde se produjeran delitos. Y, en este caso, los bancos cobran por el servicio y compiten por él, en tanto que los usuarios pagan por tal prestación. A mí no me parece razonable establecer una suerte de discriminación en un determinado tipo de delitos. Si es robo, es robo; si es hurto, es hurto; si es con violencia, es con violencia; si es en lugar no habitado, es en lugar no habitado. Así que, en principio, no considero que un proyecto de esta naturaleza tenga lógica, porque claramente discrimina con respecto a otros sectores. El fin de semana nos enteramos, a través de los medios de comunicación, de que el Gobierno enviará una iniciativa que aborda el saqueo a los supermercados y las tomas, entre otras situaciones, en circunstancias de que las sanciones para esos delitos ya se hallan establecidas en el Código Penal. Pareciera que existe una tendencia, una moda: empezar a discriminar o hacer diferencias entre ilícitos de la misma especie. Curiosamente, lo que siempre se protege es al dinero o a quienes poseen determinada condición económica, a pesar de que esas mismas instituciones les cobran a los usuarios -que son quienes nos deberían importar- por los servicios que les prestan. Así que, señor Presidente, me parece muy bien que la iniciativa pase a la Comisión de Constitución, para ver si ahí nos pueden explicar, con otros argumentos o con una imaginación mayor a la contenida en el mensaje, por qué se justificaría para la sustracción de cajeros automáticos una sanción mayor y distinta de las establecidas para el robo y el hurto.


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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker. El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, la verdad es que no quiero prejuzgar respecto al fondo del proyecto. Estaba revisando el mensaje y no me queda tan claro que sea necesario -tal vez lo es- establecer la pena, en este caso, en función del robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado cuando se produce la interrupción de un servicio público o domiciliario. Fui 12 años Diputado y ahora llevo un año y medio como Senador, y nunca me había tocado que una iniciativa de esta índole no pasara por la Comisión de Constitución. Y este es un proyecto cuya naturaleza hacía pertinente remitirlo allí. Desconozco por qué en su oportunidad se decidió enviarlo a la Comisión de Gobierno. Con todo respeto, en la de Constitución jamás pretenderíamos analizar una iniciativa relacionada con los municipios, con los gobiernos regionales, porque se trata de materias que son de su competencia. Por eso, me quiero sumar a la petición de que el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución. No tengo problemas, puesto que ya lo vio la de Gobierno, en actuar como Comisiones unidas. Pero en este momento no estoy en condiciones de pronunciarme sobre él sin haber tenido un debate de fondo en el órgano pertinente. Lo digo con todo el respeto que me merecen los integrantes de la otra Comisión. No tengo nada contra ellos. Simplemente, la materia que aborda el texto en debate hacía necesario que este fuera visto por la de Constitución. Por lo tanto, señor Presidente, me sumo al planteamiento que los Senadores Pizarro y Muñoz Aburto efectuaron en tal sentido. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. El señor SABAG.- En realidad, señor Presidente, el proyecto es bastante simple. En la Cámara de Diputados lo vio la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas. Y en razón de que Carabineros e Investigaciones pasaron a depender del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el Senado todas estas iniciativas se han estado enviando a la Comisión de Gobierno. Pero debo aclararle al Senador Patricio Walker que la Comisión de Constitución ha estudiado muchas iniciativas que le correspondían solo a la de Gobierno. Así lo hicimos presente en la Sala. Y por eso actualmente se están viendo dos o tres de ellas por ambos organismos, trabajando de manera unida. En todo caso, no tengo ningún problema en que este proyecto vaya también a la Comisión de Constitución, o a Comisiones unidas, que sería lo mejor. Se podrían formar dos tablas: una en la que se incluyeran las iniciativas de más fácil despacho, como esta, y otra en la que colocaran las demás, como aquella que envió recientemente el Ejecutivo, que ya estamos analizando.


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En relación con el texto en discusión, quiero decir lo siguiente. ¿Qué dicen, generalmente, los jueces? “Nosotros aplicamos la ley, no la hacemos, pues ello corresponde a los parlamentarios y al Ejecutivo”. Entonces, vienen los reclamos. “¡Pero no puede ser! ¡Se llevaron otro cajero automático! A marzo de este año ya van 126 robos”. Y los autores del delito salen libres al día siguiente o a los pocos días. Ahí está el costo-beneficio: “A lo mejor me va bien si robo un cajero con 100 millones de pesos; de lo contrario, voy a estar poco o muy poco tiempo en la cárcel”. Y se trata de un ilícito que no estaba contemplado cuando se estableció el Código Penal. Esto de llevarse los cajeros automáticos es de ahora último. Por lo tanto, no está tipificado, aun cuando queda englobado dentro del robo con fuerza. ¿Qué hace este proyecto de ley? Agrega, en el inciso segundo del artículo 443 del referido Código, algo muy corto: “Con la misma pena” -o sea, 3 años y un día a 5 años, como manifestó el Presidente de la Comisión de Gobierno, Senador Pérez Varela- “se sancionará el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros, o del dinero y valores contenidos en ellos”. ¡Eso es todo! Porque los jueces dicen que tal delito no se encuentra tipificado. Y en cuestiones penales el delito debe estar tipificado para ser sancionado. Por lo tanto, los defensores logran sacar a los delincuentes, que continúan asaltando. Y los cajeros automáticos brindan un servicio público, que a todos nos presta gran utilidad. En cualquier parte a la que uno vaya no tiene que hacer cola en el banco para sacar plata. Sin embargo, su robo hoy es “el pan nuestro de cada día”. Y la gente pregunta: “¿Cuándo y cómo se le va a colocar coto a esa situación?”. ¡Con esto, pues! ¡Con el proyecto que ha llegado al Parlamento! La Cámara de Diputados lo despachó antes de 60 días. Aquí, nosotros vamos a entrar en una larga letanía, como nos ocurrió con una ley que vimos recientemente, que a la otra rama del Congreso le tomó menos de 90 días aprobarla, y a nosotros, más de 10 meses. ¡Qué pasa en el Senado hoy en día! La semana pasada analizamos, en tercer trámite, la iniciativa sobre posnatal. ¡Estuvimos casi dos horas y media discutiendo un asunto simple! La Cámara Baja lo despachó en 10 minutos, casi de inmediato. Es lo que hacíamos antes en esta Corporación. Ahora es al revés. Es la Cámara de Diputados la que nos está dando lecciones de ejecución rápida y efectiva, sin discusiones. Antes se hablaba, no por un proyecto, sino para la galería o para que quedara registrado en la historia. ¡Eso es propio de un Diputado, no de un Senador! Por ello, creo que estamos ante una iniciativa tan simple, tan necesaria, que, si de mí dependiera, la aprobaría en general y en


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particular a la vez, cosa que la próxima semana el Presidente la estuviera firmando como ley de la República. Gracias. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, seré muy breve, porque la intervención del Senador Sabag, quien me interpretó plenamente, me ahorra muchas de las cuestiones que pensaba decir. Solo agregaré que tengo entendido que el robo de cajeros automáticos se entiende perpetrado en lugar no habitado, por lo que las penas aplicables son más bajas. Hasta marzo de este año ya se habían registrado -así me pareció escuchar- 126. Y se trata -digamos las cosas como son- de hechos que causan temor y alarma en la población, pues se producen uno tras otro. Por eso, me parecen muy razonables las dos medidas que se proponen. La primera consiste en aumentar la penalidad, y la segunda, en obligar a las instituciones financieras a tener mayor vigilancia -en concreto, vigilantes privados-, para evitar la perpetración de este tipo de delitos, los cuales, aparentemente, se cometen con bastante facilidad y reiteración. Votaré que sí, señor Presidente. El señor GIRARDI (Presidente).- Pido autorización de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Gómez. Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela. --Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Gómez, en calidad de Presidente accidental. El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, yo no tengo ninguna objeción para que este proyecto sea visto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Tal como dijo el Honorable señor Sabag y lo refrendó el Senador García, se trata de un texto simple. Sin embargo, se han dado ciertos argumentos que no corresponden a la realidad. La iniciativa apunta a los robos de cajeros automáticos que se cometen no solo en bancos, sino también en farmacias, supermercados, bombas de bencina, almacenes. Estamos hablando de un servicio público. ¿Cuántas pensiones y cuántas remuneraciones se pagan a través de ellos? Constituyen un instrumento vastamente utilizado por la población. De ahí que sean ubicados en los lugares de más fácil acceso. Muchas comunas pequeñas, por lo menos de mi circunscripción electoral, piden la instalación de un dispensador, aunque a veces quede algo alejado, con el objeto de que los funcionarios públicos, los pensionados y la gente en general puedan disponer de los recursos financieros de manera fácil y expedita. Por lo tanto, no hay duda de que el robo, la destrucción o la paralización de cajeros automáticos causan un grave perjuicio a la población, a las numerosas personas -ojalá que su uso se siga masificando- que los utilizan a diario.


DISCUSIÓN SALA

Por eso, el robo de una de esas máquinas es distinto del robo común y corriente -de un auto, por ejemplo-, porque con ello se imposibilita que se siga prestando un servicio a la comunidad. Lo único que hace este proyecto de ley es equiparar su penalidad con la del robo con fuerza en las cosas cuando este provoca la interrupción de un servicio público o domiciliario, porque, en realidad, es eso lo que ocurre en este caso. Y estoy seguro de que la Comisión de Constitución, en el evento de que la Sala determine que la iniciativa sea estudiada también por ella, va a arribar a la misma conclusión, por cuanto es obvio que con la sustracción de uno de dichos aparatos se interrumpe un servicio y, por ende, su sanción debe ser equiparada a la establecida por el Código Penal para la interrupción de cualquier servicio público o domiciliario. Así, se castiga de manera significativa a quien comete ese delito. De eso no hay duda. En las grandes ciudades ya se puede apreciar que los bancos están tomando medidas para resguardar sus cajeros automáticos. Pero ¿qué posibilidad tiene de hacerlo una farmacia, un almacén o un supermercado pequeño de pueblo? Puede que también empiecen a tomar alguna decisión al respecto. Sin embargo, lo que aquí se pretende no es resguardar el dinero del banco, sino castigar a quien inflige un perjuicio significativo a la ciudadanía. Basta, por ejemplo, que se robe un dispensador ubicado en una caja de compensación que paga las pensiones para decir que nos encontramos frente a una situación extraordinariamente compleja, pues se interrumpió un determinado servicio. Si no aprobamos la iniciativa en análisis, la sanción que se aplicará, en el evento de que la persona sea detenida e investigada, será la del robo o del hurto y no la establecida para el delito de robo con fuerza de cosas que produzcan la interrupción de un servicio público o domiciliario. Por ende, creo que ese es el camino que debemos tomar. Como Presidente de la Comisión de Gobierno, no tengo objeción en que el proyecto pase a la de Constitución. No fue el órgano técnico que dirijo el que pidió tratarlo. Siendo el Ministerio del Interior el que hoy, a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública, tiene una función en esta materia, la Mesa juzgó adecuado que fuera a la Comisión que se vincula directamente con dicha Cartera la que conociera de la iniciativa. Y eso me parece bien. Tal vez proyectos de mayor complejidad deban ser vistos por la Comisión de Constitución. Pero este no reviste tales características. Es una iniciativa simple, como dijo el Senador Sabag. En consecuencia, considero que sería más adecuado que la Sala la despachara, salvo que, según el mejor entender del Presidente, se quiera remitir a la Comisión de Constitución. Pero estoy seguro -vuelvo a insistir- de que dicho órgano técnico arribará a la misma conclusión a la que llegaron la Cámara de Diputados y la Comisión de Gobierno, y que sin duda refrendará la mayoría del Senado.


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El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Señores Senadores, ha terminado el Orden del Día. Además, no existe quórum para tomar la decisión de enviar el proyecto a la Comisión de Constitución. Por lo tanto, la iniciativa queda pendiente para mañana. Se encuentran inscritos los Senadores señores García-Huidobro, Pizarro y Coloma. No habiendo quórum para adoptar acuerdos, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa


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2.3. Discusión en Sala Senado. Legislatura 359. Sesión 60. Fecha 05 de octubre, 2011. Discusión general. Se aprueba en general AUMENTO DE PENAS EN DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS El señor GIRARDI (Presidente).- En el siguiente lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de “suma”. --Los antecedentes sobre el proyecto (7689-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011. Informe de Comisión: Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011. Discusión: Sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011 (queda pendiente su discusión). El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es sancionar el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros, o del dinero y valores contenidos en ellos, con la pena de presidio menor en su grado máximo. En la sesión de ayer quedó pendiente la discusión general, quedando inscritos para intervenir los Senadores señores García-Huidobro, Pizarro y Coloma. El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la discusión general del proyecto. Primero le vamos a dar la palabra a los señores Senadores que quedaron inscritos, y luego, a los Honorables señores Tuma, Navarro y Orpis. Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador señor García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, señor Presidente. Creo que el debate de ayer fue muy interesante. Sin embargo, debo manifestar mi preocupación, porque, sobre todo en las comunas rurales apartadas, existe la imperiosa necesidad de contar con cajeros automáticos, y así se lo ha hecho saber la comunidad a sus autoridades. Yo me pregunto cómo sería la situación actual de los bancos si todo el mundo tuviera que esperar para cobrar un cheque o su


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sueldo. Sin duda, de no existir este tipo de instrumentos hoy sería difícil imaginar la sociedad en que vivimos. Habría colas interminables. Es cosa de ver las largas filas que muchas veces deben hacer nuestros adultos mayores para cobrar por caja sus pensiones. Creo que debemos entender que los cajeros automáticos entregan un servicio público. Ayer un Senador manifestó que eran un negocio de las entidades bancarias. Sin duda que lo son, pero también responden a una necesidad de nuestra sociedad. Y, como los bancos se resguardan con seguros, a la larga, al existir una penalidad tan baja, la situación desemboca en que las compañías les suben las primas. Por eso, lo que hace justamente este proyecto es aumentar la pena más baja, pero manteniendo la máxima posible de aplicar por el delito cometido. En consecuencia, señor Presidente, considero urgente aprobar hoy la iniciativa, que va por el sendero correcto. Necesitamos dar una señal a quienes siguen abusando de este tipo de ilícitos, que muchas veces generan temor. Y numerosas instituciones, muchos servicentros o lugares de comercio prefieren no tener cajeros automáticos, a fin de preservar la seguridad de las personas que laboran allí. Por lo anterior, creo que debemos dar una señal como Senado y aprobar este proyecto, porque sin duda va en la dirección correcta. Muchas gracias. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señor Presidente, quedé inscrito ayer, pero el Ministro ya aclaró mi duda. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, el objetivo de la iniciativa que nos ocupa es elevar las penas al delito de robo de cajeros automáticos. En la actualidad, esta conducta se sanciona conforme a las normas generales de asignación de penas para los delitos de hurto y robo. Mediante el proyecto en estudio se pretende desincentivar el robo de dispensadores automáticos a través del aumento de las penas. Yo no me imagino a los jóvenes o a los adultos delincuentes haciendo un análisis de costo-beneficio, de cuáles son las penalidades asignadas al delito para ver si efectúan el robo o no. Ahora bien, ¿por qué habría de ser más penalizado el delito de atentar contra un cajero automático que hacerlo sobre un pequeño comercio, que está cerrado, donde también violentan la puerta y roban la caja? ¿O que ingresar a robar a los colegios, a los jardines infantiles, sustrayendo los computadores? ¿Por qué vamos a penalizar con una mayor gradualidad el robo de cajeros automáticos? Es cierto que el uso de dichos dispensadores facilita la vida. La tarjeta permite a los pensionados acceder a recursos de manera más expedita que haciendo una cola en el banco. Pero no me parece que


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nosotros debamos prestarnos como institución, como Poder del Estado para proteger especial y discriminatoriamente los intereses de las entidades bancarias, pues a ellas les asiste la obligación de crear las normas de seguridad. En tal sentido, escuchaba a unos expertos acerca de cómo desincentivar el robo de cajeros automáticos con un mecanismo mediante el cual cada vez que se violenta o se mueve un dispensador se contaminan de inmediato todos los billetes con un líquido que los echa a perder. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué tenemos que legislar a través de una normativa especial para seguir llenando las cárceles de jóvenes? En realidad, como sociedad deberíamos buscar otro modo de desincentivar el delito, de perseguir el incremento de la criminalidad. Pero no lo vamos a lograr aumentando las penas. Yo le aseguro, señor Presidente, que ninguno de quienes cometan delitos de este orden tendrá la información respecto de que subió la pena a entre tres años y un día y cinco años para el robo de un cajero automático. Y si es así, ¿por qué vamos a discriminar? Porque de la misma forma podríamos aumentar las penas a quienes atentan contra la propiedad de pequeños negocios o establecimientos comunitarios. En consecuencia, a mi juicio, la iniciativa no es una buena señal. Me parece que el Parlamento debe preocuparse de que la sociedad cree condiciones que establezcan desincentivos a la criminalidad y al delito, pero de otra manera y no simplemente aumentando penas, más todavía cuando se trata de un delito particular, sobre la propiedad perteneciente a los bancos. Por las razones expuestas, votaré en contra. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hubiera sido adecuado que en la Sala se encontrara el Ministro de Justicia -estamos hablando de un tema relacionado con el procedimiento judicial, con los tribunales de justicia-, porque existe una contradicción flagrante y evidente. El Gobierno nos pide apoyo para una ley de indulto general a fin de poder vaciar las cárceles, que están atestadas. Al respecto, se plantea que los primerizos, un conjunto de personas que reúnen determinados requisitos salgan de los recintos penales. Y hemos ido aprobando un conjunto de normativas de modo reiterado, muchas veces llevados más bien por un discurso populista, efectista. El Ministro nos habría podido explicar cómo nos solicita que aprobemos indultos y luego nos presenta un proyecto que no resuelve el problema. Si alguien cree que aumentando la pena por el robo de cajero automático habrá menos delitos de este tipo, se equivoca rotundamente. La clave de la lucha contra la delincuencia no se encuentra en el incremento de penas, sino en la prevención, en la seguridad,


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en generar condiciones que impidan este tipo de hechos. Y en eso le asiste a lo menos una responsabilidad al sector privado. Es cierto, los cajeros automáticos son necesarios. Y se cobra por cada giro. No es gratis. Como lo dijo el Presidente de la República, esta es de las cosas que en la vida no son gratis: se debe pagar por cada giro. Y a los obreros de mi patria, cuando van a retirar sus 180 lucas, les cobran al igual que cuando se sacan 200. Se cobra por giro, no por monto. Y si quieren extraer 2 mil, 3 mil pesos -lo he visto en los cajeros-, les cobran por cada giro. Por lo tanto, no nos referimos a un servicio de utilidad pública, sino a uno privado, remunerado, con lucro, como está de moda: con lucro. En consecuencia, este último tiene que financiar también la seguridad. En Chile hay más de 100 mil guardias privados y vigilantes, que hoy se encuentran bajo la normativa del OS-10 de Carabineros. Hemos reclamado que cualquiera es vigilante, y esto debe ser reglado, a fin de que efectivamente haya mayor seguridad, pues no toda persona puede reunir los requisitos y condiciones para desempeñar esa función. Hemos propuesto que a las juntas de vecinos les sea posible contratar en su barrio servicios privados para aumentar los niveles de seguridad en el territorio que les corresponde. Entonces, el debate no radica en si es condenable o no el robo de cajero automático. Lo es todo delito que signifique destrucción de los bienes privados o públicos, apropiación indebida. Existe una premura del Presidente de la República -lo digo con todo respeto, señor Ministro Larroulet- en enviar un proyecto que sanciona el robo de cajero automático. ¿Y dónde está la iniciativa que castiga a los delincuentes de cuello y corbata de La Polar, a los que participaron en la colusión de las farmacias? ¿Dónde está el proyecto que sanciona a los que roban y no les pasa nada? Porque en nuestro sistema jurídico a un joven que roba una chaqueta que vale 20 mil pesos o un celular de 25 mil pesos se le aplican entre tres y cinco años de cárcel. ¡Y a un sinvergüenza delincuente de La Polar, de las farmacias, que roba miles de millones, que usurpa y abusa de quienes más necesitan sus remedios, pues son enfermos crónicos, no le pasa nada! No he visto ningún desfile de los ejecutivos de las farmacias por los tribunales, y menos por la cárcel. Jamás pondrán un pie en ella con la actitud de este Gobierno, que llegó al poder con la demagogia de la delincuencia. Y ahí están los videos en YouTube. Decía el actual Presidente: “¡Se acabó la fiesta!”, “¡Vamos a combatir la delincuencia!”, “¡Aquí las cosas van a cambiar!”. Les pregunto a los Senadores de Gobierno y al Ministro presente cuánto han cambiado las cosas. El señor PROKURICA.- Voten a favor del proyecto, entonces. El señor NAVARRO.- Paz Ciudadana sostiene que no han cambiado: han empeorado. ¡Otra cosa es con guitarra! Ya los noticiarios de televisión no parten con media hora de delincuencia. Esta desapareció. Es cierto:


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desapareció de los medios de prensa, de los noticiarios. Pero sigue enquistada en las poblaciones. Y le planteo al señor Ministro que, sin duda, vamos a colaborar, que cuente con mi voto y con mi apoyo cuando se trate de avanzar en contra de los delincuentes. Pero el proyecto en análisis no resuelve el problema. Tiene mucho más de demagogia que de efectividad: más pena para quienes roban los cajeros automáticos, como si los delincuentes estuvieran interesados en si van a ir a la “cana” entre tres años y un día y cinco años, como si les importara. Hay que dar señales concretas para ambos lados. Uno nunca sabe quiénes están en las redes de las mafias que coordinan el robo de los cajeros automáticos. ¿Dónde se halla la información para saber cuáles poseen menos seguridad, dónde se puede actuar para robar? Esta se encuentra en las propias instituciones, en los bancos, en la red de cajeros automáticos. Señor Presidente, rechazaré el proyecto, porque quiero del Gobierno una iniciativa en contra de los delincuentes de cuello y corbata, que impida que los ejecutivos de La Polar hagan lo que hicieron con más de 500 mil tenedores de tarjetas de crédito. Y con todo respeto una vez más, hay investigaciones en curso. ¿Que pasó con CENCOSUD el año 2006? Por cierto, ahí están los antecedentes. Se tiene que aclarar lo ocurrido. Algunos de los ejecutivos de dicha empresa hoy son Ministros de Estado. Me parece que es deber del Gobierno esclarecer esos hechos para que haya transparencia. Y el Ejecutivo también debería haber enviado, junto con este proyecto, otro que permitiera a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia señalar: “Esta Comisión tiene la honra de emitir su informe acerca del proyecto de ley enviado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, con urgencia calificada de “suma”, que tipifica y aumenta las penas para los delitos relacionados con acciones de fraude financiero.”. Así, entonces, hubiésemos regulado las funciones de los directores de las empresas, quienes toman decisiones de repactación unilateral. El domingo estuve en el Campamento N° 1 de Chihuayante, donde se encuentran los damnificados de Villa Futuro. A esos pobladores -que ya van a cumplir año y medio viviendo en mediaguas- les llegaron 16 boletas de cuentas de luz -que tengo en mi poder- de la compañía CGE, de una sola vez. ¡Y, oh, sorpresa! En ellas aparece la repactación unilateral de toda la deuda del 2010, por instrucción de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Es decir, sin la firma de los aguerridos y sufridos habitantes de las mediaguas, ex poseedores de departamentos en Villa Futuro. Se les repactó de manera unilateral, cobrándoles 24 mil pesos mensuales, incluso por el periodo en que no ocuparon los departamentos.


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Sabemos que las compañías eléctricas han tenido graves problemas a la hora de facturar y cobrar a los usuarios. Por lo tanto, no se trata de proteger a quienes roban cajeros automáticos. ¡No los vamos a proteger! Apoyaremos al Gobierno en perseguirlos con la policía, con los medios lícitos, a fin de poder encontrarlos y encarcelarlos. ¡Pero no nos digan que un proyecto de ley que aumenta las penas para quienes roban cajeros automáticos resuelve el problema de la delincuencia! Quiero una iniciativa no que aumente las penas, sino que meta a la cárcel a los ladrones de cuello y corbata, a los de La Polar, que aún siguen impunes; a los de la Farmacia Ahumada que estaban coludidos y también siguen impunes. Mientras ello no ocurra, decir que estamos legislando para combatir la delincuencia, es solo una ilusión. Por eso, señor Presidente, con el objeto de ratificar nuestra convicción -y lo digo desde la Oposición- en cuanto a apoyar a este Gobierno en la lucha contra los delincuentes y para que de verdad a estos se les acabe la fiesta y el recreo -parece que ahora invitaron a todos sus amigos a la fiesta, porque ha crecido la familia de los delincuentes-, voto en contra del proyecto. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, por cierto la iniciativa que nos ocupa no va a resolver el tema de la delincuencia. ¡Eso es así! Respecto a la reflexión que hacía el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, comparto su opinión en cuanto a que para solucionar dicho problema es preciso tener una mirada más global, más profunda, que no solo se base en el aumento de las penas y del número de cárceles. Y es eso lo que discutimos en el Parlamento en este momento. En tal sentido, me parece que la del proyecto es una visión equilibrada. Si Su Señoría revisa la tabla de esta sesión, podrá apreciar que, a continuación, la Sala va a debatir la iniciativa que modifica el régimen de libertad condicional, y sustituye la multa -que muchas veces termina en cárcel- por una pena alternativa de trabajos comunitarios. Ello no busca encarcelar sino rehabilitar. Asimismo, cabe señalar que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hay un proyecto que modifica la ley N° 18.216, sobre penas alternativas a las privativas de libertad, el que persigue, por primera vez en Chile y de manera seria, la rehabilitación y la reinserción social. Por lo tanto, el Parlamento está abordando de modo equilibrado y global no solamente el aumento de las penas, sino también la prevención y la rehabilitación. Ello es indispensable, porque permite muchas veces determinar las causas y el origen del problema para lograr la reinserción social de quienes han cometido un ilícito.


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Sin embargo, señor Presidente, lo relacionado con el delito es también una materia dinámica. Y sin desconocer que el aumentar las penas no resuelve el problema de la seguridad ciudadana, nadie puede negar que el incrementarlas en determinados momentos constituye un factor inhibidor del delito. Y es eso precisamente lo que busca esta iniciativa. Porque, hoy día, al asimilar el robo de los cajeros automáticos con el hurto, recibe penalidades extremadamente bajas, que van de 61 días a 5 años de cárcel. ¿Qué hace la iniciativa? El artículo primero incorpora en el inciso segundo del artículo 443 del Código Penal una frase final, nueva, que prescribe que el robo con fuerza de cajeros automáticos se sancionará con presidio menor en su grado máximo, esto es, 3 años y un día a 5 años. Es decir, aumenta la penalidad. Me parece importante dar esta señal, porque dicho ilícito se está produciendo de manera habitual. Aquí se ha reclamado respecto a la responsabilidad de los bancos. Por eso, y para conocimiento de la Sala, el artículo segundo dispone que las instituciones bancarias o financieras, de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Por ende, no solo se aborda el aumento de la penalidad, sino que se hacen más exigentes las normas que la propia Cartera del Interior va a imponer a las instituciones bancarias y financieras. El objetivo es que estas deben adoptar las medidas de resguardo para evitar que se cometa el robo de cajeros automáticos, de acuerdo a la preceptiva que les va a exigir directamente esa Secretaría de Estado. Sin embargo, también se debe proteger a la sociedad de los delitos. Y sin ser una condición absolutamente determinante, pienso que el aumento de la penalidad evidentemente inhibe la comisión de ciertos actos delictivos, porque se trata de penas privativas de libertad. De ese modo la sociedad se va protegiendo. Concuerdo en que no se va a resolver el problema del delito, en general, si no lo abordamos con una visión amplia, como señalé. Prueba de ello es que el proyecto que debatiremos en seguida se refiere a la reinserción social. Y, tal como dije, en la Comisión de Constitución se halla una iniciativa que trata sobre las penas alternativas de la ley N° 18.216. En consecuencia, pienso que por primera vez el Parlamento, a diferencia de los discursos que muchas veces hemos escuchado en el Hemiciclo, está abordando en forma equilibrada el tema de la seguridad ciudadana -no se concentra solo en aumentar la penalidad o el encarcelamiento-, la reinserción social y la rehabilitación. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. El señor LAGOS.- Señor Presidente, deseo mencionar que hay una discusión muy antigua en la doctrina, en la teoría jurídica, respecto de cuál es el rol que cumplen las penas como disuasivas o no para la comisión de delitos. Y no creo que lo vayamos a resolver hoy en la Sala.


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Podemos entender el razonamiento del Ejecutivo al proponer el aumento de las penas por el robo de cajeros automáticos. En el fondo, se quiere señalar: “¡guai del que vaya a robar un cajero automático, porque lo voy a secar en la cárcel hartos años!”. Ello, con la esperanza de disuadir a alguien de cometer un delito. Yo tengo serias dudas de que eso vaya a operar así. Como dijo el Senador Navarro, si por el robo de un celular o de una chaqueta de 20 mil pesos una persona puede pasar entre 3 a 5 años en la cárcel, ¿qué problema tendrá para robar un cajero automático, donde es posible que encuentre varios millones de pesos, y si lo pillan, va a quedar recluido un par de años más? ¿Dónde está el desincentivo, entonces? Lo que me preocupa acerca de la materia en debate, señor Presidente -por su intermedio, al Ministro señor Larroulet, quien se halla presente en la Sala-, es que el Gobierno tiene completamente erradas las prioridades. Porque si hay un lugar donde alguien diría que es atendible ir a robar, es en un cajero automático, porque se hace bajo el supuesto de que está lleno de plata. Sin embargo, si de señales se trata, ¿dónde se produce más daño? No en los bancos, porque se encuentran completamente asegurados, de modo que no pierden un solo peso en los robos a sus dispensadores de dinero. Pero sí en las comunidades que yo represento: Cuarto Sector de Playa Ancha, Barrancas de San Antonio; Casablanca; población Manuel Bustos de Valparaíso. Ahí no hay cajeros automáticos. ¿Saben lo que roban en esos lugares? Los delincuentes entran a las sedes de las juntas de vecinos y se roban el horno que se usa para hacer pan y reunir recursos. Roban los computadores de los planteles educacionales. Ingresan y roban en los establecimientos comerciales pequeños y también en las Compañías de Bomberos. A los clubes deportivos les roban las camisetas y las 4 pelotas de fútbol que tienen. Y eso queda comprendido en la misma legislación de siempre. Entonces, ¡díganme dónde está la prioridad! Con la mano en el corazón, colegas, deben reconocer que la penalidad propuesta no va a disuadir a nadie de robar un cajero automático. Los que se dedican a robar tales dispensadores andan en camionetas 4x4 y conforman grupos de 3 o 4 personas que se coluden para perpetrar ese ilícito. El señor QUINTANA.- Tienen winches. El señor LAGOS.- Dichos vehículos están equipados con winches, como bien me asesora aquí el Senador Quintana. En consecuencia, van a robar igual los cajeros automáticos. Y el aumento de la pena en 4 o 5 años les va a dar lo mismo. ¡Total, el robo de camisetas, de un celular o de una chaqueta que cuesta 20 mil pesos implica solo un par de años menos!


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Por lo tanto, ¿qué se intenta proteger con el incremento de la penalidad? Yo creo que el Gobierno no lo captó. Pero tal vez sí captará lo que estoy diciendo. ¿Dónde queremos proteger más? ¿A quién queremos castigar más? ¿Al que roba a su propia comunidad: a la Junta de Jardines Infantiles, a las salas cuna, a las juntas de vecinos, al Cuerpo de Bomberos? ¡Esa es la realidad de las cosas! Indudablemente, acá están mal puestas las prioridades. Y con relación a un problema sobre el que el Gobierno ha hecho tanto aspaviento: el de la seguridad ciudadana, bueno, ¡está clara cuál es la señal! Ahora se trata de criminalizar, a través de otro proyecto de ley, a quienes participen en tomas y en manifestaciones públicas. Por ejemplo, alguien que se tomara pacíficamente un establecimiento educacional podría permanecer hasta 3 años preso. Yo escuché al Ministro Allamand, quien sostuvo que hay que matizar las cosas. Sin embargo, la legislación propuesta no hace sino indicar una manera de ver las cosas: el criterio de la mano dura. ¡Se cree que todo se arregla así! La mano dura generó un pésimo precedente durante 17 años y no resolvió nada. Y en materia de seguridad, ¿qué pasó con el denominado “caso bombas”? Lo traigo a colación acá en el Senado y a través de la twitcam porque, si uno lee los medios de prensa nacionales, se percata de que la información sale pequeñita en todos ellos, ¿verdad? Pero la noticia primitiva se dio a conocer con bombos, pitos y flautas -Ministro del Interior incluido- por el ex Fiscal Peña. Este, “afortunadamente”, tuvo un período de desempleo bastante acotado, porque saltó de la Fiscalía a ocupar el cargo de asesor de la Cartera del Interior. ¡Incluso antes de que renunciara se supo que se iría a esta repartición...! Ayer, la justicia echó por tierra la acusación y dejó libres a 13 personas. Y el Gobierno, campante, dice: “No tenemos nada de qué arrepentirnos”. Se lo escuché al Subsecretario Ubilla. ¡Yo hubiera esperado un poquito de pudor! Algo como lo siguiente: “En función de las instituciones...”. ¡Nada de eso! ¡Ni un poquito de pudor! Se hizo del asunto una cuestión pública y se acusó a esa gente durante ocho meses. ¡Les encargo revisar lo que vi hoy día: al abogado de uno de los afectados describiendo lo que fueron esos ocho meses en la Cárcel de Alta Seguridad! Acaban de salir libres de polvo y paja. No se trata de que no los vayan a sancionar por asociación ilícita. ¡No los sancionan por nada! ¡La Fiscalía tuvo que sobreseer el caso porque no tenía nada que mostrar!


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¡Y esta tarde nos hallamos aquí preocupados de legislar sobre el aumento de las penas por el delito de robo de cajeros automáticos...! En verdad, considero que con el envío de la presente iniciativa se procedió mal -se lo indico al señor Ministro, por intermedio de la Mesa- desde el punto de vista de las prioridades. Que me corrijan si los bancos no tienen seguros contra el robo de cajeros automáticos. En cambio, ninguna junta de vecinos, ningún club deportivo del cerro Barón, ningún club de cueca de Casablanca tiene seguros. ¡Les roban y la pena por esos delitos es la misma! Si en el caso en estudio se pretende aumentar la penalidad por estimar que esta es disuasiva, bueno, hagámoslo respecto de aquel bien que represente un valor mayor. Porque los seguros van a cubrir todas las pérdidas de los bancos, los cuales, además, dadas las utilidades que han obtenido, pueden soportar la pérdida de un par de cajeros automáticos. Por último, si el Gobierno cree que las penas son disuasivas, que por lo menos realice en el verano una campaña de reparto de panfletos donde se diga qué pena se aplica por robar un celular o una toalla; por traficar droga; por comprar papelillos; por tomar alcohol en la vía pública. ¡Difundamos esas penas! Lo sugiero, porque las que acordemos en la legislación que nos ocupa no las va a conocer nadie más en Chile. ¿Quién va a saber cuál es la pena por el robo de un cajero automático? Señor Ministro, puede contar con todo mi apoyo para luchar contra la delincuencia. Pero también pido un poco de mesura y establecer prioridades. No entiendo cuál es la necesidad de priorizar el aumento de las penas por el robo de cajeros automáticos, en circunstancias de que hay otros bienes de la sociedad chilena tanto o más importantes de defender. Además, esos cajeros se protegen solos, porque con las tasas de interés que cobran los bancos están cubiertos de esa contingencia. Anuncio que votaré en contra. El señor GIRARDI (Presidente).- El Honorable señor Prokurica ha solicitado abrir la votación. Primero intervendrá el señor Ministro, y después los oradores inscritos, Senadores señores Gómez, Hernán Larraín, Letelier, Quintana y señora Allende. Cerrado el debate. En votación. Tiene la palabra el señor Ministro. --(Durante la votación). El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Muchas gracias. Señor Presidente, distinguidos Senadores y Senadoras, este proyecto forma parte de una serie de iniciativas destinadas a


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aumentar la seguridad ciudadana y a combatir la delincuencia, como muy bien dijo el Senador Orpis al referirse a algunas en estudio en el Senado. Todos sabemos que en el área de la delincuencia y, en general, en el ámbito de las políticas públicas no hay bala de plata, sino que siempre se requiere, para tener éxito, un conjunto coherente de acciones que apunten en la misma dirección. Sería largo enumerar los proyectos -ustedes los conocen muy bien- que en la actualidad se tramitan en el Parlamento, todos muy relevantes. Por ejemplo, el atinente al uso del brazalete electrónico; el que permitirá, en su articulado y en otros, la existencia de penas alternativas, de manera tal de no congestionar las cárceles; el que acaba de ser aprobado hoy día, sobre registro de prófugos; el de registro de pedófilos. Y así, sucesivamente. No quiero aburrir a esta distinguida Sala con una extensa lista de iniciativas legales y no legales (estas últimas, referidas a políticas). De otro lado, el Congreso se halla iniciando el trascendental debate del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2012, en el que se fija una clara prioridad en materia de seguridad ciudadana, y se asignan los recursos para esa tarea. En efecto, el próximo año se va a financiar el incremento de 2 mil nuevos efectivos en Carabineros; la renovación de 1.100 vehículos policiales; la ampliación del Plan Cuadrante a 134 comunas, y la extensión del programa Barrio en Paz a 110 sectores vulnerables. En suma, podríamos permanecer muchas horas hablando del conjunto coherente de políticas que el Gobierno impulsa para el combate a la delincuencia. La presente normativa es una entre varias más. Si alguien la aísla, pensando que es una sola, y mira su contenido, podría efectivamente concluir: “Esto no es suficiente para abordar la integralidad del problema”. Pero forma parte de ese conjunto coherente y, por lo tanto, es indispensable para la labor señalada. El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con otra visión, también equivocada, acerca del proyecto en análisis. Se piensa que este apunta a favorecer al sistema bancario, cuando es justamente lo contrario: el ciudadano común y corriente se beneficia con las fórmulas modernas, como un cajero automático, para acceder a un bien esencial para el funcionamiento de la sociedad. ¿Cuál es ese bien? ¡El dinero! Lo que buscamos con esta iniciativa -sobre todo a propósito de la pregunta que realizaron algunos distinguidos Senadores que me antecedieron en intervenir- es beneficiar a la población, al chileno común y corriente, especialmente al que vive en los sectores más populares y -como se expresó- en los sectores rurales, donde cuesta acceder a una institución financiera. En suma, de lo que se trata aquí es de proteger de la delincuencia a las personas de clase media y a las personas modestas -¡eso es


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lo que tratamos de hacer!-, no a la entidad que administra o es dueña de un cajero automático. En el mundo moderno, hace ya muchos años que se acabó el trueque. ¡Por suerte! Y para los fines que este tenía hoy existe el dinero. Lo que hacemos ahora es, precisamente, combatir la delincuencia que afecta el ejercicio del derecho de la clase media y los sectores más modestos a usar dinero en sus transacciones. Tal es el sentido social profundo de la presente iniciativa legal. Más aún -con esto termino, señor Presidente-, debemos pensar que este proyecto ya fue discutido en la Cámara de Diputados. Su texto incluye normas relacionadas con el cumplimiento del sistema bancario de la ley que regula el funcionamiento de los vigilantes privados, en el sentido de obligarlo a implementar un plan de seguridad, como sostuvo el Senador Orpis. En suma, nos parece que la iniciativa es de suyo relevante, forma parte de un conjunto coherente de acciones y, por sobre todo, se dirige a la gran mayoría de los chilenos que, producto de la acción delictual, muchas veces no pueden acceder a algo tan elemental como el dinero contante y sonante -para decirlo en forma clara- a fin de realizar las transacciones más básicas de su vida diaria. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, me había hecho el propósito de no intervenir, pero después de revisar el proyecto debo decir -esto es discutible- que su texto es de muy mala calidad, de muy mala factura. No resuelve absolutamente nada y, además, no entiendo por qué pretende tipificar un delito que ya existe. En el Título IX del Código Penal, CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, el párrafo primero trata “De la apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño”; el párrafo segundo, “Del robo con violencia o intimidación en las personas”, y el tercero, “Del robo con fuerza en las cosas”. Por su parte, el artículo 440 del mismo cuerpo legal establece cuál es la penalidad del robo con fuerza en las cosas. Y el artículo 442, referido al robo en lugar no habitado -es el caso que nos ocupa, porque se trata de cajeros automáticos de bancos u otras empresas financieras ubicados en lugares supuestamente no habitados al momento de producirse los hechos-, dispone que este delito “se castigará con presidio menor en sus grados medio a máximo, siempre que concurra algunas de las circunstancias siguientes: “1ª. Escalamiento “2ª. Fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados.


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“3ª. Haber hecho uso de llaves falsas, o verdadera que se hubiere substraído, de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo o abrir los muebles cerrados.”. ¿Qué dice el artículo siguiente, el 443? “Con la misma pena señalada en el artículo anterior -esta es la disposición que se modifica, pues se supone que aquí se agrega el delito- se castigará el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitio no destinado a la habitación si el autor hace uso de llaves falsas o verdaderas que se hayan substraído, de ganzúas u otros instrumentos semejantes o si se procede, mediante fractura de puertas, vidrios, cierros, candados u otros dispositivos de protección o -¡miren lo que se expresa!- si se utilizan medios de tracción.”. El señor WALKER (don Patricio).- ¡Está claro! El señor GÓMEZ.- Entonces, subir o no las penas es una cuestión de política criminal e involucra una discusión que tendremos que realizar en otro contexto. Pero sucede que en el informe de la iniciativa no se considera la opinión de nadie, es decir, de las personas que debieran haber sido escuchadas, como jueces, fiscales, profesores de Derecho Penal. Y tal consulta es normal cuando se quieren elevar las penas e introducir cambios dentro de un procedimiento o una estructura... El señor WALKER (don Patricio).- ¡No fueron consultados! El señor GÓMEZ.- ¡Y el colega Lagos me señala que no está ni el Senador Espina...! Por tanto, creo que el proyecto, desde el punto de vista de la política criminal, carece de sentido. Comprendo que el Gobierno se encuentre preocupado por los robos a cajeros automáticos que se producen, y por los efectos que ello le genera a la ciudadanía. Esa es la razón que yo entendí. Asimismo, cabe recordar que el mensaje dispone que “De acuerdo a los datos actualizados al mes de marzo de 2011, se han verificado 126 robos a cajeros automáticos. Ochenta de estos robos se han producido utilizando la técnica del ‘vehículo vaquero’”. ¡Una explicación interesante...! El señor QUINTANA.- ¡Y con el toro “Frutilla”...! El señor GÓMEZ.- Agrega el mensaje que “de los 126 robos acontecidos durante lo que va transcurrido de este año, 53 de los 54 vehículos que fueron utilizados para robar los cajeros automáticos y que luego fueron abandonados, presentaban encargo por robo.”. Anoche, cuando le echaba bencina a mi auto en la bomba de la Costanera Norte ubicada a la entrada a Santiago, el bombero me contó que habían asaltado la estación de servicio. ¡Y etcétera, etcétera! O sea, frente a la enorme cantidad de problemas de seguridad reconocidos por la gente frente a los cuales las personas nos dicen “preocúpense de la seguridad”, no entiendo por qué el Parlamento, especialmente el Senado, y el Gobierno pierden un minuto de su tiempo en subir penas por el robo de cajeros automáticos, cuando además -en mi opinión- este ilícito se halla claramente sancionado en el actual Código Penal.


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En consecuencia, yo no perdería el tiempo del Congreso en el tratamiento de esta iniciativa considerando lo que cuesta llevar adelante acá proyectos de fondo que de verdad ayuden a resolver los problemas de seguridad de la gente. El Ejecutivo tomó aquí una decisión, porque incluso le puso urgencia calificada de “suma” a la iniciativa, con lo cual le agregó un incentivo adicional, en circunstancias de que deberíamos abocarnos a proyectos más relevantes. Por ejemplo, le quiero recordar al señor Ministro que hace mucho tiempo presenté una iniciativa -se encuentra en la Comisión de Constitución- para que se exijan ciertas condiciones al interior de los recintos penales a fin de que los presos trabajen. Ello, con el objeto de que cumplan su pena y, además, presten un servicio a la comunidad y ahorren recursos para sus familias. ¡A ese proyecto no se le ha puesto ni un minuto de urgencia! ¡No le importa a nadie! Y estoy seguro de que la opinión pública concuerda en la relevancia de que los presos, en vez de estar preocupados de fugarse o de pelear entre ellos, dispongan de una alternativa de trabajo al interior de las cárceles. ¡Esa iniciativa no importa! Asimismo, hemos presentado en la Comisión de Constitución otros proyectos esenciales en materia de seguridad pública, pero tampoco se los ha considerado. Entonces, la iniciativa que nos ocupa presenta falencias graves. Quizás lo único rescatable, señor Ministro, sea su artículo 2º, porque -cosa curiosa- obliga a los bancos a cumplir las normas que el Ministerio del Interior establezca en materia de seguridad. ¡Eso es obvio! El señor LAGOS.- ¡Más que obvio! El señor GÓMEZ.- Es evidente que debe existir esa obligación. Porque el Estado gasta una enorme cantidad de recursos por la presencia de carabineros alrededor de los bancos para proteger los cajeros automáticos. La señora RINCÓN.- Así es. El señor GÓMEZ.- Honestamente, pienso que están mal puestas las prioridades, y que es un error avanzar en una propuesta como la que nos ocupa. Lo que sí debemos hacer mediante una iniciativa legal es obligar a los bancos a adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar los cajeros automáticos a fin de que la gente que vaya a sacar su plata no sea asaltada. En verdad, señor Presidente -con esto concluyo-, no le encuentro razón alguna a este proyecto. En todo caso, supongo que el Ejecutivo persistirá en su empeño y que el discurso de un Senador opositor no lo hará cambiar de opinión...


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El señor LAGOS.- ¡Los de todos nosotros, sí! El señor GÓMEZ.- ¡Es cierto, colega! Decía que, de persistir el Gobierno en su idea, será imperativo que la iniciativa sea analizada por la Comisión especializada. Acaba de llegar a la Sala el Senador Espina, cuyo parecer ni siquiera figura en el proyecto... El señor WALKER (don Patricio).- ¡Llegó al tercer llamado...! El señor GÓMEZ.- Me figuro que Su Señoría lo va a defender. Pero repito que el informe no contiene opinión alguna de quienes deben dar su juicio sobre un asunto tan importante como este. Termino, señor Presidente, recordando que el Ministerio Público necesita 156 fiscales y 587 funcionarios más. Por registrarse una serie de problemas, desde el punto de vista del desarrollo de la persecución criminal. Y tampoco ha sido escuchado con motivo de este tipo de proyecto, tan curioso. Así que por lo menos el Senador que habla no se halla en disposición de aprobar una iniciativa carente del fundamento técnico que requiere. Al respecto, me parece indispensable, que la estudie la Comisión de Constitución, porque, tal como está, no presenta ninguna lógica, en verdad. Gracias. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me sorprende el giro que ha tomado la discusión, tratándose de una normativa tan sencilla, que apunta a un objetivo tan claro y que la jurisprudencia ha forzado al Ejecutivo a plantear. Porque es esta última la que define el tipo de delitos en que se precisa, no nosotros desde nuestros pupitres. El encono con que se ha desacreditado al texto no guarda proporción con los hechos. Se critica, por ejemplo, que el Gobierno no tiene claras las prioridades; que debiera estar concentrado en promover otro tipo de caminos para perseguir el delito. El Ejecutivo, para bien o para mal, impulsa una cantidad importante de proyectos que, para juzgar y desaprobar, deben ser considerados en conjunto, y no cabe exponer una visión aislada, como si se estuviera presentando un solo asunto. ¿Qué esperan para presentar iniciativas aquellos que se preocupan de las otras prioridades sociales? ¡Si el papá no es el único que puede hacerlo! ¡También los hijos tienen esa posibilidad! ¡Y no actuemos como niños taimados! ¡Si Senadores y Diputados pueden iniciar mociones con relación a las prioridades sociales que estimen adecuadas en cuanto a la persecución del delito! ¡Nosotros procedimos en esa forma, durante muchos años, cuando fuimos Oposición y seguimos en ello hoy! ¿Por qué no recurren a esa vía, en vez de criticar al Gobierno por no hacer lo que ustedes estiman conveniente? ¡Háganlo!


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No lo entiendo, señor Presidente. Me parece que se ha asumido una actitud un poco infantil: la del perro del hortelano, que no come ni deja comer. ¡Pongamos un poco más de seriedad! Después, se sostiene: “No podemos discutir esta materia. Necesitamos una gran estrategia, grandes iniciativas”. El señor PROKURICA.- ¡Tuvieron 20 años...! El señor LARRAÍN.- ¿Por qué no podemos nosotros pensar que también es posible avanzar con proyectos específicos, concretos, que atacan cuestiones determinadas? Porque, con el recurso a proyectos generales, vamos a terminar con los progresos en aspectos más puntuales, lo que también sería un mal criterio. En la Comisión de Constitución estamos estudiando una serie de iniciativas de esta naturaleza. Unas, como lo expresaba mi Honorable colega Orpis, figuran en tabla; otras, las estamos despachando con la rapidez que podemos, porque son complejas. Tampoco me parece que esta crítica justifique votar que no. Por supuesto, el derecho a oponerse es connatural en una democracia; pero tratemos de fundamentar nuestra posición con una cierta seriedad, con un cierto rigor. En seguida, también me preocupa el ideologismo desarrollado en contra del lucro. ¡Si una institución persigue fines de esa naturaleza, entonces cabe asaltarla...! El señor NAVARRO.- ¡Por favor! El señor LAGOS.- ¡Nadie ha dicho eso! El señor LARRAÍN.- Porque -entendámonos- ¡si persigue fines de lucro, no hay por qué protegerla! “¡Protéjase usted solo, señor!”. El señor LAGOS.- ¡Se rebaja el nivel del debate! El señor LARRAÍN.- ¡No recuerdo haberlos interrumpido a ustedes! Les pido respeto. ¡No se exaspere, Su Señoría! Controle su lenguaje. El señor GIRARDI (Presidente).- Debe permitirse intervenir a quien tiene la palabra. El señor NOVOA.- ¡Nosotros tenemos que escuchar todo lo que dicen desde las bancadas de enfrente! El señor NAVARRO.- ¡Pongan más guardias...! El señor LAGOS.- ¡Con contrato fijo, sí...! El señor GIRARDI (Presidente).- Ruego no interrumpir. El señor LARRAÍN.- El grito es siempre el argumento del débil. Así que pido que tratemos de razonar. A lo mejor, estoy equivocado, Honorable colega Navarro, pero déjeme expresarme. A usted lo dejo discurrir cada vez que quiere, aunque esté en desacuerdo en un cien por ciento con sus planteamientos. Le respeto su derecho.


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Aquí se ha dado una argumentación que me parece falaz: que porque alguien persigue fines de lucro, en la medida en que se está protegiendo a los bancos, no podemos continuar adelante. Eso es no entender lo que está ocurriendo. ¡Si esas instituciones no pierden la plata! ¡Tienen seguros! ¡Si los afectados son los chilenos comunes y corrientes, que quedan sin el servicio! ¡Ese es el punto! ¡Y ese es el bien jurídico que se intenta proteger: el acceso a un servicio! Se podrá aducir: “No basta con aumentar las penas”. Es probable. Constituye una materia discutible. Pero, por lo menos, lo propuesto constituye un aporte, una preocupación, la cual va acompañada de otra, como ya se ha señalado, en el artículo segundo, que procura incentivar a las instituciones responsables para asumir en forma más fuerte el compromiso con la seguridad. Por lo tanto, creo que aquí se está equivocando el camino. ¡Y cuidado con aquello de que todo lo que contemple el lucro es condenable! Porque las pymes persiguen fines de esa naturaleza. Todas las empresas -pequeñas, medianas o grandes- tienen, en sí mismas, esa característica. Entonces, ¿vamos a condenar ese elemento? ¿Vamos a extirparlo? ¿Vamos a trabajar por bolitas de dulce, por fines benéficos, morales, altruistas? Creo que estamos exagerando un poco el argumento. Estamos extremando las cosas, y, cuando eso ocurre, se pierde el horizonte. Me parece que no ha mediado un planteamiento muy sensato. Asimismo, se han dicho otras cosas. Un señor Senador expresó: “Quiero que se sancione, no a esta gente, sino a los señores de cuello y corbata”. Conviene recordar que se ha sancionado a muchos de ellos. Es más: se citó el caso de La Polar. Es preciso tener en cuenta que este no se desarrolló ahora último. Porque alguien también afirmó: “Aquí no se ha acabado la fiesta, sino que se ha invitado a más gente de cuello y corbata”. Pero ¿cuándo empezó lo de La Polar? No fue el año pasado: viene ocurriendo desde el año 2006. ¿Y cuándo terminó la fiesta? ¡Ahora! Fue el SERNAC el que detectó la situación, el que efectuó los estudios necesarios y el que permitió poner a estos caballeros en una situación tan complicada que es muy probable que algunos de los ejecutivos de cuello y corbata pasen, si se encuentra razón a lo que los fiscales están planteando, hasta 15 años en la cárcel. Entonces, ¿por qué nos anticipamos a lo que se resolverá en ese proceso? Dejemos que los tribunales funcionen. Y no pretendamos que, por no haberse logrado justicia en un caso determinado, es posible pensar que esta no existe. En Gobiernos pasados se verificaron muchas cosas que me molestaron. Una de ellas, por ejemplo, fueron los sobres que recibían los Ministros. ¡Esos montos se declararon exentos de impuesto! Si esos


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mismos sobres se hubieran repartido a gerentes, me pregunto si se habría aplicado el mismo criterio. Ahí se optó por una solución bastante parcial, porque un funcionario de confianza tuvo que dictaminar si los pagos eran o no susceptibles de impuesto. ¡Y se concluyó que no! ¡Es algo fantástico! Así que tengamos cuidado con lo que expresamos. Por supuesto, siempre existe el derecho a oponerse. A algunos les encanta ejercerlo, y, quizás por eso, están donde están. Señor Presidente, diría que este es un proyecto sencillo, simple. Algunos lo votarán a favor; otros, en contra. Pero no creo que dé para hacer un escándalo como el que aquí se ha verificado. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, seré muy breve. Llama la atención que el Estado tenga que gastar tanto en funciones que les corresponden a actores privados. Hay tribunales cuya mayor actividad es hacerles la cobranza a las multitiendas. Y son miles de millones de pesos los que se invierten al ayudar a financiar tal sistema. Por eso algunos vemos con tanto optimismo el anuncio del señor Ministro de Justicia de que se avanzará en la reforma procesal civil, entre otras cosas. Pero eso no es suficiente. Se logrará más rapidez, eso sí. Es una discusión que se ha mantenido durante muchos años, en los que se ha venido trabajando en la materia señalada y en un nuevo Código del ramo. El cuestionamiento es por qué el Estado tiene que financiar una actividad propia de privados y que demanda tantos recursos. Uno se pregunta por qué no nos quedamos solo con el artículo segundo, que es lo sustantivo del proyecto, norma que no significa más que la obligación de las instituciones financieras de cumplir con los requisitos en materia de seguridad que establezca el Ministerio del Interior, el Gobierno, el Estado. Así se facilitan las cosas. A mi juicio, las penalidades ya son altas, en general, en muchos delitos. En lo personal, no estoy disponible para seguir en la guerra de meter más gente a las cárceles, con más penas. Estimo que Chile -no un sector político u otro- ha errado el camino al pensar que solo con castigos más elevados se resuelve la dificultad o se genera una actitud colectiva en orden a evitar la comisión de ilícitos. Considero que la sanción ya existente para lo que se ha tipificado como robo con violencia en lugares no habitados, con ciertas situaciones en que concurren agravantes, es más que suficiente. Creo que el aumento que nos ocupa es solamente para fines comunicacionales y no para otros. Por cierto, quiero que el país pueda atacar los problemas en seguridad pública, que pueda hacerse cargo de ellos. Estoy tristemente satisfecho al constatar que las bancas de enfrente entienden hoy que “otra cosa es con guitarra”. El Presidente de la República y su Ministro del Interior afirmaron que iban a


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barrer con la delincuencia. Pero no recurriré a la frase que usarían algunos señores Senadores partidarios del Gobierno: “La delincuencia está barriendo con ellos”. Lo cierto es que la seguridad pública es un tema de debate nacional. Es un asunto que debe preocuparnos a todos y tenemos que evitar caer en la lógica de politizarlo, como ocurrió, en mi opinión, en otras épocas. Por mi parte, votaré en contra de la idea de elevar la pena, pues considero que ello no es eficaz en lo más mínimo. Tiendo a inscribirme, respecto de las penalidades, en una moción como la del Senador señor Orpis de la cual se dio cuenta hoy, relativa a la búsqueda de formas distintas de cumplimiento; en mecanismos de rehabilitación o, como lo expresó mi Honorable colega Gómez, en premios o la generación de sistemas para que quienes han delinquido y son privados de libertad puedan rehabilitarse a través del trabajo. No creo que el proyecto cambie absolutamente en algo la frecuencia de los asaltos a cajeros automáticos. Sí me parece que el artículo segundo puede ayudar muchísimo a dificultarlos. Por eso, juzgo importante que esa parte se transforme en ley. No sé cuál va a ser la actitud del Gobierno. Porque si nos tiene en un debate y votación de un asunto con “suma” urgencia, algunos nos veremos obligados a pronunciarnos en contra, ya que la cuestión es compleja. Nos hallamos en la discusión general, pero media dicha calificación, lo cual genera cierto procedimiento acerca de cómo tratar la materia. Lo dejo planteado para ver cuánto se quiere avanzar. Repito que no soy partidario de aumentar la sanción en el caso que nos ocupa. Creo que ya es suficiente. Estoy cansado de que el Estado gaste plata en facilitar acciones que deben realizar los privados; que tienen que ver con responsabilidades de estos. De por sí, a todos los usuarios de los bancos nos están cobrando seguros para cubrir este tipo de situaciones. Y no creo que por regir una ley que contemple una mayor penalidad sea posible argumentar que nos bajarán un peso la prima. Por ende, estimo que la presente iniciativa no ayuda a evitar el problema: es más bien de corte comunicacional. Y para este último fin creo que quizás necesitamos generar una inflexión, al objeto de comenzar a tener actitudes y posiciones más colectivas sobre cómo combatir la delincuencia, cómo lograr condiciones de seguridad pública, a lo cual no me parece que contribuye el camino que se está siguiendo. Me sumo a algo que se hizo presente. Creo que quizás deberíamos plantear también lo que ha sido discutido por algunos. Es demasiado duro lo que ha pasado en el “caso bombas”. No nos engañemos. No lo pongamos como uno más. Se agrega a lo ocurrido con el joven pakistaní. Pero lo grave es que se privó de libertad a un grupo de personas por un tiempo


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prolongado y que formuló acusaciones infundadas quien fue premiado por el Gobierno con el cargo de asesor del Ministerio del Interior. En algún momento sería bueno sincerar la situación, porque, más allá de cualquier consideración adicional, es evidente que esa forma de enfrentar los problemas de seguridad pública, esa modalidad de descalificar, de presuponer, adoptada por el Ejecutivo no ayuda a la posibilidad de construir acuerdos para el combate contra la delincuencia y en favor del orden público y la seguridad que todos queremos. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, por alguna razón, todas las últimas encuestas, de manera reiterada, instalan la seguridad ciudadana, la intranquilidad de la población, como una gran preocupación. Y eso tiene mucho que ver con lo que aquí se ha dicho, con una política confusa, errada, en lo criminal, la cual no logra encontrar su foco. Ejemplos hay muchos. Me voy a remitir a uno bien reciente, de estos días, cuando se anunció el proyecto “antitomas”, o “ley Labbé”, o “ley maldita”. Ha tenido varios nombres. Y ni siquiera me meteré en el tema estudiantil, en cuanto a que la iniciativa busca la desmovilización, como han sostenido algunos; a que se plantea en un momento en que precisamente se está negociando o discutiendo con los estudiantes en una mesa de diálogo; a que se presenta cuando existen tomas, en fin. Es algo muy raro. Lo cierto es que, en un solo proyecto -hasta donde entiendo, porque no sé si ya ingresó-, se trata de subsumir una serie de situaciones que hoy día se encuentran tipificadas. El denominado “saqueo”, sus referencias técnicamente defectuosas y los hechos que se busca penar pueden corresponder al hurto o al robo; las tomas de establecimientos, a faltas o desórdenes públicos. La usurpación es algo más dudoso, porque no existe ánimo de apropiación. Los daños -en esta famosa y anunciada iniciativa- son delitos. Y los insultos u ofensas a miembros de órganos de seguridad... No sé. Evito el comentario. Lo único nuevo, al final, es que se contemplará una figura especial para la injuria -actualmente establecida respecto de cualquier chileno-, pero en relación con los carabineros. No se trata del maltrato de obra, sino de palabra. El análisis del texto y la forma como se construye es a dos días del anuncio hecho por el Presidente de la República el fin de semana. Después se expresó que dice relación con las tomas violentas, etcétera. Lo que estoy sosteniendo es que todo ello se puede perseguir perfectamente hoy, porque, penalmente, se trata de delitos tipificados. Existe, en definitiva, una política criminal que nos genera muchas dudas.


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Mi Honorable colega Letelier hizo referencia recién al “caso bombas”. Por supuesto, ahí se registraron víctimas. Si los artefactos explosivos no son invento de nadie. Lo que sí resulta muy extraño es que, después de dos años presa una persona y de ocho meses en el caso de trece imputados, hayan quedado todos en libertad y entiendo que sobreseídos. ¡Ocho meses en una cárcel de alta seguridad! ¡De qué estamos hablando! ¡Es algo muy grave! En cualquier país del mundo, ello es motivo para la caída de ministros; en un sistema parlamentario, para la caída de gobiernos. La cuestión es realmente muy delicada. Y, claro, la prensa no se refiere a estas cosas. Es como si no hubiera ocurrido nada. Pero se ha llevado a cabo una tremenda construcción mediática sin objeto. Entonces, la gente también aumenta finalmente sus niveles de inseguridad frente a este tipo de señales, tan erróneas, tan confusas, con un Ministro del Interior jugado por entero, al igual que un ex fiscal. Volviendo al proyecto que nos ocupa, que es lo que importa en esta ocasión, y a propósito de lo hecho presente recién por un señor Senador en el sentido de que el delito no se halla tipificado, debo sostener lo contrario: sí lo está. Hablamos de robo en lugar no habitado. A propósito del planteamiento hecho por el Senador Hernán Larraín en cuanto a ponernos en el lugar de la gente común, habría que preguntarse por qué tipificar un tipo específico de robo. Doy un ejemplo de dos hechos delictuales ocurridos en una comuna de mi circunscripción: el robo de un cajero automático y el robo de un computador, durante la noche, en una escuela rural. Se trata de la misma figura. Para ser coherentes con lo que se está planteando, habría que tipificar asimismo este último acto delictivo, el cual sucede con mucha más frecuencia que el primero. En las Regiones de los señores Senadores -todos saben-, se roban muchos computadores de las escuelas. Y estas también son lugares no habitados. Entonces, ¿por qué no tipificamos igualmente ese delito, el cual -insisto- se da con mayor frecuencia? Por eso surgió este debate. En todo caso, no he escuchado a nadie de estas bancas hablar del lucro con relación a la materia. ¡Por favor, no pongamos otro tema sobre la mesa! Aquí nos hemos referido a la responsabilidad que les cabe a los bancos. En verdad, han sido tremendamente irresponsables y negligentes. En este ámbito, las entidades bancarias no han actuado con el mínimo de cuidado y prudencia con que debe hacerlo cualquier persona en el manejo de su negocio propio. ¿Quién es la víctima? Los bancos. Pero hasta por ahí nomás. Porque tienen seguros.


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Volviendo a la argumentación que entregó el Senador Hernán Larraín, es el chileno común y corriente el que toma los riesgos. Los bancos no lo hacen. No invierten en medidas de seguridad. Para asegurar un auto, por ejemplo, la empresa del rubro exige que el vehículo esté resguardado bajo techo, que tenga alarma; en fin. ¡Para qué decir lo que se pide para asegurar una casa! Pero, en el caso de los bancos, las compañías les dan los seguros sin mayores exigencias, sin mayores requisitos. Ese es el tema de fondo. Por eso muchos Senadores han planteado la inconveniencia de crear esta legislación, en definitiva, a la medida de los bancos. Todos sabemos que el delincuente no busca llevarse el cajero o desenclavar el aparato, sino que apropiarse del dinero que hay dentro. Y algunos bancos -hay que destacarlo- están utilizando el famoso dispositivo que provoca la inutilización de los billetes mediante tintura. Basta mover un poco el cajero para que el dinero quede inservible. Entonces, aquí estamos haciendo una ley para los bancos que no quieren invertir en seguridad. Y me parece que esa es una señal tremendamente contradictoria. En definitiva, señor Presidente, el delito está tipificado, existe. Por eso comparé el robo del cajero con el de un computador durante la noche en una escuela rural. Es el mismo delito. Y me pregunto qué es más grave. Claramente, lo es, por los efectos que produce en los niños y en la escuela, no seguir contando con el computador. Por todo lo señalado, porque siento que la legislación en comento está hecha a la medida de los bancos y que no nos estamos poniendo, en absoluto, en el lugar del chileno común, me parece un exceso la iniciativa. En consecuencia, al igual que un día como hoy hace 23 años, digo: “No”. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende. La señora ALLENDE.- Señor Presidente, es evidente que la seguridad ciudadana es un tema país: nos interesa a todos. Reconozco la tremenda habilidad comunicacional que hubo durante la campaña del Presidente Piñera para lograr insertar de alguna manera en la opinión pública el concepto de que la seguridad ciudadana le preocupaba más a la Derecha que a la Concertación. Todo lo hecho hasta ese momento por nosotros (aumentar la dotación de Carabineros, reforzar sus capacidades con más recursos, mejorar sus sistemas de movilización, crear los planes cuadrantes) pareció ser ignorado, incluso el esfuerzo por separar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio de Defensa y dejarlas en el lugar que les


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corresponde, cuestión que fue muy difícil de concretar por la resistencia de la Oposición de entonces. Todo aquello quedó en nada debido a la tremenda habilidad comunicacional -la reconozco- mostrada en la campaña presidencial de Piñera, que dejó instalada en la opinión pública la idea de que la seguridad ciudadana realmente le preocupaba a la Derecha y no a la Concertación. Yo los felicito por la habilidad que tuvieron. Pero no los puedo felicitar por lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. ¡No los puedo felicitar! Es cosa de leer los diarios o ver cotidianamente en los medios de comunicación -ellos no son precisamente afines a la Oposición- las noticias sobre asaltos, robos, hurtos, etcétera, etcétera, etcétera, que tienen bastante preocupada a la población. Entonces, comparto lo que se ha dicho aquí en cuanto a que se ha errado el enfoque: no se comprende por qué se le ha puesto “suma” urgencia al proyecto. Se trata de un delito que ya se halla tipificado. Esto no tiene ningún sentido, excepto en lo concerniente al artículo segundo. Es evidente que las instituciones bancarias tienen que dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad. ¡Claro! ¡Es lo que uno espera! Pero, en verdad, ha costado bastante -¡bastante!-, porque aquellas al inicio eran muy refractarias -siempre pasa lo mismo- a gastar en la implementación de normas básicas de seguridad. De hecho, me pregunto si las estarán cumpliendo todas. Como los bancos cuentan con seguros, a lo mejor no invierten todo lo necesario. Me llamó mucho la atención que el Ministro haya empleado largos minutos en convencernos a nosotros -estamos en 2011- acerca de la importancia que reviste el cajero automático, lo mucho que facilita las transacciones y de que hemos dejado atrás el trueque. Creo que todos estamos enterados de que el trueque acabó hace un buen rato. Y todos estamos enterados de que el dinero plástico circula en la población. Hace tiempo que nos dimos cuenta de eso, Ministro. Y hay gente a la que le fue muy bien introduciendo el dinero plástico en el país y ocupándolo. ¡No vamos a mencionar nombres, porque es por todos conocido a quiénes les fue muy bien con eso...! Ese no es el punto. He escuchado al Senador Espina, quien me ha rebatido cuando he dicho que la política de elevar las penas es contradictoria con la que nos presenta el propio Ministro de Justicia en orden a hacer un uso racional de las cárceles. En el dramático incendio sufrido en la cárcel de San Miguel donde murieron 82 personas, uno de los fallecidos estaba cumpliendo condena por vender discos robados o clonados, lo que se conoce como “piratería”. Ante ello, uno se pregunta si vamos a seguir con esa realidad. ¿Qué estamos defendiendo con esta iniciativa? ¡Los cajeros automáticos!


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Francamente, creo que los bancos tienen medios de sobra -¡de sobra!- para cumplir todas las medidas de seguridad que se precisen (poner guardias; invertir en blindaje, en vidrios especiales o en lo que sea necesario). Dichas instituciones no requieren este proyecto. Aquí se ha dado un enfoque erróneo al ponerle “suma” urgencia a una iniciativa que no solo no va a solucionar el delito, sino que, lamentablemente, nos ha hecho permanecer en la Sala durante horas discutiendo algo que, por sí solo y de Perogrullo, no era necesario. Porque el delito se halla tipificado, porque ya existe. Ya estamos acostumbrados a ciertas campañas. Ayer me tocó escuchar nuevamente al Presidente Piñera decir: “¡Y no me va a temblar la mano!”. En mi opinión, la gente -y esa es la razón del 30 por ciento de adhesión- está cansada de determinados anuncios rimbombantes: “¡No me va a temblar la mano!”. Pero lo concreto es que sí tenemos delincuencia; sí tenemos robos; sí tenemos asaltos en las casas. Y estamos todos conscientes de que lo que queremos es disminuirlos. Y estamos todos conscientes de que les estamos dando recursos -y lo seguiremos haciendo- a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Pero no queremos prestarnos para ciertas políticas que no sé si obedecen a una campaña publicitaria o a la lógica del “no me va a temblar la mano”. Hemos presenciado -se señaló en la Sala- una de las situaciones más graves en materia de justicia: el proceso del conocido “caso bombas”. Se formalizó a los imputados en menos de un mes, sin tener las evidencias necesarias. Y hoy día se da el absurdo de que la gran mayoría de ellos sale en libertad por falta de pruebas, por que estas fueron mal habidas, etcétera. Francamente, tal hecho no es para sentirse orgulloso. Más aún, cuesta entender que, en el momento en que estamos viviendo (con cuatro meses de movilización estudiantil, en que todos estamos de acuerdo en discutir una reforma educacional profunda), se proponga, con grandes anuncios -y se asocia movilización, delincuencia y tomas-, un solo paquete legislativo, sin hacer distinciones. Todos estamos en contra del saqueo, pero ese delito ya está tipificado. No veo por qué se hace un solo paquete para abordar esas materias en el momento político presente, cuando estamos tratando de lograr un diálogo que nos lleve a una solución, a una mirada más profunda sobre la educación. Bueno, ¡el Gobierno sabrá lo que hace! Pero yo creo que, a lo menos, es una medida desafortunada, por no decir que cuesta entender ciertas lógicas. Hemos presenciado la situación derivada del “caso bombas”. Francamente, no es como para premiar al flamante asesor que en este momento tiene el Ministerio del Interior. Yo no me sentiría orgullosa de lo sucedido. De hecho, habrá que pagar hasta las costas del juicio que perdieron.


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Entonces, uno se pregunta cuánto costó semejante asesoría. También sería bueno responder a eso. Nosotros no tenemos que velar por las utilidades de los bancos. Han ganado más que suficiente. Y me parece bien. Por desgracia, como vivimos en un país tan desigual, no está razonablemente bien nuestra sociedad. Eso es obvio. Basta mirar los balances de los bancos para conocer las millonarias sumas que obtienen. Frente a ello, uno se pregunta por qué en este país el 60 por ciento de los trabajadores gana menos de 300 mil pesos, o entre esa cantidad y 400 mil. Tal realidad resulta un “poquito” dramática. Entonces, si la prioridad hace ponerle “suma” urgencia a este proyecto sobre robo de cajeros automáticos, me parece que, una vez más, el Gobierno ha equivocado el enfoque. Quienes nos vemos en la posición de votar en contra lo hacemos no por realizar discursos incendiarios, como dijo el Senador Hernán Larraín, o por pretender no sé qué otra cosa. Lo que queremos es poner racionalidad. No deseo enfrentar el aumento de penas para un delito que ya existe versus el uso racional de las cárceles. Porque luego vendrá el Ministro de Justicia a pedir nuestro apoyo a medidas tendientes a resolver la sobrepoblación en los recintos penitenciarios. Ahí se nos dirá que no es cierto que se busque subir las penas. En concreto, habrá que ver cómo solucionar la sobrepoblación carcelaria, la que impide hacer rehabilitación. De hecho, debiéramos tener una política mucho más preventiva. En esto comparto lo expresado por el Senador Lagos Weber. En verdad, lo que más duele a la población es cuando el asalto se produce en la esquina, en sus casas, en sus barrios, en los sectores más modestos. Generalmente, los medios de comunicación difunden los robos perpetrados en el sector oriente, en Las Condes, o al pariente de alguien. Pero rara vez sale en los diarios el delito cometido en el almacén de la esquina o en el pasaje tal o en calles que se hallan en manos de microtraficantes. En este último caso, la denuncia muchas veces le ha valido a la gente ser víctima de venganza, lo cual no es deseable. En definitiva, en ese aspecto hay mucho más que hacer y perfeccionar. En consecuencia, señor Presidente, me sumo a quienes rechazan el proyecto para dar una señal respecto de cuán equivocada ha sido esta política. El enfoque que se le ha dado no corresponde a la prioridad que debiera tener. Ojalá en este momento estuviéramos discutiendo sobre cómo hacer más efectivos los planes cuadrantes y cómo realizarles más seguimientos, y nos pudieran demostrar con estadísticas cuánto realmente ha bajado la delincuencia. Uno se reúne con juntas de vecinos y uniones comunales. Y cuando se les pregunta si efectivamente está funcionando el


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plan cuadrante de su zona, ellos muchas veces lo cuestionan. Porque no existe una relación fluida entre la autoridad responsable de los sectores demarcados y los dirigentes sociales. Esa debiera ser nuestra preocupación: procurar más eficiencia y más eficacia; garantizar a los vecinos seguridad ciudadana, y no estar defendiendo los cajeros automáticos. Además, con este proyecto no se conseguirá que se los roben menos. Queremos que la seguridad ciudadana llegué de verdad a las personas, quienes están esperando eso de nosotros, del Gobierno, del Parlamento y del país. La gente desea vivir con más tranquilidad, con menos asaltos. Creo que enfocar la iniciativa a un caso puntual solo demuestra un grado de equivocación. Ojalá logremos mayor eficacia y no sigamos con el estilo del “no me temblará la mano”. Porque esa mano está temblando hace rato. Si miramos las cifras, notaremos que hace tiempo ya la gente está sintiendo que el Gobierno muestra más habilidad de campaña que efectividad a la hora de demostrar capacidad. En todo caso, nosotros queremos que todos vivan con mayor seguridad. Por tanto, vamos a seguir respaldando el aumento de efectivos policiales, la entrega de mayores recursos, la ampliación del Plan Cuadrante a nuevas comunas. Eso está fuera de cuestión. No podrán decirnos que no los apoyaremos. Estamos pidiendo seguimiento, eficacia, seriedad, responsabilidad. Nuestra opinión, aparte de ser el ejercicio de un derecho, tiene bastante sustento y fundamento. No me siento interpretada por quienes nos descalifican por ser críticos a la materia que nos ocupa. Vamos a votar en contra de la iniciativa porque su enfoque es equivocado. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, me dejó preocupado la intervención del Honorable señor Gómez, por cuanto él cree que, de acuerdo con la norma actual del Código Penal, estaría sancionado el delito al cual se le pretende aumentar la penalidad en el artículo primero del proyecto. Además, me inquieta -me hago responsable en parte de ello- que la iniciativa no haya pasado a la Comisión que corresponde, la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se trata de reformar un código. Aquí cometimos un error. El asunto se mandó solo a la Comisión de Gobierno. Yo formo parte de ella, aunque, por diversas razones, no participé de la discusión. Y con eso no quiero excusarme. Por lo tanto, lo primero que propongo es que, luego de aprobar la idea de legislar, el proyecto vaya a la Comisión de Constitución precisamente para revisar el alcance del artículo primero.


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De encontrarse tipificado y sancionado el delito, como señaló el Senador señor Gómez, se evacuará un informe en tal sentido y tendremos que corregir el texto. Si me preguntan desde el punto de vista jurídico sobre el artículo primero, me parece más lógico que el robo de un cajero automático -no me referiré a si los bancos deben brindar más protección o no, sino al aspecto jurídico del robo- se considere como robo con fuerza en las cosas y no como hurto. Es diferente. Por lo tanto, en mi opinión, tal delito se debería ubicar en el artículo 443 del Código Penal y no en el 446. Ahora, si las penas son excesivas o no, es un punto a discutir. Yo voy a votar a favor en general, porque me interesa el contenido del artículo segundo. Considero bueno que las instituciones bancarias tomen todas las medidas que procuren una mejor protección del servicio que se presta a la gente a través de los cajeros automáticos. Seamos francos: hoy este servicio beneficia a un sinnúmero de gente, muchas veces de sectores bastante modestos. De hecho, la Cuenta RUT o una a la vista proporcionada por BancoEstado suele utilizarse para el depósito de remuneraciones. Así, las personas no andan con dinero en los bolsillos el día del pago, evitándose lo que ha sucedido a muchos: el asalto, robo o hurto del sueldo. Es importante también tener presente eso. Tal servicio que brindan los bancos es necesario, útil y conveniente. Y debemos apoyarlo. Pero, a su vez, estos debieran adoptar todas las medidas para proteger los lugares donde se brinda esa prestación. Me extraña, en todo caso -seamos bien claros-, que no se produzcan más delitos con relación a este ámbito, aparte del robo de cajeros automáticos. Porque varias veces al día la gente ingresa a dispensadores de dinero que se encuentran en sectores muy desolados durante la noche. Tales cajeros operan en todo horario. Una persona puede entrar a un cajero a medianoche o a la una, dos de la mañana, y sale con dinero. Por eso, una de las cosas que siempre me han preocupado es que no se cometan más delitos en contra de quienes utilizan el servicio en esas circunstancias. Voy a votar a favor de la idea de legislar, primero, porque considero bueno que la iniciativa pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que esta lo analice en su mérito, y segundo, porque hay que revisar si las penas propuestas son excesivas o no. De hecho, en otro proyecto estamos analizando si establecemos penas alternativas a las de cárcel. El otro día leí un informe de la Comisión Justicia y Paz, en el cual se decía -me llamó mucho la atención- que quienes cumplen penas alternativas son menos reincidentes que los que salen de las cárceles después de determinado tiempo de condena. Se deben revisar todos esos temas.


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En resumen, voy a votar a favor del proyecto en general, porque me interesa analizar el artículo segundo -ojalá existiera mejor vigilancia en los cajeros automáticos-, y también, para que se verifique bien la tipificación del delito: si se trata de robo con fuerza en las cosas o de hurto. Personalmente, opino que es la primera. No me cabe la menor duda. En tal sentido, la opinión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia puede ser mejor que la de Gobierno, la cual integro, pero que no es especialista en esta materia. Por eso, voy a votar que sí. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, comparto en un cien por ciento las palabras del Senador señor Zaldívar. Creo que debe aprobarse la idea de legislar. No cabe la menor duda de que hay una controversia respecto a la naturaleza del delito de asaltar un cajero automático. Además, esta es una materia que incumbe a la Comisión especializada. De modo que, sin desconocer los méritos de los integrantes de la Comisión de Gobierno, no entiendo por qué la iniciativa no se tramitó al órgano de estudio dedicado a cuestiones de seguridad ciudadana. Por lo demás, me atrevo a sostener que, en el tiempo que hemos trabajado en la Comisión de Constitución, el 99 por ciento de proyectos de similar naturaleza los hemos despachado casi en forma unánime. Por lo tanto, resulta difícil que en una materia de la índole de la que ahora nos ocupa tengamos diferencias, apliquemos criterios partidistas y no la resolvamos como una política de Estado. Así ha ocurrido respecto de los proyectos que el propio Gobierno ha llevado adelante. Deseo agregar un solo antecedente para persuadir a los distinguidos colegas que anunciaron su voto en contra: los dineros que obtienen quienes asaltan los cajeros automáticos, en porcentaje importante, están destinados a la compra y venta de drogas. El dinero efectivo producto del robo de cajeros automáticos muchas veces tiene el efecto de ser empleado en la compra y venta de drogas, que posteriormente distribuyen y expenden particularmente en las zonas donde viven las familias más vulnerables. Son estos sectores los más aquejados por la venta de estupefacientes, delito que en los últimos cinco años se ha incrementado en 178 por ciento, según el propio Ministerio Público. Puede que me equivoque en la cifra en un punto más o en un punto menos. Inclusive hoy día usamos tal argumento en la Comisión de Constitución a propósito del aumento del número de fiscales, asunto que con tanta fuerza ha defendido el Senador señor Orpis en lo referente a la gravedad del delito de microtráfico. Quien roba de esa manera no es el que hurta pequeñas cantidades de dinero, sino alguien que pertenece a una mafia; que tiene un vehículo; que posee recursos para desprender un cajero; que cuenta con dinero suficiente para cometer un delito de esta envergadura. Porque no


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es fácil robarse un cajero automático. Y la plata no es sustraída para coleccionarla, sino para introducirla en el mundo del microtráfico de drogas. El robo no lo realiza una persona en forma aislada, pues la venta se hace al menudeo por organizaciones mafiosas que usan a personas que viven en villas y poblaciones, algunas con muchas necesidades, que terminan siendo soldados de cobardes traficantes que emplean el dinero obtenido del robo del cajero automático para sus propósitos. Por lo tanto, lo que se está haciendo aquí es simplemente subir el piso para ese delito. Comparto con el Senador señor Zaldívar que el proyecto debe perfeccionarse. Sugiero que en el segundo informe la iniciativa vaya a las Comisiones de Gobierno y de Constitución, unidas, para que la mejoremos y veamos si lo que dice es lo que corresponde. No tengo temor a que en un proyecto que se inicia con la idea de perfeccionar la legislación, posteriormente lleguemos a una solución absolutamente distinta. Por lo tanto, quiero persuadir a quienes han manifestado que votarán en contra a que se pronuncien a favor, y que cambiemos el texto de esta iniciativa, criterio que hemos usado siempre en materia de seguridad ciudadana, como consta a algunos señores Senadores de la Concertación que fueron Ministros y que en su época se pusieron permanentemente a nuestra disposición para corregir una iniciativa enviada al Parlamento para su tramitación. Por otro lado, quiero dar algunos datos en relación con lo que se ha criticado al Gobierno. El único estudio objetivo que hay en cuanto a qué ha ocurrido con la delincuencia en Chile en el último año y medio es el de la Encuesta Nacional de Victimización -nadie cuestiona su credibilidad- la cual da a conocer que en el país disminuyeron en 220 mil los delitos de robos a las casas; y que los cometidos en la vía pública se redujeron en aproximadamente 240 mil. Lo que ocurre es que en el país tenemos un millón 400 mil delitos al año. Es cierto que, ¡gracias a Dios!, no somos un país en que se lleven a cabo delitos de secuestro y de asesinato. Pero tenemos algunos crímenes graves que nos deben preocupar. Por ejemplo, no hemos logrado derrotar el alto número de delitos de robos violentos y con fuerza o intimidación en las personas, los cuales, por regla general, se producen en casas habitadas, ni tampoco los de tráfico de drogas. A pesar de que se ha aumentado considerablemente y en forma impresionante la incautación, sigue siendo un delito en el que, si bien ha disminuido, debemos dar una dura batalla. Y tenemos nuevas figuras delictuales, como la violencia intrafamiliar, la cual representa el 10 por ciento del total de delitos cometidos en el territorio nacional; y el 20 por ciento del total de ellos, aproximadamente 240 mil, son perpetrados por menores de 18 años.


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Por lo tanto, no cabe duda de que hay terrenos en los que debemos avanzar. Pero creo que el dato objetivo que tenemos es que los robos en Chile han disminuido en 240 mil, según la Encuesta Nacional de Victimización, tomada por el mismo equipo y con igual metodología a la empleada durante los Gobiernos de la Concertación. En seguida, deseo referirme a lo que se califica como política errada del Gobierno. Señor Presidente, quiero pedir a los señores Senadores que, por favor, participen en los programas del Ministerio del Interior para el nuevo CONACE, o los que hay en el área específica de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Algunos programas son extraordinariamente buenos, cuyos efectos y resultados no se van a medir en 24 horas. Yo voy a mencionar uno solo: el llamado “Vida Nueva”. El proyecto respectivo apunta, por primera vez en la historia del país, a focalizar los recursos en los 5 mil niños menores de 14 años que se han relacionado dos o tres veces con el sistema judicial. Respecto de ellos nadie hace nada. Se estima que 30 a 35 por ciento de esos 5 mil niños se van a someter voluntariamente a un equipo interdisciplinario, cuyo nombre técnico es “Terapia multisistémica”, que tiene por objeto identificarlos, reinsertarlos en las escuelas y liceos, saber qué ocurre con ellos, sacarlos de la droga o lograr que salgan del alcoholismo. Este es uno de los programas más revolucionarios que se están llevando a cabo en los países avanzados, porque significa cortar desde el inicio la posibilidad de que un joven ingrese al mundo del delito. Como el anterior hay entre 10 y 12 programas adicionales que apuntan a trabajar en la reinserción de las personas que han cometido delitos y que van a salir libres. Y hay que comenzar por decirles cómo, una vez que cumplan su pena, tienen que reinsertarse en el mundo social. Hay una cantidad importante de recursos, los que, a mi juicio, deben aumentarse frente a la necesidad de ampliar su cobertura. Pero la batería de programas del Gobierno en materia de prevención y rehabilitación es extraordinariamente grande, potente, novedosa, en la cual han trabajado equipos multidisciplinarios no solo chilenos, sino también extranjeros. Entonces, les pido a Sus Señorías que, antes de emitir juicios críticos al Gobierno, vayan a las Subcomisiones de Presupuesto y conozcan los proyectos y vean el modo de perfeccionarlos. Sin duda, lo que se está llevando a cabo hoy día en esa materia constituye el avance más importante en muchísimos años. Señor Presidente, no puedo dejar de hacerme cargo de las imputaciones hechas con respecto al proyecto de ley para resguardar el orden público, el que ya tendremos tiempo para conocerlo.


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En primer lugar, hay quienes lo criticaron antes de leerlo, actitud que encuentro bastante insólita. En segundo término, tal iniciativa en caso alguno tiene por finalidad sancionar a quienes protestan o manifiestan en reuniones públicas y privadas su disconformidad con el Gobierno o con alguna política pública que estimen inconveniente. Por lo tanto, es absolutamente falso que el proyecto sobre ese particular tenga por objeto sancionar al que legítimamente y en forma pacífica quiere protestar en democracia. Lo que hace es algo muy sencillo: simplemente establece sanciones para las personas que tiran bombas molotov o piedras a la policía, acto que no se encuentra tipificado hoy día, porque, de acuerdo con el artículo 269 del Código Penal “Los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria a otro”. Así está tipificado tal delito. Lo que hace la iniciativa legal es sancionar a quienes cometen actos de violencia -¡actos de violencia!-, que los propios estudiantes han rechazado terminantemente, porque ensucian las jornadas de protesta pacífica que realizan. Ya habrá oportunidad de profundizar en esa materia. Pero me gustaría que lo hiciéramos en serio y no solamente con un discurso panfletario. Señor Presidente, quiero pedir que se apruebe el proyecto de ley en debate, porque podremos avanzar mucho en un asunto que tendrá consecuencias y efectos sociales nefastos si se siguen robando cajeros automáticos, con cuyos dineros alimentan a bandas de traficantes de drogas que luego venden a los niños. Porque quienes sustraen los dispensadores no son personas que actúan en forma aislada ni pobladores humildes que por necesidad deben recurrir, en última instancia, a cometer un delito. Hablamos de bandas organizadas, poderosas, que los desvalijan para disponer de dinero en efectivo e introducirlo al mercado de la droga. Por lo tanto, a lo que apunta la iniciativa en examen es a establecer las sanciones que correspondan para quienes roban cajeros automáticos a fin de comprar droga que después venden, preferentemente, a los niños. Por esa razón, señor Presidente, voto a favor. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide. El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, hay dos maneras de referirse a la presente iniciativa. La primera, analizarla en su propio mérito y según las circunstancias en que fue presentada. Y la segunda, hacerlo a la luz de las opiniones surgidas durante su debate, donde se han hecho aseveraciones que no me parece que puedan dejarse pasar. Y permítame, por eso, precisar algunas consideraciones. Retomo aquí las palabras de ciertos señores Senadores que manifestaron que esta proposición de ley podría no ser necesaria, porque ya estaría en el Código Penal o en otra legislación. No soy


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especialista en la materia y, por lo tanto, me quedo con la duda razonable planteada por algunos. Eso es lo primero. Respecto a si debe ir a una u otra Comisión, los señores Senadores conocen mi punto de vista: si bien hay especialización en ellas, no es menos cierto que en algunas se respeta ese principio, y en otras, no. Así que no me preocupa mayormente si lo estudia una u otra, porque quienes las integran son capaces de acometer la mayoría de los temas. Por otra parte, el Honorable señor Hernán Larraín solicitó hacer la discusión con racionalidad. Yo acepto tal invitación y me alegra de que la haya manifestado así. Solo quiero hacerle al respecto la misma observación que muchas veces me planteo a mí mismo: todos los integrantes de esta Sala somos eventualmente racionales. Hasta la fecha. Yo tengo mis cromosomas bien puestos, y los señores Senadores poseen los suyos de la misma forma. Por lo tanto, nadie podría dejar su condición de ser humano, como se ha afirmado hoy en la tarde, “con vergüenza nacional”. Además de eso, quienes intervenimos lo intentamos hacer racionalmente. Pero lo anterior ha derivado en el comentario de que todos nos hallamos en contra del lucro. En tal sentido, no me siento tocado por las palabras del señor Senador, porque he expresado hasta la saciedad cuál es mi visión sobre el punto. En su definición -cuestión central del problema de la educación y donde hay una confusión espantosa-, el lucro es aquella ganancia que percibe la persona que posee un negocio de cualquier naturaleza o que trabaja con sus manos, con su intelecto y con su esfuerzo. Eso es lucro. Y es legítimo. ¡No se le puede pedir a una institución o a una persona que trabaje y no gane dinero! Nosotros hemos señalado hasta la saciedad que según la doctrina vaticana, y no la partidaria o de la Democracia Cristiana -no la sustentamos porque seamos templarios de la Iglesia, sino simplemente porque es nuestra visión ética de la vida-, lo que debe castigarse y sancionarse es el lucro excesivo cuando se trabaja con dinero. ¿Y qué se entiende por lucro excesivo? Aquel que las normas éticas, comerciales, financieras y el sentido común de un país dicen que es inadecuado. Esa es la razón por la cual hoy la Comisión de Economía del Senado está legislando sobre la materia, incluso con la anuencia del Gobierno, que ha mandado otro proyecto y despreciado los que habían presentado algunos señores Senadores y también el que patrocinó este humilde representante del Biobío, el que ni siquiera fue tomado en cuenta. Todo lo anterior indica que no se puede seguir aceptando el lucro a ese nivel. Por lo tanto, en lo que toca al caso específico de este proyecto, hay que reconocer que quienes más lucran son los bancos, las instituciones financieras y hasta las isapres, que fueron creadas teóricamente para salvar a la gente.


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Ese es el lucro que rechazamos, al igual que el que podría practicarse en agrupaciones religiosas: no me imagino un convento de monjas o de sacerdotes haciendo lucro, aun cuando ha habido líos bastante grandes en ese aspecto. También el lucro es inaceptable en educación y en salud. El derecho a ganancia de los funcionarios de la salud y de los profesores es legítimo y nadie está solicitando que se termine. Lo que hemos pedido insistentemente consiste en que la persona que recibe dinero proveniente de todos los chilenos no pueda obtener un ingreso adicional de tal magnitud y que, además de atender bien o mal a sus alumnos o a sus enfermos, le signifique poder seguir jugando en la Bolsa. Ese lucro lo rechazamos; no corresponde a la interpretación que el señor Senador que habló sobre esta materia parece tener. En todo caso, con el mayor cariño, respeto y fraternidad, le haré llegar un documento del Vaticano sobre el lucro que, en mi opinión, le será extraordinariamente útil. Señor Presidente, aquí estamos discutiendo qué se debe hacer con la policía en Chile. Tal es el fondo de la cuestión. Lo hemos planteado en el Senado muchas veces. En un negocio como el fútbol, donde hay miles y miles de millones de pesos dando vuelta, ¿ha de ser la policía la que tenga que preocuparse gratuitamente de tal actividad en vez de dedicarse a cosas más esenciales como cuidar a la gente que no posee dinero, en circunstancias de que existen los guardias privados? En ese sentido, creo que el proyecto que nos ocupa está mal enfocado. Me quiero referir, por último, a otras tres cosas. La primera, en relación con lo que ha expresado un señor Senador en el sentido de que el dinero obtenido en los robos a cajeros automáticos va a las drogas, puede ser así. Pero no es razón suficiente si no hay certeza o persiste cierta duda. Si el delito ya está tipificado, no necesitamos nuevos debates o nuevos proyectos. En segundo término, porque hay una obligación para las empresas que poseen estos negocios no voy a votar en contra, sino que me abstendré. Y a fin de dar legitimidad al proyecto, podría aprobarse el artículo segundo pero no el primero, pues este se halla fuera de la lógica elemental. Por último, en cuanto a la mención de un proyecto del Gobierno sobre protección a los jóvenes que han tenido conflictos con la justicia, puedo señalar que voy a apoyarlo con mucho gusto, porque corresponde a una materia que vimos hace muchos años y donde, en algún momento, planteamos la defensoría nacional del niño y la necesidad de proteger a la juventud, especialmente en la etapa preescolar. Debo reconocer aquí, con la misma fuerza con que de repente critico las acciones de algunos colegas, que esa iniciativa que presentamos en su tiempo para proteger la preescolaridad, como tarea del


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Gobierno de Chile, también la propuso el mismo Senador al que le enviaré el referido documento vaticano y a quien le agradezco públicamente. Termino señalando que debemos hacer un esfuerzo en tal sentido -es cierto-, pero primero despejemos el tema del lucro. No demos argumentos incorrectos, y tampoco sigamos con esto de proteger a quienes más dinero tienen, sacando a la policía de sus principales labores y desprotegiendo a las personas con menos ingresos. A mi juicio, el proyecto es inoportuno, aunque a lo mejor podría discutirse bajo otro concepto u otra manera de enfrentar el problema. Por eso, me voy a abstener. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. El señor NOVOA.- Señor Presidente, me sorprende mucho que hayamos tomado tanto tiempo en discutir una iniciativa tan simple. No obstante, no puedo dejar de referirme a ciertas afirmaciones efectuadas acá responsabilizando al Gobierno o a estas bancas de todos los males que ocurren en la humanidad. En primer lugar, el caso Bombas es, evidentemente, un asunto de responsabilidad del Ministerio Público, organismo autónomo en el cual ningún Gobierno debe intervenir. El hecho de que el Ministro del Interior haya promovido, de alguna forma, que más de 20 atentados con bombas fueran investigados no lo hace para nada responsable del buen o mal manejo de la investigación. En segundo término, protesto porque cada vez que se trata cualquier proyecto nuestras bancadas son acusadas de defender a los poderosos, de defender a los delincuentes de cuello y corbata. El caso La Polar, que se investigó en este Gobierno, ha sido el caballito de batalla de muchos Senadores de las bancas del frente. Sin embargo, para mí es tan grave el ilícito cometido por un delincuente de cuello y corbata como el perpetrado por los miles de exonerados que falsamente cobran beneficios del Estado. Así que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En tercer lugar, se insiste en que aquí estamos protegiendo a los bancos. Pero la realidad es que ellos, como se dijo, están asegurados. Por eso, el objeto de este proyecto -ojalá lo hubiesen leído antes de hablar- es tratar de mantener un servicio que se da al público, por el cual, seguramente, las entidades bancarias obtienen ganancias. Lo que se busca, en definitiva, es proteger un sistema que le reporta beneficios a mucha gente. Acá no se tipifica ningún delito nuevo. ¡Para que les quede claro! El que nos ocupa ya se encuentra tipificado en el Código Penal, dentro del acápite “Del robo con fuerza en las cosas”. El artículo 442 se refiere al robo en lugar no habitado, a su penalidad y a la conducta del delincuente, la cual debe cumplir ciertas características; y el artículo 443 señala que con la misma pena se va a castigar el robo de cosas cometido bajo otras


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circunstancias, tipificación en la que cabe perfectamente, ¡perfectamente!, el robo de cajeros automáticos. Acá -repito- no se está tipificando ningún delito. Lo que ocurre es que el inciso segundo del artículo 443 dispone que, cuando se comete uno de los delitos de robo de cosas -que ya está tipificado- y se interrumpe con él un servicio público, el juez tiene que aplicar el máximo de la pena. Y el proyecto propone agregar a ese inciso una frase en virtud de la cual debe seguirse igual predicamento cuando se trata del robo de un cajero automático. ¿Por qué? Porque se está asimilando el servicio que prestan los dispensadores de dinero con el que ofrecen las compañías de teléfonos. Eso es lo único que se propone. No se tipifica nada nuevo; tampoco se aumentan las penas; simplemente, se le pide al juez que, en esos casos, asigne el grado máximo de la pena ya establecida. Entonces, estar enfrascados en la discusión sobre la inmortalidad del cangrejo durante horas por una iniciativa que bastaba leer para darse cuenta de lo que perseguía, realmente me parece que habla mal de nosotros. Por lo tanto, voto a favor. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, las argumentaciones más encendidas a favor del proyecto a uno en realidad lo convencen de votarlo en contra. Porque hay una evidente contradicción entre las diferentes iniciativas enviadas por el Ejecutivo. La prensa nos informa de los esfuerzos que debió realizar el señor Ministro de Justica en la Cámara de Diputados con el propósito de que se aprobara la normativa sobre indulto, que encontró severas resistencias tanto en las bancadas de Oposición como en las de Gobierno, especialmente en la de la UDI. De manera que no creo que el monopolio de la divergencia con las iniciativas de Gobierno sea exclusivo de los parlamentarios opositores, pues ellas también merecen serios reparos de los legisladores oficialistas. En ese sentido, no puede resultar sino contradictorio que el Ejecutivo quiera, por una parte, aliviar el problema de las cárceles, y por la otra, aprobar de manera permanente y sistemática normativas que, de acuerdo a la intención de sus autores, contribuyen a agravarlo, porque buscan encarcelar a más individuos o extender su permanencia en prisión. Por lo tanto, no es una política coherente, sino contradictoria. Aún más, creo que el llamado proyecto “antitomas” es inconstitucional, por cuanto afecta derechos expresamente establecidos en nuestra Constitución, como el de la libre manifestación de las personas. Pero, además, es un proyecto descabellado, porque no imagino cómo el Gobierno piensa encarcelar a los centenares o miles de jóvenes que están participando en esos actos.


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La verdad es que se trata de una iniciativa inaplicable. Y eso no es responsabilidad de quienes hoy somos Oposición, sino de quienes la formularon y la enviaron al Congreso Nacional sin ninguna posibilidad de aplicación. Ya me figuro el trabajo de tratar de capturar a toda esa enorme cantidad de estudiantes que participan en las tomas de colegios a lo largo del país: en Quellón, Achao, Ancud, Puerto Montt, Osorno, Santiago. Eso, francamente -se los digo con toda sinceridad a los Senadores de Gobierno-, sería un despropósito. Y esa no es nuestra responsabilidad. Y tenemos la obligación de manifestarlo, porque, de lo contrario, no sé cuál sería nuestro papel en el Congreso Nacional. Ahora, en relación con los temas de fondo, una de las cuestiones pendientes -y lamento que el señor Ministro de Justicia se haya retirado- es la propuesta que le hicimos llegar a su antecesor, el señor Felipe Bulnes, acerca del uso reiterado que los delincuentes comunes hacen del mecanismo de la irreprochable conducta anterior para evitar procesamientos. Se trata de un problema serio y central en nuestro ordenamiento institucional, que tiene que ver con uno los principios que rigen en todo Estado de Derecho democrático, cual es el derecho a la libertad provisional. Sin embargo, es evidente que en las Regiones se producen serias dificultades. ¿Por qué? Porque en ocasiones, por ejemplo, el tribunal se encuentra en una ciudad distinta. En la provincia de Chiloé, las personas deben trasladarse de Ancud a Castro. Y ha ocurrido no una, sino muchas veces, que un imputado por homicidio en libertad provisional por irreprochable conducta anterior regresa de Castro a Ancud en la misma micro donde vienen familiares de la víctima. Y en numerosos lugares del país este es un problema muy serio. De hecho, en la comuna de Ancud se ha creado un movimiento, encabezado por la concejala Alicia Suárez e integrado por varios centenares de personas a lo largo de la Región de Los Lagos, cuyo propósito es solicitar al Gobierno que coloque urgencia y le dé trámite rápido al proyecto que presentamos al Congreso Nacional con el propósito de abordar esta materia. Yo quería pedirle ahora al señor Ministro de Justicia que atendiera esa solicitud de las ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Chiloé, pero, como no está, creo que el Senador Espina, que tiene un contacto bastante asiduo y estrecho con él, le puede transmitir mi petición. El señor ESPINA.- ¡Así lo haré, señor Senador! El señor ESCALONA.- Sin perjuicio de ello, señor Presidente, solicito que se le haga llegar formalmente mi solicitud, a través de los mecanismos oficiales del Senado, con el propósito de que el Ejecutivo recoja la iniciativa mencionada, orientada a solucionar un problema muy serio, que sí tiene que ver con delincuentes que atentan directamente contra la integridad y la vida de las personas.


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A final de cuentas, señor Presidente, el Gobierno nos sitúa, no ante un plan coherente y armónico, como manifestó el Senador Espina, sino ante proyectos contradictorios que no avanzan en la misma dirección y que, en consecuencia, nos obligan a una deliberación con relación a los temas de fondo. Además, se suma la agravante, como lo está demostrando la discusión de la Ley de Presupuestos, de que los programas -incluidos los del Ministerio del Interior a que aludió el Honorable colega recién mencionado- están siendo subejecutados, de modo que los recursos no se están destinando a los fines para los cuales el Congreso Nacional los aprobó, a proposición del propio Gobierno. Hemos revisado proyectos de dicha Cartera y, francamente, también en ellos se está haciendo sentir uno de los problemas claves en la tramitación de la Ley de Presupuestos para el próximo año: la subejecución. Por el conjunto de razones indicadas, entendiendo que el proyecto ya cuenta con votos suficientes para su aprobación y por la falta de coherencia de las iniciativas legales que nos están planteando, voy a votar en contra. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker. El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a quienes sostienen que el robo de cajeros automáticos es un delito grave. Comparto que los bancos se defienden solos -están asegurados- y que son las personas de a pie, comunes y corrientes, las que sufren los efectos negativos de la sustracción o inutilización de un dispensador de dinero. Por lo tanto, creo que se trata de una conducta grave que merece ser sancionada. Sin embargo, vuelvo a reiterar mi molestia por el hecho de que el presente proyecto no haya pasado por la Comisión de Constitución. Y no porque considere que las demás no son capaces de analizar una iniciativa como esta, sino, simplemente, por una cuestión de pertinencia: aquella es el órgano competente para estudiar las materias relacionadas con los delitos y sus sanciones. En tercer término, después de leer los artículos 442 y 443 del Código Penal, tiendo a pensar que el robo de cajeros automáticos ya se encuentra sancionado a través de la figura del robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado. Esa es la convicción que me asiste luego de leer y releer las dos disposiciones citadas. En cuarto lugar, ojalá que nunca perdiéramos la visión de Estado al analizar estos proyectos. Claro, de repente hay señales confusas. Se envía una iniciativa para sancionar las tomas y los saqueos. Todos, por supuesto, somos partidarios de castigar estos últimos, que son muy graves y causan bastante daño. Pero, a juicio de muchos, entre otros, del Presidente de la Asociación de Magistrados de Chile, tales conductas ya se encuentran sancionadas por la legislación vigente.


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Entonces, lo único que uno pide es que se actúe como lo hemos hecho siempre en la Comisión de Constitución y en todas las demás: con visión de Estado, sin efectismo, buscando que las cosas se hagan bien. Es lo que ha hecho, por lo demás, el Ministro de Justicia -tanto el anterior como el actual- en el referido órgano de trabajo. Y es lo que sucede cuando el Gobierno nos pide que aprobemos un indulto para las mujeres que han cumplido en la cárcel más de dos tercios de su condena o para quienes gozan del beneficio de la reclusión nocturna; cuando nos propone eliminar la intervención del seremi para facilitar la libertad condicional; cuando plantea sustituir la pena de multa por trabajo comunitario; cuando nos solicita despachar una iniciativa sobre penas sustitutivas a las privativas de libertad, o cuando nos plantea las penas mixtas, que, en síntesis, son aquellas que le permiten al juez liberar a un reo condenado a una pena inferior a cinco años una vez que ha cumplido un porcentaje de ella. Y todo eso lo ha propuesto el actual Gobierno. Y me parece muy bien que lo haga, porque no es populismo. Recuerdo que después del incendio de la cárcel de San Miguel celebramos una sesión especial. ¿Y qué nos dijo el Ministro Bulnes en aquella oportunidad? “Una vez que pase este microclima, no olvidemos tratar este tema con una visión de Estado. No caigamos en el populismo, en el efectismo. Actuemos con seriedad, con responsabilidad”. Y eso es lo que estamos pidiendo. Simplemente eso. Antes de terminar, señor Presidente, quiero pedir, por su intermedio, al señor Secretario que ratifique que este proyecto irá también a la Comisión de Constitución para su discusión particular. Entiendo que aquello fue lo que se acordó en la sesión de ayer. Personalmente, tengo la convicción de que la iniciativa presenta aspectos positivos, como su artículo segundo. Pero no tengo la misma convicción respecto del artículo primero, pues estimo que la conducta que describe ya se encuentra sancionada. Y, de alguna manera por no estar conforme con que el proyecto no haya pasado por la Comisión de Constitución, aunque sabiendo que será aprobado porque reúne los votos suficientes, me voy a abstener. Termino, señor Presidente, pidiéndole que certifique que la iniciativa será enviada a dicho organismo para el segundo informe. El señor GIRARDI (Presidente).- En este momento no tenemos quórum para adoptar ese acuerdo, señor Senador. El señor WALKER (don Patricio).- Le estoy preguntando, señor Presidente, si esa determinación ya fue adoptada por la Sala. El señor GIRARDI (Presidente).- Aún no, pero se podría tomar la próxima semana. Si intentáramos hacerlo ahora, tendría que levantar la sesión, porque no hay quórum. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Por qué no lo ven los Comités?


DISCUSION SALA

El señor GIRARDI (Presidente).- Acogiendo la recomendación del Senador señor Zaldívar, voy a incorporar el asunto en la tabla de la próxima reunión de Comités. El último inscrito para intervenir es el Honorable señor Muñoz Aburto. El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, Honorables colegas, al calor del debate que ha provocado el proyecto en análisis, se colige que es necesario para el Poder Legislativo, y para el Senado en particular, celebrar una sesión especial destinada a que el Gobierno nos explique cuál es su política criminal y cuál es su política penitenciaria. Porque, claramente, esta iniciativa habla de un aumento de las penas para el delito de robo de cajeros automáticos, a pesar de que algunos Senadores han sostenido lo contrario. Si así fuera, no habría explicación posible para que el ex Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, solicitara el apoyo de esta Corporación para el indulto aprobado hace unos meses. La razón de ese proyecto se encontraba en el hecho de que las cárceles estaban colapsadas. Y, en efecto, Chile tiene, porcentualmente, la mayor cantidad de presos de América Latina, y numéricamente, más que Argentina, en circunstancias de que su población es bastante menor. Entonces, creo que es necesario que nosotros, como Poder Legislativo, sepamos cuál es la política que el Gobierno impulsará precisamente en esos dos ámbitos mencionados: el criminal y el penitenciario. Porque nuestro país no tiene ni ha tenido políticas en ese tipo de materias, razón por la cual las cárceles están llenas de personas que han delinquido. Deseo referirme a algunos acontecimientos a los que se ha aludido en esta Sala. Por ejemplo, respecto al caso bombas, se ha señalado que lo ocurrido ha sido responsabilidad de un organismo autónomo del Estado, como lo es el Ministerio Público. A mi juicio, lo sucedido ha sido un verdadero exocet al corazón de la reforma procesal penal: el Ministerio Público. Porque, sin lugar a dudas, allí hubo cierta manipulación de las pruebas para intentar formalizar a tres personas inocentes, quienes estuvieron varios meses detenidas y aisladas en sus casas. Con ese tipo de actitud la gente pierde credibilidad en el sistema procesal penal chileno, el cual ha sido tan alabado y aclamado no solamente en nuestro país, sino también en las naciones vecinas. Ahí está el grave problema de lo ocurrido en el caso bombas, máxime aún, cuando el Fiscal que formalizó a esos tres jóvenes inocentes demoró menos de un mes en hacerlo. Sin embargo, el Fiscal Armendáriz no pudo reunir las pruebas suficientes durante un tiempo mucho más prolongado. Pero aquel señor -como es sabido- deja la Fiscalía y asume como asesor del Ministerio del Interior. Uno es mal pensado y no tiene por qué no suponer que, efectivamente, el Gobierno sabía lo que estaba ocurriendo con el caso


DISCUSION SALA

bombas. Porque este es muy similar al del ciudadano paquistaní, que fue la primera gran derrota que tuvo el Ministerio Público. Lo que más me preocupa es la falta de credibilidad que se va generando en la comunidad acerca de un sistema procesal penal que fue apoyado por todos los partidos políticos, por parlamentarios de diversos sectores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Se ha anunciado el envío de un proyecto que sanciona el saqueo y las tomas. Evidentemente, habrá que analizarlo en su mérito, con mucho detalle, porque no estamos disponibles, ni lo está nuestra Corporación, para criminalizar el movimiento ciudadano chileno. Y pienso que se debe tener mucho cuidado con lo que se ha afirmado en estos últimos días. En efecto, “el que no le tiemble la mano al Gobierno”, yo creo que es lo que debe hacer: combatir la delincuencia. Según la última encuesta de Adimark, la mayor preocupación de las chilenas y chilenos es, precisamente, la delincuencia. Y vemos que los anuncios de enviar proyectos de ley represivos no la disminuyen. Por lo tanto, ojalá lo anunciado por el Senador señor Espina sea, efectivamente, una política destinada a la prevención del delito. Por otra parte, adhiero a lo expresado por los parlamentarios esta tarde, en el sentido de que esta iniciativa debe ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de mejorarla o decidir si está de más o no. Asimismo, quiero contradecir lo planteado por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Él señaló que muchos de los dineros obtenidos en robos a cajeros automáticos eran utilizados para comprar drogas. No es eso lo que precisamente dice el mensaje. Este expresa que el funcionamiento de “los cajeros automáticos reviste particularidades que la transforman en una actividad de especial importancia para la población, constituyendo un beneficio social que asegura al usuario la satisfacción de sus necesidades mediante la entrega de un sistema de pago aceptado por todo el comercio.”. Y agrega que “la existencia de cajeros automáticos responde a una necesidad de acceso de los particulares a los recursos financieros de manera expedita y segura, por lo que los delitos en contra de estos dispensadores implican la interrupción de un servicio relevante para la comunidad.”. Al respecto, coincido con lo que el día de ayer me comentó el Honorable señor García-Huidobro, en cuanto a que los dispensadores de dinero son necesarios en comunidades aisladas, donde no hay acceso a entidades bancarias. Esa afirmación -en la que estoy de acuerdo- no se condice con lo manifestado por el señor Senador que dijo que el producto de los robos de cajeros automáticos sirve para comprar drogas. Voy a votar que no, porque estimo que el aumento de penas no es necesario.


DISCUSION SALA

Creo que debe haber una mayor responsabilidad de las entidades financieras, instalando los elementos de seguridad que impidan que la delincuencia se apropie de esos dispensadores. He dicho. El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto (16 votos a favor, 11 en contra, 3 abstenciones y un pareo). Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés). Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana y Tuma. Se abstuvieron los señores Frei (don Eduardo), Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). No votó, por estar pareado, el señor Orpis. El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde fijar plazo para indicaciones.


BOLETÍN INDICACIONES

2.4. Boletín de Indicaciones Senado. Fecha 04 de noviembre, 2011. Indicación de Parlamentario

BOLETÍN Nº 7.689-07 INDICACIONES

04.11.11

INDICACIÓN FORMULADA DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL,QUE

AUMENTA LAS PENAS DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- 1.- Del Honorable Senador señor Muñoz Aburto, para suprimirlo.

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SEGUNDO INFORME COMISIONES UNIDAS

2.5. Segundo Informe de Comisión de Gobierno y Constitución, unidas Senado. Fecha 15 de mayo, 2012. Cuenta en Sesión 19. Legislatura 360. SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO UNIDAS, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos. Boletín N° 7.689-07. ____________________________________ HONORABLE SENADO: Las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, tienen a honra emitir un segundo informe acerca del proyecto de ley señalado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, con urgencia calificada de “simple”. A las sesiones en que las Comisiones se abocaron al estudio de esta iniciativa, asistieron, además de sus integrantes, el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Juan Cristóbal Lira Ibáñez; el Asesor del Ministro del Interior, señor Juan Francisco Galli, y el Profesor de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Juan Pablo Cox. - - - OBJETIVO Aumentar las penas del delito de robo de cajeros automáticos. - - - Para los efectos del artículo 124 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente: 1. Artículos del proyecto que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: no hay. 2. Indicaciones aprobadas sin modificaciones: una.



3. Indicaciones aprobadas con modificaciones: no hay. 4. Indicaciones rechazadas: una. 5. Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay. 6. Indicaciones retiradas: no hay. DISCUSIÓN PARTICULAR Al iniciarse el debate en particular de esta iniciativa, el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Juan Cristóbal Lira, señaló que el fenómeno de la sustracción de cajeros automáticos es considerado como robo en lugar no habitado, aunque muchas veces ocurra en lugares con presencia de personas, como es el caso de las estaciones de servicio de suministro de combustible. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia ha reiterado en sus fallos el criterio de asumirlo como robo en lugar no habitado, por lo que la pena asignada al ilícito es inferior a la prevista para la del robo en lugar habitado con intimidación. Recordó que la Fiscalía Centro Norte de Santiago formalizó hace pocos días a un grupo de individuos que sustrajo un cajero automático por robo con intimidación, lo que constituye, a su juicio, un avance en la interpretación de la figura prescrita en el Código Penal, puesto que los dependientes del establecimiento donde estaba ubicada la máquina no tuvieron oportunidad de actuar como consecuencia de la intimidación de los sujetos que perpetraron el hecho. Sin perjuicio de lo anterior, insistió en que la jurisprudencia es reiterada en calificar este delito como robo en lugar no habitado en calidad de frustrado, pues gran parte de éstos se desarrollan, precisamente, en dependencias que no tienen presencia de público, de modo que la pena aplicable se rebaja en un grado. A ello hay que sumar las atenuantes que cada uno de los imputados alegue lo que, en definitiva, se traduce en la aplicación de bajas penas para esta clase de delitos. Las cifras al 31 de diciembre del año 2011 indican que se cometieron 778 robos de cajeros automáticos, de los cuales 532 fueron calificados como frustrados y 246 de consumados. Para el caso de los delitos frustrados, señaló que hubo 105 detenidos y 427 personas en libertad. Entre los detenidos hay mayores y menores de edad. Los mayores de edad son 64, de los cuales sólo 20 han sido condenados y 44 en prisión preventiva esperando el desenlace de su situación procesal. A su juicio, los números arrojan la necesidad de entregar una señal para quienes cometen este tipo de delitos, y el proyecto -tal como se aprobó por la Honorable Cámara de Diputados- aumenta en un grado la pena, de modo que la escala ya no comenzará desde los 61 días como es en la actualidad.



El Honorable Senador señor Bianchi señaló que más allá de las cifras y las razones expuestas tanto por el mensaje como por el señor Subsecretario, es necesario tener presente que los expendedores automáticos de dinero son servicios que presta la banca como institución financiera de carácter particular, de modo que es dable exigirles a ellos mayor seguridad en el cuidado de objetos que son de su propiedad. Por lo demás, continuó, los bancos cuentan con seguros que les permiten la recuperación tanto del daño material de la maquinaria como del dinero sustraído, lo que puede traducirse en un mal incentivo para que sean estas propias instituciones las que se hagan cargo del problema que motiva esta iniciativa. Enseguida, expuso el Profesor de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Juan Pablo Cox, quien señaló que de los fundamentos del proyecto se deduce que el aumento en la frecuencia del robo de cajeros automáticos se produce, principalmente, por dos razones: a) la baja penalidad asignada al robo con fuerza en las cosas, y b) el bajo costo y la alta utilidad que obtienen quienes cometen este tipo de hechos. Lo anterior, motiva, según dice el mensaje, la creación de una figura que homologue el robo de cajeros automáticos con la interrupción del suministro de algún servicio público, figura prevista y sancionada en el inciso segundo del artículo 443 del Código Penal. (“Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produce la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía, la pena se aplicará en su grado máximo.”.) Ese sería, aparentemente, el fundamento del proyecto, pero luego, el mismo mensaje declara que el objeto del proyecto es la protección del objeto material del delito, esto es, el cajero, por lo que, en su opinión, el proyecto pierde fundamento y no contiene una idea clara respecto de lo que efectivamente se quiere proteger desde la consideración político criminal del mismo. En relación con lo anterior, explicó que con el proyecto de ley se pretende desplazar la aplicación de las reglas generales en materia de delitos de apropiación (previa expropiación), de manera que no resulte pertinente el tipo de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado (artículo 442 del Código Penal), ni tampoco la hipótesis básica del robo con fuerza de cosas en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación (artículo 443, inciso primero, del Código Penal). Si el delito cometido fuera un hurto y no un robo con fuerza, el Proyecto no representaría modificación alguna: seguiría siendo pertinente el artículo 446 del mismo Código. Una de las consecuencias prácticas más relevantes de una modificación como la propuesta, desde el punto de vista estrictamente penológico, radica en que de entrada excluye al condenado del goce de la remisión condicional de la pena (artículos 3º y siguientes de la Ley 18.216) y de la reclusión nocturna (artículos 7º y siguientes de la Ley 18.216), dejando



latente sólo la posibilidad de obtener la libertad vigilada (artículos 14 y siguientes de la Ley 18.216, de escasa aplicación práctica, por lo demás). Respecto del texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, en su opinión éste representa un quiebre al modelo regulatorio de los delitos de apropiación (mediante expropiación correlativa). Desde otra perspectiva, obedece a un cuestionable enfoque político-criminal. (i) Inconsistencia interna. a. En el mensaje se indica como fundamento del proyecto de ley un elenco de consideraciones basadas en la relevancia social del correcto funcionamiento de los cajeros automáticos, pero ese fundamento luego es explícitamente reemplazado por otro: la estricta consideración al objeto material del delito (cajero y dinero). Sobre este nuevo fundamento nada se dice. Desde esta perspectiva, el proyecto es infundado. b. Más allá de la inconsistencia indicada, el reemplazo de las razones que aparecen como fundamento del proyecto debe valorarse positiva y negativamente. Positivamente, en la medida en que se descarta la equiparación entre la sustracción de un cajero automático o del dinero que contiene y la interrupción del suministro de un servicio público; pero negativamente, desde el momento en que reconoce como justificación de la agravación una referencia al objeto material del delito. Aceptar esto último supondría desconocer las bases sobre las cuales se asienta la regulación legal del denominado robo con fuerza en las cosas. (ii) Modelo regulatorio. a. Proponer una agravación penológica en función del objeto material del delito, en el contexto de un robo con fuerza, es contradictorio con el sistema de los delitos contra la propiedad. b. A diferencia del hurto (artículos 432 y 446 del Código Penal), en el robo con fuerza es irrelevante el valor de lo sustraído para la determinación legal de la pena (artículos 432, 440, 442 y 443 de ese Código). El factor crucial para identificar la pena correspondiente se construye sobre dos elementos, en una genuina combinación: por una parte está el espacio físico donde se lleva a cabo la conducta de apropiación, y por la otra el despliegue de una específica y típica fuerza destinada a vencer los resguardos dispuestos sobre la cosa objeto de la apropiación. Así, se distingue entre un robo con fuerza en lugar habitado, destinado a la habitación o en sus dependencias (artículo 440 del Código Penal), un robo con fuerza en lugar no habitado (artículo 442 del Código Penal), y un robo con fuerza de cosas que se encuentran en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación (artículo 443 del Código Penal). Cada uno de estos supuestos exige



la presencia de una forma de fuerza legalmente anudada al espacio de que se trate. El modelo regulatorio permite afirmar, aún más, que la entidad de la cosa objeto del delito carece de gravitación alguna de cara a la respuesta penal con la que se amenaza la ejecución delictiva. c. El proyecto justifica la agravación penológica del robo de cajeros automáticos o del dinero sito en su interior en ese específico objeto material apropiado. De esta forma abandona el criterio rector de la sistemática interna de los delitos contra la propiedad de apropiación mediante expropiación (hurto, robo con fuerza en las cosas y robo con violencia o intimidación). d. Sistemáticamente se ubica a la figura agravada en el marco de la regulación legal del artículo 443 del Código Penal. De esta forma se abandona el criterio rector de la distinción espacial como modelo de atribución de responsabilidad: del tenor del proyecto se desprende que donde quiera que se encuentre el cajero automático, la pena será la fijada en el inciso 3º del artículo 443 del Código Penal (aun cuando esté en un lugar no habitado, por ejemplo). Si no fuera así, y sólo resultara aplicable la nueva regulación propuesta al robo de cajeros y dinero situados en los espacios del artículo 443 del Código Penal, entonces el proyecto sería inconsistente con su propósito de agravar la responsabilidad según el objeto del delito (y no según el lugar). e. Si el proyecto quiebra el modelo de los espacios, también diluye (cuando menos) el de la fuerza típica. Con ello socava los dos ejes de la regulación. En efecto, y alejándose de la técnica plasmada en el inciso segundo del artículo 443 del Código Penal, en el texto propuesto no se hace alusión a cuál debe ser la fuerza desplegada por el autor, aludiéndose genéricamente a un “robo con fuerza”. La ambigüedad de la fórmula, unida a sus indudables efectos penológicos, supone una amenaza evidente al principio de legalidad (pretender salvar la fórmula propuesta argumentando que la fuerza típica debiera ser la del artículo 443, inciso primero, del Código Penal, presenta el inconveniente obvio del sentido de la referencia: si el inciso tercero apunta sin indicarlo al inciso primero en este punto, entonces por qué no lo hacía en relación con los espacios físicos). f. Estas rupturas con el modelo general de incriminación generan como consecuencias inevitables (dada la técnica regulatoria) otras tantas inconsistencias. Así, tal vez la más llamativa apunta a que si la agravación se fundamenta en que el objeto de la apropiación es un cajero automático o el dinero que está en su interior, no se ve bien porqué si dicha apropiación acontece sin fuerza no se genera ninguna agravación de responsabilidad. Ante la ausencia de fuerza (típica), en efecto, el título de castigo será el del hurto, y en dicho supuesto la pena se determina conforme al valor del objeto apropiado (artículo 446 del Código Penal) y no se considera



en el proyecto alguna agravación (como acontece en relación con los objetos del hurto, por ejemplo, en los artículos 447 bis, 448 bis, 448 ter, 448 quáter y 448 quinquies, todos del Código Penal -aunque en estos casos puede ser dudoso que siempre se agrave la responsabilidad-, y 449 de ese Código. Muchos de estos casos, por lo demás, representan ya erosiones al modelo original de regulación). Respecto de las consideraciones político criminales, señaló que el proyecto se inserta en un “plan de acción general en contra del robo de cajeros automáticos”. Dicho plan incluye mayores medidas de seguridad para los cajeros instalados y por instalar, además de campañas de comunicación disuasivas. El aumento de pena sería, por tanto, un elemento más de un programa completo destinado a desincentivar la comisión de robos de los mentados cajeros. Con todo, cuestionó la confianza manifestada en el recurso a la agravación punitiva como mecanismo modulador de las conductas. Desde hace tiempo la literatura especializada ha puesto de manifiesto cómo dicho factor es sólo uno de entre otros más relevantes, vinculados a las etapas de imposición y ejecución de las penas. De hecho, la influencia de la conminación penal es manifiesta cuando supone la incriminación de un comportamiento previamente no punible, o cuando agrava severamente uno ya punido. Dicha influencia decae, por cierto, cuando implica un aumento moderado de pena. Entender, por último, que las penas aplicables según las reglas generales (artículos 446 y 442 del Código Penal) son “bajas”, es por lo menos controvertido: en el caso del artículo 442 mencionado, ésta es de presidio menor en sus grados medio a máximo, esto es, una pena perfectamente continua con la del homicidio simple (artículo 391, Nº 2, del Código). En lo que dice relación con el artículo 446, si el valor de lo sustraído supera las 40 UTM y no supera las 400 UTM, entonces la pena es idéntica a la del artículo 442. Si rebasa las 400 UTM, es la de presidio menor en su grado máximo (equivalente a la propuesta para el nuevo artículo 443, inciso tercero, del Código Penal). Señaló que la regulación legal de los delitos contra la propiedad necesita una profunda modificación. Buena parte de sus deficiencias son producto de su origen histórico, y las modificaciones legales de los últimos años difícilmente pueden interpretarse como avances dogmáticos o político-criminales. En materia de robo con fuerza ni siquiera existe claridad respecto de cómo se delimitan los espacios físicos que componen el sistema (artículos 440, 442 y 443 del Código Penal), por lo que incluir una modificación como la pretendida, justamente en consideración a representar una hipótesis que entremezcla los criterios clasificatorios, supondría agregar nuevas fisuras a una construcción ya frágil.



Bajo estas consideraciones, concluyó, no parece técnicamente adecuado un proyecto como el que hoy se debate. En relación con la necesidad de legislar sobre esta materia, tampoco parece prudente: los comportamientos que quiere evitarse cuentan con un adecuado marco sancionatorio, que cubre cabalmente el espectro de conductas lesivas. Bajo un modelo social en que el autoservicio es fundamental, el cargo de la seguridad y correcto desempeño del servicio debe reconocer como protagonista -junto a la autoridad- al prestador: los mayores riesgos en el tráfico son de su responsabilidad, en este caso, los bancos. El Honorable Senador señor Orpis manifestó su preocupación por las cifras que presentó el señor Subsecretario respecto del robo de los cajeros automáticos, las que exigen que la sociedad se haga cargo de este problema. Desde este punto de vista, señaló que el objeto del delito tipificado en el texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados es, precisamente, el dinero en efectivo que se contiene dentro de los cajeros automáticos. Por otra parte, concordó con que el aumento de la pena en un grado no va a tener un efecto disuasivo en la comisión de este tipo de ilícitos, que deberían aumentarse de manera más drástica para provocar un efecto real en su prevención. El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, valoró la exposición del Profesor Cox que, según dijo, deja en evidencia diversos aspectos doctrinales y dogmáticos respecto de la construcción típica y la penalidad asignada al robo de cajeros automáticos. Sobre este punto, sugirió buscar una solución para que, de todas formas, se legisle sobre esta materia con los resguardos que ha hecho presente el expositor. El Honorable Senador señor Sabag sostuvo que el proyecto se hace cargo de una realidad que hoy afecta diariamente a los cajeros automáticos, y, con ello, al suministro de dinero, sobre todo en aquellas comunas que no cuentan con sucursales bancarias. De esta manera, continuó, el aumento de la penalidad es una de las herramientas para combatir este tipo de ilícitos que, sumada a la tipificación del mismo, ayudará a los jueces en la aplicación de sanciones que apunten en la dirección descrita en el mensaje. Por su parte, el Honorable Senador señor Espina manifestó compartir el contenido de este proyecto de ley, tanto en la forma como en el fondo, pues, según dijo, el robo de cajeros automáticos se sanciona con las penas prescritas en el artículo 442 del Código Penal (robo en lugar no habitado), esto es, desde 61 días hasta 3 años. En la práctica, quienes cometen este tipo de ilícito muchas veces no logran acceder al dinero



contenido en ellos, por lo que la jurisprudencia ha estimado que tienen la calidad de “frustrados”. Además, y cual lo señaló el señor Subsecretario, existen atenuantes que en definitiva se traducen en una baja penalidad aplicable a este delito. Por estas razones, la propuesta contenida en este proyecto de ley (aprobada en su oportunidad por la Honorable Cámara de Diputados) eleva el mínimo de aplicación de la norma, toda vez que va desde los 541 días hasta los 5 años, razón que, según dijo, es importante tener en cuenta dado el explosivo aumento de la comisión de estos ilícitos. Agregó que no compartía el criterio de que el aumento de la penalidad de los delitos no influye en la disuasión del comportamiento de los delincuentes, sobre todo en los de este tipo. Sin perjuicio de esto último, expresó que no todos los delitos obedecen a los mismos criterios de política criminal, puesto que si se sancionaran todos con penas muy altas, los jueces terminarían por no aplicarlas en virtud del principio de proporcionalidad (recordó que un ejercicio similar se realizó respecto del delito de microtráfico, permitiendo a los tribunales de justicia un mayor grado de flexibilidad.). El Honorable Senador señor Zaldívar sugirió estudiar una fórmula que permita abordar los dos temas que han guiado el debate, esto es, estudiar una penalidad específica para esta clase de delitos y tipificar el delito de manera independiente, sin asimilarlo a la interrupción del suministro de un servicio público. - - - DESCRIPCIÓN DEL ARTICULADO DEL PROYECTO Y DE LAS INDICACIONES RECAÍDAS EN ÉL El proyecto aprobado en general está conformado por dos artículos. El primero incorpora en el inciso segundo del artículo 443 una frase final, nueva, que prescribe que el robo con fuerza de cajeros o dispensadores automáticos de dinero, o del dinero o valores contenidos en ellos, se sancionará con presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años). (El artículo 443 del Código Penal preceptúa que con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo se castigará el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitio no destinado a la habitación si el autor utiliza llaves falsas u otros instrumentos semejantes (inciso primero). Para el caso de que algunas de las conductas señaladas provoque la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, la pena se aplicará en su grado máximo, esto es, desde 3 años y un día a 5 años (inciso segundo)). El artículo segundo del texto aprobado en general



dispone que las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza relacionados con estos dispositivos deberán cumplir las normas de seguridad que dicte el Ministerio del Interior, de acuerdo con el inciso séptimo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981. (El mencionado precepto establece que las instituciones bancarias o financieras, las entidades públicas, las empresas transportadoras de valores, las empresas estratégicas, los servicios de utilidad que se determine, tendrán un servicio de vigilantes privados y mantendrán un organismo de seguridad interno. En su inciso séptimo establece que por decreto se fijarán las normas generales a que se ajustará la organización y funcionamiento del organismo de seguridad aludido y las medidas mínimas que contendrán los estudios de seguridad, que serán puestas en conocimiento de las entidades responsables a que se ha hecho referencia, para que éstas, dentro del plazo de sesenta días, cumplan las obligaciones que se establezcan. Agrega que transcurrido ese plazo, Carabineros certificará si se ha constituido la oficina u organismo de seguridad o cumplido las especificaciones consignadas en el estudio.) - - - La indicación del Honorable Senador señor Muñoz Aburto consignada en el boletín de indicaciones propone suprimir el artículo primero del proyecto. (Hacemos presente que esta indicación fue la única proposición formulada dentro del plazo fijado por la Sala para evacuar el segundo informe de este proyecto. Posteriormente, durante el análisis en particular de la iniciativa, estas Comisiones solicitaron y obtuvieron un nuevo plazo de indicaciones -hasta el 15 de mayo en curso-, con el fin de introducir al proyecto nuevas enmiendas surgidas durante el debate. Dentro de este nuevo plazo el Ejecutivo hizo llegar a las Comisiones una proposición que se acogió por unanimidad, cuyo contenido se describirá enseguida. Esta nueva indicación del Ejecutivo se hace cargo de las observaciones y reparos formulados al iniciarse el debate en particular y propone, también, enmiendas al artículo segundo, relativas a las responsabilidades de los propietarios o administradores de los cajeros y dispensadores automáticos). En primer término, la nueva indicación sustitutiva sugiere un artículo primero que en reemplazo del texto consignado en el mensaje, incorpora un nuevo artículo 443 bis en el Código Penal, que castiga con la pena única de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) el robo con fuerza en las cosas de cajeros y dispensadores automáticos de dinero o del dinero contenido en ellos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 440 N°s. 1° y 2° del Código Penal (escalamiento, por forado, rompimiento de pared y techo, o fractura de puertas y ventanas, o mediante llaves falsas, o verdaderas sustraídas, ganzúas u otros elementos semejantes), o cuando se ha fracturado, destruido o dañado el cajero o



dispensador y sus dispositivos de protección o sujeción mediante instrumentos contundentes o cortantes, incluyendo medios químicos o, finalmente, cuando se emplean medios de tracción. A continuación, la indicación del Ejecutivo reemplaza el artículo segundo aprobado en general con dos nuevos artículos que regulan la responsabilidad de las entidades propietarias o administradoras de los cajeros o dispensadores de dinero. El primero de dichos preceptos asigna al Ministerio del Interior la facultad de regular medidas de seguridad para la instalación y operación de cajeros o dispensadores automáticos. Empece el cumplimiento de estas normas a las entidades bancarias y financieras propietarias o administradoras de cajeros o dispensadores automáticos. Enseguida, la indicación agrega otro inciso al artículo 2° -el tercero- que dispone que las medidas de seguridad han de incorporarse en los estudios de seguridad mencionados; y el cuarto prescribe que las medidas de fiscalización aplicables a los cajeros serán de competencia de Carabineros o de la autoridad que corresponda de acuerdo con el artículo 1°, inciso tercero, del decreto ley N° 3.067. Finalmente, la indicación incorpora al proyecto un artículo 3°, nuevo, que establece que el decreto supremo a que se refiere el artículo precedente regulará la ubicación y entorno de los cajeros y dispensadores, el sistema de anclaje, el de alarma, el de grabación de imágenes, la protección en contra de elementos cortantes fundentes, empotramiento y blindaje y el sistema disuasivo de seguridad de entintado de billetes. Concluye este precepto señalando que el incumplimiento de este artículo dará lugar a las sanciones dispuestas en el inciso octavo del artículo 3° del decreto ley N° 3.067. (Multa de 5 a 100 ingresos mínimos). ACUERDOS Con la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Bianchi, Espina, Larraín, don Hernán, Orpis, Rossi, Sabag, Walker, don Patricio y Zaldívar, las Comisiones unidas rechazaron la indicación supresiva de autoría del Honorable Senador señor Muñoz Aburto, y aprobaron, en sus mismos términos, la indicación sustitutiva propuesta por el Ejecutivo.



Con el mérito de la relación precedente, estas Comisiones tienen a honra someter en la consideración de la Sala el proyecto de ley aprobado en general, sustituido por el siguiente: PROYECTO DE LEY “Artículo 1°.- Agrégase el siguiente artículo 443 bis al Código Penal: “Artículo 443 bis.- El robo con fuerza de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero, o del dinero y valores contenidos en ellos será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Para los efectos del presente artículo se entenderá que hay fuerza en las cosas si se ha procedido con alguno de los medios señalados en el artículo 440 N° 1° y 2°; si se ha fracturado, destruido o dañado el cajero automático o dispensador o sus dispositivos de protección o sujeción mediante el uso de instrumentos contundentes o cortantes de cualquier tipo, incluyendo el empleo de medios químicos; o si se utilizan medios de tracción.”. Artículo 2°.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante un Decreto Supremo, regulará las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie, denominados en adelante e indistintamente “cajeros automáticos” o “cajeros”. Estarán obligadas al cumplimiento de las normas que dicte el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, las entidades bancarias y financieras de cualquier naturaleza y las empresas de apoyo al giro bancario que reciban o mantengan dineros en sus operaciones, y sean propietarias o administradoras a cualquier título de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie. Las medidas de seguridad de los cajeros automáticos, deberán incorporarse en los Estudios de Seguridad de las entidades obligadas propietarias o administradoras de los mismos. La fiscalización de las medidas de seguridad aplicables a los cajeros automáticos, le corresponderá a Carabineros de Chile o a la autoridad correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° inciso tercero del Decreto Ley N° 3607.



Artículo 3°.- El Decreto Supremo a que se refiere el artículo precedente, deberá, a lo menos, regular materias relativas a la ubicación y entorno de los dispensadores de dinero, al sistema de anclaje, al sistema de alarma, al sistema de grabación de imágenes, a la protección contra elementos cortantes o fundentes, al empotramiento y blindaje y al sistema disuasivo de seguridad de entintado de billetes. El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas conforme a lo dispuesto en este artículo dará lugar a las sanciones previstas en el inciso octavo del artículo 3° del Decreto Ley N° 3607, de 1981.”. - - - Acordado en sesiones celebradas los días 19 de marzo de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señor Hernán Larraín (Presidente accidental), señora Soledad Alvear y señores Carlos Bianchi, Alberto Espina, Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Hosain Sabag, Patricio Walker y Andrés Zaldívar y 7 de mayo de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señores Fulvio Rossi (Presidente), Carlos Bianchi, Alberto Espina, Hernán Larraín, Jaime Orpis, Hosain Sabag, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. Sala de la Comisión, a 15 de mayo de 2012. Mario Tapia Guerrero Secretario de las Comisiones unidas



RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE LAS COMISIONES DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA LAS PENAS DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS (BOLETÍN Nº 7.689-07) I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Aumentar las penas del delito de robo en cajeros automáticos. II. ACUERDOS: Indicación del boletín de indicaciones: Rechazada 8x0. Indicación del Ejecutivo: Aprobada 8x0. III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LAS COMISIONES: Consta de tres artículos permanentes. IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No tiene. V. URGENCIA: Simple. VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República. VII. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite. VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 17 de agosto de 2011. IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 30 de agosto de 2011. X. TRAMITE REGLAMENTARIO: Discusión en particular. XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: - Código Penal. - Decreto ley N° 3.607, de 1981, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados. Valparaíso, 15 de mayo de 2012. MARIO TAPIA GUERRERO Secretario


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2.6. Discusión en Sala Senado. Legislatura 360. Sesión 21. Fecha 23 de mayo, 2012. Discusión particular. Se aprueba con modificaciones. AUMENTO DE PENAS EN DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS El señor ESCALONA (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, y urgencia calificada de “suma”. --Los antecedentes sobre el proyecto (7689-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011. Informes de Comisión: Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011. Gobierno, Descentralización y Regionalización y Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas (segundo): sesión 19ª, en 22 de mayo de 2012. Discusión: Sesiones 59ª, en 4 de octubre de 2011 (queda pendiente su discusión); 60ª, en 5 de octubre de 2011 (se aprueba en general). El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión de 5 de octubre de 2011. Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones. Asimismo, señalan que durante el análisis en particular solicitaron un nuevo plazo para presentar indicaciones, término dentro del cual el Ejecutivo formuló una de carácter sustitutivo que se hace cargo de las observaciones y reparos planteados y propone enmiendas relativas a las responsabilidades de los propietarios o administradores de los cajeros o dispensadores automáticos de dinero, la cual fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de las Comisiones unidas o existan indicaciones renovadas.


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Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en cuya tercera columna figuran las modificaciones aprobadas por dichos organismos, y en la cuarta, el texto que quedaría de aprobarse dichas enmiendas. El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión particular el proyecto. Está inscrito para intervenir el Honorable señor Rossi, a quien le cedo la palabra. El señor ROSSI.- Señor Presidente, la verdad es que, habiendo tan destacados abogados en las Comisiones unidas de Constitución y de Gobierno, que analizaron este proyecto de ley, ingresado al Congreso hace prácticamente un año, voy a hacer el intento de contarles a todos los señores Senadores cómo se logró el acuerdo al interior de tales órganos. La iniciativa es, básicamente, una respuesta del Ministerio del Interior, del Gobierno; forma parte de una agenda de trabajo conjunto entre esa Secretaría de Estado, la banca y, por cierto, la Subsecretaría de Prevención del Delito, atendido el hecho de que, a mayo del año pasado -mes en que se envió el mensaje al Parlamento-, habían ocurrido más de 300 intentos de robo de cajeros automáticos en nuestro país. Ese problema, evidentemente, afecta no solo a la banca y los seguros involucrados, sino que termina perjudicando a todas las personas que pagan tales seguros. Además, debe tenerse en cuenta que los dispensadores de dinero son una suerte de servicio público que se les entrega a la ciudadanía y a muchos estudiantes que reciben su mesada a través de ellos. Mediante la normativa en debate se busca aumentar la sanción penal por el robo de un cajero automático. Este delito tiene actualmente una pena de 61 días a 5 años, pero en numerosos oportunidades se aplican sanciones muy bajas por considerarlo como delito frustrado si quienes lo cometen no se apropian del dinero. Cabe señalar que para su comisión muchas veces los delincuentes se roban camionetas “4x4”. En el norte, en mi Región (Tarapacá), ese es un modus operandi bastante habitual. Y si bien algunos de esos vehículos los cambian por droga en la frontera, varios son utilizados para extraer, por tracción, los cajeros automáticos. En el artículo consensuado se pretende homologar el robo con fuerza de dispensadores de dinero al robo con violencia en las cosas, más la agravante de interrumpir o interferir el suministro de un servicio público domiciliario, como el gas, el agua, la telefonía, la electricidad. Por lo mismo, aumenta la pena. Y esperamos que este aumento ejerza un efecto inhibitorio en quienes gustan de cometer este ilícito. Hay un segundo aspecto que igualmente me parece importante destacar. Porque no solo se trata de elevar las sanciones, sino también de entregar una responsabilidad a la banca. Así, en el artículo 2° de la iniciativa se establece que los bancos e instituciones financieras estarán obligados a adoptar ciertas medidas de seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, del lugar donde se instala un cajero automático. La mayoría de las veces se emplazan dentro de las mismas


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sucursales de los bancos, pero no es raro encontrar otros en una farmacia, en un supermercado, en diversos lugares. Y creemos que en tales casos también es responsabilidad de la banca instalarlos con medidas de seguridad. Lo digo porque en esa especie de agenda de trabajo que se anunció, hace prácticamente un año, por el señor Ministro del Interior, se dio a conocer a la opinión pública un sistema de entintado del dinero que se activa al momento del robo: aumenta la temperatura. En fin, hay distintos mecanismos para que entre en funcionamiento. Por lo tanto, el Secretario de Estado de esa época pensaba que tal dispositivo produciría el mismo efecto que en muchos países del mundo, en donde el entintado de los billetes en los dispensadores había reducido los robos o los intentos de robo a cero. La verdad es que, en la práctica, eso no ocurrió. Sería interesante conocer de parte del Gobierno qué ha pasado con los nuevos cajeros y si las entidades bancarias han cumplido, efectivamente, con incorporar tecnologías más modernas. Y deseo saber también respecto al blindaje, porque se les había solicitado implementar esta medida. Existe un plan, pero no sabemos el estado de avance en que se encuentra. Hoy día estamos aprobando, básicamente, el endurecimiento de las penas y estableciendo ciertas medidas de seguridad que deben garantizar los bancos. Sin embargo, ello no basta para reducir de manera sustantiva ese tipo de delitos. He dicho. El señor ESCALONA (Presidente).- El Reglamento es sumamente claro. No corresponde iniciar un debate sobre el particular, salvo para impugnar, porque la indicación sustitutiva fue aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas. Por lo tanto, abriré la votación para que cada Senador inscrito pueda fundamentar su voto. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, yo deseo hablar en contra del proyecto sometido a la consideración de la Sala. El señor ESCALONA (Presidente).- Para impugnar, tiene la palabra Su Señoría El señor NAVARRO.- Señor Presidente, a mi juicio, el Gobierno sigue improvisando en materia de combate contra la delincuencia. Y este Parlamento se presta para esa improvisación. El señor Francisco Alvarado Sandoval, Directivo Nacional de la Asociación de Defensores Penales Públicos, nos llama a tener un minuto de reflexión sobre lo que estamos aprobando. Se intenta asignar una pena de 3 años y un día de presidio para el robo de cajeros, sanción mayor incluso a la impuesta al delito de robo en un lugar no habitado. Y existe la creencia de que aumentando las penas va a disminuir la ocurrencia de tales ilícitos. ¡Pero si ese ha sido el fracaso de los Gobiernos de la Concertación y del actual! ¡Su peor fracaso ha sido la lucha contra la delincuencia! No basta con aumentar las penas. Igual las cárceles continúan llenándose de delincuentes.


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La Asociación de Defensores Penales Públicos, a través de don Francisco Alvarado, nos dice: “los parlamentarios deberán, en muy poco tiempo, deliberar sobre cuál es la buena razón para sostener que este delito debe tener más pena que, por ejemplo, el robo a un almacén que se encuentre cerrado y sin ocupantes...”. Si al comerciante de una población le roban, no importa. Pero si le roban a un banco, se debe aumentar las penas. El robo a un pequeño comerciante que tiene su almacén cerrado está tipificado como “robo en lugar no habitado”, con una pena de 541 días. Lo principal, señor Presidente, es que el proyecto exhibe -como lo dice el propio informe- una doble faz. Primero se señala que tiene por objeto evitar la interrupción de un servicio público; pero, luego, derechamente, se explicita que es para proteger el bien, es decir, el cajero automático. Sin embargo, me parece que esta es una responsabilidad de la banca privada. Por su parte, el encarcelamiento por ese tipo de ilícitos debe ser evaluado. La pena de cárcel debe reservarse -sostiene el señor Francisco Alvarado- “para delitos que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las personas, y no solo los bienes de propiedad de los bancos, pues hoy quien comete estos delitos y no tiene antecedentes penales puede cumplir su pena en libertad, sujeto a la vigilancia de la autoridad, y quien los tiene podrá cumplir su pena bajo reclusión nocturna, si procede. En cambio, con las nuevas penas, quien no tiene antecedentes previos solo podrá optar, eventualmente, a la libertad vigilada, y si los tiene, no accederá a beneficio alguno”. Nos propusieron una iniciativa, que ya aprobamos, sobre el indulto. En consecuencia, son remitidas las penas de 6 mil reos condenados por distintos delitos para poder vaciar las cárceles. Y ahora nos encontramos aprobando proyectos de ley que tienden a llenarlas. Señor Presidente, las estadísticas indican que en 2011 se cometieron 778 robos de cajeros automáticos, de los cuales 532 fueron calificados como frustrados y 246 consumados. Hubo 105 detenidos; 427 personas en libertad. Los mayores de edad que participaron fueron 64, de ellos solo 20 han sido condenados y 44 se encuentran en prisión preventiva esperando el desenlace de su situación procesal. Deseo hacer una reflexión: ¿por qué el Estado va a garantizar la seguridad de la banca privada? ¿Acaso esta no percibe utilidades suficientes? ¡Si en el primer semestre de este año obtuvo 431 mil millones de pesos! ¿No dispone de bastantes utilidades como para proteger sus cajeros? Algunas personas en la Sala se tapan los oídos, señor Presidente. Es que, a veces, la verdad duele. Siento que el Senado, en particular, y el Congreso Nacional, en general, siguen legislando para los poderosos; para proteger los bienes de las instituciones bancarias que, en realidad, no solo despluman, sino que algunas hasta roban -en el concepto esencial del robo con corbata- a los pequeños ahorrantes, particularmente, a la gente que contrata créditos. Y, hoy día,


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establecemos el aumento de las penas para los delitos que afecten a los dispensadores de dinero. Lo cierto es que hay una obligación de aumentar el control. Se dice que debe haber cámaras de seguridad, un sistema de empotramiento del cajero y el entintado de billetes. Y todas ellas son medidas que la banca puede implementar. Estoy convencido de que al aumentar las penas no disminuirán los robos ni ese tipo de ilícitos. Me parece que se está legislando sobre la marcha. Y lamento profundamente que esta fracasada agenda del Gobierno en materia de lucha contra la delincuencia, contemple medidas como las que se proponen. He sostenido aquí que solo la rehabilitación y la reinserción van a disminuir la delincuencia en Chile. Aumentar las penas, particularmente para proteger los bienes de los poderosos, no logrará ese objetivo. Señor Presidente, este delito es cuestionable. Es cierto que se debe combatir la delincuencia, pero no de este modo, pues me parece un camino equivocado. He dicho. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! El señor ESCALONA (Presidente).- En seguida, abriremos la votación para que cada señor Senador pueda fundamentar su voto. En votación. --(Durante la votación). El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, contrario a lo expresado por quien me antecedió en el uso de la palabra, el proyecto es extraordinariamente valioso y necesario, precisamente, por los beneficios sociales que de él se infieren. El sistema de cajeros automáticos le ha permitido a miles de trabajadores chilenos poder utilizan la banca fuera de sus horas laborales. Y esto, que es de utilidad no solo para ellos, sino también para todos los chilenos, chilenas, hombres, mujeres y jóvenes, está siendo gravemente afectado porque en los cajeros hay mucha plata. Ha habido un incremento de tales robos, aprovechándose de la baja penalidad que tienen esos delitos, porque se tratan igual como si fuera un robo en lugar no habitado, lo cual recibe una penalidad muy reducida. Y ello hace que ese ilícito no tenga, en las penalidades, un elemento que inhiba a las personas a cometerlo. En marzo del presente año se efectuaron 126 robos a cajeros automáticos. De ellos, 53 de los 54 vehículos utilizados tenían encargos por robo. Es decir, estamos hablando de un delito que genera conductas adicionales que alteran la paz ciudadana. Esto acontece en todos los sectores, y no es una cuestión que suceda en el centro de Santiago o en el barrio alto, sino que ocurre en todas partes, causando situaciones de violencia muchas veces complejas y difíciles de evitar.


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Por eso, el Ejecutivo ha reaccionado en buena forma, planteando una propuesta que fue aprobada por la inmensa mayoría de la Cámara de Diputados y por la unanimidad de las Comisiones de Gobierno y de Constitución, unidas, del Senado, para asegurar una mayor sanción a esos delitos. ¿Qué se está sancionando específicamente? El robo con fuerza de cajeros o dispensadores automáticos de dinero o del dinero o valores contenidos en ellos, con presidio menor en su grado máximo, lo cual significa pasar de la penalidad actual, de 541 días a 5 años, a una mayor de 3 años y un día a 5 años. Ello, porque se estima que no solo se está tratando de evitar que se impida un servicio muy necesario -como lo hemos señalado-, sino que también se procura proteger los bienes objeto de robo. Por eso, hay un complemento en lo señalado aquí. Ahora bien, en el proyecto también se indica cuándo se entiende que hay robo con fuerza de cajeros automáticos. Y el texto dice que es cuando “se ha fracturado, destruido o dañado el cajero automático o dispensador o sus dispositivos de protección o sujeción mediante el uso de instrumentos contundentes o cortantes de cualquier tipo, incluyendo el empleo de medios químicos; o si se utilizan medios de tracción”. Por otra parte, como también se entiende que hay responsabilidades de las entidades bancarias, se ha acordado que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante un decreto supremo, regule las medidas mínimas de seguridad aplicables a estas instituciones, que tendrán que incorporar y establecer en sus cajeros automáticos. Y, por ende, se deberá velar por el estricto cumplimiento de las normas de seguridad que sobre esta materia determine esa Secretaría de Estado. Cabe destacar que los bancos, según nos informaron en las Comisiones unidas, tienen tomados seguros sobre el particular, pero estos no sirven para resarcirse de los daños causados. De manera que el robo de los cajeros automáticos les significa, inevitablemente, una pérdida bien significativa de recursos. Por lo tanto, aquí no se está resolviendo únicamente un problema que hoy día los bancos pudieran cautelar. El robo de un cajero automático, que les representa, a pesar de los resguardos que puedan tomar o de los seguros que contraten, una pérdida muy importante de recursos, no solo los afecta a ellos, sino también a la ciudadanía, que pierde servicios. En consecuencia, señor Presidente, me parece que esta norma es de aquellas que van en la dirección correcta. Como en todas las cosas, no es suficiente, probablemente, el agravamiento de las penas para evitar conductas ilícitas, pero hoy día la señal que el país necesita es que acerca de este tipo de ilícitos va a haber mano dura. Y se les está pidiendo también a las instituciones bancarias mayor fuerza en las normas de seguridad que deben contemplar para impedir que esto siga ocurriendo. Voto que sí. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.


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El señor ESPINA.- Señor Presidente, con toda franqueza, tengo que señalar que el informe del Senador Rossi me interpreta absolutamente -es lo correcto- y que las aseveraciones del Senador Navarro están completa y totalmente equivocadas, como se advierte al leer el proyecto. Y estoy dispuesto a debatirlo las veces que él quiera y donde él quiera. Esta iniciativa es muy sencilla, útil y necesaria. Lo primero que cabe afirmar es que en nuestro país se roban cajeros automáticos. ¿Quiénes los roban? Bandas poderosas que deben contar, por ejemplo, con autos especiales, con sistemas para poder mover un dispensador que pesa mil kilos, una tonelada. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de un pequeño delincuente, sino de bandas organizadas. ¿Para qué roban? No para coleccionar los billetes, sino, fundamentalmente, para realizar operaciones ilícitas y, entre otras cosas, para el tráfico de drogas, que envenena a cientos de miles de niños en Chile. La plata efectiva se roba con esa finalidad y con un poderío importante, porque significa tener una camioneta 4x4, sistemas de ancla, ser capaz de traspasarlo, grúas para subirlo a otro lugar. ¡Nos estamos refiriendo a un delito mayor! Esa conducta está -o debe estar- penada en Chile. En todos los países civilizados del mundo es un delito. Y los delitos en materia de robos tienen tres categorías: la primera es el robo con violencia o intimidación a las personas, lo que, por regla general, en este caso no ocurre, porque no se roba el cajero automático amenazando a quienes lo custodian... ¡Les pido a los Ministros, que tanto se interesan por este proyecto, que por favor guarden silencio! Decía, señor Presidente, que los robos se producen con violencia o intimidación a las personas o, como ocurre en este caso, con fuerza en las cosas. Y el robo con fuerza en las cosas se divide entre aquel que ocurre en lugar habitado y el que se verifica en lugar no destinado a la habitación. Y los robos de cajeros automáticos se inscriben dentro de esta última categoría, porque nadie vive donde ellos se hallan emplazados. Y la pena que hoy tiene asignada este delito es de 541 días a 5 años, desde hace más de 70 años. Y, como se ha interpretado que, si no se logra sacar la plata del interior del dispensador, el delito pasa a ser un robo frustrado o un robo tentado, tenemos el absurdo y la ridiculez de que si una persona roba un cajero automático, lo sube a un vehículo, lo traslada y no consigue sustraer los billetes de su interior recibe una pena inferior a 60 días. O sea, impunidad total; lo más ridículo que he visto en mi vida. Y lo que hace el Gobierno es una cosa de sentido común: mantiene el techo de la penalidad del delito, que es 5 años, pero sube el piso, para que en vez de ser 541 días, pase a ser 3 años y un día. De tal manera que si hay un robo frustrado, a lo menos el que tiene por finalidad cometer un delito de esa magnitud reciba una pena de 541 días de cárcel. Porque tras esos ilícitos se oculta el propósito de cometer delitos de narcotráfico. Luego el Gobierno realiza algo que nunca se había hecho: no solo aumenta el piso de 541 días a 3 años, manteniendo el techo en 5 años -lo que es de todo sentido común- y lo tipifica como una figura penal especial,


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distinta a las demás, por la gravedad y el reproche social que tiene y el daño que se ocasiona particularmente a los jóvenes con la venta de droga; sino que establece, por primera vez, un conjunto de exigencias a los bancos. En seguida, el texto señala que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública va a tener que regular las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación de los cajeros automáticos, cosa que no existía. Ahora deberá señalarle a los bancos las condiciones y características que aquellos han de contemplar. Asimismo, se obliga a las entidades bancarias y financieras, cualquiera que sea su naturaleza, a adoptar estas medidas en carácter de urgente para, precisamente, evitar que se instalen cajeros automáticos donde sea fácil robar. Por lo tanto, ellas tendrán que tomar todas las providencias de resguardo y custodia. También se las obliga a incorporar las medidas en sus estudios de seguridad. Y, finalmente, se entrega la fiscalización de estas disposiciones a Carabineros, con el propósito de que sea esa Institución la que vigile que los bancos cumplan con estas normas mínimas de seguridad. O sea, un proyecto impecable, señor Presidente. Impide penas bajas, ridículas, que incentivan a los traficantes de drogas a robarse los cajeros, y establece obligaciones para los bancos como no se había hecho nunca. En consecuencia, pido a la Sala que, como lo hizo la unanimidad de las Comisiones unidas de Gobierno y de Constitución, apruebe esta iniciativa. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, las exposiciones previas, especialmente la última, del Senador Espina, me ahorran la necesidad de entrar más a fondo en lo jurídico. Quiero, sí, hacer presente que el proyecto de ley que se presentó inicialmente proponía una modificación al artículo 443 del Código Penal. Y se le hizo equivalente al robo con fuerza en las cosas. Sin embargo, nosotros planteamos en la Comisión -y se aceptó- la conveniencia de tipificar este delito con toda precisión, y por eso se crea el artículo 443 bis, que tipifica el robo con fuerza de cajeros automáticos y de dispensadores o contenedores de dinero. Ahora, es cierto: este delito, tal como estaba configurado y tipificado -esto es, equivalente al robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado-, se consideraba siempre frustrado cuando no se lograba sacar los billetes que estaban dentro del cajero, y, en definitiva, terminaba con una pena menor o casi sin pena. Y este es un problema que ha proliferado. Lo que se ha dicho aquí es verdad. Santiago es, a mi juicio, una de las ciudades que tienen más cajeros automáticos. Y estos generalmente se hallan en sectores populares, donde el servicio que se presta a la gente es importante. Incluso, hay un elemento bien determinante: numerosos trabajadores hoy día reciben su


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sueldo con depósitos en sus cuentas vista del BancoEstado, para evitar que salgan el día de pago con el dinero en el bolsillo, lo que muchas veces los expone a ser víctimas de un robo. Yo creo que los cajeros automáticos prestan un muy buen servicio en beneficio de la gente en general. Y, por lo tanto, todo lo que hagamos para tratar de impedir este tipo de robos está bien. Y la idea no es aumentar las penas, sino aplicar la pena que corresponde. Lo que estamos haciendo aquí es, precisamente, fijar una sanción que corresponda a la gravedad del delito y al daño que él produce. Y, como decía muy bien el Senador Hernán Larraín, la mayoría de los casos de robos de cajeros automáticos llevan involucrado además el robo previo de un vehículo para ejecutar el delito que estamos sancionando. Por consiguiente, lo que se está haciendo es perfeccionar el Derecho Penal en la tipificación de una figura que necesitaba ser precisada, aplicándose una pena razonable a quien comete este tipo de ilícitos, que no es solo robar dinero, ya que, si ellos llegaran a proliferar, habrá un momento en que no van a existir dispensadores de dinero. El otro día, hallándome en una comuna agrícola, me enteré de que estaban sin cajero automático, porque se lo habían robado. Sencillamente, el sector había quedado sin ese servicio, lo que era un daño para toda la población, no solo para los bancos; para ellos también lo es, pero no de tanta importancia. Lo otro que hicimos -y me parece muy bien- fue precisar con el Gobierno una modificación al decreto ley Nº 3.607 para imponerles a los bancos la obligación de adoptar una serie de medidas a fin de evitar que se facilite la comisión de los robos en comento. Porque, si se deja un cajero automático en cualquier lugar -sobre todo en aquellos con menor protección- y no se ponen el anclaje y los demás elementos necesarios para fijarlo con firmeza, por supuesto que se llama a los delincuentes a robarlo, pues vale la pena, con poco peligro y arriesgando una sanción muy baja, llevarse un dispensador que contiene una cantidad sustanciosa de dinero. Por ello, las Comisiones unidas acordaron por unanimidad, primero, tipificar el delito en el Código Penal mediante un nuevo artículo 443 bis, y segundo, precisar la obligación de los bancos de ejecutar todo tipo de acciones destinadas a dar mayor seguridad con relación a los lugares donde se instalan cajeros automáticos, para que estos sigan prestando servicio. Insisto: los cajeros automáticos brindan un importante servicio, sobre todo en los sectores populares donde no hay bancos, al permitir efectuar retiros de efectivo y, de esta forma, en muchos casos evitar que los trabajadores transiten por las calles con todo el dinero de su sueldo en los bolsillos. Por las razones expuestas, en las Comisiones unidas aprobé este proyecto. Y, por lo mismo, considero necesario acoger la modificación que se propone introducir al Código Penal. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que toda la ciudadanía está alarmada por la cantidad de robos de cajeros automáticos que se registra.


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Y lo paradójico es que, al mes de ser detenidos, los mismos delincuentes andan libres, perpetrando el mismo ilícito. El señor PROKURICA.- Así es. El señor SABAG.- Entonces, la ciudadanía reclama: “¡Dónde está la justicia! ¡Quién hace justicia en nuestro país! ¡Quién defiende los derechos de los ciudadanos!”. Aquí no se trata de que el cajero pertenece a un banco, sino de que presta un servicio. Esos ladrones también entran a las casas particulares, a los negocios, y se roban todo. Pero no miremos eso, sino el daño que se está causando. ¿Y por qué no había condenas? Porque nuestro Código Penal establece la tipificación de los delitos, y el ilícito en comento no se hallaba tipificado. ¿Cuándo salió el Código Penal? Hace muchos años. ¿Y cuándo salieron los cajeros automáticos? Hace pocos años. Entonces, este delito no estaba tipificado. Por eso, el proyecto en debate parte con el nuevo artículo 443 bis: “El robo con fuerza de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero, o del dinero y valores contenidos...”. Ahí se está tipificando claramente cuál es el delito que se sancionará. Y la pena va de 3 años y un día a 5 años. Actualmente les sale muy barato a las bandas -porque no es un solo ladrón: son cuatro o cinco, quienes utilizan camionetas, ganzúas, sopletes y todo lo necesario para conseguir su propósito- descerrajar un cajero automático y arrasar con todo el dinero contenido en él. Por eso proliferó tanto el delito en cuestión. Pero esperamos que ahora disminuya. Demoró mucho la ley en proyecto. La Comisión de Gobierno y la Sala la aprobaron en general hace varios meses. Pero aquí, en este Hemiciclo, se pidió -y, por supuesto, todos estuvimos de acuerdo- que, por tratarse de delitos penales, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia también tuviera parte en su análisis, razón por la cual se determinó la formación de Comisiones unidas. En definitiva, estas aprobaron por unanimidad el texto que nos ocupa esta tarde. Señor Presidente, se ha hecho presente que no porque el delito en cuestión esté penado drásticamente los responsables de los cajeros automáticos no tendrán la obligación de tomar todas las precauciones indispensables para procurar evitarlo. Sobre el particular, el proyecto obliga a las instituciones bancarias y financieras y a las empresas de apoyo al giro bancario a adoptar medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos, de acuerdo a las exigencias que les establezca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La normativa dictada al efecto “deberá, a lo menos, regular materias relativas a la ubicación y entorno de los dispensadores de dinero, al


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sistema de anclaje, al sistema de alarma, al sistema de grabación de imágenes, a la protección contra elementos cortantes o fundentes, al empotramiento y blindaje y al sistema disuasivo de seguridad de entintado de billetes.”. En consecuencia, la ley en proyecto es muy adecuada para enfrentar a los delincuentes modernos, quienes hoy día usan tecnologías sofisticadas para robar cajeros automáticos, los cuales prestan un servicio de gran utilidad para toda la ciudadanía. Por eso en las Comisiones unidas aprobamos unánimemente el texto que nos ocupa en este momento, que con mucho agrado voto a favor en la Sala, en la esperanza de que las normas propuestas contribuyan a poner término en parte a los desmesurados robos de cajeros automáticos que se están registrando. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Gobierno por el mensaje que envió al Parlamento en esta materia. Sin embargo, me parece lamentable que, habiéndose remitido hace un año, no hayamos aprobado todavía la ley en proyecto, lo que pudo ocurrir hace muchos meses. Por la señal que se habría dado con ella, los delincuentes -la mayoría de ellos, organizados- se encontrarían en otra situación. Ahora, no solo con esta iniciativa estamos preocupados de que exista tranquilidad, sobre todo en los lugares donde ha costado mucho instalar cajeros automáticos. Lo digo como representante de la Sexta Región, en la cual hay comunas que todavía carecen de ellos. Y las razones que dan los bancos para no instalarlos apuntan justamente a la falta de seguridad. Pero sucede que hay gente que no tiene la posibilidad de acceder a una institución bancaria y, por consiguiente, necesita un dispensador de tal índole. Los cajeros automáticos son parte de la vida normal de nuestra sociedad. De manera que hace mucho tiempo debiéramos haber despachado un cuerpo legal como este, por medio del cual se le imponen a la banca exigencias para que garantice que aquellos se van a instalar en lugares seguros, con mecanismos que hagan muy difícil el intento de robarlos. Desgraciadamente, se confundió la discusión cuando se votó la idea de legislar, pues se dijo que la cuestión era de responsabilidad de los bancos. Señor Presidente, los mayores afectados por los robos son precisamente los más pobres, las personas que necesitan cajeros automáticos. Para robar esos dispensadores de dinero se ha atacado a inocentes: trabajadores que cuidan un servicentro; mujeres que laboran en un Pronto, en estaciones de servicio de carreteras. ¿Qué ha ocurrido? Uno llega a algunos lugares, y ya no están los cajeros automáticos, tal como dijo el Senador Zaldívar. En las zonas agrícolas ellos son fundamentales, inclusive para el pago a los trabajadores, pues muchas veces resulta muy arriesgado portar


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elevadas sumas de dinero, ya que se registran asaltos en el camino o a la salida de los bancos. Por tanto, el cajero automático da más certeza y seguridad en cuanto a la recepción de los salarios. Por eso, estimo que este proyecto va en el camino absolutamente correcto. Necesitamos garantizarle a la gente que tendrá acceso a cajeros automáticos. Pero sin una ley eficaz ante el delito de robo de esos dispensadores de dinero generamos un incentivo para perpetrarlos, porque los delincuentes quedan libres al día siguiente de su detención y vuelven a caer presos al poco tiempo. Por lo tanto, señor Presidente, aprovechando la presencia del señor Subsecretario, quiero pedirle al Ejecutivo que le ponga urgencia a este proyecto, a fin de que, tras su paso por la Cámara de Diputados, pronto podamos tenerlo convertido en ley de la república. Si hay algo que el país está esperando es justamente este tipo de leyes, que van en abierto apoyo a la seguridad de las personas: de quienes trabajan en los centros comerciales y, fundamentalmente, de la gente que espera la instalación de cajeros automáticos en las tantas comunas rurales que hoy día no tienen banco y cuya única opción es disponer de aquellos. Señor Presidente, por su intermedio, le digo al Senador Navarro que en esta materia el Ejecutivo no está improvisando. El proyecto que nos ocupa lleva un año esperando su aprobación en el Parlamento. Y ojalá que ella tenga lugar por unanimidad en la sesión de hoy. Por lo tanto, felicito al Gobierno. Y espero que haga presente la “discusión inmediata”. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide. El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, voy a votar en contra de esta iniciativa. Y lo haré después de una discusión que tuve conmigo mismo. Porque es fácil mirar una parte del problema, cual es lo señalado aquí por la mayoría o por la unanimidad de quienes han valorado el contenido de la iniciativa, y no observar la otra parte, en la que parece extraño tener que establecer regulaciones para proteger un negocio que pertenece a los bancos. El sistema favorece a mucha gente de bajos ingresos. Bien. Pero cuando se le provocan ciertos agravios, los bancos -según han dicho los propios defensores del proyecto- retiran de ciertos lugares de Chile los cajeros automáticos. Entonces, ¡tienen que ser defendidos por Carabineros...! ¡O los cajeros automáticos son un negocio de los bancos y estos lo defienden, o son un servicio público y esas instituciones no reciben las utilidades que ellos generan! ¡Porque la ventaja no puede ser para los bancos en cualquiera de los dos casos! Eso es lo primero. Segundo: para cuando yo muera, voy a pedir que me defienda el Senador Espina. El señor LAGOS.- ¡Sobre todo si es culpable...! El señor COLOMA.- ¿Por qué? ¿De quién lo va a defender? El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Del diablo, que va a querer llevarme...!


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El señor ESPINA.- ¡Pensé que yo iba a hablar en su funeral...! El señor RUIZ-ESQUIDE.- Yo respeto a Su Señoría porque tiene una capacidad argumental exquisita. Y, dada la forma como ha presentado el asunto, no tendría más que apoyarlo. Pero el sistema no funciona así. En el caso que nos ocupa, debemos ver qué tiene que defender preferentemente el Estado desde la perspectiva de la justicia. Pero sucede que estamos preocupados de observar lo que sucede con los bancos y con los famosos cajeros automáticos, en circunstancias de que hay otros problemas, que no se tocan. Desde hace tiempo estamos procurando resolver la situación de las universidades, y el proyecto respectivo se halla atascado. Permanentemente estamos planteando soluciones para problemas vinculados con la libertad o con la justicia que debe aplicarse a los más jóvenes y a los más pobres. ¡Por favor! Si ustedes enfocan esta iniciativa con la visión global de una justicia humanitaria, de una justicia real, de una justicia que se aplique no solo en función de las normas de una ley sino también conforme a lo que es el sentido moral de la vida, verán que se trata de un texto que apoya al sistema bancario. Nadie -¡por Dios!- podría decir que los bancos están pasando por un mal momento, al punto de que habría que ponerles carabineros con costo para toda la ciudadanía, cuando en las poblaciones no hay dotaciones suficientes; o brindarles otro tipo de seguridades porque están viviendo una etapa trágica de su existencia, en circunstancias de que cobran 30, 40 por ciento de interés, intereses sobre intereses. Y esas medidas, a través de un proyecto despachado con urgencia, mientras otras iniciativas -por ejemplo, la concerniente al anatocismo, la relativa a la tasa máxima de interés- son retenidas en el Senado. El sistema de cajeros automáticos atañe a los bancos. Por consiguiente, ellos deben pagar el precio de su cuidado. Señor Presidente, terminaré diciendo -habría querido disponer de más tiempo- que, curiosamente, en esta oportunidad sí voy a coincidir con el Senador Navarro (será tal vez porque ambos nacimos y fuimos elegidos con los votos de la Concertación; pero ese es otro cuento). En definitiva, creo que este es un mal proyecto. Va a ser muy bien presentado; no me cabe ninguna duda. Pero de repente uno tiende a pensar en qué país y en qué sociedad estamos. Estamos en la vieja plutocracia. Esta es una sociedad plutocrática, donde lo que importa es el dinero; el trabajo corre después. Lo lamento. Me duele tener que vivir en las condiciones en que estamos cumpliendo nuestro deber. Pero así son las cosas. La democracia es esta. A pesar de eso, voto que no. El señor ESCALONA (Presidente).- Debo decirle a Su Señoría que no necesita más tiempo, porque su elocuencia es suficientemente poderosa.


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El señor COLOMA.- Más o menos nomás, señor Presidente. ¡Su Señoría no fue tan elocuente...! El señor LAGOS.- ¡Además, tiene mal criterio para elegir abogado...! El señor COLOMA.- ¡Eso sí...! El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, votaré a favor de esta iniciativa, básicamente por dos razones. Y quiero recoger algunos comentarios que escuchamos en el curso de este debate. Desde mi punto de vista, las legislaciones deben hacerse cargo de lo que ocurre en la sociedad en determinado momento. Y la legislación en proyecto lo hace. Tal como se ha señalado a lo largo de la discusión, los cajeros automáticos cumplen hoy una función social importante. Y, sin duda, todos los bancos están protegidos con seguros contra robo. De manera que la comisión de este ilícito no es lo más determinante para ellos. Por lo tanto, pienso que el énfasis debe colocarse precisamente en procurar que esos dispensadores de dinero le presten a la comunidad el servicio que corresponde en áreas rurales, en sectores populares. Ahora bien, como se ha manifestado, la muy antigua tipificación existente sobre la materia no da cuenta de lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad. Entonces, las normas legales que se dictan deben hacerse cargo de las nuevas realidades. Y esta es una nueva realidad. Dicho eso, señor Presidente, deseo recoger otro comentario que se formuló durante esta discusión. Efectivamente, esta normativa aumenta la penalidad del delito, en particular por las limitaciones que tiene el robo con fuerza en lugar no habitado. Bajo ese prisma, uno podría decir: “Seguimos incrementando las sanciones, las cárceles, y no se provoca un punto de inflexión en lo concerniente a la seguridad ciudadana”. Es un diagnóstico que he compartido no solo en este debate, sino también en muchos otros. Pero la buena noticia, creo yo, es que estamos cambiando el eje de la discusión. En semanas recientes el Senado aprobó dos importantes proyectos que apuntan en un sentido contrario al de aumentar las sanciones, endurecer la tipificación -es decir, cambian la mirada represiva en torno al delito-: el atinente a la libertad condicional y el que establece un sistema de penas alternativas a la reclusión. Eso, claramente, implica un cambio de eje en cuanto a la forma de abordar lo concerniente a la seguridad ciudadana, que apunta no solo a la criminalización, sino además a la rehabilitación, a la reinserción social. Así que me hago cargo de lo planteado por el Senador Navarro y otros parlamentarios y sostengo que, afortunadamente, estamos cambiando el eje en materia de seguridad ciudadana y yendo al origen del problema del delito.


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Ahora, el proyecto en análisis apunta a una situación muy particular: a un ilícito que está completamente desfasado en materia de tipificación. Porque los cajeros automáticos cumplen hoy una función social, pero la pena asignada al robo de ellos no provoca efecto disuasivo alguno entre quienes lo perpetran; y la situación es incluso peor cuando el delito es frustrado. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda, asistimos a una sesión memorable del Senado, pues algunos de los parlamentarios de enfrente pretenden convencernos de que ahora los bancos son un servicio público. No faltaba más para esta Derecha: ¡los bancos brindan un servicio público! ¡Los bancos son un gran negocio! ¡No son un servicio público! El Senador García-Huidobro dijo: “Los más afectados son los pobres. Los delincuentes están organizados y usan técnicas modernas”. O sea, se está haciendo referencia a la colusión de las farmacias, a La Polar, a los bancos que cobran intereses usurarios... Juegan Colo Colo y Universidad de Chile, en uno de los clásicos, ¡y se asignan mil 200 policías! Queda la destrucción más grande, y la verdad es que no hay una ley para poder sancionar a quienes atentan contra las casas cuando salen de los estadios. Pero sí la hay para cuando se rompen cajeros automáticos. La novedad de que los bancos cumplen una función de servicio público va a quedar en la antología de esta Corporación. Porque es lo que se ha pretendido sostener. Por cierto, hay Senadores que recurren al sofisma de que cabe entender que con la retórica es posible presentar la realidad de manera diferente. “El funcionamiento pacífico y ajeno” -dice el mensaje- “de externalidades que puedan incidir en la distribución de dinero a través de los cajeros automáticos instalados en todo el país, implica un beneficio social que asegura a los usuarios la satisfacción de sus necesidades mediante un sistema de pago aceptado por todo el comercio como lo es el dinero.”. ¿Pero sabe qué es lo grave, señor Presidente? Este delito va a quedar con la pena mayor establecida para “la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía,” en los términos del artículo 443, inciso segundo, del Código Penal. En concreto, el robo de un cajero automático no recibiría la sanción que de ordinario le corresponde al robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado: 541 días a 5 años de privación de libertad, sino la asignada a la interrupción o interferencia de servicios públicos o domiciliarios: 3 años y un día a 5 años de privación de libertad. Aquí se argumenta que ello va a disminuir los delitos. Esa es una tesis. No es ninguna demostración. Y el sofisma es absoluto. Los que afirman que se trata de un servicio público nos expresaron que la pena de muerte iba a


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lograr el descenso en el número de ilícitos. Ello no ocurrió. ¡Ni siquiera la privación de la vida disuadió a los delincuentes! El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡La pena capital no existe! El señor NAVARRO.- Los que la respaldaban utilizaron ese argumento cuando estuvo vigente. Señor Presidente, se podría afirmar que comete un delito grave “el que impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.”. En tal caso, el castigo es el presidio menor, en su grado mínimo a medio: de 61 días a 3 años de privación de libertad, conforme lo dispone el artículo 269, inciso segundo, del Código. Lo que estamos haciendo aquí es proteger la propiedad privada, no valores. Y hay quienes corren para resguardarla. Por mi parte, quiero proteger valores. Me interesaría que los delitos, cuando interrumpieran servicios básicos, fuesen objeto de la misma preocupación. Voy a votar en contra del proyecto de ley, señor Presidente, porque estimo que se abusa de la función de salvaguardar bienes privados de los bancos. Creo que los cajeros automáticos son necesarios, pero en los lugares apartados no los hay. Fui a Recoleta hace pocos días y tuve que caminar muchas cuadras para encontrar esos aparatos al interior de un supermercado. ¡Y no tenían dinero! ¡Estaban abandonados! Uno va a los sectores pudientes y ahí se hallan en cada esquina y llenos. Los bancos no prestan atención a los sectores populares por el elemento del riesgo. Pero que inviertan más dinero. Es preciso sancionar duramente a los que roban cajeros automáticos; pero hacernos creer que esos aparatos brindan un servicio público ya es un poquito el colmo del sistema neoliberal y, por cierto, del sistema bancario. Creo que enfrentamos un grave problema conceptual si logran permearnos con tal idea. El Senador que habla no está disponible para los efectos de esa figura. Los aparatos son necesarios y es preciso encarcelar a los delincuentes, pero ello se logra con mayor seguridad y con inversión de los bancos en seguridad de carácter privado, no pública. Porque los carabineros no pueden estar al servicio de la protección de bienes de los que obtienen mayores ingresos, como son la banca y el sector financiero. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. El señor LAGOS.- Señor Presidente, lo primero que voy a manifestar es que este debate ya lo sostuvimos el año pasado y que me pronuncié en contra. Y no he escuchado ningún argumento que me haga cambiar de parecer. Partamos desde el principio.


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Lo segundo es que está en juego, en el fondo, una vieja discusión jurídica -en la teoría, la doctrina y la práctica- respecto de si las penas son o no disuasivas, al final del día, de la comisión de determinados tipos de delito. Como eso no vamos a resolverlo hoy -no lo hicimos antes y no lo haremos nunca-, doy por descontado que es así. Me parece que el Senador señor Espina fue muy claro al expresar: “Aquí no hay nada nuevo para el que roba con éxito un cajero automático”. El que lo hace recibe las mismas penas que hace 70 años. Claro que en esa época no los había. Pero es la figura jurídica. Lo que se hace acá, en el fondo, es penar, además, el robo frustrado de aquel que se lleva el aparato, genera el daño y no extrae los billetes, quien va a recibir una sanción mayor. En consecuencia, se genera un costo para el que quiere incurrir en ese robo con fuerza. Mutatis mutandis, no observo hoy día cuál es el desincentivo. Porque la pena de ese delito, se logre o no éxito, resulta no ser mucho mayor -mis Honorables colegas pueden corregirme- con relación al robo con fuerza de un celular o de una chaqueta de 20 mil pesos, como argumentamos la última vez. Por lo tanto, lo que se está generando no es ningún disuasivo, porque si alguien tuviera que robar, pensaría en un cajero automático, ya que ahí están los billetes, y no en un celular o una chaqueta. Pero, como es necesario resolver el punto, lo que sí me preocupa es el criterio aplicable; es la prioridad; es lo que se quiere proteger con la preocupación del Gobierno. ¿Qué busca este con anunciar: “Voy a sancionar especialmente el robo del cajero automático”? ¿Qué es lo que persigue resguardar y qué deja de hacer por pedir la legislación en proyecto? Entonces, me pregunto cuál sería la razón para sostener que el delito que nos ocupa debiera ser objeto de más pena que el robo a un almacén cerrado y sin ocupantes. Y no me digan: “¡Ah, pero es un almacén!”. ¿Por qué tiene que recibir una sanción mayor que robar en un jardín infantil todos los implementos de JUNJI e Integra, incluidos juguetes nuevos Fisher Price? ¿Y por qué va a merecer más preocupación del Ejecutivo, cuyo interés se centra en la familia Landeros González, que un robo en un consultorio en Playa Ancha o en una escuela pública a la que privan de los computadores? Si creemos que el aumento de la sanción va a disuadir a alguien, prefiero mandar una señal positiva. ¿A quién quiero proteger más: a un cajero automático -que se resguarda solo, por lo demás, con las tasas de interés del banco y los seguros- o a las escuelas públicas en el sector cuatro de Playa Ancha o en Curauma? Entre paréntesis: en cada uno de esos lugares hay un solo cajero automático. O sea, son dos para 200 mil personas. ¿Y cuántas escuelas existen? ¿Y los robos, en juntas de vecinos, de los hornos en los cuales señoras hacen el pan que venden? Por lo tanto, ¿cuál es el criterio que quiero proteger? No afirmo que haya que robar los cajeros automáticos, ¿pero por qué el énfasis del Gobierno en ello? ¿Y por qué no agravamos las penas de los


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cabros drogados que roban computadores en las escuelas o juguetes en las salas cuna? ¿Saben por qué, Honorables colegas? Porque las prioridades, al final del día, se encuentran mal puestas. Y lo expreso con todo cariño. Pensé que después de la discusión del año pasado alguien iba a plantear que, por último, les aumentáramos la sanción también a los que roban en los sitios que he señalado, no habitados, cerrados. La pena hoy día es inferior. ¿Cuál es la señal que se está enviando? Cuando se sostiene que este es el Gobierno de los empresarios, el que protege a los bancos -lo que puede parecer un cliché-, es porque cabe ampararse en este tipo de elementos. No he escuchado a ningún Ministro defender lo contrario. ¿No les parece más razonable a Sus Señorías defender una escuela pública, con lo que cuestan el acceso a Internet y los computadores? En ese caso, la pena es menor. Insisto en que las prioridades, a mi juicio, se hallan mal puestas. Y reitero que los cajeros automáticos se protegen solos. La escuela a la que le roban el computador, el consultorio al que le roban todos los remedios y aparatos médicos, no lo hacen. Y creo que ahí debería estar la pena, porque, proporcionalmente, es donde se registra la mayor cantidad de delitos. En definitiva, la cantidad de robos a cajeros automáticos se halla acotada, porque no deben ser más de 800 en el país. He dicho. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela. El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, intervengo solo para consignar por qué voto a favor y en defensa de quién lo hago. Lo dijo el Honorable señor Lagos: los cajeros automáticos se protegen solos, porque median seguros y toda una estructura bancaria. Por lo tanto, no se daña a la institución. Se perjudica al pequeño empresario que administra una estación de bencina, al que administra una farmacia, al que administra un pequeño mercado, los que quieren entregar un servicio a sus clientes mediante la instalación de un cajero automático, esto es, a través del acercamiento de un servicio a la gente. A ellos los estamos defendiendo. A ellos les damos una señal. Les expresamos: “A las bandas que se han organizado para cometer, con muchos recursos, asaltos de esa naturaleza, con el daño descrito, vamos a sancionarlas con drasticidad”. No cabe duda de que los bancos tienen asegurados sus dineros. Por tanto, no sufren pérdida alguna. Es a la gente que necesita tener cerca un cajero automático a la que debemos proteger. Los habitantes de pueblos pequeños en las Regiones que representamos tienen que trasladarse a localidades más grandes para encontrar una oficina del BancoEstado. ¿Qué le pide a esta institución la gente de Contulmo o de Antuco? Que instale un cajero automático.


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El señor NAVARRO.- ¡Allá no los roban...! El señor PÉREZ VARELA.- Le aclaro a Su Señoría que en sectores alejados de Los Ángeles sí lo han hecho. Las bandas perciben que se trata de lugares más despoblados y desprotegidos, y atacan. Nuestro propósito es muy claro: deseamos que el servicio se expanda, que el conjunto de la ciudadanía pueda acceder a utilizarlo. Esta es la señal que se quiere dar. Tratándose de la oficina central, los bancos saben que la gente se halla obligada a ir a la capital provincial o regional. La idea es acercar -repito- el servicio a la población. No estamos defendiendo a esas entidades. Es más, si se hubiera leído con atención el proyecto, se habría advertido que se contempla una serie de obligaciones nuevas para los bancos. En efecto, a partir del artículo 2º se señalan las que les serán asignadas. Su inciso segundo dispone que “Estarán obligadas al cumplimiento de las normas que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública las entidades bancarias y financieras de cualquier naturaleza y las empresas de apoyo al giro bancario”. Son normas completamente claras y que se incluyen para obligar a la colaboración con la seguridad. Expongamos la cuestión claramente: el país se ha dado cuenta de que es preciso enfrentar a bandas organizadas, con recursos, que roban vehículos, que cuentan con una preparación especial para enfrentar a las policías. Cuando roban cajeros automáticos en sitios apartados, como ha sucedido en la comuna de Los Ángeles, plagan la carretera de “miguelitos” para impedir que las sigan. O sea, no estamos haciendo referencia a delincuentes ocasionales, sino a una asociación ilícita estructurada para cometer un delito que le reporta grandes ganancias. ¿Quién es el afectado? ¿El banco? ¡Si este tiene asegurado su dinero! Lo es el concesionario de la estación de bencina, el administrador de la farmacia, el propietario de un pequeño mercado, porque quieren entregar un servicio. ¿Quién es el perjudicado? El usuario, el mismo que a lo mejor retira su sueldo a través de una tarjeta bancaria o el que necesita recursos y, sin tener que ir en horario de oficina a una capital de provincia o de Región, puede girar de lunes a domingo, Por lo tanto, aquí no se está defendiendo, en verdad, a los bancos, sino que se está dando una señal para enfrentar a bandas organizadas que generan dificultades al ciudadano en el acceso a un servicio extraordinariamente necesario y pedido en distintos lugares del país, por corresponder al anhelo de facilitar la vida de las personas, que es, en definitiva, aquello por lo cual tenemos que trabajar y esforzarnos. Gracias. El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Gómez. El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, quiero abordar el asunto desde una perspectiva de política pública de persecución criminal, porque aquí se ha expuesto que las cárceles están llenas, que no se cuenta con recursos para


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rehabilitación, y, cuando se plantea solo que la solución de las dificultades en seguridad es el aumento de penas, el correlato es que habrá más gente presa. No se trata, entonces, de si los cajeros automáticos son o no parte importante en la vida cotidiana o de si se logrará una mayor o menor seguridad. A mi juicio, estamos cometiendo un error, desde el punto de vista conceptual, porque lo que se debe hacer es prevenir y que no se registren los hechos graves que estamos conociendo. Me habría gustado que el proyecto también hubiera dispuesto que, cuando una persona sea objeto de robo en el recinto de un cajero automático, sitio que es de responsabilidad del banco, este tenga que asumir la pérdida y efectuar la restitución. Debería existir una obligación en tal sentido. Ya que estamos dando todas las facilidades del mundo para sancionar con rigor al delincuente y contemplando ciertas obligaciones para la entidad, deberían plantearse criterios conforme a los cuales el usuario sea favorecido. Sin embargo, nada se dice. En seguida, me parece que se incurre en otro error al entregarse a Carabineros la obligación de fiscalizar. O sea, le asignamos una nueva función: vigilar las medidas de seguridad de los cajeros automáticos. ¡Ello resulta absurdo, porque la Institución está colapsada con sus tareas y ahora le decimos: “Preocúpese de los aparatos para que los bancos cumplan con su obligación en ese ámbito”! Luego, se establece una multa ridícula, de 5 a 100 ingresos mínimos, para el caso de incumplimiento. A la entidad le será más barato pagarla que implementar lo necesario para evitar la comisión del delito. Por eso, señor Presidente, más allá de si se favorece o no a los ricos, a los pobres, etcétera, nos encontramos ante una pésima forma de hacer política pública en materia de seguridad, ya que se le carga responsabilidad a Carabineros, los bancos no asumen ninguna y, finalmente, los que enfrentan el problema son los usuarios. Y lo que estimo más sorprendente, como lo dije la vez anterior y lo repito, es que estemos discutiendo un aumento de penas por el robo de cajeros automáticos -la razón por la que lo hacemos, en definitiva, es porque ello apareció en la prensa- en lugar de estar pensando en otros aspectos que sí importan a la ciudadanía y sí afectan a los bancos. En efecto, la tasa de interés máximo convencional que estos aplican es usuraria, superior al 50 por ciento. El proyecto respectivo está guardado en la Comisión de Economía. ¡Esa cuestión sí es relevante para la gente! ¡Debiéramos estar discutiendo la baja de la tasa, porque eso sí favorecería a muchos chilenos! Repito una vez más, entonces, que nos hallamos ante una pésima forma de hacer política pública en estas materias. Y lo expreso con claridad. No se trata de si la iniciativa apunta a los ricos o a los pobres, sino de cómo resolvemos los problemas. Estoy seguro de que la solución no pasa por el aumento de penas: continuará el robo de cajeros automáticos y seguirán existiendo las bandas. Y, al final, el que tendrá


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más pega será Carabineros, y el que deberá enfrentar el robo en el interior del banco es el ciudadano, porque la entidad no asume obligación alguna. El Senador que habla habría incorporado algunos elementos que compensaran el hecho de preocuparse por el robo de cajeros automáticos. Para abocarnos a cosas más de fondo, aprovecho la presencia del Subsecretario de Hacienda para pedir que se ponga urgencia al proyecto sobre la tasa de interés máximo convencional. ¡Ese mecanismo es un robo a todos los chilenos! Se les aplica cincuenta y tantos por ciento de interés a los más pobres, a los que piden los créditos. Pero ese proyecto se halla guardado. ¡Y estamos preocupados de proteger los cajeros automáticos de los bancos! ¡Me parece ridículo, absurdo, que el Senado se encuentre discutiendo y dando prioridad a este tipo de iniciativas, en circunstancias de que existen otras mucho más importantes! Gracias, señor Presidente. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, la verdad es que estamos concluyendo un debate que resulta sorprendente. Yo pensaba que un proyecto de esta naturaleza concitaría un acuerdo unánime. Porque, si hay algo que une a los parlamentarios -estoy convencido de que a todos nos sucede- es que cuando recorremos distintas zonas, particularmente las rurales, nos encontramos con varias personas que, entre sus aspiraciones sociales, consideran prioritario el acercamiento al mundo de disponer de recursos en un momento determinado. No me cabe duda de que el Senador Navarro, quien me antecedió en el uso de la palabra, es un parlamentario que trabaja y que realiza visitas en terreno. Pero no sé si oye o no. Porque me sorprendería que mucha gente no le hubiera planteado la necesidad social de tener seguridad en el acceso a bienes que históricamente no han podido obtener por falta de cajeros automáticos. Represento a una Región que en un 36 por ciento pertenece al mundo rural -dicho sea de paso, es la más rural de Chile-, y, obviamente, ello dificulta y afecta el acceso a muchos bienes. Existen antiguos relatos de baqueanos que dan cuenta de las horas que debían gastar para irse a pagar una pensión, debido a las numerosas leguas -así se decía en ese entonces- que tenían que recorrer, lo cual contrasta con la cercanía que hoy tiene, como servicio, un cajero automático. Esto forma parte de la modernidad. Es indudable que los bancos tienen por finalidad la ganancia. Pero también estoy convencido de que representan y desarrollan actividades con fines sociales. ¡No pretendamos aquí que carece de un fin social una entidad que entrega el acceso o al crédito o a cobrar una pensión en lugares diferentes! Lo mismo ocurre con otras empresas, que en bastantes ocasiones requieren una legislación especial para permitir la continuidad de su servicio. ¡Cuántas veces, en momentos de dificultad, hemos visto carabineros arriba de los puentes! En ese caso, no se puede decir: “Es un


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problema de la concesionaria; no debe haber policías allí bajo ninguna circunstancia”. ¡Cuántas veces hemos observado lo mismo en las torres de alta tensión! Y tampoco es posible afirmar que es asunto de las eléctricas o de las transmisoras. O sea, la lógica de que cada uno responde por sí mismo es la del Far West. A mí me gusta la lógica de la modernidad, con instituciones. Y sobre todo la de recurrir a instancias jurídicas penales para dificultar la acción de quien violenta la prestación de servicios, o sancionarla en forma enérgica, particularmente cuando existe muy poca capacidad de defensa. Es lo que se busca cuando se faculta a Carabineros para estar cerca de las centrales eléctricas o de las carreteras o para asumir responsabilidades especiales respecto a los cajeros automáticos, especialmente en las zonas más lejanas. Desde mi perspectiva, este proyecto constituye un gran avance hacia la modernidad. Significa asumir las dificultades del Chile de hoy, no en el ámbito teórico, sino en el práctico, que es lo que realmente le importa a la gente. Nunca he pretendido creer que una ley le vaya a cambiar la vida a las personas. Por eso algunas veces critico a autoridades públicas de distintos Gobiernos cuando valoran el éxito o el fracaso de su Administración por el número de leyes dictadas. Lo he dicho en todos los tonos: para mí, ese nunca va a ser un argumento válido; para mí, lo importante son las normativas buenas o aquellas que tienden a resolver un problema social existente. Y, a mi juicio, esta va al corazón de algo simple en cuanto da una señal potente: queremos un Chile más cercano; donde sea más fácil ejercer los derechos; donde los bienes estén más próximos al ciudadano, y no alejarlos o instalarlos solo en las grandes ciudades o en lugares con gran éxito económico. Por consiguiente, considero que este proyecto es social. Y no tengo ningún complejo en señalarlo: ¡es un proyecto social! No creo que vaya a maximizarse o a minimizarse la utilidad de un banco por instalar en Licantén un cajero automático -así ocurrió, pero se lo robaron- para entregar recursos. Lo que sí va a ocurrir es que la gente de esa localidad, o de Curepto, o de todos los lugares rurales, podrá contar con un acceso distinto al dinero. Por eso, señor Presidente, “socialmente”, voto que sí. El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi, para fundamentar su voto. El señor ROSSI.- Señor Presidente, no pensaba intervenir de nuevo, pero no deja de llamarme la atención que quien esté viendo esta sesión, el presente debate, puede llevarse la impresión de que ciertos Senadores prácticamente están levantándoles un monumento a las bandas de narcotraficantes que roban cajeros automáticos. No sé si se trata de un complejo ideológico de algunos sectores. Yo no me siento acomplejado desde ese punto de vista. A mi parecer, lo que corresponde hoy día es dar señales muy concretas de persecución al delito.


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Me sorprende que se mezcle con otros asuntos el proyecto de ley en discusión. Obviamente, no constituye una panacea: no va a resolver todos los problemas de delincuencia, ni pretende -como decía el Senador Coloma- conseguirlo. Como es natural, ello tiene que ir de la mano de otras cosas. Pero lo que corresponde es homologar la actual legislación. Por otro lado, en la presente sesión se han planteado argumentos que no tienen directa vinculación con esta iniciativa, aunque podemos compartirlos. ¡No hay dudas de que resulta fundamental prevenir la comisión de un delito! Podríamos hablar también de la educación parvularia. De hacerlo así, lo más importante, a mi juicio, sería aumentar la cobertura en ese nivel educativo y trabajar con los niños desde muy temprana edad. Lo mismo ocurre con la intervención sociolaboral, y entonces, deberíamos hablar del ingreso ético familiar, porque ahí radica el punto. Sería posible referirse a muchas materias más, como el rol de la televisión pública en el combate a la delincuencia o en la construcción de una sociedad más segura. Alguien habló de la oportunidad. ¡Qué duda cabe de que también hay que despachar otras iniciativas tremendamente relevantes! No obstante, ¿por qué no analizamos el mérito de este proyecto? Decir que este va a significar ganancia para los bancos me parece inentendible. Aquí se ha hablado bastante de las comunas rurales. En Pozo Almonte, durante mucho tiempo, la gente más humilde me pedía: “Por favor, Senador, vaya al BancoEstado y pida que tengamos una sucursal acá, y ojalá un cajero automático”. Porque son las personas más humildes las que utilizan este servicio. ¿Cuál es la diferencia con otros servicios públicos, como la luz, el agua, la telefonía? Un trabajador que no puede ir al banco a sacar lucas durante el día para solventar sus gastos, porque está trabajando, tiene la oportunidad de hacerlo en el cajero automático. En consecuencia, considero que de alguna manera aquí existe una sobreideologización, que resulta perjudicial. Qué duda cabe de que se debe modificar la tasa máxima convencional -hay un proyecto de ley al respecto, con el cual concuerdo-, de que los bancos son usureros. Y varias veces hemos conversado sobre el tema de Transbank. Pero -repito- ¿por qué no nos dedicamos a analizar esta iniciativa en su mérito? Sinceramente, y esa es mi preocupación, estamos dando una señal muy mala: no es grave robar un cajero automático, ni robar una 4x4, ni poner una cadena y romper una farmacia completa, incluso cometiendo un delito conexo. ¿De qué se trata, entonces? Además, donde más cajeros automáticos se roban en la Región Metropolitana es en las comunas humildes.


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En consecuencia, pensar que esta normativa beneficia a los ricos, a los bancos, en verdad no me parece adecuado. Creo que se trata de una muy mala señal y que corresponde aprobar el proyecto. En las Comisiones unidas de Gobierno y de Constitución se hizo un trabajo serio: la iniciativa se discutió durante un año completo; se escucharon argumentos de abogados constitucionalistas, académicos de universidades; se intercambiaron opiniones; se formularon propuestas y contrapropuestas, y finalmente se aprobó su informe por unanimidad. Por lo tanto, estimo que existe bastante demagogia y populismo en aquel discurso. Y le hace muy mal a la democracia que empecemos a hablarles a las tribunas. Porque el populismo implica decir cosas que pueden parecer muy populares y ganarse el aplauso fácil, pero que al final del día no benefician a los más pobres. ¡Eso es populismo! ¡Eso es demagogia! ¡Y le hace mal a la democracia! Los invito a votar a favor del proyecto, porque es bueno y constituye una señal positiva. No creo que vaya a solucionar los problemas de inseguridad en nuestro país, pero esa tampoco era la pretensión del Ejecutivo ni de los parlamentarios que lo aprobamos hace poco en las Comisiones unidas. He dicho. El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Quintana, para fundamentar el voto. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo sería cuidadoso de no confundir este debate. No es que quienes queremos votar en contra de este proyecto no valoremos lo obrado por las Comisiones unidas. Desde luego que lo hacemos. Estas realizaron un trabajo serio, y aquí todas las posiciones han dado cuenta de eso. Pero acá se plantea que algunos pueden pensar que los que votamos en contra de esta iniciativa estamos por erigirles un monumento a los delincuentes. Y yo podría decir, entonces, que quienes van a votarla a favor están por levantarles un monumento a los bancos. No quisiera entrar en ese lenguaje. Que esas instituciones hagan su pega, señor Presidente. Y entre ello se encuentra no solo la cobranza, sino también el dedicarse a materias que les son propias y no a campañas políticas, como vi que lo hizo una de aquellas frente al Congreso, que el día del Mensaje del Presidente se prestó para una campaña en contra de Michelle Bachelet, al colgar un lienzo que aludía claramente a ese fin. Yo creo que eso no les corresponde a los bancos. Estos, entre otras cuestiones, deben invertir en seguridad. Por lo tanto, más allá de lo que se pueda decir, aquí no se trata de hablar para la galería, sino de mirar el proyecto en su mérito. Y lo que este propone es aumentar las penas al delito de robo de cajeros automáticos. Llamo, pues, a ser consecuentes también con lo que hemos aprobado en otras iniciativas del Gobierno.


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Hace muy poco tiempo despachamos un proyecto sobre indulto carcelario, que va a significar que 6 mil internos salgan a la calle. Y por tratarse de personas que no han incurrido en delitos de sangre ni de abusos sexuales, se les va a rebajar su condena y quedarán libres. Les aseguro que muchos de los que han sido acusados por el tipo de ilícitos que ahora nos ocupa están saliendo libres ahora. Entonces, seamos claros, señor Presidente. Diversos juristas han señalado que hay que dejar las cárceles no solo para los delitos de propiedad, sino fundamentalmente para los de sangre, para los más peligrosos. Hay literatura, jurisprudencia, opiniones en todos los sentidos. El Senador Navarro se refirió a una parte de lo que expresó el académico de Derecho Penal de la UNAP, Roberto Dufraix. Y yo quiero citar otra parte: “Uno de los efectos que trae consigo perder de vista la función del Derecho Penal en cuanto protector de bienes jurídicos se vincula estrechamente con la falta de coherencia (valorativa) que debe existir en todo sistema de imputación, aumentando los costos que deben soportar los ciudadanos, tanto aquellos que delinquen, tanto aquellos que no. En efecto, situar el robo de cajeros automáticos como una figura especial (agravada) del delito de robo con fuerza”, por un lado; o del robo en lugar no habitado, por el otro... Y aquí deseo detenerme un momento: quien crea que no hay figuras para combatir ese delito se equivoca profundamente. Porque existen al menos dos tipos penales concretos. Lo que pasa es que ahora les estamos construyendo un tipo penal a la medida a los dueños de los bancos, quienes no van a invertir en seguridad porque no les resulta atractivo. Al delincuente que se lleva el cajero no le importa la caja, sino su contenido. Hoy día es mucho más fácil invertir en tinta, en dispositivos. Algunos bancos efectivamente lo están haciendo, y con eso impiden el robo de cajeros automáticos. Entonces -retomando la cita de este académico-, “situar el robo de cajeros automáticos como una figura especial (agravada) del delito de robo con fuerza, implica estimar esa conducta más grave que la desplegada por quien comete un delito de amenazas condicionales consiguiendo su propósito (artículo 296, número 1° del actual Código Penal). Es decir, si, por ejemplo, una persona amenaza a otra con darle muerte si dentro del plazo de 48 horas no le entrega $1.000.000 y logra su propósito, por aplicación del delito antes mencionado, el sujeto activo podría hacerse merecedor de una pena que se extiende desde el presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo (541 días a 5 años de privación de libertad)”. Y agrega: “los bienes jurídicos que se encuentran en juego son la libertad, la vida y la propiedad, mientras que en la figura propuesta por el gobierno el único bien jurídico en juego” -para los bancos- “es la propiedad”. Creo que eso es completamente incoherente con lo que estamos realizando en numerosas otras disposiciones.


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Cuidado con las señales que damos en materia de seguridad pública. Aquí se nos habló mucho del “caso bombas”. ¿En qué está hoy día? Con acusaciones muy serias de falsificación de firmas; al menos nueve peritos así lo han ratificado en el tribunal. Yo creo, señor Presidente, que en materia de seguridad ciudadana todos sabemos lo que ocurre en Chile. No hay buenos resultados; no avanzamos, y estamos entregando mensajes confusos -como lo hicimos con la ley antiterrorista-, al crear figuras penales ya contempladas en nuestro ordenamiento penal actual. Y puedo entregar otras citas, señor Presidente. La Asociación de Defensores Penales Públicos formuló una reflexión acerca de “reservar la cárcel para delitos que pongan en riesgo la vida o integridad física de las personas y no sólo los bienes de propiedad de los bancos”. Yo les he escuchado frases similares al Presidente; al Ministro de Justicia en esta Sala, a propósito del proyecto sobre indulto carcelario; y al Ministro del Interior. Comparto lo señalado por el Senador Pérez Varela: es dudoso saber quién es la víctima. Uno podría decir que la víctima aquí es el banco; pero tiene seguro. Yo creo que de verdad la víctima sí puede ser la estación de servicio. Pero no vengamos con que lo es la gente modesta del sur. ¡No! En muchos casos el banco se demora tres días en reemplazar los cajeros robados. Por cada transacción de una tarjeta cobra 300 pesos; y si se saca plata, un poquito más, hasta un dólar. Entonces, no disfracemos las cosas diciendo que aquí avanzamos en seguridad. Esta iniciativa no lo hace. Simplemente se trata de una legislación a la medida de los bancos. Voto en contra. El señor ESPINA.- ¡Buen lobby de los narcos...! El señor NAVARRO (Vicepresidente).- ¡Llamo al orden al Senador señor Espina! Tiene la palabra el Senador señor Uriarte. El señor URIARTE.- Señor Presidente, en primer lugar, voté que sí cuando se dio inicio a esta discusión en la Cámara de Diputados. En esta se presentaron varios proyectos sobre el particular, y a mí me tocó ser coautor de uno de ellos. Y esta materia llega ahora felizmente al Senado. Voto que sí a la presente iniciativa, porque me parece que lo que ocurre con los cajeros automáticos no es justo para la sociedad, que hasta ahora ha perdido todas las batallas contra la delincuencia; una sociedad que retrocede, que pierde espacios, que se siente cada vez más desprotegida y que tiene una sensación de impunidad que nos golpea a todos. Pero también voto que sí, porque pienso que no modificar la legislación vigente significa un claro retroceso en la protección que hay que brindar a la comunidad y en el resuelto combate que la sociedad debe dar a la delincuencia.


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Además, no avanzar en esta materia implica mantener un statu quo que solo beneficia a los delincuentes profesionales, quienes -como bien dijo el Senador Espina- tienen que estar dispuestos a movilizar una verdadera empresa. Desde luego, a transportar un aparato que pesa más de mil kilos (una tonelada); a robar una camioneta, un vehículo; a romper o descerrajar una cápsula, el lugar donde está instalado el cajero automático; y, finalmente, también a matar. Ese es el crimen organizado. No cambiar esta legislación, entonces, es retroceder en la decidida lucha que debemos dar contra la delincuencia. Mantener lo que tenemos hoy día es permitir, por ejemplo, que estos delincuentes profesionales gocen de impunidad. Porque, en la práctica, la ley vigente posibilita que se les aplique la pena mínima, o sea, 61 días. Eso en castellano significa “irse para la casa”. Me parece que ello no es justo para la sociedad, la cual -como se señaló- desde que se deroga la detención por sospecha hasta que se dictan una serie de decálogos, que, en cierta forma, benefician exclusivamente a los detenidos y no a las víctimas, ha ido perdiendo cada una de las batallas que ha librado. Ahora, más allá de si estamos o no en presencia de un delito nuevo; de si hay que modificar la Ley de Bancos o el Código Penal; de si se trata o no de un robo en lugar no habitado, de verdad estamos ante un hecho que altera la paz social. Y solo por eso hay razones suficientes para legislar a fin de establecer una pena única, mucho más alta que la actual. Están en juego la vida, la libertad, la seguridad física y psíquica de las personas, lo cual supera con creces lo que se pueda decir del giro bancario o el derecho de propiedad de los bancos sobre las máquinas que expenden dinero. Se halla en verdad en juego un valor superior, que a nosotros nos corresponde cautelar, defender y salvaguardar. Por todo lo dicho, voto que sí a esta iniciativa, sin dejar de resaltar las valientes palabras del Senador Fulvio Rossi. El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García, por cinco minutos. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a quienes sostienen que nosotros tenemos que contribuir a la lucha contra la delincuencia en todos los frentes y ante cualquier delito. Y si hoy nos convoca el robo de cajeros automáticos, mañana será otro ilícito, con distintas penas. Lo importante es que debemos agotar los esfuerzos para que los delincuentes y sobre todo el crimen organizado, no tengan éxito en nuestro país. Como integrante de la Comisión de Economía, quiero decir que el proyecto de ley que busca disminuir la tasa máxima convencional no está durmiendo. Trabajamos en él no solo los Senadores que conformamos tal órgano especializado, sino también los equipos técnicos. Y muy pronto la Sala conocerá el resultado de dicha labor y podrá resolver acerca de lo que la Comisión le proponga.


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¿Por qué es necesario que se legisle para aumentar las penas al delito de robo de cajeros automáticos? Porque cada vez que se sustrae un dispensador se considera que se trata de un robo en lugar no habitado. Y por esa circunstancia, las condenas son mucho menores. Pero, si a eso se agrega que, cuando los delincuentes son sorprendidos y las cajas quedan intactas sin haber logrado hacerse del dinero, el delito se considera frustrado. Y en algunos casos es peor aún, pues se lo califica como intento de delito. Por lo tanto, los rangos van desde los 61 hasta los 540 días, los cuales, obviamente, son irrisorios frente a un delito para el cual hay que estar organizado. No perdamos de vista que la mayoría de los robos de cajeros automáticos son precedidos por la sustracción de camionetas u otros vehículos con tracción suficiente para arrancarlos de cuajo. Nadie puede sostener responsablemente en la Sala que dicho ilícito no produce temor en la sociedad, porque claramente lo provoca. Y cuanto más modesto el barrio, más miedo infunde. Por eso, en mi concepto, hay que aumentar las penas. Pero no es lo único que hace la iniciativa. En efecto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante decreto supremo, va a regular las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos. Dentro de ellas se incluyen las relativas a la ubicación y entorno de los dispensadores de dinero; a los sistemas de anclaje, alarma, y grabación de imágenes; a la protección contra elementos cortantes o fundentes; al empotramiento y blindaje, y al método disuasivo de seguridad de entintado de billetes. Por lo tanto, también se está exigiendo a la industria bancaria que adopte más medidas, de manera que los cajeros automáticos sean mucho más seguros y difíciles de robar. Por un lado, aumentamos las penas; por otro, elevamos las obligaciones a los bancos. Entonces, considero que la que nos ocupa es una legislación que cumple con un propósito central: aumentar los instrumentos y las herramientas para combatir con eficacia la delincuencia y, sobre todo, el crimen organizado. El señor NAVARRO (Vicepresidente).- No hay más inscritos, pero el Honorable señor Ruiz-Esquide ha solicitado dos minutos, en el entendido de que una intervención en la Sala, particularmente la del Senador señor Rossi, motiva una réplica de su parte. Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado. --Así se acuerda. El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, solo quiero señalar lo siguiente: durante la votación recién efectuada, fuimos 3 o 4 los que nos pronunciamos en contra. El señor Senador a quien nos estamos refiriendo hizo una observación categórica acerca de que quienes se habían pronunciado así -he revisado exactamente lo que dijo- éramos populistas y, además, demagogos.


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Con todo respeto, lo único que quiero pedir al señor Senador es que aproveche la oportunidad de manifestar que no quiso, a lo menos, ofendernos. Con eso sería suficiente. Ahora, si no toma esa opción, no me quedaría sino, como católico, rezar y decir: “Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que dijo”. El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación. --Se aprueban las enmiendas acordadas por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas (26 votos a favor, 5 en contra y una abstención), y queda despachado en particular el proyecto. Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). Votaron por la negativa los señores Lagos, Navarro, Quintana, Ruiz-Esquide y Tuma. Se abstuvo la señora Alvear.


OFICIO MODIFICACIONES

2.7. Oficio Cámara Revisora a Cámara de Origen Oficio de aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 23 de mayo, 2012. Cuenta en Sesión 35. Legislatura 360. Cámara de Diputados.

Nº 552/SEC/12 Valparaíso, 23 de mayo de 2012. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, correspondiente al Boletín N° 7.689-07, con las siguientes enmiendas: Artículo primero.- Lo ha sustituido por el siguiente: “Artículo 1°.- Agrégase el siguiente artículo 443 bis al Código Penal: “Artículo 443 bis.- El robo con fuerza de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero, o del dinero y valores contenidos en ellos será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Para los efectos del presente artículo se entenderá que hay fuerza en las cosas si se ha procedido con alguno de los medios señalados en el artículo 440, Nos 1° y 2°; si se ha fracturado, destruido o dañado el cajero automático o dispensador o sus dispositivos de protección o sujeción mediante el uso de instrumentos contundentes o cortantes de cualquier tipo, incluyendo el empleo de medios químicos; o si se utilizan medios de tracción.”.”. Artículo segundo.- Lo ha reemplazado por el que sigue: “Artículo 2°.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante un decreto supremo, regulará las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie, denominados en adelante e indistintamente “cajeros automáticos” o “cajeros”. Estarán obligadas al cumplimiento de las referidas normas que dicte el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, las entidades bancarias y financieras de cualquier naturaleza y las empresas de apoyo al giro bancario que reciban o

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara

de Diputados


OFICIO MODIFICACIONES

mantengan dineros en sus operaciones, y sean propietarias o administradoras, a cualquier título, de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie. Las medidas de seguridad de los cajeros automáticos deberán incorporarse en los estudios de seguridad de las entidades obligadas de acuerdo al inciso anterior, propietarias o administradoras de los mismos. La fiscalización de las medidas de seguridad aplicables a los cajeros automáticos corresponderá a Carabineros de Chile o a la autoridad respectiva de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 1° del decreto ley N° 3.607, de 1981.”. o o o Ha consultado, como artículo 3º, nuevo, el siguiente: “Artículo 3°.- El decreto supremo a que se refiere el artículo precedente deberá, a lo menos, regular materias relativas a la ubicación y entorno de los dispensadores de dinero, a los sistemas de anclaje, de alarma, de grabación de imágenes, de protección contra elementos cortantes o fundentes, de empotramiento y blindaje y al sistema disuasivo de seguridad de entintado de billetes. El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas conforme a lo dispuesto en este artículo dará lugar a las sanciones previstas en el inciso octavo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981.”. o o o - - - Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.657, de 17 de agosto de 2011.

Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a Vuestra Excelencia. ALEJANDRO NAVARRO BRAIN Vicepresidente del Senado MARIO LABBÉ ARANEDA Secretario General del Senado


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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 360. Sesión 35. Fecha 24 de mayo, 2012. Discusión única. Se aprueban las modificaciones AUMENTO DE PENAS DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. Tercer trámite constitucional. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde

pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín N° 7689-07. Documentos de la Cuenta

N° 1 de este Boletín de Sesiones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, estamos próximos a resolver sobre

las modificaciones que el Senado ha introducido al proyecto que aumenta las penas al delito de robo de cajeros automáticos. En muchas ocasiones hemos manifestado que los cambios del Senado a

proyectos aprobados por la Cámara no nos dejan satisfechos porque modifican sustancialmente el espíritu que esta Corporación tuvo presente al momento de deespacharlos. Sin embargo, en el caso particular de esta iniciativa, es justo reconocer el trabajo realizado por el Senado -que tuvo una amplísima votación favorable-, toda vez que tipifica el delito de robo de cajeros automáticos por la vía de crear un artículo 443 bis en el Código Penal, y no como lo resolvió la Cámara, esto es, creando un inciso en el artículo 443. Las modificaciones del Senado precisan que “se entenderá que hay fuerza

en las cosas si se ha procedido con alguno de los medios señalados en artículo 440, números 1° y 2°; si se ha fracturado, destruido o dañado el cajero automático o dispensador o sus dispositivos de protección o sujeción mediante el uso de los instrumentos” que se detallan en el tipo penal propuesto. Me parece que mantener la pena, establecer la obligatoriedad en el

cumplimiento de las normas por parte de las instituciones financieras, pero, además, imponer al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la dictación de un decreto supremo que indique las medidas que deberán adoptar las instituciones financieras para los efectos de asegurar los dispensadores de


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dinero, perfeccionan sustancialmente el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Por las razones expuestas, debemos aprobar la iniciativa en los términos

propuestos por el Senado, de tal forma de transformarla en ley de la república a la brevedad. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Felipe Harboe. El señor HARBOE.- Señor Presidente, quiero ser coherente con lo que

señalé cuando la Cámara de Diputados trató este proyecto que aumenta la penalidad por el robo de cajeros automáticos. En aquella oportunidad manifesté mi preocupación porque estaba ocurriendo

un hecho muy delicado, que sigue ocurriendo: según las cifras sobre delincuencia, el delito que más aumenta es el de robo con fuerza en la vivienda, en lugar habitado. Es decir, el espacio en el que las personas naturalmente deberían sentirse más tranquilas, más seguras, su casa, su hogar, es el lugar en el que los niveles de victimización van al alza. La estadística nos señala que los delincuentes prefieren los hogares para

cometer sus delitos, con lo cual afectan la integridad de sus habitantes y violan el espacio más íntimo que tienen las familias. En consecuencia, corresponde que la autoridad de Gobierno, en consideración a dicho diagnóstico, adopte políticas públicas coherentes para proteger a las familias, a las personas. Sin embargo, la respuesta de la autoridad de Gobierno es mandar un

proyecto de ley para aumentar la sanción por los robos a cajeros automáticos. ¿Qué se le dice al delincuente a través de este proyecto de ley? “Señor, si

usted quiere robar un cajero automático, la penalidad a la que estará sujeto, en caso de ser sorprendido, será mayor.” Si a eso le agregamos que, en general, los cajeros automáticos de la banca tienen sistema de televigilancia, la probabilidad de que sea aprehendido es alta, como lo hemos visto en la efectividad y eficacia tanto de Carabineros como de Investigaciones. Entonces, le señalamos al delincuente que no vaya a robar un cajero automático porque con la cámara lo vamos a identificar y lo vamos a sancionar con una penalidad más alta. ¿Qué hace el delincuente? ¿Se va a su casa y consigue un trabajo? No,

señor Presidente. Lo que hace es buscar otro espacio para robar. ¿Cuál será ese espacio? El que nos señalan las estadísticas: las casas de los habitantes de nuestro país, los domicilios particulares. Por lo tanto, con el aumento de penalidades por el robo de un cajero

automático vamos a incentivar que se consolide la tendencia de los últimos tiempos, esto es, que aumente el robo con fuerza en lugar habitado. Esa situación es extremadamente delicada, habida consideración de que en

el derecho penal existen incentivos positivos y negativos. Este proyecto es un incentivo negativo, para que el delincuente no robe un cajero automático; pero, a su vez, será un incentivo positivo para que varíe su conducta delictual


DISCUSIÓN SALA

y afecte los hogares de nuestros compatriotas. No puedo estar de acuerdo con el robo de cajeros automáticos. Pero lo que

corresponde es lo que han hecho las economías desarrolladas y que fue lo que pedimos en su oportunidad: que la banca se haga responsable de la seguridad de sus cajeros automáticos, es decir, que haga las inversiones correspondientes y que introduzca tecnología suficiente para asegurar que los billetes -que dicho sea de paso ya están asegurados- no puedan ser sustraídos por delincuentes. En muy pocos países existen cajeros automáticos que no se encuentren

empotrados en las estructuras. Chile es una excepción. Vemos cajeros automáticos a diestro y siniestro, no empotrados y carentes de tecnología. Lo que se requiere no es aumentar la pena, sino que la banca destine, ni

siquiera el 1 por ciento, sino el 0,1 por ciento de las millonarias utilidades de los últimos años para mejorar la infraestructura de los cajeros automáticos. Lamentablemente, al aprobar este proyecto modificado por el Senado, las

diputadas y los diputados le diremos al delincuente que no vaya a tocar un cajero automático, sino que vaya a las viviendas. Las estadísticas nos señalan que el robo con fuerza en las viviendas se ha

incrementado en 34 por ciento en un año, según la última encuesta de victimización. Es un alza histórica. No quiero hacer de esto una lucha política. Solo me refiero a una estadística

técnica, y si los resultados técnicos nos dicen que ha aumentado el robo a las viviendas, no veo lógica en legislar para facilitar que el delito se consolide como una tendencia al alza. Me parece extremadamente delicado. Creo que la solución en materia de robos a cajeros automáticos pasa,

necesariamente, por el aumento de las condiciones tecnológicas y de infraestructura en que la banca debe invertir para hacerse cargo de la seguridad de los mismos. Tal como se señaló históricamente, el Código Penal no es un conjunto de

artículos, es un código, un todo armónico. Si aumentamos desproporcionadamente la penalidad al robo de cajeros automáticos y la ponemos al mismo nivel de la asignada al robo con fuerza en lugar habitado, vamos a incentivar lo último, es decir, el robo en las viviendas. Con la aprobación de esta iniciativa modificada por el Senado, al delincuente

se le hará mucho más rentable y fácil no robar el cajero automático, porque estará sujeto a una pena mayor, sino esperar a que una señora saque plata de él y asaltarla, porque el robo por sorpresa tiene una penalidad considerablemente menor. En consecuencia, vamos a exponer al cliente, a la señora, al adulto mayor,

al joven, a la dueña de casa que concurren a un cajero automático a que los asalten. No deberíamos proteger un aparato, una estructura, porque para eso existen medios tecnológicos que las economías desarrolladas y la banca internacional están implementando y que permiten importantes avances en materia de disminución de ese tipo de delitos. Tal como dije en su oportunidad, creo que, más allá de los cambios

introducidos por el Senado, este proyecto de ley es reactivo, porque responde a la presión, al lobby de la banca nacional. Por lo tanto, voy a votar en contra


DISCUSIÓN SALA

las modificaciones de la Cámara Alta, a fin de proteger a las familias -y a las viviendas- que actualmente son las víctimas que más se han incrementado en los casos de robo con fuerza en lugar habitado. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Cristián Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, creo que este proyecto modificado

por el Senado es una reacción lógica al aumento de los robos de cajeros automáticos, que tienen mucha espectacularidad y que causan terror en la sociedad, principalmente en trabajadoras o trabajadores de supermercados o de lugares de atención de público, quienes posteriormente requieren ayuda sicológica. Normalmente, llega una banda de delincuentes en camionetas grandes y

pesadas y rompen los vidrios para ingresar al lugar en que se encuentra el cajero, lo que en jerga delictiva se conoce como “alunizaje”. Muchos empleados han sufrido el rigor de esa situación. Comparto con el diputado Felipe Harboe que al legislar en materia penal hay

que tener mucho cuidado. Pero su hipótesis, en el sentido de que aumentar las penas a este delito llevará al delincuente a cometer otro ilícito, no está acreditada y no puede ser una razón para rechazar las modificaciones del Senado a esta iniciativa. Por el contrario, creo que una política criminal implica reaccionar y el

legislador debe hacerlo, por una parte, aumentar las penas, pero también, por otra, establecer un conjunto de disposiciones y acciones para combatir no solo este tipo de delitos, sino la delincuencia en general. Los Automated Teller Machine (ATM), como se denomina a los

dispensadores de dinero, contienen más o menos 60 millones de pesos cada uno y cumplen una función social importante. Por eso, cuando son robados, se genera un gran inconveniente para las personas que requieren dinero. Por eso, tenemos que abordar este fenómeno desde dos puntos de vista.

Primero, este tipo de delitos no solo afecta a los bancos, sino también a las personas que trabajan en mall, o en servicentros. En la comuna de Talagante existe una estación de servicio Copec que ha sido asaltada en cinco oportunidades, lo que ha traído como consecuencia que las trabajadoras que atienden allí estén con atención psiquiátrica, principalmente la presidenta del sindicato. Segundo, causa molestia en la ciudadanía que necesita sacar dinero encontrarse con un dispensador que está cerrado o que no tiene dinero porque, lamentablemente, los bancos se demoran mucho en reponerlo. Respecto de lo meramente penal, rechazo categóricamente lo señalado por

el diputado Harboe, en el sentido de que los delincuentes van a ir a las casas a cometer ilícitos. Muy por el contrario, creo que debemos aumentar las penas para este delito tan grave y espectacular, porque cuando un delincuente está dispuesto a perpetrarlo, demuestra una alta peligrosidad, y debe estar en la cárcel por mucho tiempo.


DISCUSIÓN SALA

Por eso, si nosotros vinculamos esta sanción con los requerimientos de la prisión preventiva establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal, estamos facultando al juez para que deje en la cárcel al delincuente que comete este delito, porque lo que quiere la ciudadanía es que efectivamente los delincuentes más peligrosos estén donde tienen que estar: en la cárcel. Por eso, más allá de teorías peregrinas, la Unión Demócrata Independiente

apoyará las modificaciones del Senado al proyecto que aumenta las penas para un delito tan grave como el robo de cajeros automáticos, porque es una gran señal que estaremos dando en el combate a la delincuencia. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, no soy especialista en la materia, pero

no sé si tiene lógica resolver caso a caso, o delito a delito, la pena que corresponde, sin hacer una revisión del conjunto de los delitos y sus penas. Porque en la medida en que incrementemos las penas para un delito en particular, podemos generar incongruencias, por ejemplo, que el delincuente que asalta a la señora que saca dinero de un cajero automático reciba una pena inferior a la que se aplica al delincuente que roba el cajero automático. Es decir, el ataque a las cosas tendrá una pena inferior al ataque a las personas. Más aún, asaltar una casa tendrá una pena inferior a asaltar un cajero automático. En consecuencia, la señal que se da es: “Delincuentes: más vale que asalten casas en lugar de robar cajeros automáticos.”. Por eso, me inquieta que, sin atacar el problema global y sin darle

coherencia al conjunto de penas y sanciones que se establecen para los distintos delitos, con el proyecto más bien se responda a la demanda de un sector que perfectamente podría invertir más y mejor en la protección de los aparatos de retiro de dinero. Reitero, me preocupa que se quiera solucionar el problema sobre la base de establecer sanciones que pueden generar incongruencias en el sistema penal chileno. No soy partidario de lo que establece este proyecto modificado por el

Senado porque, reitero, genera incongruencias y podría establecer incentivos perversos para que los delincuentes opten por otros objetivos en los que podrían recibir menor sanción. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, estamos en presencia de un

proyecto que ha sido mejorado por el Senado. Entre dichas mejoras, cabe señalar la nueva redacción que ha dado al artículo 2°, que dice: “El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante un decreto

supremo, regulará las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de


DISCUSIÓN SALA

dinero de cualquier especie, denominados en adelante e indistintamente “cajeros automáticos” o “cajeros”. Me parece bien esta disposición, pero creo que, en su origen, el proyecto

adolece de un sesgo de protección a bienes de la banca, en vez de obligarla directamente a implementar las medidas de seguridad que correspondan respecto de sus cajeros automáticos. Hoy vemos que estos se instalan prácticamente en cualquier lugar del país sin ninguna medida de seguridad. Difiero absolutamente de lo señalado por el diputado Cristián Letelier, en

términos de que los cajeros automáticos cumplen una función social. Estamos muy lejos de ello. Esto es un negocio, es la posibilidad que tienen las distintas instituciones bancarias de facilitar que los clientes accedan a sacar dinero en más puntos de contacto. Estoy de acuerdo en que facilitan la vida, pero es obligación de las instituciones bancarias instalar los cajeros automáticos en lugares adecuados e implementar medidas para su seguridad. Creo que establecer penas más altas no disminuirá la ocurrencia de robos.

Como han señalado algunos colegas, será lo mismo el robo a un cajero que el robo a un lugar habitado o el robo por sorpresa a la persona que sacó dinero del cajero. En este proyecto modificado por el Senado se advierte una voluntad del

Ejecutivo de evitar la proliferación de estos delitos para proteger a la banca, pero ello a costa de asignar más obligaciones a Carabineros. El inciso tercero del artículo 2° propuesto por el Senado dispone: “La

fiscalización de las medidas de seguridad aplicables a los cajeros automáticos corresponderá a Carabineros de Chile...”, lo que significa que tendremos a Carabineros haciendo una ronda a lo largo de las ciudades para evitar el robo de los cajeros automáticos, en circunstancias de que el requerimiento básico de la ciudadanía es que se protejan los sectores poblacionales donde vive la gente, de modo de evitar el robo en los hogares. La señal que estamos dando con este proyecto modificado por el Senado es

proteger la banca y evitar que tenga que invertir en seguridad. ¿Y cómo se soluciona el problema? No es que estemos a favor de la comisión de este delito; queremos la persecución y la sanción para sus autores. Pero lo que disminuiría su perpetración sería que los bancos invirtieran en el anclaje de los cajeros automáticos y en la instalación del sistema de entintado de los billetes. Por lo demás, gran parte de esos dineros están asegurados. Entonces, no veo por qué debemos desviar la maquinaria de Carabineros de

Chile para proteger los dispensadores de dinero, en circunstancias de que con sus propias utilidades la banca podría procurarse medidas de seguridad. En la historia del país solo basta recordar los asaltos de que eran objeto los funcionarios que se desempeñaban como cajeros en los distintos bancos. Para ello se estableció una medida de seguridad: el vidrio protector. Gracias a eso, dichos robos disminuyeron en forma considerable. Pero, ¿se requirió una ley especial para lograrlo? Por cierto que no. ¿Fue

necesario entregar más obligaciones o más trabajo a Carabineros? Por supuesto que no. ¿Bajó la incidencia de los delitos? Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando?


DISCUSIÓN SALA

Cuando pedimos a las autoridades sanciones efectivas y persecución de determinados delitos relacionados con abuso de menores y pedofilia, o cuando les pedimos que se persiga a los delincuentes de cuello y corbata que han estafado a decenas de ciudadanos, no es necesario dictar una normativa especial con ese objetivo. Pero este proyecto plantea aumentar las penas y más trabajo a Carabineros para evitar, precisamente, este tipo de delitos. Ahora bien, ¿cómo colabora la banca en este objetivo? El proyecto establece

que deberá someterse a un reglamento que dictará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que, a mi juicio, representa una exigencia mínima. Aquí se les está haciendo un traje a la medida a las instituciones bancarias para proteger sus dispensadores o cajeros automáticos. Creo que esto no corresponde, que es una pésima técnica legislativa, sin perjuicio de que el Senado mejoró el proyecto original. Por eso, reitero, no estoy disponible para contribuir a incrementar las

utilidades y el negocio de la banca. Los bancos deben cuidar sus cajeros automáticos con los grandes ingresos que tienen. Para ello deben perfeccionar sus medidas de seguridad y resguardar el lugar donde los instalan. Que no nos pidan a los legisladores que, por la vía de aumentar las penas, protejamos en mejor forma sus intereses, trasladando la comisión de delitos a otros objetivos, porque la delincuencia va mutando, según las posibilidades que se le presentan. Por eso, como señalé anteriormente, voy a votar en contra las

modificaciones del Senado a este mal proyecto enviado por un Gobierno que está protegiendo a los bancos. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, creo que es estrictamente necesario

que intervenga en este debate, fundamentalmente, porque no estamos hablando de un delito o de una acción delictual cualquiera; nos estamos refiriendo -nada más y nada menos-, a uno de los delitos que tiene mayor espectacularidad y connotación social. Cuando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara

despachó este proyecto, lo hizo sin pensar en los bancos, que se las pueden arreglar perfectamente bien solos, sino pensando en la ciudadanía, que está demandando al legislador acciones concretas. No es lógico ni posible entender, atendida su espectacularidad social, que estos delitos sigan siendo considerados como cualquier otro robo en lugar no habitado. Me parece que de no tomarse una medida como esta, estaremos causando

un grave daño social. Por cierto, no hay que desmerecer las críticas que hemos recibido en este Hemiciclo de parte de algunos diputados, que han dicho que los bancos tienen la obligación de mejorar sus sistemas de seguridad. Por supuesto que así debe ser, y el inciso tercero del artículo 2°, reemplazado por el Senado, establece que los bancos tienen la obligación de implementar


DISCUSIÓN SALA

medidas de seguridad y que estas deben incorporarse en sus estudios de seguridad. Es decir, le estamos diciendo al banquero que, necesariamente, debe mejorar las condiciones de seguridad de sus dispensadores de dinero o cajeros automáticos. Pero, más allá de esto, está la protección que les debemos a nuestros conciudadanos y, en atención a ello, tenemos la obligación de elevar las penas. Recién escuchaba al diputado Pepe Auth que decía que con este proyecto

estaríamos rompiendo el equilibrio que debe existir en las penas y que, tal vez, sería necesario elevarlas todas. Entonces, hay que pedirle al diputado Auth y a otros colegas que nos acompañen en esa tarea. Pero, lo que está claro es que la ciudadanía no puede seguir soportando esta actividad delictual que, además, es llevada a cabo por el crimen organizado. Dejémonos de historias; aquí hay bandas organizadas, que son parte del crimen organizado, para cometer estos delitos. Me parece imprescindible que la medida propuesta por la Comisión de

Constitución, Legislación y Justicia llegue a buen fin y que las modificaciones del Senado sean aprobadas, porque lo que hace esta iniciativa es, precisamente, inhibir la comisión de un delito que hoy estamos tipificando de nuevo, con el propósito de establecer otra sanciones para quienes lo cometan. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Carlos Montes El señor MONTES.- Señor Presidente, quedó claro durante la discusión del

proyecto en su primer trámite constitucional y también ahora que el robo a los cajeros automáticos es un problema real. Este delito ha aumentado en forma considerable porque los robos a farmacias, estacionamientos y bencineras se trasladaron a los cajeros automáticos. Una vez que este problema sea resuelto, seguramente será otro ámbito el afectado, porque es parte del ciclo de los delitos. Me han informado que el monto promedio que se sustrae de los cajeros

automáticos alcanza a los 30 millones de pesos y que hay grupos organizados que roban un cajero automático por semana, lo que les reporta ingresos bastante altos. Además, en torno a este negocio se genera un conjunto de redes, con todo lo que ello implica para el desarrollo de la sociedad. Al final, se convierte casi en un elemento de redistribución del ingreso. Estamos ante un problema que debemos enfrentar, y la metodología que se

utilice para ello debe estar muy ligada a los resultados que ha habido en otros casos. Por ejemplo, los robos a los bancos, que antes eran objeto de muchos delitos de este tipo, han disminuido en forma considerable. Asimismo, ha sido muy importante la disminución de los robos a farmacias, a bencineras y a estacionamientos subterráneos. No han mermado los robos en los malls, que son los lugares de nuestras ciudades donde más se comete este delito, sobre todo, a automóviles. Voté en contra de la solución propuesta por el Ministerio del Interior y


DISCUSIÓN SALA

Seguridad Pública a través de este proyecto en el primer trámite constitucional. Lo hice como una forma de rechazar la concepción de que todos los delitos se resuelven aumentando las penas. En realidad, esa es una tendencia, un enfoque y una visión para todo. Pero está claro que eso no basta, que el aumento de las penas no resuelve los problemas; debe formar parte de un conjunto de medidas. Me dicen que, incluso, en el caso de los robos a cajeros automáticos hay

inconsistencia entre las normas, porque cuando los delincuentes son detenidos precisamente en el momento en que están robando, el delito se convierte en robo frustrado y, por lo tanto, la sanción que recibirán será mucho menor. Incluso, pueden quedar libres, si son detenidos en el momento en que son sorprendidos robando. Hay inconsistencias que, según entiendo, están resueltas en el texto del artículo 443 bis incorporado por el Senado, toda vez que se da una cobertura más amplia al robo de cajeros automáticos, de manera que sea efectivamente sancionado. Pero, lo más valioso de las modificaciones del Senado es lo que

reivindicamos durante la discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, es decir, que no basta con establecer penas más altas; es necesario que el Estado exija a los bancos que mejoren sus normas sobre material, empotramiento y ubicación de los cajeros automáticos. Lo que hace el Senado es transferir esta obligación al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá emitir un decreto supremo que regule ese aspecto. Esta disposición fue muy discutida en la Comisión de Seguridad Ciudadana

durante el primer trámite del proyecto. Los representantes del Ministerio dijeron que ya existía. No obstante, el Senado aprobó esa disposición, por lo que esperamos que muy pronto el Ministerio del Interior dicte un conjunto de normas que regulen este problema, a fin de que terminemos con los robos a cajeros automáticos que son tan tentadores para los delincuentes. Para los bancos esto no es un problema, porque tienen seguros comprometidos; pero el Estado debe obligarlos a que tengan estándares de seguridad superiores. En relación con el robo a farmacias, bencineras, bancos y estacionamientos

subterráneos, lo novedoso es que, de acuerdo con el decreto supremo, esta medida pasa a ser obligatoria. En el caso de las farmacias, es voluntaria; es un acuerdo entre ellas y el Ministerio Público. En el caso de los estacionamientos subterráneos, también es un acuerdo voluntario con el Ministerio Público. Pero se establece como obligación, según lo que disponga el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En cuanto a la fiscalización, tema planteado por el diputado De Urresti, está

claro que en definitiva quien debe fiscalizar si se cumple o no la norma es Carabineros. Sin embargo, si hubiera ánimo -no sé si en este o en otro momento-, sería conveniente imponerle esta obligación a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Este ente debe asegurar que los bancos cumplan la norma dictada por el Ministerio del Interior. Se trata de una norma que adquiere un nivel mayor. No es una disposición propia de la ley de bancos, pero sí complementaria a ella. En verdad, sería imposible que Carabineros estuviera encima de todos los cajeros automáticos a lo largo de Chile para


DISCUSIÓN SALA

fiscalizar que la norma se cumpla. Por ello, sería fundamental que la Superintendencia de Bancos, que tiene tanto poder respecto de los bancos, también fiscalice dicho cumplimiento. Si hubiera ánimo de incorporar aquello, sería un paso importante. En todo caso, soy un convencido de que el proyecto mejoró mucho respecto

de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Lo fundamental es que el Senado incorporó la condición de exigir más inversión a los bancos en materia de seguridad de sus cajeros automáticos y la responsabilidad del Ministerio del Interior en orden a establecer los estándares de seguridad. Por lo tanto, las modificaciones del Senado al proyecto ameritan ser

aprobadas. Si hay ánimo, deberíamos incorporar la responsabilidad de la Superintendencia de Bancos de fiscalizar el cumplimiento de la norma, pero ello implicaría que el proyecto pase a Comisión Mixta. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, tal vez por un principio de economía

procesal, quiero decir que lo que estamos debatiendo son las modificaciones del Senado al proyecto que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, aprobado por amplia mayoría en la Cámara en las sesiones de los días 10, 16 y 17 de agosto de 2011. De tal forma que si nos circunscribimos a ello, deberíamos llegar a buen puerto. Por eso, me llaman la atención las intervenciones de los diputados Harboe,

Auth y De Urresti. No así, la del diputado Montes, porque tiene absolutamente toda la razón cuando pregunta por qué la Superintendencia de Bancos no puede formar parte de los órganos fiscalizadores en el cumplimiento de estas normas. Sin embargo, me asalta una duda. Tal vez, en un análisis un poco más

detallado de las obligaciones y funciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, puede deducirse que, que por la propia naturaleza de sus funciones, también estaría obligada a fiscalizar el cumplimiento de la obligación legal que, en virtud de este texto, se les está imponiendo a los bancos e instituciones financieras. Luego, es muy probable que no sea necesario introducir una modificación a

este texto, ya que, repito, por la naturaleza misma de la Superintendencia de Bancos tendría que corresponderle fiscalizar también el cumplimiento de esta norma legal que, a raíz de las modificaciones introducidas por el Senado, se le impone a los bancos e instituciones financieras. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, hoy le corresponde a esta Sala

pronunciarse respecto de las modificaciones introducidas por el Senado al


DISCUSIÓN SALA

proyecto que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos. En verdad, la iniciativa ha mejorado, porque se establecen condiciones

mínimas de seguridad que tendrán que cumplir los bancos en forma imperativa. Si tuviéramos que pronunciarnos única y exclusivamente acerca de las

modificaciones del Senado al proyecto, definitivamente nuestra posición sería favorable y deberíamos concurrir a su aprobación. Sin embargo, hace un rato se volvió a discutir sobre las penas que se establecen, lo que ya analizamos y aprobamos por inmensa mayoría hace algún tiempo. Aun cuando ese tema está resuelto, y dado que a lo menos en tres

intervenciones se ha criticado el proyecto en ese aspecto, quiero referirme brevemente a él, porque es importante que se entienda cuál es su objetivo y alcance. Al respecto, se han formulado dos críticas. En primer lugar, se afirmó que

esta es una iniciativa en favor de los bancos y, en segundo lugar, que al aumentar la pena para el robo de los cajeros automáticos y como el robo en las casas tendría una sanción inferior, se estaría incentivando el robo en las casas y no el de los cajeros automáticos. Quiero hacerme cargo de esas dos críticas, porque, en mi opinión, son

equivocadas e injustas. En primer término, esta no es una legislación en favor de los bancos, sino de

los usuarios del servicio que se presta por los cajeros automáticos. Es importante hacer presente que en muchas localidades alejadas, los

cajeros automáticos son una verdadera cañería de billetes. Es el medio a través del cual el billete llega al alcance de los ciudadanos. De manera que esta legislación está pensada en favor de los usuarios de ese servicio y no de los bancos. En segundo término, no es efectivo, como se señaló aquí, que el robo en un

lugar habitado, en una casa, tenga una penalidad inferior. No es así, porque se mantiene la penalidad, que es superior para el caso del robo en lugar habitado. Por lo demás, no se aumenta el techo de la pena, sino su piso. Para los efectos de esta modificación legal, se asimiló el robo de los cajeros

automáticos al robo de bienes nacionales de uso público que producen la interrupción de un servicio, por lo que expliqué recién. El servicio que presta el cajero automático puede asimilarse al de uno de

utilidad pública, pues es el medio a través del cual llegan los billetes a manos del ciudadano que lo requiere y necesita. En consecuencia, aun cuando el proyecto haya sido discutido y votado en lo

relativo a la penalidad, hay que salir al paso de las críticas, porque me parecen injustas y equivocadas. En lo que se refiere a las modificaciones del Senado, nos parecen positivas. Por

lo tanto, concurriremos con nuestro voto favorable. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado Patricio Hales.


DISCUSIÓN SALA

El señor HALES.- Señor Presidente, llamo a votar en contra de las

modificaciones del Senado y en contra del proyecto. Contrariamente a todas las declaraciones y declamaciones oratorias que se

puedan hacer en cuanto a que el proyecto no es para defender a los bancos, afirmo que efectivamente es para eso y no para proteger a sus usuarios. El proyecto no fue presentado para amparar a las personas que usan los

cajeros automáticos. Su contenido y objetivo no está destinado a ello. Claramente, tiene por objeto proteger las instalaciones bancarias; no a los clientes de los bancos. No es para cuidar a la pobre gente que, en cualquier rincón de Chile, la única manera que tiene para acceder a billetes frescos es utilizando el cajero automático. No, este proyecto no los defiende a ellos, sino al propietario del artefacto, del cajero automático. Por eso, llamo a votar en contra las modificaciones del Senado. Por ejemplo, el artículo 2°, incluso con el enriquecimiento hecho por el

Senado, establece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante un decreto supremo, regulará las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos, y que los banqueros deberán estar obligados a implementar esas medidas. ¿Por qué este negocio debe ser considerado especial y necesita una ley para

su protección? El señor de los chanchos en Freirina tiene la obligación de cumplir la ley y no

necesita otra; quienes tienen campos, fundos o haciendas protegen por su cuenta sus predios para que no sufran robos, tal cual lo hacen respecto de sus bienes los industriales o comerciantes. Sin embargo, aquí se quiere promulgar una ley especial sobre el tema. ¿No han encontrado un profesional que les ayude a resolver el problema? ¿Es necesaria una ley? ¿Cómo no se les ha ocurrido llamar a un arquitecto para que les ayude a empotrar los cajeros automáticos en hormigón? A fin de que no sea necesaria una ley, les podría hacer los planos gratis para empotrar en hormigón un cajero automático, o les podría explicar los obstáculos que se pueden presentar, o cómo diseñar e implementar mecanismos con púas, trincheras, alambres y hormigones para evitar que ingrese un auto a torpedear el cajero automático. Incluso, les podría sugerir sensores, alarmas, rayos, comunicaciones, servicios especiales, vigilantes con o sin uniforme, de azul o del color que quieran. Pero aquí se está impulsando una ley. Quizás me podrán replicar que mi argumento solo exige más inversión a los

bancos, pero que no se preocupa del problema de fondo. Entonces, agrego otro argumento: cuando este proyecto ya sea ley, al delincuente le será más fácil asaltar una casa que un cajero automático. Hay legisladores, con toda tranquilidad -algunos con inocencia-, dicen que el

proyecto es muy bueno, porque evitará que se sigan robando cajeros automáticos. Por supuesto que lo considero negativo, porque no quiero que le roben a nadie, sea rico o pobre, pero les aseguro que, con lo que se está proponiendo, finalmente, el delincuente, que sabe más de derecho penal y procesal que yo, evaluará lo que es mejor para él y lo que significa asaltar un


DISCUSIÓN SALA

cajero automático, y llegará a la conclusión de que es mejor abrir una ventana, sin destruirla, y robar en una casa. Por lo tanto, desde el punto de vista penal, las facilidades que se están

estableciendo indican que entre cometer el delito de robar un cajero automático y asaltar a las personas, indudablemente, el delincuente preferirá la segunda opción. Es más, si se aprueba el proyecto, esa persona solitaria que debe utilizar el cajero automático como única fuente o medio para llegar al banco estará más expuesta al robo que el propio cajero. Entonces, ¿qué sentido tiene la ley? ¡Simplemente, la protección de los bancos! Comprendo que haya diputados que, con buena intención e inocencia, en la

idea de que no se cometan delitos, piensen en aprobar el proyecto, incluso sin las modificaciones del Senado. Personalmente, hubiese preferido que, en lugar de haber enviado un

proyecto como el que estamos discutiendo, el Gobierno hubiese presentado una iniciativa para sancionar más duramente a quienes asaltan las casas, a las personas y a los usuarios de los cajeros automáticos, y que hubiera dictado un decreto para obligar o exigir a los bancos, a través de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que inviertan más en seguridad para que se autoprotejan, para que no sea necesaria una ley que terminará obligando al delincuente a elegir qué hacer: robar un cajero automático, por el que tendrá que pagar las penas del infierno, o robar en una casa habitación a media cuadra, delito que puede ser sancionado con penas cercanas a la que se aplican por robar un cajero automático. Por las razones expuestas, con toda mi fuerza en contra de la delincuencia,

llamo a votar en contra del proyecto, con la convicción de que no hay que robarle al pobre, al rico o al banco, y porque no debemos fomentar el robo. Pero en lo poco que he aprendido de derecho, existe la gradualidad de las penas y aquí la gradualidad que se instala es de demasiada proximidad entre el castigo a quien roba un cajero automático y el que asalta a las personas o a la señora que inocentemente va a usar el mismo cajero, o a quien roba en una casa. No aprobemos un proyecto de ley inspirados estrictamente en la protección

a estas instituciones -podríamos equivocarnos- que, por lo demás, son tan poderosas que podrían protegerse por sí mismas. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Fuad Chahín. El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, efectivamente, el objetivo del proyecto

es proteger el dinero que se encuentra al interior de los cajeros automáticos o dispensadores de dinero, de propiedad del banco del cual depende ese cajero o dispensador y no del usuario que lo retira, quien una vez que lo retira puede considerarlo parte de su patrimonio. En ese sentido, le encuentro razón al diputado Hales cuando señala que el


DISCUSIÓN SALA

proyecto protege más bien a los bancos -por eso lo voté en contra en su oportunidad- y no a los clientes. Ahora, por cierto que tiene efectos en los clientes, como lo tienen todos los delitos que generan conmoción social y un impacto negativo. Por otra parte, las medidas que han adoptado los bancos -esto es muy

importante, y debemos regularlo- tienen efectos aun más negativos en los clientes. Por ejemplo, el BancoEstado -que, se supone, es de todos los chilenos- disminuye la cantidad de dinero de sus cajeros durante los fines de semana. Sin embargo, en localidades en donde solo existen cajeros automáticos del BancoEstado, como en Lonquimay, o en donde hay un cajero adicional, como en Curacautín, comuna que pertenece al distrito que represento, durante un fin de semana largo, ya el sábado al mediodía esos dispensadores quedan sin dinero. Y estoy hablando de comunas que aspiran a desarrollarse turísticamente. Entonces, los turistas deben deambular por la ciudad para tratar de obtener dinero efectivo o para ubicar algún lugar en que les puedan aceptar el pago con tarjeta redcompra o con tarjetas de créditos -los menos-, porque simplemente no tienen dinero en efectivo para pagar. Por lo tanto, esas medidas terminan perjudicando a los propios clientes. En el tema de fondo, es necesario corregir algunos aspectos de las

modificaciones del Senado. Se puso como ejemplo que sería más “barato”, desde el punto de vista penal, robar en una casa que un cajero automático. Eso no es tan así, porque, respecto del robo en un lugar habitado, la pena comienza en cinco años y un día, porque es de presidio mayor en su grado mínimo. Y la pena que se propone para los robos de cajeros automáticos es de presidio menor en su grado máximo, es decir, va desde tres años y un día a cinco años. Pero, ¿cuál es la dificultad de la modificación del Senado? En la Cámara de

Diputados sancionamos este delito con las penas establecidas en el artículo 443 del Código Penal, de presidio menor en su grado medio a máximo, un poco menor a la que se establece hoy, porque el rango que se le daba a la norma que aprobamos en el primer trámite constitucional comenzaba en presidio menor en su grado medio, es decir, en 541 días, y llegaba hasta cinco años. Sin embargo, la norma aprobada por el Senado comienza en tres años y un día y puede llegar hasta los cinco años. ¿Cuál es la dificultad? Que la extensión de la pena va a permitir que, en la

práctica, se aplique una pena mayor para el robo de un cajero automático que al delito sancionado en el artículo 442 del Código Penal, que es el robo en un lugar no habitado. ¿Qué significa eso? Que a un delincuente le resultará más conveniente entrar a robar a un galpón, a un garaje o a una propiedad privada no habitada que robar un cajero automático. Por lo tanto, comparto parte del análisis del diputado Patricio Hales, porque,

al aumentar las penas, porque se reduce la alternativa del presidio menor en su grado medio y la modificación del Senado solo la limita a presidio menor en su grado máximo, se establece una pena mayor para el robo de cajero automático que la pena contemplada en el artículo 442 del Código Penal, que se refiere al robo en un lugar no habitado. Entonces, ahí estamos generando


DISCUSIÓN SALA

una dificultad. Me gustaba más la norma contemplada en el artículo 1º que aprobamos en

la Cámara de Diputados, al menos desde el punto de vista de la pena. Sí me parece un importante aporte del Senado el artículo 2º, que establece

la obligación del Ministerio del Interior para regular las medidas mínimas de seguridad. Aquí no solo tenemos que preocuparnos de la pena, sino de que los bancos inviertan en seguridad. Los bancos no solo se deben preocupar de asegurar sus recursos, sino también de invertir en medidas mínimas de seguridad que permitan prevenir este tipo de delitos, pero no a costa de los clientes, como hoy lo hace el BancoEstado. Me parecen muy bien las facultades conferidas a Carabineros para fiscalizar.

Pero no comparto la tesis de que la Superintendencia tenga facultades para fiscalizar esta norma. Las facultades de la Superintendencia se relacionan con la estabilidad y solvencia del sistema financiero. En ese ámbito tiene facultades, no solo de fiscalización, sino también de regulación, a través de las circulares y de instrucciones particulares. Por lo tanto, a mi juicio, si se quisieran otorgar esas facultades extendidas a la Superintendencia, habría que señalarlo expresamente en la ley, para lo que no tenemos atribuciones, porque es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Con esa lógica, lo mismo ocurriría con todas las leyes que rigen a los

bancos. Incluso, hasta la normativa sanitaria o de urbanismo, tendrían que ser fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Pero eso no es así. La Superintendencia fiscaliza a los bancos e instituciones financieras y a los emisores de tarjetas de créditos en lo que dice relación con la estabilidad y la solvencia. Se podría señalar que afecta la solvencia el hecho de que roben el dinero de

los cajeros automáticos, cuestión que es discutible. Por lo tanto, me parece que sería una norma que podría incluirse en este proyecto de ley. En tal sentido, pido votación separada para la modificación del Senado al

artículo 1º, por cuanto, a mi juicio, al modificar la pena que le habíamos asignado en el primer trámite constitucional, se genera un incentivo perverso, puesto que para el delincuente es más beneficioso y menos riesgoso robar en un lugar no habitado, aunque sea destinado a habitación, a robar un cajero automático. Desde el punto de vista penal y de política criminal, eso me parece muy errado, por lo que espero que podamos corregir ese artículo en la Comisión Mixta. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el

debate sobre las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, y tengo que reconocer que estoy absolutamente sorprendido, porque el debate desarrollado en 2011 en esta Sala fue muy diferente, ya que fue muy favorable


DISCUSIÓN SALA

al proyecto. Me parece casi una inconsecuencia entregar juicios que no son comparables,

porque si es necesario aumentar las penas en otros delitos para evitar el robo de los cajeros, estamos disponibles para ello. Hoy se ha ofrecido de todo en la Sala, incluso hasta hacer los planos gratis

para que los cajeros automáticos queden empotrados. Pero, de acuerdo con lo que hemos presenciado en todos estos últimos años

de trayectoria de la Cámara de Diputados, durante la cual se aprobaron las leyes Cumplido, que rebajaron las penas; y a Carabineros se le quitó la facultad de detener por sospecha, estimo que vamos por un camino equivocado. Hoy, se aumentan las penas por un delito que ha causado alarma pública. La

gente opina que parece que los delincuentes no tienen miedo de robar cajeros. Lo hacen a cualquier hora, incluso a cien metros de Carabineros. Por lo tanto, me parece correcto aumentar las penas. No me opongo a aumentarlas para otros delitos, como el robo a un domicilio particular o a una casa habitación. Por lo tanto, voy a votar favorablemente las modificaciones del Senado, que

han mejorado el proyecto, lo que me parece indiscutible. No puedo dejar de comentar que el robo de cajeros automáticos expone a

Carabineros, y muchas veces a la Policía de Investigaciones, porque en reiteradas oportunidades se han producido balaceras en la persecución de esos delincuentes, lo que significa un riesgo enorme también para la población civil. Sin embargo, el delito se mira en forma liviana, como ha ocurrido en este debate. Comparto plenamente las expresiones del diputado René Saffirio, quien

señaló que el articulado fue mejorado por el Senado. Además, concuerdo con los juicios emitidos por el diputado Jorge Ulloa,

quien, con mucha sabiduría, ha expuesto lo que siente la gente común y corriente. Eso es lo que nos tiene que interesar: la opinión de las grandes mayorías. He querido intervenir en esta ocasión porque considero que no podemos

permitir que rija la “ley del oeste” en las localidades y ciudades de nuestro país. Los delincuentes son expertos en materia penal y procesal, por lo que, apenas aprobemos el proyecto de ley, van a sacar las cuentas sobre lo que les conviene o no. Entonces, es necesario aumentar las penas asignadas a la comisión de este

delito, porque han aumentado notoriamente en el último tiempo, así como también el robo de camionetas para perpetrarlo. Por lo tanto, es necesario dar la señal adecuada, y este proyecto va en esa

dirección. Todo lo que sea necesario para aumentar las penas con el fin de proteger a

la población, contará con nuestro apoyo y también con nuestros votos favorables. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el


DISCUSIÓN SALA

diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, estoy seguro de que ninguna

autoridad del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo actúa con la idea de favorecer la comisión de delitos ni a los delincuentes, de modo que no corresponde que cuando se legisla se presupongan intenciones. Es probable que cuando se legisla se yerre en colocar el énfasis, los estímulos y los disuasivos, pero no hay mala intención. Ahora, el modo en que se asume la defensa o la impugnación del proyecto

es incorrecto. Los delincuentes no leen las leyes. Antes de asaltar un banco, una casa o

una persona, ninguno toma el Código Penal y comprueba qué pena le va a tocar si lo detienen. De modo que darle a la ley esta virtud disuasiva o estimulante, a mi juicio, es algo completamente equivocado. Podemos aprobar el proyecto, pero le aseguro que, en caso de que se transforme en ley, no va a disminuir el delito de robo de cajeros automáticos. Va a seguir igual. Si el Gobierno quisiera hacer algo efectivo al respecto, debería apretarles las clavijas a los bancos. Son ellos los que tienen que invertir en empotrar los cajeros automáticos al edificio, particularmente aquellos que dan a la calle, para mantener en forma permanente el servicio al público, y no en estas “cajas móviles”, que son las que se sustraen con los llamados alunizajes y otro tipo de técnicas delictivas. Pero los bancos siguen su marcha, imperturbables, sacándoles la lengua a

los chilenos con sus pingües ganancias anuales, con cero inversión en protegerse a sí mismos y, además, piden al Estado que se haga cargo de la parte mala del negocio. Entiendo que el gobierno tenga apuro por cumplir con su promesa de luchar

contra la delincuencia, con la cual entusiasmó a muchos chilenos a votar por él. De hecho, hace unos días el Presidente de la República pidió disculpas porque no había cumplido con las promesas a quienes votaron por él. Pero este afán de cumplir, para no tener que volver a pedir disculpas, no se puede hacer de cualquier manera. ¡Basta de ilusionismo! Denante, al partir la sesión, reclamé porque, arrogándose calidad de diario de

opinión, el Diario Oficial publicó la ley que “Establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer” y la presentan con un título y bajada, cual si fuera un vulgar diario de la plaza, como el proyecto que “Crea el ingreso ético familiar que establece bonos y transferencias…”. Este es un abuso completo y el encargado del Diario Oficial tendrá que dar explicaciones y también todos los que están detrás de su consejo editorial o como se llame el organismo que lo dirige y, desde luego, el Ministerio de Justicia, a cuyo cargo está la publicación de las leyes. Hago esta comparación para hacer notar que estas prácticas son abusivas y,

por lo mismo, invito a mi bancada y a todas las bancadas opositoras a votar en contra del proyecto modificado por el Senado. He dicho.


DISCUSIÓN SALA

El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, como integrante de la Comisión de

Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara, voté a favor de este proyecto, en su primer trámite, y me parece que las modificaciones introducidas por el Senado son un aporte a la iniciativa, puesto que la han perfeccionado. Quiero partir con una reflexión general para, luego, pasar a lo más

particular, lo más técnico, lo más jurídico. Quienes representamos a distritos con comunas rurales sabemos lo difícil

que es para estas conseguir la instalación de un cajero automático o un dispensador de dinero en sus distintas localidades. Hoy, es cada vez más frecuente para los trabajadores, incluso para los que se dedican a faenas agrícolas, recibir sus pagos mediante tarjetas bancarias. Además, en la actualidad, muchos beneficios sociales se están pagando a través de tarjetas. Pienso en lo que costó, por ejemplo, conseguir el cajero automático para Tongoy. Además, estamos haciendo gestiones para conseguir uno para Cerrillos de Tamaya, de manera que la gente del lugar no tenga que viajar a Ovalle, o para Sotaquí o para tantas otras localidades rurales que requieren este medio tan importante para pagar las remuneraciones de los trabajadores. Pero habitualmente nos encontramos con la explicación que esgrimen los

representantes del BancoEstado -la entidad bancaria que, por naturaleza, debe cumplir con la función social de instalar cajeros automáticos en localidades rurales- para no autorizar la instalación de dispensadores, la falta de seguridad y el aislamiento. Por eso es tan importante que las bandas organizadas que perpetran este

tipo de robo, planificadamente y con toda una organización detrás, en que se comprometen grandes recursos financieros y tecnológicos, tengan la sanción que merecen. Además, usualmente, este delito está asociado a otro que ha experimentado un singular aumento en el país en los últimos años, cual es el robo de vehículos motorizados. Esta Cámara aprobó un proyecto -del cual fui uno de sus principales autores- que aumenta la pena del robo de vehículos motorizados. Generalmente, la cadena delictual comprende dicho ilícito para, a partir de ese hecho, mediante el “alunizaje”, proceder al robo de cajeros automáticos. Efectivamente, todos consideramos que los bancos, que han tenido

utilidades millonarias -entiendo que el último año la cifra alcanzó a más de 3 mil millones de dólares-, tienen que adoptar más medidas de seguridad, por lo que es necesario obligarlos a ello y, si no lo hacen, sancionarlos. Y esto lo recoge el proyecto. Respecto del tipo penal configurado en el artículo 443 bis del Código Penal,

efectivamente, el Senado introdujo una modificación, en que la pena parte en presidio menor en su grado máximo, es decir, desde los tres años y un día hasta los cinco años. Estimo que, tratándose de bandas organizadas que -insisto- comprometen

un conjunto de recursos materiales, inmateriales y tecnológicos para perpetrar ese tipo de delito, la pena es bastante adecuada. Por ejemplo, ante la


DISCUSIÓN SALA

circunstancia de un imputado que sea primerizo, que no tenga antecedentes penales, generalmente, la pena a aplicar será de tres años y un día y no de cinco años. Por lo tanto, pueden aplicarse todas las medidas alternativas, como la remisión condicional de la pena, el arresto domiciliario, finalmente, el condenado puede cumplir la pena en libertad. En consecuencia, me parece lógico que el juez pueda recorrer la pena en

todos los grados correspondientes a la pena de presidio menor y llegar a presidio menor en su grado máximo, hasta cinco años, cuando las circunstancias concretas lo ameriten, de acuerdo con el criterio del juez. Asimismo, me parece importante el artículo 2° propuesto por el Senado.

Nosotros apoyamos una indicación presentada por la diputada Marcela Sabat en el primer trámite, que establecía: “Las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981.”. Este decreto dispone nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados. Todo lo relativo a la vigilancia y seguridad privadas, que comprende

guardias y vigilantes, está siendo objeto de modificaciones en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de esta Cámara; lamentablemente, el proyecto ha avanzado muy lentamente y hemos pedido al gobierno que fortalezca la fiscalización de la seguridad privada. Por eso, con los diputados Felipe Harboe, Carlos Montes y otros miembros de dicha Comisión hemos propuesto que sea una superintendencia la que supervise todo lo relacionado con la seguridad privada. Pero mientras no tengamos esa legislación actualizada, que es muy importante, porque va a imponer a los bancos más obligaciones respecto de sus propios guardias de seguridad, el artículo 2° propuesto por el Senado es un aporte, por cuanto no solo se remite al decreto N° 3.607, sino que también establece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “mediante un decreto supremo, regulará las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos”, y que todas las entidades bancarias estarán obligadas al cumplimiento de las referidas normas. Esto es plenamente consistente con la ley que regula la Superintendencia de

Bancos e Instituciones Financieras, como recién comentábamos con el diputado René Saffirio, que en su artículo 12, inciso primero, establece lo siguiente: “Corresponderá al Superintendente velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan y ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y negocios.”. Es decir, en la medida en que esté claramente establecida -como considero

que está en este proyecto- la obligación de que los bancos cumplan con todas las medidas de seguridad, con la contratación de vigilantes, con el empotramiento de los dispensadores y todas las medidas de protección que recomiendan los expertos, estimo que es plenamente consistente aprobar esta modificación legal con las modificaciones introducidas por el Senado, por lo que considero innecesario recurrir a una Comisión Mixta. He dicho.


DISCUSIÓN SALA

El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de

Seguridad Ciudadana y Drogas, trabajé en este proyecto y comparto gran parte de la exposición del diputado Walker. Aquí hay que hacer un téngase presente previo. Si bien se realiza una

modificación a una norma del Código Penal, lo que está en juego, a mi juicio, es mucho más que eso: hay una deuda de las políticas públicas para afrontar, de una vez por todas, desde el punto de vista regulatorio e institucional, una zona gris de la seguridad privada, que demanda ingentes esfuerzos del Estado. Tenemos una gran actividad en cuanto a guardias de seguridad, sistemas de

protección, alarmas, que, desde el punto de vista privado, ha crecido exponencialmente, sin una acabada regulación y tuición de la autoridad pertinente, que es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En ese sentido, yendo al mérito del proyecto, como sociedad hay una deuda pendiente. De hecho, como Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, hemos querido

invitar, al menos en dos ocasiones, al ministro Hinzpeter para conversar sobre esta materia. Desgraciadamente, no ha sido posible su asistencia, entendiendo que tenemos disensos importantes respecto del marco general bajo el cual vamos a trabajar el tema de la seguridad privada. Hoy, la Sala debe pronunciarse respecto del mérito de un proyecto que fue

tratado en esta Corporación y al que el Senado le introdujo modificaciones. En lo sustancial, valoramos la iniciativa y la votamos a favor en su primer

trámite constitucional. Ahora, también me inclino por respaldar las modificaciones del Senado. Por ello, llamo a abordar este proyecto sin anteojeras ni prejuicios.

Represento a sectores bastante populares del gran Santiago, y sé que la falta de cajeros automáticos o dispensadores de dinero es cada vez más grave, sobre todo en los sectores más periféricos de la capital. Hacer de esto una caricatura, en el sentido de que estamos legislando para el

sector bancario, es una muestra de facilismo. Frente a los robos, los bancos, resultan por un lado, como tienen seguros, indemnes por estos delitos y, por otro, toman represalias contra los más pobres, porque retiran los cajeros automáticos de las zonas populares importantes, donde a los trabajadores se les paga, cada vez con mayor frecuencia, mediante el sistema de transferencias electrónicas. Por lo tanto, esos dispensadores de dinero son necesarios para la vida

cotidiana de las personas. Acceder a un cajero automático ya no es una simple coyuntura, sino una necesidad de carácter público que, como legisladores, tenemos que asumir. Por ejemplo, en la comuna de Pudahuel, perteneciente a mi distrito, muchas

veces he tratado de acceder a cajeros automáticos y, simplemente, no he podido hacerlo, porque no hay, ya que los retiran. Incluso, el mismo


DISCUSIÓN SALA

BancoEstado, que es el único banco que tenemos en la comuna, no abre su cajero automático luego del cierre de la sucursal, debido a los robos que han afectado al sector. Obviamente, uno tiene la posibilidad de desplazarse en vehículo, pero muchos vecinos no lo pueden hacer. De manera que considero como un falso prejuicio afirmar que se está a

favor o en contra de la banca por legislar en torno a este proyecto. Por otra parte, debo señalar que hoy existe un aliciente importante para que

las bandas criminales desarrollen este tipo de actividades delictivas: la escasa penalidad asociada a la figura de robo de cajero automático. Primero, es necesario señalar que el robo en lugares deshabitados tiene una

escasa penalidad y, segundo, que es un delito de alta reincidencia. En consecuencia, los mismos delincuentes reinciden en el hecho, atendida la baja pena asociada al ilícito. Además, hay que destacar que las bandas que se dedican a este tipo de robos tienen cierta especialización. Lo más importante -en esto comparto el criterio del Senado- es que no se

trata de establecer una suerte de laissez faire, laissez passer en esta actividad, puesto que la ley no solo va a señalar la sanción de este delito, sino que también va a establecer responsabilidades a la banca, que antes no existían. No queremos distraer recursos de la seguridad pública, de Carabineros o de la

Policía de Investigaciones en la protección de esta actividad bancaria o en el perímetro externo de los cajeros automáticos. Con esta medida se busca establecer, mediante un decreto supremo, medidas objetivas respecto al desarrollo y la ubicación de esta actividad, tanto en cuanto a sus dispositivos de seguridad como a los mecanismos de anclaje y la posibilidad de despliegue de guardias privados en el entorno. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar el correspondiente decreto supremo. En otros países se ha salvado esta situación, por ejemplo, mediante

mecanismos de inyección de tinta a los billetes que han sido sustraídos o de detectores de metales a quienes ingresan a un cajero automático, a través de sistemas encapsulados. Obviamente, esa tecnología irroga costos y los bancos tienden a no usarla en tanto no tengan la obligación de hacerlo por instrucciones de la autoridad con las facultades correspondientes, que regulen situaciones como las que acabo de describir. En consecuencia, tendremos regulación que se hará cargo de un tema

público, no de carácter privado, que afecta a los ciudadanos, principalmente a los más vulnerables, porque hemos visto que cajeros automáticos, que son necesarios para la vida cotidiana de todos los chilenos -porque no debe haber ciudadanos de primera y de segunda categorías-, han sido trasladados. En síntesis, estamos dando un paso importante para regular condiciones

objetivas, específicas, tendientes a mejorar ostensiblemente las condiciones de operación y seguridad de estos dispensadores de billetes, más conocidos como cajeros automáticos. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Arturo Squella.


DISCUSIÓN SALA

El señor SQUELLA.- Señor Presidente, he escuchado atentamente el

debate. También formo parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, por lo que me correspondió seguir, en el primer trámite constitucional, la discusión de este proyecto. En verdad, hay un punto que hoy no se ha tocado, que tiene relación con

hacernos cargo de la sensación de temor. Uno de los índices a los que más atención le ponemos es la victimización, pero, a mi juicio, a través de este aumento en las penas, se podría contribuir en cómo la ciudadanía percibe que se está trabajando en materia de seguridad pública, que es precisamente hacerse cargo de todas las medidas que apunten a bajar o a reducir la sensación de temor en la población. Desde ese punto de vista, tanto la primera versión del proyecto, que salió de

esta Cámara, como la segunda, que nos llega con las modificaciones del Senado, están en lo cierto, aunque en esta última se corrigen algunos problemas de redacción que ya habíamos destacado durante el primer trámite. Con todo, quiero recoger algunos de los argumentos en contrario, que se

relacionan con la proporción de las penas que se establecen en esta modificación al tipo penal. Se ha dicho, casi de manera irónica, que sería más grave robarse un cajero

automático que entrar a robar a una casa, pero la verdad es que no es así. Es cierto que, desde la perspectiva del tratamiento de los tipos penales y de las penas que le asignamos a cada uno, tiene que haber proporcionalidad. Por ejemplo, la defensa de los intereses de las personas siempre debe tener una pena mayor a la de un tipo penal que afecta directamente a las cosas. Así, el robo con intimidación se sanciona con presidio mayor en su grado medio, pena más alta que la que se está asignando -incluso, subiéndola- al robo de cajeros automáticos. El robo con fuerza en las cosas en lugar habitado es penado con presidio mayor en su grado mínimo. Y así, entre los delitos contra la propiedad, podemos encontrar gran cantidad de casos en que el castigo que se asigna a estos tipos penales, que para todos y por sentido común son más graves, efectivamente es mucho más severo. Por eso, hago un llamado a tener en cuenta que, si bien el robo de cajeros

automáticos, en la mayoría de los casos, no afecta directamente la seguridad de las personas, sí genera un efecto de sensación de temor en la población, que nosotros estamos obligados a enfrentar. Por último, se ha dicho que las modificaciones del Senado, que contemplan

el reemplazo del artículo 2° y la incorporación del artículo 3°, nuevo, tienen directa relación con el proyecto de ley sobre seguridad privada, que está entrampado en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas. Coincido en que es importante tener a la vista el trabajo desarrollado en esa iniciativa, que es bastante contundente en cuanto a su contenido, pero no creo que sea conveniente retrasar la tramitación de un proyecto como el que tenemos a la vista simplemente porque otro, relacionado con el tema, está en trámite. Por eso, invito a nuestros amigos y colegas de la Concertación a que no

trabemos más el proyecto sobre seguridad privada. Desde hace bastante


DISCUSIÓN SALA

tiempo se está pidiendo el cambio de la supervigilancia que, desde la perspectiva del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debiera recaer en una de las divisiones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero se pretende crear una institución nueva o una Superintendencia de Seguridad Privada. Ya se ha dicho que no a esa posibilidad, pero eso ha entrampado el avance de ese proyecto tan importante. Considero conveniente aprobar esta iniciativa con las modificaciones del

Senado porque, si bien hay una iniciativa en curso, que es importante, todavía le falta mucho para salir a la luz. Por eso, llamo a todos los diputados a aprobar este proyecto de ley, de

manera de ponerle una gran traba a este delito, que está generando una creciente sensación de temor en la población. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes

términos: El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde votar las

modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con excepción de la referida al artículo 1°, respecto del cual se pidió votación separada. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el

siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Baltolu Rasera Nino; Bauer

Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel;


DISCUSIÓN SALA

Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos

Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando. -Se abstuvieron los diputados señores: Arenas Hödar Gonzalo; Delmastro Naso Roberto; Espinosa Monardes

Marcos; Pascal Allende Denise. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde votar el artículo 1°

del proyecto aprobado por el Senado, respecto del cual se pidió votación separada. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Baltolu Rasera Nino; Bauer

Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; Fa-rías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said


DISCUSIÓN SALA

Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos

Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Schilling Rodríguez Marcelo; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando. -Se abstuvieron los diputados señores: Arenas Hödar Gonzalo; Delmastro Naso Roberto; Jiménez Fuentes Tucapel.

El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.


OFICIO APROBACIÓN MODIFICACIONES

3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora Comunica aprobación de modificaciones. Fecha 24 de mayo, 2012. Cuenta en Sesión 22. Legislatura 360. Senado. Oficio Nº 10197 VALPARAÍSO, 24 de mayo de 2012 A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, correspondiente al boletín Nº7689-07. Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 552/SEC/12, de 23 de mayo de 2012. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a V.E. NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ Presidente de la Cámara de Diputados ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ Secretario General de la Cámara de Diputados


OFICIO LEY AL EJECUTIVO

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado por el Congreso Nacional. Fecha 24 de mayo, 2012. Oficio Nº 10196 VALPARAÍSO, 24 de mayo de 2012

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondiente al boletín N° 7689-07.

PROYECTO DE LEY: “Artículo 1°.- Agrégase el siguiente artículo 443 bis al Código Penal: “Artículo 443 bis.- El robo con fuerza de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero, o del dinero y valores contenidos en ellos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Para los efectos del presente artículo se entenderá que hay fuerza en las cosas si se ha procedido con alguno de los medios señalados en el artículo 440, Nos 1° y 2°; si se ha fracturado, destruido o dañado el cajero automático o dispensador o sus dispositivos de protección o sujeción mediante el uso de instrumentos contundentes o cortantes de cualquier tipo, incluyendo el empleo de medios químicos; o si se utilizan medios de tracción.”. Artículo 2°.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante un decreto supremo, regulará las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie, denominados en adelante e indistintamente “cajeros automáticos” o “cajeros”. Estarán obligadas al cumplimiento de las referidas normas que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las entidades

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA


OFICIO LEY AL EJECUTIVO

bancarias y financieras de cualquier naturaleza y las empresas de apoyo al giro bancario que reciban o mantengan dineros en sus operaciones, y sean propietarias o administradoras, a cualquier título, de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie. Las medidas de seguridad de los cajeros automáticos deberán incorporarse en los estudios de seguridad de las entidades obligadas de acuerdo al inciso anterior, propietarias o administradoras de los mismos. La fiscalización de las medidas de seguridad aplicables a los cajeros automáticos corresponderá a Carabineros de Chile o a la autoridad respectiva, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 1° del decreto ley N° 3.607, de 1981. Artículo 3°.- El decreto supremo a que se refiere el artículo precedente deberá, a lo menos, regular materias relativas a la ubicación y entorno de los dispensadores de dinero, a los sistemas de anclaje, de alarma, de grabación de imágenes, de protección contra elementos cortantes o fundentes, de empotramiento y blindaje y al sistema disuasivo de seguridad de entintado de billetes. El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas conforme a lo dispuesto en este artículo dará lugar a las sanciones previstas en el inciso octavo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981.”. Dios guarde a V.E. NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ

Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ Secretario General de la Cámara de Diputados


LEY

5. Publicación de Ley en Diario Oficial

5.1. Ley N° 20.601 Tipo Norma :Ley 20601 Fecha Publicación :14-07-2012 Fecha Promulgación :06-07-2012 Organismo :MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA; SUBSECRETARÍA DE L INTERIOR Título :AUMENTA LAS PENAS DEL DEL ITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTIC OS Tipo Versión :Única De : 14-07-2012 URL : http://www.leychile.cl/N?i=1041772&f=2012-07-14&p= LEY NÚM. 20.601 AUMENTA LAS PENAS DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley: "Artículo 1°.- Agrégase el siguiente artículo 443 bis al Código Penal: "Artículo 443 bis.- El robo con fuerza de caje ros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero , o del dinero y valores contenidos en ellos, será sanciona do con la pena de presidio menor en su grado máximo. Para los efectos del presente artículo se entenderá que hay fuerza e n las cosas si se ha procedido con alguno de los medios s eñalados en el artículo 440, Nos 1° y 2°; si se ha fracturad o, destruido o dañado el cajero automático o dispensad or o sus dispositivos de protección o sujeción mediante el u so de instrumentos contundentes o cortantes de cualquier tipo, incluyendo el empleo de medios químicos; o si se ut ilizan medios de tracción.".


LEY

Artículo 2°.- El Ministerio del Interior y Seg uridad Pública, mediante un decreto supremo, regulará las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos, dispensadores o contene dores de dinero de cualquier especie, denominados en adelant e e indistintamente "cajeros automáticos" o "cajeros". Estarán obligadas al cumplimiento de las refer idas normas que dicte el Ministerio del Interior y Segur idad Pública, las entidades bancarias y financieras de c ualquier naturaleza y las empresas de apoyo al giro bancario que reciban o mantengan dineros en sus operaciones, y s ean propietarias o administradoras, a cualquier título, de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores d e dinero de cualquier especie. Las medidas de seguridad de los cajeros automá ticos deberán incorporarse en los estudios de seguridad d e las entidades obligadas de acuerdo al inciso anterior, propietarias o administradoras de los mismos. La fiscalización de las medidas de seguridad a plicables a los cajeros automáticos corresponderá a Carabiner os de Chile o a la autoridad respectiva, de acuerdo con l o establecido en el inciso tercero del artículo 1° de l decreto ley N° 3.607, de 1981. Artículo 3°.- El decreto supremo a que se refi ere el artículo precedente deberá, a lo menos, regular mat erias relativas a la ubicación y entorno de los dispensad ores de dinero, a los sistemas de anclaje, de alarma, de gr abación de imágenes, de protección contra elementos cortantes o fundentes, de empotramiento y blindaje y al sistema disuasivo de seguridad de entintado de billetes. El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas conforme a lo dispuesto en este artícu lo dará lugar a las sanciones previstas en el inciso octavo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981.". Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sanc ionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley d e la República. Santiago, 6 de julio de 2012.- SEBASTIÁN PIÑER A ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Hin zpeter


LEY

Kirberg, Ministro del Interior y Seguridad Pública. - Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Justicia. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretari o del Interior.

Historia de la Ley Nº 20.601 Aumenta las penas del delito de ......ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS....

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