Historia de la Drummond y el Cesar

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La compañía tendrá que garantizar compensaciones y estándares

ambientales.

La multinacional ha sido muy conflictiva, con huelgas en 2006 y 2008 y

muertes de sindicalistas en el 2001. En 2007 recibió una multa por US$33

millones por un detrimento patrimonial de US$70 millones. Por liquidar mal las

regalías, la empresa recibió una sanción por US$48 millones.

Entre 1995 y 2007, la Drummond, una sociedad familiar residenciada en

Alabama, ha extraído 160 millones de toneladas de carbón de alta calidad del

departamento del Cesar.

En junio de 2007 el contralor Julio César Turbay Quintero notificaba que

estudios técnicos adelantados por su entidad demostraban cómo se ha

registrado un posible detrimento patrimonial para la Nación, de más de US$70

millones ($140 mil millones) que se resolvió por US$33 millones en un tribunal

de arbitramento.

Más recientemente, las regalías que debía pagar la empresa al departamento

del Cesar y a los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná

fueron mal liquidadas y tuvo que pagar una multa de US$48 millones en

septiembre de 2008.

En el año 2007, la compañía carbonífera vendió US$1.150 millones y despacha

US$8 millones diarios. Obtiene ventajas tributarias como la devolución del IVA

y el impuesto a la renta.

Está exenta del pago del impuesto de industria y comercio y del impuesto

predial, o sea, 10 mil hectáreas desentrañadas de carbón a cambio de una

regalía del 10% a boca de mina que intentó birlar en parte.

Tres dirigentes del sindicato de la Drummond fueron asesinados por

paramilitares en 2001 y el crimen no ha sido esclarecido en Colombia.

Jorge 40 fue acusado del asesinato, pero su extradición obstaculizó el proceso

en su contra. Por un esguince de la ley norteamericana sobre piratería en

ultramar, la demanda fue acogida por un tribunal de Alabama y la empresa fue

exonerada de responsabilidad.

Mientras allá se llevó a cabo un juicio rápido y eficiente con enormes

dificultades para aportar pruebas, poniendo en duda su certitud, acá la justicia

se demora tanto que resulta negada.

También se recuerdan ataques sistemáticos de las Farc al ferrocarril que

utilizaba la Drummond en los años 2000 y 2001, los cuales despertaron el

apoyo por la empresa entre las poblaciones conectadas.

El historial laboral de la multinacional es bastante conflictivo, con huelgas en

2006 y 2008. A pesar de precios récord en la historia de la industria del

carbón en 2008, la empresa no quiso atender las peticiones del sindicato y éste

decretó una huelga que duró sólo seis días.

En su pliego solicitaban que se cumpliera la ley en materia de seguridad

industrial a causa de frecuentes accidentes, lesiones y enfermedades,

estabilidad laboral (otra vez las cooperativas de trabajo en acción), ajuste

salarial por encima de la inflación —que no al precio internacional del carbón—

e inversión social que paliara los daños infringidos a los habitantes de los

municipios en donde se asienta la mina y los que viven a lo largo del corredor

carbonífero.

Es evidente el descuido ambiental de la empresa. El carbón es conducido en

tractomulas o en el ferrocarril de trocha angosta con vagones pequeños y se

pasa a barcazas que se adentran en el mar Caribe para entregar su

contaminante carga.

Cada traspaso y viaje liberan mineral pulverizado a la atmósfera que es nocivo

para la salud humana, de animales y de plantas.

Se recuerda un paro cívico en La Jagua como reacción a la presencia de

enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, especialmente entre niños y

ancianos que respiran el polvillo negro, algo de lo cual también se quejan los

afectados por el tráfico vehicular y de trenes.

El mismo polvillo ha deteriorado la calidad de las playas de Santa Marta y

desvalorizado las propiedades que allí se asientan.

Esta brillante empresa según el estado Colombiano, paradójicamente no lleva

registro público de infracciones contaminantes ni menos de sanciones a sus

perpetradores, lo cual indica que jamás y nunca ha violado las normas en

materia medio ambiente. (Consultar la página web del Ministerio del Medio

Ambiente)*.

Sin embargo, el Ministerio sí multó con $100 millones —menos de US$50 mil—

a la firma American Port Company, filial de la multinacional Drummond, por

polucionar las playas alrededor de El Rodadero en septiembre de 2007.

La Drummond anunció recientemente que duplicará su producción hacia el

futuro con la concesión que les hiciera el Gobierno de las minas de El

Descanso, Rincón Hondo y el Hatillo, 17 mil hectáreas adicionales como

premio a su comportamiento ejemplar.

Según el vocero de la empresa, “Colombia tendrá la mina a cielo abierto más

grande del mundo y con los estándares ambientales más severos” (amanecerá

y veremos dijo el ciego)*, reflejando la confianza inversionista en el país.

El ministro del Medio Ambiente y Vivienda, Juan Lozano, resaltó: “La

Drummond tendrá que garantizar las más altas compensaciones y estándares

ambientales impuestas dentro del marco de la ley para explotar la mina. Estos

estándares se tendrán que aplicar en lo sucesivo a toda la industria del

carbón”, algo que parece depender más del autocontrol del resto de la industria

(El Cerrejón, Prodeco, etc.) que de la propia desidia del Gobierno.

* subrayado fuera del texto original.