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Menú principal Índice de Scripta Nova Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. XI, núm. 245 (27), 1 de agosto de 2007 [Nueva serie de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana] Número extraordinario dedicado al IX Coloquio de Geocritica EL EMPLAZAMIENTO PERIFÉRICO DE LA VIVIENDA SOCIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE: Consecuencias socio espaciales y sugerencias para modificar los criterios actuales de localización1 Rodrigo Hidalgo Hugo Zunino Lily Alvarez Instituto de Geografia Pontifícia Universidad Católica de Chile El emplazamiento periférico de la vivienda social en el área metropolitana de Santiago de Chile: consecuencias socio espaciales y sugerencias para modificar los criterios actuales de localización (Resumen) La vivienda social construida en el Área Metropolitana de Santiago de Chile para “la demanda no solvente” tiende a localizarse exclusivamente en los municipios de la periferia, excluyendo y negando con ello el acceso de los más pobres a las ventajas de vivir en la ciudad bien equipada y servida. El trabajo que presentamos tiene como objetivo, en primer lugar, discutir los criterios que utiliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para localizar estos conjuntos y, en segundo lugar, proponer alternativas a la lógica locacional basada en el valor del suelo, considerando para ello principios de equidad social y territorial. Palabras clave: vivienda social, agentes urbanos, planificación territorial Peripheral emplacement of social housing complexes in Santiago, Chile: spatial consequences and suggestions to modify current localization criteria (Abstract) Social housing complexes constructed in the Metropolitan Region of Santiago, Chile, for those who can not afford market prices tend to concentrate in peripheral municipalities, making problematic the access of poor population to the benefits of living within the boundaries of a city with good level of services and equipment. In this paper we discuss the criteria used by the Ministry of Housing and Urbanism of Chile to locate social housing and elaborate, briefly, on alternative considering principles of social and territorial equity. Key words: social housing, urban agents, urban and regional planning Dependiendo de los distintos contextos sociales, económicos y políticos, la discusión en torno a como abordar la política de vivienda social ha presentado diversos matices, cuestión que se manifiesta a su vez en las medidas correctivas a los problemas que ella manifiesta en la práctica. En Chile, durante la década de 1980, producto de las grandes erradicaciones de “campamentos” o asentamientos precarios a la periferia de las ciudades, el debate estuvo centrado en un problema básico, cual fue poner en relieve la violenta desvinculación que sufrieron muchas familias con su entorno funcional, tanto en el ámbito de las relaciones familiares como de las actividades laborales y de prestación de servicios en general. El traslado a la periferia de estas familias fue a su vez justificado por las autoridades de la época como la salida definitiva a las condiciones de marginalidad habitacional, marcada por la ausencia de los servicios de urbanización, como el agua potable, la luz eléctrica y el alcantarillado, entre los más importantes. Asimismo, durante el gobierno autoritario estas intervenciones jugaron también un papel político, como fue el erradicar posibles focos de resistencia a dicho mandato. Siguiendo la línea de razonamiento anterior, en paralelo en esos años la construcción de este tipo de viviendas era bastante menor que la creciente demanda. Durante el período de régimen militar a su vez se restringen férreamente las “tomas” de terreno o asentamientos ilegales, por lo que el déficit aumenta de modo considerable, de 1982 a 1992, se pasa de casi 800.000 unidades faltantes en todo el país a poco más de un millón (Mac Donald, 1994). Con el advenimiento de la democracia (1990) el problema de la vivienda social fue entonces abordar el ingente déficit de viviendas y el principio de acción estuvo centrado en construir el mayor número de viviendas que fuera posible, dentro de las limitaciones propias que el presupuestode la nación lo permitiera. Entre 1990 y 2002 se construyeron más de 1 millón 270 mil, reduciendo el déficit a algo más de 242.000 viviendas (Ravinet, 2004). Si bien es cierto que los logros cuantitativos de la política de vivienda en la citada década están a la vista -muchos chilenos salen de la marginalidad habitacional, lo que redunda en una mejoría de las condiciones de salubridad de la población de bajos ingresos- es precisamente sobre los principios que ella descansó donde se observan también las principales debilidades y por consiguiente los flancos que sustentan las substanciales criticas realizadas. En este sentido, la edificación masiva de viviendas sociales trajo aparejada una serie de dificultades que repercuten tanto en la administración de los programas como en la población beneficiaria. Al respecto, cabe resaltar la pérdida del “sentido del lugar” de un contingente importante de la población beneficiada, generando ghettos urbanos periféricos estandarizados que caracteriza, hoy en día, el espacio urbano de la periferia pobre de Santiago: áreas normalizadas, carentes de vitalidad y con bajos niveles de interacción social. En un primer momento la discusión en torno a las consecuencias de la construcción masiva estuvo centrada en el problema de la calidad de la construcción, sobre todo luego de lo ocurrido en conjuntos como la población El Volcán, en la comuna de Puente Alto, conocida también como las casas de “nylon”, en alusión a los problemas que dichos bloques de departamentos tuvieron en el invierno de 1997. A pocos meses de ser entregados se vieron seriamente afectados por las inclemencias de la lluvia que se dejó caer en la zona central de Chile y que repercutió con especial vigor en la ciudad de Santiago. Luego de numerosos intentos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) por reparar los problemas aludidos, finalmente en agosto de 2006 se comenzaron a demoler algunos edificios y sus habitantes

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El emplazamiento periférico de la vivienda social en el área metropolitana de Santiago de Chile

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Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788.

Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. XI, núm. 245 (27), 1 de agosto de 2007

[Nueva serie de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana]

Número extraordinario dedicado al IX Coloquio de Geocritica

EL EMPLAZAMIENTO PERIFÉRICO DE LA VIVIENDA SOCIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO DECHILE:

Consecuencias socio espaciales y sugerencias para modificar los criterios actuales de localización1

Rodrigo HidalgoHugo Zunino Lily Alvarez

Instituto de GeografiaPontifícia Universidad Católica de Chile

El emplazamiento periférico de la vivienda social en el área metropolitana de Santiago de Chile: consecuencias socio espaciales ysugerencias para modificar los criterios actuales de localización (Resumen)

La vivienda social construida en el Área Metropolitana de Santiago de Chile para “la demanda no solvente” tiende a localizarseexclusivamente en los municipios de la periferia, excluyendo y negando con ello el acceso de los más pobres a las ventajas de vivir en laciudad bien equipada y servida. El trabajo que presentamos tiene como objetivo, en primer lugar, discutir los criterios que utiliza elMinisterio de Vivienda y Urbanismo para localizar estos conjuntos y, en segundo lugar, proponer alternativas a la lógica locacional basadaen el valor del suelo, considerando para ello principios de equidad social y territorial.

Palabras clave: vivienda social, agentes urbanos, planificación territorial

Peripheral emplacement of social housing complexes in Santiago, Chile: spatial consequences and suggestions to modify currentlocalization criteria (Abstract)

Social housing complexes constructed in the Metropolitan Region of Santiago, Chile, for those who can not afford market prices tend toconcentrate in peripheral municipalities, making problematic the access of poor population to the benefits of living within the boundaries ofa city with good level of services and equipment. In this paper we discuss the criteria used by the Ministry of Housing and Urbanism ofChile to locate social housing and elaborate, briefly, on alternative considering principles of social and territorial equity.

Key words: social housing, urban agents, urban and regional planning

Dependiendo de los distintos contextos sociales, económicos y políticos, la discusión en torno a como abordar la política de vivienda socialha presentado diversos matices, cuestión que se manifiesta a su vez en las medidas correctivas a los problemas que ella manifiesta en lapráctica.

En Chile, durante la década de 1980, producto de las grandes erradicaciones de “campamentos” o asentamientos precarios a la periferia delas ciudades, el debate estuvo centrado en un problema básico, cual fue poner en relieve la violenta desvinculación que sufrieron muchasfamilias con su entorno funcional, tanto en el ámbito de las relaciones familiares como de las actividades laborales y de prestación deservicios en general. El traslado a la periferia de estas familias fue a su vez justificado por las autoridades de la época como la salidadefinitiva a las condiciones de marginalidad habitacional, marcada por la ausencia de los servicios de urbanización, como el agua potable, laluz eléctrica y el alcantarillado, entre los más importantes. Asimismo, durante el gobierno autoritario estas intervenciones jugaron tambiénun papel político, como fue el erradicar posibles focos de resistencia a dicho mandato.

Siguiendo la línea de razonamiento anterior, en paralelo en esos años la construcción de este tipo de viviendas era bastante menor que lacreciente demanda. Durante el período de régimen militar a su vez se restringen férreamente las “tomas” de terreno o asentamientosilegales, por lo que el déficit aumenta de modo considerable, de 1982 a 1992, se pasa de casi 800.000 unidades faltantes en todo el país apoco más de un millón (Mac Donald, 1994).

Con el advenimiento de la democracia (1990) el problema de la vivienda social fue entonces abordar el ingente déficit de viviendas y elprincipio de acción estuvo centrado en construir el mayor número de viviendas que fuera posible, dentro de las limitaciones propias que elpresupuestode la nación lo permitiera.

Entre 1990 y 2002 se construyeron más de 1 millón 270 mil, reduciendo el déficit a algo más de 242.000 viviendas (Ravinet, 2004). Si bienes cierto que los logros cuantitativos de la política de vivienda en la citada década están a la vista -muchos chilenos salen de la marginalidadhabitacional, lo que redunda en una mejoría de las condiciones de salubridad de la población de bajos ingresos- es precisamente sobre losprincipios que ella descansó donde se observan también las principales debilidades y por consiguiente los flancos que sustentan lassubstanciales criticas realizadas. En este sentido, la edificación masiva de viviendas sociales trajo aparejada una serie de dificultades querepercuten tanto en la administración de los programas como en la población beneficiaria. Al respecto, cabe resaltar la pérdida del “sentidodel lugar” de un contingente importante de la población beneficiada, generando ghettos urbanos periféricos estandarizados que caracteriza,hoy en día, el espacio urbano de la periferia pobre de Santiago: áreas normalizadas, carentes de vitalidad y con bajos niveles de interacciónsocial.

En un primer momento la discusión en torno a las consecuencias de la construcción masiva estuvo centrada en el problema de la calidad dela construcción, sobre todo luego de lo ocurrido en conjuntos como la población El Volcán, en la comuna de Puente Alto, conocida tambiéncomo las casas de “nylon”, en alusión a los problemas que dichos bloques de departamentos tuvieron en el invierno de 1997. A pocos mesesde ser entregados se vieron seriamente afectados por las inclemencias de la lluvia que se dejó caer en la zona central de Chile y querepercutió con especial vigor en la ciudad de Santiago. Luego de numerosos intentos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización(SERVIU) por reparar los problemas aludidos, finalmente en agosto de 2006 se comenzaron a demoler algunos edificios y sus habitantes

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reubicados en otras viviendas.

En segundo lugar, se retoma con fuerza el problema que se suscita con la localización de los conjuntos en la periferia. Se llega a caracterizar“el problema de los con techo” (Rodríguez y Sugranyes, 2005) en alusión a que como resultado de la construcción masiva se genera ungrupo de pobres excluidos y al margen del proceso de modernización capitalista en el período de la globalización neoliberal.

Pese a que el retorno de la democracia significo nuevas posibilidades para cambiar el rumbo de las políticas habitacionales, durante ladécada de 1990 se continuó con el patrón de localización ya iniciado en las décadas anteriores. Se continuaron acumulando las viviendassociales en contados lugares de la ciudad y para hacer rendir el “recurso suelo” se construyeron conjuntos que en algunos casos superabanlas 1000 viviendas (Hidalgo, 2007).

A fines de la citada década se entra a un nuevo estadio en lo que a localización de estos conjuntos se refiere y tiene relación con suconstrucción casi exclusiva de viviendas sociales en comunas situadas en espacios periurbanos o rurubanos. Dicho en otras palabras, en lasáreas metropolitanas de Chile las viviendas sociales prácticamente ya no tienen posibilidades de construirse en el límite de la manchaurbana, sino que se levantan en espacios distantes de la frontera edificada de la ciudad, tanto en el medio rural como en las ciudadesmenores existentes en los confines de las grandes conurbaciones (Hidalgo, 2007).

Las formas de la segregación y de la separación de los pobres respecto del universo urbano el cual tradicionalmente se han ubicado losconjuntos de vivienda social son ahora diferentes, si antes lo hacían en barrios ya asentados o cercanos a ellos, ahora se materializanalrededor de los núcleos poblados menores del anillo exterior del área metropolitana. Pese a las esperanza que trajo consigo enadvenimiento de la democracia, la mayoría de los problemas que se denunciaron e las décadas pasadas como el aumento de las distanciasrespecto de los lugares de servicio y el rompimiento de la matriz de las relaciones sociales primarias y secundarias como consecuencia de lainadecuada localización en los límites de la gran ciudad, ahora se potencian con mayor fuerza, en vez de corregir se reproducencontrariedades estructurales como consecuencia de una supuesta escasez de suelo.

En suma, bajo las restricciones y posibilidades derivadas del modelo de libre mercado impuesto desde mediado de la década de los ochentay reforzado bajo la administraciones democráticas desde 1990 a la actualidad, los agentes privados tienden a localizar los complejos deviviendas sociales en aquellos lugares que presentan menor uso del suelo, de modo de aumentar las tasas de retorno y aumentar losmárgenes de ganancia. Estos logares son, por lo general, localizaciones periféricas dotadas de bajos niveles de accesibilidad y carencia deservicios y equipamientos urbanos. En los siguientes acápites ofreceremos evidencia empírica sobre este proceso, analizaremos susconsecuencias sobre el tejido socio-espacial y propondremos algunas alternativas para avanzar en revertir la creciente fragmentación socialy espacial de Santiago de Chile.

Aproximación metodológica utilizada para analizar las consecuencias socio-espaciales de la vivienda social en la periferiametropolitana de Santiago

Este trabajo trata sobre relación las repercusiones socio-espaciales del proceso de edificación de complejos de vivienda social en la periferiaurbana y acerca de los posibles caminos que podría considerar una política de vivienda social inclusiva y socialmente sustentable. Estacomunicación tiene como marco espacial de referencia al conjunto de municipios que conforman la ciudad de Santiago y su periferia,teniendo como horizonte temporal de análisis las viviendas sociales construidas en dicho espacio entre 1992 y 2005.

Para efectos operativos y conceptuales del estudio consideramos que las comunas de la periferia metropolitana de Santiago son aquellas quese encuentran en el límite exterior de los municipios que forman la gran conurbación (figura 1). De esta forma las comunas periféricas a ellaconsideradas son: Colina, Lampa, Til-Til, Paine, Buin, Isla de Maipo, Peñaflor, Talagante, El Monte, Isla de Maipú, Pique, Curacaví yMelipilla.

Figura 1Comunas de la periferia metropolitana de Santiago de Chile

La literatura reciente distingue los procesos de expansión metropolitana a partir de las nociones de ciudad dispersa o periurbanización ociudad difusa o de expansión en baja densidad (Monclús, 1991, Dematteis, 1991, Arroyo, 2001). Según la situación geográfica se definentambién otras categorías conceptuales, como post-suburbio, hiper-ciudad (Corboz, 2001) y metápolis (Asher, 2001) referidos a la pérdida dela condición fundamental que dio origen a la ciudad: la diversidad social, funcional y morfológica que sustentó la consolidación delfenómeno urbano y la respectiva tendencia monofuncional de la expansión metropolitana (Vicente, 2003).

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Esta vasta diversidad conceptual nace al amparo de la realidad europea y anglosajona, la cual es diferente a la situación que experimentanlas ciudades latinoamericanas, por lo que se hace necesaria una permanente re-teorización conceptual y calce con la realidad empírica. En elárea de estudio existen consideraciones relevantes como son la dimensión histórica y la amplitud de formas que presenta la expansiónmetropolitana, propias de la ciudad chilena en general y de Santiago en particular. En términos más acotados, este trabajo buscamosexaminar como la vivienda social en la búsqueda de suelo más barato va formando verdaderos espacios monofuncionales, segregados yfragmentados, que podríamos denominar “precariopolis estatal”, definida por la presencia de los servicios de urbanización –electricidad,agua potable, luz eléctrica y en algunos casos calles pavimentadas. En estos lugares, la población habita en residencias con tamaños cuyopromedio no supera los 45 m2 edificados y por la ausencia del resto de clases sociales, equipamientos y algunos servicios básicos y nobásicos, como colegios, centros de salud, áreas de esparcimiento y centros de comercio, entre otros. (Hidalgo, 2007)

Para estudiar y dimensionar la “precariopolis” levantada por lo acción del Estado en el período de estudio, 1992-2005, se ha construido unabase de datos con los conjuntos de vivienda social pública levantados en dicho período. La fuente primaria de los datos fueron los libros deobras de las municipalidades involucradas y las memorias anuales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que detallan las obras realizadasen el país.

La georeferenciación de la base de datos de conjuntos de vivienda social se llevo a cabo por medio de dos procesos. En primer lugar,cuando se contaba con un plano digital de la red vial se utilizó la técnica de la geocodificación, que consiste en el ingreso de la dirección dela población, calle y número, a un Sistema de Información Geográfica (ArcView 3.2). Como segunda alternativa y con el uso del GPS, seprocedió a la ubicación en terreno de cada conjunto.

Una vez confeccionada la cartografía de conjuntos habitacionales, se procedió a contrastar la localización de dichas viviendas con loscambios socio-espaciales recientes que han experimentados los lugares en que ellas se emplazaron. Para ello se utilizó el Índice deDesarrollo Socioeconómico (IDS), debido por una parte a su representatividad para la realidad chilena y por otra por disponibilidad de losdatos para su cálculo.

El procedimiento del cálculo del IDS fue tomado a partir del Índice de Desarrollo Humano (IDH), metodología propuesta por el Programade Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (PNUD/MIDEPLAN, 2000). La fuente de información del IDS son los censos de poblacióny vivienda realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 1992 y 2002. El conjunto de datos para realizar dicho cálculo semanejó a través del software REDATAM-G4 (Recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador), desarrollado por el CentroLatinoamericano de Demografía (CELADE) y definido como un sistema informático que permite por el procesamiento de microdatoscensales (Rodríguez y González, 2006), siendo en este caso la zona censal la unidad elegida para nuestro análisis para el caso de las áreasurbanas y el distrito censal para las rurales.

Los tres grandes componentes del IDS dicen relación con el equipamiento interno de las viviendas medido a través de los bienes suntuarios,nivel de estudios de la población y calidad de la vivienda. El primero de ellos consideró nueve variables para 1992 y once para 2002. Eneste último caso estas fueron: auto particular, lavadora, camioneta particular, microonda, moto particular, refrigerador, teléfono red fija,televisión a color, video grabador, Internet y televisión por cable. En el caso de la dimensión educación ella está compuesta por 5categorías: humanidades, educación media, centro de formación técnica, instituto profesional y universidad. Las variables de calidad de lavivienda fueron: techo, piso y pared, que el censo detalla a partir de los materiales utilizados en su construcción. Posteriormente se llevó acabo la estandarización de los datos, con el fin de homogenizar los valores y entregarle el mismo peso a cada subíndice. La fórmula de laestandarización es la siguiente:

(valor máximo - valor mínimo)________________________________________

(valor de la variable–valor mínimo)

Finalmente, por cada zona censal se sumaron los tres valores estandarizados de cada dimensión considerada, obteniéndose así el IDS paracada zona censal de las comunas en estudio. Los valores más altos expresan mayores niveles de desarrollo socioeconómico (Hidalgo yBorsdorf, 2005a). Una vez calculados los valores totales de cada unidad territorial se contrastaron los cambios en el IDS para el período1992-2002, haciéndose énfasis en aquellas unidades censales en que se habían materializado en similar período conjuntos de viviendasocial.

La precariopolis estatal en la periferia de Santiago

Desde los inicios de la política de vivienda social en Santiago de Chile se observa la localización de los conjuntos públicos en la periferia dela ciudad. Así lo demuestran los estudios de Hidalgo (2002, 2005) que muestra como progresivamente dichas intervenciones desde lapromulgación de la Ley de Habitaciones Obreras en 1906 fueron construyendo la periferia de la ciudad, tanto por su acción directa comoindirecta, construyendo nuevas viviendas, favoreciendo el acceso al suelo o gestionado los servicios básicos de urbanización para el iniciode la consolidación de los asentamientos espontáneos.

Sin embargo, como señalamos, desde la segunda mitad de la década de los noventa nos encontramos con un importante crecimiento de lasviviendas sociales en las comunas de la periferia metropolitana de Santiago debido al avance y consolidación de una política de libremercado que repercute, con fuerza, en todas las iniciativas sectoriales impulsadas por el Estado de Chile. Si tomamos un marco temporal dereferencia mayor, entre 1984 y 2002, se puede acotar que la cantidad de viviendas sociales progresivamente ha disminuido, para el conjuntode comunas que conforman la mancha urbana continua recibiendo este tipo de emprendimientos (figura 1). En este sentido, según el análisisde la estadística de edificación de las viviendas sociales (cuadro 1), se puede señalar que la disminución aparente de las viviendasconstruidas en el Gran Santiago es en realidad el desborde de la vivienda social a las comunas periféricas de la gran conurbaciónsantiaguina. Los datos aludidos muestran, en primer lugar, que en el período 1978-1983 se edificaron en dichas comunas 3.467 viviendas,entre 1984-1989 5.575, en el lapso 1990-1995 10.628 y entre 1996-2002 9.076 unidades. Aunque muchas de estas viviendas son parapoblación que efectivamente reside en las localidades asociadas a esas comunas, las cifras señaladas no dejan duda que la vivienda social yano se localiza preferentemente en la periferia inmediata de la ciudad, sino que se comienza a ubicar en aquellas comunas que limitan con elárea metropolitana propiamente tal.

Cuadro 1Viviendas sociales construidas en comunas del interior y exterior del área metropolitana del Gran Santiago

Ubicación 1978-1983 1984-1989 1990-1995 1996-2002 Total

Viviendas sociales construidas en comunas externas al Área Metropolitana del Gran Santiago, 1978-2003 (1) 3467 3575 10628 9076 26746

37908

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Viviendas sociales construidas en comunas internas del Área Metropolitana del Gran Santiago, 1978-2003 (2) 68804 55268 37369 199349

(1) Estas comunas son: Colina, Peñaflor, Padre Hurtado, Melipilla, Talagante, Buin, Paine, El Monte, Lampa, Isla de Maipú, Curacaví, Til-Til, San José de Maipú, MaríaPinto, Calera de Tango, Pirque, San José de Maipo y Alhué. (2) Puente Alto, La Pintana, San Bernardo, La Florida, Maipú, Pudahuel, Renca, El Bosque, Peñalolén, Quilicura, La Granja, Lo Prado, Macul, Cerrillos, Cerro Navia, LoBarnechea, San Ramón, Conchalí, Lo Espejo, Estación Central, Las Condes, Pedro Aguirre Cerda, Huechuraba, Santiago, La Reina, San Joaquín, La Cisterna, Ñuñoa,Providencia, Recoleta, San Miguel y Quinta Normal

La pregunta que aparece luego de esta breve descripción del comportamiento de la construcción de las viviendas sociales en la periferiametropolitana es ¿cuáles son las consecuencias socio espaciales de esta nueva localización?. Al analizar la información del IDS para elperíodo 1992-2002, podemos afirmar que ahí donde se construyeron conjunto de viviendas social el IDS descendió, se mantuvo o subiólevemente, cuestión que nos lleva a afirmar que estos conjuntos residenciales son motores de un cambio regresivo de los espacios donde seubican.

La política mercantilista de uso del suelo urbano impuestas desde los mediados de los ochenta en adelante expulso a las viviendas socialescada vez más lejos de la ciudad. De esta manera comunas periurbanas comenzaron a recibir nuevos habitantes que, debido a su condiciónde pobreza, disminuyen la condición socioeconómica de la comuna y específicamente de las zonas censales que habitan. Este proceso seobserva al comparar los valores del IDS de las zonas con viviendas sociales para los años 1992 y 2002 (figuras 2 y 3). Se ve que en el año92 las zonas con presencia de conjuntos de viviendas sociales tenían un mayor IDS que el resto, mientras que después de una década estasituación se invierte y la influencia de la vivienda social en las zonas censales se hace latente. La evidencia empírica muestra una relaciónentre la generación de focos pobreza y las políticas habitacionales del Estado. Hay que considerar, también, que en muchos distritoscensales se construyeron condominios cerrados y vigilados, reduciendo la segregación espacial pero manteniendo la segregación social. Enestos casos, las cifras pueden denotar un aumento del IDS, pero éste no es consecuencia de un proceso actuando a nivel de distrito censal,sino consecuencia del emplazamiento de sectores medio y medio-alto que se auto-excluyen, física y simbólicamente de la población máspobre.

Entonces estamos en presencia de la construcción de una verdadera precariopolis estatal, que además de presentar bajos indicadoresobjetivos de calidad de vida –medidos a través de los componentes del IDS- ella presenta otros problemas que se ven reflejados en lasfiguras 4 y 5, que muestran la asociación de los lugares donde se construye la vivienda social con aspectos de la base económica y de ladependencia funcional de actividades de estudio y trabajo. En concreto, los conjuntos de vivienda social se localizan en distritos censalescon una alta proporción de población en cesante o en paro. A su vez son lugares “sometidos” a los servicios y fuentes de trabajo que se danal interior del área metropolitana o en la ciudad consolidada, debiendo muchos de sus habitantes recorrer grandes distancias para satisfacersus necesidades laborales y de educación.

Figura 2Localización de vivienda sociales en la periferia metropolitana de Santiago

e Índice de Desarrollo Socioeconómico por distrito censal, 1992-2002

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Figura 3Localización de vivienda sociales en la periferia metropolitana de Santiago

y población cesante o en paro por distrito censal, 2002

Figura 4Desplazamientos por trabajo estudio de las comunas de la periferia metropolitana de Santiago, 2002

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Propuestas para avanzar en revertir la creciente fragmentación social y espacial de Santiago de Chile

Los datos analizados en los acápites precedentes muestran la tendencia hacia el desarrollo de enclaves de pobreza en distintos puntoslocalizados tanto al interior como en la periferia del área metropolitana de la ciudad de Santiago de Chile. Las políticas urbanas en materiade vivienda social parecen no responder a los requerimientos de los ciudadanos. La lógica del sistema de libre mercado imperante haagudizado la exclusión y segregación socio-espacial, ejemplo claro de ello son, por ejemplo, los ghettos urbanos en la periferiametropolitana: espacios segregados habitados por aquellos excluidos del sistema y presionados por el avance de una lógica monetarista deluso del suelo (Haefner, 2004).

¿Cuál es el camino para avanzar en una política de desarrollo urbano más inclusiva y socialmente sustentable? Una forma de responder estapregunta es enumerar posibles soluciones que han sido propuestas por distintos autores, como la densificación del casco urbano yaconsolidado y/o la renovación urbana de áreas dotadas de una amplia gama de servicios e equipamiento y que se vienen haciendo desdehace algún tiempo atrás (Figueroa y Larrain, 1989; Necochea e Icaza, 1990). Sin menoscabar esta línea prepositiva, queremos en esteapartado profundizar en las condiciones necesarias para que estás propuestas se materialicen. Para ello analizaremos algunos preceptosbásicos de la operatoria socio-espacial capitalista así como el conjunto de posibilidades y restricciones que surgen a partir de éste proceso.

Cómo está bien documentado en la literatura (Carruthers, 2001; Silva, E. 1996; Silva P.; Valdés, 1995), la penetración del sistema capitalistaen Chile ha sido profunda, afectando la institucionalidad para la toma de decisiones y, por consiguiente, los procesos urbanos que se dan alinterior de las ciudades. Con respecto al primer punto, la toma de decisiones en el ámbito urbano se caracteriza por lo que se ha denominado“autoritarismo neoliberal”, el cual restringe el proceso decisorio a una elite política y económica, la que ejerce un conjunto de “tecnologíasde gobierno” para avanzar hacia fines determinados, incluyendo prácticas sociales tales como el secretismo con que se maneja lainformación, la imposición de determinadas políticas y la exclusión de los gobiernos locales en mega-proyectos públicos-privados, de lasinstancias que toman decisiones que afectan significativamente el funcionamiento del sistema urbano en su conjunto (Zunino 2005, 2006).Cabe apuntar, sin embargo, que la estructura de gobernabilidad que guía el cambio urbano varía de lugar en lugar, siendo posible encontrarformas más o menos autoritarias de acuerdo a la coyuntura específica. La escasa evidencia empírica sugiere, sin embargo, que las formasautoritarias de control social y territorial dominan por sobre instancias mas inclusivas y democráticas (Zunino, 2006).

Como ya se ha sugerido a lo largo del artículo, la forma en que se toman decisiones respecto al desarrollo urbano en múltiples puntos y adistintas escalas decisorias (local, metropolitana, nacional) -en conjunto con la primacía de una férrea lógica mercantilista- ha repercutidoen la forma urbana y las relaciones sistémicas al interior del espacio metropolitano (ver De Mattos, 2005 y Dockemdorf et al. 2000, Ducci1998, Ortiz y Morales, 2002). Así, existen estudios que han mostrado los problemas vinculados al crecimiento urbano en extensión y elsurgimiento de nuevas formas de habitar, como son las llamadas “ciudades valladas” (Hidalgo 2004 e Hidalgo y Borsdorf, 2005). En estanueva morfología del espacio metropolitano existen otros hitos que comienzan a acompañar su conformación, como son el surgimiento delas nuevas centralidades (Escolano y Ortiz, 2005), vinculadas a la difusión de lo que de Mattos (2003, 2004) ha llamado los artefactos de laglobalización. Junto con dichos elementos aparecen en los primeros años de este siglo, otros dispositivos de control socio-espacial quemarcarán el desarrollo de la ciudad y sus tendencias de expansión, como es el sistema de vías concesionadas de alta velocidad, promovidopor el Estado, donde su trazado fue hecho desde “arriba” con una escasa intervención de las instancias de poder local. Un punto de partida para analizar la lógica capitalista en el espacio es entender el funcionamiento del sistema capitalista en forma escalar.Siguiendo el aporte de Brenner (1999, 2003), el avance capitalista va aparejado de la reconfiguración de las escalas geográficassuperpuestas, entendiendo por ello que el tradicional poder del estado-nación esta siendo reconfigurado en la era de la globalización,cobrando importancia las escalas supranacionales y subnacionales. Esto no significa que el Estado Nacional ha perdido poder, sino que sufuncionamiento estratégico se ha amoldado a las condiciones neoliberales imperantes. Para Brenner, el sistema social alcanza una“coherencia escalar” por medio de la cual se articulan de manera relativamente estable distintas escalas geográficas (ver síntesis de laliteratura anglosajona en la materia en Gonzalez, 2005). Llevado este constructo teórico a la realidad de Chile, se puede afirmar que existeuna mayor influencia de entidades supranacionales en, por ejemplo, la política económica del país; prueba de ellos son los múltiplestratados de libre comercio firmados, entre los que se destacan los suscritos con los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, elgrado de autoritarismo en el cual se ha enmarcado el desarrollo capitalista en Chile ha repercutido en un escaso desarrollo de entidadessubnacionales de decisión política. En efecto, pese la proliferación de discursos sobre la descentralización, Chile continúa siendo un paísextremadamente centralista, con Intendentes Regionales nombrados por el Presidente de la República, Gobiernos Regionales con una débilcapacidad de decisión, y Gobiernos Municipales (Comunales) con un escaso margen de acción y aquejados de una falta crónica de recursoseconómicos y técnicos.

Así, las políticas urbanas son impuestas por el Estado Nacional, lo cual profundiza la penetración de criterios mercantilistas en los procesos

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de desarrollo urbano, como queda ejemplificado en los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) que permiten laurbanización de la periferia agrícola mediante un acuerdo entre agentes inmobiliarios y las autoridades municipales. Dada la carencia derecursos de los gobiernos municipales y su necesidad de aumentar la cantidad de recursos provenientes del impuesto territorial, no es deextrañar la capacidad para ejercer el poder que tienen los agentes privados. Esta ausencia de “coherencia escalar” es un asunto que no sóloafecta el ejercicio efectivo del poder democrático, sino que también genera tensiones entre el Estado Nacional, las regiones y los municipios(Arenas, 2006).

La penetración capitalista autoritaria en Chile ha tenido como efecto disminuir drásticamente los niveles de participación ciudadana. En elChile contemporáneo decisiones claves con respecto a la ciudad son tomadas por tecnócratas mientras que la ciudadanía sólo tiene comofunción validar las decisiones. Así, los mecanismos de participación existentes en la elaboración de los planes reguladores a nivel comunalson meramente formales, otorgándoles a la población afectada voz (la posibilidad de presentar observaciones) pero no un poder real en latoma de decisiones. En la mayoría de los casos las observaciones de organizaciones ciudadanas no son tomadas en cuenta, o se les consideraaportes de segundo orden (Zunino, 2006).

En este marco, para impulsar acciones y políticas concretas en miras a revertir – gradualmente – la fragmentación social y espacial queprovoca la localización de la vivienda social en la periferia metropolitana de Santiago se requiere impulsar cambios a distintas escalas.Como lo señala Brenner (2003) los problemas de gobernanza urbana ya no pueden ser confrontados solamente a una escala urbana, comodilemas de regulación municipal o local, sino que deben también ser analizados también a escalas metropolitana, regional y nacional. Dosson las medidas que aparecen claves.

Primero, a la escala regional y municipal resulta necesario fortalecer el papel que juegan los gobiernos regionales y municipales.Particularmente, estos últimos tienen un papel trascendental para regular los procesos de desarrollo urbano. Siguiendo la nomenclatura dereglas sociales propuestas por Ostrom (1986), los gobiernos locales tienen la autoridad de elaborar los planes reguladores comunales. Estecanal para ejercer el poder debe ser aplicado efectivamente, no delegando a las autoridades nacionales su elaboración y posterioraprobación. Esto representaría profundos cambios a la configuración del poder político y territorial actualmente existente. En segundo lugar,complementando lo anterior, las organizaciones ciudadanas deben avanzar en mejorar su organización interna y capacidad para influir en lasdecisiones que toman los gobiernos locales, asumiendo en sus discusiones y proposiciones las distintas y complejas aristas vinculadas conel desarrollo urbano, en general, y con la localización de viviendas sociales, en particular. Esto hace necesario la articulación de diversosagentes urbanos para planificar el desarrollo regional y local con una mirada desde la realidad propia de los habitantes; implicando tambiénla construcción de un liderazgo ciudadano y la formulación, desde la base, de modelos alternativos de desarrollo urbano.

Siguiendo a Brito (2003), existe una multiplicidad de dispositivos y herramientas que han permitido ampliar la esfera de lo público durantelas últimas décadas, por la vía de la participación; entre ellos podemos resaltar: (1) referéndum y plebiscito; (2) revocación y derecho dereclamación de mandato u ordenanzas; (3) iniciativa legislativa popular; (4) iniciativas cívicas para influir en los planes municipales; (5)planes concertados de mejoría de servicios; (6) comisiones sectoriales de carácter consultivo o colaboradoras, conformadas porrepresentantes de organizaciones de la sociedad, en áreas como vivienda, seguridad pública, salud, educación, urbanismo, ambiente yprogramas sociales y (7) recepción de propuestas de nuevos modelos de gestión y de mejoramiento de procesos. Esta larga de lista deacciones específicas puede ser ilusoria pero autores como Harvey (2003) se llegan a preguntar por la forma de como afrontar y diseñarsoluciones a problemas complejos del desarrollo territorial en la era del capitalismo post fordista, considerando en sus propias palabras elpeso que ejerce “el poder de las restricciones que nos rodean”. Ante esta disyuntiva ofrece una respuesta sugerente (p. 290): tener el corajemental para dar un salto a lo desconocido, convertirnos en seres activos que mediante la imaginación empujen las posibilidades humanas detener una vida mejor.

En este marco, la participación de las comunidades de origen y destino deberían ser incorporadas a la formulación de planes y programas devivienda social, cuestión que podría ir desde la aceptación a recibir conjuntos residenciales de este tipo hasta la disponibilidad de ir a viviren determinados lugares. Ambas opciones son ahora manejadas por la lógica de mercado y en segundo lugar por las normas contenidas enlos planes de uso del suelo en cuanto a la posibilidad o no de acoger conjuntos de vivienda social. Una política inclusiva pasanecesariamente por tener en consideración esas alternativas para construir en definitiva áreas residenciales que se incorporen a la ciudad yno espacios mono funcionales que incrementan la precariópolis estatal.

Esto nos lleva a un debate sobre gobernabilidad democrática que escapa los límites de este trabajo. Quisiéramos recalcar, sin embargo, quela construcción de ciudadanía no es una quimera ni un elemento fácil de alcanzar. En efecto, los cambios sociales se producenpaulatinamente, en un constante juego entre fuerzas estructurales operando a nivel macro-sociológico y un conjunto de agentes que – en elmarco de oportunidades y restricciones bien definidas – actúan para alcanzar fines particulares. Asimismo, esto requiere de una acciónestratégica por parte de la ciudadanía, actuando en aquellas coyunturas en las cuales les resulte más efectiva realizar cambio.

La construcción de caminos alternativos por parte de la ciudadanía implicaría reforzar discursos que conduzcan el debate a los problemas delocalización expuestos en este trabajo. Así, y en suma, para el diseño de una nueva política habitacional, se requieren modificacionesprofundas en cuanto a la distribución del poder entre las distintas reparticiones del Estado con injerencia en las políticas habitacionales yarticular propuestas ciudadanas nacidas desde la base misma de la sociedad. El camino de acción política e institucional de largo alientopropuesto requiere de acciones tanto del sector público como de la comunidad, actuando coordinadamente en situaciones conflictivas,solucionando creativamente problemas y paulatinamente ir modificando las macro-políticas operando a niveles más generales.

De lo expuesto surge la alternativa de elaborar una política de vivienda horizontal; desde los habitantes y considerarlos como ciudadanoscon intereses y motivaciones y por que no decirlo con capacidad para comprometerse con sus necesidades, tal cual lo han demostrado microintervenciones llevadas a cabo en el marco de iniciativas de organizaciones no gubernamentales o fundaciones de ayuda a los sin casa queactualmente existen el país, que han logrado congregar a los distintos actores involucrados, municipio, Ministerio de Vivienda y Urbanismoy pobladores. Ejemplo de ello es el Proyecto Quinta Monroy en la ciudad de Iquique al norte del país, que pudo construir una solución devivienda para cerca de 100 familias que participaron activamente en una operación que involucró primariamente su salida del lugar dondehabitaban en el área consolidada de dicha ciudad, para que en ese espacio se llevara adelante un particular diseño de una nueva vivienda conlos mínimos estándares de habitabilidad y confort, para luego después de transcurrido un período cercano a dos años fueran nuevamentereinstaladas en el (Aravena, Montero y Cortese, 2004).

Cabe preguntarse por el problema de la escala y los costos sociales involucrados, que son difíciles de asimilar en forma inmediata por loshabitantes involucrados, pero lo que es peor por las propias autoridades que ven en el problema de la vivienda una verdadera punta de lanzapolítica de carácter clientelista, pero que a la larga, estando ella inserta como motor de construcción de la ciudad, puede gatillar respuestasno deseadas de los habitantes ante una solución deficitaria en términos de localización y contacto necesario con las ventajas que brinda laciudad bien servida y equipada.

El problema se presenta entonces como trascender la escala –en cuanto a tamaño de los conjuntos resultantes- de la demanda de viviendapara los pobres, en el sentido de que si ante ella es posible responder con micro intervenciones. Tal vez la respuesta se relaciona con lanecesidad de intentar reproducir estas experiencias exitosas en conjuntos más grandes, considerando las economías de escala yaglomeración que significa un mayor de número de beneficiarios, dispuestos a colocar sus propios recursos en una solución duradera entérminos de localización y calidad de la construcción.

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Por lo mismo una política de vivienda inclusiva podría hasta considerar la localización de conjuntos en la periferia metropolitana, en lamedida que esos espacios cumplan con los requisitos mínimos que involucra el hecho urbano y que tienen relación con la diversidad defunciones, personas, oportunidades que hacen de la ciudad la forma más excelsa de habitación humana en el planeta (Capel, 2002, 2005).

De esta forma los criterios para localizar nuevos conjuntos de vivienda social pasan necesariamente por tener en consideración las tresdimensiones básicas de la ciudad la urbs, la civitas y la polis (Capel, 2003), es decir poder involucrar a los actores que confluyen en laesfera del espacio construido, los ciudadanos involucrados y los tomadores de decisiones políticas, que deben a su vez dialogar con losoperadores del capital privado en dichas intervenciones. Instancias de este tipo aunque parezcan alejadas de la realidad y parte de la utopíaurbana del siglo XXI, son necesarias de construir y con ello traspasar las férreas barreras del accionar técnico político que se prende de laflexibilidad y subsidiaridad del sistema de mercado, el que es privilegiado en la toma decisiones en torno al uso y destino del suelohabitable.

Consideraciones finales

A partir de las observaciones empíricas efectuadas en este trabajo, resulta claro que el problema de la localización de las viviendas socialesen la periferia metropolitana de Santiago es un eje sobre el cual es necesario intervenir y poner en marcha soluciones para hacer frente a lacreciente fragmentación socio – espacial de dichos lugares. Deja en claro también la dimensión a-espacial de las políticas públicas aplicadasen las últimas décadas en materia de localización de conjuntos residenciales. En efecto, ellas privilegian el número de viviendas por sobre lasatisfacción de los que pretenden ser favorecidos estas iniciativas. Este elemento va estrechamente asociado con la operatoria de unamentalidad tecnocrática con un fuerte sesgo economicista en instancias críticas de la decisión técnico política. Se sugiere, pues, abrir eldebate sobre el papel que les corresponde asumir a los distintos organismos del Estado, que, operando a diferentes niveles (nacional,regional, local) deben necesariamente articular sus acciones sobre la base de atribuciones sólidas que no sean sobrepasadas fácilmente. Enparticular, aquí indicamos que el nivel municipal resulta crítico para allanar una política más inclusiva en la materia, la cual podríasignificar, por ejemplo, la construcción de viviendas sociales al mismo que la construcción de equipamiento e infraestructura urbana ymejoras sustantivas en la accesibilidad. En Chile, esto se puede materializar mediante “convenios de programación”, instrumento decoordinación de gastos entre distintas unidades sectoriales del gobierno.

Junto a ello se requiere una sociedad civil fuerte y validada como interlocutor ante los agentes urbanos públicos que toman decisiones en lamateria que nos ocupa. Esto requiere, por cierto, un cambio profundo y radical de la cultura tecnocrática que hoy domina el proceso detoma de decisiones en el mundo público. Debe existir un cambio de actitud, que como todo proceso social, es un asunto que toma un tiempoconsiderable. Por el momento, debemos conformarnos con mejorar los desaciertos de la actual política urbana en materia de viviendasocial.

Por otro lado, cabe mencionar las iniciativas correctivas contenidas en la nueva política de vivienda puesta en marcha en 2006 en Chile, lacual considera aspectos espaciales que pretenden corregir los problemas aludidos en este trabajo. En lo fundamental se plantea un subsidiodiferenciado que favorece la construcción de conjuntos de vivienda en áreas consolidadas de la ciudad. Esta y otras alternativas, como elFondo Solidario, pueden ser gestionadas a través Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) que actúan no solo como intermediariasentre el Estado y los habitantes, sino que están llamadas a participar en todos las instancias del proceso de elección y compra de la vivienda.

En la perspectiva del presente trabajo, todas estas alternativas deben ser reforzadas en la medida que sean capaces de incorporar elcomponente participativo horizontal, que sea capaz de reconocer las fuerzas vivas que construyen la ciudad como fenómeno diverso, desdelo social hasta lo funcional; considerando para ello el principio de la localización y de la construcción del lugares que sean sustentables enel largo plazo, no como espacios de resistencia de la política de vivienda sino como el inicio de la constitución de comunidades pro activasy generadoras de un cambio sustantivo en la forma de hacer ciudad.

Notas

1 El artículo es resultado del Proyecto Fondecyt 1060759 y de las actividades del Laboratorio Urbano del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica deChile. Los autores agradecen la colaboración de Gastón Aliaga en el desarrollo del trabajo.

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© Copyright Rodrigo Hidalgo, Hugo Zunino, Lily Alvarez, 2007© Copyright Scripta Nova , 2007

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