NUEVO TRATO CON LAS ESTATALES

por Harald Beyer (autor). Opinan en la Prensa La Tercera, 18/1/2009

Las universidades estatales del Consejo de Rectores, en particular las universidades de Chile y

Santiago, han planteado con fuerza la necesidad de que se les asigne un monto mayor de recursos

públicos. El planteamiento general es atendible: el gasto público en educación superior alcanza en

nuestro país a 0,5 por ciento del PIB, menos de la mitad del gasto en la OCDE.

Pero el argumento requiere de afinamientos. En primer lugar, porque el gasto en Chile por

estudiante de educación superior, respecto de su ingreso per cápita (quizás la mejor manera de

medir el esfuerzo que se hace) es de los más altos del mundo. Pero ese esfuerzo, adecuadamente

combinado con becas y créditos estudiantiles, es apropiado en un país con fuertes desigualdades y

altos retornos a la educación superior.

En Chile, un graduado de este sistema gana un poco más de cuatro veces que uno que ha egresado

de la educación secundaria. En los países industrializados era razón no supera las dos veces. En ese

sentido, la afirmación de que con más financiamiento basal se podrían reducir los costos de

docencia es una propuesta que tiene mucho de demagógica y poco de eficiencia social.

Pero, claro, las instituciones de educación superior también proveen bienes públicos como ciencia,

tecnología y cultura. Al país le conviene que ello sea financiado adecuadamente, pero sin olvidar

que los retornos sociales de la inversión son mayores en las etapas iniciales de la vida escolar. Un

segundo afinamiento supone reconocer que sólo algunas de las universidades del Consejo de

Rectores, tanto estatales como privadas, tienen ventajas para proveer esos bienes.

Eso no significa que otras universidades no tengan un papel significativo que cumplir proveyendo

docencia y bienes públicos específicos, pero eso no las hace universidades complejas o de

investigación avanzada. Entonces, la petición por mayores recursos para algunas universidades

estatales tiene, tarde o temprano, que balancearse con reestructuraciones significativas de otras

universidades estatales.

Una tercera condición es que los recursos no sean entregados automáticamente a través de

asignaciones presupuestarias. Las mejores universidades estatales estadounidenses (California-

Berkeley, Virginia, California-Los Angeles, Michigan, North Carolina y Wisconsin, entre otras)

reciben sólo entre 6% y 22% de sus ingresos a través de esta vía. Por supuesto, reciben también

dineros de proyectos federales y estatales, pero a través de asignaciones competitivas y abiertas.

Esta forma de asignar recursos es indispensable para que las universidades líderes puedan ser

desafiadas y se vean obligadas a mantener altos estándares académicos y de investigación. Algunos

de los cambios ocurridos en las políticas de Conicyt y la estrategia que aspira a consolidar el

Consejo de Innovación, que están allegando nuevos recursos a las universidades, van en esa

dirección.

Un cuarto requisito, que está emparentado con el anterior, es que las universidades tienen que ser

capaces de mostrar su relevancia. Las universidades estadounidenses y las europeas, cada vez más,

están accediendo a volúmenes crecientes de recursos del sector privado. El crédito tributario a las

inversiones en investigación y desarrollo aprobado hace poco es un buen puente para lograr este

objetivo. Hay que reflexionar, entonces, sobre la petición de más recursos públicos para las

universidades estatales, pero atendiendo a consideraciones como las que aquí se han hecho.