Guía para la actualización de los planes · Luisa Paola Roa Bernal ... Enfoque de análisis y...

Guía para la actualización de los planes integrales de prevención y protección.Soporte conceptual y metodológico.

Guía para la actualización de los planes integrales de prevención y protección Soporte conceptual y metodológico.

Esta cartilla reúne las pautas y los lineamientos conceptuales y metodológicos para llevar a cabo la formulación y actualización de los planes integrales de prevención y protección. Está orientada a los funcionarios públicos responsables de la formulación e implementación de los planes señalados, a los miembros de los comités territoriales de justicia transicional, en particular a los responsables de la Secretaría Técnica de estos espacios y de los subcomités locales de prevención, protección y garantías de no repetición.

Así mismo, este documento es una guía de acción para los asesores designados por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para realizar el acompañamiento en gestión preventiva del riesgo de violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario (DIH) en los territorios como expresiones del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y para facilitarles los procesos de formulación, implementación y seguimiento de los planes integrales de prevención y protección.

ISBN: 978-958-99626-5-7

Ministerio del InteriorMinistro: Juan Fernando Cristo Bustos

Dirección de Derechos HumanosDirectora María Paulina Riveros Dueñas

Coordinador Grupo Gestión Preventiva del Riesgo a Violaciones de DD.HH e Infracciones al DIHCarlos Eduardo Bernal Medina

Fundación Trust For The Americas - Filial de la OEADirectora Ejecutiva: Myriam Stella Romero Romero.

Textos:Autores:Silvia Patricia Chica Luis Alberto Gómez López

Asistencia Técnica – Equipo de trabajoLuisa Paola Roa BernalJuan Gabriel Luna Conde Manuel Rodrigo Gómez TorrejanoAdriana García Zapata

Edición:Martha Isabel Rojas Valbuena

Diseño y ImpresiónPapyrus Formas e Impresos Ltda.Edición diciembre de 2014.

Introducción ..............................................................................................................................................................

Capítulo 1

Resumen del procedimiento de ajuste a los planes integrales de prevención, protección y garantías de no repetición ..............

Capítulo 2

Enfoque de análisis y gestión del riesgo para los planes integrales de prevención, protección y garantías de no repetición .......

Capítulo 3

Procedimiento de ajuste a los planes integrales de prevención, protección y garantías de no repetición ..................................

Paso 1: Lineamientos jurídicos y conceptuales de los planes integrales de prevención y protección ......................................

Paso 2: Enfoque Estratégico del Plan Integral de Prevención y Protección ............................................................................

Paso 3: Conceptos y metodología para el análisis de riesgos ................................................................................................

Paso 4: Prediagnóstico de riesgo ........................................................................................................................................

Paso 5: Actualización del análisis de riesgo .........................................................................................................................

Paso 6: Análisis conclusivo del riesgo ..................................................................................................................................

Paso 7: Identificación de las medidas de prevención temprana, prevención urgente y garantías de no repetición ..................

Paso 8: Ordenamiento estratégico del Plan Integral de Prevención y Protección ...................................................................

Paso 9: Operatividad del plan integral de prevención y protección ......................................................................................

Paso 10: Coordinación, articulación y seguimiento ................................................................................................................

Paso 11: Documento técnico del Plan Integral de Prevención y Protección ajustado ...............................................................

Paso 12: Validación en sesión del Comité de Justicia Transicional del Plan Integral de Prevención y Protección Ajustado ..........

Glosario .....................................................................................................................................................................

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Tabla de Contenido

51

Para el Ministerio del Interior es fundamental que los planes integrales de prevención y protección sean asumidos como una competencia y responsabilidad de las autoridades territoriales y de los comités territoriales de justicia transicional, según lo dispone la Ley 1448 de 2011.

Con esta Ley, el Estado colombiano reitera una serie de obligaciones en materia de prevención y protección de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas y los colectivos en condición de riesgo extraordinario y extremo, además de establecer, por primera vez en el ordenamiento legal, el concepto de ‘garantía de no repetición’, recogido por los instrumentos internacionales que definen los derechos de las víctimas en el marco de la denominada justicia transicional.

La Ley fija, no solo un conjunto de obligaciones legales del Estado colombiano, sino que adopta un marco institucional para su realización. En él se establece la necesaria articulación y concurrencia de la institucionalidad pública y se definen instrumentos específicos para que dicha concurrencia se materialice en torno a unos fines específicos. Así, los planes de acción territorial (PAT) y los planes integrales de prevención y protección (PIPP) se convierten en la guía de acción política y de gestión para que el sistema institucional de atención a las víctimas, coordinado en el nivel territorial por los comités de justicia transicional, pueda concentrarse en unos fines alcanzables, medibles y accesibles al conjunto de las entidades a favor del restablecimiento de derechos a las víctimas.

En la materialización de la ley, la participación de las víctimas es considerada como un atributo fundamental de la gestión

institucional. Para que sea posible y se desarrolle de manera ordenada, consistente y permanente, los decretos reglamentarios han fijado las pautas para que los delegados de las organizaciones de las víctimas concurran en estos procesos, mediados por ejercicios de representación en los niveles municipal, departamental y nacional, desde las diferentes condiciones de victimización (hechos victimizantes) y desde las particularidades que el enfoque diferencial señala: género, etnia, discapacidad, orientación sexual, entre otras.

Esta cartilla reúne las pautas y los lineamientos conceptuales y metodológicos para llevar a cabo la formulación y actualización de los planes integrales de prevención y protección. Está orientada a los funcionarios públicos responsables de la formulación e implementación de los planes señalados, a los miembros de los comités territoriales de justicia transicional, en particular a los responsables de la Secretaría Técnica de estos espacios y de los subcomités locales de prevención, protección y garantías de no repetición.

Así mismo, este documento es una guía de acción para los asesores designados por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para realizar el acompañamiento en gestión preventiva del riesgo de violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario (DIH), como expresión del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y para facilitarles los procesos de formulación, implementación y seguimiento de los planes integrales de prevención y protección.

Introducción

Guía para la actualización de los planes integrales de prevención y protección

11

Doce pasos del proceso participativo de formulación, actualización y ajuste de los planes de prevención y protección

Capítulo


13

En el siguiente esquema se presentan los doce pasos del proceso participativo de formulación, actualización y ajuste de los planes de prevención y protección:

Se recomienda disponer de al menos dos talleres de diez y seis (16) horas, donde funcionarios y representantes de víctimas participen activamente en los ejercicios propuestos, garantizando el diálogo respetuoso y la puesta en común de diferentes puntos de vista sobre las problemáticas de derechos humanos y las medidas orientadas a la prevención, mitigación y superación.

Programación para el proceso de ajuste y actualización de los planes integrales de prevención y protección.

• Procesodeconvocatoriayconcertacióncondelegadosanivel territorial.

• Recolecciónyanálisisdeinformaciónderiesgo.• Preparaciónlogísticadetalleres.

Se requieren al menos dos semanas para la preparación y convocatoria a los funcionarios y a los representantes de víctimas del territorio; esta labor debe realizarse de manera conjunta con la Gobernación departamental.

• Documentotécnicodelplanajustado.• ValidaciónyaprobaciónensesióndelComitéTerritorialde

Justicia Transicional.

Una vez concluido el proceso de recolección de insumos regionales se redacta el documento técnico del plan y se socializa, valida y aprueba.

TALLER I (16 horas) TALLER II (16 horas)

• Introducción conceptual y jurídica.• Enfoque orientador del plan.• Metodología de análisis de riesgo.• Prediagnóstico de riesgo.• Actualización del análisis de riesgo.• Análisis conclusivo de riesgo.

• Medidas de prevención temprana, prevención urgente y garantías de no repetición.

• Ordenamiento estratégico del plan.• Operatividad del plan. • Coordinación, articulación y seguimiento.

Introducción conceptual y jurídica

Ordenamiento estratégico del plan Operatividad del plan

Metodología de análisis de riesgo

Análisis conclusivo de riesgo

Documento técnico del plan ajustado

Enfoque orientador del plan

Actualización de las medidas

Coordinación, articulación y seguimiento

Prediagnóstico de riesgo Actualización del análisis de riesgo

Validación en sesión del Comité de Justicia

Transicional

1 8 9

3 6 11

2 7 10

4 5 12

CAPITULO 1

TALLER I (16 horas) TALLER II (16 horas)

• Introducción conceptual y jurídica.• Enfoque orientador del plan.• Metodología de análisis de riesgo.• Prediagnóstico de riesgo.• Actualización del análisis de riesgo.• Análisis conclusivo de riesgo.

• Medidas de prevención temprana, prevención urgente y garantías de no repetición.

• Ordenamiento estratégico del plan.• Operatividad del plan. • Coordinación, articulación y seguimiento.


Ordenamiento estratégico del plan Operatividad del plan

Metodología de análisis de riesgo

Análisis conclusivo de riesgo

Documento técnico del plan ajustado

Enfoque orientador del plan

Actualización de las medidas


Prediagnóstico de riesgo Actualización del análisis de riesgo

Validación en sesión del Comité de Justicia

Transicional

1 8 9

3 6 11

2 7 10

4 5 12

CAPITULO 1

14

Se estima que el proceso de formulación, actualización y ajuste de los planes se realice en 45 días hábiles o 2 meses calendario. En la fase de alistamiento, la convocatoria para cada taller requiere al menos de 10 días hábiles; esta fase debe ser reforzada por todos los medios (oficios, correos electrónicos, llamadas telefónicas) desde el gobierno territorial, desde el Ministerio y es deseable el acompañamiento de un ente de control como la procuraduría de cada departamento.

Un factor de éxito del proceso de formulación y actualización de los planes es la continuidad en la participación; es importante que quienes intervengan en el primer taller sean los mismos que asistan al segundo y, obviamente, los mismos que concurran como delegados institucionales al Subcomité Local de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, tratando de ajustar de un taller a otro los mecanismos necesarios para que los funcionarios responsables puedan asistir y participar en el análisis de riesgo y la construcción de medidas.

Resumen de alcances, metodología e insumos de los talleres de ajuste

PASO ALCANCES PROCEDIMIENTO INSUMOS PARA LOS FACILITADORES


1

Enfoque estratégico del plan

2

Conceptos y metodología para el

análisis de riesgo

3

Prediagnóstico de riesgo

Nota: en casos de actualización, el análisis de riesgo

presente en el Plan vigente debe ser el

fundamento de este paso.

4

Asegurar que, en el ejercicio de actualización, los participantes se apropien de conceptos y n o r m a s q u e d e fi n e n l o s d e b e r e s d e l E s t a d o e n prevención y protección, así como del marco jurídico que genera el carácter vinculante de los planes de prevención.

Presentar a los participantes el concepto de prevención frente a las violaciones de derechos humanos y a las infracciones del DIH en contextos de conflicto armado y de persis-tencia de estructuras de violencia en los territorios.

Familiarizar a los participantes con la metodología de análisis interpretativo del riesgo, y con las categorías y variables que deben ser aplicadas en los ejercicios de actualización del análisis de riesgo.

Sistematizar la información de riesgo existente en las diferentes fuentes oficiales, así como las estadísticas de conductas violatorias, a fin de contar con información relevante sobre el departamento y los municipios.

Presentación en plenaria.Expl icac ión de los t res momentos de la prevención ( p r e v e n c i ó n u r g e n t e , prevención temprana y garantías de no repetición) con base en la Ley 1448 de 2011.

Presentación en plenaria.Ejercicio sugerido: Análisis de un caso hipotético orientado a la identificación y aplicación de las categorías analíticas del riesgo.

E l a b o r a c i ó n p r e v i a a l desarrollo del taller. En el caso de las entidades territoriales asistidas técnicamente de acuerdo a la focalización, el equipo de Monitoreo y Seguimiento del Grupo de Gestión Preventiva del Riesgo elaborará un insumo, que será presentado a cargo del asesor ter r i tor ia l de la Di recc ión de D erechos Humanos del Ministerio del Interior, con base en docu-mentos de fuentes oficiales: Línea de Tiempo, Matriz de monitoreo diario GPR, bases de datos sobre violencia, Informes de Riesgo y Alertas Te m p r a n a s v i g e n t e s , Documento sobre índice de riesgo municipal (Unidad de Víctimas) y reportes de observatorios.

Insumo No. 1: Lecturas deberes del Estado.Insumo No. 2: Articulación, coordinación y seguimiento.

Insumo No. 3: Enfoque estratégico de prevención.

Insumo No. 4: Análisis de riesgo.Insumo No. 5: Esquema de presentación de prediagnós-tico de riesgo

Insumo No. 5: Esquema presentación prediagnóstico de riesgo.Insumo No. 6: Guía de las bases de datos consultables.

Presentación en plenaria.

CAPITULO 1PASO ALCANCES PROCEDIMIENTO INSUMOS PARA

LOS FACILITADORES


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análisis de riesgo

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CAPITULO 1



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análisis de riesgo

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análisis de riesgo

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análisis de riesgo

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CAPITULO 1


Actualización del análisis de riesgo

5

Análisis conclusivo del riesgo

6

Ordenamiento estratégico del plan

8

Identificación de las medidas de

prevención temprana, prevención urgente

(protección) y garantía de no repetición

7

M e d i a n t e u n m é t o d o par t ic ipat ivo, recoger la información que aportan los funcionarios y los líderes, que servirá para la actualización del análisis de riesgo.

Establecer las principales conclusiones del análisis de riesgo que serán el punto de partida para la determinación de estrategias y medidas de prevención, protección y garantía de no repetición.

O r d e n a r l a s m e d i d a s identificadas por campos estratégicos para facilitar su desarrollo.

Identificar medidas concretas para prevenir y superar los riesgos establecidos, desde los preceptos legales de los momentos de la prevención ( p r e v e n c i ó n t e m p r a n a , prevención urgente y garantía de no repetición).

El facilitador presenta el prediagnóstico de riesgo.• En grupos, por zonas del

departamento, se actuali-zan los siguientes aspectos: línea de tiempo de eventos de violencia, aplicación de la matriz de r iesgo y cartografía social.

Análisis en plenaria:la actualización de riesgo d e s e m b o c a e n c u a t r o grandes conclusiones:• Posibles escenarios de

riesgo.• Zonas críticas.• S e c to re s s o c i a l e s e n

riesgo.• Escenar ios de r iesgo

identificados.

El asesor territorial del M i n i s t e r i o o r d e n a l a s medidas identificadas en grupos por campos estra-tégicos; hace la depuración de las medidas que se repiten, y retira las sugeren-cias que no constituyen acciones concretas y que, por tanto, no son operables.

Conformación de cinco grupos de trabajo para la identificación de las medidas:• Grupo 1: Medidas frente a

las dinámicas de violencia.• Grupo 2: Medidas frente a

las conductas violatorias recurrentes.

• Grupo 3: Medidas para la reducción de la vulnerabi-lidad y el fortalecimiento de la capacidad de los s e c t o re s s o c i a l e s e n riesgo.

• Grupo 4: Medidas para el fortalecimiento y la aplica-ción plena del sistema de garantías.

• Grupo 5: Medidas que respondan a la realidad territorial de las zonas críticas identificadas.

Insumo No. 7: Monitoreo del riesgo.

INSUMO: Cada facilitador incorpora las medidas que hacen parte del PIPP que es objeto de Actualización, para que los participantes definan si estas siguen vigentes.

Ver Insumo en el Paso No. 7 de esta Guía, Texto Orientador

CAPITULO 1PASO ALCANCES PROCEDIMIENTO INSUMOS PARA

LOS FACILITADORES


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identificados.











CAPITULO 1

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análisis de riesgo

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identificados.

El asesor territorial del M i n i s t e r i o o r d e n a l a s medidas identificadas en grupos por campos estra-tégicos; hace la depuración de las medidas qu e se repiten, y retira las sugeren-cias que no constituyen acciones concretas y que, por tanto, no son operables.










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identificados.

El asesor territorial del M i n i s t e r i o o r d e n a l a s medidas identificadas en grupos por campos estra-tégicos; hace la depuración de las medidas qu e se repiten, y retira las sugeren-cias que no constituyen acciones concretas y que, por tanto, no son operables.










CAPITULO 1



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identificados.











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Operatividad del Plan

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Documento técnico del plan actualizado

11

Validación ensesión del Comité de Justicia Transicional

12

Asegurar que las medidas identificadas sean realizables y que se pueda aplicar un s i s te m a d e m o n i to re o y seguimiento con indicadores.

Dotar al plan de acuerdos y metas interinstitucionales en materia de coordinación, articulación y seguimiento.

El asesor departamental, en conjunto con el funcionario r e s p o n s a b l e d e l n i v e l departamental, formula el documento técnico bajo los parámetros acordados.

Asegurarse de que el plan actualizado y ajustado sea adoptado legalmente para el nivel departamental.

En los grupos de trabajo, y para cada medida identi-ficada, se debe establecer:• Meta de la actividad o

medida.• Entidad(es) responsable(s).• Entidades concurrentes.• Tiempo de ejecución.• Insumos y recursos re-

queridos.• Fuente de financiación

prevista.

En plenaria se identifican los pr incipales problemas, dificultades o retos que enfrentan los procesos de coordinación, articulación y seguimiento en el respectivo departamento.

Con los insumos recogidos, se formula el documento del plan, en el que se integran los resultados del ejercicio de actualización.

Una vez formulado el Plan de Prevención, se presenta al Comité de Justicia Transi-cional para su revisión final, a fin de que emita la resolu-ción de actualización y la convierta en el Plan Integral de Prevención y Protección vigente para el depar-tamento.

Insumo No. 8: Guía ordena-miento operativo del plan.

Insumo No. 9: Modelo de articulación y coordinación.

Insumo No. 10: Formato del documento de ajuste al plan.

Documento Técnico del Plan Actualizado.

(Resumen ejecutivo).

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prevista.









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prevista.









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CAPITULO 1


17

Enfoque de análisis y gestión del riesgo para los planes integrales de prevención, protección y garantías de no repetición

Capítulo


19

La prevención hace referencia al deber del Estado de adoptar medidas concretas para evitar la ocurrencia de violaciones de derechos humanos y, en caso de que ocurran, establecer la verdad sobre los hechos, sancionar penalmente a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar medidas para que dichas violaciones no se repitan.

Evitar la ocurrencia de violaciones de derechos humanos y/o infracciones del DIH impone al Estado el deber de adoptar todas las medidas a su alcance para impedir que se generen daños irreparables contra la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personales. Valga recordar que los citados derechos tienen el rango de derechos fundamentales tanto en la normativa nacional como internacional y poseen, entre otras, las siguientes características:

• Generanobligacionesdeaplicacióninmediata1. • Noadmiteninterpretacionesquerestrinjansualcancey

contenido.• Aplicanencontextosdepazydeconflictoarmado.• Puedenserprotegidosenelámbitointerno,mediantela

acción de tutela2. • Los derechos a la vida y a la integridad personal no

admiten suspensiones ni siquiera bajo estados de excepción3.

La protección hace referencia al deber del Estado de adoptar las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos de toda la población y, en particular, medidas específicas para los sujetos y grupos poblacionales objeto de amenaza o en especial situación de riesgo. En rigor, si bien toda persona bajo la jurisdicción del Estado colombiano es titular de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad y la seguridad personales, la doctrina y la jurisprudencia de los órganos nacionales e internacionales de protección reconocen el derecho especial de las personas que por su profesión u oficio, su labor humanitaria, social o política enfrentan riesgos extremos o extraordinarios contra estos derechos, a

recibir una prioritaria protección del Estado.

La prevención y la protección se retroalimentan permanentemente. De hecho, ante la presencia de un riesgo extremo o extraordinario, la protección especial configura un medio necesario para prevenir que las amenazas se concreten en violaciones de los derechos humanos o infracciones del DIH. De esta manera, brindar protección a los grupos poblacionales en riesgo extremo o extraordinario es uno de los posibles caminos para prevenir las violaciones de los derechos humanos y/o infracciones del DIH. Pese a ello, es preciso advertir que con la asignación de medidas eficientes de protección, el Estado no agota su deber de prevenir las violaciones de derechos humanos contra estos grupos poblacionales. Además de proteger a quienes están en riesgo, el Estado está compelido por las normas internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional a investigar la fuente de las amenazas, con independencia de donde provengan, a perseguir a los responsables de las mismas y encausarlos dentro del proceso penal, a impartir justicia y a asegurar a las víctimas de tales amenazas el derecho a determinar quiénes son sus victimarios, a impartir justicia y a repararlas.

Finalmente, la garantía de no repetición se entiende como el ejercicio para evitar la repetición de las violaciones e infracciones de los DD. HH. y del DIH, y suponen que el Estado, como medida de política pública, adopte estrategias orientadas, entre otras, a las siguientes acciones: protección oportuna, combate a la impunidad, desarticulación de los grupos armados al margen de la ley, retiro del servicio de los funcionarios públicos a cargo de hacer cumplir la ley que se aparten de la Constitución y de las normas, y combatir las causas estructurales de las violaciones e infracciones.

Para abordar las posibilidades de la prevención es indispensable entender cómo se valora el riesgo. Con frecuencia, las palabras riesgo, amenaza y vulnerabilidad

1. COMITÉDEDERECHOSHUMANOS.ObservaciónGeneralNo.31-LaíndoledelaobligaciónjurídicageneralimpuestaalosEstadosPartesenelPacto. 80º período de sesiones, 2004, párr. 5.

2. COMITÉDEDERECHOSHUMANOS.ObservaciónGeneralNo.6-Derechoalavida,Artículo6;ObservaciónGeneralNo.7-Prohibicióndelatorturauotrostratosopenascrueles,inhumanosodegradantes,Artículo7;ObservaciónGeneralNo.8-Derechoalalibertadyalaseguridadpersonales, Artículo9;ObservaciónGeneralNo.20-Prohibiciónde latorturauotrostratosopenascrueles, inhumanosodegradantes,Artículo 7.

3. COMITÉDEDERECHOSHUMANOS.ObservaciónGeneralNo.29,-Suspensióndeobligacionesduranteunestadodeexcepción.72ºperíodode sesiones, 2001, Artículo 4, párr. 7.

20

se confunden y se mezclan en el lenguaje cotidiano. Se suele hablar de sectores vulnerables para atribuirles una posibilidad de ser víctimas de un daño. Igualmente, para hablar de riesgo se mencionan términos como daño, peligro, afectación, siniestro y hasta desastre, término, este último, que por supuesto nos acerca a otro universo conceptual. En todos los casos, se refieren a circunstancias bajo las cuales un individuo o una comunidad están expuestos a sufrir un menoscabo en sus derechos.

Durante la última década, en diversos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha abordado el riesgo en relación directa con el derecho a la seguridad personal y con la probable afectación de los derechos a la vida y a la integridad. En uno de ellos establece que cuando los derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal se encuentran amenazados, en circunstancias individuales o colectivas, “es necesario que el Estado dirija su accionar a evitar que se materialice el daño en concreto, y dicho accionar solo podrá estar precedido por una comprensión particular de los diversos factores de riesgo que rodean a la persona y las cargas que, en solidaridad, está llamada a soportar” 4.

Evidentemente, el riesgo que afecte los derechos fundamentales se hará extensivo a los derechos económicos, sociales y culturales de la persona y/o de la comunidad

amenazada. Tomar la decisión de desplazarse para salvar la vida, evitar un reclutamiento forzado o evadir la posibilidad de ser víctima de una mina antipersona generará un impacto desigual en un conjunto de derechos como la vivienda, la educación, el trabajo, la participación en la organización social, entre otros. Esta es una consideración fundamental a la hora de valorar el riesgo desde una perspectiva integral e integradora de los derechos humanos.

Los planes integrales de prevención y protección, como instrumentos que desarrollan las gobernaciones y las alcaldías, son las herramientas de planeación que dirigen el análisis y la gestión de riesgo, concretándolos en acciones directas de prevención y protección para las personas y las comunidades en riesgo. El desarrollo de estos planes es responsabilidad de los entes territoriales que cuentan con diversas instituciones con competencia, y requieren acuerdos sobre la interpretación del riesgo y los protocolos de actuación conjunta. El enfoque presentado en los párrafos anteriores es un primer paso para activar una respuesta estatal ordenada, que logre avanzar, a través de buenas prácticas de implementación, en la superación de las situaciones de riesgo a partir del trabajo articulado y coordinado del Estado con las institucionesquehacenpartedelSistemaNacionaldeAtenciónyReparaciónIntegralalasVíctimas(SNARIV).

Insumo No. III: Enfoque estratégico de prevención.

4. CORTECONSTITUCIONAL.SentenciaT-719de2003.


21

Procedimiento de ajuste a los planes integrales de prevención, protección y garantías de no repetición

Capítulo

22

A continuación se presentan, de manera detallada, cada uno de los doce pasos contemplados en el proceso de ajuste para formulación y actualización de los planes integrales de prevención y protección. Esta explicación busca orientar a los asesores departamentales de Gestión Preventiva del Riesgo del Ministerio del Interior; a los funcionarios delegados que participan en el Subcomité Local de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición para la formulación, actualización, ejecución y seguimiento de los planes; y a los miembros de los Comités y Subcomités delegados en este componente de la política de víctimas, no solo en la validación participativa y en la aprobación del documento del plan, sino en los procesos de articulación y coordinación necesarios para su implementación.


23

Paso

1

A. AlcanceEl objetivo de esta sección es que los participantes conozcan y se apropien del marco legal, de los deberes del Estado en materia de prevención y protección, y del carácter vinculante del plan como instrumento de política pública de prevención en la implementación de la Ley de Víctimas.

B. Texto orientadorMarco jurídico conceptual y metodológico para el diseño de los planes integrales de prevención y protección.

El Estado colombiano tiene la obligación legal permanente de (i) adoptar todas las medidas a su alcance para que se

promueva el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, grupos y comunidades sujetos a la jurisdicción nacional; (ii) evitar daños contra las personas que enfrentan especial situación de amenaza, y (iii) tipificar como delitos las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del DIH, asegurando que se investigue, juzgue y sancione a los responsables, y se establezcan mecanismos institucionales para evitar su repetición.

El énfasis en el marco legal se realizará sobre los siguientes títulos, capítulos y artículos de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras con su decreto reglamentario.

Medidas de reparación integral.Prevención, protección y

garantías de no repetición. Planes integrales de prevención.

Institucionalidad para la atención y reparación a víctimas.

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

(SNARIV).

Funciones de las entidades territoriales.

LEY 1448 DE 2011

Decreto 4800 de 2011 Ministerio de Justicia y del Derecho

Título IV

Título V

Título VII

Capítulo X

Capítulo III

Capítulo VI

Artículo 149

Artículo 174

Artículo 202

Reparación de las víctimas. Garantías de no repetición.

CAPITULO 3 PASO 1

Prevención de violaciones contempladas en el artículo 3.

Sistema Nacional de Atención y

Reparación Integral a las Víctimas

Comité de Justicia Transicional, art.

173 de la Ley 1448 de 2011

Subcomité de Prevención,

Protección y Garantías de no Repetición, art.

238 del Decreto Reglamentario 4800

de 2011

Lineamientos jurídicos y conceptuales de los planes integrales de prevención y protección

24

El Estado colombiano es parte de las instancias intergubernamentales y, por tanto, reconoce la legislación y la jurisprudencia internacional; por esa vía adopta los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respecto del ejercicio de la prevención señala:

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. […] Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado5.

De otro lado, el marco jurídico también comprende las sentencias y los autos de seguimiento proferidos por la Corte Constitucional, en particular los derivados de la SentenciaT-025de2004, cuando sedeterminóelestado de cosas inconstitucional, referido a la atención a las víctimas del desplazamiento forzado en el país. Como obligación del Estado, la Corte Constitucional señala6 el deber especial de respetar, proteger y garantizar los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de aquellas personas que por su profesión u oficio, su labor humanitaria, social o política, o su situación en medio del conflicto armado, y dada la existencia de una amenaza real, individualizada, grave, inminente y desproporcionada, se encuentran más expuestas a los peligros contra los derechos mencionados. En particular, (i) defensores de los derechos humanos; (ii) sindicalistas; (iii) activistas políticos de movimientos de oposición, en especial los miembros de la Unión Patriótica; (iv) líderes cívicos; (v) periodistas; (vi) víctimas de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH, entre los que se destacan las comunidades indígenas y campesinas, la población en situación de desplazamiento y las víctimas que participan del proceso de Justicia y Paz; (vii) miembros de la misión médica, médicos, enfermeros, personal sanitario; (viii) personas intervinientes en los procesos penales por violaciones de los

5. COMITÉDEDERECHOSHUMANOS.ObservaciónGeneralNo.29,-Suspensióndeobligacionesduranteunestadodeexcepción.72ºperíodode sesiones, 2001, Artículo 4, párr. 7.

6. CORTECONSTITUCIONAL,SentenciaT-719de2003;CorteConstitucional,Auto200de2007, referenciaSentenciaT-025de2004;yCorteConstitucional,SentenciaT-496de2008.

derechos humanos e infracciones del DIH; (ix) operadores de la justicia; (x) docentes en zonas de conflicto; (xi) población reinsertada; (xii) sujetos de medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y (xiii) población en zonas de riesgo.

El marco jurídico de la Ley de Víctimas refiere en relación con la conceptualización de la Prevención, Protección y las Garantías de no Repetición, en el Decreto 4800 de 2011 (reglamentario de la Ley de Víctimas), las siguientes definiciones:

• Sobre la prevención (artículo 193): El Estado tiene laobligación de adoptar medidas para evitar la ocurrencia de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario; de neutralizar o superar las causas y circunstancias que generan riesgo en el marco del conflicto armado interno; y de crear imaginarios sociales de solución pacífica de conflictos.

• Sobrelaprotección(artículo195):ElEstadotieneeldeberde adoptar medidas especiales para personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, con el fin de salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal.

• Sobrelasgarantíasdenorepetición(artículo194):Cuandolasviolaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de DD. HH. o las infracciones del DIH ya han sido consumadas, el Estado debe adoptar programas y proyectos de no repetición que incluyan acciones afirmativas, económicas y políticas que desarrollen medidas adecuadas para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones de los DD. HH. ni infracciones del DIH.

En materia de política pública, un primer referente se encuentra en lo enunciado en el capítulo X del Título IV sobre Garantías de no Repetición de la ley en comento. Allí, en el artículo 149 subíndice d, se establece que el Estado adoptará entre sus garantías de no repetición:

La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, para lo cual, ofrecerá especiales medidas


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de prevención a los grupos expuestos a mayor riesgo como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado, que propendan superar estereotipos que favorecen la discriminación, en especial contra la mujer y la violencia contra ella en el marco del conflicto armado.

Esta prevención se encuentra acompañada, según este mismo artículo, de medidas como:

• El fortalecimiento de la participación efectiva de laspoblaciones vulneradas y/o vulnerables en sus escenarios comunitarios, sociales y políticos, para contribuir al ejercicio y goce efectivo de sus derechos culturales.

• ElfortalecimientodelSistemadeAlertasTempranas.

• Elejerciciodeuncontrolefectivodelasautoridadescivilessobre la Fuerza Pública.

Ahora bien, sobre las entidades territoriales recaen responsabilidades en materia de prevención, protección y garantías de no repetición que son de suma relevancia para los objetivos propuestos en la ley en este aspecto. Un primer referente se encuentra en la conformación de los comités territoriales de justicia transicional (CTJT) (artículo 173), como instancias encargadas de elaborar esquemas de acción en el marco de los planes de desarrollo, con al menos dos propósitos: (i) lograr el cumplimiento, la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, articulando la oferta institucional para garantizar sus derechos, y (ii) asegurar la materialización de las garantías de no repetición. Estos comités deben contar con un subcomité a cargo de la prevención, protección y garantías de no repetición (establecido en el Decreto 4800 de 2011, artículo 238).

En concordancia con lo anterior, el artículo 174 de la ley dice:

Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, las entidades territoriales procederán a diseñar e implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas de prevención, […] protección […] los cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deberán ceñirse a los lineamientos establecidosenelPlanNacionalparalaAtenciónyReparaciónIntegral a las Víctimas.

Estas responsabilidades se ven traducidas en mecanismos específicos de prevención, protección y garantías de no repetición, establecidos con claridad en el Decreto 4800 de 2011. Uno de ellos, de particular importancia en este proceso, se encuentra en los planes integrales de prevención y protección (PIPP), dispuestos en el artículo 202 de dicho decreto:

Se deberán elaborar, validar y actualizar a nivel departamental, regional o local, unos Planes Integrales de Prevención a las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que contengan estrategias y actividades claras de prevención a partir de una metodología rigurosa. Recogerán las particularidades de cada hecho victimizante que requiera de estrategias propias para prevenir el mismo y estrategias de cultura de derechos humanos y reconciliación.

Los Planes Integrales de Prevención deberán contar con un enfoque diferencial con el fin de establecer las estrategias que permitan reconocer los riesgos y el grado de vulnerabilidad de las poblaciones específicas y de especial protección constitucional, y así establecer acciones para evitar o mitigar el riesgo.

Igualmente deberán incluir acciones específicas que respondan a las recomendaciones realizadas por el Ministro del Interior en el marco de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas CIAT.

Las gobernaciones y alcaldías conjuntamente serán las encargadas de formular y ejecutar dichos planes con el apoyo técnico del Ministerio del Interior y en concertación con los Comités Territoriales de Justicia Transicional y Comités Territoriales de Prevención.

Por último, se deben resaltar las responsabilidades que la Ley 1448 de 2011 asigna a las entidades estatales acerca de la protección de los grupos étnicos, reconociendo sus particularidades y los efectos diferenciales que sobre ellos tiene el conflicto armado. Con relación a las comunidades indígenas se cuenta con el Decreto 4633 de 2011; para las comunidades rom o gitanos, con el Decreto 4634; y en lo que refiere a las comunidades afrodescendientes, la aplicación de la Ley de Víctimas se rige por el Decreto 4635 de 2011.

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Sistema Nacional de Atención y

Reparación Integral a las Víctimas

Comité de Justicia Transicional, Art.

173 de la Ley 1448 de 2011

Subcomité de Prevención,

Protección y Garantías de no Repetición, Art.

238 del Decreto Reglamentario 4800

de 2011

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

El SistemaNacional deAtención y Reparación Integral a lasVíctimas (SNARIV) se encarga del diseño e implementaciónde la política pública de protección, prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

Instituciones integrantes

• MinisteriodelInterior.• MinisteriodeAgriculturayDesarrolloSocial.• MinisteriodeSalud.• MinisteriodeDefensa.• MinisteriodeVivienda.• MinisteriodeJusticia.• MinisteriodeHacienda.• MinisteriodelTrabajo.• MinisteriodeEducaciónNacional.• Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones. • MinisteriodeCulturayComercio.• UARIV.• InstitutoColombianodeBienestarFamiliar(ICBF).• ServicioNacionaldeAprendizaje(SENA).• ProgramaPresidencialdeAccióncontraMinas(Paicma).

Marco institucional general de la prevención • DepartamentoNacionaldePlaneación(DNP).• PolicíaNacional.• DefensoríadelPueblo.• FiscalíaGeneraldelaNación.• ProcuraduríaGeneraldelaRepública.• Registraduría.• UnidadNacionaldeProtección(UNP).• ConsejeríaPresidencialparalaEquidaddelaMujer.• Programaspresidencialesparaindígenasyafrocolombianos.• ArchivoGeneral.• InstitutodeMedicinaLegalyCienciasForenses.• CentrodeMemoriaHistórica.• ConsejoSuperiordelaJudicatura.• InstitutoGeográficoAgustínCodazzi(IGAC).• BancoAgrario.• SuperintendenciadeNotariadoyRegistro.• SuperintendenciaFinanciera.• SuperintendenciadeIndustriayComercio.• BancodeComercioExteriordeColombia.• FondoparaelFinanciamientodelSectorAgropecuario.

Adicionalmente, está integrado por los siguientes subcomités:

• CoordinaciónNacionalyTerritorial• SistemasdeInformación• AtenciónyAsistencia• MedidasdeRehabilitación• ReparaciónColectiva.• Restitución.• IndemnizaciónAdministrativa.• MedidasdeSatisfacción.• Prevención,ProtecciónyGarantíasdeNoRepetición.• EnfoqueDiferencial.

Comité de Justicia Transicional (Decreto Ley 4800 de 2011, Art. 252)

Las funciones del Comité son las siguientes:1. Servir de instancia de articulación en la elaboración

de los planes de acción para el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes de desarrollo territorial en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, a fin de lograr la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

2. Coordinar las acciones con las entidades que conforman el SistemaNacional deAtención y Reparación Integral a


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las Víctimas en los niveles departamental, municipal o distrital.

3. Articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición.

4. Coordinar las actividades en materia de inclusión e inversión social para la población víctima.

5. Adoptar las medidas conducentes a materializar políticas, planes, programas, proyectos y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración.

6. Preparar informes sobre las acciones que se han emprendido y su resultado; sobre los recursos disponibles y los solicitados a otras autoridades locales, regionales y nacionales; sobre las necesidades de formación y capacitación del personal que ejecutará las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

7. Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos encaminados a la prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas incorporen medidas que respondan a las necesidades particulares de los sujetos de especial protección constitucional o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.

8. Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los ajustes necesarios a la ejecución del plan de acción territorial de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, teniendo en cuenta los avances en el cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo.

9. Adoptar las estrategias que se requieran para garantizar la participación de las víctimas en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de acción territorial de asistencia, atención y reparación integral.

10. Desarrollar estrategias de prevención integral en coordinación con los comités territoriales de prevención.

11. Las demás que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento de sus objetivos.

Instituciones integrantes

• Gobernación o alcaldía, que preside y se encarga de laSecretaría Técnica.

• SecretaríadeGobierno.• SecretaríadePlaneación,ObraseInfraestructura.• SecretaríadeSalud,EducaciónyAsuntosSociales.• ComandanciadePolicía.• Dirección regional o coordinación del Centro Zonal del

ICBF.• MinisterioPúblico(Personería).• DireccióndelaUnidaddeVíctimas.• Mesasdeparticipacióndevíctimas(dosrepresentantes).

Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición

Es la instancia de coordinación interinstitucional departamental o municipal que planifica, acuerda, articula y evalúa las acciones de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad, la seguridad personal y de los bienes patrimoniales de personas y comunidades respecto a los factores generadores de riesgo y previene nuevos hechos victimizantes.

Son funciones del Subcomité:1. Recopilar información y evaluar permanentemente

situaciones que constituyan o puedan llegar a constituir hechos victimizantes o riesgo de violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario en las poblaciones.

2. Gestionar acciones de protección o acompañamiento humanitario a personas o comunidades que busquen garantizar el derecho a la vida, la libertad, la integridad, la seguridad personal, la libre circulación y la dignidad.

3. Identificar y ejecutar esquemas de prevención y protección acordes con los usos y costumbres de los pueblos indígenas asentados en el departamento, en coordinación con las autoridades indígenas.

4. Identificar y ejecutar esquemas de prevención y protección acordes con los usos y costumbres de las comunidades afrocolombianas asentadas en el departamento, en coordinación con sus representantes.

5. Hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones emanadas de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, a los informes de riesgo y/o notas de seguimiento.

6. Hacer seguimiento y evaluar la implementación del Plan de Prevención y Protección.

7. Fortalecer la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en lo local mediante instrumentos de articulación y comunicación para prevenir, evitar o mitigar los riesgos específicos a los que se ven expuestas personas y comunidades, y que podrían generar violaciones de derechos humanos y nuevos hechos victimizantes.

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Instituciones integrantes del Subcomité Nacional

• MinisteriodelInterior.• MinisteriodeDefensa.• MinisteriodeAgriculturayDesarrolloSocial.• MinisteriodeEducaciónNacional.• ProcuraduríaGeneraldelaNación.• InstitutoColombianodeBienestarFamiliar.• DefensoríadelPueblo.• FiscalíaGeneraldelaNación.• PolicíaNacional.• UnidadNacionaldeProtección.• ProgramaPresidencialdeAccióncontraMinas(Paicma).• ProgramaPresidencialdeDerechosHumanos. Instituciones integrantes del Subcomité Departamental • SecretaríadeGobierno.• Ejército.• SecretaríadeAgricultura.• SecretaríadeEducación.• ProcuraduríaRegional.• ICBFRegional.• DefensoríadelPueblo.• UnidadFiscalía.• PolicíaNacional.• Enlacedevíctimas.• Representantedevíctimas.

Instituciones integrantes del Subcomité Municipal

• SecretaríadeGobierno.• Ejército.• SecretaríadeAgricultura.• SecretaríadeEducación.• InspeccióndePolicía.• Personería.• ComisaríadeFamilia.• DefensoríaComunitaria.• Enlacevíctimas.• Representantevíctimas.

Obligaciones de los gobernadores

• Comomandatariosprincipalesdelosmunicipiosydistritos,les corresponde liderar la expedición de los programas territoriales de prevención, asistencia, protección y

reparación integral a víctimas, en los planes de desarrollo territorial con sus debidas asignaciones presupuestales (Art. 174).

• Presidir y ejercer la secretaría técnica de los comitésterritoriales de justicia transicional (Art. 173), por lo que tendrán un especial liderazgo en la expedición de los planes de acción que ejecuten los programas territoriales.

• Como primeras autoridades de policía administrativadel departamento, deberán garantizar la seguridad y protección personal de las víctimas en su territorio, con el apoyodelaPolicíaNacional(Art.174.3).

• Contar con un protocolo de participación efectiva a finde brindar las condiciones necesarias para el derecho a la participación de las víctimas (Art. 194).

Obligaciones de los alcaldes

• Comomandatariosprincipalesdelosmunicipiosydistritos,les corresponde liderar la expedición de los programas territoriales de prevención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas, en los planes de desarrollo territorial con sus debidas asignaciones presupuestales (Art. 174).

• Presidir y ejercer la secretaría técnica de los comitésterritoriales de justicia transicional (Art. 173), por lo que tendrán un especial liderazgo en la expedición de los planes de acción que ejecuten los programas territoriales.

• Formular estrategias de seguridad pública de maneraconjunta con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas, de sus representantes y de los funcionarios (Art. 31, p. 2).

• Encasodeatentadosterroristasydesplazamientosmasivos,debe elaborar el censo de las personas afectadas en sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de domicilio, residencia y bienes, con el acompañamiento de la Personería Municipal (Art. 48).

• Evaluarcadadosañoslascondicionesdevulnerabilidadydebilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del


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desplazamiento, de las personas que se encuentren en su jurisdicción (Art. 68).

• Comoprimeras autoridades de policía administrativa enel distrito o municipio, deberán garantizar la seguridad y protección personal de las víctimas en su territorio, con el apoyodelaPolicíaNacional(Art.174.3).

• Garantizar los medios y los recursos necesarios a laspersonerías distritales y municipales para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la implementación de la ley (Art. 174.3).

• Contar con un protocolo de participación efectiva a finde brindar las condiciones necesarias para el derecho a la participación de las víctimas (Art. 194).

Obligaciones de las personerías municipales y distritales

A la Personería, como integrante del Ministerio Público, le corresponde informar a las víctimas sobre sus derechos, las entidades a las cuales deben acudir, y los requisitos y trámites que deben adelantar (Art. 35). Es responsable de tres funciones básicas para la atención y reparación integrales, protección, y restitución de derechos territoriales, enfocadas en la participación en las mesas municipales y distritales de víctimas, la realización de los censos de personas afectadas en sus derechos fundamentales y la recepción de reportes de despojos y abandonos en situaciones de desplazamiento

forzado. Está encargada de vigilar la aplicación de la ruta única de atención por parte de las entidades que conforman el SistemaNacional deAtención y Reparación Integral a lasVíctimas (Art. 203).

• Recibir las declaraciones de las víctimas quevoluntariamente decidieron retornar o reubicarse, pero no que cuentan con las condiciones de seguridad para permanecer en el lugar (Art. 66.2).

• Conocerdelhechodedesplazamientoque le informeelpropietario o poseedor de tierras o explotador económico de un baldío, a fin de adelantar las acciones a que haya lugar (Art. 74.6).

• Recibirlasinscripcionesdelasorganizacionesdefensorasde derechos humanos y organizaciones de víctimas, interesadas en participar en la conformación de las mesas de participación municipales (Art. 193.1).

• Ejercerlasecretaríatécnicaenlasmesasdeparticipaciónmunicipal (Art. 193.1).

Velar para que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimashagan uso de la ruta única (Art. 203.2).

Insumo No. I: Lectura deberes del Estado.Insumo No. II: Articulación, coordinación y seguimiento.

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Paso 2

Enfoque estratégico del plan integral de prevención y protección

El Plan Integral de Prevención y Protección (PIPP) tendrá un enfoque estratégico si se asumen a los siguientes criterios:

• Cuentaconunacomprensiónclarade los fenómenosdeviolencia y desprotección que pretende evitar, mitigar y/o superar.

• Lasaccionesdefinidasestánorientadasporelimperativohumanitario de salvaguardar la integridad de las personas.

• Abordalospilaresfundamentalesdelaprevención.

• Tiene claridad del impacto específico de cada acciónincluida en el plan.

El enfoque estratégico de los PIPP exige:

Asegurar la aplicación del sistema de garantías

Confrontar las dinámicas de

violencia presentes en el territorio

Mitigar los impactos de la violencia sobre

la población civil

Elevar la capacidad de los sectores

sociales en riesgo

CAPITULO 3 PASO 2

Garantías de no repetición:

Este componente de la política de prevención

está orientado a la definición de programas y

proyectos que eviten la repetición de las

violaciones de los derechos humanos y las

infracciones del DIH.

Prevención temprana: Componente de la prevención orientado a identificar las causas que generan las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del DIH y a adoptar medidas para evitar su ocurrencia.

Prevención urgente: Componente de la prevención que, ante la

inminencia de una violación de derechos humanos y/o infracción del DIH, adopta

acciones, planes y programas orientados a desactivar las amenazas contra los

mencionados derechos para mitigar los efectos de su ocurrencia.

• Toma en consideración las fuerzas y obstáculos queenfrentará en su realización.

• Esta organizado con resultados y metas e indicadoresverificables.

• Elriesgoestádeterminadoporlaconfluenciade:dinámicasde violencia que lesionan los derechos de la población civil; limitaciones o falencias del Sistema de Garantías; condiciones de vulnerabilidad de los sectores sociales en riesgo y condiciones territoriales o situacionales que propician o facilitan el ejercicio de la violencia.


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El enfoque estratégico de los PIPP actúa sobre los tres momentos de la prevención:

Asegurar la aplicación del sistema de garantías

Confrontar las dinámicas de

violencia presentes en el territorio

Mitigar los impactos de la violencia sobre

la población civil

Elevar la capacidad de los sectores

sociales en riesgo

CAPITULO 3 PASO 2

Garantías de no repetición:

Este componente de la política de prevención

está orientado a la definición de programas y

proyectos que eviten la repetición de las

violaciones de los derechos humanos y las

infracciones del DIH.

Prevención temprana: Componente de la prevención orientado a identificar las causas que generan las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del DIH y a adoptar medidas para evitar su ocurrencia.

Prevención urgente: Componente de la prevención que, ante la inminencia de una violación de derechos humanos y/o infracción del DIH, adopta

acciones, planes y programas orientados a desactivar las amenazas contra los

mencionados derechos para mitigar los efectos de su ocurrencia.

Los retos estratégicos en prevención temprana están dirigidos a:

• Fortalecimiento de la acción integrada, oportuna,eficiente y eficaz de la institucionalidad responsable de la prevención y la protección (Sistema de Garantías).

• Advertenciatempranadelosfactoresderiesgodetectados(hipótesis de Riesgo).

• Actuaciónsobrelos interesesycondicionesquearraiganla violencia en un territorio determinado (factores de persistencia y reproducción).

• Reducción, mitigación o superación de la capacidad dedaño de los actores violentos que afectan el ejercicio de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad.

Los retos estratégicos en prevención urgente están orientados a:

• Activacióndeplanesdecontingencia.• Implementacióndeprotocolosyrutasdeaccióninmediata

dirigidas a hacer efectiva la protección de la población civil.

• Impulso de la presencia efectiva de las autoridades en

las zonas críticas para ofrecer garantías inmediatas a los sectores sociales afectados.

• Agilizacióndelasmedidasdeseguridadindividualdirigidasalas personas en situación de riesgo extremo o extraordinario.

• Activacióndelarespuestahumanitariainmediata.• Activación de medidas de seguridad colectiva para las

comunidades bajo ataque inminente.

Los retos estratégicos en las garantías de no repetición buscan:

• Sometimiento a la justicia a los determinadores y perpetradores de las violaciones de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad.

• Garantíadeestabilidaddelosprocesosdereubicacionesoretornos para reclamantes y líderes en casos de restitución de tierras y reparación.

• Reducción de los niveles de impunidad y garantía deacceso a la justicia.

• Promoción de la recuperación en saludmental para lasvíctimas.

• Facilitacióndeprocesos inclusivosdeverdad,memoriayreconciliación.

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Paso 3

Conceptos y metodología para el análisis de riesgos

A. Alcance

El objetivo en esta sección es familiarizar a los participantes con la metodología de análisis interpretativo de riesgos de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad, con las categorías - dinámicas de violencia,sistema de garantías, sectores sociales en riesgo y condiciones territoriales - y variables que deben ser aplicadas en losejercicios de formulación y actualización del Plan Integral de Prevención y Protección (PIPP).

B. Texto orientador

El concepto de riesgo que se aplica en el seguimiento a las violaciones de derechos humanos ha sido extrapolado de otros ámbitos de la política pública, como la prevención de desastres y la epidemiología, distantes de los fenómenos de violencia, intencionalidad del daño e interés político, asociados a la amenaza, y en tanto hacen limitada su interpretación, se requieren desarrollos conceptuales adicionales para asociarlos al impacto del conflicto armado interno.

Igualmente, la Corte Constitucional ha abordado el análisis del riesgo desde la perspectiva del caso individual. Hoy por hoy, esta categorización de riesgo ordinario, riesgo extraordinario y riesgo extremo rige los modelos de análisis y la construcción de instrumentos por parte de las entidades nacionales que asumen los programas de protección. La conceptualización propuesta en este instrumento de actualización de los PIPP busca identificar las particularidades

7. Para una profundización sobre el concepto, consultar el Decreto 4912 de 2011, artículo 3.

del riesgo colectivo, las implicaciones territoriales, sociales y las derivadas de la lógica del conflicto para dar cuenta de la lógica del sentido y evolución de la violencia cuando afecta a comunidades urbanomarginales, campesinas, indígenas o afrodescendientes; igualmente, cuando afecta a colectivos determinados por circunstancias diferentes a su territorialidad, tales como movimientos sociales o políticos, universidades, sectores laborales o instituciones.

El proceso de actualización de los planes integrales de prevención y protección se basa en un ejercicio de observación sistemática del riesgo, que toma como punto de partida la relación funcional entre amenazas, vulnerabilidad y capacidades, como fenómenos interdependientes. Se trata, ante todo, de una lectura del riesgo como un proceso evolutivo, definido por las tendencias de la violencia, por condiciones y contextos geográficos y poblacionales, que busca determinar los factores del contexto que explican la persistencia y la reproducción de determinados hechos victimizantes. Desde este enfoque, el riesgo es entendido como la probabilidad de que una comunidad o parte de ella pueda sufrir un deterioro grave en sus derechos (vida, libertad, integridad y seguridad), ya sea en el marco de un evento específico o bien en una situación permanente7.

Se trata de ofrecer una herramienta metodológica para cumplir efectivamente con la misión fundamental del Ministerio del Interior de orientar las estrategias de prevención y protección en el territorio. En esa dirección, el análisis de riesgo es el resultado de la conjugación de cuatro


33

dimensiones fundamentales:

1. Las dinámicas territoriales y poblacionales: Son los aspectos biogeográficos, sociales, culturales, económicos e institucionales, tales como la configuración poblacional, la accesibilidad al territorio, las formas productivas, las disputas –legales e ilegales– por recursos o riquezas naturales, o generadas por agentes económicos, entre otros.

Aspectos a caracterizar

• Rasgos territoriales: condiciones geográficas y físico-bióticas.

• Accesibilidad del territorio (zonas críticas identificadas):aislamiento, vías.

• Población: rasgos demográficos, composición étnica,grupos sociales.

• Procesospolíticoseinstitucionalesrelevantes.• Economíayrecursosnaturalesdelterritorio.• Interesesrelacionadosconladisputaviolentadelterritorio:

economía extractiva, concentración de tierras, exclusión política, otros proyectos de alto impacto (minería, cultivos ilícitos, contrabando).

2. Las dinámicas de la violencia: Se busca identificar patrones de violencia que afectan a un territorio y a unas poblaciones específicas, en sus fines, actores y modalidades, para comprender de qué modo se pone en riesgo a la población civil. Este análisis sobre las dinámicas de la violencia debe indicar la evolución reciente de las violaciones de los derechos humanos, de las infracciones del DIH y el conjunto de variables que se identifican como relevantes para el contexto territorial.


• Hechos recientes de violencia: descripción de tiposde violencia, expresiones de violencia en el marco del conflicto armado, infracciones del DIH, conductas vulneratorias de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad en el marco del conflicto armado ocurridas durante el periodo de tiempo que corresponda con la formulación o actualización del PIPP.

• Estructurasqueejercenviolencia (EEV): identificacióndelos actores generadores de violencia.

• Intereses en disputa: identificación de los objetivos eintereses de las EEV en relación con actividades tales

como narcotráfico/microtráfico, despojo y apropiación de tierras, minería ilegal, acceso a rentas públicas, etc., que eventualmente pueden otorgar ciertas ventajas, como control territorial o poblacional, a dichas estructuras.

• Confrontaciónarmada:confrontaciónarmada,combates,retenes ilegales, zonas minadas, zonas confinadas.

• Impactosenlapoblación:accionescomoelconfinamiento,el constreñimiento a los procesos de organización, el control a la vida cotidiana, la destrucción del tejido social o cultural, el desplazamiento forzado, el uso del terror como método de guerra, etc., que bajo el temor o la coacción armada afectan el libre ejercicio de derechos de las comunidades.

3. El sistema de garantías: Esta variable identifica la presencia en el territorio de las instituciones y las acciones que desarrollan, como respuesta a las necesidades y demandas de prevención y protección de la población civil afectada por la violencia en el marco del conflicto armado.


• Presencia y ejercicio de la autoridad civil en las zonascríticas identificadas.

• Accesoalajusticia.• AcciónypresenciasostenidadelaFuerzaPública(Fuerzas

Militares y de Policía).• Acciónyseguimientodelosorganismosdecontrolsobre

la protección de los derechos humanos.• Accionesinterinstitucionalesorientadasalaprevenciónde

violaciones de los derechos humanos y a la protección de los mismos en el marco del conflicto armado.

4. Los sujetos en riesgo: Esta variable propone identificar (i) a los sujetos individuales y colectivos de la sociedad civil presentes en el ámbito territorial; (ii) el impacto sobre ellos de las expresiones y tipos de violencias en el marco del conflicto armado; (iii) los niveles de organización, el grado de participación e incidencia en la construcción de agendas políticas y gobiernos locales. Resulta de vital importancia la aplicación del enfoque diferencial en el análisis del riesgo para las comunidades indígenas, afrocolombianas y rom, las mujeres, la población LGBTI, dadas sus particulares necesidades, vulnerabilidades e impactos diferenciados y desproporcionados del conflicto armado sobre ellos/ellas.

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En conclusión, el análisis de riesgo se puede graficar de la siguiente manera:CAPITULO 3

PASO 3

Dinámicas de violencia

Sujetos en riesgo

Dinámicas territoriales

Sistema de garantías

R

Conclusiones del análisis de riesgo

El análisis de riesgo resulta útil en el proceso de prevención y protección, si permite a las autoridades del territorio (departamentos, municipios) establecer los aspectos cruciales de la violencia que afecta a la población civil. Estos aspectos son:

• Hipótesisderiesgo.• Zonascríticasdeldepartamentooelmunicipio.• Sectores sociales en riesgo como consecuencia de las

conductas violatorias persistentes.• Escenariosderiesgoidentificados.


• Estado de la cohesión social (capital simbólico, capitalsocial).

• Concienciade riesgo:manejodemediosde seguridadyautoprotección.

• Capital político: nivel de reconocimiento institucional ymediático.

• Condicionesespecíficasdevulnerabilidadasociadasalasviolencias dominantes.

• Impactospsicosocialesdelaviolencia:miedogeneralizado,rupturas sociales, depresión, ansiedad, estrés.

• Enfoque diferencial: afectaciones diferenciadas deacuerdo con las modalidades de violencia prevalecientes en el territorio.

Hipótesis de riesgo

El análisis de riesgo alcanza su mayor potencial en materia de prevención cuando permite responder a las preguntas: ¿Por qué persiste y se reproduce la violencia en el territorio? ¿Por qué la violencia se arraiga con mayor intensidad y se expresa con mayor crudeza en determinadas zonas geográficas? El propósito de esta identificación es contar con una lectura comprensiva de la violencia en el territorio, que permita la definición estratégica de medidas. Las hipótesis de riesgo constituyen la conjugación de varios elementos explicativos:

• Qué intereses legales o ilegales disputan los actoresarmados en el territorio: En una zona crítica, cuáles son


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los conflictos subyacentes al uso de la violencia. Con frecuencia, la disputa puede ser explicada por aspectos como las economías ilegales, los proyectos económicos de alto impacto que generan cambios en la dinámica poblacional o económica, las rentas del Estado o de los particulares por la vía de la extorsión o, en otros casos, el valor táctico o estratégico de una zona desde el punto de vista de la ventaja militar o de los beneficios que obtiene el actor armado en un territorio (corredores de movilidad, zonas de frontera, tráficos ilegales, zonas emblemáticas).

• La capacidaddecontroldelEstado sobreel territorio: Sibien la violencia se explica por los intereses en disputa, el nivel de daño y su persistencia se definen por la capacidad de las instituciones de ejercer el poder público en el territorio, esto es, la capacidad para regular los conflictos, ejercer justicia, proteger a las poblaciones y controlar los factores de violencia.

• La existencia de determinados ciclos o rutas propios de la confrontación armada: El asiento de una estructura armada, el despojo de tierras, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el constreñimiento o el confinamiento poblacional, el reclutamiento forzado, entre otros, constituyen ciclos o rutas, entendidas como pasos o procesos reiterativos de violencia, en los cuales es posible anticipar comportamientos y, por lo tanto, prevenir su evolución y agravamiento.

En este sentido, la formulación de las hipótesis del territorio permite al analista, diseñar procesos preventivos más integrales y menos basados en la casuística.

Zonas críticas

La información recibida debe permitir la identificación de aquellas zonas del departamento o de los municipios donde prevalecen con mayor intensidad los factores de riesgo, tales como la persistencia de estructuras armadas, la disputa violenta de intereses económicos legales e ilegales, la confrontación militar y diversas manifestaciones de inseguridad, por ejemplo, minas antipersonal, retenes ilegales, constreñimiento o confinamiento poblacional, entre otros elementos. Estas zonas suelen coincidir con una débil

presencia de la institucionalidad civil del Estado y de sus factores de protección y garantía. Si se dispone de buena información y de la presencia de los voceros de los municipios, es posible determinar, no solo aquellos municipios que presentan mayores niveles de riego, sino, más allá, las áreas dentro de estos municipios que presentan la mayor tendencia y probabilidad de violencia con impacto en la población civil.

Sectores sociales en riesgo y enfoque diferencial

Las conclusiones deben permitir la identificación de los sectores poblacionales que padecen o podrían padecer la violencia de manera más intensa, así como la direccionalidad específica de determinadas modalidades. Con frecuencia, el reclutamiento ilegal se dirige a las niñas, los niños y adolescentes; la mayor parte de los homicidios se orienta hacia la población perteneciente a rangos etarios determinables; la violencia sexual prevalece mayoritariamente en contra de las mujeres; las minas antipersonal y el confinamiento poblacional afectan principalmente a comunidades rurales de población campesina, afrocolombiana e indígena; el constreñimiento poblacional urbano afecta principalmente a barrios de población en situación de pobreza, migrante y con alta composición de víctimas del conflicto; la extorsión suele afectar principalmente a comerciantes y sectores productivos pequeños y medianos. En fin, un buen análisis de los modos prevalentes de violencia apunta con alto nivel de certeza a la identificación de los sectores de mayor afectación.

La identificación de los sectores sociales en riesgo permite la aplicación de las políticas diferenciales que el Estado colombiano ha venido formulando e implementando entre sectores específicos, como la población en estado de discapacidad, las comunidades afrocolombianas e indígenas, las mujeres, la infancia y la juventud, el adulto mayor.

Escenarios de riesgo

Un escenario de riesgo es un conjunto de supuestos que representan el comportamiento futuro del riesgo8. En el marco de la formulación de los PIPP se ha enfatizado una noción de escenarios de riesgo, entendida como la identificación de las tendencias crecientes o decrecientes de las principales conductas violatorias, tales como homicidios,

8. MINISTERIODELINTERIOR.DiseñodeplanesdeprevencióndeviolacionesdederechoshumanoseinfraccionesdelDIH.Bogotá,2012.

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reclutamiento de menores, minas antipersonal, violencia sexual, secuestro, extorsión, desaparición forzada, despojo de tierras, desplazamiento forzado, violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre otras, en razón a las tendencias de la violencia que afecta a un territorio determinado.

La identificación plena de los escenarios de riesgo sirve para establecer límites, enfocar los problemas y organizar las acciones de respuesta frente al riesgo. También es un mecanismo que busca identificar factores estructurales en la raíz de las violencias dentro del conflicto armado, los cuales son ponderados y dimensionados para explicar los impactos sufridos por las personas y comunidades en riesgo.

La identificación colectiva de escenarios de riesgo permite llegar a los funcionarios y representantes de las víctimas a consensos sobre los aspectos más sensibles frente al riesgo. Los escenarios de riesgo ofrecen estimaciones de lo que puede continuar sucediendo en el territorio, de no contrarrestar el riesgo detectado. El escenario de riesgo identificado actúa como una conclusión que se nutre de la percepción de los participantes del taller y que ayuda a entender las causas y los

efectos alrededor de las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del DIH, en el desarrollo del conflicto armado.

C. Orientación pedagógica, metodológica y didáctica.

El facilitador llevará a cabo la presentación del análisis interpretativo del riesgo.

Insumo No. IV: Análisis de riesgo.

Para la apropiación de los conceptos por parte de los asistentes se sugiere trabajar en grupos un caso hipotético que permita la identificación y aplicación de las categorías analíticas del riesgo. Se busca que cada grupo aplique una de las cuatro variables y se concentre en la identificación de los hechos victimizantes o tipos de violencias de mayor afectación a la población civil según el caso hipotético.

Posteriormente, de acuerdo con un lapso de tiempo definido por el orientador del ejercicio, se presentan y discuten los resultados en plenaria.


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Paso 4Prediagnóstico de riesgo

A. Alcance

El objetivo de esta sección es que los participantes reciban los insumos para el análisis de la situación de riesgo presente en la jurisdicción, con la información oficial sobre la situación de violencia que afecta las diferentes regiones y/o zonas del departamento. Para ello, el asesor departamental en Gestión Preventiva del Riesgo del Ministerio del Interior contará con información analizada por parte del Equipo de Apoyo Técnico al Monitoreo y Seguimiento de Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones del DIH de la Dirección de Derechos Humanos.

B. Texto orientador

A partir de la información sobre las cuatro categorías del análisis de riesgo (caracterización territorial, dinámicas de violencia, sistema de garantías y sectores sociales en riesgo), el Equipo de Monitoreo y Seguimiento en Gestión Preventiva del Riesgo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a través del asesor territorial, presentará un prediagnóstico a los funcionarios delegados del ente territorial al Subcomité de Prevención y Protección.

Para ello, se validará la información previa, se corregirá o ampliará, según sea el caso, con la experiencia e información aportada por los delegados y demás representantes de la población civil, las mesas de participación efectiva de víctimas y demás organizaciones sociales que aporten en la promoción y defensa de los DD. HH.

Los tres insumos fundamentales para desarrollar esta tarea se explican a continuación.

Análisis y actualización de la línea de tiempo

Los planes vigentes contienen un análisis de línea de tiempo en el que se evidencia la evolución del conflicto armado anualmente y los principales hitos de violencia recordados por la población civil y que originaron crisis humanitarias, situaciones de indefensión y alta vulnerabilidad, pérdida de la capacidad de respuesta institucional y acción colectiva frente a las amenazas y el menoscabo de la dignidad humana, sufridos por la población civil en medio de los enfrentamientos y disputas por el dominio y control territorial y social en zonas de riesgo.

Con la información disponible en el plan, además de su actualización a partir de las bitácoras diarias presentadas por la Unidad de Víctimas y por el trabajo del Equipo de Apoyo Técnico de Monitoreo y Seguimiento de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se debe presentar la evolución de las violencias y motivar a los talleristas a que la interpreten para el momento actual.

Análisis histórico de informes de riesgo y alertas tempranas

La recopilación y estudio de estos instrumentos permite presentar un análisis de las estructuras de violencia, las zonas en riesgo, las comunidades, grupos y sectores sociales en riesgo, y las dinámicas históricas del conflicto armado. Así mismo, sirve para evidenciar los escenarios de riesgo que ha contemplado la institucionalidad y el avance de las recomendaciones sugeridas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y la Defensoría del Pueblo.

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Análisis estadístico del Informe Departamental de Hechos Victimizantes de la Unidad de Víctimas

Este estudio muestra la evolución de las cifras asociadas a cada hecho victimizante en el departamento o municipio, recoge datos oficiales de fuentes como Policía Nacional,DANE, Observatorio de DD. HH. y DIH de la Presidencia dela República, información sobre el desplazamiento forzado de la Unidad de Víctimas, Informes Forensis del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y reportes del Paicma de la Presidencia de la República, entre otros. El análisis de las cifras y los comportamientos temporales de las violencias debe estar acompañado de interpretaciones ligadas a la dinámica del conflicto armado y la violencia sociopolítica en el departamento o municipio.

C. Orientación pedagógica, metodológica y didáctica

Durante la segunda jornada del taller se dedicarán dos horas a este módulo.

El asesor territorial del Ministerio del Interior presentará el prediagnóstico de riesgo, tomando como base la línea de tiempo, las bases de datos oficiales sobre violencia, los informes de riesgo y alertas tempranas vigentes para el territorio en cuestión, y el documento sobre victimización elaborado

desde la Unidad de Víctimas para cada departamento del país.Es importante que en la información estadística se indique la fuente y la fecha de elaboración. Así mismo se debe precisar que los datos presentados provienen de fuentes secundarias y que, seguramente, los funcionarios y representantes de las víctimas cuentan información directa sobre las problemáticas de cada municipio.

El ejercicio pretende que los datos analizados sean vistos en perspectiva, a partir de la percepción de los participantes, lo cual implica que, aunque la información se derive de reportes oficiales, no siempre refleja la situación real y es necesario confrontarla con la experiencia directa de funcionarios y representantes de víctimas, a efectos de validar, contrastar o reelaborar la información como resultado del taller.

Se socializa en plenaria mediante diálogo participativo.

Insumo No. V: Esquema de la presentación del prediagnóstico de riesgo.Insumo No. VI: Guía de bases de datos consultables.

D. Producto esperado

• Socialización, ajuste y validación en plenaria delprediagnóstico de riesgo.


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Paso 5Actualización del análisis de riesgo

A. Alcance

El objetivo de esta sección es recopilar y analizar con los asistentes al taller, mediante un ejercicio participativo, la información de diagnóstico que servirá para la actualización del análisis de riesgo.

B. Texto orientador

En un ejercicio de construcción participativa, la actualización del análisis del riesgo pretende aplicar tres procesos fundamentales cuya temporalidad refleja el estado actual del departamento. Para tal efecto, recapitulará los acontecimientos asociados al riesgo en el marco del conflicto armado durante el último año. Los tres procesos son:

• El análisis de riesgo consiste en develar las estructuras de violencia y desprotección que afectan a un sector concreto de la sociedad. Se trata de formular una interpretación coherente y sustentada sobre la forma como opera la violencia, sus actores, los intereses en juego, las motivaciones y modalidades, como también los impactos sobre el tejido social, los derechos humanos y la capacidad de agencia.

• El proceso de seguimiento (monitoreo del riesgo) trata de asegurar que se cuente con los procedimientos técnicos de acopio de información, los procesos o rutinas que conlleva y la participación de los actores o fuentes relevantes para cada caso o cada contexto.

• Finalmente, el proceso de evaluación del riesgo busca

determinar en un momento específico, a partir de los indicios disponibles, cuáles son los niveles de riesgo que afronta un determinado sector social o poblacional, es decir, cuál es el nivel de probabilidad de que se concrete una violación grave de derechos humanos con impactos desastrosos en la población.

Para llevar a cabo lo anterior se desarrollan mapas de riesgo que permiten:• Planificar la intervención de las autoridades sobre el

territorio.• Identificar las mejores estrategias de acuerdo con la

condición de la población o las características del riesgo.• Asignar los recursos humanos e institucionales, de

protección en función de los niveles de riesgo detectados (priorizar/focalizar).

• Hacerseguimientoalaevolucióndelriesgoyal impactode las políticas.

• Empleando estos elementos con los participantes, ya partir de su conocimiento y percepción, se hace la actualización de la línea de tiempo y la elaboración de la matriz de riesgo.


Esta exposición identifica las herramientas que necesitan las autoridades del territorio para el seguimiento y monitoreo del riesgo.

Insumo No. VII: Monitoreo del riesgo.

A partir de la reflexión realizada, el ejercicio propone a

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los participantes llevar a cabo el análisis sobre el territorio real. Así mismo, trabaja en la construcción del mapa de riesgo y la actualización de la línea de tiempo (basada en hechos victimizantes) para el último año.

D. Productos esperados

• Actualizacióndelalíneadetiempo.• Actualizacióndelosmapasderiesgodeldepartamento(cartografíasocial).• Matrizdeactualizacióndelanálisisderiesgo.

Paso 6Análisis conclusivo del riesgo

A. Alcance

Consiste, mediante un proceso analítico, en extraer las consecuencias de la información recopilada y validada para asegurarse de que la formulación/actualización del plan se orienta a abordar el riesgo real del departamento o municipio, según sea el caso del taller. Dichas conclusiones se centrarán en cuatro aspectos:

• Hipótesis sobre la reproducción y persistencia de laviolencia.

• Zonascríticas.• Sectoressocialesenriesgo.• Escenariosderiesgoidentificados.

9. Ya que se basa tanto en la información con la que cuentan funcionarios públicos y representantes de víctimas como en la percepción de la población con la cual trabajan o representan.

B. Orientación pedagógica, metodológica y didáctica

Para desarrollar la construcción de los escenarios de riesgo es necesario generar el diálogo y la reflexión de los participantes alrededor de las siguientes preguntas:• ¿Cuálessonlosterritoriosmásafectadosporlaviolencia?• ¿Cuálessonsusparticularidades?• ¿Qué tipos de poblaciones habitan estos territorios y

cuáles son las más afectadas?• ¿Quétipodeviolenciaprevaleceycuálessonloshechos

victimizantes más recurrentes?• ¿Qué tipo de actores o estructuras armadas hacen

presencia en el territorio y cuál es su capacidad de acción estimada?9

• ¿Cómoeslaoperaciónrealdelsistemadegarantíasenlaszonas focalizadas? ¿Cómo es esta operación en relación con las poblaciones más afectadas por la violencia?


41

Paso

7

Identificación de las medidas de prevención temprana, prevención urgente y

garantías de no repetición

A. Alcance

El objetivo de esta sección es revisar las medidas de prevención temprana, prevención urgente y garantías de no repetición existentes en los planes de prevención vigentes, a partir del enfoque analítico de riesgo y del concepto integral de prevención, y, con base en este análisis, identificar nuevas medidas no contempladas y asociar las ya existentes.

B. Texto orientador

El plan de desarrollo departamental establece líneas, programas y proyectos que definen las estrategias generales que persiguen las administraciones departamentales en materia de derechos de las víctimas. Por lo tanto se necesita identificar la línea, el plan, el programa y el proyecto que cobija la ejecución del plan integral de prevención y protección en el departamento.

Unido a esto, es importante revisar en el plan de acción territorial (PAT) el componente de prevención y protección, como instrumento que dirige y guía la acción institucional y que encuentra en el Plan Integral de Prevención y Protección una herramienta para concretar medidas e intervenciones del Estado que beneficien a víctimas, individuos, comunidades, organizaciones y colectivos en riesgo.

Sobre el taller de construcción/actualización del plan es importante aclarar que la reflexión y el análisis no finalizan en el taller, ya que los ejercicios plantean solamente la recolección de insumos; posteriormente, con toda la información y las propuestas recolectadas, los asesores departamentales en

gestión preventiva del riesgo del Ministerio del Interior, junto con los responsables del ente territorial, la Secretaría Técnica del Subcomité Local de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición y el encargado de las dependencias deatención a víctimas, pueden llevar a cabo, si es necesario, un ejercicio de interpretación y formulación final de objetivos y resultados, asociando los indicadores pertinentes para cada categoría de medidas.

C. Orientación pedagógica, metodológica y didáctica.

El ejercicio que se propone a continuación se plasma en la metodología de visualización. En paneles de papel kraft se escriben las ideas acerca de medidas que identifiquen los participantes en cada grupo, con lo cual se facilita la discusión, la asociación y los consensos sobre qué medidas proponer de acuerdo con los momentos de la prevención.

Paso 1: Se conforman cinco grupos de trabajo para la identificación de las medidas. Cada grupo se encarga de un eje temático del riesgo e identifica medidas para los tres momentos de la prevención (temprana, urgente y garantías de no repetición):

• Grupo 1: Medidas que respondan a la problemática territorial de las zonas críticas identificadas.

• Grupo 2: Medidas frente a las dinámicas de violencia.

• Grupo 3: Medidas frente a los hechos victimizantes recurrentes.

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B. Texto orientador

A partir de la lectura de los planes integrales de prevención y protección vigentes se han evidenciado los principales retos institucionales que definen la orientación estratégica en materia de prevención, protección y garantía de no repetición. Ellos pueden servir de pauta para el agrupamiento de las medidas que

Paso 8

Ordenamiento estratégico del plan integral de prevención y protección

A. Alcance

El objetivo de esta sección es que las medidas planteadas respondan y generen impactos reales sobre los escenarios de riesgo identificados, articulando además el plan de prevención a los demás instrumentos de desarrollo departamental, como son el plan de desarrollo y el plan de acción territorial.

se propongan en los ejercicios de actualización de los planes de prevención. Estas medidas agrupadas, cuyo resumen se presenta en los párrafos siguientes, son una guía para el facilitador, pero no constituyen una camisa de fuerza; es posible que aparezcan nuevas medidas dirigidas a otros fines de la protección.

1. Fortalecimiento de los espacios de gestión interinstitucional y de las entidades con mandato en protección y prevención.

Consiste en el conjunto de medidas que de manera directa o indirecta propician la acción articulada y coordinada de las instituciones para el cumplimiento del plan. Los indicadores asociados a esta categoría miden la existencia de oferta institucional que opera en los municipios y en las zonas críticas, la capacidad de los funcionarios para

• Grupo 4: Medidas para el fortalecimiento y la aplicación plena del sistema de garantías.

• Grupo 5: Medidas para la reducción de la vulnerabilidad y la preservación de derechos de los sectores sociales en riesgo.

Paso 2: El facilitador entrega a cada grupo (según su énfasis temático) las medidas identificadas en el Plan Integral de Prevención y Protección (que es objeto de ajuste y actualización), en los Informes de Riesgo vigentes y en las alertas tempranas vigentes.

Paso 3: A modo de resumen, cada grupo identifica los principales cambios que se generarán frente al riesgo, si se aplican las medidas identificadas.

Paso 4: Se comparte el avance en plenaria.


• Elaboracióndemedidasasociadasacadaejetemáticodeanálisis del riesgo.


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responder a las necesidades de los beneficiarios de la oferta y la operatividad de los espacios interinstitucionales para la protección y prevención.

2. Desarrollo de sistemas de monitoreo y seguimiento del riesgo.

Reúne las medidas que buscan afianzar el diagnóstico y análisis de riesgo en las regiones. Asocia todas las acciones encaminadas a caracterizar poblaciones vulnerables, diagnosticar problemáticas relacionadas con los grupos armados ilegales y sus intereses, detectar amenazas y situaciones urgentes, observar la generación de capacidades de organizaciones sociales y comunidades. Los indicadores propuestos en esta categoría se relacionan con la existencia o no de instrumentos que permiten realizar el monitoreo y seguimiento.

3. Abordaje preventivo de los conflictos generadores de violencia.

Estas medidas están orientadas a responder tanto a las llamadas hipótesis de riesgo, es decir, a los fenómenos explicativos de la violencia como, eventualmente, a los impactos negativos de proyectos públicos y privados de alto impacto, que aumentan las amenazas y las vulnerabilidades de la comunidad, debido al interés estratégico que representan para los grupos armados ilegales. Los indicadores propuestos identifican si están o no creados los espacios de diálogo y participación con las comunidades para discutir e informar sobre los proyectos en el territorio y si se anticipan y consideran los impactos sobre la población.

4. Fortalecimiento de la presencia coordinada de la institucionalidad en las zonas críticas.

Están asociadas a esta categoría las medidas que se orientan a la actuación inmediata o a la presencia disusoria para las amenazas detectadas. Se trata de identificar que se llegue con ofertas especiales y oportunas para prevenir hechos victimizantes, lo cual implica la labor coordinada entre las instituciones y el cumplimiento de los compromisos pactados con las comunidades o reflejados en los planes de contingencia o en las rutas de acción inmediata. Los indicadores están orientados a medir la oportunidad de la respuesta y el cumplimiento de compromisos.

5. Recuperación del control militar y policial en zonas críticas.

Estas medidas involucran directamente el cese de las amenazas debidas a la recuperación del territorio por parte de las fuerzas públicas. Pretende visibilizar las acciones de consolidación que se adelantan en los cascos urbanos y en las áreas rurales de zonas críticas priorizadas por la política de seguridad. Los indicadores asocian estadísticas y tendencias sobre hechos victimizantes que demuestran el efectivo control de las zonas.

6. Ampliación de la respuesta coordinada y oportuna de las instituciones del territorio en momentos críticos de violencia y victimización.

Esta respuesta se agrupa, según las conductas violatorias persistentes en el territorio, en los llamados planes de contingencia. Por lo tanto, en esta categoría se asocian las medidas que pretenden establecer criterios de eficiencia, calidad, oportunidad y asertividad en la respuesta estatal en prevención urgente. Los indicadores se orientan a establecer la respuesta a partir de acciones concretas y casos atendidos.

7. Actualización y accesibilidad a las rutas de prevención y protección.

Se responde a la necesidad de contar con rutas de prevención y protección ajustadas a las circunstancias y particularidades regionales. Los indicadores deben medir la formación y capacitación de funcionarios en las rutas y el nivel de dotación en las instituciones responsables de los recursos técnicos necesarios para la operatividad de las mismas.

8. Generación de condiciones para el acceso a la justicia.

Este tipo de medidas busca reducir la impunidad y garantizar que se desplieguen las acciones de investigación necesarias para ofrecer justicia frente a las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas del conflicto armado. Los indicadores miden el aumento y avance de los casos y procesos de judicialización de los responsables.

9. Restablecimiento de derechos de las víctimas.

Todas las acciones incluidas en los planes territoriales deben contar con un enfoque de derechos, de donde

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se estima que las ofertas institucionales contribuyen al restablecimiento. Se trata de medir el aporte de los planes –principalmente desde la pedagogía en derechos– realizados por las instituciones, al implementar acciones de prevención, protección y garantías de no repetición.

10. Fortalecimiento de la capacidad de los sectores sociales en riesgo.

Agrupa las medidas que aumentan las capacidades, entendidas –desde el desarrollo humano– como los derechos y las oportunidades que garantizan a las personas y a las comunidades un medio y un fin para obtener su propio bienestar y encarar las situaciones difíciles en contextos de violencia. Los indicadores en esta categoría están orientados a medir la capacidad de cobertura de la oferta institucional y el avance de las medidas que garantizan la participación de los sectores sociales en riesgo.

11. Reducción de aspectos específicos de vulnerabilidad para determinados sectores poblacionales.

Reducir la vulnerabilidad de un sujeto o comunidad en riesgo genera condiciones adecuadas para afrontar las amenazas en contextos de conflicto armado. Este tipo de medidas son consideradas tanto en el momento de implementar la prevención temprana como de ofrecer garantías de no repetición. Los indicadores miden el avance de un sujeto, colectivo o comunidad en la superación de un aspecto de privación o limitante, a partir del contraste con una línea de base inicial.

12. Reconocimiento público de los derechos de las víctimas.

Las medidas de difusión y los procesos de formación y pedagogía que permiten a una sociedad reconocer los derechos de las víctimas buscan la producción de cambios culturales que generen garantías de respeto y permitan el goce efectivo de los derechos diferenciales de verdad, justicia y reparación. Los indicadores propuestos en esta categoría pretenden medir la información disponible sobre el tema y su cobertura en el territorio, así como establecer el avance de los procesos de participación de la población víctima.

13. Control de la gestión institucional, rendición de cuentas y medición del impacto.

En este grupo se consideran los esfuerzos del Ministerio Público en su labor de veeduría, control y ámbito disciplinario frente a las instituciones con responsabilidades y competencias en los planes de prevención, protección y garantías de no repetición. Los indicadores asociados verifican que existan estrategias de mejoramiento y procesos disciplinarios frente a las dificultades y el incumplimiento de las medidas contempladas.


Esta actividad no se lleva a cabo en el taller, es una tarea que requiere que el asesor y su par en la entidad territorial depuren los resultados de los ejercicios una vez concluidos los talleres y puedan formular la estructura estratégica que cobija las medidas establecidas de manera participativa.

El asesor departamental y el responsable del departamento ordenan las medidas identificadas que estaban en los documentos precedentes en torno a los campos estratégicos aquí propuestos. hacen una depuración de las que consideren repetidas, las que no constituyan acciones sino criterios o pautas éticas y las que rebasen el alcance del plan, asegurándose de que cada medida pueda leerse como una actividad realizable, a la que se le puedan aplicar metas de gestión. Si la medida no tiene esas características, no se incluye en el plan.


• Objetivogeneral.• Objetivosespecíficos.• Resultadosasociados.• Indicadoresporresultado.


45

Paso 9Operatividad del plan integral de

prevención y protección

A. Alcance

El objetivo de esta sección es determinar cómo se asegura el cumplimiento de las medidas propuestas en el PIPP, focalizando los beneficiarios directos, las zonas prioritarias de intervención, los responsables directos y concurrentes, los insumos, las fuentes de financiación, los tiempos de ejecución y los indicadores de seguimiento.

B. Texto orientador

Las medidas concertadas son el conjunto de acciones ordenadas sobre la oferta y propuesta institucional que permiten la intervención oportuna para superar una situación de riesgo. Definir claramente su alcance significa señalar los beneficiarios y las zonas prioritarias de intervención, para lo cual es necesario volver sobre el mapa de riesgo y los demás instrumentos.

Las metas establecen niveles concretos de cumplimiento en la implementación de cada medida. Por ejemplo, el número de visitas de campo conjuntas o de talleres para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios. El monitoreo y seguimiento de las metas es necesario para evaluar la operatividad; de esta manera se puede valorar el nivel de cumplimiento de lo acordado en el plan. Sin el logro de las metas será poco probable alcanzar los resultados y objetivos propuestos.

Finalmente, para coordinar la acción institucional es necesario definir una institución responsable de cada medida (según objeto misional y competencia en el marco de la implementación de la Ley 1448 de 2011), que se encargará de la gestión de actividades y de la movilización de la oferta

institucional para concretar las acciones.


Se conforman grupos por campos estratégicos para diseñar, de manera participativa, la operatividad de cada medida o acción prevista en el plan. Para cada medida identificada, el grupo correspondiente debe señalar:• Poblaciónobjetivo.• Zonasapriorizar.• Tipologíadeviolenciaasociada.• Metadelaactividad.• Entidad(es)responsable(s)deliderarlaactividadomedida• Entidadesconcurrentes(aquellasquedebencontribuirala

realización de la actividad o de la medida).• Tiempodeejecución(fechaprobablederealizacióndela

actividad y duración).• Fuentedefinanciaciónprevista(sedefinesiformapartede

un rubro presupuestal de las entidades responsables o si se espera que se financie con proyectos o recursos a gestionar del presupuesto departamental de la próxima vigencia).

Nota:Puedehabermásdeunaentidad líderpara cadaunade las actividades; se debe tener cuidado con el exceso de resultados y de actividades. Por esto, la importancia de una adecuada depuración del plan.


• Desarrollode lamatrizdeprotocolosporresultadosqueresponden al conjunto de acciones y medidas propuestas para cada escenario de riesgo identificado.

46

Paso

10Coordinación, articulación y seguimiento

A. Alcance

El objetivo de esta sección es identificar las necesidades en materia de coordinación, articulación y seguimiento que tiene el ente territorial para cumplir con el desarrollo del plan. Se trata igualmente de identificar las buenas prácticas de gestión interinstitucional y sensibilizar a los funcionarios responsables de las distintas entidades sobre el imperativo de trabajar en equipo.

B. Texto orientador

Los retos para la implementación de la Ley de Víctimas exigen un cambio cultural en la gestión institucional orientado al desarrollo de procesos de articulación, coordinación y seguimiento. El artículo 1º de la Constitución Política de 1991 afirma que Colombia es un Estado social de derecho “organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista […]”. Pero igualmente señala que “[…] Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley” (Art. 288, CPC).

La Constitución Política establece el deber de concurrencia de los poderes públicos. 10 Por encima de la gestión que cada entidad pública está llamada a cumplir según el marco

legal que determina su mandato, el deber de concurrencia ordena que confluyan en los fines superiores del Estado, se articulen y armonicen sus planes y programas para que la acción del Estado sea más eficaz y resulte congruente. A esa lógica obedece la conformación de sistemas que aparece cada vez más definida en diversos ámbitos de la actuación pública. Esto se refleja en la esfera de la planeación, de la gestión ambiental, de la justicia, de la seguridad, entre otros ámbitos. Ya en el pasado, la Ley 387 definió la creación del SistemaNacional deAtenciónIntegralaPoblaciónDesplazadaporlaViolencia(SNAIPD),como escenario de concurrencia de un conjunto de actores institucionales responsables de la realización de los derechos de la población desplazada.

Por otra parte, el principio de subsidiariedad “significa que la nación no debe intervenir cuando el ente territorial puede responder a las obligaciones básicas, pero también implica que esta puede y debe intervenir subsidiariamente cuando la precariedad financiera o administrativa del ente territorial, le impide cumplir sus deberes”. El principio de concurrencia “implica más bien un proceso de participación conjunta entre la nación y los entes territoriales en el diseño y ejecución de proyectos, en la medida en que sólo así es posible garantizar el cumplimiento de los fines del Estado”. Y, finalmente, el principio de coordinación “Está relacionado estrechamente con el principio de subsidiariedad. Implica la constante comunicación entre los niveles territoriales para armonizar los

10. CONSTITUCIÓNPOLITICA.Artículo209.Lafunciónadministrativaestáalserviciodelosinteresesgeneralesysedesarrollaconfundamentoenlos principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.


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aspectos en que se complementen o desarrollen y, en general, para el cumplimiento de los fines del Estado” (Marín, 2009).

Noobstante,elavanceenladescentralizaciónadministrativaha generado un nivel de tensión entre las responsabilidades y los deberes que corresponden al Gobierno nacional frente a los deberes que se han establecido para los gobiernos territoriales. En la Sentencia C-579 de 2001, la CorteConstitucional señaló:

[…] que la naturaleza del Estado unitario presupone la centralización política, lo cual, por un lado, exige unidad en todos los ramos de la legislación, exigencia que se traduce en la existencia de parámetros uniformes del orden nacional y de unas competencias subordinadas a la ley en el nivel territorial y, por otro, la existencia de competencias centralizadas para la formulación de decisiones de política que tengan vigencia para todo el territorio nacional. Del principio unitario también se desprende la posibilidad de intervenciones puntuales, que desplacen, incluso, a las entidades territoriales en asuntos que de ordinario se desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero en relación con los cuales existe un interés nacional de superior entidad.

Si bien la Constitución Política de Colombia lo señala en el artículo 288, a partir de los tres principios que rigen las relaciones nación - territorio: “[…] Las competenciasatribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.

Es importante entender que sin una reflexión a fondo sobre la manera como se surten en el departamento estos procesos, identificando debilidades y estableciendo estrategias de comunicación apropiadas entre las diferentes instancias, no se podrán desarrollar adecuadamente los planes, programas y proyectos derivados de la ley:

La Unidad de Víctimas, deberá diseñar con base en los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la Constitución Política, una estrategia que permita articular la oferta pública de políticas nacionales, departamentales, distritales y municipales, en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral. (Ley 1448 de 2011, Art. 172).

La estrategia nación - territorio es integral; no solo el nivelnacional tiene obligaciones en materia de aplicación de oferta en política pública de prevención, protección y garantías de no repetición, también las gobernaciones deben cumplir con todas la consideraciones señaladas por la ley para asistir a los municipios, en especial al cumplir con la garantía de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad y la seguridad.

Para lograr la articulación de la oferta los departamentos, distritos y municipios darán prioridad al presupuesto asignado para la prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. […] Las gobernaciones formularán los planes de acción departamentales, teniendo en cuenta las necesidades establecidas en los planes de acción de los distritos y municipios bajo su jurisdicción, de tal manera que se adecue la oferta del departamento a las necesidades de sus distritos y municipios, y de acuerdo a su capacidad fiscal y la de sus municipios. (Decreto 4800, Art. 256).


Recordar la presentación de los “Deberes u obligaciones del Estado” como inicio del taller.

Como conclusión de lo observado, en plenaria, las entidades participantes establecen acuerdos y retos con responsabilidades específicas para el liderazgo del plan, la articulación de las entidades y la coordinación y ejecución de las acciones.

Con estos insumos se define un plan de seguimiento posterior. Se establece cada cuánto se realizarán las sesiones de seguimiento (eventualmente, cada dos meses, pero ajustable a la situación en cada departamento). La rendición de cuentas al Comité de Justicia Transicional se hará cada cuatro meses.

Insumo No. IX: Modelo de articulación y coordinación.


• Cronograma de actividades interinstitucionales para elcumplimiento del plan.

• Planificacióndelmonitoreoyseguimientodelplan.

48

Paso

11Documento técnico del plan integral de

prevención y protección ajustado

A. Alcance

El objetivo de esta sección es construir el documento de ajuste del plan, a partir de los insumos recogidos, asegurando que sea producto de la participación y los consensos obtenidos en el marco del Subcomité Local de Prevención, Protección yGarantíasdeNoRepeticiónalrededordelanálisisderiesgoy la formulación de estrategias y medidas de respuesta, acordes con los momentos de la prevención.

B. Texto orientador

El asesor departamental en Gestión Preventiva del Riesgo del Ministerio del Interior, junto con el funcionario departamental a cargo, deberá organizar la información recolectada en las diferentes relatorías y ejercicios de sistematización de los talleres para construir el documento de ajuste; para esto, es importante resaltar los siguientes aspectos:

El documento deberá contar con la actualización del análisis de riesgo, donde se fortalecerán las conclusiones generales del departamento, identificando:

• Zonascríticasdeldepartamento.

• Modalidades recurrentes de violencia (escenarios deriesgo).

• Factores de reproducción y persistencia (ventaja militar,aprovechamiento de zonas de frontera, tráficos ilegales, disputa estratégica, corredores estratégicos, rentas, extorsión, zonas aisladas y desconectadas de los

mercados y la institucionalidad).

• Sectores sociales en riesgo (revisar y acentuar temasde enfoque diferencial, impactos diferenciados de la violencia).

Nota: Para precisar esta información, se recomienda revisaruna vez más la información previa.

Adicional a las temáticas del plan (diagnóstico de riesgos y protocolos), el documento debe incluir, después de la introducción, una reseña con descripciones generales del departamento, como su geografía, límites, sectores poblacionales y sus ubicaciones, vías y medios de acceso a sus diferentes regiones, renglones de productividad, breve reseña histórica, y otra información básica relacionada con la idiosincrasia y cultura de la región, que ayude a comprender mejor los fenómenos de violencia que se presentan en el territorio, así como las respuestas sociales ante las situaciones que viven.

En el contenido de los protocolos se deberá revisar:

• Laasignacióndelasresponsabilidadesenlasmedidas.

• Enlostiempos:fechadeejecuciónyperiododeaplicación.

• Enresultadosymedidas,asegurarlainclusióndeasuntosclaves de la prevención, tales como:

– Acceso a la justicia.


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– Actuación de la Fuerza Pública frente a fenómenos de violencia.

– Abordaje de conflictos territoriales.

– Inclusión en las rutas de prevención de tipologías de violencia reiteradas (reclutamiento, minas, violencia sexual, desplazamiento, amenazas contra líderes, mujeres).

– Inclusión del enfoque diferencial en las medidas (sobre todo étnico, etario y de género).

• Asegurar que las medidas propuestas en los informesde riesgo y alertas tempranas vigentes de la CIAT estén incluidas en el Plan de Prevención.

La incorporación de los indicadores

Los indicadores deberán responder a las metas que se quieren lograr con cada acción o medida propuesta y serán la guía que indique si están siendo efectivas en el cumplimiento de sus objetivos, siendo el primordial evitar la afectación de derechos fundamentales de la población civil en riesgo por parte de los actores armados del conflicto.


Una vez terminados los talleres, el encargado del departamento con el apoyo técnico del asesor en Gestión

Preventiva del Riesgo del Ministerio del Interior formula el documento técnico bajo los parámetros acordados en el Grupo de Prevención. En este documento se integran los tres momentos del ejercicio de actualización:

• Lasconclusionesdelanálisisderiesgo.

• Las medidas del plan, ordenadas estratégicamente yoperacionalizadas.

• Los acuerdos enmateria de coordinación, articulación yseguimiento.

Es necesario que el documento sea socializado con los miembros del Subcomité Departamental de Prevención, ProtecciónyGarantíasdeNoRepetición,yqueserealicenloscambios pertinentes a partir de la retroalimentación recibida por parte de las instituciones.

Insumo No. X: Formato del documento de ajuste del plan.


• Al finalizar este paso se contará con un documentoajustado y validado por las instituciones y representantes del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de NoRepetición.

50

Paso

12

Validación en sesión del Comité de Justicia Transicional del plan integral de prevención

y protección ajustado

A. Alcance

El objetivo de esta sección es formalizar el documento de ajuste realizado al Plan Integral de Prevención y Protección, activando la voluntad política necesaria para que las instituciones responsables acojan el instrumento y aprovisionen los recursos técnicos, de personal y financieros para su cumplimiento.

B. Texto orientador

Según el Decreto 4800 de 2011, artículo 252: “Los Comités Territoriales de Justicia Transicional […] se constituyen en la máxima instancia de articulación territorial” y, sobre los planes en particular, el mismo artículo (numerales 1, 7, 10 y 11) les establece las siguientes funciones:

• Servir de instancia de articulación para la elaboraciónde los planes de acción para el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes de desarrollo territoriales en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, a fin de lograr la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

• Garantizar que las políticas, planes, programas yproyectos encaminados hacia la prevención, asistencia, atención, y reparación integral a las víctimas, incorporen medidas que respondan a las necesidades particulares de los sujetos de especial protección constitucional o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.

• Desarrollar estrategias de prevención integral paralo cual coordinará con los Comités Territoriales de Prevención.

Según lo anterior, en los comités territoriales de justicia

transicional recae la responsabilidad de aprobar la formulación y actualización del Plan Integral de Prevención y Protección. Sobre este mecanismo en particular, el Decreto 4800 de 2011 señala:

Planes Integrales de Prevención. Se deberán elaborar, validar y actualizar a nivel departamental, regional o local, unos Planes Integrales de Prevención a las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que contengan estrategias y actividades claras de prevención a partir de una metodología rigurosa. Recogerán las particularidades de cada hecho victimizante que requiera de estrategias propias para prevenir el mismo y estrategias de cultura de Derechos Humanos y reconciliación.

Los Planes Integrales de Prevención deberán contar con un enfoque diferencial con el fin de establecer las estrategias que permitan reconocer los riesgos y el grado de vulnerabilidad de las poblaciones específicas y de especial protección constitucional, y así establecer acciones para evitar o mitigar el riesgo.

Igualmente deberán incluir acciones específicas que respondan a las recomendaciones realizadas por el Ministro del Interior en el marco de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas –CIAT–.

Las gobernaciones y alcaldías conjuntamente serán las encargadas de formular y ejecutar dichos planes con el apoyo técnico del Ministerio del Interior y en concertación con los Comités Territoriales de Justicia Transicional y Comités Territoriales de Prevención.


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Listado de Insumos para los Facilitadores

Insumo No. 1: Lecturas deberes del Estado.Insumo No. 2: Articulación, coordinación y seguimiento.Insumo No. 3: Enfoque estratégico de prevención.Insumo No. 4: Análisis de riesgo.Insumo No. 5: Esquema presentación prediagnóstico de riesgo.Insumo No. 6: Guía bases de datos consultables.Insumo No. 7: Monitoreo del riesgo.Insumo No. 8: Guía para el ordenamiento operativo del plan.Insumo No. 9: Modelo plan de seguimiento.Insumo No. 10: Formato del documento de ajuste al plan.

En este sentido, y para concluir el proceso de ajuste del plan, es necesario que en una sesión (ordinaria o extraordinaria, según la fecha en que se realicen los talleres) del Comité Territorial de Justicia Transicional se presente el documento para su validación y aprobación mediante acto administrativo.


Con el documento de ajuste finalizado, el asesor departamental en Gestión Preventiva del Riesgo del Ministerio y el encargado por parte de la gobernación deben preparar una presentación. En sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional se realiza la presentación y se lleva a discusión el documento que previamente se ha socializado con las instituciones y alcaldías.

Se espera que el documento final de ajuste del Plan Integral de Prevención y Protección sea formalizado en esta reunión, a través de constancia en el acta. Así mismo, es importante que en la reunión quede establecido un cronograma de

seguimiento a la ejecución con reportes periódicos al Comité Territorial de Justicia Transicional.


• Acta de reunión del Comité Territorial de JusticiaTransicional, luego de que el documento ha sido aprobado por el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. Contiene la decisión de acogerlo yformalizarlo por el departamento.

• Posterioraestepaso, seesperaque,a travésdeunactoadministrativo, se culmine el proceso de actualización y ajuste del Plan Integral de Prevención y Protección.

Nota:

Esta Guía se acompaña con una Tarjeta de Memoria que contiene los Insumos para la labor del Facilitador, tales como lecturas, presentaciones para proyectar y formatos para la actualización de los planes. En cada sección, junto con la metodología sugerida, se menciona el insumo que acompaña las actividades propuestas.

CIAT: Comité Intersectorial de Alertas Tempranas.

CTJT: Comité Territorial de Justicia Transicional.

DDHH: Derechos Humanos.

DIH: Derecho Internacional Humanitario.

DNP: DepartamentoNacionaldePlaneación.

EEV: Estructuras que Ejercen Violencia.

FORENSIS: Informe que contiene los datos oficiales sobre la violencia en Colombia producidosporelInstitutoNacionaldeMedicinaLegalyCienciasForenses.

GPR: Matriz de Monitoreo Diario.

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

LGBTI: Población de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales.

PAICMA: Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal.

PAT: Plan de Acción Territorial.

PIPP: Plan Integral de Prevención y Protección.

ROM: Sigla que identifica a gitanos, romaníes, zíngaros o pueblo gitano.

SAT: Sistema de Alertas Tempranas.

SENA:ServicioNacionaldeAprendizaje.

SNARIV: SistemaNacionaldeAtenciónyReparaciónIntegralalasVíctimas.

TICS: Tecnologías de Información y Comunicación.

UARIV: Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas.

UNP:UnidadNacionaldeProtección.

Glosario

Tarjeta de Memoria: Contiene los Insumos para la labor del Facilitador, tales como

lecturas, presentaciones para proyectar y formatos para la actualización de los planes.

Guía para la actualización de los planes · Luisa Paola Roa Bernal ... Enfoque de análisis y...

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