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Gestión de las Excretas

y Aguas Residuales

Situación Actual y Perspectivas

República Dominicana

2013

Enrique Merlos HP

01/01/2013

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ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN 3

RESUMEN EJECUTIVO 3

PARTE A: SITUACIÓN DEL MANEJO DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES 7 Capítulo 1: Situación Actual en la Gestión de Excretas y Aguas Residuales 7 Características Generales del País 7 Situación del Saneamiento 7 Inversión en los últimos años en Saneamiento 9 Capítulo 2: Evaluación del Marco Legal, Modelos de Gestión y Capacidad Institucional de las Aguas Residuales y Excretas

10

Capítulo 3: Análisis de las Tecnologías Utilizadas 19 Capítulo 4: Potencial para el Desarrollo de Capacidades 19 Capítulo 5: Análisis de Indicadores para el Manejo de Excretas y Aguas residuales 20 Capítulo 6. Conclusiones 21 PARTE B: PROPUESTA DE AGENDA NACIONAL EN AGUAS RESIDUALES Y MANEJO DE EXCRETAS

23

¿Qué es la Agenda Nacional en Aguas Residuales y Manejo de Excretas? 23

Metodología utilizada para su elaboración 23 Visión Prospectiva 23 Principios y Líneas Estratégicas 24 Continuidad y Seguimiento de la Agenda 29

CONCEPTOS HOMOLOGADOS 30 ABREVIATURAS 31 BIBLIOGRAFÍA 32

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INTRODUCCIÓN

El Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS) es un organismo regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con sede en la ciudad de San Salvador/El Salvador que se fundamenta en los esfuerzos nacionales de los países miembros para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento aunando los esfuerzos de los entes normativos que definen políticas sectoriales, marcos de acción, planes maestros nacionales y esfuerzos de inversión. Una de las estrategias principales del FOCARD-APS para ejecutar las acciones que favorezcan el cumplimiento de sus objetivos es la conformación de los Grupos Temáticos Regionales para cada uno de los temas priorizados por el Concejo Directivo (CONCARD-APS); en ese sentido, en diciembre de 2010, en la VII Reunión del CONCARD-APS, quedó conformado el Grupo Temático Regional de Excretas y Aguas Residuales (GTR-AR) coordinado por El Salvador a través de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Dicho Grupo, entre otras tareas, se propuso definir una línea base documental en cada uno de los países para que, a partir de la misma, se puedan definir y consensuar acciones nacionales y regionales. En este contexto, se presenta el informe de país para República Dominicana, que en su primera parte analiza la situación del manejo de las excretas y las aguas residuales, hace una valoración sobre la capacidad institucional existente en el sector, describe el modelo de gestión con que cuenta el país, y finaliza con las valoraciones sobre el manejo del tema y la presentación de una propuesta de lineamientos para el manejo de las excretas y las aguas residuales a nivel nacional.

RESUMEN EJECUTIVO República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla antillana de Santo Domingo, la cual comparte con Haití. Está situada en la región de los huracanes y su clima es tropical húmedo con temperaturas entre los 23 y 33 grados c. La topografía es accidentada con exposición a deslizamientos y zonas vulnerables a inundaciones. También está sujeta a la amenaza de terremotos.

Para el año 2010, en el país se contabilizaba una población de 9,445,281 personas; de las cuales 4,738,697 eran hombres (50.17%) y 4,706,584 eran mujeres (49.83%). En la zona urbana vive el 74.36% de la población (7,023,511 personas) y en la zona rural se ubica el 25.64% de la población (2,421,770 personas). La economía del país descansa en el turismo, la minería y las zonas francas; siendo el sector servicios el más importante. El número de personas en condiciones de pobreza ha crecido en las últimas décadas hasta impactar al 43.6% de la población (4,118,143 personas) en el 2011.

En el 2007 las enfermedades del sistema respiratorio, las infecciosas y las parasitarias ocuparon el primer lugar entre las 7 principales causas de internamiento, padecimiento de enfermedades y consulta de la población (ENDESA 2007). El sistema educativo es público-privado y existen 43 centros de educación superior con una matrícula de 372,433 estudiantes. El promedio de escolaridad de la población es de 5.9 años y se cuenta con una tasa de analfabetismo del 10.7% entre la población de 10 años y más (94,580 personas).

En materia de saneamiento un 91.5% de la población (8,642,432 personas) utiliza servicios sanitarios mejorados; un 3.7% (349,845 personas) cuenta con servicios no mejorados y el 4.7% (443,928 personas) hace sus necesidades al aire libre. Existe inequidad en el acceso a saneamiento, sobre todo en la zona rural, donde el 10% de la población ( 2 4 2 , 1 7 7 p e r s o n a s ) no dispone de ningún medio para

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poder realizar sus necesidades fisiológicas; en la zona urbana, la población que carece de este medio representa el 2% (140,470 personas). Los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales por tubería están ubicados exclusivamente en la zona urbana. Las principales tecnologías utilizadas para el manejo de las excretas son los sanitarios conectados al alcantarillado o fosas sépticas y las letrinas. El 80% de las aguas recolectadas por las redes de alcantarillados son descargadas sin ningún tipo de tratamiento, a pesar de la existencia de normas ambientales que lo prohíben. En República Dominicana existen 50 sistemas de alcantarillado, la mayoría de tipo separativo, que son de alcance limitado, están obsoletos y no cuentan con mantenimiento. La planificación de obras de agua potable y saneamiento (APyS) no ha existido en el país y la inversión pública en materia de saneamiento ha quedado muy rezagada en relación al suministro de agua potable. La tecnología de mayor uso en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) son las lagunas de estabilización en sus diferentes tipologías, generalmente combinadas, con o sin aireación mecánica, debido a las condiciones ambientales y climáticas tropicales. También son utilizadas tecnologías convencionales, como la de lodos activados. El 65% de las PTAR (36 de 56 plantas) están actualmente fuera de servicio y enfrentan problemas comunes con los sistemas de alcantarillado. Las entidades operadoras están altamente subsidiadas por el Estado y las tarifas actuales, además de que no están claramente separadas por el tipo de servicio prestado (pues están indexadas como una proporción del servicio de agua potable), no alcanzan a cubrir los costos de mantenimiento. Las inversiones que se han realizado en sistemas de agua potable y saneamiento en los últimos años (1999-2006) han venido descendiendo y el 94.5% (US$128.0 MM) se ha concentrado en el área urbana, con sólo un 5.5% (US$8.0 MM) en el área rural. De igual manera, estas inversiones han estado concentradas en proyectos de agua potable en un 94.3% (US$136.0 MM) y únicamente un 5.7% (US$8.1 MM) ha ido para sistemas de saneamiento. Ante esta realidad, se promueve la descentralización de los Sistemas de APyS; así como la participación social comunitaria en la gestión de los sistemas, a través de las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales (ASOCAR) y de los Comités de Agua. Actualmente se han logrado conformar 88 de las primeras y 35 de los segundos; los cuales en conjunto gestionan 123 sistemas rurales, con un total de 30,092 conexiones.

Entre los principales problemas que afectan al sector de saneamiento en el país destacan: a) la inexistencia de una Ley Marco, b) un modelo de gestión obsoleto, c) la carencia de un ente rector y un ente regulador y d) la duplicidad de roles y competencias entre las instituciones gubernamentales. Para enfrentar estos problemas el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) desarrolla el “Programa de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento”, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) desarrolla los estudios del “Plan Maestro para el Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Santo Domingo”, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) ha desarrollado un estudio para el “Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Medio Ambiente de la Ciudad de Santiago”, del cual se deprende el “Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario de Santiago al 2015”, y, finalmente, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) está implementando el proyecto “Agua y Saneamiento en Centros Turísticos”.

Se formó el Grupo de Agua, Saneamiento e Higiene (GASH) con el objetivo de coordinar la respuesta sectorial a las necesidades humanitarias que a su paso dejaron las tormentas tropicales Olga y Noé. Este Grupo ha continuado como mecanismo permanente frente al terremoto de Haití del 2010 y en el Plan de Contingencia frente al Riesgo de Brote del Cólera en el país. Un esfuerzo interesante lo constituye la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), como parte del cual se conformó la Mesa del Agua. También fue promulgada la Ley 1-12 que pone en vigencia la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en la cual

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se formula la visión de la nación que los dominicanos desean construir para el año 2030, donde, entre otros, resalta el objetivo de “garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia”.

Las leyes que regulan el manejo, tratamiento y reúso de las aguas residuales en el país son la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley General de Salud. No existe una ley especial que regule el manejo y tratamiento de las aguas residuales. Otras leyes relacionadas son las de creación del INAPA y de las CORAs, la del DN, la de los Municipios, la que crea la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR) y la de Minería. Uno de los mayores problemas de esas leyes es la duplicidad de funciones que asignan a los órganos centralizados del gobierno y a las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados (CORAs). También intervienen en el marco legal los convenios internacionales firmados por el país, tales como Marpol, Cartagena, Estocolmo y Rotterdam y las Convenciones de Londres y Basilea. No existe disposición constitucional sobre excretas, aguas residuales y lodos.

Entre los reglamentos para la aplicación estas leyes están el No. 487-69, que controla la Explotación y Conservación de las Aguas Subterráneas, el No. 8955, del INAPA, y el M-008 para el Diseño y Construcción de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones. Entre las normas técnicas están la NORDOM 436, sobre Aguas Residuales, de DIGENOR, y las Normas Ambientales sobre Calidad del Agua y Control de Descargas y sobre Calidad de Aguas Subterráneas y Descargas al Subsuelo.

No se ha encontrado regulación constitucional ni leyes, normas, reglamentos generales ni especiales, ordenanzas o reglamentos municipales, normas técnicas o guías que estén relacionadas con el tema de las excretas y lodos. Sólo las leyes No.42-00, 64-00 y 218-84 hacen referencia indistinta a esto. En la Norma de Gestión Ambiental para regular el manejo y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos se incluyen los lixiviados, lo mismo que en MARPOL.

La Ley de Medio Ambiente regula el control de la contaminación de las cuencas hidrográficas y tiene relación con la Ley No.5852 sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas y con la Ley No. 632 que prohíbe el corte y tala de árboles en las cabeceras de los ríos y arroyos. También se cuenta con el Convenio No.99-97 que aprueba la Convención de la ONU en la Lucha contra la Desertificación y el Convenio Centroamericano del Agua. La Constitución de la República del 2010 define las cuencas altas de los ríos como “objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación.”

Actualmente tres proyectos importantes están en curso: La Ley General de Aguas, la Ley que Descentraliza La Administración del Agua Potable y e l Alcantarillado y la Ley General de Agua Potable y Saneamiento. En el marco institucional se tiene al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISAP), al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) con funciones rectoras; así como al INAPA y las CORAs como operadores y de rectoría. Todas estas entidades son de carácter público estatal con funciones y atribuciones legales, a veces, no muy claras y definidas y otras veces coincidentes o solapadas.

El Sistema de Educación Superior del país cuenta con 46 instituciones en cuya oferta académica están las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Química, así como Licenciaturas en Bioanálisis, Microbiología y Química y Tecnología Superior de Alimentos. En el período 2006-2009 un total de 5,469 personas egresaron de estas carreras. Las universidades ofertan Maestrías en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y en Ciencias Ambientales y la especialidad en Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. En el 2009, un total de 149 profesionales egresaron de estas maestrías.

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Todas las entidades que con diferentes funciones participan en el SAPyS (Sector Agua Potable y Saneamiento) tienen responsabilidad en la promoción y difusión de buenas prácticas de saneamiento y, por necesidad, están en la obligación de optar por las tecnologías apropiadas para el manejo y disposición de las excretas y aguas residuales. Sin embargo, es el MISAP, a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Dirección General de Promoción y Educación en Salud (DIGPRES), el que mayor número de programas y actividades desarrolla como parte de la Estrategia de Atención Primaria en Salud-APS. Por su parte, los operadores de los servicios han preferido las lagunas facultativas para el tratamiento de las aguas residuales. República Dominicana cuenta con dos instrumentos de planificación muy útiles para la elaboración de políticas, planes y metas nacionales y sectoriales: La Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y la Guía para Determinar el Progreso Hacia los Objetivos del Milenio. Además de verificarse que el país ya sobrepasó la meta nacional relacionada con los ODM en materia de cobertura de saneamiento mejorado, que era de un 80.6%; a pesar de que se constata la existencia de una distribución poco equitativa de los recursos de inversión en perjuicio del saneamiento y de la zona rural, respecto del agua potable y la zona urbana, respectivamente.

El país cuenta con normativa, estándares y reglamentaciones para el tratamiento de las aguas residuales y calidad de los vertidos y con programas para el desarrollo de capacidades locales en temas de saneamiento, promoción de salud e higiene y para la implementación de una estrategia de prevención y mitigación de la epidemia del cólera.

El análisis del modelo sectorial vigente deja en evidencia que el mismo no contempla la recuperación de los costos de inversión, operación y mantenimiento a través del cobro de las tarifas, así como tampoco la participación privada en la comercialización de los servicios, pero que, sin embargo, ha logrado una acumulación significativa de activos institucionales sin alcanzar aún la satisfacción de la demanda del crecimiento poblacional, el desarrollo urbano y la modernización.

Pero la participación ciudadana en el sector ha venido ampliándose en los últimos años con la puesta en marcha del programa de descentralización de los acueductos rurales del INAPA, que ha dado lugar al surgimiento de los Comités y Asociaciones Comunitarias de Agua Rural, y con el Programa de Inversiones en Agua y Saneamiento. Esto ocurre dentro de un marco legal e institucional disperso y confuso que regula los procesos de manejo y disposición de las Aguas Residuales y Excretas, destacándose la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley General de Salud, y la función rectora de los Ministerios del Ambiente y de Salud Pública.

Con el fin de mejorar la capacidad de gestión en el manejo de las excretas y aguas residuales y de fortalecer los marcos jurídicos y normativos del subsector, se plantea una Agenda para el Manejo de Excretas y Aguas Residuales a nivel nacional, como un instrumento de la planificación sectorial, constituido por un conjunto de recomendaciones, con acciones de corto y mediano plazo referidas a los aspectos técnicos y operativos, legales y normativos, de ordenamiento y gestión institucional, de recursos humanos y financieros y de participación social, entre otros. Dicha Agenda fue elaborada en un proceso participativo de investigación, consultas, discusiones colectivas e interacción entre actores claves, enlaces y facilitadores; y postula una estrategia como forma de asegurar su viabilidad y proveer a sus ejecutores de una adecuada orientación en el marco de una estrategia más amplia de alcance regional. En el marco de una visión prospectiva se identifican como retos y desafíos del sector para romper la barrera que determina su ineficiencia y escaso desarrollo, la superación de los que se consideran son los principales problemas que afectan su funcionamiento: La ausencia de una Ley Marco adecuada, la

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obsolescencia del modelo de gestión, la indefinición, dispersión y duplicidad de funciones de las instituciones sectoriales, la inexistencia de entidades rectora y reguladora del sector, la baja calidad de

los servicios, la reducida cobertura del alcantarillado, la ínfima y discriminatoria inversión pública en

perjuicio de lo rural y del saneamiento, la inexistencia de la planificación sectorial, el pobre mantenimiento de los sistemas y equipos, el carácter subsidiado y alta dependencia estatal de los operadores, la ausencia de un régimen tarifario, la cultura del “no pago”, la ineficiencia operativa y comercial y la alta intrusión política clientelar. Esta Agenda se proyecta para un alcance de 5 años (2012-2017), cuando habrá de finalizar el plazo establecido para evaluar el nivel de cumplimiento de los ODM en el país y en la subregión, como una forma de hacer una contribución significativa al mejoramiento de las condiciones actuales del saneamiento con el logro máximo de los objetivos en ella planteados.

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PARTE A: SITUACIÓN DEL MANEJO DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

Capitulo 1: Situación actual en la gestión de excretas y aguas residuales Características generales del país

La República Dominicana está situada en el centro del archipiélago antillano, en el hemisferio norte, al sur del Trópico de Cáncer, en la región subtropical de los huracanes. Ocupa la parte oriental de la isla de Santo Domingo, segunda en tamaño entre Las Antillas, después de Cuba, con una extensión aproximada de 76,192 km2, de los cuales 48,442 km2 (74%) corresponden al territorio dominicano. Limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con el Mar Caribe, al oeste con Haití, en 388 km de fronteras, y al este con el Canal de la Mona, que la separa de Puerto Rico.

Población: República Dominicana contaba con una población de 9,570,903 personas para el año 20116. Estimaciones de la distribución geográfica de la población indican que el 74.36% (7,116,923 personas) viven en la zona urbana y el 25.64% (2,453,980 personas) en la zona rural.

Situación económica: La economía de República Dominicana descansa principalmente en el turismo, el cual ha desplazado a la agricultura, que sigue siendo de gran importancia, así como en la minería y zonas francas. El sector servicios es el más importante, ya que representa el 58% del PIB, mientras que el sector industrial junto con el minero aporta el 31% del PIB.

Situación del saneamiento Situación de las aguas residuales a nivel nacional: Según la encuesta ENHOGAR 2009-2010 el 91.5% de la población de República Dominicana (8,642,432 personas) está usando servicios sanitarios mejorados (inodoros y letrinas con cajón, privados o compartidos), un 3.7% (349,845 personas) utiliza servicios no mejorados (letrinas sin cajón) y un 4.7% hace sus necesidades fisiológicas al aire libre (443,928 personas). En la zona urbana el uso de inodoro es más extendido, casi en un 80% (7,556,225 personas) frente a un 33% en la zona rural (799,184 personas) donde la letrina es el medio más idóneo para disponer de las excretas. 56% de la población rural (1,356,191 personas) usa letrina; mientras que en el área urbana el 18%, hace uso de este medio (1,264,232 personas). En la zona rural un 10% de la población (242,177 personas) no dispone de ningún medio para realizar sus necesidades fisiológicas; mientras que en la zona urbana este porcentaje es del 2% (140,470 personas). La brecha se amplía en la cobertura de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales por tubería, pues este servicio es exclusivo de las zonas urbanas. Al analizar el comportamiento de la cobertura de saneamiento para el país durante el periodo 1990-2007 se puede determinar que hubo un descenso en la zona urbana y un incremento en la rural, lo cual, más que

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a un deterioro o mejoramiento de tal servicio, se debe a que se han dado flujos migratorios internos de la zona rural hacia la urbana.

Manejo de Excretas: De acuerdo al Informe 2007 del INAPA las principales tecnologías utilizadas en el país para el manejo de las excretas son los sanitarios conectados al alcantarillado o a fosas sépticas (64.11%) y las letrinas (31.66%), convirtiéndose su uso en fuente generadora de graves problemas de contaminación del medio ambiente, en sentido general, y de los acuíferos, en particular, principalmente en los centros urbanos. Esto así, porque el 80% de las aguas recolectadas por las redes de alcantarillado son descargadas en los cuerpos receptores sin ningún tipo de tratamiento previo; mientras que las descargas de las fosas sépticas y las letrinas van directamente al subsuelo y mantos freáticos. A nivel de monitoreo e implementación son mucho más efectivas en su cumplimiento las leyes, normas, criterios y reglamentos relacionados con el diseño, construcción y operación de los sistemas sanitarios en urbanizaciones, edificaciones y viviendas.

Sistemas de Alcantarillado Sanitario: La mayoría de los 50 sistemas de alcantarillado existentes en el país son del tipo separativo, aunque en su operación muchos funcionan cual si fuesen combinados, por la gran cantidad de agua de infiltración proveniente de la industria y la escorrentía que, por deficiencias constructivas, llega a ellos. Estos sistemas son de alcance limitado, pues ni siquiera llegan a cubrir las áreas metropolitanas de las principales ciudades del país. Estas capacidades han resultado insuficientes ante el crecimiento de la población urbana y su densidad, provocando frecuentes desbordamientos que ponen en riesgo la salud pública.

Es importante destacar que la mayoría de estos sistemas están obsoletos, pues su construcción data de la

década de los años ’70 y ’80, 11 cuando la tecnología predominante en la fabricación de tubería, piezas, instalaciones complementarias y accesorios; era el gres, el ladrillo y el hormigón simple y armado, prefabricados bajo las normas ASTM, combinados con el hierro fundido y el acero en piezas. El mantenimiento que se ha dado a los mismos ha sido prácticamente nulo, con lo cual la capacidad inicial y la vida útil se han visto reducidas significativamente, siendo éste uno de los principales problemas en la operación de dichos sistemas.

Sistemas de Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales: En materia de plantas de tratamiento, la tecnología de mayor uso en el país son las Lagunas de Estabilización en sus diferentes modalidades o tipologías, generalmente combinadas, con o sin aireación mecánica, debido a las condiciones ambientales y climáticas tropicales, que son excelentes para el tratamiento de las aguas residuales mediante procesos naturales por su bajo costo de construcción, operación y mantenimiento, sus facilidades constructivas y operacionales y a la alta eficiencia de sus procesos para la reducción de los microorganismos patógenos. También son utilizadas en menor medida tecnologías convencionales, como la de lodos activados, que no son muy recomendables para países subdesarrollados por la necesidad de importación de equipos, piezas y accesorios, sus altos costos de ejecución, operación y mantenimiento, incluyendo alto consumo de energía

y requerimiento de ciertos niveles de especialización en los operadores.13

La opinión generalizada entre los actores claves del sector es que la planificación, contratación de diseños, ejecución, operación y mantenimiento de las PTAR afrontan los mismos problemas que los alcantarillados, como parte de un mismo sistema sanitario y de un mismo sector. Incluso, buena parte de las plantas d e j a n d e o p e r a r o simplemente son abandonadas por falta de mantenimiento o por la avería de algún equipo o componente cuya reparación o sustitución requiere de la disponibilidad de recursos

económicos elevados. Unas 36 PTAR, de las 56 inventariadas ( el 65%) están fuera de servicio.14

Con el objetivo de mejorar la calidad de los procesos de tratamiento de las aguas residuales y controlar la calidad de los vertidos sobre los cuerpos receptores, se ha establecido la Norma Ambiental para la Calidad

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del Agua y Control de Descargas y la Norma Ambiental sobre Calidad de Agua Subterránea y Descargas al Subsuelo, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los Requisitos para la Prevención y Control de la Contaminación (NORDOM 436) del Ministerio de Industria y Comercio, y los Requerimientos Hidrosanitarios y los Parámetros considerados para el Diseño de Tratamiento de Aguas Residuales y Aguas de Consumo en las Zonas Turísticas de la República Dominicana, del Ministerio de Turismo. Por su parte, la CAASD cuenta con las Normas de Diseño Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial.

Tarifas: El modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento vigente concibe a estos como una especie de servicio público asistencial, por cuanto nunca ha contemplado la recuperación de los costos de inversión, operación y mantenimiento, y las entidades que los proveen son altamente subsidiadas por el Estado a través del presupuesto nacional. El cálculo de las tarifas no toma en cuenta dichos costos y, aunque clasifican a los usuarios por clases y categorías, la mayor parte de estos tienen tarifas fijas, calculadas en base al número de llaves o grifos que tienen en su residencia, negocio o instalaciones. Se estima que la producción de agua tiene un costo promedio de US$0.07/M3, pero solamente el 30% del

costo es recuperado de los usuarios (ABT, 2002).16 “Para el 2002 sólo el 10% de los usuarios contaba con micro medidores instalados, y de los equipos instalados, una proporción importante no funcionaban por falta de mantenimiento o no eran leídos para controlar y facturar los volúmenes de agua utilizados (STP, 2002)”17. La tarifa para el cobro del servicio de alcantarillado es indexada a la del agua potable como una proporción de la misma: 30% para la clase residencial y 50% para las clases comercial, industrial y hotelera. Inversión en los últimos años en saneamiento

No se dispone de suficientes datos sobre inversiones en el subsector de saneamiento de manera particular y sostenida, mucho menos desagregadas por origen del financiamiento, pues las estadísticas disponibles se presentan consolidadas para el sector agua potable y saneamiento tal y como se manejan en el presupuesto nacional y en los informes de ejecución presupuestaria de la ONAPRES, según la cual, la inversión en el SAPyS en los últimos 5 años fue de US$ 1,392.25 millones.

En el primer quinquenio de los 90´s, el promedio de la inversión pública en APyS fue 8.4% del gasto total; mientras que en el último quinquenio del mismo periodo, el promedio fue 4.4%. En el periodo 2000-2007 el promedio de inversión fue de 3.3%, marcando un significativo descenso. En el periodo 1999-2005 el 94.5% de las inversiones públicas en APyS (US$128.0 MM) se realizó en la zona urbana y sólo el 5.5% (US$8.0 MM) en la zona rural; mientras que por sub-sector, un 94.3% (US$136.0 MM) correspondió a agua potable y un 5.7% (US$8.1 MM) a saneamiento.

Capitulo 2: Evaluación del marco legal, Modelos de Gestión y Capacidades Institucionales de las Aguas Residuales y Excretas Aguas residuales comunes y especiales: Actualmente República Dominicana posee una gran cantidad de leyes dispersas que regulan diferentes tipos de aguas residuales y su tratamiento, entre las que destacan las de uso doméstico, las industriales (grises), las aguas de sentina y los lixiviados. Las leyes que regulan directamente el manejo, tratamiento y reúso de las aguas residuales en el país son la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, promulgada en el 2000; y la Ley General de Salud No. 42-01, promulgada en el 2001. En la actualidad ambas leyes son los soportes reguladores del

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subsector de aguas residuales, en vista de que no existe una ley especial que regule de manera técnica y especifica un sector tan amplio e importante como lo es el manejo y tratamiento de las aguas residuales.

La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene por objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible. Para el logro de este objetivo dicha ley creó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (hoy Ministerio de Medio Ambiente). Esta Ley establece en su artículo 82 la prohibición de verter sustancias o desechos contaminantes en cualquier cuerpo o curso de agua, mientras que en los artículos 88 y 89 otorga al Ministerio de Medio Ambiente la facultad para determinar el destino de las aguas residuales, así como el tratamiento previo requerido y las cargas contaminantes permisibles.

La Ley General de Salud, No. 42-01, hace referencia en su artículo 45 a la facultad que otorga al Ministerio de Salud Pública para que, en coordinación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) y los ayuntamientos, logre que las aguas residuales y las excretas se colecten y eliminen acorde con las normas sanitarias vigentes; asimismo, otorga la facultad reglamentaría a dichas instituciones para la elaboración de las normas que regulen la eliminación, descarga, tratamiento y destino de las aguas.

Leyes que se relacionen con el manejo de aguas residuales: Desde el punto de vista legal uno de los mayores problemas que presentan las leyes relacionadas con el sector de agua y saneamiento es la duplicidad de funciones entre los órganos centralizados del Gobierno y las Corporaciones de Acueductos (CORAs), en función de que el artículo 88 de la norma ambiental y el objeto de las leyes que crean dichas corporaciones le otorgan a éstas la facultad de disponer y regular dentro de sus respectivas jurisdicciones todo lo concerniente al cumplimiento de las normas y parámetros vigentes respecto de las descargas y disposición de las aguas residuales (existen 11 leyes que se relacionan directamente con el subsector de aguas residuales).

Convenios internacionales sobre manejo de aguas residuales: En el interés de garantizar la salud de su población y de avanzar en el desarrollo humano sostenible los diferentes gobiernos que ha tenido República Dominicana han firmado una serie de acuerdos y convenios internacionales que favorecen y fortalecen dichos propósitos, entre los cuales se pueden citar: a) el Convenio Internacional para la Prevención de Descargas de Desechos por Buques, conocido como Convenio MARPOL, b) el Convenio de Cartagena, para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe, c) la Convención de Londres, sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, d) el Convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes (COPs), para la protección de la salud y el medio ambiente, e) la Convención de Basilea sobre control, a nivel internacional, del movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos y de su disposición final, y f) el Convenio de Rótterdam, que procura fundamentalmente promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de garantizar la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional.

Regulación constitucional del manejo de aguas residuales: Al revisar el texto de la nueva Constitución de la República Dominicana, aprobada y puesta en vigencia en el año 2010, se puede constatar que no existe ninguna disposición en su articulado y contenido ni referencia alguna en relación con el manejo y disposición de las aguas residuales. Sin embargo, establece en su Capítulo IV, artículo 15 que “…El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos del país…”, por lo que se da una relación con el tema de las aguas residuales, ya que éstas constituyen uno de los más agresivos medios de contaminación de las aguas nacionales.

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Reglamentos generales y especiales: Los reglamentos existentes están dirigidos a regular la manera de cómo serán aplicadas las leyes relacionadas con el tema de saneamiento y entre ellos se pueden citar los siguientes: a) el Reglamento para la aplicación de la Ley No.487-69 sobre el Control de la Explotación y Conservación de la Aguas Subterráneas, b) el Reglamento No. 8955, de aplicación de la Ley 5994 que crea el INAPA, que tiene funciones de rectoría, regulación y operación de servicios de agua potable y saneamiento, y c) el Reglamento M-008 para el diseño y construcción de instalaciones sanitarias en edificaciones, Decreto No. 572-10.

Ordenanzas o reglamentos municipales: Los ayuntamientos no cuentan con ordenanzas ni reglamentos municipales relacionados al tratamiento de las aguas residuales, pero es importante destacar que los mismos se han enfocado más en el manejo y disposición de los residuos sólidos. Sin embargo, en el desarrollo de sus funciones de gobierno municipal, establecido por la ley 176-07, tienen la potestad para coordinar, entre otras, las acciones de provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales dentro de sus respectivas jurisdicciones con los órganos del gobierno central competentes en la materia. Normas técnicas o guías sobre el manejo de aguas residuales: En la actualidad las instituciones encargadas de regular el manejo de las aguas residuales son la Dirección General de Normas Dominicanas (DIGENOR), adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, y los Ministerios de Medio Ambiente, de Turismo y de Obras Públicas.

DIGENOR ha emitido las Normas Dominicanas NORDOM 436: Aguas Residuales. Requisitos para la Prevención y Control de la Contaminación, en las cuales se establecen los requisitos que deben de seguir las personas para la prevención de la contaminación del agua.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento de la ley 64-00, en sus artículos 134 y 135, ha emitido dos normas importantes: la Norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de Descargas, NA-AG-001-03, y la Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y Descargas al Subsuelo. Además, puso en vigencia desde el año 2003 las “Normas para la Gestión Ambiental de Marinas y otras Facilidades que ofrecen servicios a embarcaciones recreativas”.

El Ministerio de Turismo, por su parte, ha establecido los “Parámetros para el Diseño de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Agua de Consumo en la Zonas Turísticas de la República Dominicana” y los “Requerimientos para Sometimiento de Diseño Hidrosanitario” de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Aguas de Consumo.

Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas, ha emitido las “Reglamentaciones para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones” (M-008), con la finalidad de presentar los requisitos que deben cumplir las instalaciones sanitarias de edificaciones, relativos a su diseño, construcción y supervisión. Vacíos legales, inaplicabilidad, contradicciones, duplicidad: A pesar de que el país ha venido avanzando en el establecimiento de un marco institucional y normativo legal y moderno para la protección de la salud pública, el medio ambiente y los recursos naturales, aún existen problemas y carencias que constituyen retos a enfrentar: a) no hay legislación para el tratamiento de aguas residuales producidas por rellenos sanitarios o lixiviados, b) no se cuenta con legislación para el reúso de aguas residuales domésticas, c) existe duplicidad en las funciones legales de rectoría y regulación en las leyes de creación del INAPA, las CORAs, DIGENOR y los Ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, en cuanto al manejo y disposición de las aguas residuales, d) existe duplicidad entre las funciones rectoras y reguladoras de los

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Ministerios de Medio Ambiente, Salud Pública y DIGENOR en cuanto a la capacidad de emitir normas para la regulación de las aguas residuales.

Manejo de las excretas: Sólo el artículo 45 de la Ley General de Salud, No. 42-01, hace referencia al manejo de las excretas, lo cual evidencia la existencia de un enorme vacío legal en lo que tiene que ver a su correcto manejo y disposición. Todo ha quedado en manos del Ministerio Salud Pública, no obstante, la ley hace referencia a que las mismas serán manejadas en conjunto con las demás instituciones estatales involucradas en la materia, como son los ayuntamientos, el INAPA y el Ministerio de Medio Ambiente. Durante el desarrollo de esta investigación no se encontró ninguna regulación constitucional, leyes, normas, reglamentos generales ni especiales, ordenanzas o reglamentos municipales, normas técnicas o guías relacionadas con el tema, ni convenios internacionales firmados por el país.

Recolección, tratamiento y disposición sanitaria de lodos

Leyes que regulan directamente: La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 107, hace referencia indirecta a lo que se conoce como “lodo”, pues sólo establece la prohibición de disponer de desechos tóxicos en lugares no establecidos por los organismos competentes, dejando a interpretación su ámbito de aplicación. El tratamiento de los lodos cloacales está regulado por esta ley, la General de Salud y la No. 218-84, que prohíbe la introducción al país de estos desechos y sanciona la introducción de desechos tóxicos que puedan degradar el medio ambiente, especialmente los lodos cloacales tratados o no. Convenios internacionales: El convenio firmado por República Dominicana más relacionado con lodos es MARPOL, que en materia de residuos incluye los compuestos de FUEL-OIL, lodos de aceite, aceites quemados, derrames de fuel-oil y gasoil, agua de lavado, residuos de limpieza de tanques y sentinas, contenido del tanque de sentinas y tanques de lodos, entre otros que se van generando en los buques durante las travesías. Regulación Constitucional: No existe, y en cuanto a normas técnicas o guías, el país cuenta con la “Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos No Peligrosos”, dentro de la cual se regulan los lixiviados que generan, además del reglamento para el “Manejo Ambiental de Granjas Porcinas”, bajo la jurisdicción del Ministerio del Ambiente. Existe un gran vacío legal en materia de la regulación de los lodos y las actividades que les son conexas. Marco legal relacionado con el manejo de las excretas y aguas residuales.

Iniciativas legales en curso con avances significativos en el tema de manejo de aguas residuales y excretas a nivel nacional: En el marco de la investigación se identificaron tres proyectos de leyes con avances significativos en el Senado de República Dominicana: a) Proyecto de Ley General de Aguas de República Dominicana, sometido al Senado de la Republica Dominicana por el Senador Félix María Nova Paulino, en fecha 21 de febrero del 2012 y enviado a comisión bicameral en fecha 8 de marzo 2012, b) Proyecto de Ley que Descentraliza La Administración de Agua Potable y el Alcantarillado en República Dominicana, sometido al Senado de la República Dominicana por el Senador Adriano Sánchez Roa y enviado a comisión bicameral en fecha 8 de marzo 2012, y c) Proyecto de Ley General de Agua Potable y Saneamiento (Anteproyecto de Ley elaborado por la Mesa del Agua No. 9 en febrero 2012. Sometido por el Poder Ejecutivo al Senado de la República Dominicana en fecha 21 de marzo del 2012 y enviada a comisión en fecha 28 de marzo del 2012)

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Capacidad institucional para la gestión de las excretas y aguas residuales.

Diagnóstico Institucional: El marco institucional del SAPyS está conformado por un conjunto de entidades y órganos, principalmente de carácter público estatal, con funciones y atribuciones legales de diferentes tipos y niveles, a veces no muy claramente definidas y otras veces coincidentes o duplicadas. Hay tres tipos de funciones que son conceptualmente identificadas en el sector: Rectoría, Regulación y Operación.

Nivel de rectoría o de políticas. Se caracteriza por la diversidad de instituciones con tales funciones, entre las cuales están: el MEPyD, el MISAP, el MARENA, el INDRHI, la DIGENOR, el INAPA, entre otras. Sin embargo, no hay una institución en particular que pueda ser identificada como el ente rector del sector. Nivel de regulación (sobre todo de tarifas). Los prestadores (INAPA y las CORAs) tienen autoridad legal para fijar las tarifas, directamente o sujetas a aprobación de la Presidencia de la República. Por su parte, Salud Pública, además de establecer las normas, regula la calidad del agua para el consumo humano, controla el saneamiento de la vivienda y el peri-domicilio y todo cuanto pudiere afectar la salud humana. En tanto, Medio Ambiente regula la calidad de los procesos de depuración de las aguas residuales y sus resultados, controla la calidad de los efluentes y protege la preservación de los cuerpos receptores, para lo que también el INDRHI tiene competencia en las cuencas hidrográficas, junto con emitir autorizaciones para explotar acuíferos. La operación y comercialización de los servicios de APyS es función exclusiva del INAPA y las CORAs en sus respectivas jurisdicciones, pero el primero, además de lo que le corresponde en lo urbano y rural, atiende casi la totalidad de la zona rural del país, incluyendo comunidades y sistemas en áreas territoriales de las CORAs. Dadas las condiciones de pobreza de amplios sectores de la población dominicana, el descuido ancestral del sector público hacia la zona rural y el déficit de los servicios de APyS en sus comunidades, junto a otras dificultades de carácter gerencial o administrativo, varias agencias de cooperación internacional intervienen en el SAPyS desde hace varias décadas ejecutando programas y proyectos de agua y saneamiento en relación directa con las comunidades o a través de ONGs que coordinan con el INAPA u otro operador.

La falta de coordinación que caracterizó durante mucho tiempo al sector comenzó a superarse lentamente desde que el final del siglo pasado, en el marco del Proceso de Reforma y Modernización del Estado, se iniciaron los esfuerzos por la reforma sectorial con el Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento (1997).

Con la formación en el 2007 del Grupo de Agua, Saneamiento e Higiene-GASH, en ocasión de las tormentas Noel y Olga que azotaron al país al final de ese año, se reinició el proceso de coordinación interinstitucional del SAPyS, que se dinamizó en ocasión del brote de la Epidemia del Cólera en Haití (2010) y su extensión transfronteriza hacia República Dominicana, el cual ha tenido su máximo impulso en la conformación de la Mesa del Agua en el marco de la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción-IPAC promovida por la Presidencia de la República y en la que participan representantes de todos los sectores que intervienen en el SAPyS (público, privado, ONGs, Comunitario y Cooperantes).

Las principales actividades que promueve la Mesa de Agua son: a) Elaboración y promulgación de la Ley de Agua y Saneamiento, b) Elaboración y aprobación de reglamentos de ley para la regulación específica y particular de las necesidades del sector agua en el marco de la ley de contrataciones del Estado, c) Identificación de una única entidad reguladora y supervisora del sector, d) Diseño y puesta en marcha de

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funciones, estructura organizativa, procesos y procedimientos de funcionamiento de la institución rectora del sector, e) Diseño y puesta en marcha de procesos y procedimientos de articulación de la entidad rectora con las instituciones del sector para el correcto funcionamiento de pesos y contrapesos, y f) Diseño

e implementación de contratos de gestión o desempeño a las entidades ejecutoras. 33 En la siguiente tabla se presentan las instituciones competentes en el manejo de aguas residuales y excretas en el país.

Tabla No.1 Instituciones competentes en el manejo de aguas residuales y excretas en R.D.

INSTITUCIÓN FUNCIÓN MARCO JURÍDICO

NATURALEZA RELACIÓN CONFLICTOS COMPETENCIA

NIVEL DE COORD.

MSP

Rectoría- Regulación-

vigilancia Sistema de Salud

Ley No.42-01

Estatal (Gob.

Central)

Otros Ministerios

INAPA-CORAs

Con DIGENOR en control calidad agua p. y con Min. Ambte en calidad agua

Nacional. END- ODM GASH-

Mesa del Agua- Sala de Situación

MARENA

Rectoría Gestión MARN

Regulación y Vigilancia del M.

Ambiente.

Ley No.42-00

Estatal (Gob.

Central)

Con otros

Ministerios e INDRHI-INAPA-

CORAs

Con INDRHI en Admin. Agua cruda MSP-INAPA- DIGENOR en normas y control agua

Nacional. Mesa del Agua. GASH

INDRHI

Control y Regulación Usos

del Agua. Protección

Cuencas

Ley No.6

Público Estatal

Autónomo, adscrito al Min. del Ambiente

Con MARENA- MEPyD-INAPA

Con Min Ambiente en control del Agua. Con INAPA en control pozos agua para consumo hum.

A nivel nacional.. Mesa del Agua.

GASH Com Control Presas

DIGENOR

Encargada Aplicación Normas de

Calidad

Ley No.602

Entidad Ejec. Com. Nac. Normas y Sist. De Calidad. Adscrita a

MIC

Con MSP- MARENA e

INAPA

Con MSP y MARENA en establecimiento normas calidad aguas

Escaso. A nivel nacional

AYUNTAMIENTO

Gobierno local. Coord. Poli-

Administrativa

Ley No.176-07

Autónoma. Unidad Básica Político-Admin

del Estado

Con Ministerios e INAPA-CORAs

N.I

A nivel local

INAPA

Rectoría, regulación y operación de

servicios de APyS

Ley No.5994

Autónoma Estatal.

Adscrita al MSP

Con MSP- MARENA-INDRHI

y MEPyD en Consejo

Administrac.

Con INDRHI en Control pozos agua consumo humano. Con MSP-MARENA- DIGENOR en normaliz.

A nivel nac.

Mesa del Agua. GASH Com

Control Presas

CAASD

Regulación y

Operación Servicios de APyS

Ley No.498

Autónoma Estatal. Jurisdicción

Restringida al DN y PSD

Ayuntam DN y Municipios Prov SD. BC- INAPA- INDRHI en Cons.

ND

A nivel local.

GASH-Mesa del Agua

CORAASAN

Regulación y Operación

Servicios de APyS

Ley No.582

Autónoma Estatal. Jurisdicción

Restringida a Prov. Santiago

Con MEPyD INAPA ADSC PUCAMAMA ADS

ND

A nivel local. En Mesa del Agua-

GASH

CORAPP

Regulación y Operación

Servicios de APyS

Ley No. 142-97

Autónoma Estatal. Jurisdicción

Restringida a Prov. Pto Plata

Con Ayuntamiento INAPA-CODIA- ETPP-CCyP-PP

ND

A nivel local. GASH-Mesa del

Agua

CORAAMOCA

Regulación y Operación

Servicios de APyS

Ley No. 89

Autónoma Estatal. Jurisdicción en Prov. Espaillat

Con Ayuntam. INAPA-GP- CORAASAN-ADPE

ND

A nivel local. GASH-Mesa del

Agua

COAAROM

Regulación y Operación

Servicios de APyS

Ley No. 385-98

Autónoma Estatal. Jurisdicción

en Prov. La Romana

Con Ayuntam. INAPA- GP- Central Romana- CCyP-LR

ND

A nivel local. GASH-Mesa del

Agua

CORAAVEGA

Regulación y Operación

Servicios de APyS

Ley No. 512-05

Autónoma Estatal. Jurisdicción en Prov.

La Vega

Con Ayuntamiento INAPA- GP-CCyP- LV-Universidad

ND

A nivel local. GASH-Mesa Agua

CORAABO

Regulación y Operación

Servicios de APyS

Ley No.428-06

Autónoma Estatal. Jurisdicción

en Municipio Boca Chica-Prov. S. D

Con Ayuntam. INAPA-CODIA- APDBCH-La Iglesia-Comun.

ND

A nivel local. GASH-Mesa del

Agua

Fuente: Consultoría "Elaboración de Documento Base en apoyo al Plan de Trabajo del Grupo Temático Regional de Excretas y Aguas Residuales 2011". Leonardo Mercedes, consultor.

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Capacidad de las instituciones responsables en el tema de aguas residuales y excretas: Estudios realizados por el BID (1999), la OPS (2000) y el STP (2002) señalan la alta dependencia financiera del gobierno central a través del subsidio y los bajos índices de calidad y eficiencia en los servicios como dos de las características más notables de las entidades operadoras de los servicios de APyS. Desde su establecimiento, el modelo institucional se concibió como asistencialista, por lo que la gestión de las entidades operadoras se concentraron en la oferta y descuidaron el recuperar sus costos a través del cobro

eficiente de los servicios al usuario.36

Todas las instituciones públicas relacionadas con el sector tienen exceso de personal con baja capacitación técnica, mala remuneración, sin programas de entrenamiento regulares y con una alta rotación por razones de clientelismo político, lo cual se refleja en una deficiente operación y mantenimiento de los sistemas sin programa preventivo. Esto a su vez se traduce en altos costos, con exceso de consumo de energía y productos químicos, falta de catastros de redes y usuarios, sistemas de administración y contable desactualizados. Todo esto va acompañado de graves debilidades en la calidad de los servicios y de profundas inequidades en su provisión entre la zona urbana y la rural. Para el INAPA y la CAASD el

porcentaje de pérdida de agua (consumida y no facturada) se estima entre un 50 a 60% (STP, 2002).37 Modelos de Gestión El modelo de gestión más generalizado en el país es el Público Estatal Centralizado, que tiene en el INAPA su máxima expresión y del cual surgieron a partir del 1973 las CORAs, como entidades autónomas en lo administrativo y funcional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dando lugar a un proceso no planificado ni diseñado conceptualmente de descentralización de la institución matriz hacia las provincias, que inicialmente sólo implicó a los dos principales centros urbanos del país (Santo Domingo y Santiago) y 20 años después incorporó a otras tres provincias importantes (Puerto Plata, Moca y La Romana). En los últimos años, otras dos corporaciones se han formado en la provincia de La Vega y en el municipio turístico de Boca Chica, de la provincia Santo Domingo. Las CORAs han sido concebidas a imagen y semejanza del INAPA y bajo el mismo modelo subsidiado y paternalista de gestión de los servicios, pero con alcance reducido. Otro modelo de gestión es el comunitario-participativo, que comenzó a desarrollarse a partir del año 2001 con la puesta en marcha por parte del INAPA del Programa de Descentralización de los Acueductos Rurales y el surgimiento de los Comités de Agua y las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales-ASOCAR, muchas de las cuales han sido constituidas como asociaciones sin fines de lucro con líderes sociales, al amparo de la Ley No.122-05 que las regula. Estas ONGs locales reciben en transferencia las instalaciones de los acueductos descentralizados con la responsabilidad de administrarlos, operarlos, mantenerlos y gestionar los servicios de agua y saneamiento a nivel de su jurisdicción, con la asesoría administrativa y apoyo técnico del INAPA. También existen sistemas de manejo y disposición de excretas y aguas residuales privados e individuales, independientes de lo público estatal, pero de carácter no comercial, gestionados por las empresas propietarias de las instalaciones turísticas o industriales o residencias en las cuales han sido instalados. Análisis de la capacidad institucional y administrativa e identificación de modelos exitosos: El modelo centralizado ha logrado desarrollar una sólida base de activos institucionales tras medio siglo de experiencia operacional, expresada en reglamentos internos, estructura funcional apoyada en zonas Administrativas y una organización administrativa jerarquizada expresada en direcciones, sub-direcciones, departamentos y unidades, laboratorios de control de calidad, programas de ejecución de obras, manuales de procedimientos técnicos y administrativos para el control financiero, licitación y contratación de obras,

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operación de sistemas y PTAR, clasificación de usuarios y cuentas. Además, una amplia formación de profesionales y técnicos sanitaristas. Sin embargo, el modelo acumula grandes déficits en materia de planificación, desarrollo institucional, sostenibilidad financiera, sistemas de control y determinación de costos, facturación y cobro de servicios, mantenimiento de la infraestructura de servicios, sistemas de control de calidad, catastro de usuarios y redes, sistemas de información, participación social, capacitación de personal, atención al cliente y otros. Las CORAs tienen una experiencia más corta, similar en materia de resultados y diferente en materia de sostenibilidad financiera, por cuanto su desempeño comercial es menos deficitario que el del INAPA y con una mayor participación social, ya que su relación con la comunidad es más estrecha, en sus Consejos Directivos existe una representación, no uniforme, de diferentes sectores de las sociedades locales.

La menor experiencia en materia de gestión la tienen los Comités de Agua y las ASOCAR por su reciente formación y limitada expansión. Sin embargo, en su reducida área física y poblacional han estado teniendo un eficiente desempeño social, comercial y financiero que las hace auto-sostenibles, por cuanto sus tarifas por servicios están siendo establecidas en base a análisis de costos de operación y mantenimiento, apoyados en catastros de clientes o usuarios y una baja dotación de personal.

En materia de experiencia exitosa, la mayoría de los Actores Claves coinciden en apuntar hacia la CORAASAN, por la sostenibilidad de sus altos índices de desempeño en materia de calidad de los servicios, eficiencia administrativa, comercial y financiera, satisfacción del usuario, participación social, desarrollo institucional, imagen corporativa y otros.

Base legal de los modelos de gestión, tecnología y congruencia con el marco legal: Tanto el INAPA como las CORAs fueron creadas mediante leyes particulares en las que se consignan la naturaleza, carácter, funciones, atribuciones, organización, jerarquía, patrimonio, jurisdicción y alcance de cada una, sin que hasta la fecha se haya establecido un Marco Jurídico para el SAPyS. Las nuevas leyes sectoriales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud Pública han reconocido la legalidad de los modelos existentes y de sus entidades representativas sin entrar en contradicción con ellos. El hecho de que las CORAs se hayan desprendido del INAPA, que en su ley de creación está concebida como entidad única del sector, y hayan sido creadas a su imagen y semejanza permite la incongruencia de que todas tengan consignadas funciones rectoras y reguladoras.

Las ASOCAR, lo mismo que los Comités de Agua, surgen como resultado de un programa de desarrollo del INAPA y muchas de ellas sustentan su existencia en la Ley No.122-05 sobre instituciones sin fines de lucro, que les autoriza, en su artículo 2 a “desarrollar o realizar actividades de bien social o interés público con fines lícitos y que no tengan como propósito u objeto obtener beneficios pecuniarios o apreciables en dinero para repartir entre sus asociados”. Mientras que los privados no tienen una ley sectorial que les autorice a operar servicios públicos de agua y saneamiento con fines comerciales, pero están obligados a depurar las aguas residuales de sus procesos industriales o domésticos, conforme las normas sanitarias vigentes, antes de verterlas a los cuerpos receptores, por disposiciones de las leyes de Medio Ambiente, No. 64-00, y General de Salud, No.42-01, que prohíben el vertimiento, depósito, infiltración o soterramiento de sustancias o desechos contaminantes en estos. En la siguiente tabla, se presenta la comparación de los prestadores de servicios.

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Tabla No.2 Comparación de los prestadores de servicios den República Dominicana

Modelo de Gestión

Ente Encargado

Ventajas

Desventajas

Ejemplo

Público Centralizado

INAPA

Visión nacional de problemas, mayoría de población con acceso, recursos pueden distribuirse en función prioridades nacionales. Mayor know How y experiencia

Alto subsidio estatal, reducido Tratamiento y mantenimiento instalaciones, escasa participación social, inequidad, baja calidad servicios

INAPA.

Público Descentralizado

CORAs

Nivel decisiones más cercano al usuario, alta participación social, mayor eficacia en la operación, mayor control de instalaciones, más estrecha relación con cliente

Presupuesto reducido, alta dependencia estatal, vulnerables a captura política.

CORAASAN, CORAPP, CORAVEGA CORAAMOCA, B. Ch. COAROM, CAASD

Público Desconcentrado

Gerencia Regional

Niveles de decisión cercanos al usuario. Resultados satisfactorios en O&M, comercialización y sostenibilidad, Metas definidas y claras.

Alta vulnerabilidad a captura política local, debilidad técnica, limitada experiencia, alto riesgo por cultura del no pago

San Juan-Elias Piña

Comunitario- Participativo

ASOCAR

Gestión en función de intereses comunitarios mayor eficiencia financiera, operativa y comercial, mayor intervención y equidad social,

Alta dependencia tecnológica, limitadas posibilidades de desarrollo, falta de mantenimiento preventivo, escasa experiencia.

- CADARVIS Sombrero - Baní. - Caciquillo, El Seybo. Hato Viejo -Los Amaceyes, San Cristóbal.

Sistemas Privados Empresas Privadas

Independencia de lo público. Eficiencia en operación, mantenimiento y sostenibilidad

Propósitos no son comerciales, los costos deben ser cargados a

los costos operacionales.

Punta Cana. Benedicto

Fuente: elaboración propia.

Organizaciones relacionadas con el tema y su rol (gobierno y sociedad civil): Cinco son los Ministerios que en República Dominicana se relacionan directa o indirectamente con el manejo y disposición de las excretas y aguas residuales ejerciendo funciones de rectoría y regulación. Estos se describen a continuación.

1) Ministerio de Salud Pública - MISAP, responsable de aplicar las disposiciones de la Ley General de Salud, que constituye su base jurídica, sus Reglamentos y otras disposiciones legales que al efecto se promulgaren, en su calidad de ente rector del sector. (Ley No.42-01, Art. 5). 2) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - MARENA, ejerce la rectoría de la gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales para cumplir con las atribuciones que en relación con la gestión ambiental, en general, corresponden al Estado, con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible. (Ley No.64-00, Art. 17).

3) Ministerio de Industria y Comercio - MIC, a través de la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad y su Órgano Ejecutivo, la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad-DIGENOR, que tienen la responsabilidad de aprobar, dictar y revisar las normas de calidad de los productos y de coordinar, controlar y dirigir la aplicación de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de dichas normas, referidas a la salud y seguridad de las personas, respectivamente. (Ley No.602, Art.12, 13 y 29).

4) Ministerio de Turismo - MITUR, que, entre otras funciones, tiene las de orientar, de conformidad con las regulaciones al respecto, el diseño y construcción de todas las obras de infraestructura que requieren el desarrollo de los distintos proyectos turísticos del país y de determinar y supervisar sus polos de desarrollo turístico (Ley No.84. Art.2). 5) Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo-MEPyD, cuya ley de creación No.496-06 lo define como el Órgano Rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y del Ordenamiento y la Ordenación del Territorio, con funciones, entre otras, de conducir y coordinar el proceso de gestión, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible y de formular

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la Estrategia de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, incluyendo la coordinación necesaria a todos los niveles.

Instituciones proveedoras de los servicios de agua potable y saneamiento (INAPA y 7 CORAs): También ejercen funciones de rectoría y regulación sectorial a nivel nacional y local, respectivamente, así como la administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado de sus respectivas jurisdicciones, conforme sus leyes de creación .

1) Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados-INAPA, encargado de formular el plan general de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo doméstico, industrial y comercial y de los sistemas de disposición de aguas residuales y pluviales, rurales y urbanos, a nivel nacional (Ley No.5994.Art.3,lit. a) 2) Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo-CAASD. Ley No. 498. 3) Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago-CORAASAN. Ley No.582. 4) Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata-CORAPP. Ley No.142-97. 5) Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca-CORAAMOCA. Ley No.89. 6) Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana-COAROM. Ley No.385-98. 7) Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega-CORAAVEGA. Ley No.512-05.

8) Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica-CORAABO. Ley No.428-06.

Otras instituciones de carácter estatal relacionadas con el manejo de excretas y aguas residuales

Los Ayuntamientos Municipales: órganos de gobierno local, cuya Ley No.176-07 les autorizas a gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas para garantizar el saneamiento ambiental y realizar la coordinación de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillados y tratamiento de aguas residuales en su jurisdicción con las entidades competentes. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos-INDRHI: entidad autónoma del Estado adscrita al Ministerio del Ambiente, cuya Ley No.6, de su creación, le faculta para administrar el manejo y uso de las aguas y la protección de las cuencas hidrológicas. La Comisión Presidencial sobre los ODM y el Desarrollo Sostenible: entidad multisectorial creada mediante Decreto Presidencial No.1215-04 para monitorear y evaluar el progreso del país en el cumplimiento de los ODM, abarcando los distintos sectores gubernamentales, empresariales, sociedad civil y agencias de la ONU. Iniciativa Anticorrupción-IPAC: esfuerzo multisectorial surgido del seno de la Presidencia de la Republica que persigue crear y desarrollar una serie de iniciativas para aplicar un sistema de transparencia en el país que permita enfrentar los posibles casos de corrupción desde el aparato estatal, sustentado en 10 mesas de trabajo para el análisis, discusión y elaboración de recomendaciones de acciones a ejecutar sobre los temas más importantes de la agenda nacional de desarrollo que fomenten la transparencia en la sociedad dominicana, entre ellos, el tema de agua y saneamiento, Mesa No.9, cuyo objetivo es identificar las causas relacionadas con prácticas inadecuadas que generan ineficiencia en la gestión y provisión de los servicios públicos de agua potable y productiva.

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De parte de la sociedad civil, algunas de las entidades relacionadas con el tema son: - Las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales (ASOCAR), Los Comités de Agua, la Asociación Dominicana de ingeniería Sanitaria y Ambiental (ADIS).

Las principales agencias de cooperación presentes en el SAPyS de la República Dominicana son: AECID, USAID, JICA, UE, OEA, OPS-OMS, UNICEF, BID, BM y otros.

Capitulo 3: Análisis de las Tecnologías Utilizadas En las 56 plantas de tratamiento inventariadas las tecnologías más utilizadas son: a) Tratamiento preliminar: Criba (limpieza manual) y Desarenador, b) Tratamiento Secundario: Laguna Facultativa, Laguna de Oxidación, UASB y Lodos Activados Aireados, c) Tratamiento Terciario: DCL, y d) Tratamiento de Lodos: Lecho de Secado. Para la disposición de excretas en los centros urbanos es el uso de sanitarios con sistemas de flujo de arrastre con conexión a una red de alcantarillado, la tecnología más usada; a diferencia, en las zonas rurales las más usadas son las letrinas y pozos ciegos. En cuanto a servicios de alcantarillado sanitario prevalecen las redes de tipo convencional, como sistemas de gravedad y fosa séptica.

Capitulo 4: Potencial para el Desarrollo de Capacidades Situación de la currícula educativa nacional: El sistema de educación superior de República Dominicana está regido por la Ley No.139-01, que atribuye al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología su rectoría. Cuenta con 46 instituciones de educación superior (33 universidades, 10 institutos especializados y 3 institutos técnicos) en cuya oferta académica se cuenta con las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Química, Licenciaturas en Bioanálisis, Microbiología y Química y Tecnólogo Superior en Alimentos. De ellas, la más concurrida es la de Ingeniería Civil, que al 2009 contaba con una matrícula de 15,689 estudiantes (70% hombres y 30% mujeres) seguida por la de Bioanálisis, que para el 2006 registró una matrícula de 5,052 estudiantes. El número de egresados de ambas carreras en el 2009 fue de 998 y 428, respectivamente.

Oferta de especialidades en el tema a nivel nacional: Además de los programas técnicos y de grado, las universidades dominicanas ofertan las Maestrías en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ciencias Ambientales en General, Ciencias Ambientales-Educación Ambiental, Ciencias Ambientales-Gestión Ambiental y Ciencias Ambientales-Manejo de Recursos Naturales y las especialidades en Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. En el año 2009 un total de 149 profesionales egresaron de maestrías realizadas en el área de

las ingenierías.35

Capitulo 5: Análisis de Indicadores para el manejo de Excretas y Aguas Residuales Con la promulgación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Ley No.1-12, y la elaboración de la Guía para Determinar el Progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio República Dominicana ha establecido un marco referencial de políticas y metas a alcanzar, las cuales evaluadas periódicamente,

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sirven de orientación a todos los sectores e instituciones para desarrollar sus planes, proyectos y metas particulares de cara a los años 2015 y 2030. Sin embargo, a nivel del SAPyS aún no se cuenta con políticas ni planes específicos para el saneamiento urbano y rural ni tampoco se cuenta con entidades rectora y reguladora que asuman la dirección, supervisión y control de las actividades y el desarrollo del sector.

Según la encuesta ENHOGAR 2009-2010, la meta nacional relacionada con los ODM en materia de cobertura de saneamiento mejorado (estimada en un 80.6% para el 2015) ya fue alcanzada y sobrepasada en el 2007. Para el 2009, el 91.5% de la población estaba utilizando un servicio sanitario mejorado a nivel nacional (95.2% a nivel urbano y 83.9% a nivel rural). Por otra parte, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) se plantea alcanzar un 92% de cobertura para el 2020 y un 100% para el 2030. Sin embargo, de continuar la tendencia actual expresada en los datos de la ENDESA 2007, la meta de alcanzar el servicio de saneamiento mejorado para toda la población se estaría alcanzando antes de

tiempo.3

Es importante mencionar que, debido a la baja inversión pública en saneamiento, la mayor parte de la población resuelve sus problemas de disposición de excretas de manera particular mediante soluciones in situ. La perspectiva es diferente cuando se trata de cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, cuyas metas nacionales para el 2015 son de 46.7% y 67.5% respectivamente, donde la

realidad es diferente, pues según ENDESA, la cobertura actual es de 31.4% y 35.0%,4 respectivamente.

El país cuenta con normativa y estándares para el tratamiento de las aguas residuales y la calidad de los vertidos, con un régimen de sanciones establecido dentro de la reglamentación legal, pero estas herramientas no son monitoreadas ni aplicadas sistemáticamente por diferentes causas, entre ellas, las deficiencias en la gestión y la no disposición institucional de los recursos necesarios para hacerlo.

Existen programas para el desarrollo de capacidades locales en temas de saneamiento, promoción de salud e higiene, dirigidos a técnicos, comunidades y usuarios, los cuales han sido mejorados, ampliados y sistemáticamente utilizados en ocasión de la aparición de la epidemia del cólera en el país y la implementación de una estrategia de prevención y mitigación para atacar el mal por parte del MISAP, el INAPA, las CORAs, las ASOCAR y los Comités de Aguas.5 No todos los nuevos proyectos de ampliación de los servicios de saneamiento en el área rural conllevan medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de riesgos de desastre y cambio climático en sus diseños, construcción y operación. Sólo aquellos que se desarrollan como parte de programas de cooperación y asistencia técnica de organismos multilaterales o de agencias internacionales las integran en su ciclo de vida como requisito de viabilidad. Normalmente, los proyectos del Programa de Ejecución de Obras de los operadores no toman en cuenta dichas medidas.

La cobertura de los servicios es monitoreada regularmente por los propios operadores o mediante encuestas periódicas de diferentes organismos, tales como la encuesta ENHOGAR, la ONE, el ENDESA, el CESDEM y la ENFT del Banco Central, cuyos resultados se ponen a disposición del público por los diferentes medios de divulgación. Los operadores sólo miden la calidad de los efluentes de algunas de sus plantas, mientras el MISAP, a través de la DIGESA y su agentes locales en las Direcciones Provinciales de Salud, lleva un control poco eficiente de la calidad de las instalaciones sanitarias domésticas e industriales y el Ministerio de Ambiente da seguimiento, conforme a su capacidad, sólo a una parte de las instalaciones en todo el territorio nacional.

A nivel nacional la cultura del mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos, particularmente de los sistemas de agua y saneamiento y sus componentes, es muy débil. No se cuenta con información estadística que permita precisar el porcentaje de las instalaciones existentes que reciben mantenimiento

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preventivo de manera sistemática. En vista de que no se aplican programas para ello, no se contabilizan las acciones ocasionales en ese sentido ni se cuenta con registros. El mantenimiento es, sobre todo, correctivo, generalmente de carácter de emergencia, cuando el equipo falla por sobreuso o descuido, razón por la que varias instalaciones funcionan en forma deficiente o están fuera de servicio, mientras que otras han sido abandonadas antes de cumplir su período de vida útil. La gestión de riesgo y cambio climático aún no es una variable tomada en cuenta por todas las entidades operadoras de los servicios de APyS, sólo la CORAASAN, la CAASD y en algunos casos específicos CORAPP y el INAPA la usan, pero ninguna cuenta con un control estricto sobre la calidad de los efluentes vertidos a los cuerpos receptores de todas sus plantas de tratamiento. Para efecto de este estudio se ha levantado la información de los indicadores de MAPAS, los cuales sirven de soporte para el diagnóstico.

Capitulo 6: Conclusiones República Dominicana cuenta con dos instrumentos muy útiles de planificación como marco referencial para la elaboración de políticas, planes y metas nacionales y sectoriales: La Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y la Guía para Determinar el Progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, a nivel del SAPyS no se cuenta con políticas ni planes específicos para el saneamiento urbano y rural ni con instituciones particulares para elaborarlas y procurar el desarrollo sectorial y su regulación. El país ya alcanzó y sobrepasó la meta nacional relacionada con los ODM en materia de cobertura de saneamiento mejorado, que era de un 80.6%, tanto a nivel urbano como rural. Al 2009, el 91.5% de los dominicanos usaban servicio sanitario mejorado y, de continuar la tendencia actual, se podría alcanzar el servicio de saneamiento mejorado para toda la población dentro de 5 años. A pesar de ello, aún es bajo el porcentaje de la población conectada a sistemas de alcantarillados y de las aguas residuales por ellos recolectadas sólo se trata un 20%. Un alto número de personas realiza sus necesidades fisiológicas al aire libre. Y los sanitarios conectados al alcantarillado o a fosas sépticas y las letrinas son las principales tecnologías utilizadas en el país para el manejo de las excretas, mientras que para la depuración de las aguas residuales son las Lagunas de Estabilización en sus diferentes modalidades, usándose también los sistemas de Lodos Activados. En el país existe discriminación e inequidad en perjuicio del saneamiento y de la zona rural, los mayores porcentajes de las inversiones corresponden al agua potable y a la zona urbana, siendo muy baja la inversión en saneamiento. Existen 50 sistemas de alcantarillados y todos son urbanos. República Dominicana cuenta con normativa y estándares para el tratamiento de las aguas residuales y calidad de los vertidos, con un régimen reglamentario de sanciones, pero las entidades responsables de su vigilancia y control carecen de los recursos necesarios para monitorearlos; además, tienen una notoria deficiencia en la gestión, pues el 80% de las aguas recolectadas por las redes de alcantarillados son descargadas en los cuerpos receptores sin ningún tipo de tratamiento. La aparición en el 2010 de la epidemia del cólera en el país constituyó una oportunidad para poner en práctica programas para el desarrollo de capacidades locales en temas de saneamiento, promoción de salud e higiene y para la implementación de una estrategia de prevención y mitigación de la epidemia. Sin embargo, la cultura de prevención y manejo de riesgos en el SAPyS de República Dominicana es aún muy débil, pues en los proyectos y programas normales de diseño, construcción y operación de obras no se aplican medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de riesgos de desastre y cambio climático,

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apenas se hace en aquellos programas de cooperación y asistencia técnica de organismos internacionales. El modelo sectorial vigente en la República Dominicana no contempla la recuperación de los costos de inversión, operación y mantenimiento, los usuarios son clasificados por sectores de actividad y las tarifas no toman en cuenta dichos costos, a la vez que la facturación y cobro de las mismas es altamente deficitario, predominando una cultura del “no pago”, razón, entre otras, por lo que las entidades operadoras son altamente subsidiadas por el Estado. Este modelo no permite la participación comercial privada ni la incentiva, reduciéndola al campo de lo comercial y de consultorías, construcción y mantenimiento. Tras medio siglo de existencia el modelo público centralizado ha logrado una significada acumulación de activos institucionales, pero se revela incapaz de responder de manera eficiente a las demandas propias de los procesos de crecimiento poblacional, de desarrollo urbano y modernización, evidenciando niveles de obsolescencia y altos déficits en materia de planificación, desarrollo institucional, sostenibilidad financiera, sistemas tarifarios e informáticos, control de calidad y otros. La participación ciudadana en el sector ha venido ampliándose en los últimos años con la puesta en marcha del programa de descentralización de los acueductos rurales del INAPA, que ha dado lugar a un nuevo tipo de participación social en el SAPyS con surgimiento de los Comités de Aguas y las ASOCAR y, más recientemente, con la implementación del Programa de Inversiones en Agua y Saneamiento que promueve la desconcentración y el fortalecimiento de la gestión comunitaria en la zona rural.

República Dominicana cuenta con un marco legal e institucional disperso y algo confuso que regula los procesos de manejo y disposición de las Aguas Residuales y Excretas, destacándose la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley General de Salud, que contienen disposiciones relativas a la materia, y los Ministerios del Ambiente y de Salud ejercen la función rectora; pero el país no dispone de leyes orientadas particularmente a la regulación del subsector saneamiento, sintiéndose un gran vacío legal en lo relativo excretas y lodos residuales.

PARTE B: PROPUESTA DE AGENDA NACIONAL DE MANEJO DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ¿Qué es la Agenda en Manejo de Excretas y Aguas Residuales? La Agenda en Manejo de Excretas y Agua Residuales es un instrumento de la planificación sectorial de alcance nacional y regional constituido por un conjunto de recomendaciones que definen las acciones de corto y mediano plazo que tienen como objetivos mejorar la capacidad de gestión en el manejo de las excretas y aguas residuales y fortalecer los marcos jurídicos y normativos del subsector para su puesta en práctica en los países del FOCARD-APS durante el periodo 2012-2017.

Se sustenta en una información actualizada y un análisis sobre la situación de las excretas y aguas residuales a nivel nacional, una lista homologada de conceptos básicos y fundamentales sobre la terminología sectorial, un conjunto de indicadores validados a nivel de país para saneamiento rural y urbano y un diagnóstico completo sobre la situación técnica y jurídica, de recursos financieros y humanos del sub sector de excretas y aguas residuales elaborado en base a los mismos.

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La Agenda, como parte de una política de sustentabilidad hídrica, postula una estrategia cuyo avance deberá ser monitoreado frecuentemente y sus resultados e impactos evaluados periódicamente, como forma de asegurar su viabilidad y proveer a sus ejecutores de una adecuada orientación.

Metodología para su elaboración La elaboración de la Agenda ha implicado un dinámico proceso participativo de investigación, consultas, discusiones colectivas e interacción entre actores claves, enlace y facilitadores que tiene como resultados previos el establecimiento de un consenso acerca de una serie de conceptos básicos de manejo frecuente en el SAPyS, sobre la situación nacional y sobre el subsector excretas y aguas residuales, en base a un cuadro de indicadores homologados para medir la calidad de la gestión y de los servicios de saneamiento, así como constatar la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y de financiamiento disponibles para el desarrollo sectorial.

En la perspectiva de la Agenda, los resultados del trabajo se han desarrollado en la línea de los aspectos técnicos y operativos, legales y normativos, ordenamiento y gestión institucional, recursos humanos y financieros y de la participación social, que culminan en elaboración de un documento con propuestas de acciones a corto y mediano plazo a implementar por el país en el marco de una estrategia de alcance regional.

Visión Prospectiva Desafíos a largo plazo La ausencia de una Ley Marco adecuada, la obsolescencia del modelo de gestión, la indefinición, dispersión y duplicidad de funciones de las instituciones sectoriales, la inexistencia de entidades rectora y reguladora del sector, la baja calidad de los servicios, la reducida cobertura del alcantarillado, la discriminatoria inversión pública en perjuicio de lo rural y del saneamiento, la inexistencia de la planificación sectorial, el pobre mantenimiento de los sistemas y equipos, el carácter subsidiado y alta dependencia estatal de los operadores, la ausencia de un régimen tarifario, la cultura del “no pago”, la ineficiencia operativa y comercial y la alta intrusión política clientelar son identificados como los principales problemas que afectan el funcionamiento del SAPyS en el país y, en consecuencia, se transforman en los retos y desafíos a enfrentar por el Subsector de Excretas y Aguas Residuales para romper la barrera que determina su ineficiencia y escaso desarrollo. Inversión y Financiamiento En los últimos 5 años la inversión pública en el sector fue de US$1,392.25 millones (US$278.45/año). Desde 1990 hasta 2007 el promedio de la inversión pública descendió en 5.1%. Durante el periodo 1999-2005 un 94.5% de la inversión correspondió a la zona urbana y sólo 5.5% a la zona rural, mientras que por sub-sector, un 94.3% correspondió a agua potable y un 5.7% a saneamiento.

Principios y Líneas Estratégicas Vinculadas al Marco Legal y Normativo: Se hace evidente que República Dominicana requiere, con cierta urgencia, de un nuevo ordenamiento jurídico-institucional para el sector de APyS que supere el existente, basado en principios de justicia y solidaridad social, racionalidad económica, democracia participativa y sostenibilidad ambiental y financiera, y orientado a servir a la población a través de la promoción de la inclusión y equidad social y de género, la eficiencia y calidad de los servicios y la gestión y de la construcción de ciudadanía, como forma eficaz de alcanzar la gobernabilidad sectorial y contribuir con la mejoría de la salud y la calidad de vida del pueblo dominicano.

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Este ordenamiento deberá sustentarse en una Ley Marco para los Servicios de APyS que contemple, entre otros aspectos importantes, los siguientes: 1) Redefinición de las funciones sectoriales de rectoría, regulación y operación de los servicios y la asignación-reasignación de roles y competencias entre los organismos y entidades públicas que intervienen e intervendrán en el sector. 2) creación de una Autoridad Rectora de los Servicios de APyS como entidad sectorial líder, vinculada administrativamente al más alto nivel de decisión, responsable, como órgano estatal, de la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del sector y de gestionar su financiamiento, así como de la elaboración y establecimiento de la normativa técnica para garantizar la calidad de los procesos, productos y servicios propios del sector, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera y plena capacidad para contratar, adquirir derechos, contraer obligaciones y estar en justicia. 3) La creación de una Superintendencia para los Servicios de APyS como ente estatal regulador del sector, encargado de la aplicación y control de la normativa técnica, establecimiento y ejecución del régimen tarifario y del régimen sancionatorio, aseguramiento de la calidad de los servicios y de la atención y satisfacción de los usuarios, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, poder de policía y plena capacidad para contratar, adquirir derechos, contraer obligaciones y estar en justicia. 4) Definir los aspectos fundamentales de los sistemas regulatorios del servicio de APyS, de manera especial de los normativos y tarifarios, sus principios y sistemas de información, revisión, exenciones y subsidios. 5) Los lineamientos estratégicos orientadores del proceso de transformación de las actuales CORAs en empresas públicas de servicios, autofinanciables, de alcance regional, zonal o provincial, eficientes, con responsabilidad social corporativa y participación comunitaria en sus Consejos de Dirección, así como también de la descentralización del INAPA hacia sus zonas operativas y conversión de su nivel central en órgano de la Autoridad Rectora, para el establecimiento de un modelo público descentralizado y autónomo. 6) La definición del orden y las condiciones para la participación privada y comunitaria en la prestación total o parcial de los servicios de APyS y para la habilitación, autorización o contratación de los prestadores públicos, privados y comunitarios, sus diferentes modalidades, así como su régimen de prestación, derechos y obligaciones. 7) La participación social en los diferentes niveles de decisión sectorial y en los distintos procesos de elaboración, implementación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos sectoriales, así como el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios. 8) La caracterización de los servicios de APyS y la identificación de sus diversos componentes, así como los aspectos fundamentales guías para la normativa de los procesos de captación, recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas, incluyendo su reutilización y la disposición final de los lodos residuales de algunas de las etapas del servicio.

Además, deberán elaborarse los reglamentos y normas correspondientes al manejo, tratamiento y disposición final de excretas, aguas residuales y lodos ausentes en la normativa nacional.

Vinculadas a la Capacidad Institucional: A fin de poder incrementar las fortalezas en el cumplimiento de las funciones sectoriales por parte las entidades del SAPyS es necesario que las mismas se avoquen al desarrollo de un proceso de construcción de capacidades institucionales sostenibles, en tres dimensiones: a) Desarrollo de los Recursos Humanos, b) Fortalecimiento Organizacional, y c) Reforma Institucional.

Las dimensiones y acciones estratégicas a desarrollar son: Desarrollo de los Recursos Humanos

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1 ) p r o p o r c i o n a r al personal una mayor garantía de estabilidad laboral, implementando en las entidades del sector la Carrera Administrativa. 2) establecimiento legal de los requisitos a cumplir para poder ser Director o Subdirector de cualquiera de ellas, el nuevo método de designación por méritos y competencia, el tiempo mínimo a permanecer en el puesto, sujeto a evaluación por desempeño, y la designación por capacidades del personal técnico. 3 ) instaurar un Programa de Educación Permanente a partir de las necesidades del sector y tomando en cuenta la capacidad nacional existente en instituciones de nivel superior, las propias del SAPyS, el Programa de Becas Internacionales del MESCyT y la cooperación de las agencias internacionales, con el objetivo de elevar la capacidad técnica y laboral del personal. 4) diseñar y poner en marcha en cada institución sectorial un sistema de ascenso por méritos y desempeño, un programa de incentivos laborales y programas sociales de compensaciones y beneficios, a fin de reforzar el interés de permanencia del personal. 5) procurar que los salarios del personal del sector estén en correspondencia con el costo de la vida, las funciones y responsabilidades de los puestos y los perfiles requeridos para ellos, de manera que proporcionen estabilidad económico-social y satisfacción en los mismos, reduciendo la fuga hacia otros sectores. Fortalecimiento Organizacional A partir del débil desempeño que de las instituciones del sector traducen los indicadores de gestión y calidad, es indispensable que se adopte un conjunto de medidas que las coloquen en condiciones de poder cumplir, con mayor eficiencia y eficacia, sus funciones. 1) crear un Sistema de Planificación Sectorial para APyS a nivel de la Autoridad Rectora, con expresión en todas las entidades integrantes del mismo, incorporado como parte del Sistema Nacional de Planificación dirigido por el MEPyD, a fin de que las metas sectoriales se correspondan con las de la Estrategia Nacional de Desarrollo y se imponga un uso racional y efectivo de los recursos disponibles para el desarrollo de planes, programas y proyectos tendientes a resolver los problemas y altos déficits de los servicios. 2) establecer mediante ley e implementar en lo inmediato la figura del “Contrato Plan” como un mecanismo de la planificación para la medición y evaluación del desempeño de la gestión institucional de cada entidad y para tratar de asegurar que los recursos consignados en el presupuesto de las mismas sean utilizados para suplir las verdaderas necesidades y prioridades establecidas en los planes nacionales y sectoriales. 3) transformar el sistema financiero e instaurar un nuevo Sistema de Cuentas Institucionales en cada entidad con sus subsistemas necesarios, incluyendo el de Análisis y Determinación de Costos, que permita precisar los costos unitarios de los productos y servicios ofrecidos a la población. 4) realizar los Catastros de Usuarios y de Redes, así como los Inventarios de Activos de cada ente del sector con el fin de identificar, ubicar y cuantificar a quién se sirve y con qué se cuenta y como complementos e insumos necesarios para los sistemas de planificación y de cuentas. 5) diseñar e instalar un Sistema de Información Gerencial en cada entidad operadora como parte de un Sistema de Estadísticas e Información Sectorial para APyS, manejado a nivel del ente rector. 6 ) diseñar y establecer un Sistema de Vigilancia y de Control de Calidad para cada uno de los productos y servicios que se generan en las entidades operadoras, a fin de garantizar que estos resulten competitivos y sostenibles. 7 ) d o t a r a los proveedores de servicios de APyS de los recursos necesarios para acometer los proyectos contemplados en su planificación que les permitan cumplir con la cuota de responsabilidad en el alcance nacional de los ODM y la END en materia de Agua y Saneamiento.

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Reforma Institucional El nuevo marco legal y regulatorio implica también una nueva institucionalidad sectorial, resultado de la transformación filosófico-conceptual sobre la naturaleza, visión y misión del sector, de sus entidades, de los servicios de APyS, de su gestión, relación con los individuos, la sociedad y el desarrollo nacional sostenible. En ese sentido, y en correspondencia con el ordenamiento legal. 1) elaboración de la estrategia para la transformación institucional del INAPA, de manera de alcanzar la especialización de su cuerpo central en un instrumento de la rectoría para la canalización de los recursos públicos de inversión en nuevas infraestructuras para APyS, supervisión, estudios, investigación, asistencia técnica y desarrollo sectorial y, por otra parte, la conversión de sus actuales administraciones zonales en gerencias desconcentradas con autonomía relativa y capacidad técnica-operativa. 2) formulación, sometimiento y aprobación de los anteproyectos de modificación de las leyes de creación del INAPA y de las CORAs que elimine de sus contenidos todas las disposiciones y atribuciones relativas a las funciones de rectoría y regulación y, consecuentemente, la adecuación de sus reglamentos particulares a la nueva legalidad. 3) creación e instalación de la nueva Autoridad Rectora y de la Superintendencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento planteadas más arriba, con las competencias, funciones y características señaladas; 4) elaboración de la estrategia para la definición y concreción del status legal de las ASOCAR y los Comités de Agua y de los mecanismos e instrumentos para hacer efectiva su participación como gestores y proveedores de servicios de APyS. 5) definición e instauración de los mecanismos para hacer efectiva la participación social (de los usuarios) en los procesos y órganos de toma de decisión a todos los niveles del sector, diseño, ejecución, supervisión y gestión de los planes, programas y proyectos sectoriales.

Vinculadas a los alcantarillados: Dada la crítica situación de los servicios de alcantarillado en el país se hace necesario dar importancia al valor y la función de estos sistemas como medios idóneos para preservar la salud de la población y la calidad del medio ambiente y realizar las acciones que coloquen al subsector entre los temas prioritarios de la agenda nacional de desarrollo

1) Reducir la desproporción existente entre las inversiones en agua potable y las de saneamiento, particularmente en alcantarillado, incrementando los montos hasta el nivel que se ha planteado como necesario para el periodo 2012-2017 en el marco de los ODM. 2) continuar hasta concluir la construcción de los 13 sistemas de alcantarillados ya iniciados, construir aquellos 11 sistemas que cuentan con pre-diseños o diseños ejecutivos e implementar un programa de limpieza, reconstrucción y ampliación de los sistemas existentes, a la v e z que formular un programa permanente de mantenimiento de dichos sistemas que asegure su buen funcionamiento. 3) concluir la formulación e iniciar el desarrollo de los planes maestros en marcha de los alcantarillados sanitarios de Santo Domingo y Santiago.

Vinculadas al manejo de excretas: El subsector saneamiento aparece entre los principales contaminadores del ambiente, razón por la que se impone la reducción progresiva de las situaciones que llevan a la población al desarrollo de prácticas contaminantes con el manejo de las excretas, a través de la puesta en marcha de un conjunto de medidas,

1) Desarrollar un programa nacional de construcción de letrinas a nivel rural tendiente a la eliminación de la práctica de hacer las necesidades fisiológicas a cielo abierto, mediante la educación, el uso de tecnologías apropiadas y la participación comunitaria.

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2) fomentar a través de legislaciones, procesos educativos y medidas administrativas la facilitación de la conexión de la población a las redes de alcantarillados para reducir progresivamente el uso de las fosas sépticas y las letrinas en las grandes ciudades. 3) disponer de mayores recursos presupuestarios para apoyar a las instituciones públicas, privadas y comunitarias que promuevan las buenas prácticas de higiene y saneamiento entre las comunidades. 4) dotar al Vice-Ministerio de Salud Ambiental del MISAP de los recursos económicos, tecnológicos y humanos necesarios para la educación, vigilancia y control sanitario del manejo de las excretas por parte de la población. 5) fortalecer el régimen sancionatorio aplicable al manejo inadecuado de las excretas. 6) proveer a Ministerio de Ambiente de los recursos necesarios para ampliar su capacidad de vigilancia y control de las actividades y descargas contaminantes en los cuerpos receptores en cumplimiento de la legislación existente.

Vinculadas al tratamiento de aguas residuales. Al constituir uno de los aspectos más críticos de la situación del saneamiento en la República Dominicana, el tratamiento de las aguas residuales demanda de acciones urgentes, permanentes y sostenibles para reducir su impacto negativo y el alto riesgo en la salud y el medio ambiente que significa el no tratamiento o el tratamiento deficiente de dichas aguas y su descarga a los cuerpos receptores.

1) Establecer el tema de la grave situación de las aguas residuales y la necesidad de reducir el alto riesgo que su no tratamiento representa como un punto prioritario de la agenda nacional del gobierno actual de la República. 2) aumentar el monto de las inversiones públicas en saneamiento hasta un nivel que permita superar los déficits en el subsector y disponer anualmente de partidas presupuestarias especializadas para resolver el problema de las aguas residuales. 3) formular y emprender un programa de 3 años para la rehabilitación y puesta en operación de todas las PTAR del INAPA y las CORAs actualmente fuera de servicio y establecer en cada una de estas entidades un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice el buen funcionamiento de dichas plantas, la calidad de su producto y su tiempo de vida útil. 4) elaborar y poner en vigencia manuales de operación de PTAR para cada tecnología y emprender un programa de capacitación y entrenamiento de los actuales operadores y del personal necesario para suplir la necesidad de garantizar una correcta operación de los sistemas y equipos. 5) diseñar e implantar para el subsector y todas las entidades operadoras de los servicios un Sistema de Vigilancia y Control de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales con el uso de la tecnología más avanzada, con el objetivo de garantizar la calidad de los procesos y su correcto vertido. 6) tomar medidas a fin de hacer más riguroso el cumplimiento de la normativa referida a la calidad de los proceso de tratamiento y de descarga por parte del Ministerio del Ambiente y más efectivo el régimen sancionatorio contra los violadores de las mismas, incluyendo las entidades estatales. 7) elaborar y establecer legalmente la normativa para el manejo, tratamiento y disposición final de los lodos cloacales y residuales y la reglamentación complementaria para garantizar su cumplimiento. 8) procurar la plena vigencia y el debido cumplimiento de parte de las autoridades competentes, las instituciones, empresas y agentes involucrados de los convenios y tratados internacionales relacionados con las aguas residuales, lodos y residuos sólidos y líquidos.

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Vinculadas a modelos de gestión: El nivel de obsolescencia e ineficacia del modelo de gestión pública centralizada que ha predominado en el SAPyS, demanda que éste sea sustituido por un modelo que responda con eficiencia y eficacia a las nuevas exigencias de los procesos de crecimiento poblacional y de desarrollo urbano, permita la concreción del derecho humano universal de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento y esté en correspondencia con los nuevos paradigmas de calidad, equidad, inclusión, participación y transparencia de la gestión de los servicios públicos.

1) Se establezca en el Sector una concepción integral sobre la infraestructura para los servicios de APyS, de manera que estos se visualicen como un sistema integrado con varios componentes, de manera que, como tales, se conciban, diseñen, construyan, operen y gestionen.

2) en lo inmediato, el INAPA transforme sus actuales Administraciones de Zonas en Gerencias de Zonas con capacidad operativa, técnica, económica y financiera, con autonomía relativa, en la perspectiva de que a mediano y largo plazo sirvan de base a la creación de empresas públicas de servicios descentralizadas.

3) paralelamente el INAPA fortalezca y dinamice su programa de descentralización de los acueductos rurales.

4) se continúe y fortalezca el proceso de creación, funcionamiento independiente y legalización de las ASOCAR y los Comités de Agua como ONGs especializadas en la gestión de los servicios de APyS.

5) las CORAs se reformen y modernicen al amparo de una misma legislación que uniformice su personalidad jurídica, estructura y reglamentación, despolitizando sus Consejos de Administración y ampliando la participación social en los mismos.

6) las CORAs integren a su estructura administrativa y operativa los sistemas rurales bajo sus respectivas jurisdicciones que aún continúan bajo la dirección del INAPA.

7) se ponga en vigencia en todos los operadores la figura del “Contrato Plan” como instrumento idóneo para garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles en función de las metas nacionales, sectoriales e institucionales sectorialmente aprobadas.

Vinculadas al reúso del agua: Con miras a preservar la salud de sus usuarios y a lograr el aprovechamiento de las aguas tratadas como un recurso útil para usos diversos es necesario implementar un conjunto de políticas y acciones en provecho de la población y del país.

1) definir y establecer legalmente las aguas residuales tratadas como un recurso alterno aprovechable para el país y, en ese sentido, elaborar y poner en vigencia la legislación, normativa y reglamentación necesaria para regular su reúso en diferentes tipos de actividades sociales y productivas y prohibir mediante legislación específica el uso de las aguas residuales sin tratar en cualquier tipo de actividad humana, castigando las violaciones a tales disposiciones. 2) generar un proceso de concienciación ciudadana en torno a las bondades y beneficios del reúso de las aguas residuales respetando la normativa establecida y sobre los riesgos que conlleva el reúso de la misma, procurando mediante ese mismo proceso el uso alterno y progresivo del agua residual tratada en actividades donde actualmente se utiliza agua potable, como una política de ahorro ante la escasez.

Vinculadas al conocimiento del ciudadano: El conocimiento y participación de los ciudadanos en los diferentes procesos y niveles de decisión que implica la gestión y la operación de los servicios de saneamiento es vital para la sostenibilidad y gobernabilidad de los mismos, además de ser una expresión concreta de la práctica democrática de la ciudadanía, razón por la que el nuevo modelo legal e institucional del SAPyS debe contar con mecanismos e instrumentos que garanticen tal conocimiento y participación.

1) legislar para establecer formalmente la participación social de los diferentes sectores comunitarios en los

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Consejos de Dirección y demás niveles de dirección regional, provincial y local de las entidades rectora, reguladora y operadoras de los servicios de APyS. 2) dar vigencia en las instituciones del sector al derecho de los ciudadanos a la información, mediante la puesta en funcionamiento de oficinas para tales fines, a través de las cuales se les mantenga informados, se favorezca la transparencia en el proceso de gestión de los servicios y que las direcciones de las entidades sectoriales posibiliten la práctica del control social de las comunidades durante la construcción de las obras de infraestructura para los sistemas de saneamiento. 3) desarrollar programas permanentes de educación ambiental y sanitaria que conlleven al empoderamiento de los procesos por parte de las comunidades, de manera que los ciudadanos pasen de simples espectadores a protagonistas del sector.

Continuidad y Seguimiento de la Agenda Esta Agenda se proyecta para un alcance de 5 años (2012-2017) cuando habrá de finalizar el plazo establecido para evaluar el nivel de cumplimiento de los ODM en el país y en la subregión, es una forma de hacer una contribución significativa al mejoramiento de las condiciones actuales del saneamiento con el logro máximo de los objetivos aquí planteados. Es probable que a la terminación de este plazo y con la ejecución de las acciones que se proponen, las condiciones críticas del saneamiento hayan sido superadas en gran medida, un nuevo ordenamiento jurídico e institucional se haya establecido y las entidades rectora y reguladora asuman la responsabilidad de dar continuidad en un estadio superior a las líneas estratégicas de desarrollo que las acciones aquí propuestas perfilan.

Se propone que en ese lapso de tiempo o en lo que la Autoridad Rectora, de ser creada en corto plazo, entre en funcionamiento, la responsabilidad de gestión y supervisión de las acciones contempladas en esta agenda quede en manos de la Mesa del Agua (Mesa No.9) del proyecto IPAC, la cual se ha dado un plan de corto alcance para mejorar las condiciones del SAPyS que es consustancial con la filosofía, las políticas y los objetivos que orientan la formulación y desarrollo de dicha agenda. Para ello pudiere resultar necesario que la estructura administrativa y ejecutiva de la Mesa del Agua sea reforzada desde el punto de vista operativo, logístico y financiero para poder proveerse de los recursos humanos, técnicos y materiales que la nueva función requiera.

En este sentido, si la agenda llega a alcanzar el nivel de compromiso país, como se pretende, el MEPyD deberá jugar un papel más protagónico en el sustento y orientación de la mesa para su desarrollo y seguimiento, acompañado de las entidades del sector, contando siempre con la solidaridad de la cooperación de las agencias internacionales que participan de La Mesa.

Esto, claro está, complementándose con los aportes que por su parte el FOCARD-APS hará contando con los cooperantes internacionales para llevar a feliz término el desarrollo de La Agenda como proyecto nacional y regional.

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CONCEPTOS HOMOLOGADOS

A Afluente: Es el caudal de agua que entra a una unidad de tratamiento o al sistema de tratamiento. Agua Potable: Agua que tiene la calidad sanitaria y los micronutrientes establecidos en la presente reglamentación y en las normas nacionales e internacionales.

1

Agua servida/Agua gris: Es el agua que ha sido utilizada y que ya no está limpia pero no contiene desechos fecales. Aguas Residuales: Son las aguas grises que contiene desechos fecales y en su mayoría residuos industriales. Aguas Domésticas: son las aguas residuales que no contienen sustancias químicas o industriales Aguas Industriales: son las aguas que contienen desechos químicos y orgánicos. Alcantarillado: Conjunto de estructuras y tuberías utilizados para transportar aguas servidas (alcantarillado sanitario) o aguas de lluvia (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se disponen o tratan. Acceso a agua potable: Derecho humano que tiene toda persona a poder disponer en su vivienda o en lugar cercano a la misma de un volumen de agua potable adecuado, en cantidad y calidad, para la realización de sus actividades vitales (LM) Acceso a saneamiento: Derecho humano que tiene toda persona a poder disponer en su vivienda o en lugar cercano a la misma de las instalaciones y servicios que le proporcionen un ambiente sano, libre de contaminación, el acceso al agua potable, la disposición y eliminación segura de las excretas, los residuos sólidos, las aguas servidas y residuales y de las plagas de insectos dañinos a la salud, así como de la acumulación insalubre de aguas lluvias, polvaredas, lodos y ruidos. (LM). Aportación. Cantidad de aguas servidas, expresadas en litros/hab/dia, como un porcentaje (%) de la dotación. (CT) Área rural: Parte del municipio o distrito municipal que se extiende desde los linderos de la cabecera municipal hasta los límites del municipio o distrito municipal. (ONE) Área urbana: Se denomina área urbana a las cabeceras de municipio o distrito municipal, tomando en cuenta elementos tangibles, tales como, cuadrantes claramente definidos, calles, aceras, servicios urbanos (recolección de basura, alumbrado público), actividades económicas. (ONE). B Bacteria: Organismo unicelular, microscópico que no necesita luz para sus procesos de vida. C Colector: Conducto que recoge y conduce aguas residuales desde las redes de alcantarillado hasta las estaciones de tratamiento. (CT) Conexiones domiciliares: Unidades que sirven para conectar las aguas residuales de una vivienda hacia el colector primario. Contaminación: Presencia o introducción al ambiente de elementos nocivos a las vida, la flora o la fauna o que degradan la calidad de la atmosfera, del agua, del suelo o de los bienes y recursos naturales en general. Contaminación Ambiental: Degradación del ambiente causada por el vertimiento de productos tóxicos, provocados por la actividad humana. Cuerpo Receptor: Cuerpo de agua, porción de terreno o formación subterránea que recibe el efluente final del sistema de alcantarillado. (CT) D DBO (Demanda bioquímica de oxigeno): Una medida para la determinación de la contaminación orgánica, el método mide la cantidad de oxigeno disuelto requerido para que microorganismos oxiden materia orgánica en un periodo de tiempo. DQO (Demanda química de oxigeno): Una medida para la determinación de la contaminación orgánica, es la cantidad de oxigeno requerida para degradar materia orgánica por acción microbiológica y química. Descarga: Acción de verter aguas residuales en algún cuerpo de agua o sistema de drenaje, incluyendo los sistemas de infiltración e inyección. (CT) E Efluente: Es la cantidad de agua que sale de un sistema de tratamiento. Excretas: Aguas fecales y orina, las cuales contienen los residuos sólidos y líquidos que constituyen las heces humanas. (CT) F Fuente de agua mejorada: Lugar natural o construido ubicado a una distancia no mayor de 1 km a la redonda, capaz de suministrar agua potable a una población en cantidad no menor a 20 lppd (ODM) I Impacto Sanitario: Efectos potenciales negativos para la salud humana provocados por la ejecución y operación de las instalaciones hidráulicas sanitarias (CT) Indice de Paridad de Género: Para un nivel escolar cualquiera, es la razón entre la Tasa Bruta de Asistencia escolar a ese nivel de mujeres y la de hombres. TBA m / TBA h Infiltración: Entrada de agua subterránea al sistema de recolección a través de uniones de tubería, paredes de las alcantarillas o tubería que han fallado. Instalaciones de saneamiento mejoradas: Conexión a un desagüe público, séptico o letrina. L Letrina: Lugar o estructura no está conectada a la red principal de abastecimiento de agua ni el alcantarillado diseñada para recibir y eliminar las excretas.

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Lodos: Residuo pastoso o semilíquido resultado de los procesos de tratamiento y descontaminación de las aguas por medios mecánicos y químicos. (CT) Lodos Activados: Proceso aeróbico en el que las partículas gelatinosas de lodos quedan suspendidas en un tanque de aireación y reciben oxigeno. P Patógeno: Microorganismos que originan y desarrollan las enfermedades. Población Urbana: Parte de la población de un país que habita de manera permanente en el área urbana (LM) Población Rural: Parte de la población de un país que habita de manera permanente en el área rural. (LM) R Riesgo Sanitario: Frecuencia esperada de efectos indeseables que aparecen en una exposición dada a un contaminante que pone en peligro la salud de las personas. (CT) S Saneamiento: Conjunto de técnicas, medidas y elementos destinados a fomentar las condiciones higiénicas de una comunidad, una ciudad, un edificio, a través de una serie de acciones como la recolección, evacuación y disposición de desechos líquidos y sólidos, alcantarillado y tratamiento de aguas, cuyo objetivo final es reducir los riesgos para la salud y prevenir la contaminación en zonas rurales y urbanas. Saneamiento mejorado: Instalaciones que “higiénicamente separan los excrementos humanos del contacto humano, animal y de insectos” (Naciones Unidas, 2003). Se asume que instalaciones, tales como: inodoros conectados a alcantarillado o fosa séptica y letrinas, son adecuados, siempre que no sean públicos (OMS-UNICEF, 2000). T Tasa Neta de Asistencia Escolar (TNA): Porcentaje de la población en edad para un nivel escolar (primaria 5-8 años, secundaria 14-17 años o superior 20-24 años) actualmente asistiendo a la escuela en dicho nivel. TNA<100% Tasa Bruta de Asistencia Escolar: Número total de los estudiantes de un nivel escolar expresado como un porcentaje de la población en edad escolar oficial para ese nivel. 100 < TBA < 100 Tratamiento de aguas Residuales: Proceso de eliminación de los contaminantes del agua que ha sido utilizada a través de procedimientos primarios (colado de las aguas servidas para separar los sólidos más grandes, sedimentación de sólidos más pequeños) y secundarios (se agregan microbios a las aguas residuales para que se devoren los contaminantes biológicos). Después, se desinfecta el agua tratada y se regresa a la naturaleza.

ABREVIATURAS

AECID : Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ALC : América Latina y el Caribe APyS : Agua Potable y Saneamiento ASOCAR : Asociación Comunitaria de Agua Rural ASTM : American Society for Testing and Materials BCRD : Banco Central de la República Dominicana BID : Banco Interamericano de Desarrollo CARE : Corporación Americana de Remesas CARITAS : Caridad CEPIS : Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental CEPRYME : Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado CRS : Catholic Relief Service CONARE : Comisión Nacional para la Reforma del Estado CAASD : Corporación del Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo CESDEM : Centro de Estudios Sociales y Demográficos COAAROM : Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana COPDES : Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible CORAABO : Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica CORAAMOCA : Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca CORAPP : Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata CORAASAN : Corporación del Acueducto y Alcantarillados de Santiago CORAs : Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados CORAAVEGA : Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega DIGESA : Dirección General de Salud Ambiental DBO : Demanda Bioquímica de Oxigeno DQO : Demanda Química de Oxigeno END : Estrategia Nacional de Desarrollo

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ENDESA : Encuesta Demográfica y de Salud. ENF : Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo ENHOGAR : Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples GASH : Grupo Agua, Saneamiento e Higiene IDH : Indice de Desarrollo Humano IDH-D : Indice de Desarrollo Humano y Desigualdad INDRHI : Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos JICA : Agencia Internacional de Cooperación de Japón Lppd : litro por persona por día MEPyD : Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo MARENA : Medio Ambiente y Recursos Naturales MISAP : Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social NORDOM : Normas Dominicanas ODM : Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS : Organización Mundial para la Salud ONAPRES : Oficina Nacional de Presupuesto ONE : Oficina Nacional de Estadísticas ONGs : Organizaciones No Gubernamentales ONU : Organización de las Unidas OPS : Oficina Panamericana para la Salud PTAR : Planta de Tratamiento de Aguas Residuales SAPyS : Sector Agua Potable y Saneamiento. SICA : Sistema de Integración Centroamericano y República Dominicana STP : Secretariado Técnico de la Presidencia UAAES : Unidad Asesora de Análisis Económico Social UE : Unión Europea UNICEF : Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia USAID : Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos USD : Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica RD$ : Peso de la República Dominicana

BIBLIOGRAFÍA

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8. Idem.

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12. Idem.

13. Idem.

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14. Idem.

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