Filosofía del baile

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

2015-2016

GRADO EN DERECHO

GRADO

EN

DERECHO

GUÍA DE ESTUDIO DE DERECHO

ADMINISTRATIVO II

2ª PARTE | PLAN DE TRABAJO Y ORIENTACIONES PARA SU DESARROLLO

DERECHO ADMINISTRATIVO II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 2

I

PLAN DE TRABAJO

Programa de la asignatura

(Atención, para el estudio de la materia, debe utilizar los manuales,

guiándose por las indicaciones y contenidos aquí expuestos)

PRIMERA PARTE. LOS ACTOS Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

TEMA I. EL ACTO ADMINISTRATIVO (1). CONCEPTO CLASES Y ELEMENTOS

1. Concepto y clases

2. Los actos políticos o de gobierno

3. Actos administrativos y potestad discrecional. Actos reglados y actos discrecionales.

4. Actos que no causan estado, actos firmes o consentidos y actos confirmatorios

5. Actos favorables y actos de gravamen

6. Actos expresos y actos presuntos por silencio administrativo

7. Los elementos del acto administrativo

8. El titular del órgano y la competencia

9. La causa y los presupuestos de hecho

10. Los móviles. La desviación del poder

11. El contenido y los elementos accidentales de los actos administrativos

12. Los elementos formales

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13. Notificación y publicación del acto administrativo

TEMA II. EL ACTO ADMINISTRATIVO (2): EFICACIA Y EJECUTORIEDAD

1. La presunción de validez.

2. La eficacia de los actos administrativos. Demora en la eficacia e irretroactividad

3. La ejecutoriedad de los actos administrativos.

4. La configuración histórica del privilegio de decisión ejecutoria en el Derecho español.

5. La colaboración judicial en la ejecución de los actos administrativos.

6. Cuestionamiento constitucional.

7. Suspensión de efectos del acto administrativo.

8. Los medios de ejecución forzosa.

9. Límites y control judicial de los actos de ejecución. Su recurribilidad: tercerías de dominio e

impugnación contenciosa.

TEMA III. EL ACTO ADMINISTRATIVO (3): INVALIDEZ, ANULACIÓN Y REVOCACIÓN

1. La invalidez y sus clases

2. La inexistencia

3. La nulidad de pleno derecho. Análisis de los supuestos legales

4. La imprescriptibilidad de la acción de nulidad de pleno derecho

5. Anulabilidad e irregularidad no invalidante

6. El principio de restricción de la invalidez: convalidación, incomunicación y conversión

7. La anulación por la Administración de los actos inválidos. El proceso de lesividad.

8. La revocación de los actos administrativos

9. La rectificación de los errores materiales y aritméticos.



TEMA IV. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. Significado y origen del procedimiento administrativo

2. La regulación del procedimiento administrativo. Antecedentes, contenidos, ámbito de aplicación

y desarrollo reglamentario.

3. Clases de procedimiento administrativo

4. Los sujetos en el procedimiento administrativo. El titular de la competencia. Abstención y

recusación.

5. Los interesados en el procedimiento administrativo. Capacidad, representación y asistencia

técnica

6. Principios y cuestiones básicas del procedimiento administrativo.

7. La iniciación del procedimiento.

8. Tramitación e instrucción

9. La terminación del procedimiento

SEGUNDA PARTE. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

TEMA V. LAS FORMAS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. LA ACTIVIDAD DE

POLICÍA O LIMITACIÓN.

1. Las clases de la actividad administrativa.

2. Los principios que condicionan la actividad administrativa.

3. La actividad administrativa de limitación

4. Los grados de limitación en la libertad y derechos de los particulares

5. Las técnicas de la actividad de limitación. La reglamentación

6. La autorización

7. Declaración responsable y comunicación previa.

8. Ordenes, mandatos y prohibiciones.

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TEMA VI. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FOMENTO.

1. Concepto y evolución de la actividad de fomento.

2. Las modalidades de la actividad de fomento y su naturaleza reglada.

3. Los incentivos económicos

4. La subvención.

5. La gestión indirecta de las subvenciones.

6. El procedimiento de otorgamiento de las subvenciones.

7. La relación de subvención: anulación, modificación, obligaciones del beneficiario y reintegro.

8. Control y sanciones.

9. Subvención y Derecho Comunitario.

TEMA VII. ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN O SERVICIO PÚBLICO.

1. La actividad de prestación o de servicio público

2. Las fronteras entre la actividad de prestación y la actividad privada en la Constitución.

3. El régimen de servicio publico tradicional. Principios generales.

4. La relación de prestación. El estatus de los usuarios de los servicios públicos.

5. Las formas de gestión de los servicios públicos.

6. El modelo europeo de los servicios de interés económico general y el desmantelamiento de

los servicios públicos económicos.

7. Los servicios públicos impropios o actividades privadas reglamentadas.

TEMA VIII. LA ACTIVIDAD SANCIONADORA.

1. Fundamento constitucional y límites de la potestad sancionadora

2. El principio de legalidad y sus manifestaciones: Reserva de la ley y tipicidad.

3. La responsabilidad y la culpabilidad en las infracciones administrativas. La responsabilidad de las

personas jurídicas.

4. Concepto, clases y graduación de las sanciones administrativas.



5. La responsabilidad civil derivada de las infracciones administrativas.

6. La extinción de las infracciones y las sanciones administrativas.

7. El principio non bis in idem y la subordinación de la potestad sancionadora administrativa a la

jurisdicción penal.

8. El Derecho constitucional a las garantías procesales y la actividad administrativa sancionadora.

9. El procedimiento sancionador.

10. El principio nulla poena sine iudicio y la ejecutoriedad de los actos sancionadores de la

Administración.

TEMA IX. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ARBITRAL.

1. Arbitraje y Administración Pública.

2. La actividad arbitral de la Administración.

3. La presunta inconstitucionalidad de la actividad administrativa arbitral y la dualidad de sus

manifestaciones.

4. El régimen de la actividad administrativa arbitral.

5. La actividad de la Administración en el arbitraje voluntario en el Derecho privado.

TERCERA PARTE. EL SISTEMA GARANTIZADOR DEL DERECHO

ADMINISTRATIVO

TEMA X. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Los recursos administrativos

2. Clases de recursos

3. Tramitación y resolución de los recursos administrativos

4. Las reclamaciones económico-administrativas.

5. Las reclamaciones previas al proceso civil y laboral

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TEMA XI. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

1. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Los modelos orgánicos de Justicia administrativa.

3. Ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4. Los órganos jurisdiccionales.

5. Las partes en el proceso contencioso-administrativo.

6. Objeto del recurso.

TEMA XII. EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

1. El proceso contencioso administrativo como un proceso revisor o de apelación y sus

insuficiencias

2. Medidas cautelares. La suspensión de efectos del acto recurrido

3. El procedimiento contencioso administrativo de primera o única instancia

4. Terminación del procedimiento

5. Procedimiento abreviado.

6. El sistema de recursos

7. Los diversos recursos de casación y revisión

8. Ejecución de sentencias.

9. Procesos especiales.

II



ORIENTACIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE

EL ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS DE LA

ASIGNATURA

SUMARIO:

1. EL DERECHO ADMINISTRATIVO 1. 1. EL DERECHO ADMINISTRATIVO, EN GENERAL 1. 2. EL

DERECHO ADMINISTRATIVO EN LOS SUCESIVOS PLANES DE ESTUDIO 2. ALGUNAS CONSIDERACIONES

GENERALES SOBRE EL ESTUDIO 2. 1. LA FORMA DE ESTUDIO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 2. 1.

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 2. 2. LA LADERA FÁCTICA 2. 3. ENSEÑANZA A DISTANCIA Y ENSEÑANZA

LIBRE 3. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 3. 1. BIBLIOGRAFÍA Y PROGRAMA 3. 2. BIBLIOGRAFÍA

COMPLEMENTARIA 4. APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA EN EL PLAN BOLONIA 4. 1. EL

CURSO VIRTUAL COMO MEDIO DE APOYO 4. 2. CRONOLOGÍA DE ESTUDIO 4. 3. METODOLOGÍA DEL

ESTUDIO Y EVALUACIÓN CONTINUA 5. LOS EXÁMENES 5. 1. EL EXAMEN DE LA ASIGNATURA 5. 2. LA

REVISIÓN DE LOS EXÁMENES 6. ¿EL DERECHO ADMINISTRATIVO, PARA QUÉ?

1. El Derecho Administrativo

1. 1. El Derecho administrativo, en general

El Derecho administrativo es aquella parte del ordenamiento jurídico que regula la organización de

las Administraciones públicas y las relaciones de éstas con los particulares. Es algo así como el

Derecho común del Derecho público, parecido a lo que el Derecho civil es al Derecho privado: su

elemento básico y modular. El Derecho administrativo es asimismo el tronco del que han nacido otras

disciplinas jurídicas, como el Derecho fiscal y el Derecho laboral (este último en cuanto regulador de la

intervención administrativa en las relaciones industriales).

El Derecho Administrativo I veíamos que estudiaba las fuentes del Derecho –especialmente los

reglamentos, fuente de origen administrativo–, la organización del Estado y de las restantes

Administraciones públicas, ya fueran éstas territoriales (Comunidades Autónomas, Provincias,

Municipios) institucionales, corporativas o independientes.

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Pues bien, el Derecho Administrativo II gira ahora en torno al concepto de acto administrativo o,

lo que es lo mismo, en torno a la actividad que lleva a cabo la Administración. El acto administrativo

es la declaración de voluntad o de conocimiento de una Administración Pública en base a las

potestades que tiene atribuidas.

La primera parte de esta definición: “declaración procedente de una Administración Pública”

constituyó el objeto de la asignatura de Administrativo I, en cuanto que entonces se analizó qué es una

Administración Pública y su tipología.

Ahora pues corresponde analizar en qué consiste esa declaración y cuál han de ser sus

características y procedimiento de aprobación.. Por ello, el objeto fundamental de esta asignatura será

el análisis de los actos administrativos, los procedimientos administrativos, las clases de actividad de las

Administraciones públicas (policía, fomento, servicio público, actividad sancionadora, actividad

arbitral), y asimismo los recursos administrativos y los procesos para defenderse de las

Administraciones públicas (procesos contencioso-administrativos, recurso de amparo y, ahora,

recursos y procesos ante la Administración y el Tribunal de la Unión Europea, TJUE).

Corresponderá en cursos posteriores analizar todas las cuestiones relativas a los contratos

administrativos, la responsabilidad de la Administración, la expropiación forzosa y el empleo público

(Administrativo III). Además al Derecho administrativo, en lo que se considera su parte especial,

corresponde la responsabilidad del estudio de los bienes públicos y las relaciones sectoriales de dichas

Administraciones públicas con los ciudadanos en todos los órdenes de la vida (seguridad ciudadana,

sanidad, enseñanza, urbanismo, medio ambiente, transportes, comunicaciones, deportes, cultura,

comercio, industria, turismo, sistema financiero, etc.), relaciones que suelen ser muy intensas, pues la

Administración, para nuestra suerte o desgracia, está cada vez más presente en nuestra vida

(Administrativo IV).

Como decía Sidney Webb, fundador de la Fabian Society, y recuerda GARRIDO FALLA, un habitante

de una ciudad inglesa,

“se despierta en la vivienda que le ha proporcionado el municipio por las campanas de un reloj municipal, enciende la

luz eléctrica municipal, hace su aseo con el agua del abastecimiento municipal, calentada con el gas de la fábrica

municipalizada. En la calle, naturalmente municipal, torna el tranvía o el autobús municipal. Gracias a la policía

municipal, llega con seguridad a la oficina… Smith leerá los periódicos o revistas en una biblioteca municipal,

contemplará las obras de arte en un museo municipal, practicará deporte en un parque municipal, consumirá alimentos

conservados en cámaras frigoríficas municipales, y distribuidos en mercados municipales. Si no pertenece a la clase

bastante pudiente de la ciudad, será asistido y hospitalizado en los establecimientos y por los facultativos municipales y

allí dará a luz su mujer. Cuando se encuentre sin trabajo acudirá a la oficina municipal de colocación. Y habrá



realizado sus estudios en las escuelas municipales. Un día, como todos los humanos, John Smith morirá, y después de la

inscripción en el registro municipal, será llevado por el servicio fúnebre municipal al cementerio municipal”.

1. 2. El Derecho administrativo en los sucesivos planes de estudio

La anterior descripción no es hoy ninguna irrealidad, pues pese a los intentos privatizadores al uso,

la presencia de las Administraciones públicas en nuestras vidas, bien sea para asistirnos –como hacían

ya los municipios ingleses de primeros de siglo– o bien para controlarnos, es un hecho incontestable,

hasta el punto que puede afirmarse sin exageración que más del noventa por ciento del ordenamiento

jurídico lo integran normas de Derecho administrativo. Basta con repasar el conocido Repertorio de

Legislación Aranzadi para darse cuenta de la veracidad de este aserto. La creación de diecisiete

Parlamentos de otras tantas Comunidades Autónomas y los poderes legislativos y reglamentarios de

que éstas hacen uso frecuente, ha multiplicado nuestro objeto de estudio hasta extremos antes

inimaginables.

En términos cuantitativos, no hay comparación posible pues, entre el material normativo de que

debe dar cuenta, explicar e investigar el Derecho Administrativo en tan sólo cuatro cuatrimestres de la

licenciatura, con el que corresponde a otras disciplinas jurídicas, como por ejemplo el Derecho civil,

que dispone de ocho para los 1976 artículos del Código civil y algunas pocas leyes especiales (Ley

Hipotecaria, de Arrendamientos, etc.) o con el Derecho penal cuyo Código lo integran 639 artículos y

que dispone igualmente de dos cursos; y la comparación podría hacerse igualmente con ventaja para el

Derecho administrativo con cualesquiera otras disciplinas de la carrera de Derecho.

Asimismo a resaltar que la mayor parte de las normas que hoy integran el Derecho de la Unión

Europea (UE), por sus contenidos materiales y por sus técnicas de garantía, se encuentran dentro de

nuestra disciplina porque modifican, sustituyen o complementan anteriores preceptos administrativos,

lo que significa que la Administración de la UE, las normas que rigen las relaciones entre éstas y su

personal –los llamados eurócratas– y, lo que es más importante, la mayor parte de los contenidos

materiales de sus reglamentos y directivas sólo pueden investigarse y enseñarse desde los conceptos y

las técnicas del Derecho administrativo.

Pues bien, a pesar de la complejidad y el creciente intervencionismo de las Administraciones

públicas y su traducción normativa en términos cuantitativos antes inimaginables –y aun reconociendo

que los preceptos constitucionales, penales, procesales, civiles o mercantiles exigen un conocimiento

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más profundo y un superior grado de atención que la generalidad de las normas administrativas– la

desproporción en los planes de estudio entre las materias a explicar y el espacio o crédito académico,

sigue siendo demasiado desfavorable al Derecho administrativo. Dicha desproporción se evidencia

comparando nuestros obsoletos planes de estudio con los de otros países, como Francia, que ha

estructurado la carrera de Derecho sobre dos cursos comunes y tres para cada una de las

especialidades en Derecho público y privado, y en donde al Derecho administrativo –sin prejuicio de

su estudio como asignatura básica o troncal en el primer ciclo– se le reserva la práctica totalidad del

espacio o crédito de la especialidad en Derecho público.

En España, sin embargo, el plan de estudios de nuestra licenciatura permanece anclado en la

situación del ordenamiento jurídico de la segunda mitad del siglo XIX, lo que explica que, como

dijimos, se asigne al Derecho administrativo una importancia igual a la que se concede, por ejemplo, al

Derecho constitucional o al Derecho penal, y la mitad de la que se asigna al Derecho Civil, entre otras

posibles comparaciones.

Consecuencia directa de esa falta de espacio o crédito, ha sido el retraimiento de los estudios y

enseñanzas del Derecho administrativo a unos cuantos capítulos que se integran en la denominada

parte general. Incluso el estudio de esta parte se hace con abandono de importantes materias, como la

organización y la función pública o el empleo público, que son, evidentemente, materias generales y a

las que nosotros dedicamos atención especial. En todo caso, en las Facultades de Derecho se está

instalando la peligrosa práctica de prescindir de la investigación y enseñanza de las importantísimas

consideradas tradicionalmente como el Derecho administrativo especial (dominio público, aguas,

minas, montes, carreteras, patrimonio histórico-artístico, seguridad ciudadana, sanidad, enseñanza,

urbanismo, transporte, comunicaciones, deportes, cultura, comercio, industria, servicio exterior,

intervencionismo económico, turismo, ecología y medio ambiente, defensa nacional, etc.), como si

estas trascendentales facetas o dimensiones de nuestra vida cotidiana carecieran de la menor

importancia para el Derecho.

La penuria de espacio del Derecho administrativo en el Plan de estudios se refleja en este programa,

y en los que le seguirán, lo mismo que acontece en otras Facultades de Derecho. No obstante se ha

intentado no descuidar las fundamentales materias de la organización administrativa y el empleo o

función pública, y dedicar al dominio público, bienes públicos y Derecho urbanístico la atención que

merecen. Pero, insistimos, no es posible responder aquí, ni exigir, como se debiera, a la atención que

merecen otras importantísimas materias de la llamada parte especial y cuyo estudio requeriría ampliar

los créditos de esta asignatura.



Las anteriores consideraciones deben entenderse sólo como una crítica al actual reparto de créditos

entre las disciplinas o asignaturas responsabilizadas en dar cuenta del Derecho positivo que nuestros

planes de estudio establecen, sin que suponga alinearse con aquellos que pretenden eliminar a radice de

las Facultades de Derecho la fundamental dimensión humanística en la formación de los juristas a

cargo del Derecho romano, la Historia o la Filosofía jurídicas. El problema del nuevo plan de estudios,

como el de los anteriores, no era de recortes o facilidades para las titulaciones, sino de reestructuración

entre las actuales asignaturas, que debía haber sido orientado a reforzar la formación jurídica en

correspondencia con la mayor complejidad de la vida y el Derecho positivo de nuestro tiempo, sobre

todo ante la imposición ex lege de un discutible, pero ya vigente, primer ciclo o diplomatura con efectos

sobre las oposiciones a funcionarios (Cuerpo de Gestión, por ejemplo) y para el ejercicio profesional

de algunas actividades (habilitados de clases pasivas, agentes de la propiedad inmobiliaria, etc.). Pero

esa reestructuración no se ha producido de acuerdo con la realidad de un ordenamiento, caracterizado

por un espectacular crecimiento de las normas administrativas internas y de origen internacional, y que

nada tiene que ver con el ordenamiento vigente hace siglo y medio, cuando se regularon por primera

vez los planes de la licenciatura de Derecho.

2. Algunas consideraciones generales sobre el estudio

2. 1. La forma de estudio del Derecho administrativo

Es evidente que las orientaciones que ofrece el equipo docente de la asignatura, no tienen por

objetivo establecer reglas relativas a cómo debe estudiarse la asignatura cada alumno. Lo que ofrece

este equipo son, en todo caso, claves esenciales en base a los objetivos que se pretenden conseguir. Las

circunstancias y características de cada alumno serán las que lleven a un tipo u otro de estudio, en cada

caso.

Como en cualquier otra rama del saber, obviamente es preciso adquirir unos conocimientos

básicos y ello sólo es posible mediante un esfuerzo que ha de ir dirigido en varias direcciones: de

memorizar conceptos de la asignatura y, a su vez, de comprenderlos. Lo mismo que un idioma

requiere el aprendizaje de un vocabulario, el Derecho no se conoce ni se entiende sin ese esfuerzo y en

esa doble dirección de conocer y comprender. Para eso sirven los manuales o el directo entendimiento

y aprendizaje de las leyes. Esta circunstancia es especialmente relevante en Derecho administrativo por

cuanto nuestra misma organización implica la multiplicación legislativa en virtud de la pluralidad de

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Administraciones públicas territoriales existentes y, por ende, institucionales, corporativas e

independientes, de las cuales emanan normas concretas objeto de estudio.

Por ello, sin ser la única condición requerida, la memorización y la comprensión de los conceptos

resulta imprescindible para asimilar la asignatura. La memorización racional es el camino y la técnica

que han seguido, por ejemplo, los mejores profesionales del Derecho, ya sean funcionarios

generalistas, notarios, abogados del Estado o Registradores. Por este motivo se recomienda la consulta

y el entendimiento directo de las grandes leyes administrativas (procedimiento, expropiación forzosa,

funcionarios, jurisdicción contencioso-administrativa, contratos del Estado, patrimonio, etc.).

Pero el estudio del Derecho y su ejercicio profesional requiere, además de un bagaje de conceptos

básicos, inmediatamente disponibles en nuestra memoria, la aptitud para manejar una mínima

biblioteca, sin la cual no es concebible un nivel respetable de conocimientos y buen hacer (como no se

concibe la medicina sin una clínica, unos aparatos y unos libros de consulta), biblioteca que conviene

se vaya formando a lo largo de la carrera adquiriendo diversos manuales o tratados por cada asignatura

y la legislación y jurisprudencia necesaria. Un abogado sin experiencia en consultar libros y repertorios

de legislación y jurisprudencia no es tal, por muy bien que crea haber aprendido unas unidades

didácticas, un manual o unos códigos.

La necesidad de disponer de esta mínima biblioteca es aún más necesaria en Derecho

administrativo, aunque sólo sea por ese aspecto cuantitativo y cambiante de la legislación

administrativa al que antes nos hemos referido. Y es que en Derecho administrativo comienza a ser un

problema saber con exactitud el Derecho vigente por la cada vez mayor superposición de instancias

legislativas (Unión Europea, Estado, Comunidades Autónomas,) y los defectos y contradicciones que

esa prolífica y motorizada legislación ocasionan. Ello obliga a resolver las cuestiones acudiendo más

que en ninguna otra materia jurídica –lo que constituye una paradoja por ser el Derecho administrativo

el Derecho cuantitativamente más positivizado– a los principios generales del Derecho, superando así

las ocurrencias de tantos funcionarios con acceso a escribir en los cada vez más numerosos boletines

oficiales.

En este punto el equipo docente realiza un esfuerzo curso a curso para que el alumno disponga de

ediciones del manual que resulten lo más actualizadas posibles. El manual – en el que se dan respuesta

a los epígrafes correspondientes al programa de la asignatura- constituye pues el instrumento principal

y básico para preparar la asignatura, sin el cual resulta extremadamente complejo orientar las

respuestas hacia donde se plantean las principales cuestiones de la materia.



2. 1. Técnicas de aprendizaje

“Olvido lo que oigo, recuerdo lo que veo y aprendo lo que hago”

(Proverbio)

Llegados a este punto, pudiera ser útil reflexionar sobre la metodología del estudio de la asignatura

A algunos las reflexiones que siguen les parecerán sin duda innecesarias, pero a otros probablemente

les resulten útiles las presentes observaciones:

El programa de la asignatura tiene una secuencia lógica y premeditada en su presentación al

alumno. De ahí que no sea recomendable que el alumno se salte temas y estudie sin conexión con

ellos, otros distintos, dado que, de esta forma, no va a poder hilar convenientemente unos conceptos

con otros. La misma lectura panorámica del programa tiene todo su sentido de cara a la comprensión

de la materia.

Clásicamente, nuestro Departamento, ha propuesto por ello que el alumno se acerque inicialmente

a la materia con una primera lectura panorámica del tema, que ha de reiterarse cuantas veces sea

necesario. El objetivo metodológico debe ser básicamente el de captar la lógica global de la institución.

El objetivo práctico, aislar todos los conceptos que se desarrollan en la misma e incluso trasladarlos a

un cuaderno de trabajo.

En un segundo acercamiento al la materia se hace preciso, tras la lectura panorámica, proceder a

una lectura focal del tema, en el que se procede a una aproximación analítica a los elementos e ideas

que sustentan los conceptos. La actividad práctica se ha de concretar en este momento en el subrayado

o llamadas de atención sobre puntos concretos.

Tras proceder a esa lectura más focal, es preciso que el alumno fije claramente las líneas de

argumentación que hilvanan las ideas y conceptos de la institución. El resultado práctico será, en este

caso, la realización de una síntesis o resumen escrito de los temas.

La materia es extensa y escribir resúmenes de cada tema es una tarea que debe sintetizarse lo más

posible a partir de ideas o conceptos clave bien en papel aparte o en el margen del manual, pues de lo

contrario, se pierde demasiado tiempo. Por eso, sin perjuicio de conocer la argumentación, sí que es

importante que, para retener y recordar la materia, el alumno se haga un esquema recordatorio de

cada tema, que no es sino el esqueleto estructural del texto estudiado.

En este sentido desaconsejamos explícitamente que la base del estudio sean resúmenes ajenos o

materiales distintos de los recomendados, sin perjuicio de que éstos últimos, si son avalados por

autores reconocidos, puedan ser material de consulta. El motivo no es otro que no existe garantía de

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veracidad ni de actualización de la materia que pueda concretarse en resúmenes de autoría desconocida

o que circulen en el mercado. Del mismo modo, resulta fundamental para esta asignatura que la

edición del manual que se propone para el estudio sea la última publicada, pues de lo contrario, no

puede garantizarse su revisión hasta la fecha de cierre de imprenta.

Una última relectura panorámica ajusta los últimos detalles de las ideas aprendidas y de los

matices.

2. 2. La ladera fáctica

El Profesor Juan del Rosal, Catedrático de Derecho penal, frente a las pretensiones de quienes eran

sus alumnos en la Universidad de Valladolid para que comentase en clase los crímenes de actualidad –

lo que era más divertido que sus genéricas y abstractas consideraciones sobre la teoría jurídica del

delito– solía contestarnos, con su acento andaluz, que “pasara lo que pasase, muriera quien muriese, la

Cátedra jamás descendería a la ladera fáctica de la asignatura”.

Aunque esa actitud de rechazo radical a los aspectos prácticos de la disciplina jurídica no sea de

recibo, hay, sin embargo, bastante de verdad en la afirmación de que “no hay mejor práctica que una

sólida formación teórica”. De la superioridad de esta sólida formación teórica hemos, pues, de partir

pero reconociendo que, al fin y a la postre, la hora de la verdad llegará cuando la vida los arroje por la

ladera “fáctica”.

Pues bien, para preparar ese evento he, aquí algunas recomendaciones sobre los casos prácticos y la

manera de relacionarse con los Tribunales:

Sobre lo primero, no hay necesidad de que se adquieran libros sobre casos prácticos, que algunos

hay, ni que los Profesores y Tutores pierdan el tiempo imaginándolos, porque casos prácticos se

encuentran a carretadas, y además casos reales, en la jurisprudencia contencioso-administrativa. Los

alumnos, por consiguiente, pueden completar su formación teórica con la búsqueda en jurisprudencia

que publican las editoriales se series de sentencias sobre las instituciones de Derecho administrativo

sentencias sobre aspectos concretos de las instituciones de Derecho (por ejemplo: el valor en venta de

los bienes como criterio para la determinación del justiprecio expropiatorio; infracciones de

precedimiento que determinan la nulidad de los actos administrativos, etc.).

En cuanto a la relación con los Tribunales, casi todo se reduce al aprendizaje de la correcta

redacción de los diversos escritos con que los administrados y los recurrentes se relacionan con la

Administración y los Tribunales (instancias, recursos administrativos, demandas, escritos de

proposición y práctica de pruebas, conclusiones) lo que no tiene, mayores dificultades para quienes

saben redactar con corrección. En todo caso, este tipo de ejercicios debe hacerse en las tutorías, de



modo que cada alumno haya tenido la oportunidad de redactar por sí mismo los diversos escritos que

se producen en vía administrativa y contencioso- administrativa, desde una simple instancia hasta un

escrito de conclusiones.

2. 3. Enseñanza a distancia y enseñanza libre

Refiere el Profesor Villar Palasí, Catedrático de Derecho administrativo y titular del Ministerio de

Educación cuando se aprobó el Decreto de 18 de agosto de 1972, por el que se creó la Universidad

Nacional de Educación a Distancia, que en el proyecto original la denominación prevista era la de

“Universidad libre”, porque se pretendía se recogiesen en ella los alumnos libres de todas las

universidades, en las que se suprimía esta modalidad, y refiere también que dicha denominación fue

rechazada por el Presidente del Gobierno Carrero Blanco por considerarla políticamente excitante.

Para muchos esa equiparación entre la Universidad a Distancia y enseñanza libre es vista como una

degradación o una enseñanza de menor categoría, y lo podría ser si como primera condición el nivel de

enseñanza en las Universidades presenciales efectivamente justificase la asistencia regular de los

alumnos a sus clases.

Pero desgraciadamente no es ahora así, ni lo ha sido nunca. Añejas disposiciones recogidas en la

Novísima Recopilación ponen en evidencia que en la Universidades españolas de los siglos XVII y

XVIII (Salamanca Valladolid, Alcalá) los alumnos prescindían de las clases, sin duda porque el

aprendizaje poco tenía que ver con la asistencia a las aulas, hasta el punto que para forzar a ésta se

inventaron unos certificados de asistencia que condicionaban el derecho a examinarse: “sin esta asistencia

no se dará a nadie cédula de curso, ni ganará matrícula, ni gozará de fuero, ni podrá obtener grado alguno de la

Universidad” (Ley VIII, Título VII, Libro VIII).

Contra esa “tiranía” académica y en nombre de las más genuina de las libertades –que conlleva

también el derecho a ilustrarse por cuenta propia y a que ese aprendizaje sea reconocido por el Estado,

dado que se ha reservado el monopolio de las titulaciones– los liberales del siglo XIX reaccionaron

distinguiendo perfectamente entre la prestación educativa, que se facilita en los centros de enseñanza

públicos y que los ciudadanos pueden coger o rechazar –como pueden aceptar o rechazar la asistencia

sanitaria o el transporte públicos–, y el derecho de éstos a aprender por su cuenta y a ser simplemente

examinados, obteniendo los correspondientes títulos facultativos cuyo monopolio de expedición se

reserva el Estado.

Nace así, sobre el irreductible derecho a ser examinado, la enseñanza y los alumnos libres como una

de las peculiaridades de sistema educativo español que, entre otras características, ofrecía la de ser

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intrínsecamente incompatible con las actuales limitaciones de ingreso en las Universidades (numerus

clausus), la limitación del número de convocatorias o con la regla del curso por curso. Y nace

justamente sobre la creencia de que los alumnos pueden aprender por sí mismos sin que sea siempre

necesaria la palmeta del maestro oficial, surgiendo así la enseñanza libre, precisamente al servicio de los

mejores y mejor dotados ciudadanos y no como una enseñanza rebajada o de segundo orden pues,

como proclamaba Ruiz Zorrilla en la Exposición de Motivos del Decreto de 21 de octubre de 1868: “el

Estado se encarga de enseñar a los que prefieren las lecciones de sus maestros; pero no hace obligatoria la asistencia de los

alumnos a las clases ni pone obstáculos a la enseñanza de los particulares. Lejos de eso, abre las puertas de los

establecimientos públicos a los que, teniendo ciertas condiciones, quieren hacer una prueba de sus fuerzas, dar a conocer

sus aptitudes y contribuir a la propagación de los conocimientos útiles”. Por ello, se reconoce a los discípulos de

los profesores particulares, el derecho de obtener los títulos y grados de las instituciones oficiales,

siempre que se sometan “a los mismos exámenes que sufren los que asisten a las lecciones públicas”. Asimismo, se

proclama que la libertad de enseñanza exige también que la duración de los estudios no sea igual para

capacidades desiguales, pues “el Estado no tiene derecho para compeler a un joven, rápido en sus concepciones,

seguro en sus juicios y perseverante en el trabajo, a seguir el paso perezoso del que es tan tardo en concebir, como ligero en

juzgar y no siente amor a la investigación de la verdad (...). Estudie cada cual según su capacidad el número de

asignaturas que sea proporcional a sus fuerzas, y mientras uno concluirá sus estudios en pocos años, sufrirá otro las

consecuencias de su desaplicación o del desconocimiento de su falta de capacidad”.

De acuerdo con ello, el articulado del Decreto revolucionario de 1868 establecerá que la “enseñanza

es libre en todos sus grados y cualquiera que sea su clase” (art.5); La inscripción en la matrícula de los establecimientos

públicos no es obligatoria más que para los alumnos que quieran recibir la enseñanza en ellos. No tendrán, sin embargo,

obligación de asistir a las lecciones del establecimiento para ser admitidos a examen de las asignaturas en que se hubiesen

matriculado” (art. 7); “para obtener los grados académicos no se necesitará estudiar un número determinado de años,

sino las asignaturas que fijen las Leyes, sufriendo el alumno un examen riguroso sobre cada una y el general que

corresponda” (art.11).

Como esos viejos liberales progresistas, pensamos que el modelo pedagógico de la UNED es un

modelo de en creciente progreso al haberse identificado como el más apto, sobre todo entre alumnos

con un cierto bagaje cultural y/o profesional. La distancia, más que un inconveniente, resulta el aliado

necesario en un mundo global caracterizado por la relación a través de las nuevas tecnologías. De

modo que la distancia no supone soledad ni desamparo en el estudio, ya que el alumno tiene apoyos

múltiples cuando él mismo los reclama: en sus centros asociados; con sus tutores; con los profesores

de la sede central; a través de los cursos virtuales y los foros que le permiten una relación con sus

compañeros, etc.



La clásica lección magistral, sin perjuicio de que también se ofrezca en la UNED por los tutores o

por los profesores de la sede central a través de las convivencias, videoconferencias o medios

audiovisuales que se cuelgan del curso virtual correspondiente, se ve acompañado en la UNED por un

mayor esfuerzo que el equipo docente vuelca sobre el manual o texto básico de estudio, que pretende

ser la herramienta fundamental y más asequible para el estudio de la asignatura.

El nivel de enseñanza superior en España no depende en absoluto de la asistencia a las aulas, sino

de la mayor o menor calidad de los textos o materiales didácticos que los alumnos trabajan para

preparar sus exámenes y el nivel exigido en éstos, que determina el grado de esfuerzo y dedicación del

alumnado.

Por otro lado, las tutorías de la UNED y las convivencias ofrecen con gran ahorro de tiempo (que

en su mayor parte debe estar disponible para el estudio personal) y sin fraude en la calidad de la

enseñanza prometida, la imprescindible asistencia teórico-práctica y el calor y compañía necesarios

para conjurar el desánimo que la soledad inevitablemente proyecta sobre cualquier humana actividad.

En este sentido, el alumno debe conocer que el profesor tutor es el profesor más cercano en cuanto

a presencia física a través de las tutorías en sus centros asociados. Pero, asimismo –además de la

atención virtual llevada a cabo por sus profesores tutores-, en los cursos virtuales que así lo dispongan,

existirá un tutor de apoyo en red (TAR) que atiende y dinamiza el curso. Y, en los días y horas fijados,

el equipo docente de la sede central está asimismo a su disposición para atender cuantas dudas se le

planteen, en el caso de que no haya podido solventarlas por estas otras vías.

La UNED contabiliza a su favor el tener entre sus alumnos un porcentaje muy elevado de personas

que trabajan y, por consiguiente, dotadas del superior nivel de preparación y de responsabilidad que

esa circunstancia, normalmente conlleva. El alumno de la UNED es por ello un alumno extraordinario

por sus circunstancias, capacidades y responsabilidad.

En todo caso, ese perfil laboral de nuestro alumnado y la circunstancia de ser la Universidad a

Distancia la heredera de la tradición de la enseñanza libre obligan, y obligan jurídicamente, a no

entender las reglas del numerus clausus y de la limitación de convocatorias de forma mimética a las

restantes Universidades, restringiendo apriorísticamente las admisiones o expulsando a los que por los

motivos que fuesen no tienen fortuna en los exámenes. Estas reglas no tienen en Derecho más

justificación que las limitaciones asistenciales del servicio público, limitaciones que en nuestra

Universidad sólo estarían justificadas si se probase que nuestra capacidad examinadora no es posible a

partir de determinado número de alumnos, lo que está muy lejos de acreditarse.

|Nombre y Apellidos


En definitiva, el término “a distancia” que califica a nuestra Universidad debe interpretarse, a

nuestro juicio, no como alejamiento, sino como libertad, pues su singularidad –y por ende su

prestigio– no radica en reproducir miméticamente el modelo de las desprestigiadas Universidades

presenciales, sino en subrayar su carácter de institución flexible y abierta sobre todo a los que, además

de trabajar para ganarse la vida, están sobrados de ingenio y ansia de saber.

3. Bibliografía recomendada

3. 1. Bibliografía y programa

Para atender a las aludidas necesidades bibliográficas, aconsejamos el estudio de:

– R. PARADA VÁZQUEZ, Derecho administrativo II. Régimen Jurídico de la actividad administrativa.

Editorial Open. Última edición disponible.

Debido al amplio objetivo con el que ha sido elaborado estos manuales, de modo que sirva tanto

para alumnos de carrera como para que opositores y para abogados y funcionarios en ejercicio puedan

consultar en él sus dudas y encontrar una explicación cabal –histórica y comparada– de las

instituciones de Derecho administrativo, el alumno encontrará más contenido del estrictamente

preciso para preparar la asignatura. Esto, lejos de ser un impedimento o distorsión, facilita una mejor

comprensión de la asignatura y es, asimismo, un acicate para “bucear” en su contenido, en busca de la

respuesta a las cuestiones que, sobre ese más amplio contenido, constituyen el programa de la

asignatura. Además, la sistemática tradicional de los manuales difiere del plan de estudios de esta

carrera, por lo que hemos tratado de ajustarnos lo más posible, aunque esto exige unas ciertas

explicaciones.

3. 2. Bibliografía complementaria

La anterior recomendación no debe entenderse en ningún caso como una inducción a la idea de

que esta asignatura no pueda prepararse a través de otras obras de Derecho Administrativo, que las

hay y de magnífica factura. Entre otros, son excelentes obras el Curso de Derecho Administrativo de E.

GARCíA DE ENTERRIA y T. R. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, y el Tratado de Derecho

Administrativo de F. GARRIDO FALLA y los Principios de Derecho Administrativo de J. A.

SANTAMARIA PASTOR y el Derecho Administrativo Español de F. GONZÁLEZ NAVARRO, entre

otros muchos. Con menores pretensiones –más en la línea de los précis franceses– han sido escritos los

libros de los también Catedráticos R. ENTRENA CUESTA y J. COSCULLUELA MUNTANER. Lo



ideal sería que el alumno construyese sus propias lecciones, manejando a tal efecto varias de estas

obras y la legislación administrativa.

A tal efecto, es también necesario aprender a manejar desde los estudios de licenciatura los

repertorios de legislación y jurisprudencia ya clásicos, como son los de la Editorial Aranzadi.

Evidentemente hoy las obras de aquella editorial y las de otras (La Ley, el Derecho, Colex, etc.) se

pueden adquirir y manejar en soporte informático y, a través de internet, es posible acceder

gratuitamente a las leyes y otras normas que promulga la Unión europea, el Estado y las Comunidades

Autónomas.

Para la consulta rápida y no exhaustiva hay en el mercado diversas colecciones de normas

administrativas que recogen lo más importante de nuestra legislación. Por último, y en cuanto a las

revistas especializadas, son varias lasque vienen publicándose con regularidad y que han acumulado un

fondo muy estimable de trabajos doctrinales, noticias legislativas y jurisprudenciales y reseñas de libros.

La más veterana, nacida en la década de los años cincuenta, es la Revista de Administración Pública (RAP),

que edita el Centro de Estudios Constitucionales. Le siguen en importancia la Revista Española de

Derecho Administrativo (REDA), de la Editorial Civitas, y la Revista de Estudios de la Administración Local y

Autonómica y Documentación Administrativa editadas ambas por el Instituto Nacional de Administración

Pública. Las Comunidades Autónomas, sin mucha justificación y en un mercado ya saturado,

patrocinan otras revistas de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración.

Evidentemente, ante una demanda de originales tan fuerte como la que conlleva este volumen de

publicaciones, la calidad del conjunto de las revistas no puede alcanzar cotas excesivas, máxime

cuando en la mayoría de ellas no existe una programación técnica anticipada sobre el contenido de los

mineros. Por ello, debe prestarse especial atención al nuevo rumbo que ha iniciado Documentación

Administrativa a partir de su número 208, dedicado monográficamente al estudio de la inactividad

administrativa, al que se han seguido otros sobre las sentencias condenatorias de la Administración, la

carrera administrativa, los principios constitucionales de descentralización y desconcentración, etc. En

todo caso, sería muy recomendable que los Centros Asociados se suscriban a tales revistas para que los

alumnos, bajo la dirección de los Tutores, tengan la oportunidad de leerlas y hacer resúmenes de las

mismas.

|Nombre y Apellidos


4. Aprendizaje y evaluación continua en el Plan Bolonia

4. 1. El curso virtual como medio de apoyo

La función de tutorización de los nuevos Grados Bolonia corresponde, en exclusiva, a los

Profesores Tutores en y desde los centros asociados. La UNED establecerá el mapa

correspondiente a los Centros asociados y las zonas en la que le atenderán.

También corresponde a su Profesor Tutor de zona o equivalente la atención virtual a través

de la plataforma ALF-UNED, actual sistema de curso virtual.

Sin perjuicio de la atención por parte de los Profesores Tutores y de la que pueda ofrecerse a través

del curso virtual, el Equipo Docente de la asignatura estará disponible en el arriba señalado horario de

atención. En estos lugares se colgarán, además, videoclases por capítulos y sesiones grabadas a través

de Radio Nacional (que luego quedan guardadas en la UNED:

http://teleuned.uned.es/teleuned2001/html/).

Queremos insistir, al respecto, en que –en justo ejercicio de la libertad de cátedra y de la total y

exclusiva competencia de los departamentos ope lege para dictar los métodos docentes y de

investigación– este departamento insiste en que la atención virtual es un medio de apoyo que, bajo

ningún concepto, sustituye al esfuerzo de estudio personal e intenso de los manuales

aconsejados. Por ello este departamento ni ampliará la materia de tales manuales, ni adjuntará

resúmenes o esquemas, ni realizará debates o pondrá contenidos ajenos a esos manuales en la página

virtual.

Asimismo tampoco realizará evaluaciones ni otras prospecciones de conocimiento, o trabajos de

contenido fuera de los establecidos en el calendario oficial de la UNED y en los lugares y fechas

previstos también oficialmente. Por todo ello aconsejamos a nuestros alumnos que no pierdan el

tiempo necesario para el estudio personal en otros fines, y que utilicen la plataforma virtual

solamente como un medio de apoyo para resolver aquellas cuestiones que, tras un intenso

estudio personal, no puedan ser resueltas por los tutores en los centros asociados.

Las normas de utilización de los cursos virtuales se reflejarán anualmente en la plataforma

virtual, puesto que este medio responde a objetivos académicos concretos y no a otros distintos. De

modo que el curso virtual no debe utilizarse para contactos personales o comerciales ajenos al estudio

de la asignatura, ni para entrar en debates improductivos que restan ánimos y tiempo para encarar una

materia compleja y exigente como ésta. En este sentido se hace preciso –bajo sanción al incumplidor-

http://teleuned.uned.es/teleuned2001/html/



el acatar todas las normas de utilización de los foros que allí serán expuestas, pues se trata –en todo

caso– de foros tutelados.

El Consejo de Gobierno aprobó, el 22 de diciembre de 2010, el Reglamento de Foros (publicado en el

BICI nº 15, Anexo IV el 24 de enero de 2011). Esta norma regula el uso de los foros y evita que sean

utilizados para fines ajenos a los estrictamente académicos, o contrarios a derecho. El incumplimiento

por los usuarios de los mandatos del Reglamento puede conllevar:

- Primero: la retirada de contenidos, actuación que puede realizar el administrador sin más

trámite.

- Segundo: teniendo en cuenta las circunstancias concretas de los hechos, se puede proceder a la

restricción de acceso temporal en el uso del foro (hasta 8 días). Este supuesto requiere una

resolución motivada.

- Tercero: en caso de reincidencia, procede la apertura de expediente disciplinario por parte del

Servicio de Inspección.

Con objeto de facilitar su tarea a los responsables de los foros, la herramienta permite lo

siguiente:

- En el caso de que se quiera restringir temporalmente el acceso de uno de los miembros del

foro, el administrador debe introducir el nombre del responsable docente del foro y marcar

una de las casillas establecidas para la motivación. El mismo escrito informa al usuario del foro

que "la reiteración de estos comportamientos puede dar origen a la apertura de expediente

disciplinario, que en virtud del Reglamento de Disciplina Académica de 8 de septiembre de

1954 (BOE de 12 octubre), puede suponer la consideración de falta grave, y en consecuencia,

la expulsión temporal de esta Universidad, así como la pérdida de la totalidad de las asignaturas

en que se encuentre matriculado, la prohibición del traslado del expediente académico, y la

pérdida de becas, ayudas o premios".

- A la vez que se realiza la comunicación al usuario del foro, al responsable del mismo, en caso

de reincidencia, se le genera un aviso con el siguiente contenido: "Se recuerda a los

responsables docentes, o a los equipos docentes, que la aplicación, en el supuesto de

reincidencia, genera de forma automática un correo al Servicio de Inspección de la UNED.

Ello no supone la apertura de expediente disciplinario de oficio. Para dar inicio a éste es

necesario escrito del responsable docente, o del equipo docente, dirigido al Sr. Rector, instando

su apertura y la remisión adjunta de la documentación que acredite el hecho o circunstancias,

respecto de las cuales, se entiende debe abrirse expediente disciplinario".

|Nombre y Apellidos


La finalidad de estas actuaciones es prevenir un uso inadecuado de los foros, velar por el correcto

aprovechamiento de los medios tecnológicos de la Universidad y, en última instancia, promover un

contexto educativo adecuado para la UNED.

4. 2. Cronología de estudio

Algo debe decirse, aunque sea de forma puramente orientadora, de la cronología del estudio, dado

el poco tiempo del que dispone el alumno para preparar una asignatura tan amplia. Se trata de

indicaciones generales que, en ningún caso, deben ser tomadas como imperativas, puesto que cada

alumno debe seguir su ritmo de estudio, sin descuidarse, claro está. En todo caso, en este ámbito el

papel del tutor y el ritmo de estudio y trabajo que él indique será esencial.

En la herramienta “calendario” de la plataforma virtual se incluirá este mismo plan de trabajo y se

señalarán las convivencias en los diversos centros que realicemos los profesores de la asignatura, así

como la posible emisión de clases a través de Radio Nacional y Videoclases (que luego quedan

guardadas en la UNED: http://teleuned.uned.es/teleuned2001/html/). En el horario que esté previsto en

cada centro asociado tienen al tutor de la materia dispuesto a ayudarles en el estudio y marcarles un

ritmo de trabajo. Además, como ya conocen, los días señalados está disponible un profesor del área

en el teléfono de guardias y permanencias, con el fin de resolver dudas telefónicamente.

4. 3. Metodología del estudio y evaluación continua

Fundamentalmente, la metodología de estudio es preparar los epígrafes del programa de la

asignatura con la bibliografía básica y la legislación correspondiente. Asimismo, encontrará apoyo

complementario en el curso virtual, como y conforme a lo que se ha dicho.

Adicionalmente, el alumno podrá realizar una actividad de evaluación continua. De conformidad

con lo anteriormente indicado, el reparto de las horas de trabajo del alumno debería ser el siguiente:

– Trabajo con contenidos teóricos (tutorías, Alf, consulta de los materiales didácticos adicionales,

incluida la bibliografía básica): 20 %

– Realización de actividades prácticas bajo la supervisión del tutor (actividad de evaluación

continua, en su caso): 10 %

- Trabajo autónomo (fundamentalmente estudio de los contenidos y preparación del examen final):

70%

http://teleuned.uned.es/teleuned2001/html/



La evaluación continua se realizará a través de una prueba de evaluación a distancia, cuyo

contenido se expondrá en la plataforma Alf, a comienzo del curso, que podrá tener dos o más

partes, que preparará el Equipo Docente y será corregida por los Profesores Tutores en cada

centro asociado.

El proceso de evaluación será el siguiente:

– El equipo docente colgará la PEC en la Plataforma Alf antes de 1 de noviembre.

– Los profesores tutores apoyarán a los alumnos en lo relativo a la realización de la

misma.

– Hasta el 14 de diciembre los alumnos podrán enviar su PEC mediante la plataforma

Alf.

– Los profesores tutores deberán colgar las calificaciones antes del día 11 de enero,

fecha, a partir de la cual, se computarán los diez días para la solicitud de las revisiones

de las calificaciones de la PEC de los alumnos a los profesores tutores. Pasados esos

diez días, las calificaciones de la PEC que consten en la aplicación serán las que hagan

la media ponderada con la calificación del examen presencial, en su caso.

La realización de esta prueba de evaluación a distancia será voluntaria para los alumnos. Por tanto,

para aquellos alumnos que no realicen la prueba de evaluación continua, la calificación de la asignatura

coincidirá con la calificación del examen final. Por el contrario, si decidiera, además de hacer la prueba

presencial, realizar la PEC, el examen presencial constituirá el setenta y cinco por ciento de su

calificación final y la PEC representará un veinticinco por ciento de la calificación final. No obstante,

aunque se realizara la PEC, cualquiera que fuese su calificación, no se procederá a hacer esta media si

la calificación de la prueba presencial es inferior a 6.5 (Aprobado).

5. Los Exámenes

5. 1. El examen de la asignatura

El examen de la asignatura se realizará en los Centros Asociados, según el calendario y convocatorias previstos por la UNED, y tendrá una duración de UNA HORA Y MEDIA.

|Nombre y Apellidos


El examen (NACIONAL Y UNIÓN EUROPEA) constará de veinte (20) preguntas tipo test con tres (3) alternativas de respuesta, de las cuales el estudiante deberá marcar la que considere correcta –solo una es válida–. Tanto el examen nacional y Unión Europea de la convocatoria ordinaria –febrero– como de la extraordinaria –septiembre– tendrán el mismo formato. En el examen se incluirá una pregunta adicional (la número 21), que sólo será tenida en cuenta en el caso de que el equipo docente decidiera anular alguna de las 20 preguntas del examen. Para la realización de este tipo de examen se entregará un ejemplar del examen –cuestionario– y una hoja de lectura óptica, donde el estudiante deberá hacer constar, además de sus datos personales, las respuestas correspondientes. La evaluación de la prueba tipo test se hará teniendo en cuenta los resultados marcados en la hoja de lectura óptica. La calificación se expresa en una escala de 0 a 10. Las preguntas acertadas sumarán 0,5 puntos, las erróneas restarán 0,25 y las no contestadas no se calificarán. Es competencia del equipo docente de la asignatura evaluar las pruebas presenciales. Sin embargo, LOS EXÁMENES DE RESERVA, RESTO DE EXTRANJEROS Y CENTROS PENITENCIARIOS consistirán en dos preguntas de desarrollo a responder en un solo folio por ambas caras. LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE DICIEMBRE (ORIGINAL Y RESERVA) constarán de dos preguntas de desarrollo. No se permitirá utilizar en el examen material alguno.

El alumno puede presentarse en cualquiera de las dos semanas de exámenes de febrero, pero, en

ningún caso, puede examinarse en ambas, pues ello implicaría la calificación automática de No apto.

Asimismo no existen otros materiales fuera de la mencionada bibliografía básica, legislación y

documentación complementaria, que haya sido elaborada por este departamento y que sirva de soporte

seguro al contenido del programa expuesto.

5. 2. La revisión de los exámenes

En desarrollo de las “Normas de Revisión de Exámenes”, aprobadas por el Consejo de

Gobierno de la UNED, el 29 de junio de 2010, el Departamento de Derecho Administrativo, en su

Consejo de Departamento aprobó el 18 de abril de 2012 (BICI nº 29 de 7 de mayo de 2012) la

siguiente Normativa de Revisión de Calificaciones:



Artículo 1. Objeto.

1. La presente normativa tiene por objeto la regulación del procedimiento de revisión de las calificaciones otorgadas por los

equipos docentes del Departamento de Derecho Administrativo a los exámenes de las asignaturas adscritas al mismo y

realizados en las pruebas presenciales.

2. Quedan excluidas de este procedimiento las impugnaciones relativas a los enunciados y contenidos de las preguntas del

examen.

3. En el marco del procedimiento de revisión de calificaciones no se atenderán solicitudes de explicaciones de contenidos de

las asignaturas, ni peticiones de aclaraciones adicionales a la corrección de los exámenes, ni a las contestaciones de

revisiones.

Artículo 2. Medio de presentación de escritos de revisión. (Modificado por Reunión Consejo

de Departamento de 12 de junio de 2013)

1. Las solicitudes de revisión de calificaciones al profesor responsable de la corrección del examen y las reclamaciones a la

Comisión de Reclamaciones del Departamento se presentarán de la forma que establezca el equipo docente en la guía de

la asignatura.

2. En el caso de que el equipo docente establezca la dirección de correo electrónico de la asignatura como medio de

comunicación, se utilizará esta vía única y exclusivamente.

3. El Profesor que haya corregido el examen contestará las solicitudes de revisión utilizando la misma forma de

comunicación establecido para la presentación de dichas solicitudes.

Artículo 3. Plazo de presentación de solicitud de revisión de examen.

1. La solicitud de revisión de examen deberá hacerse en el plazo de 7 días naturales, contados a partir del día de la

publicación de la calificación en la Secretaría Virtual de la UNED (SIRA e Internet).

2. La solicitud de revisión deberá incluir todos los elementos que permitan la identificación del alumno: Nombre,

apellidos, NIF; y la localización del examen: Tipo de estudios (Grado, Licenciatura), Plan de estudios, Centro

Asociado en el que se realizó, semana o fecha de realización, etc.

Artículo 4. Motivación.

Las solicitudes de revisión de calificaciones y las reclamaciones ante la Comisión de Reclamaciones del Departamento

deberán expresar, sobre la base de las contestaciones recogidas en el examen y el contenido exacto que recogen los

materiales docentes, las razones que justificarían otra calificación. Las solicitudes de revisión y las reclamaciones a la

Comisión de Reclamaciones del Departamento que carezcan de motivación no serán admitidas.

Artículo 5. Resolución de la solicitud de revisión.

|Nombre y Apellidos


El profesor responsable de la revisión deberá contestar a la solicitud de revisión de forma motivada y ajustándose a los

criterios académicos de corrección establecidos por el equipo docente.

Artículo 6. Comisión de Reclamaciones del Departamento.

1. Contra las resoluciones de las solicitudes de revisión podrá presentarse reclamación ante la Comisión de Reclamaciones

del Departamento.

2. La reclamación deberá presentarse dentro del plazo de los 5 días naturales siguientes a la contestación de la primera

revisión a través del correo electrónico.

3. La Comisión de Reclamaciones del Departamento estará integrada por tres profesores titulares y uno suplente,

designados en cada Curso Académico por el Director del Departamento.

4. Si uno de los miembros de la Comisión de Reclamaciones fuese el profesor responsable de la contestación de la solicitud

de revisión, será sustituido por el miembro suplente.

5. Si el estudiante, en su solicitud a la Comisión de Reclamaciones del Departamento, pidiera la participación de la

representación de estudiantes, se solicitará, por medios telemáticos, informe a dicha representación. Este informe no podrá

entrar en la valoración técnica y académica de los contenidos del examen. A todos los efectos, este informe constituirá el

voto del representante de alumnos en la Comisión.

6. Las resoluciones de la Comisión de Revisión del Departamento serán notificadas por correo certificado con acuse de

recibo a los interesados.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

Las presentes normas serán de aplicación a partir del Curso Académico 2012/2013.

En la asignatura DERECHO ADMINISTRATIVO II, las solicitudes de revisión de exámenes y las

reclamaciones a la Comisión de Revisiones del Departamento deberán realizarse por escrito enviado al

equipo docente de la misma, por correo postal certificado con acuse de recibo. En beneficio del

alumno y para una mejor gestión de las reclamaciones, únicamente se aceptarán como válidas

aquellas solicitudes que se realicen por este medio. Por lo tanto, no se tendrán por presentadas ni

tendrán entrada efectiva a los efectos de contestación, aquellas solicitudes de revisión enviadas por

cualquier otro medio: correo electrónico, correos de la plataforma Alf, foros, o cualesquiera otros que

no sean el envío del escrito por correo postal.

En las solicitudes de revisión de exámenes podrán los alumnos incluir las posibles motivaciones que

tuvieran relativas a enunciados y/o respuestas correctas del examen tipo test.



La dirección postal a la que hay que dirigir las solicitudes de revisión de exámenes y reclamaciones a la

Comisión de Revisiones del Departamento será la siguiente:

EQUIPO DOCENTE DE DERECHO ADMINISTRATIVO II

FACULTAD DE DERECHO UNED

DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

C/OBISPO TREJO Nº2

28040 MADRID

¿El Derecho Administrativo, para qué?

Es tópico que como alumnos consideremos que cada profesor otorga a su asignatura la mayor

importancia respecto a las demás. Lo cierto es que, en el caso del Derecho administrativo, más allá de

las voluntades personales, la importancia cuantitativa de la presencia de las Administraciones Públicas

en la vida de los ciudadanos, es un hecho incuestionable.

Ese hecho requiere, desde cualquier posicionamiento, que el alumno conozca las herramientas que

el propio Derecho administrativo ofrece para ser Administración y/o para defenderse frente a su

actividad. De ahí la gran utilidad profesional del estudio del Derecho administrativo.

El conocimiento del Derecho administrativo ofrece una vertiente profesional de creciente

importancia en el ejercicio libre de la abogacía, tanto para el asesoramiento de la Administración y los

particulares, como en lo que se refiere a la formulación de toda clase de recursos administrativos y

contencioso-administrativos.

De otro lado, el conocimiento de las administraciones públicas y de su Derecho es cada vez más

imprescindible para hacer un papel mínimamente decoroso en la vida política y constituye una

exigencia inevitable, articulada a través de los programas de las oposiciones, para aspirar a una plaza de

funcionario en cualquiera de los múltiples cuerpos que sirven a las Administraciones públicas que,

como se estudiará en las lecciones de organización administrativa y empleo público, pueblan nuestro

país.

En cualquier caso, y por encima de estas consideraciones utilitaristas, el estudio de esta

asignatura, como el aprendizaje de cualquier rama del saber, debe constituir para el

universitario cabal un motivo bastante por sí mismo, una pasión que encuentra en el puro

conocimiento su satisfacción y justificación últimas, en la idea de que es cierto aquello de que

nos resta por vivir tanto cuanto nos queda por conocer. Por ello, el deseo de los Profesores

|Nombre y Apellidos


de Derecho administrativo, en cuyo nombre me honro en hablar, es que su estudio sirva a

nuestros alumnos para ganarse dignamente la vida, pero también para engendrar en ellos una

curiosidad apasionada por el conocimiento de las instituciones que nos gobiernan

III.

ORIENTACIONES AL ESTUDIO DE LOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR BLOQUE

TEMÁTICO

Primera parte. LOS ACTOS Y EL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

TEMA I. EL ACTO ADMINISTRATIVO (1). CONCEPTO CLASES Y

ELEMENTOS

A) Objetivos

- Aprender el concepto de acto administrativo.

- Conocer los distintos tipos de actos administrativos.

- Estudiar los elementos del acto administrativo.

B) Descripción del contenido

La Administración formaliza su actuación a través de los actos administrativos que revisten

múltiples modalidades y que pueden ser clasificados en función de diferentes criterios. Estos

actos administrativos, para que sean válidos, deben contener distintos elementos que se

estudian con detalle en esta lección.



C) Programa

1. Concepto y clases

2. Los actos políticos o de gobierno

3. Actos administrativos y potestad discrecional. Actos reglados y actos discrecionales.

4. Actos que no causan estado, actos firmes o consentidos y actos confirmatorios

5. Actos favorables y actos de gravamen

6. Actos expresos y actos presuntos por silencio administrativo

7. Los elementos del acto administrativo

8. El titular del órgano y la competencia

9. La causa y los presupuestos de hecho

10. Los móviles. La desviación del poder

11. El contenido y los elementos accidentales de los actos administrativos

12. Los elementos formales

13. Notificación y publicación del acto administrativo

D) Preguntas de autoexamen1

1) Los elementos accidentales de los actos administrativos son:

a) El término, la condición y el modo.

b) La condición y el modo.

c) La forma, la motivación y la notificación.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

2) La notificación de un acto administrativo deberá ser cursada

1 Estas preguntas son meramente orientativas y tienen como única finalidad ayudar a apreciar al alumno, una vez ha estudiado el correspondiente capítulo, si ha comprendido globalmente algunos aspectos capitales del mismo y, a través de ello, si conoce detalles concretos del capítulo y está capacitado para responderlos con exactitud. No son el modelo de preguntas que serán realizadas en el examen.

|Nombre y Apellidos


a) En el plazo de 15 días desde que el acto haya sido dictado.

b) Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

c) Dentro del plazo de 1 mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.


Solución:

La respuesta correcta a la pregunta 1) es la a).

La respuesta correcta a la pregunta 2) es la b).

TEMA II. EL ACTO ADMINISTRATIVO (2): EFICACIA Y

EJECUTORIEDAD

A) Objetivos

- Identificar en qué casos un acto administrativo produce efectos, y cuando se puede

suspender su eficacia.

- Aprender qué es la ejecutoriedad de los actos administrativos.

- Conocer los distintos medios de ejecución forzosa y sus límites.


Los actos administrativos están dotados de fuerza jurídica singular y producen efectos, con

carácter general, desde la fecha en que se dictan. Sin embargo, este principio sufre

excepciones bien, por demora de la eficacia, bien por la irretroactividad. Además, los efectos

de los actos se pueden interrumpir de forma transitoria (suspensión). Una característica de los

actos administrativos es que sus efectos se producen sin que sea necesario contar con el

concurso de los órganos judiciales, y con independencia del consentimiento o colaboración de

los obligados. Así, en el caso de que los actos administrativos no sean cumplidos de forma



voluntaria por sus destinatarios, la Administración puede llevar a la práctica su contenido en

contra de la voluntad de éstos. Los medios de ejecución forzosa son: el apremio sobre el

patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas.

No obstante, se pueden impugar en vía contencioso-administrativa los actos de ejecución

que vayan más allá de lo permitidos por el acto de cuya ejecución se trate.

C) Programa

1. La presunción de validez.

2. La eficacia de los actos administrativos. Demora en la eficacia e irretroactividad

3. La ejecutoriedad de los actos administrativos.

4. La configuración histórica del privilegio de decisión ejecutoria en el Derecho español.

5. La colaboración judicial en la ejecución de los actos administrativos.

6. Cuestionamiento constitucional.

7. Suspensión de efectos del acto administrativo.

8. Los medios de ejecución forzosa.

9. Límites y control judicial de los actos de ejecución. Su recurribilidad: tercerías de

dominio e impugnación contenciosa

D) Preguntas breves de autoexamen

1) En vía de revisión de oficio …

a) El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando

éste pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) No se podrá suspender nunca la ejecución del acto.

c) El órgano competente para resolver deberá suspender la ejecución del acto

cuando lo solicite el administrado.

d) El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto siempre

que lo estime conveniente.

|Nombre y Apellidos


2) La compulsión directa sobre las personas

a) Se permite para la ejecución de actos administrativos que impongan una

obligación personalísima de hacer o soportar.

b) Se permite para la ejecución de cualquier acto administrativo.

c) Está prohibida por la LPA


Solución:

La respuesta correcta a la pregunta 1) es la a). Artículo 104 LPA

La respuesta correcta a la pregunta 2) es la a). Artículo 100.1 LPA

TEMA III. EL ACTO ADMINISTRATIVO (3): INVALIDEZ, ANULACIÓN Y

REVOCACIÓN

A) Objetivos

- Aprender las características de la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, y saber

diferenciar entre ambas.

- Conocer en qué consiste la convalidación, la incomunicación, la conversión y la revocación

de los actos administrativos, así como la rectficación de errores materiales y aritméticos.




La invalidez es una situación patológica del acto administrativo caracteriada porque faltan o

están viciados algunos de sus elementos. Entre las categorías de invalidez de los actos

administrativos encontramos la nulidad de pleno derecho, la anulabilidad y la irregularidad no

invalidante.

C) Programa

1. La invalidez y sus clases

2. La inexistencia

3. La nulidad de pleno derecho. Análisis de los supuestos legales

4. La imprescriptibilidad de la acción de nulidad de pleno derecho

5. Anulabilidad e irregularidad no invalidante

6. El principio de restricción de la invalidez: convalidación, incomunicación y conversión

7. La anulación por la Administración de los actos inválidos. El proceso de lesividad.

8. La revocación de los actos administrativos

9. La rectificación de los errores materiales y aritméticos.

D) Preguntas de autoexamen

1) Un acto administrativo se se dicta prescindiendo del procedimiento legalmente establecido

a) Es válido y produce todos sus efectos.

b) Es anulable

c) Es nulo de pleno derecho

|Nombre y Apellidos


d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

2) Un acto administrativo que contiene un error aritmético, ¿puede ser rectificado por la Administración?

a) Sólo cuando lo soliciten los interesados.

b) Si, la Administración lo podrá rectificar en cualquier momento

c) La Administración está obligada a rectificar de oficio cualquier error aritmético

d) La Administración no podrá rectificar los actos administrativos que haya dictado siguiendo el

procedimiento previsto en la Ley.

Solución:

La respuesta correcta a la pregunta 1) es la c). Artículo 62.1.e) LPA

La respuesta correcta a la pregunta 2) es la b). Artículo 105.2 LPA

TEMA IV. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Objetivos

- Conocer qué es el procedimeito administrativo, sus clases, las fases en las que se estructura,

los principios por los que se rige y los sujetos que intervienen en el mismo.


Los actos administrativos que se estudian en las lecciones anteriores se dictan por la

Administración tras seguir escrupulosamente el procedimiento administrativo establecido en

la Ley. Se trata de una garantía tanto para los administrados como para los operadores



jurídicos en general, puesto que la Administración debe ajustar su actividad a las leyes y

reglamentos dictados en desarrollo de éstas, lo que hace que esta actuación sea previsible y

esté sometida a unas pautas. En esta lección se analizan las clases de procedimiento

administrativo, los principios que rigen el procedimiento, sus fases y los sujetos que

intervienen en el mismo.

C) Programa

1. Significado y origen del procedimiento administrativo

2. La regulación del procedimiento administrativo. Antecedentes, contenidos, ámbito de

aplicación y desarrollo reglamentario.

3. Clases de procedimiento administrativo

4. Los sujetos en el procedimiento administrativo. El titular de la competencia.

Abstención y recusación.

5. Los interesados en el procedimiento administrativo. Capacidad, representación y

asistencia técnica

6. Principios y cuestiones básicas del procedimiento administrativo.

7. La iniciación del procedimiento.

8. Tramitación e instrucción



1) El trámite de audiencia

a) Es un trámite obligatorio del procedimiento adminsitrativo del que no se puede

prescindir en ningún caso, pues su omisión produce indefensión de los interesados.

b) Es un trámite obligatorio del que sólo se podrá prescindir cuando no figuren en el

procedimeinto ni sean tenidos en cuanta en la resolución otros hechos ni otras

alegaciones y prouebas que las aducidas por el interesado.

|Nombre y Apellidos


c) Es un trámite del que se puede prescindir cuando lo solicite alguno de los

interesados.

e) No es obligatorio y se puede prescindir de él cuando la Administración lo estime

conveniente.

2) Juan Gómez y Laura Gil solicitan conjuntamente una licencia de obras al Ayuntamiento X .

Posteriormente, Juan Gómez desiste de su solicitud.

a) El desistimeinto sólo afecta a Juan, y no así a la solicitud de Laura.

b) A haber desistido Juan, los efectos del desistimiento se extienden también a la

solicitud de Laura.

c) Al haber sido formulada la solicitud por Juan y Laura conjuntamente, Juan por su

cuenta no podrá desistir de la solicitud.

d) Cuando se solicita una licencia, los interesados no pueden desistir.

Solución:

La respuesta correcta a la pregunta 1) es la b). Artículo 84.4) LPA

La respuesta correcta a la pregunta 2) es la a). Artículo 90.2 LPA

SEGUNDA PARTE. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

TEMA V. LAS FORMAS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. LA

ACTIVIDAD DE POLICÍA O LIMITACIÓN.

A) Objetivos

- Distinguir entre las distintas clases de actividad administrativa



- Conocer los principios a los que se sujeta la actividad adminsitrativa: legalidad,

igualdad, proporcionalidad, buena fe, confianza legítima e interés público.

- Aprender en qué consiste la actividad adminsitrativa de limitación.

- Conocer en qué consiste la autorización administrativa, la declaración responsable, la

comunicación previa , y las órdenes, mandatos y prohibiciones.


En esta lección y en las siguientes se analizan las diferentes formas de la actividad

administrativa en el cumplimiento de los fines que tiene asignados, y sus diferentes regímenes

jurídicos. Atendiendo al efecto que la actividad administrativa causa en la libertad y derechos

de los particulares se distingue entre la actividad de policía o limitación, que restringe la

libertad, los derechos o la actividad de los particulares; la actividad de fomento o

incentivadora, que estimula mediante diversos premios o apoyos el ejercicio o actividad de

éstos para que la orienten al cumpomiento de diversos fines de interés general; y la de

prestación o servicio público, por la que la Administración suministra prestaciones a los

particulares. Otro tipo de actividad administrativa es la sancionadora. Por último,

analizaremos la actividad arbitral de la Administración como actividad de mediación entre los

intereses y derechos de los particulares.

En este tema se parte del análisis de los principios que condicionan toda la actividad

adminsitrativa y se estudia en profundidad la actividad administrativa de limitación o de

policía como forma de intervención mediante la cual la Adminsitración restringe la libertad o

derechos de los particulares, pero sin sustituir con su actuación la actividad de éstos.

C) Programa

1. Las clases de la actividad administrativa.

2. Los principios que condicionan la actividad administrativa.

3. La actividad administrativa de limitación

4. Los grados de limitación en la libertad y derechos de los particulares

|Nombre y Apellidos


5. Las técnicas de la actividad de limitación.

6. La autorización

7. Declaración responsable y comunicación previa.

8. Ordenes, mandatos y prohibiciones.


1) Una licencia de obras es…

a) Una concesión adminsitrativa

b) Una autorización administrativa

c) Una comunicación previa

d) Un mandato.

2) Dentro de qué tipo de actividad adminstrativa encuadraría una inspección sanitaria

a) Dentro de la actividad adminsitrativa arbitral

b) Dentro de la actividad administrativa de servicio público

c) Dentro de la actividad administrativa de fomento.

d) Dentro de la actividad adminsitrativa de limitación.

Solución:



La respuesta correcta a la pregunta 1) es la b).

La respuesta correcta a la pregunta 2) es la d).

TEMA VI. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FOMENTO.

A) Objetivos

- Conocer en qué consiste la actividad adminsitrativa de fomento.

- Estudiar la subvención.


En esta lección se estudia la actividad adminsitrativa de fomento como forma de

intervención administrativa que consiste en dirigir la acción de los particulares hacia fines de

interés general mediante el otorgamiento de incentivos diversos. Ejemplo de ello es la

subvención, que analizaremos de forma detallada: concepto, naturaleza jurídica, gestión

indirecta, procedimeinto de otrogamiento, obligaciones del beneficiario, reitegro, control y

sanciones.

C) Programa

1. Concepto y evolución de la actividad de fomento.

2. Las modalidades de la actividad de fomento y su naturaleza reglada.

3. Los incentivos económicos

4. La subvención.

5. La gestión indirecta de las subvenciones.

6. El procedimiento de otorgamiento de las subvenciones.

|Nombre y Apellidos


7. La relación de subvención: anulación, modificación, obligaciones del beneficiario y

reintegro.

8. Control y sanciones.

9. Subvención y Derecho Comunitario.

E) Preguntas de autoexamen

1) Juan Ruiz recibe una subvención pero la destina a finalidades distintas de las previstas en su

otorgamiento. ¿Qué consecuencias tendría esto?.

a ) La obligación de reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora

legal del dinero incrementado un 25% desde ek ninebti del pago de la subvención.

b) La obligación de reintegro de las cantidades percibidas.

c) Juan sería sancionado por no destinar la subvención a las finalidades previstas en el

otorgamiento, pero no tendría que devolver las cantidades percibidas.

e) No tendría ninguna consecuencia.

2) Emilio Rodríguez obtiene una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión.

Esta actuación constituiría …

a) Una infracción muy grave

b) Una infracción grave

c) Una infracción leve

d) La actuación sería lícita y no constituiría ninguna infracción.

Solución:





TEMA VII. ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN O SERVICIO PÚBLICO.

A) Objetivos

- Estudiar el concepto de actividad de prestación o servicio público y su régimen

jurídico.

- Conocer las distintas formas de gestión de los servicios públicos; la relación de

prestación entre la Administración, el concesionario y el particular; y los servicios

púbicos impropios o actividades privadas reglamentadas.

B) Descripción general

La actividad adminsitrativa de prestación o de servicio público es aquella en que la

Adminsitración satisface directamente una necesidad pública mediante la prestación de un

servicio a los administrados. Se estudia en esta lección la relación entre la Administración que

desempeña la actividad administrativa de prestación o el concesionario que en nombre de ella

actúa y el particular, beneficiario de la misma. También se analizan las distintas formas de

gestión de los los servicios públicos y los servicio públicos impropios o actividades privadas

reglamentadas. Por último, se examina el modelo europeo de los servicios de interés

económico general, y el proceso de desvirtualización en España del régimen de los servicios

públicos económicos en sectores como el postal, el eléctrico, el de las telecomunicaciones, el

de los hidrocarburos y el del gas.

B) Programa

.

1. La actividad de prestación o de servicio público

2. Las fronteras entre la actividad de prestación y la actividad privada en la

Constitución.

3. El régimen de servicio publico tradicional. Principios generales.

|Nombre y Apellidos


4. La relación de prestación. El estatus de los usuarios de los servicios públicos.

5. Las formas de gestión de los servicios públicos.

6. El modelo europeo de los servicios de interés económico general y el

desmantelamiento de los servicios públicos económicos.

7. Los servicios públicos impropios o actividades privadas reglamentadas.


1) ¿Existe un derecho a exigir el establecimiento de un servicio púbico?

a) No, en ningún caso.

b) Si. Los ciudadanos pueden exigir a la Administración el establecimiento de un servicio público

que estimen necesario.

c) Sólo es exigible cuando la Ley lo haya prescrito con carácter obligatorio.

d) Sólo es exigible en algunos ámbitos.

2) Además del deber de observar las normas de funcionamiento del servicio público, ¿cuál es la principal obligación del

usuario?.

a) Satisfacer la contraprestación económica en el caso de que el servicio no fuera gratuito.

b) Satisfacer siempre la contraprestación económica, ya que el servicio público no puede ser

gratuito.

c) El usuario no tiene ninguna obligación más.


Solución:

La respuesta correcta a la pregunta 1) es la c).




TEMA VIII. LA ACTIVIDAD SANCIONADORA.

A) Objetivos

- Estudiar la actividad sancionadora de la Administración, su fundamento constitucional,

sus límites y los principios por los que se rige.

- Conocer el régimen de las sanciones administrativas.

- Estudiar el procedimiento sancionador.


En este tema vamos a estudiar la actividad adminsitrativa sancionadora de la

Administración, que parte de la existencia de una infracción o conducta antijurídica del

destinatario de la sanción. Comenzaremos con el análisis del fundamento constitucional y

límites de la potestad sancionadora para centrarnos después en el estudio de diversos aspectos

de la misma como, por ejemplo, el procedimiento sancionador y los principios non bis in

idem y nulla poena sine iudicio.

C) Programa

1. Fundamento constitucional y límites de la potestad sancionadora

2. El principio de legalidad y sus manifestaciones: Reserva de la ley y tipicidad.

3. La responsabilidad y la culpabilidad en las infracciones administrativas. La

responsabilidad de las personas jurídicas.

4. Concepto, clases y graduación de las sanciones administrativas.

5. La responsabilidad civil derivada de las infracciones administrativas.

6. La extinción de las infracciones y las sanciones administrativas.

7. El principio non bis in idem y la subordinación de la potestad sancionadora

administrativa a la jurisdicción penal.

8. El Derecho constitucional a las garantías procesales y la actividad administrativa

sancionadora.

9. El procedimiento sancionador.

|Nombre y Apellidos


10. El principio nulla poena sine iudicio y la ejecutoriedad de los actos sancionadores de

la Administración.


1ª) Según el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en un procedimiento

sancionador, ¿se pueden adoptar medidas provisionales?

a) Si, el órgano competente para resolver podrá acordar, en cualquier momento del

procedimiento, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la

eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el

mantenimiento de los efectos de la insfracción y las exigencias de los intereses generales.

b) No. En ningún caso se podrán adoptar medidas de carácter provisional

c) Si, cuando se estime conveniente por el órgano competente para resolver , se podrán adoptar

medidas de carácter provisional


2) Dentro de qué clase de actividad administrativa encuadraría una multa de tráfico

a) Actividad adminsitrativa arbitral

b) Actividad administrativa de fomento

c) Actividad administrativa de prestación o servicio público

d) Actividad sancionadora.

Solución:

La respuesta correcta a la pregunta 1) es la a). Artículo 15 del Real Decreto

1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.




TEMA IX. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ARBITRAL.

A) Objetivos

- Estudiar la actividad administrativa arbitral y su régimen.

- Diferenciarla de la actividad de la Administración cuando actúa en funciones de

arbitraje por el cauce de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje.


La Administración puede estar investida por la Ley de la potestad de resolver conflictos

entre terceros, entre los administrados sobre derechos privados o administrativos bajo el

control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Es precisamente esta actividad arbitral

la que se estudia en esta lección, en la que se presta especial atención a su régimen.

C) Programa

1. Arbitraje y Administración Pública.

2. La actividad arbitral de la Administración.

3. La presunta inconstitucionalidad de la actividad administrativa arbitral y la dualidad

de sus manifestaciones.

|Nombre y Apellidos


4. El régimen de la actividad administrativa arbitral.

5. La actividad de la Administración en el arbitraje voluntario en el Derecho privado.


1) Cuando la Administración actúa en funciones de arbitraje por el cauce de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de

Arbitraje…

a) Realiza una actividad administrativa arbitral

b) Realiza una actividad administrativa de fomento.

c) Realiza una actividad administrativa de servicio público.


2) Cuando la Adminsitración, a través del Jurado de Expropiación, determina el montante del justiprecio que un

particular beneficiario de la expropiación ha de pagar a otro particular expropiado

a ) Realiza una actividad administrativa arbitral

b) Realiza una actividad de servicio público

c) Realiza una actividad de fomento.


Solución:



TERCERA PARTE. EL SISTEMA GARANTIZADOR DEL DERECHO

ADMINISTRATIVO



TEMA X. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

A) Objetivos

- Aprender qué es un recurso adminsitrativo, y el procedimiento de tramitación y

resolución.

- Conocer las distintas clases de recursos administrativos.

- Aprender qué es una reclamación económico-adminsitrativa, y en qué consisten las

reclamaciones previas al proceso civil y laboral.


Los recursos administrativos son instituciones que permiten que la Administración

identifique vicios en sus actos administrativos antes de que el ciudadano acuda a la vía

judicial. En esta lección se estudian las distintas clases de recursos (recurso de alzada, recurso

potestativo de reposición y recurso de revisión), y el procedimiento de tramitación y

resolución. También se analizan las reclamaciones económico-administrativas y las

reclamaciones previas al proceso civil y laboral.

C) Programa

1. Los recursos administrativos

2. Clases de recursos

3. El procedimiento de tramitación y resolución de los recursos administrativos

4. Revisión e impugnación de actos y sanciones tributarias. Las reclamaciones económico-

administrativas.

5. Las reclamaciones previas al proceso civil y laboral


1) ¿Qué recurso cabe interponer contra el acto que resuelve un recurso de alzada?

|Nombre y Apellidos


a) Únicamente recurso de reposición.

b) No cabría ningún otro recurso adminsitrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los

casos legalmente establecidos.

c) Recurso de reposición y recurso contencioso-administrativo.


2) El plazo para interponer un recurso de alzada contra una resolución expresa es de…

a) 15 días.

b) Un mes.

c) Dos meses.

d) 10 días.

Solución:

La respuesta correcta a la pregunta 1) es la b). Artículo 115.3 LPA.

La respuesta correcta a la pregunta 2) es la b). Artículo 115.1 LPA.

TEMA XI. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

A) Objetivos

- Adquirir una visión general sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- Conocer el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Adminsitrativa, los órganos que la

integran y su compentencia, el objeto del recurso y las partes que intervienen en el

proceso.




La Jurisdicción Contencioso-Administrativa tiene por objeto controlar la potestad

reglamentaria y la legalidad de la actividad adminsitrativa, así como el sometimiento de ésta a

los fines que la justifican. Se trata de un orden jurisdiccional integrado dentro del sistema

judicial, y ejerce este control a través de un conjunto de cauces procedimentales que recibe la

denominación de proceso (o recurso) contencioso-administrativo. En esta lección

estudiaremos el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los órganos que la

integran y su competencia, las partes en el proceso, y el objeto del recurso.

C) Programa

1. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Los modelos orgánicos de Justicia administrativa.

3. Ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4. Los órganos jurisdiccionales.

5. Las partes en el proceso contencioso-administrativo.

6. Objeto del recurso.


1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocerá…

a) Todo acto jurídico de una Administración.

b) Los conflictos de competencias entre el Congreso de los Diputados y el Consejo General del

Poder Judicial

c) Los reglamentos emanados del Gobierno.


2) ¿En qué casos es admisible el recurso contencioso-administrativo contra disposiciones de carácter general?

a) En ningún caso.

|Nombre y Apellidos


b) En todos los casos, salvo cuando se desarrollen directamente preceptos constitucionales, en

cuyo caso se deberá interponer el recurso de inconstitucionalidad.

c) En todos los casos

d) Sólo en los casos en los que lo diga expresamente la Ley.

Solución:

La respuesta correcta a la pregunta 1) es la c). Artículo 1.1 LJCA.

La respuesta correcta a la pregunta 2) es la c). Artículo 25.1 LJCA.

TEMA XII. EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

A) Objetivos

- Conocer el procedimiento contencioso-administrativo de primera o única instancia.

- Conocer el procedimiento abreviado.

- Estudiar el sistema de recursos: súplica, apelación, casación y revisión.

- Aprender cuáles son los procedimientos especiales previstos en la LJCA.

- Conocer la regulación de las medidas cautelares en la LJCA.

- Estudiar la ejecución de sentencias contencioso-administrativas.


La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula, por un lado, un

procedimiento común de primera o única instancia, que responde básicamente a un patrón

revisor, pero con diversas matizaciones según el tipo de pretensión ejercitada y, por otro lado,

un procedimiento abreviado para procedimientos de menor entidad. También contempla la

Ley tres procedimientos especiales aplicables a materias concretas: protección de derechos

fundamentales, la cuestión de ilegalidad y la impugnación de acuerdos previamente

suspendidos de corporaciones o entidades públicas. Con el fin de asegurar la efectividad de la



sentencia, la LJCA prevé la posibilidad de la adopción de medidas cautelares que podrán

solicitar los interesados en cualquier momento del proceso. Asímismo, la LJCA dispone un

sistema de recursos que tiene en cuenta, para asignar el tipo que corresponda a cada

impugnación, la diversa importancia del acto judicial impugnado (providencia, auto o

sentencia), y la naturaleza y cuantía del objeto del proceso. Los recursos previstos en la Ley

son: el recurso de súplica, el recurso de apelación, el recurso de casación, y el recurso de

revisión. Por último, estudiaremos en esta lección la ejecución de sentencias contencioso-

administrativas.

D) Programa

1. El proceso contencioso administrativo como un proceso revisor o de apelación y

sus insuficiencias

2. Medidas cautelares. La suspensión de efectos del acto recurrido

3. El procedimiento contencioso administrativo de primera o única instancia


5. El procedimiento abreviado.

6. El sistema de recursos

7.- Los diversos recursos de casación y la revisión.

8.- Ejecución de sentencias.

9.- Procesos especiales


1) ¿Cómo iniciaría usted el procedimiento por el que se procede a impugnar en vía contencioso-administrativa una

multa de 300 euros?

a) Por demanda.

|Nombre y Apellidos


b) Por escrito de interposición.

c) Por escrito de solicitud de apertura del procedimiento.


2) El recurso de …. se interpone ante el propio órgano jurisdiccional autor de la resolución, quien igualmente lo

resuelve.

a) Súplica

b) Apelación

c) Casación

d) Revisión.

Solución:

La respuesta correcta a la pregunta 1) es la a). Artículo 78 LJCA.




IV

GLOSARIO

GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

(DERECHO ADMINISTRATIVO II)

Actos de gravamen.-

Son aquéllos que limitan la libertad o los derechos de los administrados o bien les imponen sanciones.

Por ello, el ordenamiento exige para su emisión determinadas garantías a favor e los beneficiados,

siendo inexcusable el trámite de audiencias del interesado y la motivación, sin que en ningún caso

pueda reconocérseles efecto retroactivo.

Actos favorables.-

Los que amplían la esfera jurídica de los particulares. Son actos fáciles de dictar pero difíciles de anular

o revocar. Por ello no necesitan motivación respecto de sus destinatarios ni, en principio, apoyarse en

normas con rango de ley. Excepcionalmente pueden ser retroactivos. Sin embargo, no pueden ser

revocados sino a través de procedimientos formalizados.

Actos nulos de pleno derecho.-

Es aquél , que por estar afectado de un vicio especialmente grave, no debe producir efecto alguno

(este vicio está detallado en el art. 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común).

Actos presuntos.-

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado es el silencio positivo, es decir, estimatorio

de la pretensión. En los procedimientos iniciados de oficio, normalmente limitativos de derecho

sancionadores, el escenario es distinto y no se prestan a la técnica del acto presunto positivo, aunque

sí a la caducidad. Además, si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el

reconocimiento, o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas

individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus

pretensiones por silencio administrativo.

|Nombre y Apellidos


Actos que no causan estado.-

Son aquéllos que no expresan de manera definitiva la voluntad de la organización administrativa en

que se producen, porque contra los mismos puede y debe interponerse un recursos ante el superior

jerárquico del órgano que los dictó o ante otro órgano, antes de acudir a la vía judicial.

Actos reproductorios y confirmatorios.-

Son aquéllos que reiteran, por reproducción o por confirmación, otros anteriores firmes y

consentidos.

Alegaciones.-

Son afirmaciones de conocimiento de hechos y razonamientos jurídicos , en su caso, que formulan

los interesados en cualquier momento del procedimiento, y siempre con anterioridad al trámite de

audiencia. Asimismo, podrán aportar documentos y otros elementos de juicio.

Apremio sobre el patrimonio.-

Es el procedimiento más generalizado de ejecución de los actos administrativos. Se aplica al cobro de

toda suerte de débitos que obligue al pago de una cantidad líquida.

Audiencia al interesado.-

Una vez instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución,

habrá de poner el expediente de manifiesto a los interesados para que éstos puedan alegar y presentar

los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Autorización.-

Acto de control reglado que determina si se cumplen las exigencias legales o reglamentarias previstas

en la norma (en la licencia de construcción, por ejemplo, la adecuación del proyecto a los planes de

urbanismo; en el permiso de conducir, que se reúnen los conocimientos y aptitudes suficientes para

ello, en la licencia de armas que el solicitante está en situación de riesgo objetivo, etc.

Caducidad.-

Es una causa de terminación del procedimiento por la falta de actividad en éste. No obstante, el

procedimiento puede seguir, si hubiere terceros interesados o la cuestión objeto del procedimiento

afectase al interés general.

Compulsión sobre las personas.-

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, permite el empleo de la compulsión directa sobre las personas, para la ejecución de actos

administrativos que impongan una obligación personalísima de hacer o soportar.

Contenido de los actos administrativos.-

Se refiere a la causa jurídica, al decir que se ajustará a lo dispuesto en el Ordenamiento jurídico, y por

otro, alude la causa natural al prescribir, además, que dicho contenido será determinado y adecuado a



los fines de aquéllos, prohibiendo, en consecuencia, los motivos de interés privado como finalidad de

los actos administrativos.

Desestimiento.-

El procedimiento puede terminar, antes de llegar a su fin, por desistimiento; es decir, porque el

interesado desista de su petición o instancia, lo que viene a significa el apartamiento del

procedimiento, pero no la renuncia del derecho ejercitado a través de él.

Desviación del poder.-

Utilización del poder jurídico con una finalidad antisocial y malintencionada, en sentido diverso del

querido por el legislador al atribuir la potestad. Los efectos derivados de la apreciación del abuso del

derecho y de la desviación del poder son por ello en cierto modo análogos, pues el abuso del derecho

dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o

administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Días hábiles.-

Inhábiles lo son los domingos y los días declarados festivos, a cuyo efecto la Administración General

del Estado y las Comunidades Autónomas en su respectivo ámbito fijarán al comienzo de cada añ el

correspondiente calendario.

Ejecución de sentencias en el proceso Contencioso-Administrativo.-

Corresponde al órgano administrativo que hubiera realizado la actividad objeto del recurso mediante

una orden del juez.

Ejecución subsidiaria.-

Consiste en la realización de la conducta que el acto impone, bien por la Administración misma o a

través de las personas que determinen, en todo caso, a costa de lo obligado. Este medio se aplica a los

actos que por no ser personalísimos pueden ser realizados por sujeto distinto al obligado.

Ejecutoriedad de los actos administrativos.-

La “ejecutividad”, “ejecutoriedad”, “privilegio de decisión ejecutoria” o “acción de oficio”, “autotutela

ejecutiva”, son términos con los que indistintamente se designa la cualidad del acto administrativo de

producir todos sus efectos contra la voluntad de los obligados, violentando su propiedad y libertad si

preciso fuere. Esta cualidad es la que realmente separa y distingue los actos administrativos de los

actos privados que necesitan del apoyo judicial para tomar sobre otro sujeto medidas ejecutorias,

alterando situaciones posesorias. En otras palabras, la Administración puede “tomarse” la justicia

por su mano” (cobrar un impuesto o una multa, por ejemplo) mientras que los particulares deben

acudir al Juez para imponer sus derechos sobre terceros cuando éstos no cumplen sus obligaciones

|Nombre y Apellidos


voluntariamente.

Elementos subjetivos de los actos administrativos.-

Lleva a considerar la competencia de que está investido como el elemento fundamental. Ésta se define

como la aptitud que se confiere a un órgano de la Administración para emanar determinados actos

jurídicos en nombre de ésta.

Forma de declaración de los actos administrativos.-

Los actos administrativos se producirán o consignarán por escrito cuando su naturaleza o

circunstancias no exijan otra forma más adecuada de expresión o constancia.

Incompetencia manifiesta (para dictar actos administrativos).-

La más grave, que la doctrina considera como incompetencia absoluta, sería la falta de competencia

ratione materiae. También se considera incompetencia absoluta la falta de competencia territorial.

Informes.-

Son actuaciones administrativas a cargo, normalmente, de órganos especializados que sirven para

ilustrar al órgano decisor.

Iniciación del procedimiento administrativo.-

El procedimiento administrativo se inicia de oficio, o a petición o denuncia de un particular o de otra

Administración Pública.

Instrucción del procedimiento administrativo.-

Necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales

deba pronunciarse la resolución.

Interesados en el procedimiento administrativo.-

Quienes instan el procedimiento pretendiendo algún beneficio como quienes en general pueden

resultar perjudicados por él.

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.-

Constituida por los Juzgados y los Tribunales del orden Contencioso-administrativo que conocerán de

las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas

sujetas al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los

Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.



Medidas cautelares en el proceso Contencioso-Administrativo.-

La justicia cautelar forma parte del Derecho a la tutela efectiva, por lo que la adopción de medidas

provisionales que permitan asegurar el resultado del proceso no debe contemplarse como una

excepción, sino como facultad que el órgano judicial puede ejercitar siempre que resulte necesario.

Por ello la suspensión de efectos de la disposición o acto recurrido no puede constituir ya la única

medida cautelar posible. La Ley introduce en consecuencia la posibilidad de adoptar cualquier medida

cautelar, incluso las de carácter positivo. No existen para ello especiales restricciones, dado el

fundamento común a todas las medidas cautelares. Corresponderá al Juez las que fuesen necesarias.

Móviles del acto administrativo.-

Expresan el fin que se propone el autor del acto, es decir, el sentimiento o deseo que realmente le

lleva a ejercitar la competencia (motivo o fin específico).

Notificación de los actos.-

La comunicación de los actos administrativos a los interesados se actúa por medio de la notificación.

La notificación es una comunicación singular a persona o personas determinadas (a partir de ella se

producen los efectos).

Objeto del recurso Contencioso-Administrativo.-

Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración

Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos

deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones

materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.

Órdenes (Actos administrativos desfavorables).-

Actos por los que la Administración, sobre la base de una potestad de supremacía, hace surgir a cargo

de un sujeto un deber de conducto positivo (mandato) o negativo (prohibición), cuya inobservancia

expone al obligado a una sanción en caso de desobediencia (LANDI y POTENZA).

Presunción de validez.-

El Tribunal Supremo denomina esta cualidad de los actos administrativos “presunción de validez”,

“presunción de legitimidad” y “presunción de legalidad”, queriendo significar que la actividad de la

Administración se ajusta por principio a Derecho.

|Nombre y Apellidos


Procedimiento administrativo.-

Es el conjunto de actuaciones preparatorias y conducentes al acto o resolución final cuya finalidad es

asegurar el acierto y la eficacia de la Administración, además de garantizar los derechos y libertades de

los particulares. El procedimiento es por ello un requisito esencial.

Publicación.-

Es necesaria cunado el acto administrativo se dirige a un colectivo de personas o singulares pero en

paradero desconocido.

Prueba.-

La prueba es la actividad que se desarrolla en el procedimiento para acreditar la realidad de los hechos

y, en su caso, la vigencia y existencia de las normas aplicables.

Reclamaciones económico-administrativas.-

No son sino los recursos administrativos en materia tributaria que se rigen por un cuerpo normativo

específico, actualmente constituido por los artículos de la Ley General Tributaria. La Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ha respetado

este régimen especial de la revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria, al cual se

remite en su Disposición Adicional quinta.

Reclamaciones previas al proceso civil y laboral.-

Los conflictos que se originan cuando la Administración actúa en relaciones de Derecho privado se

sustancian ante la Jurisdicción civil y laboral.

La reclamación previa es una técnica sustitutiva del juicio de conciliación previo a los procesos civiles.

Es un requisito previo al ejercicio de toda clase de acciones fundadas en el Derecho privado o laboral

contra el Estado y Organismos Autónomos, lo que, igualmente, hay que entender referido a las

Comunidades Autónomas, a los Entes locales y a los organismos públicos de ellos dependientes.

Recurso de alzada.-

Recurso jerárquico, en cuanto permite al órgano superior corregir la actuación del inferior y al tiempo

precisar que el acto eventualmente recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa lo es

realmente de la cúspide que encarna la voluntad de la Administración, por haber agotado la vía

administrativa.

Recurso de reposición.-

Este recurso que con carácter potestativo se puede interponer contra los actos que agiotan la vía

administrativa y antes de recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Recurso de revisión.-

Es un recurso extraordinario que se interpone contra actos firmes y consentidos y se resuelve por el

mismo órgano administrativo que los dictó.

Recursos administrativos.-

La declaración de invalidez de los actos administrativos puede llevarse a cabo por la propia

Administración a través de resolver los recursos que contra ellos interpongan los interesados. Se trata

de abrir una primera vía de revisión de la actividad administrativa ante la propia Administración a

instancia de los interesados lesionados en sus derechos o intereses e impedir que la Administración

resulte enjuiciada sorpresivamente ante los Tribunales, otorgándole un plazo de reflexión y una

oportunidad de corregir sus actos inválidos.

Renuncia.-

La renuncia implica la declaración de abandono del derecho, pretensión o interés del procedimiento

que se había ejercitado, razón por la cual el procedimiento mismo deja de tener sentido.

Resolución expresa (Terminación normal del Procedimiento Administrativo).-

Es el acto administrativo, propiamente dicho, que implica una manifestación de voluntad que, según

el principio de congruencia, decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas

otras derivadas del mismo en un procedimiento.

Revocación de los actos administrativos.-

Equivale a su eliminación o derogación por motivos de oportunidad o de conveniencia

administrativa. El acto es perfectamente legal, pero ya no se acomoda a los intereses públicos a la

Administración decide dejarlo sin efecto.

Sanción administrativa.-

Cualquier mal infringido por la Administración a un administrado como consecuencia de una

conducta ilegal a resultas de un procedimiento administrativo y con una finalidad puramente

represora. (SUAYS).

Sentencia (en el proceso Contencioso-Administrativo).-

La sentencia en el recurso se desestimará cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o

actuación impugnados. Por el contrario se estimará cuando incurrieran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

En principio, la sentencia sólo produce efectos entre las partes, pero si se trata de una disposición

general los tendrá erga omnes.

La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica

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individualizada sólo produce efectos entre partes. No obstante, es posible, y con muchas cautelas, la

extensión de los efectos de una sentencia en materia tributaria y de personal a terceros.

Servicios públicos impropios.-

Actividades administrativas reglamentadas o disciplinadas, el servicio de taxis, la enseñanza privada, la

banca, las farmacias, etc.

Servicios públicos uti uiversi.-

Prestaciones de interés general que los ciudadanos reciben del Estado conectadas directamente a la

soberanía, como la Justicia, la defensa nacional, la seguridad pública , las relaciones internacionales.

Servicios públicos uti singuli.-

Aquellos que se disfrutan individualizadamente, de forma que los usuarios puedan asumir todo o

parte de su coste.

Subvención.-

Toda clase de ayuda económica pública (actividad de Fomento).

Suspensión de efectos del acto administrativo.-

En vía de revisión de oficio, la regla es que el órgano competente para resolver podrá suspender la

ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 104 de

la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común).

En vía de recurso administrativo, la regla general es que la interposición de cualquier recurso,

excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del

acto impugnado. No obstante, se admite la suspensión del acto impugnado de oficio o a solicitud del

recurrente, si se dan los requisitos del art. 111 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento

Administrativo Común.

Terminación convencional del procedimiento administrativo.-

Por acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado.

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