Expropiación petrolera

Expropiación petrolera

La Expropiación Petrolera, es el resultado de la implementación de la Ley Expropiación de 1937 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana aplicados a las compañías petroleras el 18 de marzo de 1938, por el Presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas del Río.

El presidente Lázaro Cárdenas tuvo reuniones con las compañías el 3, 6 y 7 de marzo. Según relatos de testigos, en la junta del 7 de marzo cuando el presidente Lázaro Cárdenas solicitó el pago de los 26 millones como una garantía para levantar la huelga, uno de los dueños de una de las compañías preguntó "¿Y quién lo garantiza?". "El presidente de la República" contestó Lázaro Cárdenas, a lo cual el dueño respondió "¿Usted?". Lázaro Cárdenas dio por terminadas las pláticas.

El viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras, advertidas por personas dentro del gobierno de que el Presidente planeaba algo "fuerte" en contra de ellas, declararon en el último momento estar dispuestas a hacer el pago, pero el Presidente Cárdenas ya había tomado una decisión: a las 10 de la noche declaró la expropiación mediante la cual la riqueza petrolera, que explotaban las compañías extranjeras, se volvió propiedad de la nación Mexicana.

Este hecho fue efectuado de acuerdo a la Ley de Expropiación del 23 de noviembre de 1936 y al Artículo 27 de la Constitución Mexicana.

Las 17 empresas petroleras extranjeras expropiadas fueron: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, (London Trust Oil-Shell), Mexican Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco la segunda empresa petrolera global) con sus tres subsidiarias: Huasteca Petroleum Company, Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora Exxon-Mobil, la más grande empresa petrolera mundial); Californian Standard Oil Co. de México; Compañía Petrolera Agwi, SA., Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Penzoil); Stanford y Compañía Sucrs. Richmond Petroleum Company of Mexico , ahora (ARCO); Compañía Exploradora de Petróleo la Imperial SA., Compañía de Gas y Combustible Imperio y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation, sigue siendo Sinclair Oil; Consolidated Oil Companies of Mexico SA, Sabalo Transportation Company; y finalmente la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf).

Quizá la decisión de política pública más representativa de la administración Cárdenas del Río es la expropiación petrolera. Debido a una combinación de factores entre los que destacan la debilidad de las economías estadounidense y británica durante la década de los treinta (ambas estaban sumidas en los efectos de la crisis de 1929), la existencia de un fuerte conflicto entre los

trabajadores de las empresas petroleras instaladas en México y los empresarios extranjeros que desatendieron un laudo laboral de la corte mexicana, así como su propia visión de un capitalismo democrático y nacionalista, en el que las industrias básicas (petróleo, siderurgia, etc.) jugaban un papel clave, Cárdenas decretó la expropiación el 18 de marzo de 1938, creando PEMEX.

Más importante, sin embargo, que el acto expropiatorio mismo, fue el amplio consenso nacional que Cárdenas fue capaz de crear con esa decisión. No sólo se sumaron los sectores del entonces Partido de la Revolución Mexicana, sino que de manera virtualmente unánime otros muchos sectores de la opinión pública mexicana, la Iglesia católica entre ellos, se sumaron de manera entusiasta a la decisión del entonces presidente, quien construyó de esa manera una amplia base de apoyo social que perduraría muchos años después de que su presidencia terminara.

Tanto así que ha sido el único ex presidente de México capaz de mantenerse activo en la política nacional en el periodo post-revolucionario, como lo atestigua su participación en el Frente de Liberación Nacional, organización que muchos consideran como el germen de algunos de los actuales partidos y movimientos políticos de México, su participación en proyectos de desarrollo social en la cuenca del Lerma y otras regiones de México, así como su decidido apoyo a la Revolución cubana encabezada por Fidel Castro Ruz. Prueba de ello es que en abril de 1961, con motivo de la Invasión de Bahía de Cochinos en que tropas "anticastristas", entrenadas y dirigidas por la CIA, el Gral. Cárdenas del Río se alistó de inmediato al ejército cubano con el fin de combatir a los estadounidenses y sacarlos de Cuba.

La percepción del pueblo y la prensa extranjera de la nacionalización de PEMEX.

La política de apoyo a la organización de los obreros y la fundación de Petromex (después Pemex), seguida por parte del Presidente Lázaro Cárdenas, fueron los antecedentes más cercanos a la expropiación petrolera.

En 1924 Diego Rendón luchó, tras varios fallidos intentos de huelga reprimidos y disueltos por el ejército, se emplazó a huelga en Tampico contra la refinería "El Águila", en la cual los trabajadores resultaron triunfantes al lograr que la empresa reconociese al sindicato y se concertase la firma de un contrato colectivo de trabajo.

El 16 de agosto de 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y una de sus primeras acciones fue la redacción de un proyecto de contrato en el que se solicitaba una jornada de 40 horas y el pago del salario completo en caso de enfermedad y que pretendía sustituir los distintos contratos colectivos que regían las relaciones laborales en las

compañías petroleras, a las que se les envió. El 3 de noviembre de 1937 se les exigió la firma del contrato colectivo y el 17 de mayo el sindicato emplazó a huelga en caso de no cumplir tal demanda. En los primeros días de junio el sindicato demandó a las compañías petroleras ante la Junta General de Conciliación y Arbitraje. Dicha huelga finalmente estalló el 31 de mayo y se levantó el 9 de junio.

La lucha de los trabajadores petroleros fue bien vista por el Presidente y la población, a pesar de los problemas causados por la escasez de petróleo.

En el mes de julio, por indicaciones de la Junta General de Conciliación y Arbitraje, se integró una Comisión de expertos (Jesús Silva Herzog, Efraín Buenrostro y el Ing. Mariano Moctezuma) para que investigaran la situación financiera de las compañías petroleras, concluyendo que las ganancias obtenidas por éstas, permitían fácilmente cubrir las demandas de los trabajadores.

Pero para el 8 de diciembre se realizó otro paro de labores al no tener respuesta de la Junta de Conciliación. Para el 18 de diciembre de 1937, la junta dio el fallo en favor del sindicato mediante un laudo en el cual se pidió a las compañías el cumplimiento de las peticiones y el pago de 26 millones de pesos en salarios caídos. Las compañías petroleras interpusieron una demanda de amparo el 2 de enero de 1938 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les negó el amparo.

Como consecuencia, las compañías extranjeras se declararon en plena rebeldía y, en respuesta, la máxima Autoridad Judicial emitió su fallo el 1 de marzo, señalando que el tiempo límite para que las empresas pagaran los 26 millones de pesos el 7 de marzo. Aunque se planeaba que fuera el 6 de marzo.

Consecuencias de la nacionalización del petróleo.

El Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con México, los Países Bajos y Estados Unidos decretaron un embargo comercial, y retiraron a todo su personal técnico. La Tesorería de Estados Unidos dejó de adquirir petróleo y plata mexicana y dio toda su preferencia al petróleo de Venezuela.

El 23 de marzo se reunieron miles de personas de todas las clases sociales en una enorme manifestación de respaldo, regalando hasta gallinas para cubrir la indemnización. Las colectas y la emisión de bonos para cubrir la indemnización a las compañías petroleras estuvieron lejos de solucionar el problema económico pero sí constituyeron movilizaciones impresionantes de la opinión pública en apoyo de la nueva situación. Incluso sectores como la Iglesia y los empresarios conservadores, aplaudieron esta decisión. Para muchos, la expropiación significaba un sacudimiento final del imperialismo que por tanto

tiempo había sangrado a México, impidiéndole confiar en su propia fuerza y capacidad.

Fueron momentos difíciles para el país ya que se agotaban las reservas de gasolina y no se tenía el conocimiento para sintetizar el tetraetilo de plomo, utilizado en aquellas épocas para graduar el octanaje de la gasolina. Se reunió a los mejores especialistas del todo el país para poder descubrir el proceso. Un accidente mató la mayor parte del personal y retrasó la investigación cuando se encontraba más avanzada. En un segundo intento se reunieron a los estudiantes de química más destacados del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México y después de muchos esfuerzos lograron sintetizar el compuesto.

Situación durante la Segunda Guerra Mundial

Sin la presión de la Segunda guerra mundial, Estados Unidos hubiera impedido la nacionalización para proteger sus intereses. Pero con la guerra mundial en ciernes, el presidente Franklin Delano Roosevelt tuvo más interés en la alianza estratégica con México como un bloque antifascista que en proteger las compañías privadas. A causa del boicot, los únicos compradores de petróleo mexicano eran Japón y Alemania. De hecho, con este segundo país —de acuerdo con los resultados de reciente investigaciones académicas— México cooperó desde 1937. [1] Sin embargo, a pesar de que la Anglo-Persian Oil Company (Hoy BP) no era una compañía privada sino dependiente directo del almirantazgo (British Admiral) y parte del poder mismo del Imperio británico, en 1941 los Aliados levantaron su embargo sobre el petróleo mexicano debido a la armonía entre Roosevelt y Cárdenas y a una fuerte escasez de este energético causada por la guerra. El petróleo también fue el motivo por el cual México entró a la Segunda Guerra Mundial, ya que dos de sus barcos petroleros fueron hundidos por submarinos alemanes del Eje. Ha quedado demostrado que el buque petrolero Potrero del Llano fue realmente hundido por el submarino U-564 al mando del Kapitänsleutnant (teniente capitán) Reinhard Suhren de la Kriegsmarine (Marina de Guerra).

Privatización del sector energético mexicano

La privatización del sector energético en México es un tema habitual del debate político mexicano desde la administración de Vicente Fox. El debate consiste en la inconveniencia y consecuencias previsibles de la privatización del sector energético que es precisamente aquél de donde se obtiene la mayor parte de los ingresos nacionales.

Paraestatales mexicanas de la energía

En México, cuyas empresas energéticas paraestatales principales son PEMEX (Petróleos Mexicanos) y la CFE (Comisión Federal de Electricidad), el tema de

la privatización del sector energético ha tomado gran importancia en las campañas de algunos personajes políticos. Actualmente, el sector energético cuenta con monopolios paraestatales en cada división del sector energético. Las normas que regulan todos estos aspectos se incluyen en el Artículo 28 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 28

Articulo 28. En los estados unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a titulo de protección a la industria.

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 3 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la constitución, publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986)

En consecuencia, la ley castigara severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del publico en general o de alguna clase social.

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 3 de febrero de 1983)

Las leyes fijaran bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciara su organización para el mejor cuidado de sus intereses.


No constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica;

minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el congreso de la unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del articulo 25 de esta constitución; el estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 02 de marzo de 1995)

El estado contara con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por si o con los sectores social y privado.


El estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.

(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 20 de agosto de 1993)

No constituyen monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulara los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de la republica con la aprobación de la cámara de senadores o de la comisión permanente, en su caso; desempeñaran su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; solo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta constitución.

(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 20 de agosto de 1993. Fe de erratas publicada en el diario oficial de la federación el 23 de agosto de 1993)

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del gobierno federal o de los estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por si o a propuesta del ejecutivo, podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 3 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la constitución, publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986)

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.


El estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijaran las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitaran fenómenos de concentración que contraríen el interés público.


La sujeción a regímenes de servicio publico se apegara a lo dispuesto por la constitución y solo podrá llevarse a cabo mediante ley.


Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El estado vigilara su aplicación y evaluara los resultados de esta.


Argumentación

Diversos oficiales de la administración han señalado que el actual sistema paraestatal que se utiliza en el sector energético mexicano es deficiente, debido a la descapitalización y falta de inversiones. Los partidarios y apologistas de la privatización argumentan que la privatización podría aportar mayores recursos para inversiones y mejorar la eficiencia.

Sin embargo, muchos de los expertos que argumentan contra la privatización señalan experiencias pasadas de privatización que no alcanzaron los resultados deseables y señalan que varios de los argumentos sobre los hipotéticos beneficios de la privatización son espurios. Para muchos de estos expertos además el sector energético es suficientemente eficiente y que la privatización sería muy riesgosa.

En Contra

Los argumentos de los expertos, partidarios de mejorar la gestión del sector energético manteniendo la gestión pública, son que:

Las empresas privadas tratarían de cubrir los costos de la compra imponiendo grandes tarifas en el servicio, tal como sugiere la experiencia pasada de privatizaciones en México (Telmex,...).

El Estado dejaría de obtener recursos para cubrir necesidades del gasto público.

Empresas responsables del abandono tecnológico de amplias redes de energía y de grandes apagones son algunas de las interesadas en invertir en el mercado mexicano.

Las empresas privadas no necesariamente subirían la calidad y bajarían los precios por la competencia, pues en varias empresas que se establecieron a partir de la privatización del sector eléctrico en Estados Unidos e Reino Unido mantienen el control total de la producción y la distribución, lo que les permite manipular los precios de consumo. En vez de competir colaboraron para manipular los precios artificialmente.

Un aspecto bastante negativo sería que las empresas controlarían las decisiones principales de la industria eléctrica, que conforma los nervios

centrales de cualquier actividad económica, desde la doméstica hasta la manufacturera.

No habría garantía alguna de que los volúmenes de extracción petroleros reportados por las empresas serían los reales poniendo en peligro los recursos naturales nacionales.

Los tres argumentos generales en contra de la privatización del sector energético usados también fuera del contexto mexicano son:

1. La extranjerización: la compra y control del sector de forma total o parcial por parte de empresas privadas extranjeras.

2. La posible monopolización: el dominio de facto de una sola empresa privada sobre todas las demás, en la que los recursos e ingresos se dirigen a una sola empresa.

3. El desempleo: aunque nuevas empresas privadas traerían nuevos empleos consigo, miles de trabajadores, que anteriormente se encontraran en las empresas gubernamentales, se quedarían sin trabajo.

A Favor

Los argumentos de los partidarios de la privatización, más comúnmente repetidos son:

Para la población de México la paraestatalidad del sector petrolero es de hecho, un monopolio que hace que el precio de venta de los productos son 15 veces los costos de extracción de petróleo. Sin embargo este argumento no recoge que la diferencia de precio es usada para la adquisición y pago de bienes públicos, que cuyos beneficios deben ser cuantificados conjuntamente con los costos para la población.

PEMEX tiene grandes deudas en el presente, específicamente de unos 25 mil millones de pesos, y algunas áreas de negocio como PEMEX Refinación registraron pérdidas en 2005. Sin embargo, hay que mencionar que el gobierno de Vicente Fox usó 80 mil millones de pesos de PEMEX, para el presupuesto público.

PEMEX ha disminuido la exploración, y se ha ido deteriorando. Se ha calculado, que se necesitarían alrededor de 20 mil millones de pesos para modernizar las instalaciones. Los partidarios de la privatización proponen que la inversión privada podría resolver ese problema, y los detractores proponen simplemente que el gobierno no se quede con tantos recursos de la empresa y permita usar una buena parte de ellos para recapitalizar la empresa y mejorar las instalaciones.

Un diagnóstico de la Profeco en el 2006 reveló que de 80 a 90% de las gasolinerías del país entregaban litros incompletos por contar con bombas deficientes, siendo un sobreprecio para los consumidores de alrededor de 5%. Es decir, el sistema actual presente fraude en el último escalón de la distribución. Sin embargo, esto parece más un problema de cumplimiento de la ley que de la gestión económica de la producción de petróleo.

El argumento de la pérdida de ingresos por parte del Estado, uno de los principales obstáculos a la privatización, es contestado contra argumentando que «el gobierno podría cobrar derechos a estas empresas privadas por cada barril extraído». Aunque no está claro si un hipotético incremento de la eficiencia podría compensar la compartición del excedente de explotación entre la iniciativa privada y el gobierno.

Otros países permiten la inversión privada en dicho sector: incluso en países donde el estado controla la economía, como China o Cuba, han permitido la inversión privada. Así en poco más de diez años, Cuba ha aumentado en 8 veces su producción de petróleo gracias a contratos firmados con empresas extranjeras, básicamente venezolanas.

Informes de PEMEX revelaron que en México el negocio de la distribución se encuentra demasiado concentrado. Mientras en Francia existen 16,200 gasolineras, en el Reino Unido 12,200 y en Estados Unidos 176,000 estaciones de servicio, en México hay tan solo 7,200 gasolineras aproximadamente. Ya que las ganancias de los propietarios de las gasolineras es porcentual según la venta, esta cantidad reducida de gasolineras en México implica que cada una tenga mayores ventas y así mayores ganancias.

El petróleo crudo que se produce en México es mandado al extranjero en su mayoría porque no se puede procesar aquí. De 6,702 pentajoules extraídos en el 2005, 3,672 fueron exportados, es decir, el 54%. Actualmente, PEMEX no elabora suficientes petrolíferos y México se ve obligado a importar. Por ejemplo, en 2006 se elaboraron 453.9 mbd, pero las ventas internas fueron de 712.7 mbd, por lo que la importación fue de 258.8 mbd.

Conclusión

Toda la maquinaria del sistema político mexicano viene trabajando para acelerar la privatización de Pemex. Este proceso inicia desde el gobierno salinista y avanza en forma subterránea, pero segura, desde esos tiempos.

Hace pocos días, los ex titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Pedro Aspe Armella, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz Martínez, economistas todos, con una amplia formación tecnocrática que los ha inspirado para aplicar en nuestro país modelos económicos extranjerizantes cuya base es el famoso “Consenso de Washington” también llamada Doctrina Neoliberal, se declararon partidarios de la mayor inversión extranjera en Pemex.

Siguiendo con sus principios económicos y morales, esos ex funcionarios privilegian a las empresas multinacionales como alternativa para la solución de los problemas económicos de nuestro país. Todos ellos plantean, a una sola voz, la necesidad de realizar reformas al marco jurídico de nuestro país para abrir Pemex a la inversión extranjera y, de esta manera, lograr la supuesta modernización económica dentro de la mayor empresa mexicana en cuanto a volumen de ventas y personal ocupado.

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