EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 

Las Políticas Públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo

económico de una nación, ya que estas son un conjunto de lineamientos y

decisiones que orientan la acción que va a permitir alcanzar

determinados objetivos, es decir es un conjunto de acciones que atacan un

problema en concreto y logran un objetivo específico. 

Las Políticas Públicas  se pueden entender como el ámbito privilegiado de

realización del “pacto” entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en

el sentido de hacerlo más ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido

participación entre estos dos actores, pero el objetivo final de beneficio a la

sociedad es como lo veremos más adelante un punto que muchas veces queda

olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas Públicas.

 

Cabe resaltar que no todo es asunto público y de lo público no todo se

convierte en política y, actualmente asuntos públicos están siendo atendidos

solamente y únicamente por el gobierno.

El Estado como una organización social presenta una serie de

características que lo diferencian claramente y le dan su significación, entre

ellas: 

Constituye una organización cuasi-perfecta; ya que sus funciones

están distribuidas entre sus         integrantes o diversas categorías de

funcionarios. 

 

La solidaridad es intensa; en el sentido que en caso de algún

conflicto (desastre o estado de         emergencia, por ejemplo) priva el

interés que pueda generar la necesidad estatal sobre         cualquier otra. 

Las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña

y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con fines de

satisfacer las necesidades de una sociedad.

 

 

Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y

servicios. Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen como

objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y

preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. Esto es lo que

generalmente se conoce como “agregar demandas”, de forma tal que al final,

las soluciones encontradas permitan que personas y grupos coexistan a pesar

de sus diferencias.

 

  Las políticas públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo

económico de una nación, en este sentido, el Estado es el encargado de velar

por el diseño y administración de políticas que proporcionen estabilidad

económica y permita la vinculación del sector privado con el gobierno.

Podríamos afirmar entonces que una de las funciones del Estado es esta, para

que esto se lleve a cabo necesitamos reglas de juego claras y que sean

cumplidas, lo que además implica que los compromisos adoptados por los

encargados de la política pública sean creíbles.

El diseño de la política pública es crucial para un buen resultado, el hecho que

se cumpla en otro país no quiere decir que se cumpla en Venezuela y

viceversa. La existencia de instituciones robustas es una condición

importantísima para que las políticas públicas tengan resultados favorables, de

nada sirve discutir en el parlamento una cantidad de programas de políticas

públicas, si el Estado no tiene capacidad de ejecución, si apenas se aprueban

ya están pensando en cómo hacer la trampa para poder obtener rentas. Este

último punto es importante porque la posibilidad de que exista comportamiento

oportunista por parte de los diferentes actores que entran en juego es

consecuencia precisamente de la estructura de incentivos existente que

permite que el “guiso” y “el caribe” se apodere de estructura decisional del

Estado venezolano.

Planes de la nación en Venezuela

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación es el instrumento de

planificación mediante el cual se establecen las políticas, objetivos, medios,

metas y acciones dirigidas a darle concreción al proyecto nacional plasmado en

la Constitución de la República, a través de la intervención planificada y

coordinada de los órganos y entes del Poder Público e instancias del Poder

Popular, actuando de conformidad con la misión institucional y competencias

correspondientes. Artículo 26 Ley Orgánica De Planificación Pública Y Popular

En el contexto histórico, Venezuela ha contado con los siguientes planes de

gobierno:

1.- El Primer Plan de la Nación 1960-1964 El tema de la participación se

articula a políticas, programas y proyectos de Desarrollo de la

Comunidad, entendido este, como un elemento destinado a incorporar a

los sectores populares en los programas destinados a elevar su calidad

de vida. Se creó la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y

Fomento Municipal (FUNDACOMUN), mediante Decreto Ejecutivo del 30

de Enero de 1962.

2.- El Segundo Plan de la Nación 1963-1966 Se consolida y amplía la

visión sobre el Desarrollo Comunal como medio de promoción de la

participación social y como elemento estratégico para el desarrollo

adecuado y eficiente de las políticas públicas.

3.- El Tercer Plan de la Nación 1965-1968 Fue una continuación y

mejoramiento de la visión, objetivos y propósitos fundamentales de los

dos planes anteriores. El propósito central del 3er Plan fue impulsar la

gradual tecnificación del programa de Desarrollo de la Comunidad,

mediante la sistematización de sus contenidos, la calificación de

recursos humanos y la institucionalización de mecanismos de

coordinación y acción de los entes vinculados a la estrategia.

4.- El Cuarto Plan de la Nación 1969-1973 El tema de la participación

social toma otra vertiente de desarrollo. Esta vez vinculada a la política

social y más específicamente aún referida a los sectores sociales

marginados. Se crean las políticas de promoción popular.

5.- El Quinto Plan de la Nación 1973-1978 En el contexto del 5to Plan, la

propuesta central fue los denominados “Módulos de Servicios” que

concentraban la coordinación de programas tales como: vialidad y

urbanismo, reubicación, mejoramiento y autoconstrucción de viviendas y

asistencia social.

6.- El Sexto Plan de la Nación 1979-1984 Se consolidó la democracia

participativa, mediante la cual se persigue impulsar la presencia activa

del pueblo en la preparación, toma y ejecución de decisiones

7.- El Séptimo Plan de la Nación 1984-1988 Se caracterizó por la

privatización de entes públicos y se dividió en los siguientes

componentes: Avance hacia una sociedad más justa y Profundización de

la democracia política.

8.- El Octavo Plan de la Nación 1989-1994 Tuvo un desarrollo

multisectorial del tema de la participación en la gestión gubernamental.

El Gran Viraje como también se le conoció propuso como objetivo lograr

una democracia moderna y eficiente, capaz de propiciar un ambiente

para que las decisiones colectivas incorporen las voces de todos los

afectados, generando una nueva cultura nacional de participación y

concertación.

9.-El Noveno Plan de la Nación 1995-1999 Se inicia la aplicación de las

primeras medidas macroeconómicas definidas por: Aplicación de una

política de control de precios; control de cambio; eliminación del IVA y

sustitución por el ICSVM; paralización del proceso de privatización

iniciado en el 2do mandato de CAP con la venta de CANTV y VIASA. Sin

embargo, la amplitud y profundidad de la crisis económica y social obliga

a introducir giros que eviten el colapso de la administración. En este

marco, el gobierno presenta al país un programa de ajuste neoliberal

llamado Agenda Venezuela cuyo propósito era corregir los grandes

desajustes macroeconómicos provocados por el control de cambio,

control de precios y déficit fiscal.

10.- Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001–2007 El

X Plan de la Nación, establecía cinco componentes programáticos

denominados “equilibrios” que agrupaban los distintos lineamientos y

proyectos para la acción que debían marcar la gestión del gobierno en el

período 2001-2007. Tales equilibrios eran los siguientes: equilibrio

económico, equilibrio social, equilibrio político, equilibrio territorial,

equilibrio internacional

11.- Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013

(primer plan socialista) Este plan establece las orientaciones para la

construcción del Socialismo del Siglo XXI en la República Bolivariana de

Venezuela, durante el periodo 2007- 2013. Las mismas están

enmarcadas en siete directrices: Nueva Ética Socialista, La Suprema

Felicidad Social, Democracia Protagónica y Revolucionaria, Modelo

Productivo Socialista, Nueva Geopolítica Nacional, Venezuela: Potencia

Energética Mundial y Nueva geopolítica.

12.- Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013

(segundo plan socialista) Enfocado en grandes campos para la

transición, desde el punto de vista político, social, económico, nacional e

internacional en el cual se organizan las políticas públicas por área

denominas objetivos históricos:

1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos

reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional

2. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad

social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de

felicidad”, para nuestro pueblo.

3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo

económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de

una zona de paz en nuestra América.

4. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en

la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que

permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz

planetaria

5. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la

salvación de la especie humana.

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Los procesos de toma de decisiones en el sistema político y en la

administración constituyen una de las “cajas negras” de las políticas públicas y

de la ciencia de las Políticas, toda vez que la casuística podría llevarnos a

establecer que cada política pública, sea esta global o sectorial, obedece a un

proceso específico y prácticamente único de toma de decisiones, que atraviesa

la totalidad de la estructura institucional de un servicio o ministerio, o de varios

servicios e instituciones, desde los niveles estratégicos o decisionales hasta los

niveles operativos y de ejecución.

El interés por las decisiones y los procesos que resultan en ellas, es uno de los

tópicos característicos de la Ciencia de las Políticas, donde la preocupación -

iniciada ya en los años 40 del siglo xx- proviene del hecho que cada política

pública compromete desde su diseño e implementación -y a lo largo de todo su

proceso o “ciclo de vida”- a un conjunto de instituciones, servicios y agencias,

de manera que las decisiones que allí se adoptan van modificando más o

menos sensiblemente los resultados de su aplicación.

La diversidad de modos de decisión o de mecanismos de decisión, pudiera

conducirnos incluso a constatar que no ocurre un proceso de toma de

decisiones, sino que en realidad sucede que se superponen, entrecruzan y

yuxtaponen distintos procesos decisionales sometidos y resultantes a

diferentes dinámicas institucionales, inercias organizacionales y a

diversos ritmos de resolución.

Todas las políticas públicas generan efectos y toda política pública encubre una

teoría de cambio social, ya que existe una relación de causa a efecto en las

disposiciones que rigen y fundamentan las acciones públicas. Pero además,

conlleva costes y obligaciones, e inconvenientes y beneficios para los sujetos

que se ven afectados, quienes como demuestra la experiencia, consideran más

importante los costes y los beneficios que le atañen de manera personalizada,

que aquellos que afectan a la colectividad.

ENFOQUES DEL PROCESO DECISIONAL

La dimensión de “proceso” es sin lugar a duda el punto de partida conceptual y

teórica para analizar las decisiones en torno a la política pública.  Un proceso

puede describirse como una secuencia encadenada de eventos, de actos.  El

diseño y la implementación de una política pública en los Estados modernos,

supone efectivamente una secuencia concatenada de eventos, de actos

políticos, administrativos, jurídicos, financieros y organizacionales.

De esta manera, el concepto de proceso conduce a relacionar la formulación y

aplicación de una política pública, con la institucionalidad estatal y

administrativa encargada de aplicarla, es decir, se puede afirmar que la calidad,

racionalidad y eficiencia del proceso de toma de decisiones en el aparato del

Estado está relacionado con el grado de institucionalización que tenga ese

proceso al interior del sistema estatal.

El enfoque que se puede dar a análisis de los procesos decisorios varía:

a)  habría un enfoque organizacional que intenta comprender cómo y bajo qué

condiciones una política pública pasa a través de distintos órganos del Estado

e involucra a un conjunto de instituciones y servicios, desde su definición hasta

su aplicación, en lo que llamaríamos un proceso circular de continua

implementación y redefinición: sería ésta la “espiral fáctica de una política”;

b) y habría un enfoque procesual que pone el acento en el comportamiento de

las distintas agencias, servicios, instituciones y reparticiones públicas a la hora

de  poner en marcha y aplicar el proceso de diseño e implementación. Aquí el

análisis se torna hacia las dimensiones de comportamiento organizacional

frente a las exigencias de cambio y continuidad que pone de manifiesto una

nueva política.

El proceso decisional desde un punto de vista organizacional.

Todo proceso de toma de decisiones implica un conjunto de operaciones

intelectuales y materiales, cuya secuencia es aproximadamente la siguiente:

1º la evaluación de la pertinencia, urgencia e implicancias sociales y políticas

que tiene un determinado problema, como para ser objeto de una política

explícita.

2º la determinación de los parámetros de aplicabilidad de la política: objetivos,

recursos disponibles (financieros, humanos y organizacionales), impacto y

efectos multiplicadores.

3º la fijación de los objetivos de la política pública, generales o estratégicos y

operacionales.

4º la fijación de los medios o recursos que serán necesarios para su

implementación.

5º  la fijación de los mecanismos y/o procedimientos a través de los cuales se

pondrá en marcha la política.

6º el establecimiento de la estructura o servicio o unidad que tendrá a su cargo

y atribuciones, la implementación de la política.

7º la fijación de los criterios de evaluación de los resultados de la política.

Veamos ahora en detalle ese proceso.

LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Los procesos de implementación estudian todo el proceso, hasta la aplicación

del programa y su ejecución. Los estudios de implementación ayudan a

comprender como es el ejercicio del Gobierno y del poder en la práctica. A

través de ellos se observa como los programas de las sociedades avanzadas

están definidos por la intervención de muchos órganos, diferentes niveles de

Gobierno, diferentes grupos afectados, y de la interacción de todos ellos

depende el éxito de la puesta en marcha de un determinado programa.

Sin el acuerdo y colaboración de los intervinientes en una política no se pueden

alcanzar los objetivos adecuadamente. Para que un programa se ejecute

adecuadamente se necesitan los siguientes elementos:

Cuestiones no jurídicas : mediación, persuasión de los poderes públicos

El apoyo de los actores intervinientes en el proceso

Capacidad de prever la evolución del contexto

Existen dos modelos analíticos diferentes para el estudio de la fase de

implementación en el análisis de políticas públicas:

a) TOP – DOWN (De arriba-abajo)

b) BOTTON – UP (De abajo-arriba)

De arriba-abajo

La característica fundamental del enfoque top-down es su perfecto

acoplamiento con la primera tradición de estudios de políticas públicas

distinguidos ampliamente por su orientación al estudio de las decisiones, así

pues en este enfoque se enfatiza la decisión “creadora” de la tecnocracia

gubernamental y sus diseñadores con capacidad de generar programas y

políticas que se implementan por derrame causal. Por derivación la jerarquía, la

dirección y el control se constituyen en los elementos principales a la hora de

comprender el proceso de instrumentación de políticas.

La jerarquización alude principalmente a la importancia y la influencia de la

escala de poder que tienen los distintos niveles políticos y burocráticos sobre la

implementación, siguiendo la imagen de la pirámide, a mayor cercanía al

vértice mayor capacidad (supuesta) de controlar y definir la suerte de la misma,

es por esto que la mayor responsabilidad recae sobre la cúspide que es la que

da las órdenes y vigila que se cumplan para lograr los objetivos definidos con

anterioridad. La dirección y el control están igualmente ligadas a la estructura

jerárquica; siguiendo la tradición tayloriana quienes planean y estructuran las

políticas son responsables de su éxito, valiéndose de su capacidad directiva y

de control sobre los niveles inferiores.

En el enfoque top-down predomina una visión racionalista ideal capaz de

generar decisiones casi perfectas, organizar la mejor forma de llevarlas a cabo

y preveer su precisa ejecución y posibles obstáculos, para evitarlos, hasta

producir los resultados esperados sobre la población objetivo y la problemática

que inspiró la acción gubernamental. Operativamente esto se expresa en la

definición desde arriba de objetivos claros, estructura de órdenes hacia abajo

debidamente prevista, aseguramiento de los recursos y apoyos necesarios y un

sistema de comunicación que garantice el descenso de las órdenes centrales y

la retroalimentación de los responsables. Como visión racional ideal el enfoque

top-down hace alarde de eficacia y eficiencia, demostrando que “papá” Estado

es todopoderoso. Para el top-down lo importante y determinante sucede

“arriba”, que es la causa de lo que sucede “abajo”. Este enfoque se sustenta en

la tradición de la administración pública estadounidense que separa política y

políticas de administración e implementación; los políticos y burócratas que

hacen las políticas van por un lado y los implementadores por otro, es la crítica

que reciben el enfoque top-down del enfoque bottom-up que veremos a

continuación.

De abajo-arriba

Para el enfoque bottom-up lo importante y determinante sucede “abajo”, los

protagonistas de la instrumentación están en la ventanilla de las oficinas

gubernamentales o en la calle con la gente, entregando los servicios públicos y

materializando las políticas. Los burócratas a borde de calle dada su

discrecionalidad reformulan las políticas dadas “arriba”, por lo que no siempre

sucede lo que planean los diseñadores de políticas. Es necesario aclarar que el

enfoque top-down tiene un alto componente prescriptivo, básicamente

orientado a mostrar cómo deberían implementarse las políticas, mientras el

enfoque bottom-up mantiene su perspectiva analítica académica descriptiva y

explicativa, recomendando hacer los análisis respectivos a partir de lo que

Elmore llamó el “mapeo regresivo”, es decir de abajo hacia arriba, esta

perspectiva no tendría tanto valor normativo para los “practitioners” de las

políticas, ya que no sería claro como implementar una política exclusivamente

desde abajo, sin que medien órdenes y recursos de niveles superiores. La

dimensión normativa de este enfoque está dirigida a llamar la atención de los

analistas de políticas sobre por dónde empezar su trabajo.

El aporte teórico más destacado dentro del enfoque bottom-up es el de Hjern y

colegas. Sabatier (1986: 12-16) lo presenta como el de mayor elaboración

metodológica, con suficientes elementos como para contrastarlo con el enfoque

top-down, enfoque con mayor sustentación empírica. El enfoque Bottom-up

según la propuesta de Hjern empezaría con el reconocimiento de las redes de

actores que intervienen en la entrega de servicios, sus capacidades,

estrategias, interrelaciones y contactos, y a partir de la reconstrucción  de esa

red de contactos “devolverse” hacia arriba en la identificación de los actores

involucrados en los distintos niveles intergubernamentales en todo el proceso

de implementación. La aplicación de este modelo fue lo que llevó a Hjern a

concluir que la buena implementación no depende de individuos sino de

“estructuras locales de implementación.” Esta es, sin duda, una gran diferencia

con el enfoque top-down el cual empieza con la decisión y como sus objetivos

se logran en el tiempo, lo cual tiene implicaciones concretas sobre el análisis,

por ejemplo, la identificación de actores en el top-down es de arriba hacia

abajo, mientras que en el bottom-up es al contrario.

Seguimiento de las políticas publicas

El seguimiento de las políticas públicas consiste en un proceso sistemático de

supervisión de la ejecución de actividades, en sus diversas dimensiones, con el

objeto de suministrar a los ejecutores responsables de la política información

sobre la marcha de las actividades con miras a introducir ajustes y correcciones

que aseguren el logro de los objetivos.

Esta etapa también suele ser denominada “evaluación intermedia”, ubicada en

diversos momentos de la ejecución entre la evaluación ex ante y la ex post.

El seguimiento incluye tareas de relevamiento y registro de la información, el

control de su calidad,  su procesamiento (con frecuencia, para la elaboración

de indicadores) y la puesta a disposición de los decisores.

MODELOS ANALÍTICOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 

Para lograr un análisis imparcial se puede mencionar que Han existido dos

modelos: el modelo racional y el modelo incremental.  

El modelo racional de Hebert. Simon, que consiste en recoger

informaciones e investigar de forma sistemática con el objeto de identificar los

problemas presentes o posibles. Definir todas las alternativas posibles para

enfrentar cada problema. Hacer un análisis omnicomprensivo de todas las

posibilidades alternativas y de sus consecuencias.

Simon, considera que las políticas públicas siguen un ciclo fijo (formulación,-

decisión-implementación-evaluación) del que se esperan unos resultados que

se correspondan con los objetivos que han dado pie a la aparición de las

políticas públicas. Se basa en la creencia de que las políticas públicas de tipo

perfectamente racional y planificado son el ideal que tiene que perseguirse en

cualquier tipo de acción pública, a pesar de que se reconozcan las limitaciones

que la realidad impone en la toma racional de la toma de decisiones

En la actualidad vemos cómo no existe prácticamente una política que parta de

cero, casi todas en su inmensa mayoría ya han sido planteadas con

anterioridad por autoridades que han antecedido a quien ahora las retoma. Sin

embargo, cabe la posibilidad de generar alguna política innovadora o

totalmente nueva.

En la realidad los directivos públicos no buscan la mejor política, es fácil que se

conformen con seleccionar las políticas satisfactorias y realizar un

comportamiento satisfactorio Simon describo las limitaciones que impiden la

aplicación del modelo racional puro contraponiendo la racionalidad clásica

económica con la racionalidad administrativa:

De carácter psicológico

El comportamiento racional impecable necesita una inteligencia cocimientos y

habilidades que superan las capacidades reales de las personas. La

información que fundamenta la acción publica, puede ser muy extensa o

incompleta y a menudo el decidor tiene que tomar decisiones prematuras,

sobre temas poco conocidos, y con poca estructuración quedando distante en

calculo y previsión del hombre económico

Los valores

El hombre económico decide en solitario; las consecuencias de sus acciones le

relevan a el y por consecuente se orienta de sus propios valores. Por contrario

los decidores públicos no actúan en solitario, y muchas veces toman decisiones

compartidas donde

los valores entran en competencia. En esta idea de diversidad intelectual se

fundamenta la ruptura con el modelo racionalista, ya que toda alternativa

satisfactoria para un grupo social es fuente de problemas para otros.

De carácter organizativo

El carácter organizativo y estructurado de las administraciones son barreras

muy difíciles de superar, ya que la excesiva departa mentalización, la

especialización funcional. Los defectos del diseño de la misma, la tendencia a

eludir la evaluación de los programas etc. Provocan su distorsión.

Los costes

El modelo racional, debido a la amplitud de información, de medios

tecnológicos, de recursos, de cualificación y de tiempo, provoca que el modelo

racional sea muy costoso de mantener, generalmente ante la obviedad de la

posibilidad de resumir el proceso de análisis, se prefiere destinar los fondos a

otros fines.

Limitaciones situacionales

El modelo racional puro parte de cero para elaborar una decisión y eso es una

desventaja ya que en muy pocas ocasiones los decidores públicos se

encuentran en una situación de cero, ya que lo habitual es que tengan que

continuar las decisiones del equipo anterior y tratar problemas que ya se tratan

en otras administraciones, casi nunca se decide desde el vació, la presión de

los precedentes, de los grupos de presión, de los usuarios… limitan la

capacidad de elección. Esto llega al extremo de que buena parte de los

problemas a tratar tienen su solución preestablecida antes de que el decidor

trate sobre ellos.

Para simon la conclusión estará fundamentada en que el proceso de adopción

de decisiones estará regido por la racionalidad limitada. La racionalidad individual

estará concebida por los factores que influyen en ella y por el concepto del

decisor sobre su finalidad, que puede coincidir o no con el de la organización,

sus valores, y de grado de información.

El modelo incremental. Un autor llamado Charles Lindblom reviso la tesis de

Simon sobre las limitaciones del modelo racional para la adopción de políticas

públicas y negó que fuese el mejor modelo para las políticas públicas.

En el modelo incremental se utiliza una interpretación más descriptiva y menos

prescriptiva y se basa en gran parte en la observación de los Policy makers

Para Lindblom es la interacción política entre los individuos y los grupos

sociales el factor que más condiciona la elaboración de las políticas públicas. El

análisis adquiere así otro significado, pues no es la alternativa al juego político

como apela el modo racional sino una parte del mismo.

Este modelo incremental dirá que las decisiones en política son sobre toro

pragmáticas, y no se basan en relaciones científicas o bien estudiadas, y que el

método de aproximaciones sucesivas y limitadas guiara las políticas públicas por un

camino ya empezado y que variara de una forma limitada. De esta manera de

desecha todo lo ya considerado y se hace hincapié en la novedad, desechando

así lo que no se lleva a cabo y obviando todo lo que no sea nuevo o

desconocido.

El incrementalismo se basa en que cuanto más novedosa sea una política más

desconocida serán sus consecuencias y más complicado será presentarla de

una forma convincente así pues difícil de sustentarla con un apoyo político.

Las decisiones son fruto de una larga cadena de decisiones precedentes con

sus logros y errores correspondientes, ampliando así las capacidades de

controlar el error y lograr el triunfo. En esta disciplina esta es la única manera

de predecir sus impactos, sus constes y sus beneficios.

Este estilo de gestión de políticas públicas que aumenta el margen de

maniobra de los gobiernos fue considerado como el natural de las democracias

pluralistas y poliarquías donde existan grupos de presión poderosos,

informados, autónomos y con una capacidad de presión efectiva.

Este modelo se criticó desde el racionalismo por negarlo y por enfatizar la

viabilidad política como política adecuada. Existe el fundamento de que

cambiar las políticas solo marginalmente puede reducir el riesgo pero

imposibilita la ambición y la innovación.

Este modelo es tachado de conservador. En esta contemplación no se atacan

los verdaderos problemas ni sus causas solo quizás solucionarlo de una

manera temporal. Generalmente el incrementalismo legitima la teoría sobre la

inercia y se asocia con organizaciones burocráticas garantistas

El modelo de la decisión incremental de Lindblom, discrepa del enfoque de

Simon y utiliza en su análisis, es  escéptico sobre el potencial de la

planificación que los decidores públicos pueden imponer en el ciclo de las

políticas. Propone Lindblom el concepto mudding trough (ingeniárselas) para

describir la manera como los políticos, técnicos, altos funcionarios y otros

trabajadores de la Administración Pública se adaptan a  las  situaciones

concretas de sus entornos de trabajo, y como suelen actuar en su trabajo de

provisión  de los bienes, servicios y prestaciones públicas, de manera

incremental respecto a lo que se ha implementado en ejercicios anteriores

Ambos modelos pueden resultar muy útiles a personas con

responsabilidades políticas y de acción, ya que les posibilitan un esquema apto

donde operar, las tesis de los dos autores señalan que los modelos de hacer

políticas públicas son racionales (Ruiz Viñals, 2004:55) y siguen una serie de

peldaños que definen su proceso, lo que marca la diferencia son las fases en el

proceso de las políticas públicas. Según Lindblom debería seguirse el siguiente

ciclo:

1)  Estudiar cómo aparecen los problemas y se recogen en la agenda de

decisiones del Gobierno sobre políticas públicas.

2)  Estudiar cómo la gente plantea los temas para la acción, cómo

proceden los legisladores y cómo actúan los funcionarios que implementan las

decisiones tomadas.

3)  Analizar cómo se evalúan las políticas públicas.

https://gobiernoyadministracion.wordpress.com/2011/06/14/los-procesos-de-

toma-de-decisiones-de-las-politicas-publicas-una-aproximacion-desde-la-

ciencia-politica/

https://gobiernoyadministracion.wordpress.com/2010/05/14/el-proceso-de-

implementacion-de-las-politicas-publicas/

http://es.slideshare.net/amailycamacaro/polticas-pblicas-desde-1958-hasta-la-

fecha?next_slideshow=1

http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA

%20PUBLICA%20web.htm

http://html.rincondelvago.com/politicas-publicas.html