FUNDACION COLOSIO FILIAL YUCATÁN A.C.

TRANSFORMANDO

Los PoderesLA CIUDADANÍA FEMENINA:

UN TEMA TODAVÍA EN CONSTRUCCIÓN

REFORMACONSTITUCIONAL

DE SEGURIDAD Y JUSTICIAJULIO 2011

PERSPECTIVAS, de la economía en Yucatán

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Nuevamente es un placer saludarles con el segundo número de nuestra revista. Reconocemos que estamos un poco atrasa-dos en cuanto a los tiempos que nos habíamos marcado, pero seguimos con el mismo interés y entusiasmo que nos anima, buscando ofrecerles la lectura de interesantes y amenos temas que contribuyan a normar nuestro criterio en temas de interés público.

En esta ocasión les ofrecemos Derecho, Economía y Géne-ro como ingredientes del presente número, con opiniones que no sólo son ilustrativas sino que permiten entender parte de nuestra realidad cotidiana, además de percibir hacia dónde se encaminan ámbitos como el jurídico y el legislativo.

No es difícil notar que las opiniones vertidas en los textos son variadas y de diferentes perspectivas, pero respetamos la libertad de pensamiento y expresión, pues el espíritu que nos anima es la pluralidad y la necesidad de contribuir a formar una ciudadanía consciente, informada y responsable.

Esperamos que este ejemplar sea de su agrado y lo disfruten, así como que les sea de utilidad, les deseamos un feliz verano 2011 y nos vemos en próximo número.

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Editorial

DIRECTORIO

MTRO. LUIS HEVIA JIMÉNEZ

PRESIDENTE DEL CDE DEL PRI

C. P. JANICE ESCOBEDO SALAZAR

SECRETARIA GENERAL DEL CDE DEL PRI

MTRA. LIZBETH CARRILLO BELTRÁN

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

COLOSIO / FILIAL YUCATÁN

PROFR. FAUSTO FRANCO SOSA

DIRECTOR EDITORIAL

Arte y Diseño

D.G. Cecilia Gorostieta Monjaraz

Espacio XXI es un órgano de divulgación de la

Fundación Colosio Filial Yucatán A.C.

Año I. No. 2 julio de 2011.

El contenido de los artículos es responsabilidad

de los autores.

Registro en trámite.

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ARTICULOS

Raúl Escalante Carrillo

Elsy Sarabia

EL ENDEUDAMIENTOCOMO OPCIÓN PARA

LA FUNCIÓN PÚBLICA.

PERSPECTIVAS DE LA

ECONOMÍA

DE YUCATÁN

LA CONCILIACIÓNDE LA VIDA FAMILIAR Y

LABORAL DE LAS MUJERES

Juan Raúl Marrufo León

REFORMACONSTITUCIONAL DEL SISTEMA MEXICANO

DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

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TRANSFORMANDO LOS PODERES PÚBLICOS

Víctor Caballero Durán

LA CIUDADANÍA FEMENINA:

UN TEMA TODAVÍA EN

CONSTRUCCIÓN

Ivonne Bouillé Araluce

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¿APORTAR O SÓLO RECIBIR?

2Fernando Carlos Villafaña Gamboa

L.E. José de J. Hermosillo Muñoz

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Soy un fiel convencido de que cuando en una sociedad existen instituciones, sobre todo de carácter público, fuertes, recono-cidas, que brinden resultados y sean respetadas, su desarrollo está garantizado.

Así lo hemos entendido en la actual Legislatura del Congre-so del Estado, en la que por decisión de los habitantes de Yu-catán, el Partido Revolucionario Institucional tiene una amplia mayoría. Por tal razón hemos utilizado esa ventaja numérica en forma responsable para construir todo un andamiaje legal que fortalezca las instituciones públicas de la entidad y constituir-nos en un Congreso de Avanzada.

En tan solo en nueve meses, la actual LIX legislatura ha aprobado 21 nuevas leyes, todas ellas de avanzada y consensa-da en su gran mayoría, ya que 17 de ellas han sido aprobadas por las cuatro fracciones parlamentarias con representación en el Poder Legislativo local.

ARTICULO

TRANSFORMANDO LOS

PODERESPÚBLICOS

Los poderes Legislativo y Judicial en Yucatán

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En este sentido, existen numerosas ac-ciones realizadas que robustecen nuestro tradicional espíritu federalista y constitu-cionalista, que se basan en el fortaleci-miento de nuestras instituciones, como el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, han sido transformadas a través de sus nuevas leyes internas.

Poder Legislativo del Estado

Fue preciso actualizar al marco norma-tivo del Poder Legislativo, para que su efectividad se refleje en la capacidad para producir legislación de calidad y por ende se fortalezca nuestro régimen de-mocrático.

La modificación se diseñó principal-mente bajo tres ejes temáticos, el prime-ro fue la transformación del órgano de gobierno del Poder Legislativo, denomi-nado por la legislación anterior como la Gran Comisión para dar paso a un órga-no colegiado integrado por los Coordina-dores Parlamentarios con representación en el Congreso del Estado, denominado ahora Junta de Gobierno y Coordina-ción Política; el segundo, la regulación normativa dirigida al fortalecimiento del trabajo técnico legislativo posibilitando ahora que todas las Comisiones Perma-nentes estén facultados para dictaminar iniciativas lo que explica la generación de importantes leyes; y el tercero, la res-tructuración y funcionalidad de los órga-nos técnicos y administrativos.

Con las reformas la Junta de Gobierno y Coordinación Política será responsable de la conformación de acuerdos relacio-nados con el contenido de las agendas de los distintos grupos parlamentarios y la presentación ante la Mesa Directiva y al Pleno de proyectos de puntos de acuer-do, pronunciamientos y declaraciones del Congreso que entrañen una posición política del órgano colegiado. Se crean 13 Comisiones Permanentes, agrupándolas en materias divididas por temas dándo-les mayor autonomía y pluralidad en su integración. Se crea la Secretaría General del Poder Legislativo, la Dirección Gene-ral de Administración y Finanzas, éstas dos sustituyen a la actual Oficialía Mayor y Tesorería, respectivamente y se adicio-nan atribuciones al Instituto de Investi-gaciones Legislativas para coadyuvar en la elaboración de la agenda legislativa.

Además se establece el Servicio Profe-sional Legislativo bajo los principios de capacidad, idoneidad, rectitud, probi-dad, constancia y profesionalismo. Ten-drá como propósito apoyar de manera profesional y eficaz, el cumplimiento de las atribuciones y funciones del Poder Legislativo, la estabilidad y seguridad en el empleo de sus trabajadores, así como el fomento de la vocación de servicio y la promoción de la capacitación permanen-te del personal.

Finalmente el Congreso del Estado contará con una Gaceta Legislativa que servirá para divulgar los trabajos realiza-dos en comisiones o en el Pleno.

Víctor Caballero Durán

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Poder Judicial del Estado

La reforma al Poder Judicial del Estado consistió en la creación de los instru-mentos necesarios para cumplir ade-cuadamente con los imperativos cons-titucionales demarcados en el artículo 17 diecisiete de nuestra Carta Magna, es decir que los ciudadanos tengan acceso a una justicia pronta, completa e impar-cial, de las que deriven resoluciones do-tadas de plena eficacia.

Coincidimos en la idea de que la im-partición de justicia debe regirse bajo los principios de la independencia, impar-cialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia y los que se derivan de éstos, plasmándolos no sólo en reglamentos sino también en ley.

La creación de una nueva Ley Orgáni-ca para el Poder Judicial nos transporta a un marco jurídico más fortalecido, co-herente con la actualidad y obedeciendo a las innumerables voces de la sociedad, que exigen una administración de la jus-ticia más clara, confiable y eficaz, pero además que sea complementario a las reformas constitucionales en la materia.

Se establece que el Tribunal Superior de Justicia es la autoridad máxima del Poder Judicial del Estado, define su inte-gración, funcionamiento y las atribucio-nes de sus unidades administrativas; El Tribunal Superior de Justicia estará erigi-

do en Tribunal Constitucional, así como a los mecanismos de control constitucio-nal que el mismo deberá de conocer, los cuales son las controversias constitucio-nales, las acciones de inconstitucionali-dad, las acciones por omisión legislativa y las cuestiones del control previo de constitucionalidad.

Se define al Tribunal de Justicia Elec-toral y Administrativa, como la máxima autoridad jurisdiccional en materia elec-toral y administrativa del Estado, estable-ce sus facultades y define su integración y funcionamiento.

Se establece que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios estará encargado de diri-mir las controversias y resolver los asun-tos laborales del orden estatal que la ley específica le encomiende; señala las fa-cultades del Magistrado correspondiente y los asuntos que le compete conocer a dicho Tribunal.

Se hace referencia a los juzgados y tribunales de primera instancia y a los juzgados de ejecución de sentencia, y establece que los juzgados de primera instancia serán competentes para cono-cer en materia civil, familiar, mercantil, penal o de justicia para adolescentes, en términos de la legislación aplicable. Tam-bién establece que el Consejo de la Judi-catura será el encargado de determinar el número de juzgados de primera instan-

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Coincidimos en la idea de que

la impartición de justicia debe

regirse bajo los principios

de la independencia,

imparcialidad, objetividad,

profesionalismo y excelencia…

nuevo sistema de justicia penal para lo cual ha aprobado en fechas recientes las leyes que crean el Instituto de Defenso-ría Pública, la Fiscalía General del Estado de Yucatán y el nuevo Código Procesal Penal, de lo que en otra ocasión les ex-pondré.

Es propósito es hacer de Yucatán el es-tado más seguro y justo del país, estamos construyendo las bases para garantizar que así sea.

cia conforme a las necesidades de trabajo y de acuerdo al presupuesto, así como su ubicación y la materia o materias de las que deban conocer. También establece los requisitos y las atribuciones para los jueces de primera instancia y los jueces de paz.

Se aborda al Consejo de la Judicatu-ra como el órgano del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión, al que corresponde conocer y resolver todos los asuntos sobre la ad-ministración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, que no estén reservados de manera exclusiva a la com-petencia del Tribunal Superior de Justi-cia, de conformidad con la Constitución Política del Estado. Además establece su integración y ciertos lineamientos del funcionamiento de dicho Consejo.

Se prevé cuestiones relativas al Fondo Auxiliar para la Administración de Justi-cia del Estado, como organismo descen-tralizado del Poder Judicial y del Centro Estatal de Solución de Controversias como Órgano desconcentrado del Poder Judicial, encargado de los procedimien-tos de mecanismos alternativos, en los que intervendrán los facilitadores adscri-tos a dicho centro, de acuerdo a la legis-lación de la materia.

Aunado a lo anterior el Congreso de Yucatán ha realizado las reformas nece-sarias para implementar en la entidad un

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REFORMACONSTITUCIONAL

DEL SISTEMA MEXICANO DE SEGURIDAD Y

JUSTICIA

México está impulsando una reforma completa y profunda a su sistema de seguridad y justicia, el cual durante tantos años ha estado vigente en la vida jurídica de la nación y que en la actualidad se en-cuentra, como lo afirma el ilustre doctor en derecho Miguel Carbonell, en total bancarrota.

Un sistema penal que ha dejado de cumplir con las necesidades de la sociedad, y que llega al extre-mo de que quienes requieran de su eficiencia, ya sea víctima o victimario, dejen de creer en el mismo, es un sistema que requiere de un cambio general, ya que existe una desconfianza extendida en el aparato de justicia, pues las instituciones públicas se han visto invadidas, en muchos casos, e incluso supera-das, por la delincuencia organizad.

En el sistema actual es de todos sabido que los procesos y juicios penales son burocráticos, no cumplen con impartir una justicia pronta y expe-dita, como lo establece la Constitución, y por cu-anto a que los procedimientos penales carecen de la verdadera seguridad de la impartición de justicia, pues muchas veces se condena a gente inocente y en otros casos los individuos son privados de su lib-ertad durante el largo procedimiento; esto implica

una sobrepoblación de las cárceles o Centros de Re-adaptación Social en los estados, con la consecuente afectación al erario, dejando de cumplirse con los objetivos de readaptación social de los centros de internamiento.

Esta situación, desde años atrás, ha causado una gran preocupación en la esfera de los tres poderes, por lo que se propuso la necesidad de reformar todo el sistema penal mexicano, para este efecto y después de un arduo trabajo de los poderes Ejecu-tivo y Legislativo, se procedió a la modificación de diez artículos de la Constitución, con el fin de trans-formar de raíz el sistema de justicia penal en todo el país. Entre los principales objetivos están:

A) Ajustar el sistema a los principios de un es-tado democrático de derecho, defendiendo las ga-rantías de víctimas y acusados y la imparcialidad en los juicios.

B) Vinculación del sistema nacional de seguri-dad pública, que obligará a las autoridades federa-les, estatales y municipales a coordinarse de manera más estrecha, profesionalizando a fiscales, policías y peritos.

Juan Raúl Marrufo León

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C) En justicia, se eleva a rango constitucional la presunción de inocencia, a diferencia del sistema actual, en el que los fiscales buscan conseguir el cas-tigo del acusado y no la verdad histórica y jurídica de los hechos.

D) La investigación será más ágil y efectiva, la víctima logrará efectivamente la reparación del daño.

E) Una igualdad de condiciones durante el pro-ceso, entre la víctima y la parte acusada.

F) Se establecen medidas, que ya existen en otros países democráticos, como el arraigo, la prisión antes y durante el juicio, confidencialidad de datos de víctimas o testigos, entre otras.

G) A diferencia del sistema actual, en el que la vigilancia y control de la ejecución de las senten-cias se encuentra a cargo del ejecutivo, en el nuevo sistema se establece que esta labor estará a cargo de un juez.

Como todo cambio, el nuevo sistema implica la necesidad de echar a andar una máquina debidam-ente engranada, que permita la transición y coexis-tencia entre el viejo sistema y el nuevo, previo el análisis que implica el determinar qué es lo que se podría rescatar del sistema antiguo y adaptarlo al nuevo.

En éste nuevo sistema, toda persona acusada de algún delito será inocente hasta que se pruebe lo contrario; a toda persona inculpada se le informará de qué delito se le acusa y cuáles son sus derechos; se creará la figura del Juez de Control, quien re-solverá de manera inmediata y por el medio más rápido las solicitudes que le haga el ministerio pú-

blico de las medidas cautelares o precautorias y téc-nicas de investigación, respetando las garantías de la víctima y el acusado. En vez de la averiguación previa del sistema actual, se llevará a cabo una in-vestigación para establecer que el delito ocurrió ver-daderamente, y en lugar de acreditar el cuerpo del delito para culpar al acusado, se demostrará su po-sible participación; cualquier prueba obtenida con violación de derechos será nula; la defensa estará a cargo de abogado titulado, no bastará, como en el sistema actual, que el acusado sea representado por persona de su confianza.

En casos de delitos de los llamados de bagatela o de poca peligrosidad, si el juez considera que el acusado no causará daño, no se escapará y no pon-drá en riesgo la investigación, podrá enfrentar el proceso en libertad, debiendo contemplar y garanti-zar que no se sustraerá de la acción de la justicia, así como de la reparación del daño a favor de la víctima.

Cuando se habla de oralidad en el juicio penal, pudiera interpretarse como si el abogado o licen-ciado con mejor oralidad pudiera ser siempre el que obtenga la ventaja en la conclusión del juicio, es decir, en la sentencia, sea parte defensora o el propio fiscal; esto desde luego que no será así, puesto que el propio espíritu de la reforma establece que el pro-ceso penal se desarrollará observando los principios que a continuación se relacionan:

i. El proceso penal tendrá por objeto el esclareci-miento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

ii. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el

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desahogo y la valoración de las pruebas, la cual de-berá realizarse de manera libre y lógica.

iii. Para los efectos de la sentencia sólo se con-siderarán como prueba aquellas que hayan sido de-sahogadas en la audiencia de juicio. La ley establ-ecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo.

iv. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se de-sarrollará de manera pública, contradictoria y oral.

v. La carga de la prueba para demostrar la culpa-bilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igual-dad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.

vi. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que es-tén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece la Constitución.

vii. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se po-drá decretar su terminación anticipada en los supu-estos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las con-secuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otor-gar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.

viii. El juez sólo condenará cuando exista convic-ción de la culpabilidad del procesado.

ix. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula; y

x. los principios previstos previamente se ob-servarán también en las audiencias preliminares al juicio.

Al analizar éstos principios, se deja en claro que el procedimiento será garantista, por lo que de nin-guna manera podrá concluirse que el abogado con una mejor calidad histriónica podrá obtener los me-jores resultados en sentencia, sino que se procurará llegar a la “verdad histórica” de los hechos y no con-denar por el simple hecho de sentenciar; esta ga-rantía a favor del procesado lo contemplamos en el inciso marcado con el número viii de los principios arriba numerados, en el cual podemos notar la ob-ligación que la ley le señala al juez para poder emitir una sentencia condenatoria.

Las reformas a nuestra constitución no son bien vistas por muchos profesionales del derecho, ya que representan algo nuevo que genera desconfianza a lo desconocido, sobre todo en aquellos licenciados o abogados “conformistas” que se lanzan a la calle con los limitados conocimientos adquiridos en las aulas de clases.

Son estos “profesionales” del derecho aquellas personas que con el nuevo sistema penal están con-scientes que su permanencia en el litigio se acorta; el nuevo sistema penal exige al abogado o licenciado en derecho destreza y una buena facilidad de pal-abra, además de una capacitación plena, pero sobre todo constante, con conocimientos que día con día tendrán que ser nutridos con el estudio, mismos que permita al profesional desenvolverse en cualquier etapa del proceso con profesionalismo, pero sobre todo, con una calidad que garantice un servicio dig-

IMÁGENES

Jornada de reforestación que encabezaron diputados del PRI.

Cuarto aniversario del triunfo de Ivonne Ortega Pacheco,

20 de mayo de 2011.

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no para la ciudadanía que recurra a sus servicios.Existen en el medio abogados comprometidos

con la carrera, que elevan nuestra profesión a muy buenos niveles. Para los escépticos, el nuevo sistema penal origina en estos momentos la aparición del “instinto gregario”, aquel instinto que estudiamos en los libros de texto del bachillerato y que se pre-senta en el individuo cuando enfrenta una situación desconocida que le produce temor, desconfianza en sí mismo y miedo a no hacer lo debido, “ miedo a no saber qué y cómo hacerlo”; y es precisamente este instinto por el que muchos licenciados en derecho están atravesando, ante la implementación de un sistema penal “desconocido”, que les produce temor y desconfianza de no hacer bien las cosas; es nec-esario dar a conocer plenamente este nuevo sistema e inyectar en los profesionistas la confianza en sí mismos; se hace necesario al abogado dotarse de los conocimientos indispensables que le inyecten una capacitación profesional verdadera sobre el el nuevo sistema penal; en nuestro país existen valiosos ju-ristas como el Dr. Carlos Nataren Nandayapa, el Dr. Iván del Llano, el maestro y amigo Dr. Rubén Quin-tino, y otros que aún cuando no se mencionen, no dejan de ser importantes en la formación profesion-al de muchos abogados o licenciados en derecho. El nuevo sistema penal viene a ser un gran paso en la vida jurídica de nuestra nación, implica situarnos a la altura de los grandes sistemas penales de otras naciones; dando a conocer el nuevo sistema acaba-remos por convencer a los escépticos de su impor-tancia y eficiencia. Con el tiempo la impartición de la justicia en México será de muy buena calidad y disminuirá la población en las cárceles, pero sobre todo dará certeza jurídica a la sociedad.

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Existen varios debates en torno a la ciudadanía femenina, para muchas personas las mujeres desde antes de poder votar ya eran ciudadanas, para otras empezaron a serlo a partir de que las leyes legalmente a través del sufragio les reconocieron el derecho y hay otras personas que consideran que hasta hoy, a pesar de estar contempladas dentro de la Constitución, todavía no lo son.

Todas estas discrepancias tienen que ver con las varias defi-niciones que el significado encierra, que van desde el conjun-to de ciudadanos que forman parte de una nación, comporta-miento propio del buen ciudadano respetando las normas de convivencia o la obtención de derechos y deberes civiles, polí-ticos y sociales; así como las transformaciones que el concepto ha tenido a la par de la evolución de las sociedades, desde las Ciudades-Estado donde el peor de los castigos del ciudadano era el exilio, prueba de ello la elección a morir de Sócrates antes de dejar ser ateniense, debido a que el término de ciudadanía en Atenas tenía que ver “con un principio de sangre, de iden-tidad de clan y con una definición cultural”, hasta el término vinculado al Estado-Nación producto de las reformas que se dieron a partir de la Revolución Francesa.

Pero, ¿qué significa ser ciudadanas? Si tomamos como refe-rencia los términos democracia e igualdad dentro del concepto de ciudadanía, el género se hace presente. Las mujeres tanto en las Ciudades-Estado como en el Estado-Nación no figura-ron. El pensamiento sexista que ha enmarcado a la historia en-

La Ciudadanía Femenina:un tema todavía en

CONSTRUCCIÓN

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Ivonne Bouillé Araluce

fatizando la diferencia entre los dos sexos ha sido fundamental para los conceptos de ciudadanía, los espacios de movilidad donde las mujeres se desen-volvieron como esposas y madres atendiendo el ho-gar hicieron que no tuvieran acceso a la ciudadanía de manera igualitaria a pesar de la desestabilización y reorganización que hubo en los sistemas de género tras la Primera Guerra Mundial.

Las mujeres a pesar de haber alcanzado el su-fragio no alcanzaron la igualdad, por lo que siguen luchando por su construcción ciudadana a través de movimientos sufragistas y espacios de toma de decisiones donde su representación y participación conduzca a una verdadera democracia.

La desigualdad entre mujeres y hombres en el pasado así como la demanda de sus derechos no ob-tenidos a finales del siglo XVIII dentro de la atmós-fera de libertad, igualdad y fraternidad que la Revo-lución Francesa proclamó, dio pie a que a la mujer, a pesar de no haber sido valorada como un sujeto igualitario, se pensara en ella como un ser que me-recía mejor calidad de vida dentro de esa sociedad pensada para hombres

No se puede hablar con exactitud de la fecha en que el movimiento feminista nació, lo que se puede decir es que tuvo sus raíces en Occidente, el cual

con el paso del tiempo ha adoptado diversas postu-ras para demandar los derechos de las mujeres, que van desde el derecho al voto, el empleo igualitario o el derecho a pedir el divorcio, apoyando al mismo tiempo a otros movimientos como los que reclaman los derechos de igualdad de los homosexuales y mo-vimientos de derechos humanos o pacifistas.

Por lo general el movimiento tiene un acerca-miento a la política, al considerarse un terreno desde donde los demás cambios pueden llevarse a cabo, siendo el sufragio femenino el que ha produ-cido uno de los mayores cambios en las sociedades occidentales, a pesar de faltarle camino por recorrer.

De ahí la importancia de celebrar los triunfos que las mujeres han tenido en el terreno político, no sólo en el pasado sino en el presente, siendo Yucatán un ejemplo; prueba de ello la gobernadora Ivonne Or-tega Pacheco y la alcaldesa Angélica Araujo, mujeres que con su actuación dejan claro que la presencia femenina en los últimos años se ha intensificado en el Estado.

Primordial es también apoyar y acudir a espacios que tienen presente a las mujeres, como el Instituto para la Equidad y Género de Yucatán así como la Fundación Colosio Yucatán A.C., espejos que im-pulsan a las mujeres a ser actores visibles de una sociedad activa y participativa, personajes presentes en los aconteceres diarios y en los hechos trascen-dentales de sus vidas. Sitios en los cuales se recuer-da que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, motivo más que suficiente para continuar luchando por una verdadera ciudadanía femenina.

Las mujeres a pesar de haber alcanzado el

sufragio no alcanzaron la igualdad

Madre de familia, Licenciada en Historia y Profesora Universitaria.

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En años recientes las entidades federa-tivas tuvieron que enfrentar una dismi-nución de sus ingresos públicos a raíz de una crisis internacional y una con-tingencia sanitaria nacional, reduciendo sus capacidades de gasto corriente, de inversión, y aportaciones para disponer de recursos federales.

Ante estas circunstancias y con la ne-cesidad de mantener el ritmo de sus ac-tividades económicas ligadas al bienestar de la población, requirieron de revisar las opciones que los ayudaran a reorde-nar sus finanzas internas, entre las que se incluyeron la necesidad de recortar el gasto público en lo que se incluía la re-ducción del gasto corriente, y la de revi-sar la opción del endeudamiento público como una alternativa de ingreso.

La opción del endeudamiento público era visto con interés como una alterna-tiva para atenuar la reducción del gas-to público y con ello el gasto corriente, que inevitablemente llevaría a agudizar la pérdida de empleos y la desacelera-

EL ENDEUDAMIENTO como opción para la función pública.

ción de la economía en la entidad por el efecto multiplicador que ello genera, con consecuentes impactos negativos en la ya deteriorada situación económica que se buscaba paliar.

Consideraciones que contribuían a ver la opción del endeudamiento como alternativa viable de ingresos, fue el he-cho de estimar que las causas que pro-piciaban la desaceleración económica serían temporales y que con una recu-peración en el corto plazo las entidades federativas podrían volver a sus capaci-dades de ingresos por la vía de las contri-buciones y con ello sus capacidades para pagar los adeudos que pudieran contraer para paliar las dificultades económicas que estaban pasando. Con ello espera-ban que las interrupciones en el ritmo de las funciones públicas y en el desarrollo económico de las entidades fueran las mínimas posibles.

En Yucatán, además de los deterioros que le generaron a su economía hasta fi-nales del año 2008 las dos contingencias

Fernando Carlos Villafaña Gamboa

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antes señaladas, en el año 2009 se regis-tró una reducción en los dos primeros trimestres del año de los ingresos de libre disposición, lo que afectó el desempeño de sus funciones y de apoyo a la eco-nomía, por lo que resultaba apremiante corregir este desequilibrio antes de que trascendiera en mayores daños al em-pleo, la producción y el bienestar de la sociedad. Por lo anterior y aprovechando el bajo nivel de endeudamiento público que registraba con respecto a las demás entidades federativas del país, encontró en el endeudamiento una alternativa para paliar las necesidades de ingresos por la que se pasaba. Condiciones complemen-tarias que hacían favorable esta decisión fueron, un mercado financiero en com-petencia que ofertaba tasas de interés y plazos favorables, y la conveniencia de refinanciar una deuda pública histórica estatal. Con lo anterior incursiona en la adquisición de un préstamo a pagar en 25 años (300 meses) con el 3.5% de sus participaciones mensuales federales.

Esta medida si bien fue analizada y cabildeada hacia el interior de sus orga-nizaciones administrativas y políticas, no dejó de generar inquietudes reflexivas sobre si se hizo bien o mal, lo cual ha obligado a tener que revisar los princi-pios que rigen en la economía la necesi-dad del uso de endeudamiento como una alternativa de ingresos para el Estado.

Para entender esta acción, debemos iniciar por comprender el papel que tiene el Estado en la economía, el cual

ha ido evolucionando desde cuando se consideraba que sólo debía fomentar ac-tivamente el comercio y la industria, o de tener un papel limitado en la economía para dejar que la mano invisible de las fuerzas del mercado condujeran su de-sarrollo, o de pensar que solo él debe-ría de ser responsable de la conducción de la economía. Fue la Gran Depresión económica mundial de 1929, la que de-mostró que los mercados no siempre se comportan de manera ideal, que tienen fallos que reflejan incapacidades para ge-nerar los empleos que requiere la pobla-ción, el control de la inflación, promover el crecimiento económico y los niveles de bienestar, controlar la contaminación y combatir las desigualdades en la dis-tribución de los ingresos, todo ello que, dejándose de atenderse, propicia incre-mentos en la pobreza y el deterioro de los redes de seguridad específicamente en alimentos, medicinas y educación.

Con lo anterior la duda sobre si debe o no intervenir el Estado en la economía

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fue disipada, para dar paso a una firme necesidad de su intervención para ayu-dar a corregir problemas de la misma, y de tener específicamente un papel más activo para la estabilización económica, en lo que se incluyen objetivos sociales y económicos, y la mejora de condicio-nes laborales. Estas responsabilidades para el Estado fueron llevadas inclusive al artículo 25 de la Constitución Política Mexicana.

Por lo anterior es que sea aceptado como algo normal hoy en día que el Esta-do intervenga para contribuir a corregir desajustes en la economía, siendo que, aunque actualmente está muy extendi-da la idea de que los mercados y las em-presas privadas constituyen la clave del éxito de una economía y que al Estado le toca desempeñar el papel complemen-tario del mercado, es sin embargo el ca-rácter exacto de su papel lo que continúa siendo un motivo de controversias para algunos.

Paul Samuelson, quien en 1970 obtu-vo el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría económica es-tática y dinámica, menciona que son tres las funciones que debe tener el Estado: 1) Fomentar la eficiencia, que se refie-re a que el Estado debe intervenir bajo una firme lógica económica para facilitar el funcionamiento fluido de la empresa privada; 2) Fomentar la equidad, que se refiere a procurar que los bienes de una economía no solo sigan a los votos

monetarios sino también a las mayorías sociales necesitadas, siendo una de sus herramientas la redistribución de los in-gresos que realiza mediante el manejo del ingreso y gasto público; y 3) Fomentar la estabilidad, que se refiere a controlar las oscilaciones del ciclo económico me-diante el uso de sus herramientas fiscales y monetarias, para influir en los niveles de empleo, demanda, producción e in-flación.

Lo anterior señalado, si bien aclara y justifica la intervención del gobierno del Estado de Yucatán para atenuar los im-pactos negativos que se registraban en su economía, la siguiente duda sería la de saber si para el cumplimiento de dichas acciones, fue justificado el uso del en-deudamiento como alternativa de ingre-sos. Para comprender esto debemos pre-cisar que el gasto público es una de las herramientas con las que cuenta el Es-tado para cumplir con sus tareas, y que requiere en contraparte del respaldo de los ingresos, siendo que cuando éstos no

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son suficientes se genera un déficit que obliga al Estado primero a recurrir ajus-tes en su gasto y, si estos no fuesen sufi-cientes, en pensar en fuentes alternativas de financiamiento, en el que se incluye el endeudamiento. Pero es aquí donde sur-ge la duda de saber si es correcto recurrir al endeudamiento público como alterna-tiva para continuar financiando las acti-vidades del Estado.

Para responder esta duda, recurrimos de nuevo a nuestro invitado en este artí-culo, Paul Samuelson, quien nos precisa que debemos evitar la práctica habitual de suponer que la deuda pública es mala porque la deuda privada es gravosa, esto es, no se puede hacer una comparación con los mismos criterios con los que se evalúa una deuda personal o la deuda de una empresa, ya que los beneficios sociales que conlleva la deuda pública, muchas veces no pueden medirse con la misma facilidad de un gasto particu-lar que tiene como tendencia un benefi-cio particular, siendo que la evaluación para un gobierno debe ser vista desde las perspectivas de ¿absorben los pagos de intereses de la deuda una gran parte del Producto Interno Bruto?, ¿es eleva-do el total de pago de intereses con la experiencia de otros gobiernos?, y ello derivado de la responsabilidad de que, con el pago de los intereses, se limite el crecimiento de los programas públicos y se tenga que llegar a la obligación de te-ner que elevar los impuestos para pagar dichos intereses.

Para Samuelson, los problemas reales que acusarían un elevado endeudamien-to público serían: que se esté ante la ne-cesidad de buscar alternativas de ingresos para poder pagar los intereses de la deu-da; registrar una pérdida de eficiencia en la recaudación por captar impuestos para pagar intereses y capital; o desplazar ca-pital de manos del sector privado cuando el público tiene deuda pública en lugar de activos basados en capital. De estos tres problemas señala, que si se trata de endeudamiento con capital nacional, los dos primeros se tratan simplemente de distorsiones de la eficiencia y el bienes-tar, ya que es dinero que si bien se cobra en una parte de la economía, éste ira a dar a otra parte de la misma economía. Es el tercero de los problemas, el relati-vo al desplazamiento de capital, el que en su opinión pudiera tener tal vez una consecuencia más grave, ya que pudiera estar desplazando recursos de un sector productivo de la economía generadora de riqueza, para ser destinado a la deu-da pública, lo que reduciría el capital privado con importantes consecuencias económicas como factor que es para la inversión y la producción.

Por lo antes señalado, la decisión del endeudamiento público que pareciera re-presentar un daño a los indicadores ma-croeconómicos en la entidad, en realidad representa una herramienta para atender las funciones del Estado de entre las que destacan el mantener las condiciones de bienestar y desarrollo. El endeudamiento

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público dentro de márgenes manejables dentro del PIB en la entidad no es malo ni tampoco una carga, y menos aún si se destina para generar niveles de prospe-ridad que permitan con el incremento mismo de sus actividades económicas obtener mayores montos de contribucio-nes que posibiliten la devolución de los intereses y el capital de la deuda. Se debe evitar la práctica de suponer que la deu-da pública es mala porque la deuda pri-vada es gravosa, ya que ambas manejan criterios de evaluación de beneficios di-ferentes, la primera basada en tendencias de beneficios de bienestar social y creci-miento económico, y la segunda basada en tendencias de beneficios particulares.

Para el caso del análisis que nos ocu-pa, se llegó a conocer que las dos terceras partes del endeudamiento adquirido fue-ron destinadas para financiar inversiones públicas productivas y la parte restante para redimir pasivos con los que se ob-tuvieron importantes ahorros en el pago de intereses. El endeudamiento repre-senta apenas el 0.75% del PIB del Estado de Yucatán. Con lo anterior el gobierno dentro del marco de responsabilidades que le corresponden al Estado, a reorien-tado el uso de recursos que en manos del sector privado no estaban siendo utiliza-dos para la generación de riqueza, para ser destinados a la generación de obras públicas que contribuyen a fomentar empleos, ingresos y producción para las familias yucatecas, así como, en el me-diano y largo plazo, a fomentar alterna-

tivas de infraestructura que contribuyan a impulsar el quehacer de las empresa privadas.

Estas acciones deberán asimismo, de ser acompañadas de adecuados es-tudios de viabilidad técnica incluyendo las propuestas de proyectos estratégicos que se prevén como detonantes para el desarrollo de la economía en la entidad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos que se obtienen por esta vía, así como a sabiendas de que la sociedad tiende a evaluar el endeudamiento públi-co con los mismos criterios de un endeu-damiento privado, se deberá de procurar dar una mayor transparencia a la aplica-ción de estos recursos, incluyendo en el seguimiento de su aplicación y resulta-dos que se obtengan.

Todo esto por supuesto, es la apre-ciación de un trabajo de investigación, y queda para la persona que incursione en éstos tópicos de la economía del bien-estar, la confrontación de las cuestiones éticas y políticas que lo caracterice, di-ferencias que no pueden resolver en el marco de la ciencia positiva, ya que la úl-tima palabra está sujeta a supuestos nor-mativos y juicios de valor sobre lo que es bueno, correcto y justo.

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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA DE

YUCATÁN

Raúl Escalante Carrillo

Yucatán ha tenido tres fases en su historia econó-mica. La primera, que abarca desde la época de la colonia hasta la independencia, correspondió a una economía basada en la hacienda maicera y ganade-ra; la segunda tuvo como eje un modelo agro ex-portador sustentado en la industria del henequén con fases de auge en el porfiriato y decadencia en la posrevolución, por los cambios en los modos de producción y las innovaciones tecnológicas en las fibras; y la tercera, en las últimas décadas del siglo XX, se caracterizó por un proceso gradual de diver-sificación en la industria y los servicios.

En esta última etapa, que se inició a mediados de los años ochenta con el Programa de Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán, se logró un cambio estructural importante en la eco-nomía regional, con un sensible incremento de la participación del sector de los servicios en la com-posición del producto local, al pasar de 64.8% en 1985 a 74.2% en el año 2004, en tanto que el sector secundario disminuyó de 27.4% a 22.5% en el mis-mo periodo y el sector primario se redujo de 8.4% a 5.2%. En un periodo breve se acentuó el proceso de tercerización de la economía del estado.

Esas tendencias pueden explicarse por la espe-cialización de la región en la industria maquiladora

y la exportación selectiva, pero fundamentalmen-te por el desarrollo de los servicios turísticos que impulsaron el crecimiento de la construcción y el transporte, no sólo en el estado sino en la Penín-sula, especialmente en las regiones norte y centro de Quintana Roo que son un mercado natural de mano de obra y de bienes y servicios yucatecos. La nueva actividad industrial sustituyó a la industria cordelera y absorbió parte de la mano de obra rural dedicada históricamente al cultivo y procesamiento de la fibra de henequén.

En años recientes continuó el proceso de terceri-zación de la economía. En el periodo 2000-2004, los sectores de mayor crecimiento fueron los de servicio: Comunicaciones y Transportes 6.8%; Comercio, Ho-teles y Restaurantes 3.2%; Servicios Financieros e Inmobiliarios 3.2%. En contraste, las manufacturas no sólo perdieron dinamismo sino que su produc-ción disminuyó con respecto a la del año 2000, des-tacan: Textiles -4.3%; Papel, Imprentas y Editoriales -4.0%, y Madera y sus Productos -3.4%.

El sector agropecuario tuvo un sano crecimiento de 3.5%, tendencia resultante del significativo cam-bio en el patrón de cultivos por la declinación del henequén, el desarrollo de otros de mayor densidad económica y la rápida expansión de la ganadería, de

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aves y de porcinos. Igualmente, actividades asocia-das a la construcción de infraestructura como elec-tricidad, agua y gas registraron una elevada tasa de crecimiento (10.4%).

Si bien los primeros años de esta década fueron de bajo crecimiento para la economía nacional, la economía yucateca se expandió por encima del pro-medio; es relevante hacer notar que el PIB del estado aumentó al doble de la población. Por esta circuns-tancia, el ingreso per cápita de los yucatecos tuvo un incremento anual de 1.6% en términos reales.

A pesar de ello, el estado aún tiene un ingreso per cápita inferior al nacional. En el año 2004 ascendió a 54 mil 611 pesos, frente a un promedio nacional de 67 mil 610 pesos. Ajustado por el poder de com-pra, el ingreso per cápita de Yucatán es similar al de países como Colombia o Costa Rica y es superior al de cualquier otro de Centroamérica. En el ámbito nacional, supera al de entidades federativas como Sinaloa, San Luis Potosí, México o Guanajuato.

En el estado, el crecimiento de la población ocu-pada es superior al nacional, pero el personal remu-nerado tiene un aumento inferior. Igualmente, en Yucatán el crecimiento del personal con prestacio-nes es menor que el nacional. Los niveles de ingre-so de los yucatecos son inferiores a los promedios nacionales.

Yucatán es un estado con abundantes recursos naturales, con una ubicación geográfica privilegia-da, amplios litorales y con un patrimonio natural, artístico, arqueológico, cuyo monumento emblemá-tico es Chichén Itzá, una de las siete nuevas maravi-llas del mundo.

El estado es el eje de una de las 10 regiones de crecimiento más rápido entre los países de la OCDE pero, como señala este organismo, sus recursos y ubicación estratégica están subutilizados.

Actualmente, más de 600 mil personas viven en la pobreza y casi la mitad de nuestra población no tiene acceso a servicios médicos adecuados. El estado ocu-pa el cuarto lugar nacional en cuanto a incidencia de

pobreza extrema y es uno de los 12 que tienen niveles de marginalidad alta o muy alta.

Más del 60% de los adultos mayores en la entidad viven en la marginación y la calidad de nuestro sistema educativo ocupa el lugar 23 a nivel nacional (OCDE).

Históricamente, la economía formal de Yucatán ha sido incapaz de crear las suficientes oportunida-des de empleo que exige el crecimiento normal de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI) la población ocupada se incrementó en más de 60 mil personas entre el año 2005 y el 2010. Sin embargo, el registro de trabaja-dores asegurados en los sistemas de salud y pensión oficiales aumentó sólo 40 mil trabajadores. Es decir, aproximadamente una tercera parte de los trabajado-res que engrosaron la fuerza laboral durante ese perio-do de cinco años, fue incapaz de obtener empleo en la economía formal (INEGI).

En nuestro estado tenemos más de 899 mil plazas laborales, pero de ellas más de 150 mil pagan apenas por encima de un salario mínimo.

Para ser un estado moderno con posibilidades de alcanzar tasas elevadas de crecimiento económico, te-nemos que llevar a cabo una estrategia para fortalecer las ventajas comparativas reales y propiciar nuevas ventajas regionales. La estrategia tendrá que ser, por un lado, en el corto plazo, romper las condiciones de estancamiento y atraso, reduciendo las desigualdades y ofreciendo mejores alternativas productivas y socia-les a la población con menos oportunidades. Por el otro, diseñar una política de desarrollo de largo plazo orientada a modernizar la economía sobre las bases de un mejor capital humano, inversión y diversificación productiva.

Como el volumen y la dirección del comercio in-ternacional globalizado son determinados por los ni-veles de desarrollo y absorción de tecnología, las in-versiones tenderán a fluir hacia países o regiones en donde sea posible encontrar capital humano que do-mine campos del conocimiento acordes a las nuevas actividades productivas y de servicios.

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Sólo si nos convertimos en un centro de atracción para la inversión en sectores innovadores podremos construir una región que concentre una actividad pro-ductiva, con empleos calificados y bien remunerados, que absorban la fuerza laboral de Yucatán.

Por sus evidentes efectos en la productividad del capital humano regional, así como en el desarrollo de las capacidades de la población para articular y pro-cesar sus propias demandas, los cambios en la educa-ción deben operar como factor fundamental del con-junto de transformaciones que expande y hace viables las oportunidades de bienestar de las personas.

En Yucatán nos enfrentamos a tres grandes insufi-ciencias del sistema educativo que tenemos que supe-rar: a) un acceso todavía limitado a la educación bási-ca, principalmente en los niveles preescolar e inicial, b) una política diferenciadora y segmentadora, prin-cipalmente en la oferta de educación superior, media superior y especial, y c) una calidad inadecuada para responder a los requerimientos del desarrollo estatal en todos los niveles del sistema.

La población con discapacidad es un sector vul-nerable de nuestra sociedad que requiere de estra-tegias específicas de atención, ya que enfrenta serias limitaciones, agravadas porque la infraestructura y el equipamiento urbano existentes no atienden sus ne-cesidades.

Cerca de 3% de la población de Yucatán presen-ta alguna limitación, lo que significa más de 48 mil personas (INEGI). Lo anterior implica una importante demanda de servicios especializados y de fuentes de empleo.

Las desigualdades regionales son consecuencia de la aguda concentración económica, demográfica y de la infraestructura y equipamiento, dando lugar a que el crecimiento económico en las ciudades no metropolitanas sea insuficiente, así como a procesos productivos regionales poco articulados y a un amplio mercado especulativo del suelo urbano.

La corrección de este desequilibrio sólo puede sur-gir de la responsabilidad asumida por el Gobierno es-

tatal y la participación determinante de la sociedad, es decir, mediante la planeación del desarrollo de las regiones del estado.

De los 106 municipios sólo Mérida tiene un alto grado de urbanización. Si bien otros 12 tienen cierto grado de urbanización, por contar con una localidad de 15 mil o más habitantes, conservan muchas carac-terísticas rurales. Los 93 municipios restantes son pre-ponderantemente rurales.

En la Zona Metropolitana de Mérida y 2 zonas de influencia metropolitana, es decir, en 14 de los 106 municipios yucatecos, se concentra casi el 60% de la población total y casi el 70% de la población urbana.

Existen dos mil 325 localidades. En sólo 96 se con-centra 45% de la población, y en la ciudad de Mérida el 42%. La marginación del desarrollo y los desequi-librios regionales encuentran sus manifestaciones más agudas en las dos mil 228 localidades restantes, con menos de dos mil 500 habitantes, que son asiento de 17% de la población estatal, hecho que hace patente la inconveniente dispersión de la población.

En una sola localidad, Mérida, habitan más de 830 mil personas, en tanto que la Región Noreste, la cual abarca una superficie casi diez veces mayor, cuenta con poco más de 130 mil habitantes (seis veces me-nos que en Mérida) dispersos en 551 localidades, con densidad de 15 habitantes por kilómetro cuadrado.

La capital yucateca tiene 94.2% de su población con muy bajo índice de marginación y 0% con muy alto grado. La Región Sur tiene 98.1% de sus habitan-tes en alto grado de marginación y el restante 1.9% en muy alto grado.

En Mérida, 60% de la población ocupada percibe más de dos salarios mínimos, mientras que en las de-más regiones del estado sólo alcanza ese nivel salarial entre 11% y 27%.

En Yucatán, poco más de 77% de los municipios presenta grados muy altos y altos de marginación.

En lo que respecta al uso de suelo, el estado tie-ne tres millones 922 mil 855 hectáreas. De éstas, 864 mil 31 son de uso agrícola, 32 mil 185 de pastizales,

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dos millones 907 mil 559 de vegetación secundaria y otros tipos de vegetación, 44 mil 314 de selva y 41 mil 678 de áreas ur-banas.

La infraestructura para el desarrollo en el estado se encuentra concentrada en la zona conurbada que abarca los municipios de Kanasín, Mérida, Ucú, Progreso y Umán.

Yucatán cuenta con cinco centrales ter-moeléctricas: tres ubicadas en el municipio de Mérida y dos en Valladolid. El problema de la energía eléctrica es de distribución y transmisión, ya que la capacidad instalada o la generación de ésta cubre 2.4 veces la demanda actual.

Según el Índice de Infraestructura (OCDE), que mide el nivel de infraestruc-tura existente en las entidades federativas, y que considera aspectos como la calidad de los servicios educativos y de salud, así como del sistema de transportes y comuni-caciones, Yucatán ocupa el décimo primer lugar y se ubica entre los catorce estados que obtuvieron índices positivos.

El estado cuenta con 12 mil 266 kiló-metros de carreteras y caminos rurales. En cuanto a las carreteras, 11.5% son pavi-mentadas principales y 27.2% pavimen-tadas secundarias. De los caminos rurales, 10.1% son pavimentados, 21.6% revesti-dos y 29.6% de terracería.

La red ferroviaria tiene 609.4 kilóme-tros de extensión, entre troncales y rama-les, y es usada para el transporte de carga. Se encuentra en pésimas condiciones y su pobre operatividad obliga a usar medios de transporte de carga muy caros.

En materia portuaria, por su infraes-tructura destacan: Progreso, Celestún, Si-sal, Chuburná, Telchac, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, El

Cuyo y Chabihau. El más importante es el Puerto de Altura de Progreso, por su capa-cidad y calidad de servicios, conjuntamen-te con el puerto de abrigo de Yucalpetén.

En el estado hay dos aeropuertos inter-nacionales, ubicados en Mérida y Kaua.

El Segundo Conteo de Población y Vi-vienda 2005 informa que en el estado 97% de las viviendas cuenta con servicio de energía eléctrica, 93% tiene agua entubada dentro o fuera de la vivienda y 71% posee drenaje. Se puede considerar que existe de manera general en todo el estado certeza en la tenencia de la vivienda. De acuerdo con algunos cálculos y consultas realizadas por despachos especializados (HAZ), 83% de las viviendas habitadas está totalmente pagada y 14% se está pagando.

De acuerdo con el INEGI, en el estado la cobertura del servicio de agua potable es de 92.7% de los predios y en el municipio de Mérida de 95.8%.

En contraste, la cobertura de drenaje es de 70.6% y de sanitarios conectados a su-ministro de agua de 60.9%.

En cuanto al tratamiento de aguas resi-duales, debido al tipo de disposición, sola-mente se cubre menos de 2% de las aguas generadas. Vale la pena mencionar que las actividades agrícolas y pecuarias contami-nan de manera importante los recursos hí-dricos del estado.

Yucatán cuenta con una cobertura total de 96.3% del servicio de energía eléctrica; en el medio urbano alcanza 97.4%, mien-tras que en el rural es de 91%.

El sistema de abasto estatal no ha teni-do grandes cambios desde la creación, en 1982, de la empresa paramunicipal Cen-tral de Abasto de Mérida, empresa del centro mayorista que opera en Oxkutz-

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cab y que maneja productos del Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Vera-cruz y de Yucatán, así como del mercado ubicado en los patios de la “Casa del Pue-blo”, en Mérida.

Los datos señalados pueden ayudar a determinar que Yucatán es un Estado con una posición geográfica privilegiada, que al mismo tiempo tiene una situación logís-tica no acorde con esa característica.

Asimismo, en Yucatán los salarios son de los más bajos en el país y la productivi-

dad está por debajo de la media nacional en todos los sectores.

Se requiere un esfuerzo amplio y pro-fundo, caracterizado por grandes inversio-nes productivas de carácter estructural, es-pecialmente en el ámbito logístico para ser competitivo en el ámbito mundial y captar capitales con mayor facilidad.

A continuación señalo una matriz de indicadores con la mayor actualización posible tomando como base el año 2007.

Indicadores Descripción Línea Base Fuente 2010

Variación porcentual del PIB Per Capita

Variación porcentual del Producto Interno Bruto Per Capita en el Estado de Yucatán

64,397. 3 (miles de pesos) en 2007

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

61,212 en 2009, (-3.9 en comparación con PIB 2008)

Índice Trimestral de la Actividad Económica de Yucatán.

Índice compuesto que denota el comportamiento global de la Economía de Yucatán en una sola cifra.

131.1 (IV trimestre de 2007)

INEGI 137.4 al IV trim 2010

Lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional respecto a su Tasa de Desocupación.

Dato comparativo con otros estados de la República que permite ubicar de manera ponderada a Yucatán respecto a su tasa de desocupación.

2° (IV trimestre de 2007)

INEGI 4º (I trim 2011)

Lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional respecto a la atracción de Inversión Extranjera

Dato comparativo con otros estados de la República que permite ubicar de manera ponderada a Yucatán respecto a su capacidad de atracción de inversión extranjera.

23° (periodo comprendido entre el IV Trimestre de 2006 y el IV Trimestre de 2007

Secretaría de Economía (SE)

24º (periodo comprendido entre el I Trimestre de 2007 y el IV Trimestre de 2010)

Valor acumulado de las exportaciones de Yucatán

Cifra en consiste en la sumatoria del valor de las exportaciones de Yucatán en los años que abarcan la administración 2007-2012.

2,730 millones de dólares (2007)

Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) con datos de la Admón. General de Aduanas

1,555 millones de dólares (2010)

Índice promedio anual de las Ventas Netas al menudeo en los establecimientos comerciales de Mérida

Índice que permite conocer el desempeño del sector comercial en la Ciudad de Mérida de acuerdo al valor de su facturación.

129.9 (2007) INEGI 140.3 (2010)

Índice promedio anual de las Ventas Netas al mayoreo en los establecimientos comerciales de Mérida

Índice que permite conocer el desempeño del sector comercial en la Ciudad de Mérida de acuerdo al valor de su facturación.

103 (2007) INEGI 102.8% (2010)

Índice de Productividad de Yucatán

Índice compuesto de estadística derivada que consiste en el cociente del Producto Interno Bruto de Yucatán entre su Población Ocupada.

141 (2007) Sefoe con datos del INEGI

130.5 (2009)

Promedio diario del salario base de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social

Promedio de salario base de cotización ante el IMSS

159.6 (Ene 2008)

INEGI con datos del IMSS

180.90 (Ene 2011)

Índice Compuesto de Infraestructura Económica

Índice multivariado que mide la capacidad instalada de la infraestructura con que cuenta el Estado

12 (2007) INEGI. Anuario Estadístico por Entidad Federativa

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Generación tras generación ser mujer en México, en América Latina y en el Caribe, tenemos que recono-cer, que no ha sido, ni es cosa fácil.

No es cosa fácil, porque por cuestión ideológica y tradicional las cargas sociales a las que nos enfrenta-mos, son más pesadas. Así como también, la mayo-ría de las veces las puertas son más difíciles de abrir.

Es difícil, porque además de los retos que implica para todos triunfar en la vida…nosotras, las muje-res, también debemos hacer frente a los prejuicios, y a la cultura machista que aún impera en nuestra sociedad, que trasciende a una problemática actual: la discriminación.

Vivimos en una sociedad en la que, general y des-afortunadamente, es más práctico y más reditua-ble en lo económico y profesional, sacrificar la carrera de una mujer que sacrificar la carrera de un hombre.

También existe una condicionante que ha sido un estigma para nosotras las mujeres, cuando lo-gramos destacar en el ámbito profesional, nues-tra vida se transforma en un doble rol.

Tenemos muy presente las mujeres que es nuestra obligación cubrir nuestra cuota laboral, pero de igual manera es nuestra obligación cu-brir nuestra cuota en el ámbito familiar.

Ésa es una realidad, con la que vivimos todos los

días y, hoy por hoy, la mujer debe estar conciente que no es casualidad que nos corresponda ese doble rol, recuerden que sobre nuestros hombros recaen grandes responsabilidades, como: llevar las riendas de un Estado, como nuestra amiga Gobernadora del Estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; llevar las riendas de un Organismo, como el Organismo Nacional de Mujeres Priístas que preside la Dip. Lourdes Quiñones Canales, legislar, organizar una oficina, en fin diversas actividades que realizamos orgullosas pero además es nuestra gran responsabi-lidad llevar las riendas de hogares y familias, educar a los hijos que son el futuro y el mañana.

Uniendo esfuerzos la mujer está dándole un cam-bio a nuestro presente, estamos logrando todas uni-das y trabajando con mucha energía, escribir nuevos capítulos en la historia.

Trabajando hombro con hombro hemos conse-guido avances políticos, jurídicos y sociales, avan-ces que permiten que hoy seamos más las mu-jeres que podemos acceder a una educación de calidad y a un trabajo digno.

Y aunque eso tampoco es asunto fácil, es una his-toria llena de aristas, con avances y retrocesos…

…Tenemos en Yucatán, este estado del Sureste Mexicano y mi tierra de origen, un enorme ejem-plo de que cuando una mujer se lo propone es

LA CONCILIACIÓN

de la Vida Familiar y Laboral de las Mujeres

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capaz de lograr sus sueños, de conquistar cual-quier cima y de enfrentar los retos con la cara muy en alto.

En Yucatán tenemos a Ivonne Ortega Pacheco, la única mujer, y lo digo con mucho orgullo, la úni-ca mujer gobernadora en todo México.

De verdad que como mujer, como Mexicana y yucateca, me siento muy afortunada de tener al frente del Poder Ejecutivo a una mujer joven y de la cultura del esfuerzo.

Una mujer que desde la alcaldía en Dzemul, su municipio natal, hasta la Gubernatura en Yucatán, todos los días ha emprendido una lucha para que los gobiernos SÍ estén con la gente.

Una lucha por tener gobiernos que SÍ cambien las cosas, que SÍ le den a las mujeres, sobre todo a las más humildes, así como a las clases vulnerables y más necesitadas, una oportunidad de salud, de edu-cación, de empleo y superación.

Y lo digo con mucha emoción, porque su historia es una historia de éxito que sentimos nuestra todas las mujeres de México y de América Latina.

Una historia que sentimos nuestra las 992 mil mujeres que conformamos la sociedad Femenil en Yucatán, porque ella nos ha enseñado que la apertu-ra de espacios políticos a la mujer NO es suficiente.

No es suficiente cuando las necesidades de mu-chas mujeres siguen siendo las más básicas como el acceso a nutrición, a un médico, a una escuela, a la erradicación de la violencia Intrafamiliar.

Así, compañeras y amigas de la Internacional Socialista de Mujeres, por todos esos desafíos que debemos superar, las mujeres debemos ce-rrar filas y debemos ser un gran equipo.

Porque el triunfo de cada mujer, es un triunfo para todas nosotras.

Porque el éxito de cada mujer, abre las puertas para el éxito de más mujeres.

Debemos ser un gran equipo porque cada paso que da una mujer, facilita el paso de todas las demás mujeres que van a su lado, trascendiendo a las futuras generaciones de jóvenes y niñas.

Por eso, aquellas de nosotras que tenemos el pri-vilegio y el compromiso de ser servidoras públicas, de estar en puestos de decisión, debemos ser impul-soras de políticas públicas activas. Políticas públi-cas que sienten las bases de sociedades más justas, más equitativas y de oportunidades para todos.

Sociedades donde la pobreza ya NO se here-de, dónde no importe dónde se nazca o que ape-llido se tiene.

En este hermoso país, México cuna de gran-des Mujeres lideres, pero en el que lamentable-mente el voto de la mujer era sólo un sueño hace apenas 58 años.

Hoy, debemos seguir trabajando para que no sólo participemos en la democracia, sino que sea-mos parte activa de la construcción de una mejor democracia. Una democracia donde las mujeres tengan las condiciones propicias para poder es-tudiar, para poder trabajar y para poder disfrutar de nuestras familias.

Yo creo que es un objetivo digno de nosotras y un objetivo digno de la Internacional Socialista de Mujeres.

Tequesquitengo, Morelos, México, marzo de 2011

Elsy Sarabia

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¿APORTAR O SÓLO RECIBIR?Somos afortunados en tener la oportunidad de vivir este mo-mento histórico de nuestro país, que necesita de la aportación de cada uno de los que podemos entregar nuestro esfuerzo, conocimiento y experiencia en beneficio de las condiciones que se nos presentan, para fortalecer sus cimientos.

La Revista Electrónica “ESPACIO XXI”, que edita la Fun-dación Colosio Filial Yucatán AC, nos abre sus puertas para que externemos todas las propuestas, iniciativas, inquietudes y planteamientos que vayan encauzados hacia los aspectos socia-les, políticos, culturales, laborales, intelectuales, etc., que con-tribuyan a que seamos mejores.

En esta ocasión mi participación va dirigida a los que cola-boran en el sector público en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno.

El privilegio del que gozan los que tienen la oportunidad de prestar sus servicios para las dependencias gubernamenta-les, en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, les da la cualidad única de servir a la sociedad y contribuir de manera directa a su bienestar.

Modulo de atención

ciudadana del

Ayuntamiento de

Mérida.

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L.E. José de J. Hermosillo Muñoz

Resulta penoso ver a servidores pú-blicos desde los más altos niveles hasta los cargos más modestos, confundir esta magnífica oportunidad de servir, para satisfacer únicamente sus intereses per-sonales.

No cumplir con la responsabilidad asignada en un cargo público conlleva la generación de miseria, inseguridad, des-empleo, vandalismo, carencia de servi-cios básicos como salud, educación, ali-mentación, vialidades, vivienda, etc.

La población que tiene la esperanza de conseguir la renovación moral, social, política y económica y sacar de los car-gos públicos a los que no cumplen con esta alta encomienda que les brinda con su voto en las elecciones, ve frustrados sus anhelos de contar con un país que contribuya a proporcionarles un mejor nivel de vida.

Afortunadamente existe cada vez una mayor conciencia ciudadana que castiga o premia con su sufragio a los políticos que nos representan y que desde el poder que les confieren cumplen, o dejan de ha-cerlo, con su compromiso y responsabili-dad social.

Por suerte, predominan los servidores públicos que son conscientes de la tarea que se les confía y contribuyen al bienes-tar de la población, desde la atención en

una ventanilla al brindarles un trato ágil, amable y honesto, hasta el funcionario que autoriza las diferentes solicitudes que presenta la ciudadanía.

Resulta altamente satisfactorio desem-peñar un cargo en el sector público y ser reconocidos por aquel que acude a soli-citar un servicio, aquel ciudadano que lo pone de manifiesto con su agradecimien-to en la oficina donde recibió la atención. Ese es el reconocimiento valioso y los re-sultados se verán reflejados en las urnas cuando es él quien hace valer su poder de decisión, con la esperanza siempre puesta en contar con un mejor gobierno, con mejores servidores públicos.