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España: el siglo XVIII
1. El cambio dinástico: los Borbones.
1.1. La sucesión de Carlos II
La dinastía Habsburgo, que había reinado en España durante los siglos XVI y XVII, terminó con la
muerte de Carlos II el día 1 de noviembre de 1700. Aunque la decadencia del siglo XVII había
reducido su poderío a escala internacional, España seguía siendo entonces un gran Estado gracias
a sus dominios territoriales en Europa y América.
Los reyes Luis XIV de Francia y Leopoldo I de Austria deseaban hacerse con la Corona
española, ya que ambos eran hijos y esposos de princesas españolas. Desde el nacimiento de
Carlos II, ambos monarcas llegaron a un acuerdo secreto para repartirse las posesiones españolas
en caso de que el rey español muriese sin herederos directos. Como parecía evidente que Carlos
II no iba a tener hijos, la sucesión a la Corona española desencadenó intrigas entre distintos
grupos cortesanos con la participación de los diplomáticos europeos interesados en el asunto.
La sucesión española también se planteó como una lucha por la hegemonía europea. Los
franceses aspiraban a dominar el continente provocando así la ruptura del equilibrio de fuerzas a
escala internacional, que era lo que intentaban preservar ingleses y holandeses. Así pues, la
herencia al trono español se convirtió en una cuestión de la máxima importancia para las
principales potencias europeas.
Los candidatos a ocupar el trono español eran Felipe de Borbón -nieto del rey francés Luis
XIV- y el archiduque Carlos de Habsburgo, segundo hijo del emperador Leopoldo I de
Austria.
El 2 de octubre de 1700, Carlos II dictó su testamento definitivo en el que designaba a Felipe de
Borbón como su sucesor (con el compromiso de renunciar a sus derechos a la corona francesa
para evitar una posible unión entre Francia y España) y prohibía cualquier reparto de los
territorios de la Corona española. El día 1 de noviembre de 1700 Carlos II murió.
1. 2. La Guerra de Sucesión (1701-1715).
Luis XIV aceptó con satisfacción el testamento de Carlos II y su nieto, Felipe de Borbón, fue
reconocido como rey de España con el nombre de Felipe V en Versalles el 16 de noviembre de
1700. Únicamente el emperador Leopoldo I de Austria, que defendía la candidatura a la Corona
española de su hijo (el archiduque Carlos) rechazó la proclamación de Felipe V y rompió
relaciones con Francia.
El nuevo rey, aunque entonces no sabía hablar el idioma español, fue bien recibido en nuestro
país, ya que los borbones contaban con el apoyo de Francia -la potencia más poderosa de
Europa- y se creía que el cambio dinástico podría resolver los graves problemas del reino y
frenar la decadencia de la Corona española. Sin embargo, el rey francés Luis XIV adoptó una
serie de decisiones que provocaron el descontento dentro y fuera de España:
Mantuvo los derechos sucesorios de Felipe V al trono francés en contra de lo estipulado
en el testamento de Carlos II de España.
Asumió el gobierno de los Países Bajos y ocupó con un ejército francés una franja de
seguridad en Flandes.
Consiguió importantes privilegios comerciales en América para que los comerciantes
franceses pudieran vender sus productos en las colonias españolas perjudicando así los
intereses económicos de ingleses y holandeses.
Se empeñó en marcar las directrices de la política interna española a través de personajes
como el ministro Orry o la princesa de los Ursinos, que influían sobre las decisiones del
joven rey.
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Estos hechos provocaron la creación de una alianza entre Austria, Holanda e Inglaterra
contra Francia en septiembre de 1701. Los aliados apoyaban los derechos al trono del
archiduque austriaco Carlos como rey de España. Así comenzó la Guerra de Sucesión, que
tuvo una doble dimensión. Por una parte, fue un conflicto internacional que enfrentó a los
aliados contra Francia, ya que estaba en juego la hegemonía y el equilibrio entre las potencias en
el continente europeo. Por otro lado, fue una guerra civil española entre los partidarios del
bando filipista o borbónico (castellanos, navarros, vascos) que deseaban implantar un sistema
político centralista según el modelo francés y los partidarios del pretendiente austriaco
(aragoneses, catalanes, valencianos, mallorquines) que defendían los tradicionales fueros e
instituciones de los reinos que formaban la Corona española ante el temor de que Felipe V no los
respetase.
Los primeros combates tuvieron lugar en Italia (1701) entre franceses y austriacos, mientras que
un ejército lograba desembarcar en los Países Bajos un año más tarde. Saboya y Portugal se
unieron a la alianza antifrancesa en 1703 y las tropas francesas comenzaron a sufrir derrotas en
Italia y en los Países Bajos. En 1704, tras intentar tomar Cádiz, una escuadra aliada ocupó
Gibraltar -que quedó bajo dominio inglés- en nombre del archiduque Carlos. Ya no hubo más
batallas navales, puesto que los barcos aliados se hicieron con el control total del Mediterráneo.
Los enfrentamientos también se extendieron por España. La mayoría de los castellanos
apoyaron a Felipe V, aunque algunos miembros de la nobleza temían perder sus privilegios y
respaldaron al archiduque. Por el contrario, los aragoneses, los catalanes, los valencianos y los
mallorquines optaron por luchar contra los Borbones. El sentimiento antifrancés provocó el
levantamiento de los catalanes contra Felipe V, a pesar de que este rey había convocado las
Cortes catalanas en 1701 para garantizar sus fueros y había autorizado al puerto de Barcelona a
enviar anualmente dos navíos a América.
En Valencia, la guerra tuvo el carácter de un levantamiento popular contra el duro régimen
señorial, y la propaganda del partido austracista prometió allí mejoras de carácter social. Los
campesinos valencianos esperaban del archiduque su liberación, mientras que algunos nobles
aragoneses se decidieron a apoyar a Felipe V por temor a las revueltas sociales.
El archiduque Carlos desembarcó en Lisboa con 7.000 soldados y se puso al frente de la ofensiva
aliada iniciando la guerra en la Península en 1704, mientras que los reinos aragoneses le
reconocían como rey (1705). Ante la ofensiva inglesa desde Portugal y el ataque del ejército del
archiduque Carlos desde Aragón, Felipe V tuvo que abandonar Madrid (1706), que fue ocupado
por el archiduque; meses después, Felipe V recuperó la capital gracias a los 12.000 soldados de
refuerzo enviados por Luis XIV. La victoria de Almansa (1707) permitió a Felipe V controlar
Aragón y Valencia y, poco después, decretó la abolición de sus fueros.
En Europa, la situación de Francia era difícil, ya que el ejército borbónico había sufrido varias
derrotas en los Países Bajos y en territorio italiano. En 1710, la retirada de las tropas francesas de
la Península permitió una nueva contraofensiva aliada desde Cataluña y el archiduque volvió a
hacerse con Madrid. Pero Felipe V reorganizó sus ejércitos y recuperó la capital, venció en las
batallas de Brihuega y Villaviciosa, y realizó una nueva ofensiva sobre Cataluña.
Un acontecimiento inesperado alteró el curso de la guerra en 1711, ya que el emperador José I de
Austria murió y su hermano -el archiduque Carlos- pasó a convertirse en el nuevo emperador
austriaco. Este hecho provocó un cambio de actitud en las potencias antiborbónicas (Inglaterra y
Holanda) que, para evitar la incorporación de la corona española al Imperio austriaco, aceptaron
a Felipe V en el trono español. En consecuencia comenzaron las negociaciones de paz en
Europa, mientras que los combates proseguían en territorio español. La resistencia de los
catalanes, que fueron abandonados por los aliados y por Carlos de Habsburgo, terminó cuando
las tropas borbónicas tomaron Barcelona en 1714. Por su parte, Mallorca e Ibiza también
capitularon en 1715, terminando así la Guerra de Sucesión.
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1. 3. La Paz de Utrecht.
En 1713, se firmaron en Utrecht una serie de tratados entre Felipe V de España, Francia y las
potencias aliadas. Felipe V de Borbón fue reconocido como rey de España tras renunciar a sus
derechos al trono de Francia y, desde el punto de vista internacional, el equilibrio de fuerzas en
Europa quedó garantizado tal y como deseaban los ingleses.
Los tratados de Utrecht también significaron la pérdida de las posesiones territoriales de
España en el continente europeo, que fueron repartidas entre los aliados: los austriacos se
quedaron con Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña; Saboya recibió Sicilia y los holandeses
obtuvieron algunos enclaves en los Países Bajos. Por su parte, los ingleses lograron la cesión de
Gibraltar y Menorca.
El poderío de Inglaterra salió reforzado tras la guerra y los tratados de Utrecht. Los
ingleses consiguieron nuevos territorios, mejoraron su posición estratégica y obtuvieron
beneficios comerciales, como el llamado “asiento de negros” (monopolio para introducir y
vender esclavos africanos en América) y el denominado “navío de permiso” (una vez al año),
que suponía la ruptura del derecho exclusivo español a comerciar con América. Por el contrario,
España perdió territorios, prestigio y capacidad de influencia en el escenario internacional.
2. Características políticas del Antiguo Régimen en España
2.1. El reinado de Felipe V (1700-1746)
Con Felipe V se implantó en España el absolutismo regio según el modelo francés de Luis XIV.
El rey se identificaba con el Estado y era el único depositario de la soberanía, de origen divino,
concentrando en su persona todos los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Los monarcas de
la dinastía Borbón ejercieron un poder absoluto e ilimitado con la ayuda de consejeros de su
confianza, que asumieron importantes funciones de gobierno desde los puestos más elevados del
Estado.
El nuevo modelo de Estado suponía un fortalecimiento del poder monárquico y exigía la
reforma de las instituciones de la monarquía española para que la autoridad regia pudiera llegar a
todos los territorios de la Corona y a todos los súbditos. Además, la monarquía debía imponer su
ilimitada autoridad sobre los poderes señoriales y eclesiásticos.
La reforma del Estado tuvo como objetivo la centralización del poder (cuyo núcleo era el rey) y
la implantación de la uniformidad legislativa e institucional en todos los territorios que
componían la Corona española. La monarquía puso en práctica un programa de reformas con el
que se pretendía modernizar el reino, aumentar la eficacia gubernamental y mejorar la economía
del país sin alterar la estructura social del Antiguo Régimen.
2.1.1. La política centralizadora de los Borbones: los Decretos de Nueva Planta (1707-1716)
La ocasión para comenzar la transformación del Estado fue proporcionada por la Guerra de
Sucesión. Como la mayoría de la población de Aragón había apoyado al archiduque Carlos
durante el conflicto, Felipe V eliminó sus tradicionales y peculiares instituciones político-
administrativas con unas medidas legislativas conocidas como Decretos de Nueva Planta (o
«nueva organización»), que iniciaron la unificación institucional del Estado y la asimilación de
Aragón, Cataluña y Valencia a los usos y modos de Castilla.
Los Decretos de Nueva Planta fueron aplicados en Aragón y Valencia (1707), en Mallorca
(1715) y en Cataluña (1716) para suprimir todos los fueros y privilegios de dichos territorios.
Así, se eliminaron los tradicionales privilegios fiscales y se implantó un nuevo impuesto más
moderno, cuya suma global era fijada por el rey y distribuida entre las ciudades y los pueblos.
Las nuevas leyes equiparaban el sistema fiscal de estos territorios al de los castellanos que, hasta
entones, habían pagado muchos más impuestos. También se anularon los privilegios militares ya
que, hasta entonces, los catalanes y los aragoneses no habían estado obligados a combatir fuera
de sus propios territorios.
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Los Decretos de Nueva Planta favorecieron la centralización del poder. Los antiguos virreyes
fueron sustituidos por capitanes generales con amplias atribuciones administrativas, judiciales y
militares. Además, se estableció una audiencia en cada capital, cuyos jueces eran nombrados por
el rey y el idioma castellano debía ser utilizado en todas las causas instruidas. Cataluña fue
también dividida en diez circunscripciones bajo la dirección de un corregidor, según el modelo
castellano, y fueron suprimidas las Cortes y la Generalitat, así como el Consell del Cent de
Barcelona (parlamento municipal).
Únicamente Navarra y los territorios vascos conservaron sus privilegios e instituciones
forales por su fidelidad a Felipe V durante la Guerra de Sucesión, y además mantuvieron sus
propias fronteras y aduanas, que permitían el cobro de tasas por la entrada y salida de productos
comerciales.
2.1.2. La reforma del Estado
En 1713, Felipe V cambió las leyes tradicionales que regulaban la sucesión al trono y estableció
el derecho preferente de todos los varones de estirpe real. Únicamente en caso de no haber
ningún heredero varón, en línea directa o colateral, las mujeres podrían acceder a la corona.
Estos nuevos principios que pasaron a regular la sucesión al trono español recibieron la
denominación de Ley Sálica. Por su parte, el heredero de la Corona siguió ostentando el título de
Príncipe de Asturias, pero prestaba juramento en las Cortes Generales, en lugar de hacerlo en
cada una de las Cortes de cada reino separadamente, como se había hecho hasta entonces.
Hasta 1714, Felipe V se rodeó de un consejo privado formado por el embajador francés, algunos
miembros de la nobleza y los presidentes de los Consejos de Castilla y Aragón. No era una
institución fija, sino un grupo de confianza del rey que se reunía para tratar las cuestiones de
Estado y tomar las principales decisiones. Pero el segundo matrimonio de Felipe V con Isabel de
Farnesio (1715) puso fin a la influencia de los personajes franceses en la Corte española, ya que
la nueva reina comenzó a intervenir de manera activa en los asuntos de gobierno (sobre todo
durante las crisis depresivas de Felipe V). La nueva reina introdujo al abate italiano Alberoni,
que se convirtió en la persona de máxima confianza de los reyes hasta su caída en 1719, cuando
fue sustituido por hombres pertenecientes a la baja nobleza que se encargaron de dirigir el
funcionamiento de la burocracia estatal por delegación regia.
Las Cortes castellanas, en las que se integraron las Cortes de los territorios de la Corona
aragonesa, redujeron su papel a la jura del heredero al trono, apenas trataron asuntos de interés y
se reunieron en contadas ocasiones con el nombre de Cortes Generales del Reino.
Otra novedad fue la creación de las Secretarías de Estado y de Despacho, origen de los
actuales ministerios, según el ejemplo francés. Durante el siglo XVIII se fundaron las Secretarías
de Estado y Asuntos Extranjeros, Asuntos Eclesiásticos y Justicia, Guerra y Marina, Hacienda e
Indias. Estas Secretarías fueron desplazando a los antiguos Consejos, y su número y atribuciones
cambiaron frecuentemente a lo largo del siglo XVIII. El rey nombraba directamente a los
Secretarios que las dirigían, eligiendo a hombres con formación jurídica y reconocida capacidad
y eficacia.
Los antiguos Consejos siguieron existiendo, pero perdieron influencia política, ya que su papel
quedó reducido a la resolución de expedientes ordinarios y de sentencias. El Consejo de Castilla
fue el único que conservó su importancia y poder, pues se encargaba de preparar informes sobre
los principales asuntos de política interior, de elaborar proyectos de ley y de actuar como Alto
Tribunal de Justicia. El rey continuó designando al presidente y miembros de este Consejo.
2.1.3. La reforma de la administración territorial
Felipe V impuso una nueva administración territorial en todo el reino. Los antiguos virreinatos
desaparecieron y el territorio se dividió administrativamente en provincias y capitanías
generales. Se establecieron once amplías divisiones territoriales en la Península, y al frente de
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cada una se nombró a un capitán general como máxima autoridad militar y civil por delegación
regia.
Asimismo, se crearon en 1718 los intendentes, que eran altos funcionarios nombrados por el
rey para dirigir cada uno de ellos una provincia. Sus funciones eran amplias y variadas: se
encargaban de organizar la recaudación de impuestos, del reclutamiento de tropas, del orden
público, de la vigilancia de las autoridades locales, de la supervisión de las obras públicas y del
fomento de la producción provincial. Los intendentes estaban obligados a residir en la capital de
la provincia donde ejercían su puesto y fueron una de las piezas clave de la administración
borbónica.
2.1.4. La reforma del Ejército y de la Armada Desde el principio de su reinado, Felipe V se propuso que España recuperara el rango de primera
potencia europea que había tenido en épocas anteriores y que había perdido a causa de la
decadencia de finales del siglo XVII y del contenido de los tratados de Utrecht. El Ejército y la
Armada eran fundamentales para que la Corona española tuviera un papel importante en la
política mundial, por lo que era necesario modernizarlos y, como en otras ocasiones, se siguió el
modelo francés.
Para el Ejército, se implantó una nueva forma de reclutamiento obligatorio por sorteo, de uno
entre cada cinco hombres útiles, por lo que se llamó «las quintas». Además, se estableció el
reclutamiento forzoso de “vagabundos, vagos y ociosos”. Los regimientos sustituyeron a los
antiguos Tercios. Asimismo, se reformó la caballería y la artillería, se modernizó el armamento
(introduciendo el fusil con bayoneta, nuevos cañones y bombas) y se creó el cuerpo de
ingenieros del ejército y la guardia real. El 50% del total de los gastos anuales del Estado español
en el siglo XVIII se destinaba a gastos militares.
Después de la Guerra de Sucesión, la situación de la Armada española era desastrosa. La
renovación y ampliación de la Armada resultaban imprescindibles para acometer una política
exterior más ambiciosa y para garantizar la protección de las rutas comerciales por mar con
América, que estaban amenazadas por ingleses y holandeses. Además, los ingresos fiscales del
Estado español dependían también de las riquezas llegadas de las Indias, por lo que era necesario
reforzar la protección de la navegación entre España y América.
Se fundaron tres departamentos marítimos –Cartagena, Cádiz y El Ferrol– donde se construyeron
astilleros y arsenales. Se abrieron nuevos puertos y se introdujeron las últimas innovaciones
técnicas en la construcción naval, incluyendo la contratación de ingenieros extranjeros.
Asimismo, se reorganizó el reclutamiento de la marinería para formar tripulaciones más
disciplinadas y numerosas. Anteriormente, el servicio en los buques reales había sido evitado por
marineros y pescadores por las duras condiciones de vida a bordo y por el retraso en las pagas,
que llegaron a ocasionar frecuentes motines; en tiempos de guerra, se acudía además al
reclutamiento forzoso de vagabundos. A lo largo del siglo XVIII, aumentó el número y la calidad
de las tripulaciones y de los barcos españoles, pero los gastos fueron enormes y nunca se
consiguió una Armada que pudiera competir con la inglesa.
2.1.5. La Reforma de la Hacienda Pública Los ingresos de la Corona española en el siglo XVIII eran escasos y la nueva dinastía Borbón tuvo
además que asumir las deudas de los reinados anteriores. El primer objetivo era equilibrar el
presupuesto del Estado y, en consecuencia, se plantearon varios proyectos para racionalizar el
sistema de impuestos, pero los planes siempre chocaron con las tradicionales exenciones fiscales
de los grupos privilegiados (nobles y clero).
El fracaso parcial de las reformas fiscales se debió a que jamás se consideró alterar las bases
socio-económicas del Antiguo Régimen ni eliminar los privilegios estamentales. No obstante, la
reorganización de la Hacienda pública permitió equilibrar el presupuesto del Estado y
aumentar los ingresos, que llegaron a triplicarse a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII.
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Los nuevos intendentes pasaron a controlar la recaudación fiscal y el viejo sistema de arrendar a
particulares el cobro de los impuestos fue eliminado para introducir la gestión directa a través de
funcionarios de la Corona.
Los nuevos impuestos que los Decretos de Nueva Planta introdujeron en los antiguos reinos de la
Corona de Aragón, igualándolos con los que se pagaban en Castilla, también aumentaron los
recursos de la Corona. No obstante, se respetaron las exenciones fiscales de nobles y clero.
La recaudación tributaria se basaba en los impuestos indirectos, de manera que los habitantes de
las ciudades soportaron la carga fiscal mayor. Todas las compraventas de mercancías pagaban
una serie de impuestos (la alcabala, los millones y los cientos) y los derechos aduaneros
gravaban el paso de productos importados del extranjero. Además, el Estado se reservaba una
serie de monopolios –tabaco, naipes, sal– cuyo precio incorporaba los impuestos que se
sumaban.
La monarquía absoluta borbónica del siglo XVIII respetó las jurisdicciones señoriales. En
consecuencia, España siguió dividida entre los dominios del rey (territorios de realengo) y los
territorios de régimen señorial (en manos de nobles y clérigos), de manera que los estamentos
sociales privilegiados conservaron íntegro el poder en sus señoríos.
2.1.6. Las reformas culturales
Desde la instauración de la dinastía borbónica con Felipe V, los monarcas se preocuparon por
mejorar la situación material y cultural de sus súbditos. La nueva dinastía favoreció la entrada de
influencias culturales francesas e italianas. Así, durante la primera mitad del siglo XVIII (reinados
de Felipe V y Fernando VI) se difundió por España el pensamiento ilustrado francés a través
de las obras de sus principales autores.
Asimismo, la Corona se propuso la renovación cultural y artística del país, atendiendo a las
propuestas de los ilustrados. Por consiguiente, se crearon nuevas instituciones oficiales que
sirvieron para difundir las nuevas ideas y para reforzar el control estatal sobre las actividades
artísticas. Las Academias estatales, fundadas según el modelo francés por Felipe V y Fernando
VI, fueron el instrumento de una política que pretendía mejorar los niveles de calidad en la
investigación científica y en la creación artística. Las Academias debían promover las letras, las
ciencias y las artes, encargarse de la formación en las disciplinas artísticas, establecer premios y
becas, controlar el ejercicio profesional e impartir titulaciones.
Por ejemplo, la Real Academia Española fue fundada en 1713 con la finalidad de «cultivar y
fijar la pureza y elegancia de la lengua española, desterrando todos los errores que en sus
vocablos, en sus modos de hablar o en su construcción han introducido la ignorancia, la vana
afectación, el descuido y la demasiada libertad en innovar».
En 1744, Felipe V fundó también la Junta Preparatoria, germen de la Real Academia de Nobles
Artes de San Fernando, creada por Fernando VI en 1752, con la misión de introducir el nuevo
clasicismo como estilo artístico. La pintura, la escultura y la arquitectura se convirtieron en una
cuestión de Estado y la Academia de San Fernando se encargó de reglamentar e impartir la
enseñanza artística, fomentar el gusto neoclásico y controlar todas las obras costeadas por el
Estado.
El incendio del antiguo Alcázar de los Austrias, en 1734, hizo imprescindible la construcción de
un nuevo palacio real en Madrid sobre el mismo solar del anterior. De manera que numerosos
artistas extranjeros trabajaron en el Palacio Nuevo o de Oriente, según proyecto de los
arquitectos italianos Filippo Juvarra (1678-1736) y Juan Bautista Sacchetti.
2.1.7. La política exterior durante el reinado de Felipe V.
El gobierno español, a pesar de las pérdidas territoriales de los tratados de Utrecht, intentó
recuperar protagonismo para participar activamente en los asuntos diplomáticos europeos. La
política exterior de Felipe V, que rechazaba los acuerdos de Utrecht y daba prioridad a los
intereses dinásticos sobre los nacionales, se caracterizó por la rivalidad con Inglaterra (por el
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deseo de recuperar Menorca y Gibraltar y por los conflictos en torno a las rutas de América), por
la alianza con Francia frente al expansionismo inglés y por el propósito de recuperar la influencia
española en Italia.
Durante el reinado de Felipe V, la orientación de las relaciones internacionales de España pasó
por varias etapas:
a) La fase Alberoni: el inicio de la política italiana.
En 1714, recién terminada la Guerra de Sucesión, murió la reina María Gabriela de Saboya, y
Felipe V se casó con la princesa de Parma, la italiana Isabel de Farnesio, quien impuso la
expulsión de los cortesanos franceses que rodeaban al rey y apoyó al cardenal parmesano
Alberoni para dirigir la política internacional de España.
Recuperar la posición española en Italia significaba, inevitablemente, enfrentarse al Imperio
austriaco y romper el equilibrio de Utrecht mediante la guerra. Así, la invasión española de
Cerdeña (1717) y de Sicilia (1718) provocó una reacción inmediata de las potencias europeas,
que formaron la Cuádruple Alianza –Inglaterra, Francia, Holanda y Austria– para acabar con las
pretensiones españolas de expansión en Italia.
Para evitar una nueva guerra europea, las potencias aliadas ofrecieron a España el trono de los
ducados de Parma, Plasencia y Toscana para el infante don Carlos, hijo primogénito de la reina
Isabel de Farnesio, cuando su soberano muriese. Con todo, Inglaterra inició las hostilidades
contra España para salvaguardar sus intereses en el Mediterráneo. Finalmente, las intrigas
diplomáticas y las derrotas españolas frente a las tropas inglesas provocaron el cese de Alberoni
y el fracaso de su política (1719).
b) La alianza con Francia: los Pactos de Familia.
En 1721, Felipe V firmó un tratado de alianza con Francia que inició la principal orientación de
la política exterior española durante el siglo XVIII. En enero de 1724 se produjo la inesperada
abdicación de Felipe V en su hijo, Luis, cuya muerte a finales de 1724 obligó a Felipe V a volver
al trono.
La política exterior pasó a ser dirigida por José Patiño, que era un político con gran experiencia y
preparación que dio un giro más pragmático a la diplomacia española e intentó defender los
intereses nacionales por encima de las ambiciones dinásticas de la reina. El objetivo prioritario
de Patiño fue conseguir la paz para reconstruir España y prestar mayor atención a los intereses
atlánticos en América.
Con esta nueva orientación, se estableció definitivamente la alianza con Francia –Tratado de
Sevilla de 1729– y se abandonó la aproximación a Austria. Esta alianza con Francia, en defensa
de los intereses comunes frente a Inglaterra, se concretó con la firma de tres Pactos de Familia,
que obligaron a los españoles a participar en guerras muy alejadas del escenario peninsular, pero
que podían favorecer los objetivos españoles en Italia.
El I Pacto de Familia se firmó en 1733 y España intervino, junto a Francia, en la Guerra de
Sucesión de Polonia. En 1734, tropas españolas ocuparon Nápoles y Sicilia. Cuando se firmó la
paz, don Carlos (el hijo menor de Felipe V que más tarde se convertiría en rey español como
Carlos III) fue reconocido como rey de Nápoles y Sicilia.
El II Pacto de Familia (octubre de 1743) provocó la intervención española en la Guerra de
Sucesión del Imperio austriaco, con el propósito de que el infante don Felipe, segundo hijo de
Isabel de Farnesio, fuese reconocido como soberano de los ducados de Parma, Plasencia y
Guastalla. En julio de 1746 y sin que este conflicto hubiera concluido, murió Felipe V.
2.2. El reinado de Fernando VI (1746-1759)
Fernando VI, casado con la princesa portuguesa Bárbara de Braganza, heredó de su padre la
tendencia a la melancolía y la indolencia. Interesado por las artes, fundó la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando y protegió a artistas y músicos. Por otra parte, dejó el gobierno en
manos de competentes consejeros españoles entre los que destacaron el marqués de la
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Ensenada y José de Carvajal. Los reyes no tuvieron hijos, por lo que la sucesión correspondía
a su hermano Carlos, rey de las Dos Sicilias.
Fernando VI impuso la neutralidad en las relaciones internacionales, puesto que deseaba que
España permaneciera al margen de las guerras para fomentar su reconstrucción interior. No
obstante, los compromisos del II Pacto de Familia obligaron a continuar la participación
española en la Guerra de Sucesión de Austria, pero cuando se firmó la Paz de Aquisgrán (1748)
entre Francia e Inglaterra, sin representación de España y con condiciones desfavorables, el
tratado fue aceptado con tal de evitar la reanudación de los combates. Únicamente se logró que
don Felipe, segundo hijo de Isabel de Farnesio, fuese reconocido como soberano de los ducados
italianos de Parma, Plasencia y Guastalla. De este modo Isabel de Farnesio, cuyos dos hijos ya
reinaban en tronos italianos, alcanzó sus deseos.
La estrategia de neutralidad fue llevada a la práctica por el marqués de la Ensenada, que
permaneció once años en el poder reuniendo en su persona las secretarías de Hacienda, Indias,
Guerra y Marina, lo que le permitió coordinar con mayor eficacia las medidas de gobierno.
El propósito de Ensenada era mejorar la prosperidad interna del país mediante una adecuada
administración de los territorios americanos, y para lograrlo era preciso reorientar los objetivos
de la política exterior española hacia el Atlántico, incrementar los ingresos estatales y
reforzar la marina y el ejército.
La neutralidad de España exigía defender su independencia frente a Francia con un importante
ejército que debía ser modernizado. Los proyectos de Ensenada en este sentido no pudieron
realizarse plenamente hasta el reinado de Carlos III, en que se publicaron nuevas ordenanzas
militares.
El marqués de la Ensenada también trató de implantar en Castilla una contribución única,
proporcional a la riqueza, que eliminase los antiguos impuestos de difícil recaudación para
establecer así una organización fiscal más racional, justa y eficaz. La contribución única no pudo
ser aplicada por la oposición de los estamentos privilegiados, que se negaron a perder sus
ventajas fiscales. Sí pudo llevarse a cabo el Catastro de Ensenada (1750), que fue un amplio y
pormenorizado estudio de los pueblos, localidades y vecinos de Castilla que aportaba datos
fundamentales para la evaluación de la riqueza y la recaudación de impuestos. Con todo, las
mejoras introducidas en la organización de la Hacienda lograron elevar los ingresos anuales de la
Corona de cinco a veintisiete millones de ducados.
Otros aspectos de la labor de Ensenada fueron la reorganización de la administración interior y la
realización de un amplio programa de obras públicas. El plan de construcción de carreteras
según un trazado radial con centro en Madrid se inició con la realización de la carretera Madrid-
La Coruña, mientras que las obras del Canal de Castilla fueron parte de un ambicioso proyecto
para hacer navegable la red fluvial y mejorar los regadíos.
El Concordato con la Santa Sede, firmado en 1753 por Fernando VI y el papa Benedicto XIV,
también fue gestionado personalmente por Ensenada. Con este acuerdo se reconocía el derecho
del patronato regio, por el que los reyes españoles podían proponer a las personas que serían
nombradas para los altos cargos eclesiásticos. El nuevo Concordato contribuyó a reforzar el
poder del monarca sobre la Iglesia en España.
Las relaciones exteriores durante el reinado de Fernando VI fueron competencia de José de
Carvajal, cuyos deseos de acercamiento a Inglaterra fueron contrarestados por Ensenada, que
era partidario de estrechar los vínculos con Francia. El equilibrio entre ambos ministros permitió
mantener la neutralidad exterior deseada por los reyes, a pesar de las presiones de Inglaterra y
Francia, que buscaban una alianza con España.
Las intrigas diplomáticas provocaron la caída de Ensenada. El embajador inglés comunicó al
nuevo Secretario de Estado -Ricardo Wall- la existencia de un supuesto plan secreto preparado
por Ensenada para atacar los establecimientos ingleses en el Golfo de México. El problema había
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surgido con la cuestión de la colonia de Sacramento y el reparto de tierras entre Portugal y
España, que perjudicaba a las misiones de los jesuitas fundadas en Paraguay. Ensenada no estaba
de acuerdo con el tratado firmado con Portugal y apoyaba a los jesuitas. El rey fue informado de
los supuestos preparativos de guerra de Ensenada y, en defensa de la neutralidad española, lo
destituyó fulminantemente y lo desterró a Granada. Ricardo Wall, presionado por Inglaterra,
paralizó inmediatamente todos los planes de reconstrucción naval. En 1756 comenzó la Guerra
de los Siete Años entre Inglaterra y Francia, pero Fernando VI mantuvo la neutralidad española
hasta su muerte en 1759.
2.3. El reinado de Carlos III (1759-1788): el despotismo ilustrado.
El despotismo ilustrado fue la concepción teórica y la práctica gubernamental que adoptaron casi
todos los monarcas absolutos en los diferentes países europeos durante la segunda mitad del
siglo XVIII. Su lema, «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», indicaba que los monarcas
ilustrados no renunciaban a su soberanía absoluta y seguían concentrando en su persona
todos los poderes del Estado. Sin embargo, los déspotas ilustrados consideraban que la
finalidad esencial de la monarquía era lograr la felicidad de sus súbditos a través del «buen
gobierno», por lo que se preocuparon por el bienestar material de la población interviniendo en
las actividades económicas para estimular la producción y aumentar la riqueza del reino.
Los fundamentos ideológicos del despotismo monárquico se tomaron de los autores de la
Ilustración francesa. Los filósofos ilustrados, especialmente Voltaire, cuyas obras impresas
habían alcanzado una enorme difusión por Europa, defendían la razón y el conocimiento como
los medios para transformar la sociedad e iniciar una etapa de progreso ilimitado. Así, un
monarca ilustrado podría llevar a cabo la transformación de la sociedad aplicando, gracias a su
poder absoluto, las reformas necesarias para lograr una situación más justa y racional.
Para llevar a la práctica estos objetivos paternalistas, los monarcas del despotismo ilustrado
desarrollaron una intensa actividad reformista. Sus objetivos eran desarrollar todos los sectores
de la economía, incrementar la eficacia gubernamental racionalizando la administración y
fomentar la educación y la difusión de las nuevas ideas y conocimientos para limitar la influencia
de la Iglesia. En cualquier caso, los gobernantes ilustrados no pretendieron nunca alterar las
bases sociales del Antiguo Régimen, ni limitar el poder monárquico, ni eliminar los
privilegios estamentales por lo que las reformas tuvieron siempre un alcance limitado.
Carlos III puso en práctica el despotismo ilustrado en España. Cuando sucedió a Fernando VI en
el trono español, Carlos III tenía 44 años y había reinado en Nápoles y Sicilia durante 25 años,
pero se había mantenido bien informado sobre los asuntos de España. El nuevo rey era una
persona responsable, sencilla y afable en el trato. En 1760, cuando falleció la reina María Amalia
de Sajonia con quien había tenido 13 hijos, Carlos III no volvió a contraer matrimonio y llevó
una vida privada ejemplar. Su principal pasión fue la caza, a la que dedicó la mayor parte de su
tiempo libre, y supo rodearse de eficaces hombres de Estado buscando a sus colaboradores entre
los ilustrados procedentes de la baja nobleza, el clero medio y la burguesía. Sus ministros
pusieron en marcha los programas reformistas, siempre bajo la autoridad del rey, e hicieron
frente a las resistencias que, desde todos los estamentos, se opusieron a la modernización del
Estado. Al inicio de su reinado en España, Carlos III actuó con prudencia, evitó introducir
cambios de importancia y mantuvo a la mayor parte de los altos cargos de la administración
anterior en sus puestos. No obstante, nombró al napolitano Marqués de Esquilache para dirigir la
Secretaría de Hacienda.
2.3.1. La política exterior
La política exterior de Carlos III se centró en el Atlántico con el objetivo prioritario de defender
y conservar los dominios españoles en América. La Guerra de los Siete Años entre Inglaterra
y Francia continuaba en las colonias americanas del Norte. La toma de Québec (en el Canadá
francés) por los ingleses comprometió los intereses españoles y Carlos III se ofreció para mediar
10
en el conflicto, pero su intervención fue rechazada por Inglaterra, que intensificó sus ataques
contra barcos españoles y ocupó las costas de Honduras. Para defenderse de este agresivo
expansionismo inglés, Carlos III tuvo que buscar la alianza con Francia. Así, en 1761 se firmó el
III Pacto de Familia, que supuso la entrada de España en la fase final de la guerra con el bando
perdedor. Las tropas españolas invadieron el norte de Portugal y la colonia portuguesa de
Sacramento, pero el ejército inglés conquistó Manila y La Habana.
La Paz de París (1763) puso fin a la Guerra de los Siete Años y confirmó el predominio de
Inglaterra como potencia marítima a escala mundial. Canadá pasó a ser colonia británica y
Francia perdió su imperio colonial en América. Para España, las consecuencias también fueron
negativas, pues tuvo que evacuar Portugal, devolver la colonia de Sacramento y ceder a
Inglaterra la Florida y la Bahía de Pensacola en América; en compensación, recibió de Francia la
Luisiana y recuperó Manila y La Habana. Inglaterra conservó Gibraltar y Menorca, obtuvo el
monopolio de pesca en Terranova y se quedó con Honduras. El balance de la paz fue negativo
para España, que se encontró sola en América frente a la agresiva política de expansión inglesa.
En 1776, el conde de Floridablanca fue nombrado Secretario de Estado y su gestión estuvo
guiada por la defensa de los intereses nacionales, en vez de por los dinásticos, como había
ocurrido en reinados anteriores. Ese mismo año, se produjo un hecho de trascendental
importancia: las trece colonias británicas de Norteamérica declararon su independencia de la
Corona británica. Este conflicto proporcionó la deseada revancha a España y a Francia, que
intervinieron en ayuda de los colonos norteamericanos en su guerra contra Inglaterra.
En la paz de Versalles (1783), Inglaterra se vio forzada a reconocer la independencia de las
colonias norteamericanas y España recuperó la isla de Menorca, las dos Floridas y varias
posesiones en el golfo de México que habían sido ocupadas durante la guerra por los ingleses,
que lograron retener Gibraltar.
Sin embargo, la economía española se resintió del elevado coste de la guerra y de la interrupción
del comercio con América durante el conflicto. A lo largo de los años siguientes, Floridablanca
mantuvo la alianza con Francia, restableció las relaciones amistosas con Portugal (Tratado de
San Ildefonso de 1777) e intentó reforzar la protección de los dominios americanos.
2.3.2. Los motines de 1766
Los violentos acontecimientos de 1766 marcaron un cambio de rumbo en el reinado de Carlos
III. Durante ese año, el malestar entre la población española se extendió como consecuencia
de una serie continuada de malas cosechas que provocaron fuertes subidas en el precio de los
alimentos (especialmente en el pan) y problemas de abastecimiento en las ciudades.
Al mismo tiempo, el rey encargó a su ministro Esquilache la puesta en marcha de diversas
reformas urbanas para mejorar Madrid, ya que la ciudad había causado una pésima impresión al
monarca por su abandono y suciedad. La limpieza, el empedrado, la iluminación, la numeración
de las viviendas y las medidas para el adecentamiento de la capital aumentaron los gastos
extraordinarios de los madrileños en un momento de escasez y dificultades económicas. Además,
el gobierno prohibió en Madrid los juegos de azar, el uso de armas, las capas largas y los
sombreros de ala ancha que permitían ocultar el rostro a los delincuentes. Estas medidas
provocaron el estallido de un motín popular en Madrid, que se dirigió contra el marqués de
Esquilache como responsable de los cambios.
El 23 de marzo de 1766, el pueblo de Madrid se sublevó y asaltó la vivienda de Esquilache. Al
día siguiente se produjeron sangrientos enfrentamientos entre los amotinados y las tropas, con
numerosos muertos y heridos. Carlos III, que se había refugiado en Aranjuez, tuvo que aceptar
las exigencias de los amotinados: destitución y destierro de Esquilache, descenso de los precios
de alimentos y anulación de las órdenes de vestimenta. La calma sólo se restableció en Madrid
cuando el rey aceptó todas las peticiones de los rebeldes. Cuando terminó la sublevación
madrileña estallaron otros motines en distintas regiones de España. En Guipúzcoa y en Zaragoza
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hubo disturbios muy violentos. Estos motines provinciales, que estuvieron provocados por la
carestía de alimentos y se dirigieron contra las autoridades locales a las que se acusaba de la
situación de escasez, no tuvieron el carácter político del motín de Madrid y fueron crisis de
subsistencias (muy frecuentes durante el Antiguo Régimen en toda Europa).
A finales del mes de abril se restableció la normalidad y las autoridades acusaron al clero,
concretamente a los jesuitas, de haber instigado los motines. Los prejuicios xenófobos contra los
ministros italianos (Esquilache y Grimaldi) también influyeron en el ánimo del crispado pueblo
madrileño.
2.3.3. La actividad reformista de Carlos III
Los motines -que en parte habían sido una reacción violenta contra las novedades que Carlos III
pretendía introducir en el gobierno de España- convencieron firmemente al rey de la necesidad
de desarrollar e intensificar la política reformista. Así, Carlos III se rodeó de un equipo de
ilustrados nacidos en España que estaban convencidos de que el resurgir del país como gran
potencia sería imposible si no se llevaban a cabo una serie de cambios drásticos y urgentes. Entre
los ilustrados que accedieron al gobierno con Carlos III destacaron el conde de Campomanes, el
conde de Floridablanca y el conde de Aranda, que eran fervientes partidarios de transformar el
país mejorando la economía y sometiendo bajo la autoridad del rey a los privilegiados que se
opusieran a las reformas.
2.3.3.1. El reformismo eclesiástico: el regalismo.
El gobierno de Carlos III dio un gran impulso al regalismo regio con el propósito de imponer la
autoridad real a la Iglesia española y someter el poder tradicional del clero. La Iglesia
española poseía una gran fuerza tanto por su poder económico (poseía más del 15% de las tierras
cultivables y recibía diezmos, limosnas y donaciones) como por su influencia social y política. El
gobierno puso en marcha un conjunto de medidas para controlar los asuntos eclesiásticos:
Se reforzó el patronato regio o derecho real a controlar los altos cargos eclesiásticos,
proponiendo a las personas que debían ser nombradas.
Se aplicó el Regium exequatur (derecho del rey a retener los documentos de la curia
vaticana, hasta dar el permiso para su publicación en España, como medio para controlar
la intervención del Vaticano en los asuntos de la Iglesia española).
Se limitaron las atribuciones de la Inquisición para someter sus actividades al poder
del Estado; además, el rey solicitó que ciertas publicaciones fueran eliminadas del Índice
de libros prohibidos por el Santo Oficio para facilitar su difusión. La Inquisición redujo
los autos de fe pero, a pesar de todo, se atrevió a actuar contra destacados colaboradores
del rey como Aranda, Floridablanca, Olavide y Campomanes.
De cualquier forma, estas medidas regalistas aumentaron la autoridad real, pero no consiguieron
acabar con la extraordinaria influencia social y el enorme poder económico de la Iglesia
española.
Por otra parte, la Compañía de Jesús era una poderosa fuerza dentro de la Iglesia y del Estado,
con enemigos dentro de las demás órdenes religiosas, que recelabn de su poder y de su control
sobre la enseñanza. Además, los jesuitas profesaban un voto especial de obediencia al pontífice
que dificultaba su sometimiento a la autoridad regia, por ello los colaboradores regalistas de
Carlos III se propusieron eliminar a esta poderosa orden religiosa.
En los colegios de jesuitas se educaba una élite cuyos miembros pasaban a los colegios mayores
universitarios y, posteriormente, ascendían a las altas esferas del poder monopolizando los altos
cargos del Estado. Por ello era preciso romper el poder de los jesuitas por su base y arrebatarles
el control de la enseñanza. Los motines de 1766 proporcionaron la ocasión para actuar contra los
jesuitas, que fueron acusados de organizar las sublevaciones. El 2 de abril de 1767, Carlos III
ordenó la expulsión de los jesuitas de España y las Indias (medidas similares habían sido ya
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adoptadas en Francia y Portugal). El Estado confiscó todos sus bienes y unos 2.000 jesuitas
fueron embarcados rápidamente hacia los Estados Pontificios.
La expulsión de los jesuitas facilitó la introducción de reformas en la enseñanza:
El Estado impulsó la educación popular (fomentando la creación de escuelas de
«primeras letras») y la enseñanza profesional mediante el establecimiento de las primeras
escuelas técnicas.
Se crearon nuevas instituciones para mejorar los estudios secundarios introduciendo las
disciplinas científicas como materias escolares.
Se intentó modernizar las universidades mediante la introducción de nuevos planes de
estudio que incluían las ciencias experimentales y las nuevas corrientes de pensamiento.
Las Sociedades Económicas de Amigos del País tuvieron un papel esencial en la difusión de los
nuevos conocimientos y en la extensión de estas reformas educativas.
2.3.3.2. Las reformas económicas durante el reinado de Carlos III.
La modernización de las estructuras económicas fue la mayor preocupación de los gobiernos del
despotismo ilustrado en toda Europa, ya que resultaba imprescindible promover desde el poder la
riqueza de los súbditos como parte esencial del buen gobierno. Así, el gobierno de Carlos III
acometió numerosas reformas que afectaron a todos los sectores de la actividad económica
apoyándose en las nuevas teorías fisiocráticas y liberales.
a) La Hacienda.
Durante el reinado de Fernando VI, la Hacienda pública había logrado equilibrar el déficit,
gracias a la paz y a la buena gestión de los ministros. Con Carlos III, el ministro Esquilache
mejoró la situación hacendística con procedimientos nuevos como la creación de la lotería
nacional. Sin embargo, las guerras en las que participó España acrecentaron los problemas
financieros del Estado, la creación de nuevos impuestos encontró una enorme oposición y el
miedo a los motines hizo que se buscaran otras fuentes de ingresos para la Corona. Por ello, en
1780, el Estado emitió los vales reales, que eran como títulos de Deuda Pública al 4% de interés
anual y que funcionaron de hecho como papel moneda. Además, en 1782 se creó el Banco de
San Carlos, antecedente del Banco Nacional de España, que se encargó de la emisión de los
vales reales. Los beneficios obtenidos proporcionaron al gobierno una fuente extraordinaria de
financiación, pero la puesta en circulación de un número excesivo de vales provocó finalmente
su desvalorización.
b) La agricultura.
La agricultura recibió una atención preferente por parte de los gobiernos ilustrados de Carlos III,
que estaban muy influidos por las ideas fisiocráticas; era el principal sector económico y más del
70% de la población española se dedicaba al cultivo de los campos. El continuo aumento de
población durante el siglo XVIII hizo necesario un incremento de la producción de alimentos,
cuyos precios tendieron a aumentar constantemente. Además, los motines de 1766 habían
demostrado los peligros de las crisis de subsistencias.
La reforma y modernización de la agricultura fue acometida con una serie de medidas que no
siempre encontraron el apoyo de la población. El Consejo de Castilla se encargó de recopilar
información sobre los problemas agrarios a través de los intendentes, y con este material se
elaboró el Expediente General para preparar una Ley Agraria. Había que analizar los problemas
y plantear soluciones. Entre los documentos y proyectos elaborados destacaron La respuesta del
fiscal en el Expediente de la provincia de Extremadura de Floridablanca (1770) y El memorial
ajustado de Campomanes (1771), antecedentes del Informe de la Ley Agraria de Jovellanos
(1794). En ambos documentos, los autores expusieron la necesidad de ampliar la superficie de
cultivo y de crear una clase media de campesinos propietarios que mejorasen las técnicas
agrícolas. Sin embargo, la Ley Agraria no llegó a realizarse, aunque se intentaron soluciones
parciales que no resolvieron los problemas del campo como:
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El decreto de libertad de precios y de circulación del trigo (1765) que pretendía
favorecer la creación de un mercado interior, aunque las malas cosechas de esos años
provocaron un alza de los precios y los motines de 1766 demostraron la necesidad de
adoptar otras medidas sobre la agricultura.
El aumento de la producción agrícola con la puesta en cultivo de nuevas superficies de
tierra.
La ampliación de la agricultura irrigada con la construcción de obras públicas, entre las
que destacaron el Canal Imperial de Aragón y el de Castilla.
La introducción de nuevos cultivos como el maíz y la patata.
Asimismo, Campomanes propuso el reparto de las tierras de propios y baldíos que
estuvieran sin cultivar. Las tierras de propios eran de propiedad municipal y se ordenó que los
ayuntamientos las arrendasen a los campesinos sin tierras. Esta medida -que fue aplicada en
Extremadura (1766) y después en el resto de España- preveía ayudas estatales para que los
campesinos pobres pudieran comprar aperos de labranza y semillas.
El gobierno también dictó medidas para limitar las subidas de las rentas a los campesinos
arrendatarios, ya que los propietarios de las tierras elevaron el precio de los arrendamientos ante
el alza de los precios agrícolas. El aumento de las tierras de cultivo agudizó los enfrentamientos
con el Concejo de la Mesta, que defendió los privilegios de paso de los ganados trashumantes.
Campomanes optó por limitar los privilegios de la Mesta en favor de los intereses de los
campesinos y la ganadería trashumante comenzó su decadencia.
También se emprendieron ambiciosos proyectos de colonización de regiones interiores con los
que se pretendía crear una sociedad rural ideal en las zonas despobladas del país. Las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena, que fueron el proyecto mejor elaborado, fueron llevadas a cabo
bajo la dirección de Pablo de Olavide en 1767. Según este plan, se fundaron nuevos pueblos
(como La Carolina y La Carlota en Andalucía) construidos según criterios racionales con una
estructura cuadriculada, calles regulares y plazas hexagonales. Las familias que fueron asentadas
en estos pueblos recibieron viviendas y parcelas de tierra, y se facilitó la llegada de colonos
católicos centroeuropeos (unos 6.000 alemanes, holandeses y españoles se instalaron en estos
pueblos de nueva creación). Además, se prohibió a las órdenes religiosas establecerse en las
nuevas poblaciones.
Como resultado de la política agraria de Carlos III se logró aumentar la producción agrícola y la
extensión de la superficie cultivada, pero las técnicas de labranza no mejoraron y siguieron
siendo muy arcaicas. Tampoco se consiguió crear una clase media de campesinos propietarios o
arrendatarios, ya que las medidas gubernamentales favorecieron a los ricos propietarios y los
campesinos pobres no pudieron afrontar los gastos necesarios para poner en cultivo las nuevas
parcelas. La Ley de Reforma Agraria no se llegó a redactar y los grupos privilegiados, que eran
los principales propietarios agrícolas, frenaron la aplicación de las reformas.
c) La producción industrial y artesanal.
Los principales problemas para el desarrollo de las actividades industriales en la España del siglo
XVIII eran la inexistencia de un mercado nacional, los bajos niveles de renta de la población
(que frenaban el consumo), la persistencia de la organización gremial en los oficios (que impedía
la libre competencia y la iniciativa privada) y la falta de empresarios que se arriesgaran a invertir
su dinero en las actividades industriales.
Las iniciativas que tomó el gobierno para el fomento de las actividades industriales fueron:
La creación de Reales Fábricas en tiempos de Felipe V, que fueron financiadas por el
Estado para producir y abastecer de artículos de lujo a los Reales Sitios y a los grupos
sociales más adinerados de España y América. Entre las principales manufacturas de
fundación real destacaron la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, la Real Fábrica de
Porcelanas del Buen Retiro y la Real Fábrica de Cristal de la Granja de San Ildefonso. No
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fueron rentables y tuvieron que contar con el respaldo de la Corona para cubrir sus
pérdidas.
La liberalización del sector artesanal para eliminar el control de los gremios (en 1772)
y permitir la libre competencia.
La declaración (Real Cédula de 1783) estableciendo la honorabilidad de todos los
oficios para tratar de acabar con los prejuicios sociales contra los trabajos manuales y
para ensalzar todas las profesiones de «utilidad pública».
En cualquier caso, el sector textil creció gracias al comercio con América. La fabricación de
«indianas» (tejidos de algodón estampados) se desarrolló principalmente en Cataluña, donde la
iniciativa privada de la burguesía fue apoyada con la concesión de privilegios estatales.
El gobierno también intentó promover la producción artesanal en las zonas rurales. Se pretendía
estimular la creación de pequeños talleres donde los campesinos pudieran trabajar durante su
tiempo libre para garantizar el autoabastecimiento de productos artesanales, elevar las rentas
campesinas y fomentar el mercado regional. Las Sociedades Económicas de Amigos del País se
encargaron del proyecto, que tuvo escaso éxito, facilitando el aprendizaje de oficios y la
aplicación de nuevas técnicas.
d) El sector comercial.
El desarrollo del comercio también preocupó a los gobiernos ilustrados, que reconocían su papel
decisivo en la reactivación de la economía. Durante el reinado de Carlos III, los nuevos
planteamientos teóricos librecambistas se difundieron a través de las Sociedades de Amigos del
País e influyeron en los planes para estimular el comercio. Asimismo, el gobierno estaba
preocupado por equilibrar el déficit de la balanza comercial española.
El comercio con América era esencial para la Corona española por los beneficios que
proporcionaba, pero su situación siempre fue vulnerable a causa de las guerras y el contrabando.
La construcción de una flota que protegiese las rutas americanas fue una constante preocupación.
En 1765, el Estado terminó con el monopolio del puerto de Cádiz en el comercio americano y
autorizó el libre comercio con las colonias a los puertos de Barcelona, Alicante, Cartagena,
Málaga, Cádiz, Sevilla, Coruña, Gijón y Santander. La liberalización del comercio americano
se amplió en 1778, cuando se publicó el Reglamento y Aranceles para el Comercio Libre de
España e Indias por el que se autorizaba a todos los puertos españoles a comerciar con América.
La libertad comercial favoreció el desarrollo industrial de las regiones periféricas de la
Península, en especial de Cataluña, cuyas factorías industriales experimentaron una notable
expansión para satisfacer la demanda de manufacturas desde América.
El comercio español con Europa era deficitario (se importaban manufacturas y se exportaba
lana, sal, vino, aceite y frutos). El gobierno adoptó medidas proteccionistas sobre la importación
de manufacturas para reducir el déficit comercial y estimular las industrias interiores, liberando
de tasas la circulación de mercancías en el interior. La importación de tejidos de algodón, en
1769, y de productos de ferretería, en 1775, fue prohibida por las presiones que sobre el gobierno
ejercieron los fabricantes españoles.
El comercio interior era insuficiente a causa del mal estado de la red de transportes y de los
limitados niveles de consumo interno. Como las deficientes infraestructuras hacían imposible la
correcta articulación de un mercado nacional entre las diferentes regiones, el gobierno de Carlos
III promovió la construcción de nuevas carreteras que comunicaran Madrid con las regiones
periféricas, pero los viajes por España continuaron siendo difíciles, largos e incómodos.
2.3.3.3. La política cultural.
Desde el principio de su reinado, Carlos III se propuso modernizar la ciudad de Madrid para
convertirla en una capital digna de la monarquía española. En consecuencia, se acometió un
conjunto de reformas urbanas para adecentar la capital y mejorar la limpieza y el alumbrado de
las calles.
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Entre las obras realizadas destaca el proyecto del «Salón de los Prados» para crear un gran eje
urbano que sirviera de esparcimiento y paseo para los madrileños. En el Paseo del Prado, se
construyeron tres fuentes de tema mitológico –Apolo, Neptuno y Cibeles– y se edificaron tres
construcciones dedicadas al fomento de las ciencias experimentales: el Gabinete de Ciencias
Naturales (actual Museo del Prado), el Observatorio Astronómico y el Jardín Botánico. Los dos
primeros fueron diseñados por Juan de Villanueva, el mejor arquitecto español de la época, y en
el Jardín Botánico se expusieron las especies recogidas por las expediciones científicas que la
monarquía financiaba. Todos estos edificios se construyeron en el estilo neoclásico característico
del periodo ilustrado que sucedió al arte barroco. Juan de Villanueva, que había disfrutado de
una beca de la Academia de San Fernando en Roma para completar su formación estudiando el
arte clásico, fue el arquitecto del rey y realizó otros proyectos arquitectónicos en Madrid y en los
Reales Sitios.
3. Características demográficas, sociales y económicas del Antiguo Régimen en España
3.1. Evolución demográfica de la España del siglo XVIII
La población de España aumentó de manera constante, ya que el número total de habitantes pasó
de poco más de 7.000.000 hacia 1700 a casi 11.000.000 de habitantes a finales del siglo XVIII.
Sin embargo, la densidad de población continuó siendo baja y la distribución de los habitantes
por regiones muy irregular, existiendo grandes áreas despobladas. Las regiones periféricas y
portuarias (Cataluña, Valencia) tuvieron un crecimiento demográfico muy superior a la media
nacional, mientras que las regiones interiores (como Castilla y Aragón) experimentaron un
incremento inferior con tendencia incluso al estancamiento.
El 86 % de la población era rural, la esperanza media de vida a mediados de siglo XVIII era
inferior a los 30 años y las tasas de natalidad (42 por mil) y mortalidad (38 por mil) continuaron
siendo muy altas. Durante aquella época, las causas de la elevada mortalidad (especialmente
infantil) en España y en toda Europa eran las hambrunas provocadas por las malas cosechas y la
difusión de enfermedades infecto-contagiosas como la peste, la viruela y el cólera. Sin embargo,
la adopción de medidas preventivas por las autoridades públicas como el traslado de los
cementerios a la periferia de las poblaciones y la mejora de los servicios urbanos de limpieza y
alcantarillado, mejoraron los resultados en la lucha contra las epidemias.
Madrid, que tenía unos 160.000 habitantes a mediados del siglo XVIII, era la mayor de las
ciudades y la sede de la Corte, de los órganos de gobierno y del aparato burocrático. Barcelona
llegó a los 100.000 habitantes a finales de siglo, cifra a la que se aproximaban Sevilla y
Valencia, mientras que Cádiz alcanzó los 70.000 habitantes en la época de su apogeo comercial y
Granada unos 50.000; por el contrario, Bilbao y Santander no superaron los 10.000 habitantes y
el resto de las ciudades españolas estaba muy por debajo de estas cifras.
Los monarcas borbónicos se preocuparon siempre por estimular el crecimiento demográfico y
por llevar un control de la población española, que era considerada el fundamento de la riqueza
del país. Esto explica los recuentos generales de población que los diferentes gobiernos
realizaron durante el siglo XVIII (Campoflorido en 1712-1717, catastro de Ensenada en 1752,
censo de Aranda en 1768 y censo de Floridablanca en 1787).
3.2. La sociedad estamental española
La población española estaba organizada y dividida en tres grupos o estamentos diferentes:
nobleza, clero y pueblo llano. Esta sociedad se caracterizaba por la escasa movilidad y por la
existencia de profundas desigualdades jurídicas entre los diferentes grupos sociales.
Durante el Antiguo Régimen, el estamento nobiliario formaba un grupo minoritario y
privilegiado que se distinguía por su poder económico, su prestigio social y su influencia
política. Aunque a la nobleza se pertenecía por nacimiento, también era posible acceder a este
estamento mediante la concesión regia de un condado o un marquesado como recompensa
individual a los servicios prestados al monarca. Un reducido número de nobles (en torno al 5%
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del total de la población de España en el siglo XVIII) acaparaba la propiedad de enormes
extensiones de tierras de cultivo y disfrutaban de importantes privilegios, como la exención del
pago de impuestos. Sin embargo, la nobleza formaba un grupo heterogéneo ya que en su interior
existían importantes diferencias de renta, poder y riqueza. Durante mucho tiempo, los nobles
demostraron su superioridad sobre el resto de la población negándose a desempeñar todo tipo de
oficios manuales y actividades económicas que consideraban viles, propias de esclavos e
indignas de su elevada condición. Asimismo, los nobles ocupaban siempre un lugar destacado y
principal en todos los actos públicos y ceremonias (procesiones religiosas, misas, desfiles,
fiestas). Su prestigio fue respetado y aceptado por el resto de la sociedad hasta mediados del
siglo XVIII, cuando comenzaron a multiplicarse las críticas. Entonces, sus privilegios fueron
combatidos por considerarse que estaban injustificados y los mismos nobles empezaron a ser
descalificados y tachados de ociosos, inútiles y parásitos. En el plano político, los aristócratas
ocupaban casi todos los altos cargos del Estado (ministros, consejeros, intendentes, embajadores,
generales, gobernadores provinciales, jueces y alcaldes). Dentro del ejército, y aunque los nobles
se beneficiaban del privilegio de quedar exentos del servicio militar obligatorio, se exigía como
requisito indispensable para acceder al cargo de oficial la pertenencia al estamento nobiliario.
Al clero católico pertenecía aproximadamente el 5% de los españoles. Aunque cualquiera podía
ingresar en el estamento eclesiástico, los altos cargos de la jerarquía clerical -cardenales,
arzobispos, obispos- eran ocupados casi siempre por individuos pertenecientes a importantes
familias nobiliarias. Por el contrario, el origen social de muchos sacerdotes rurales era
sumamente modesto y con frecuencia se trataba de hijos de labradores. Con respecto a las formas
de vida y a los niveles educativos, también encontramos enormes diferencias entre el alto y el
bajo clero. Los obispos poseían una educación esmerada y solían disfrutar de una vida opulenta y
lujosa, mientras que los párrocos de los pequeños pueblos tenían lo justo para sobrevivir y eran
ignorantes, holgazanes e inmorales. Las cuatro principales fuentes de ingresos económicos del
estamento eclesiástico español durante el Antiguo Régimen eran el cobro de los diezmos, las
rentas procedentes de sus tierras de cultivo y de sus inmuebles urbanos, las donaciones
voluntarias de los fieles y los pagos recibidos por los servicios religiosos (misas, funerales). Por
otro lado, la mayor parte del dinero ingresado por el clero era destinado al sostenimiento de
centros de caridad (orfanatos, hospitales, asilos), a la compra de obras de arte (esculturas,
cuadros, piezas de orfebrería) y a la construcción o reparación de edificios religiosos (iglesias,
catedrales, monasterios, seminarios). Asimismo, el clero contaba con una capacidad
extraordinaria para influir sobre las conciencias porque controlaba el contenido de la educación
de niños y jóvenes, tenía a su cargo la censura ideológica de las publicaciones escritas y gracias a
las predicaciones y el púlpito poseía un medio de comunicación único en su tiempo. A finales del
reinado de Carlos III había en España unos 3.200 conventos que albergaban a cerca de 78.000
miembros de las distintas órdenes religiosas del clero regular (25.000 monjas y 53.000 frailes), a
los que se sumaban los 71.000 sacerdotes (clero secular) y los más de 35.000 acólitos y
sacristanes.
Más del 85% de la población española en el siglo XVIII pertenecía al pueblo llano. Dentro de
este heterogéneo y numeroso grupo social se encontraba una gran diversidad de personas de muy
diferentes niveles de riqueza, condiciones y profesiones: campesinos con pequeñas propiedades
de tierras, agricultores arrendatarios, jornaleros, trabajadores asalariados urbanos, vagabundos,
mendigos, empleados del servicio doméstico, soldados y burgueses (banqueros, comerciantes,
dueños de talleres artesanales, burócratas, abogados, médicos, profesores, artistas).
3.3. La economía española durante el siglo XVIII
La economía española mantuvo un ritmo de crecimiento muy lento, con niveles de vida muy
bajos para la mayoría de la población, que vivía al límite de la subsistencia. La producción
aumentó poco, la inversión de capitales fue escasa y la falta de mano de obra especializada fue
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evidente. Las estructuras económicas no experimentaron grandes cambios y el crecimiento
económico fue más rápido en las regiones periféricas -especialmente en Cataluña- y mucho más
lento en las zonas interiores.
3.3.1. El sector agrario
La agricultura era el sector económico principal en la España del siglo XVIII, ya que toda la
población dependía directa o indirectamente de la prosperidad de los campos: el clero
porque percibía diezmos de los campesinos, la nobleza porque recibía rentas por el alquiler de
sus tierras, los artesanos porque los labradores formaban buena parte de su clientela y el
gobierno porque sus ingresos dependían de los impuestos pagados por el campesinado. Así, el
70% de la población activa trabajaba en la agricultura según el censo de Floridablanca de 1787.
A lo largo del siglo la producción agraria creció, aunque no aumentaron los rendimientos medios
por hectárea cultivada, ni la renta agraria por habitante. El crecimiento demográfico y la
necesidad de producir más alimentos provocó un aumento de la roturación y el cultivo de tierras
marginales, cuyos rendimientos eran muy bajos a causa de la mala calidad de los suelos y de las
arcaicas técnicas de labranza utilizadas. El incremento de la producción agraria se debió, por lo
tanto, al aumento de la superficie cultivada y no a la introducción de mejoras técnicas. Las
nuevas roturaciones se realizaron sobre terrenos baldíos, dehesas y pastizales, lo que causó
conflictos entre agricultores y ganaderos. Disminuyeron los pastos para la ganadería
trashumante, pero la Mesta logró defender sus tradicionales privilegios frente a la expansión de
los cultivos y los rebaños de ovejas conservaron las facilidades para el pastoreo y los privilegios
en sus desplazamientos.
Los cereales eran el cultivo predominante, sobre todo en Castilla, ya que constituían la base de
la alimentación. Las cosechas eran irregulares según las condiciones climáticas, lo que
provocaba cambios bruscos en los precios aunque, durante el siglo, tendieron al alza. Las
autoridades intentaron controlar los precios de los cereales, ya que las subidas bruscas siempre
podían provocar motines populares.
La introducción de nuevos cultivos (maíz y patata), la expansión de los viñedos por las nuevas
posibilidades del comercio del vino y la lenta creación de un mercado nacional produjeron una
mejora de la producción agrícola, que fue muy desigual según las distintas regiones.
En las regiones mediterráneas se introdujeron novedades que permitieron practicar una
agricultura intensiva de altos rendimientos. Se ampliaron los regadíos y se practicó la rotación de
cultivos. El arroz, el maíz, las hortalizas, el lino y el cáñamo y los frutales fueron cultivados con
buenos rendimientos para su venta en los mercados. En el litoral cantábrico aumentaron las
roturaciones y la explotación ganadera, lo que permitió el abonado, redujo el barbecho y
aumentó la producción.
El número de medianos y pequeños agricultores propietarios de tierras era muy bajo y
predominó el arrendamiento de tierras de propiedad señorial (nobiliaria o eclesiástica). En
Andalucía y amplias zonas de Castilla había muchos latifundios que eran explotados por
jornaleros asalariados o por labradores con contratos de arrendamiento a corto plazo. Los
propietarios, que casi siempre eran miembros de la nobleza, se reservaban la posibilidad de
disponer de sus tierras libremente y de aumentar las rentas que cobraban a los campesinos por el
alquiler de las parcelas de cultivo.
Los mayores propietarios de tierras en la España del siglo XVIII eran la Corona (que poseía
grandes extensiones de terreno de escaso aprovechamiento agrario como montes y bosques), la
Iglesia (que aproximadamente tenía la propiedad del 15% de la superficie española y cuyas
tierras eran de gran calidad y se destinaban al arrendamiento), los nobles (predominaban los
mayorazgos) y los municipios (que poseían tierras comunales de aprovechamiento vecinal y
colectivo).
18
La mayoría de los campesinos no consiguieron mejorar sus míseras condiciones de vida a lo
largo del siglo XVIII y, por término medio, entregaban anualmente (en especie o en metálico) el
10% de su producción al clero (en concepto de diezmos), el 25% a los propietarios de las tierras
(en concepto de rentas) y el 5% al Estado (en concepto de pago de impuestos).
3.3.2. El artesanado y las manufacturas
A lo largo del siglo XVIII, especialmente en la segunda mitad, aumentó la demanda de productos
manufacturados debido al crecimiento de la población y a la ligera mejora del nivel de vida.
Según el censo de Floridablanca (1787), el 14% de la población activa se dedicaba a actividades
industriales.
El artesanado tradicional predominó en la España del siglo XVIII; los pequeños talleres, en los
que trabajaba un maestro con uno o varios oficiales y aprendices, se situaban preferentemente en
las ciudades y abastecían al mercado local. Las corporaciones gremiales controlaban los oficios
artesanales, eliminaban la competencia y establecían estrictas normativas que regulaban y
protegían el trabajo de los agremiados.
La demanda de productos textiles hizo que aumentasen las manufacturas rurales, en las que
trabajaban campesinos durante el tiempo que dejaban libre las faenas agrícolas. A finales del
siglo XVIII había en Castilla unos 7.000 telares dispersos por hogares campesinos y varios miles
de productores realizaban trabajos de pañería, sedería o lencería. El hilado y cardado lo
realizaban las mujeres campesinas en sus propias viviendas, donde fabricaban los tejidos con
telares manuales.
Las manufacturas reales, sostenidas con dinero gubernamental, surgieron para atender las
necesidades del Estado. Por ejemplo, los astilleros de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, y las fábricas
siderúrgicas de La Cavada y Liérganes (en Cantabria) fabricaban material bélico. Las fábricas de
tabacos de Sevilla y la de naipes de Málaga y Madrid también fueron creadas por el Estado para
aumentar los recursos de la Hacienda pública. Mientras que para la producción de artículos de
lujo destinados a los Reales Sitios se fundaron las Reales Fábricas de tapices en Santa Bárbara,
de porcelana en el Buen Retiro y de cristal en La Granja de San Ildefonso. Estas Reales Fábricas
no fueron rentables, fracasaron y, a pesar de la protección estatal, ocasionaron grandes pérdidas a
la Hacienda pública. El Estado borbónico también impulsó algunas empresas fabriles privadas, a
las que otorgó privilegios fiscales o comerciales. En otras ocasiones, el gobierno gestionó
préstamos para financiar iniciativas particulares, como sucedió con la Fábrica de Paños Finos de
Segovia.
En cualquier caso, las fábricas de «indianas» de Cataluña supusieron el verdadero punto de
partida de la industria moderna en nuestro país. Tras la Guerra de Sucesión, la producción de
manufacturas textiles aumentó gracias al incremento de la demanda y a la protección del
Estado que, en 1718, prohibió la importación de telas asiáticas. La expansión de las fábricas de
tejidos de algodón estampados o «indianas» se produjo a partir de 1768 gracias a las nuevas
modas, al incremento de la demanda interna y a la exportación a las Indias, que aumentó tras los
decretos de libertad de comercio (1765-1778). En estas fábricas creadas con el dinero aportado
por los empresarios catalanes trabajaban numerosos asalariados y, desde 1780, se comenzó a
mecanizar la producción con nuevas máquinas traídas desde Inglaterra. El sector textil catalán
continuó su expansión hasta finales del siglo XVIII, cuando las guerras interrumpieron las
exportaciones al mercado americano y entonces comenzó la crisis de las fábricas catalanas,
aumentó el paro y los salarios se redujeron.
3.3.3. El comercio
A lo largo del siglo XVIII, el Estado borbónico promovió la actividad mercantil con el objetivo de
lograr el equilibrio de la balanza comercial española. Por ejemplo, el gobierno apoyó la creación
de Compañías Privilegiadas, que eran empresas de propiedad privada que recibían del Estado la
concesión del monopolio sobre determinadas rutas o productos comerciales a cambio del pago de
19
unas tasas. Aunque el fomento del comercio fue una empresa complicada que chocó con
múltiples dificultades, los intercambios comerciales interiores y exteriores aumentaron,
favorecidos por la buena coyuntura económica internacional y por el aumento de la población.
a) El comercio interior.
El movimiento de mercancías era escaso y, en general, las regiones se autoabastecían con lo que
se producía en su interior.
La capacidad de consumo de la población española era muy escasa porque los impuestos del
Estado, las rentas nobiliarias y los diezmos eclesiásticos dejaban poco margen para la
subsistencia de la mayoría de los españoles. Además, las instituciones y privilegios tradicionales
representaban un obstáculo para la expansión del comercio aunque, desde principios de siglo, el
gobierno eliminó las aduanas interiores entre los antiguos reinos (excepto las de Navarra y el
País Vasco), pero no fue capaz de suprimir los peajes interiores que gravaban el paso de
mercancías por las propiedades señoriales.
El comercio interior siguió estando muy controlado por el Estado y por las autoridades locales, a
pesar de los decretos sobre libertad de comercio, y la Hacienda pública mantuvo el monopolio
sobre determinados productos (sal y tabaco) con los que obtenía importantes ingresos fiscales.
Las pésimas comunicaciones interiores también entorpecieron la expansión del comercio. Al
terminar la Guerra de Sucesión, Felipe V promovió la reparación y ampliación de la red de
caminos para empedrar y ensanchar algunos tramos y convertirlos en carreteras que permitieran
el tráfico de carros. Con Fernando VI se iniciaron las obras de mejora de la carretera Madrid-La
Coruña, así como de las vías que comunicaban Castilla con los puertos cantábricos, desde los
cuales se exportaba lana y se importaban productos europeos.
El proyecto de una red radial de carreteras que uniese Madrid con la periferia se inició con
Carlos III, pero no fue concluido por el elevado coste de las obras. A pesar de ello, se
construyeron unos 1.200 km de carreteras y numerosos puentes y canales; también se mejoró la
vigilancia de los caminos que eran peligrosos por los ataques de bandoleros. Esta política
centralista atendía a la importancia que tenía el abastecimiento de Madrid como principal centro
consumidor de España. La Compañía General y de Comercio de los Cinco Gremios de Madrid
recibió del Estado el privilegio de organizar el abastecimiento de la capital y desde mediados de
siglo extendió sus actividades a toda España.
b) El comercio exterior.
El comercio marítimo con América y Europa experimentó una importante expansión durante el
siglo XVIII. Las mercancías americanas, cuyo comercio era monopolio de España, eran
distribuidas a Europa y dejaban enormes beneficios en impuestos para el Estado. La economía
española siempre entró en crisis cuando las guerras interrumpieron el tráfico con América, por
este motivo el comercio con los territorios coloniales americanos fue esencial para el Estado
español, que tuvo que hacer frente a la competencia de Inglaterra, Holanda y Francia, que se
esforzaron por romper el monopolio español del comercio americano.
Las actividades de los contrabandistas y las dificultades para impedir la entrada de mercancías
inglesas en las colonias americanas obligaron al gobierno a eliminar las restricciones al libre
comercio con América. Desde 1765 a 1778, durante el reinado de Carlos III, se fue ampliando la
libertad para comerciar con América a todos los puertos españoles y a finales de siglo también se
concedió la libertad comercial a todos los puertos americanos.
4. La América española durante el siglo XVIII
4.1. Población y sociedad
La colonización española produjo en América una nueva configuración étnica que fue resultado
de la convivencia y de la mezcla de la población indígena, la española y la africana. Así, en
América tuvo lugar una nueva síntesis racial y cultural, que se tradujo en una estructura social de
carácter multirracial. Los diferentes grupos étnicos y sus mezclas se reflejaban en los censos de
20
finales del siglo XVIII, que clasificaban a la población en cuatro categorías: blancos, indios, libres
de varios colores y esclavos de varios colores.
La población indígena disminuyó drásticamente hasta el siglo XVIII, cuando la cifra de
amerindios se estabilizó e, incluso, inició una cierta recuperación en ciertas zonas como México
y Centroamérica. Se calcula que a finales de siglo había cerca de 8.000.000 de indígenas (el 40%
de la población total) concentrados en las regiones rurales interiores de México, Centroamérica y
Perú.
La población blanca estaba formada por españoles (peninsulares) y sus descendientes nacidos
en América (criollos), además de europeos de distinta procedencia. En 1790, había algo más de
3.000.000 de blancos establecidos en América, aproximadamente un 20% de la población total.
La emigración de españoles fue controlada por el Estado a través del permiso que debía otorgar
la Casa de Contratación de Sevilla (se exigía ser «cristiano viejo» y tener «buenas costumbres»).
En el siglo XVIII, se otorgaron unas cuatrocientas licencias anuales y, aunque la emigración ilegal
fue mayor, nunca hubo una corriente migratoria masiva porque el estancamiento de la población
peninsular lo impidió. Los blancos peninsulares solían ocupar los altos cargos de la
Administración colonial, lo que provocó el descontento entre los criollos americanos, que
poseían poder económico y prestigio social pero que se veían apartados de los principales
puestos de poder político. Las rivalidades entre peninsulares y criollos aumentaron a finales del
el siglo XVIII, cuando muchos criollos que se habían educado en universidades de España y
Europa entraron en contacto con las nuevas ideas liberales e ilustradas.
La población negra procedía del tráfico de esclavos, que estaba controlado por la Corona. En el
siglo XVIII, España concedió el monopolio del «asiento de negros» a Inglaterra, pero la trata se
fue liberalizando entre 1789 y 1795, en que se decretó la total libertad del comercio negrero con
la América española. Los esclavos que llegaron a América procedían del golfo de Guinea, África
del Sur, Angola y Mozambique. Se cree que más de 6.000.000 de africanos fueron vendidos
como esclavos en América durante todo el siglo XVIII. En aquellas zonas donde la población
indígena había desaparecido a causa de las enfermedades que trajeron los colonizadores, la
población negra llegó a ser mayoritaria (en Cuba constituía el 55% de la población total hacia
1790). Los esclavos negros (1.000.000 hacia 1790) ocupaban el estrato social más bajo en la
sociedad colonial y trabajaban en las minas, en las plantaciones y en el servicio doméstico.
El mestizaje comenzó desde los primeros momentos de la conquista de América y la mezcla de
razas dio lugar a multitud de subgrupos y categorías que se trasladaban a la estructura social. Los
mestizos -que a finales del siglo XVIII constituían la tercera parte de la población total de la
América hispana con más de 6.000.000 de personas- estaban discriminados, ya que no podían
ejercer cargos municipales, ni sacerdotales y tampoco eran admitidos en algunos gremios.
Durante el siglo XVIII, la población de la América hispana experimentó un fuerte crecimiento y
alcanzó la cifra de 16.000.000 de habitantes, con una distribución muy irregular. Las mayores
concentraciones de población se localizaban en las áreas costeras, en torno a los grandes puertos,
mientras que en las zonas del interior existían enormes regiones despobladas.
4.2. La administración de América durante el siglo XVIII
Los máximos organismos de la administración colonial fueron el Consejo de Indias y la Casa de
Contratación. En el Consejo de Indias -que ejerció funciones administrativas, judiciales y
fiscales- se nombraban a todos los cargos (civiles y eclesiásticos) de la compleja burocracia
indiana. Por su parte, la Casa de Contratación, que se encargaba de todos los asuntos referentes
al comercio y navegación a las Indias, tuvo su sede en Sevilla y después fue trasladada a Cádiz.
Las reformas que la nueva dinastía borbónica implantó en España también afectaron a la
administración de las colonias americanas. El Consejo de Indias perdió atribuciones, que pasaron
a las nuevas Secretarías desde 1717, y muchas de las funciones de la Casa de Contratación
también pasaron a ser desempeñadas por un Intendente General marítimo.
21
Asimismo, los antiguos virreinatos (enormes divisiones políticas y administrativas de los
territorios americanos) fueron reorganizados y subdivididos. El virreinato de Nueva España, con
capital en México, abarcaba todos los territorios al norte de Panamá, las islas del Caribe y
Venezuela. El resto de los territorios constituían el virreinato de Perú. No obstante, a lo largo del
siglo XVIII se crearon los virreinatos de Nueva Granada (en 1717) con capital en Santa Fe de
Bogotá (Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador), y del Río de la Plata (en 1776) cuya capital
se fijó en la ciudad de Buenos Aires (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia). El virrey,
como máximo representante del rey, dirigía la burocracia americana. En el siglo XVIII, los cargos
de virreyes fueron desempeñados por militares y eclesiásticos peninsulares, pero su poder quedó
limitado con la introducción de los intendentes en América.
Hasta principios del siglo XVIII, la administración colonial estuvo controlada por los criollos, que
se dedicaron a comprar los cargos. Posteriormente, el gobierno prohibió la venta de cargos
públicos y se preocupó de reorganizar la burocracia americana, nombrando a profesionales para
ejercer los puestos de responsabilidad. Este mayor control estatal contribuyó a mejorar la
eficacia de la administración indiana, a limitar la corrupción y a aumentar los ingresos fiscales
que llegaban a la Corona española, pero desencadenó el descontento de los criollos, que se
sintieron apartados de los puestos de poder.
4.3. La economía colonial
Durante el siglo XVIII, el gobierno español llevó a cabo la explotación económica de los
territorios americanos siguiendo planteamientos mercantilistas. Así, se intentó incrementar la
exportación de manufacturas españolas hacia América y se promovió la libertad de comercio con
las Indias, pero sin renunciar al monopolio español.
La explotación de las minas mejoró gracias a la introducción de nuevas técnicas de extracción
y, tras el agotamiento de Potosí, los yacimientos de Nueva España (México) permitieron una alta
producción de plata. Así, los envíos de oro y plata americanos a España fueron abundantes y
lograron equilibrar la balanza de pagos.
La agricultura americana también tuvo un importante desarrollo y se orientó a la
especialización, dirigiendo su producción al comercio europeo, que demandaba diversos
productos coloniales (algodón, café, cacao, tabaco, azúcar). Se formaron grandes latifundios,
donde se practicaba una agricultura intensiva y de altos rendimientos orientada al comercio, y
donde se introdujeron cultivos, especies ganaderas y técnicas agrícolas europeas. Aunque la
Corona española reconoció la propiedad de las tierras comunales indígenas, los indios fueron de
hecho despojados de sus terrenos por los blancos.
Por el contrario, las industrias americanas experimentaron un ritmo de crecimiento mucho más
limitado, ya que el gobierno colonial no estuvo interesado en su fomento, sino en la introducción
de manufacturas llegadas desde España. En las ciudades, los oficios artesanales (especialmente
la fabricación de prendas de vestir, de esculturas religiosas, de muebles, de instrumentos
musicales y de objetos de orfebrería y platería) se organizaron con reglamentaciones gremiales.
El comercio americano, la principal fuente de ingresos del gobierno español, se basó en la
defensa del monopolio en los intercambios con las Indias. Desde 1717, Cádiz fue el puerto
que centralizó el comercio americano, en vez de Sevilla. Así, el decreto de libre comercio de
1778 no significó la renunciaba al monopolio comercial de España, pero permitió que 13 puertos
españoles comerciasen con 24 puertos americanos. Esta liberalización reactivó los intercambios
y generó importantes beneficios económicos a los comerciantes americanos y españoles.
22
ACTIVIDADES
1. Texto histórico. El tratado de Utrecht (1713).
«Art. 10. El Rey Católico de las Españas, por sí y por sus herederos, y sucesores, cede por este
tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de
Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha
propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin
excepción ni impedimento alguno. Pero para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la
introducción de mercancías [...] la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción
alguna territorial y sin comunicación abierta con el país circunvecino por parte de tierra. [...]
Se puede comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás
cosas necesarias para uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el
puerto [...].
Art. 11. El Rey Católico de las Españas cede también a la Corona de la Gran Bretaña la isla de
Menorca (…)
Art. 12. El Rey Católico da y concede a Su Majestad Británica la facultad de introducir negros en
diversas partes de los dominios de SU Majestad Católica en América, que vulgarmente se llama
el asiento de negros; el cual se les concede con exclusión de los españoles y de otros
cualesquiera por espacio de treinta años»
1. ¿Por qué la sucesión de la Corona española se consideró un asunto de política
internacional?
2. ¿Por qué Luis XIV de Francia y el emperador Leopoldo I de Austria aspiraban al trono
de España?
4. ¿En qué escenarios se desarrolló la Guerra de Sucesión española? ¿Qué rasgos y
motivos tuvo en cada escenario?
5. ¿Qué acontecimiento precipitó el final de la Guerra de Sucesión? ¿Qué consecuencias
tuvo la cesión de Gibraltar a Gran Bretaña?
6. Cita las principales consecuencias de la paz de Utrecht y los cambios territoriales que
estableció.
2. Texto histórico. Decreto de abolición de los fueros de Aragón y Valencia (1707).
«Considerando haber perdido los Reinos de Aragón y de Valencia, y a todos sus
habitadores por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad
que me hicieron como su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y
libertades que gozaban, y que con tal liberal mano se les habían concedido, así por mí
como por los Señores Reyes mis predecesores, particularizándolos en esto de los demás
Reinos de esta Corona; y tocándome el dominio absoluto de los referidos Reinos de
Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan
legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la
conquista que de ellos ha hecho últimamente mis Armas con el motivo de su rebelión; y
considerando también que uno de los atributos de la Soberanía es la imposición y
derogación de leyes (..) he juzgado por conveniente (así por esto como por mi deseo de
reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos,
costumbres y Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan
loables y plausibles en todo el Universo) abolir y derogar enteramente (...) todos los
referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observadas en los referidos
23
Reinos de Aragón y de Valencia; siendo mi voluntad, que estos se reduzcan a las leyes de
Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene en ella y en sus Tribunales sin
diferencia en nada; pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos vasallos los
Castellanos oficios y empleos en Aragón y en Valencia, de la misma manera que los
Aragoneses y Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin distinción
(...)»
1. Clasifica el texto, indicando las circunstancias históricas concretas en las que fue
redactado y su destino.
2. Indica la idea fundamental y las ideas secundarias.
3. El texto es parte de los Decretos de Nueva Planta dictados por Felipe V.
-¿Qué significa la Nueva Planta?
-¿Por qué fueron impuestos estos decretos en Aragón y en Valencia?
-¿Fueron aplicados en algún otro reino de la Corona española? ¿Por qué?
-¿Quedó alguna zona de la Corona española exenta de la Nueva Planta?
-¿Qué supuso la abolición de los fueros para la Administración pública?
-¿Qué concepto de soberanía expresa Felipe V en el Decreto?
-¿Existen diferencias respecto a la concepción del Estado de la dinastía
Habsburgo?
3. Texto histórico. Discurso sobre el fomento de la industria popular.
«Los medios de animar las fábricas bastas y finas son harto sencillos, pero requieren
celo y personas que instruyan las gentes, además de ayudarlas con los auxilios
necesarios.
1. En primer lugar los Párrocos deben exhortar útilmente a sus feligreses, según la
calidad del país y cosecha de sus materiales, a emplearse en la industria más análoga
a él. Así lo hacen en algunas partes de Francia, y en Rusia han tomado este camino,
para hacer conocer al pueblo ignorante lo que le conviene. Es una obra de caridad tal
instrucción, y antes de podérsela dar los Curas, y demás eclesiásticos, deben ellos
mismos instruirse de estos principios y máximas nacionales. El pueblo los respeta
por su carácter sacerdotal, y los escuchará con mayor atención.
2. Los Caballeros y gentes acomodadas pueden auxiliar a sus renteros; y en esta
protección auxiliar recogerán no corto fruto de sus tareas; porque venderán mejor
sus frutos; crecerá la población; y las tierras se cultivarán mejor. La riqueza es el
sobrante de lo necesario para el sustento del pueblo. Si este permanece ocioso y
pobre, poca puede ser la riqueza de los nobles.»
Don Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, 1774.
1. Clasifica el texto: tipo de texto, circunstancias históricas, destino y comentario sobre
su autor.
2. Indica la idea fundamental y las secundarias.
3. Responde a las siguientes cuestiones:
-¿Qué novedades introdujo Carlos III en el gobierno de España? ¿Qué actitud tenía el
rey respecto a sus súbditos?
-¿Qué funciones y cargos desempeñó Campomanes en los equipos de gobierno de
Carlos III?
-¿Qué nuevas ideas representaba Campomanes?
24
-¿Qué concepto tiene sobre la riqueza? ¿Tiene este concepto alguna relación con la
fisiocracia y con el mercantilismo?
4. ¿Qué funciones tuvieron las Academias? ¿Con qué objetivos fueron fundadas?
5. Señala las características y objetivos de la política exterior española durante los
reinados de Felipe V y de Fernando VII.
6. ¿Qué fueron los Pactos de Familia? ¿Cuáles fueron sus finalidades y
repercusiones?
7. Define el concepto de despotismo ilustrado. ¿Qué reyes europeos se pueden
considerar déspotas ilustrados?
8. Explica las circunstancias, las causas y las consecuencias de los motines de 1766.
9. Define el término regalismo y cita algunas de las principales medidas regalistas de
Carlos III.
10. Analiza las repercusiones que tuvo, en España y en América, la expulsión de los
jesuitas. ¿Qué influencia tuvo la expulsión de los jesuitas sobre la enseñanza?
11. ¿Qué eran los vales reales y cuándo se establecieron?
12. ¿Cuál fue el proyecto ilustrado de mayor envergadura que se llevó a cabo para
fomentar y mejorar la agricultura durante el reinado de Carlos III? Explica también
los resultados de la política agraria impulsada por el gobierno carlotercerista. ¿Se
lograron los objetivos propuestos?
12. ¿Quiénes eran y qué papel histórico desempeñaron los siguientes personajes?
Patiño
Ensenada
Esquilache
Olavide
Juvarra
Isabel de Farnesio
13. Explica los siguientes conceptos y hechos históricos:
Intendentes
Secretarías
Guerra de los Siete Años
Paz de Versalles (1783)
Reales Fábricas
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena
14. Señala las características de cada uno de los estamentos en la España del Antiguo
Régimen.
25
15. Describe la situación de los distintos grupos raciales en la América española del siglo
XVIII:
Indígenas:
Blancos:
Negros:
Mestizos: