Armas, engaño y poder: La historia del Erpac (Primera entrega)Por: Arco IrisTags: Bacrim, Llanos

Foto: archivo revista Arcanos

/ Por Kyle Johnson. El Ejército Revolucionario Antisubversivo de Colombia, mejor conocido como

el Erpac, fue uno de los grupos neo-paramilitares más fuertes del país desde el año 2006 hasta la

muerte de su líder Pedro Olivero Guerrero, alias ‘Cuchillo’ a finales de 2010. La organización en

ese momento había logrado un control casi hegemónico – aunque a veces compartido con las Farc

– en numerosas zonas de los llanos orientales. Con la muerte de ‘Cuchillo’ un sub-comandante con

una historia larga en el llano, José López Montero, alias ‘Caracho’, tomó control del grupo,

llevándolo a un sometimiento y desmovilización parcial en diciembre de 2011. Es por el poder tan

fuerte que logró el Erpac que hay que entender la historia de este grupo neo-paramilitar.

Sobre la creación del Erpac se tenía información incluso antes de que se fundara. En un artículo

de El Tiempoen marzo de 2006, un mes antes de la ceremonia de desmovilización de ‘Cuchillo’ y

‘Pirata’, se dio a conocer que un líder paramilitar del llano había comprado unas armas de otro

paramilitar. Quien había comprado las armas probablemente era ‘Cuchillo’ según el informe. Sus

hombres estaban incursionando en Puerto Gaitán, copando el territorio dejado por la

desmovilización de otros bloques paramilitares. ¡Y todo esto antes de su desmovilización!

Los bloques los Héroes del Llano y Héroes del Guaviare, el primero liderado por alias ‘Pirata’ y el

segundo por ‘Cuchillo’ tuvieron su ceremonia de desmovilización el 11 de abril de 2006 en

Casibare, un corregimiento de Puerto Lleras en el sur del Meta. En la ceremonia un total de 1.765

combatientes, entre soldados de pie y comandantes, se entregaron con un total de 1.024 armas.

Pero ‘Cuchillo’ le hizo trampa al proceso y se rearmó.

La base del Erpac era un grupo de alrededor de 200 combatientes escondidos en una finca en la

vereda La Cooperativa, del municipio de Mapiripán, todos con armas no entregadas y compradas

por ‘Cuchillo’. El hecho de que el grupo fue organizado y escondido en La Cooperativa es diciente |

pues esa vereda se había convertido en de base paramilitar del Bloque Centauros durante

el reinado de las AUC en el lugar. Mapiripán, después de sufrir dos masacres – la del casco urbano

en 1997, y otra en el corregimiento de Caño Jabón en 1998 – terminó siendo un lugar de fuerte

control, presencia e incluso cierto apoyo para los paramilitares. Rápidamente pudieron modificar

parte del orden social y lograr el control en ciertos sectores del municipio.

No se puede entender la historia del Erpac sin entender cuatro aspectos claves de Mapiripán. En

primer lugar, la economía del lugar ha estado ligada y dependiente del tráfico de drogas – en los

años de 1960s y 70s, de la marihuana y después y hasta hoy en día de la coca. La colonización ha

estado conectada a la economía ilegal como una constante desde la fundación del lugar. La gran

mayoría de los movimientos poblacionales, incluso actualmente,se deben a las ganancias de la

economía cocalera. Y además por más de 40 años han estado presentes varios actores ilegales,

desde narcotraficantes hasta las Farc y las Accu, Auc. Hoy en día en el municipio están presentes

el Erpac y varios frentes de las Farc principalmente los 43 y 44.

Al momento de la desmovilización, a la Cooperativa en Mapiripán (y también a Casibare) llegaron

más de mil desplazados del campo de ese municipio quienes decían no estar seguros frente a una

ofensiva de las Farc para retomar el territorio. Decían que esa guerrilla los tildaría de paramilitares

y los mataría. En La Cooperativa recibían carpas y comida de los paras de alias ‘Pirata’. De allí

algunos se terminaron yendo con soldados del Ejército para volver a sus tierras, lo cual dejó a La

Cooperativa con pocos soldados, y los que estaban se enfocaron en la crisis humanitaria. A poca

distancia estaba el grupo de 200 combatientes de ‘Cuchillo’, quienes podían sentirse seguros dado

que la posibilidad de que el Ejército los descubriera era esencialmente nula por todo lo que había

sucedido en la remota vereda.

El grupo armado se pudo organizar fácilmente también porque esta población sentía que dependía

de ellos para protegerlos de la guerrilla, algo que el Erpac, especialmente ‘Cuchillo’ por haber

convertido esa zona en su base, aprovechó. Independientemente de que si el acontecimiento fue

orquestado o no (no se puede decir que definitivamente sí lo fue), muestra algunos nexos bastante

fuertes entre la población y los paramilitares que operaban en la zona, dado que era una relación

de dependencia en términos de protección física.

Desde muy poco después de la creación de ‘Los Cuchillos’ (como el Erpac era conocido en ese

momento), su jefe demostró que quería quedarse con todo el control del llano en términos de

negocios ilegales y control territorial, pues en septiembre 2006, cuatro hombres de ‘Cuchillo’

llegaron a una finca en Guamal, Meta con el fin de asesinar a alias ‘H.H.’ quien iba dirigiendo otro

grupo armado en la zona: los Paisas. ‘H.H.’ pudo escapar del ataque pero Los Paisas durarían muy

poco más después del ataque. Muchos de ellos terminaron en las filas de otro grupo armado contra

quien ‘Cuchillo’ entraría en guerra: Los Macacos.

El Erpac: ¿desmovilización, pacto o venta? (Segunda entrega)Por: Arco IrisTags: Bacrim, Llanos

Foto: archivo revista Arcanos

/ Por Kyle Johnson. El Erpac entró en conflicto con los Macacos entre finales de 2006 y

comienzos de 2007, al parecer por el control de las rutas del narcotráfico en el norte del Meta y

Vichada. Según testimonios recogidos en la región, en ese momento, para garantizar la

colaboración de miembros del Ejército, ‘Macaco’ hizo un pago de $500 millones, lo cual terminaría

siendo insuficiente. Porque a la vez ‘Cuchillo’ le hizo superó la oferta con $700 millones de pesos,

además de pagos mensuales y la entrega de las ganancias de ciertos laboratorios de cocaína,

asegurándose así la complicidad de algunos sectores de la Fuerza Pública en su enfrentamiento

contra los Macacos.

Dentro de ese contexto de colaboración, sucedieron varios acontecimientos entre las dos partes en

conflicto. Por ejemplo, en el municipio de Puerto Gaitán, donde esa guerra entre narcos estuvo

más fuerte, en 2007, llegaron varios buses con jóvenes reclutados de Antioquia para los Macacos.

La Fuerza Pública los paró y devolvió a los jóvenes a sus tierras. Al parecer, se sabía para donde

iban, aunque dijeron que su plan era trabajar en unas fincas de la zona. Pero casi en los mismos

días arribaron varios buses y camiones al casco urbano de Puerto Gaitán llenos de combatientes

del Erpac, quienes eran fácilmente reconocidos en el lugar.En vez de ser devueltos por la Fuerza

Pública, los combatientes se quedaron en unas fincas cerca del casco urbano sin ser molestados ni

por la ciudadanía ni por las autoridades estatales. Pronto después, fueron enviados al combate.

El final de los Macacos empezó en agosto 2007cuando ocurrieron combates increíblemente duros

entre éstos y el Erpac, en los que murieron unos 250 miembros de los Macacos. Adicionalmente

según algunos testimonios de la zona, la Fuerza Área bombardeó la zona durante los combates,

dejando cuerpos destruidos y tirados por la selva y las trochas. Mientras tanto el Erpac tenía

acorralados en una finca en la zona rural de Puerto Gaitán al resto de los Macacos, por lo que un

comandante de éstos llamó a la Policía para contar lo ocurrido y básicamente entregarse junto a

los demás combatientes. Según él, su grupo había quedado sin comida y municiones después de

que Carlos Jiménez, alias ‘Macaco’ – el líder máximo del grupo –  fue trasladado a la cárcel de

máxima seguridad Combita en Boyacá.Durante los dos meses que siguieron, más de 200

miembros de los Macacos fueron capturados, ubicados por el comandante, y así el grupo quedó

desmantelado.

El Erpac durante la guerra con los Macacos no sólo hizo una alianza con miembros del Ejército

sino que a la vez en Mapiripán y otros municipios cercanos, el grupo de ‘Cuchillo’ entró en un

acuerdo con otro grupo armado ilegal: las FARC. El acuerdo principalmente tuvo vigencia en

Mapiripán pues era un lugar de retaguardia de ‘Cuchillo’ y ‘Jhon 40’, comandante del frente 43 de

quien se dice ahora está encarcelado por la misma guerrilla. En este caserío han existido

históricamente numerosos lugares de compra de pasta controlados por paramilitares, Farc y

narcos. Según una versión, el acuerdo era de división territorial para no encontrarse y enfrentarse,

pero según miembros que pudieron escapar del Erpac, los dos grupos sí trabajaron juntos en

varios momentos, incluso en áreas como Caño Jabón, un lugar en fuerte control de la guerrilla, aún

después de la masacre paramilitar en 1998.

Las alianzas con miembros de la Fuerza Pública y las Farc que hizo el Erpac tenían fines

estratégicos. Aliarse con la Fuerza Pública era necesario para cualquier grupo narcotraficante

grande, pero es aún mejor cuando ésta lucha contra sus enemigos. Con las FARC era estratégico

para el funcionamiento del negocio de la droga, y Daniel ‘El Loco’ Barrera tuvo una influencia fuerte

en esa decisión. Los Macacos al fin y al cabo era un grupo más pequeño, de fuera de la zona y

más que todo dependiente de los recursos financieros de su líder encarcelado, el Erpac empezó a

luchar en su contra con el fin de sacarlos del negocio en la región.

Además ‘Cuchillo’ hizo dos ataques – uno al estilo de película – contra Víctor Carranza, sin que se

sepan los motivos. Se puede deducir que el Erpac buscaba la hegemonía en el llano (es decir, la

hegemonía compartida con las Farc) y para lograrla tenía que acabar con el control histórico que

tenía Carranza. Lo otro es que Carranza estaba aliado con la familia de los Buitrago, enemigos

históricos de Cuchillo. Además para conectar un corredor del Erpac desde el sur del Meta hasta

Arauca y Venezuela, dos zonas les eran complicadas: el norte del Meta – es decir Puerto López y

Puerto Gaitán – donde Carranza tiene numerosas tierras, y el sur de Casanare, donde los

Buitrageños, aunque casi desmantelados todavía tenían muchas tierras. Acabar con Carranza

hubiera abierto todo ese territorio para el Erpac.

Con los Macacos destruidos, la Fuerza Pública y las Farc de su lado, y Carranza debilitado, el

Erpac pudo irse expandiendo rápidamente en el llano, y buscar nuevas rutas para sacar droga

hacia Venezuela y Brasil. Empezó a entrar cada vez más en el occidente del Meta, el sur del

Guaviare, y en Casanare buscando llegar a Arauca y la frontera, controlando el territorio a partir de

las armas, pagando cuotas mensuales a políticos y autoridades militares locales, y reclutando a la

fuerza o con el engaño a numerosos jóvenes. Esa corrupción de las autoridades, los territorios

dejados por el conflicto entre la Fuerza Pública y las Farc, el narcotráfico, y el poder social, muy

personal de ‘Cuchillo’, permitieron ese crecimiento del grupo.

La muerte de ‘Cuchillo’ en diciembre 2010 en una operación planeada y llevada a cabo desde

Bogotá, por la falta de confianza en las autoridades locales debido a la corrupción clara que había

entre ellas y el Erpac, significó un gran cambio dentro del Erpac. Primero, el poder personal de

‘Cuchillo’ en Mapiripán especialmente, entre otros pequeños municipios y caseríos, era clave para

el grupo. Con él muerto, el grupo también perdió poder. Segundo, antes de la muerte de ‘Cuchillo’,

otros comandantes importantes del grupo fueron capturados, incluso el hermano de ‘Cuchillo’. En

tercer lugar, alias ‘Caracho’ quien tomó el control del grupo, simplemente no tenía los recursos o el

poder para controlar la totalidad de los combatientes y de territorio.

Hay varias hipótesis de porque ‘Caracho’ decidió entregarse al gobierno con alrededor de 250

combatientes, aunque originalmente dijo que iban a ser unos 500. ‘Caracho’ dijo que estaba

cansado de la guerra. En realidad, estaba perdiendo el apoyo de Daniel ‘el Loco’ Barrera y no tenía

la capacidad de liderar el grupo. Otras versiones dicen que vendió el territorio y que fue ‘Caracho’

quien le entregó la información de inteligencia a la Policía para poder matar a ‘Cuchillo’ y a cambio

él entregaría el Erpac en un año, según el informe reciente de Internacional Crisis Group.

La historia del Erpac incluye todos los factores para que exista y dure un grupo armado ilegal y

narcotraficante: corrupción con la Fuerza Pública, nexos con la población civil, ganarle la guerra a

otros grupos armados; armas y un poder sociopolítico en los territorios en los que opera el grupo.

Ahora que no está tan claro lo que está pasando en los llanos orientales, hacer un seguimiento a

estos factores podría de pronto ayudar a evitar que cualquier grupo, nuevo o viejo, controle tanto

territorio, tantas personas y tantas instituciones en tan poco tiempo como lo hizo ‘Cuchillo’.

Carranza: ¿el Al Capone colombiano?Por: Arco IrisTags: Llanos, Restitución

Foto: Víctor Carranza, zar de las esmeraldas (izq) y Alphonse Capone, (der) el legendario bandido de los años 30 de E.E. U.U 

Al Capone, el famoso gánster estadounidense de los años 20 y 30, cayó por evasión de impuestos

y fue la mejor opción que tuvo el Gobierno Federal de los Estados Unidos para encarcelarlo, a

pesar de ser uno de los criminales más temidos de Chicago. Al parecer, Víctor Carranza, el zar de

las esmeraldas está recorriendo la senda de Al Capone.

Esta semana Carranza anunció que la paz que se firmó hace 23 años en el occidente de Boyacá

se está resquebrajando y teme que reviva la guerra de las esmeraldas de los 80, la cual dejó más

de 6.000 muertos. Hechos como el reciente asesinato de Mercedes Chaparro, mano derecha de

Carranza y asesora del proceso de paz, y la presencia de bandas criminales que se disputan los

recursos del occidente de Boyacá, región que ha sido hegemonizada por Carranza, motivaron sus

declaraciones.

Y es que la violencia, la muerte y la delincuencia han estado rondando a Carranza desde hace

décadas, quien ha sido mencionado por varios exparamilitares en las unidades de Justicia y Paz de

ser uno de los fundadores del paramilitarismo en el país, de haber propiciado despojos,

desplazamientos, secuestros, masacres y lavado de activos. Sin embargo, a pesar de los veinte

procesos judiciales que se han abierto en su contra, la justicia nunca ha logrado condenarlo por

ningún delito. Aunque Carranza estuvo en la cárcel entre 1998 y 2001 acusado de paramilitarismo,

fue exonerado y el Estado tuvo que indemnizarlo por su detención. No obstante, al igual que Al

Capone, Carranza podría terminar enjuiciado por el delito que menos se espera. Por haberle

robado tierras baldías al Estado, pues la Superintendencia de Notariado y Registro ya está

documentando cómo fue que varias miles de hectáreas fueron añadidas a sus predios.

Se trata de los registros de 41 mil hectáreas que están siendo investigados por presuntas

irregularidades en la Notaria Cuarta del Meta. Tierras que según el congresista Iván Cepeda

habrían sido objeto de un mecanismo de despojo por parte de Carranza. Cepeda advirtió que

aunque es un primer paso para permitirles a las víctimas del zar de las esmeraldas la recuperación

de sus tierras, el imperio de Carranza está construido sobre unas bases muy sólidas de legalidad e

ilegalidad, pasando por la estructura armada de “los carranceros” hasta las relaciones del más alto

nivel con el poder político.

Cepeda denunció el 29 de mayo pasado en un debate de control político sobre tierras, las

modalidades que Víctor Carranza ha venido utilizando por más de dos décadas para apropiarse en

forma fraudulenta de miles de hectáreas para luego hacer negocios especulativos de tierras,

mediante la intimidación armada de campesinos. (Ver diapositivas presentadas por Cepeda en el

debate)

El proceso de apropiación, acumulación y especulación de tierras contempla cuatro fases, según lo

expuso Cepeda: 1) Control territorial paramilitar con “los carranceros”. 2) Adjudicación de baldíos

de la Nación a personas desconocidas en la región, que no se demuestra su ocupación en las

tierras. 3) Englobe de los predios adjudicados en contra del artículo 72 de la Ley 160/94. Traspaso

a Víctor Carranza o a sus testaferros. 4) Negocios especulativos con tierras.

Cepeda explicó que en 41 mil hectáreas en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, hay

adjudicación dudosa, englobe ilegal y transacciones especulativas en las inspecciones Cristalina y

el Porvenir; y que 24.350 hectáreas corresponden a ocupación indebida de baldíos de la  Nación.

Dichas tierras, comentó el congresista, terminaron en poder de la familia Carranza y la familia

Beetar, quienes a través de una estrategia de apropiación irregular de baldíos y acumulación de

tierras controlan desde el año 1986 la inspección del Porvenir. Cepeda dijo que dicho control, de

acuerdo con denuncias presentadas por campesinos, ha estado acompañado de las violaciones de

derechos humanos llevadas a cabo por “los carranceros”. Situación irregular que hasta la fecha se

ha adelantado con la participación de funcionarios del INCORA y del sistema de notariado y

registro.

Los principales hechos denunciados en el debate de control político, arriba mencionado, fueron

expuestos en una carta dirigida al superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez, el

16 de junio, con el propósito de solicitar la investigación de los acontecimientos descritos y

adelantar las acciones dirigidas a revertir las anomalías, como también la intervención a la Notaria

Cuarta de Villavicencio para proteger la información que allí reposa, fundamental para los procesos

de restitución y recuperación de baldíos de la Nación, según Cepeda.(Ver carta al Superintendente

de Notariado y Registro)

La Superintendencia de Notariado y Registro resolvió en auto de apertura de investigación: 1)

Ordenar apertura de investigación disciplinaria en contra de Gloria Emma Camacho Romero, en su

condición de exnotaria Cuarta del Círculo de Villavicencio, Meta. 2) Practicar visita Especial a la

Notaria Cuarta del Círculo de Villavicencio y solicitar copias de las 12 escrituras públicas del 20 y

28 de diciembre de 2007. 3) Recibir en versión libre a Gloria Emma Camacho Romero, en su

condición de exnotaria Cuarta del Círculo de Villavicencio, Meta, para que deponga, si a bien lo

desea, sobre los hechos materia de investigación. También contempló otras diligencias que

pueden verse en (Auto apertura de investigación)

Durante los días 21  y 22 de junio, la Superintendencia de Notariado y Registro escaneó las copias

de las escrituras que fueron registradas durante el notariado de Gloria Emma Camacho en 2007,

en la Notaria Cuarta de Villavicencio (ver resumen de las escrituras), por ahora no hay más

diligencias de este tipo en el Meta, según lo afirmó el Superintendente Vélez a los medios de

comunicación.

¿Tendrá la suerte de Al Capone un viejo zorro como es Carranza? ¿O lo acompañará hasta el final

la sombra de impunidad y silencio que ha tejido a su alrededor por más de cuatro décadas?

Ley de víctimas y restitución de tierras, un año de ajustesPor: Arco IrisTags: Bacrim, Restitución, Santos

Foto: Giovanni Moreno C.

Una de las apuestas que con mayor decisión asumió la administración del presidente Juan Manuel

Santos, y que lo diferenció de su antecesor, fue el tratamiento de la problemática de las víctimas en

Colombia. Desde su posesión, hizo público su compromiso por impulsar y apoyar el proyecto de

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que, sin el apoyo del entonces presidente Álvaro Uribe, se

había hundido en la última legislatura del 2009.

Una vez aprobada en el Congreso,  en su discurso de sanción de la ley, el Presidente dijo: “Hoy es

un día de esperanza nacional en el que no sólo los colombianos sino el mundo entero son testigos

del propósito de un Estado que –en nombre de la sociedad- está dispuesto a pagar una deuda

moral, una deuda largamente aplazada, con las víctimas de una violencia que tiene que terminar,

¡que vamos a terminar!”.

En ese intervención, y con respecto a las víctimas del conflicto armado, Santos agregó: “Es ahora

cuando se pone a prueba la capacidad y la voluntad no sólo del Estado, sino de toda la sociedad

colombiana, para cumplirles a las víctimas, a esos cientos de miles de colombianos que han

perdido sus seres queridos, su salud o sus tierras por causa del conflicto”.

Y es cierto. Durante el primer año de la ley se ha puesto a prueba la capacidad del Estado para

realizar el despliegue de la política pública de víctimas, para crear o transformar la institucionalidad,

para descentralizar su aplicación y, sobre todo, para responder a las expectativas de las víctimas,

de sus asociaciones y de las organizaciones no gubernamentales a las que el Presidente

agradeció “ no sólo por sus aportes a esta ley, sino por su esfuerzo continuo y denodado por hacer

valer las voces de tantos colombianos que si no fuera por ustedes se habrían esfumado en el

silencio”.

Durante su discurso, el Presidente se comprometió a priorizar cinco ejes en los que comenzaría a

trabajar de manera inmediata: “Este mismo año (2011) se pondrá en marcha una puerta de entrada

ágil y digna con el Registro Único de Víctimas, se divulgarán los beneficios de la ley, y comenzará

la orientación a las víctimas, al tiempo que creamos la nueva institucionalidad. Todo esto debe

estar listo antes de terminar el 2011. También en los próximos 6 meses debemos reglamentar e

implementar asuntos cruciales para el proceso de atención y reparación a las víctimas como los

programas de atención psicosocial y de salud mental, las acciones de restitución de tierras, las

medidas de reparación colectiva y la participación efectiva de las víctimas”.

Ese mismo día, anunció que se estaba diseñando el Plan Nacional de Atención y Reparación

Integral a Víctimas y prometió que, en el primer año de ejecución de la ley (2011), repararían a “por

lo menos 25 mil hogares víctimas a través de la indemnización administrativa y tendremos al

menos 20 mil familias que retornan a sus lugares de origen con un incentivo y acompañamiento

para su reparación colectiva”.

Evidentemente, ha sido un primer año de adecuación institucional. En términos de reglamentación

de la ley, creemos que el balance es positivo: nueve decretos reglamentarios, tres de ellos

acogiendo la consulta previa; la capacidad de incidencia y buen funcionamiento de la Comisión de

Seguimiento del Congreso de la República a la ley, con la participación de organizaciones de la

sociedad civil y de víctimas; la definición de un CONPES de Víctimas; y la restructuración de tres

entidades fundamentales para el proceso de implementación de la ley.

La aplicación de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es una de las principales apuestas del actual Gobierno nacional. Sin embargo, a pesar de algunos logros iniciales, aún falta mucho por recorrer para satisfacer plenamente a

las miles de personas afectadas. Arco Iris presenta un análisis detallado de cómo va su ejecución, mostrando sus dos rostros.

En el tema de víctimas, se han reportado 94.850 declaraciones que remitió el Ministerio Público a

la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para valoración e inclusión en el

Registro Único de Víctimas.  En reparaciones, a julio 31 de 2012, 55.650 víctimas fueron

indemnizadas con una inversión de 330.000 millones de pesos. Se vincularon 16.700 hogares a la

estrategia de retorno con acompañamiento y 1.150 entraron a la ruta de reparación integral con un

plan individual de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos recibidos.  En

reparación colectiva, se iniciaron acciones en cuatro zonas priorizadas: El Salado, Bolívar;

Libertad, Sucre; Bahía Portete, Guajira; y en El Tigre, Putumayo.

Por su parte, el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada por la

Violencia que formaba parte de las iniciativas de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la

Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) pasó a ser una entidad especializada de carácter

temporal, llamada Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio

de Agricultura, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.

Durante el primer año de vigencia de la ley, y con base en el mapa del despojo, esta Unidad ha

adecuado 17 oficinas regionales y preparado aproximadamente 50 funcionarios; además, ha

recibido 17.303 solicitudes de registro de las 360.000 estimadas; se establecieron, con la

aprobación del Consejo Nacional de Seguridad, 12 macro-zonas de intervención al interior de las

cuales se micro-focalizaron algunos municipios, teniendo en cuenta la magnitud del despojo y las

condiciones de seguridad.

Adicional a todo ello, se han presentado 17 solicitudes de restitución del caso de Mampuján,

Bolívar; 24  solicitudes de restitución del caso emblemático del municipio de Chibolo, Magdalena; y

47 del corregimiento de Pichilín en el municipio de Morroa, Sucre.  En términos Judiciales, el

Consejo Superior dela Judicaturaha nombrado 22 Jueces Civiles de Circuito, un Juez itinerante y

15 cargos de Magistrados aglutinados en 5 Tribunales, todos con su respectiva planta de

empleados.

En el tema de Memoria Histórica se ratifica el enfoque y pasa de ser Grupo de Memoria de la

CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) creada por la ley 975 de2005, aCentro

de Memoria Histórica como establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República, cuyo objeto es reunir y recuperar todo el material

documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el

artículo 147 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Respecto al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, cuya implementación

corresponde al Ministerio de Protección Social, se reporta que dicha entidad conformó un  comité 

institucional para la salud y protección social de las víctimas del conflicto armado que elaboró un

protocolo de salud con enfoque psicosocial; un programa de atención psicosocial y salud integral;

medidas de monitoreo y seguimiento de la atención integral en salud y psicosocial. Los desarrollos

y avances del Ministerio de Salud y Protección Social fueron incorporados dentro del documento

COMPES 3726 de 2012 que fija el Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del

Conflicto Armado.

Pobres resultados

Si bien ha sido un año para ajustar las estructuras gubernamentales, en términos de logros

concretos para las víctimas, la implementación de la ley ha sido lenta y sus resultados pobres.  A

partir de un proceso de capacitación que viene adelantando la Corporación Nuevo Arco Iris en el

marco del Fondo de Justicia Transicional del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo) en 4 regiones del país, que reúnen  la representación de 80 organizaciones,

provenientes de 70 municipios, 19 departamentos  y la presencia de 150 líderes sociales, se pudo

constatar que uno de los puntos más críticos es la falta de conocimiento de la ley por parte de las

víctimas, sobre todo en las regiones y localidades más apartadas de las capitales. Desde su

sanción, ninguno de las líderes ni sus organizaciones han recibido capacitación o  difusión que les

explique de manera sencilla y didáctica el contenido de la ley, las rutas de acceso y la

institucionalidad existente con sus funciones.

La mayor dificultad que han tenido las víctimas es la incertidumbre ocasionada por el desbarajuste

institucional que produjo la transición de los organismos de atención: no se desarrollaron

mecanismos de tránsito que pudieran orientar a las víctimas, prepararlas para la nueva

institucionalidad, generar confianza en el funcionariado que otrora fuera victimario y protegerla

frente a las incertidumbres, las amenazas y la desesperanza arraigada en un escenario de

altísimas expectativas y necesidades; igualmente, no se han iniciado procesos sostenibles de

atención psicológica especializada, y en el tema de verdad extrajudicial y memoria histórica hay un

total desconocimiento de las estrategias y procedimientos sobre todo en las regiones.

Ley de víctimas y restitución de tierras, un año de ajustesPor: Arco IrisTags: Bacrim, Restitución, Santos

Foto: Giovanni Moreno C.

En materia de restitución de tierras si bien se ha trabajado en mejorar la infraestructura institucional

para la atención de solicitudes, se han identificado varios factores que pueden poner en peligro la

restitución jurídica y material de las víctimas de despojo y abandono forzado en Colombia.  Se trata

de riesgos de carácter jurídico, otros de carácter político, y amenazas a la integridad física y social

de los líderes reclamantes de tierras y sus organizaciones, que no se han logrado superar ni

tramitar.

Aunque una de las políticas de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras y del

Ministerio de Agricultura es incentivar a la víctima para que llegue sola a interponer sus solicitudes,

descalificando en ocasiones a las ONG que las han acompañado históricamente, la víctima es

quien tiene el derecho de escoger la manera en que puede acceder a las rutas de restitución,

siguiendo los trámites de ley.

Además, es necesario que la víctima se prepare para documentar sus casos, conozca las rutas,

ofrezca la información veraz y oportuna para recoger el acervo probatorio que sustente su

reclamación; igualmente, es necesario blindar estos procesos y las acciones de incidencia de las

víctimas, así como sus organizaciones y de las ONG que las acompañan, de los ejércitos de

abogados y equipos jurídicos con que cuentan los opositores, y elevar su capital político que fue

destruido durante los años de despojo y  desplazamiento.

Para nadie es un secreto la abierta y pública oposición a la política de restitución que han

esgrimido sectores de empresarios, comerciantes y políticos en varias regiones del país. Y lo más

complejo es que aún siguen vivas las estructuras de los aparatos organizados de poder que

impulsaron, financiaron y realizaron el despojo y la violación masiva de los derechos de millones de

colombiano. Al respecto, es imperativo establecer una estrategia que contemple acciones

decididas por parte del Estado en su persecución y sometimiento a la justicia.

Como se ha evidenciado en repetidas ocasiones, las estructuras (armadas y no armadas) que

propiciaron el despojo siguen activas en muchas zonas del país. Si bien la aparición de panfletos

del llamado “ejercito anti-restitución” en algunas zonas del país no garantiza que exista un grupo

armado ilegal destinado a ejercer violencia contra el proceso, sí hace innegable la existencia de

intereses locales que no comparten la implementación rigurosa de la ley, y hace previsible el

aumento de una situación de inseguridad para los reclamantes que quieran hacer efectivos sus

derechos.

En este sentido, se debe resaltar la situación de desprotección que siguen sufriendo las víctimas

reclamantes de tierra y que exigen derechos en el país. Los hechos son contundentes a este

respecto y, sin embargo, los programas de protección establecidos en la ley conservan muchos de

los problemas que han sido evidenciados en los programas previos en la materia. Esto hace

pensar que uno de los elementos centrales para que sea posible llevar el proceso de restitución

adelante y la seguridad de los beneficiarios, se encuentra profundamente minado y no parecen

existir medidas satisfactorias por parte del Gobierno en esta materia.

En cuanto al derecho de participación de las víctimas, si bien el Gobierno ha mostrado interés por

garantizarlo efectivamente, ha tenido serios problemas en su realización.  En su enunciación en la

Ley 1448, la participación como derecho de las víctimas refleja el discurso democrático e

incluyente que tiene todo el articulado de la misma, en la medida en que contempla la importancia

de una participación efectiva de sus beneficiarios, regulada por mecanismos precisos que permitan

a las víctimas influir de manera directa en la implementación de la ley.

La principal institucionalidad que se desprende de lo enunciado en la ley al respecto son las mesas

de participación de víctimas, que deben ser reguladas por el Protocolo de Participación Efectiva,

que aún no ha sido elaborado, y que tienen como objetivo ser el instrumento de “participación

oportuna y efectiva de las víctimas […], en los espacios de diseño, implementación, ejecución y

evaluación de la política a nivel nacional, departamental, municipal y distrital”.

Sin embargo, la conformación de esas mesas ha sido un proceso lento y accidentado, con

repercusiones desiguales a nivel nacional. El Gobierno se percató de esta situación y amplió los

plazos establecidos en la ley para la inscripción de organizaciones de víctimas y defensoras del

derecho de las víctimas, y puso en marcha un mecanismo transitorio de participación que hace

posible agilizar la participación de las víctimas, a la vez que se abre un espacio temporal de debate

para la construcción del Protocolo de Participación Efectiva, que debe regir la participación durante

el tiempo restante de ejecución de la ley, y se logra igualmente dar mayor orden a las conformación

de las mesas de víctimas.

Pero el resultado general de esta situación es una insuficiencia real en la participación de las

víctimas durante la primera fase de implementación la ley que se refleja. Muestra de ello es el

hecho de que aún sin mesas de víctimas debidamente constituidas, se han conformado en el país

868 Comités Territoriales de Justicia Transicional (máxima instancia territorial para el diseño y la

ejecución de la Ley de Víctimas en el ámbito territorial), que no han contado con mecanismos

idóneos para garantizar que las víctimas que allí participan (si es que estas están participando),

hayan sido escogidas por medio de un mecanismo democrático y estándar a nivel nacional.

Si en el ámbito nacional la implementación de la ley ha sido un proceso marcado por el

desbarajuste institucional, localmente el reto de la implementación de la Ley 1448 ha resultado muy

difícil de abordar. Esta situación es preocupante si consideramos que son los entes territoriales los

que abordaran de forma directa componentes fundamentales en la implementación de la ley.

El cambio de las administraciones locales para el presente año trajo consigo la puesta en marcha

de nuevo planes de desarrollo territoriales en los que debía quedar claramente incluida la ley, no

solo por medio del establecimiento de objetivos  específicos, sino a través de la inclusión de metas

y estrategias puntuales y la designación de recursos racionales para su cumplimiento.

Un ejercicio de análisis realizado a una muestra de 30 planes de desarrollo territoriales, carácter

municipales, distritales y departamentales, ejecutado por un conjunto de organizaciones no

gubernamentales bajo el Programa de Apoyo a La Consolidación de los Derechos de las Víctimas

en Colombia Implementación de la Ley 1448 De 2011 en las Entidades Territoriales, mostró

algunas de las deficiencias generales en la formulación de la Ley de víctimas en los planes que

regirán su implementación durante los próximos cuatro años.

Si bien hay muchos matices en la forma en la que fue incluida la ley en los planes de desarrollo, es

claro que, en general, no ha habido un ejercicio de diagnóstico a profundidad que tenga en cuenta

la situación de grupos diferenciales; si bien hay inclusión de objetivos, metas y estrategias

específicas para la implementación (lo cual es positivo), no hay una asignación presupuestal

específica para temas puntuales, lo que puede resultar en proyectos que no se realicen por dicha

razón.

Otro tema directamente ligado con el ámbito local de la aplicación de la ley que parece no estar

funcionando muy bien es el de los Personeros municipales. Como se sabe, los personeros son la

“puerta de entrada” a la ley en el ámbito local. Sin embargo, las dificultades que rondan su labor

van desde la insuficiencia de capacidades técnicas y la falta de recursos para garantizar su labor,

hasta la desconfianza que existe por parte de víctimas y organizaciones de víctimas acerca de la

idoneidad de estas personas para asumir su papel frente al tema. Estas circunstancias pueden

generar distorsiones en la atención a nivel local que deben ser diagnosticadas con rigurosidad para

tomar correctivos al respecto.

Finalmente, de las aproximadamente dos millones doscientas víctimas que reportan las

organizaciones de la sociedad civil, solo un pequeño porcentaje ha sido atendida y está satisfecha;

un gran porcentaje continua desprotegida, sin acceso a la justicia, sin que la verdad se haga

pública, perseguida y re-victimizada por sus victimarios, sin atención psicosocial, sin restablecer su

proyecto de vida.  Aún falta por determinar por ejemplo como se financiarán los planes de

reparación colectiva o como no legalizar el despojo mediante los contratos por uso del predio

restituido, contemplado en el artículo 99 de la ley.

El caso Santo Domingo: historia de una incongruenciaPor: Arco IrisTags: Arauca, Fuerzas Militares

 

Foto: cortesía revista Semana

Cuando los militares dicen que no tienen fuero el caso emblemático que siempre sale a relucir es el

de Santo Domingo, un pequeño caserío de Arauca donde en diciembre de 1998 se produjeron

fuertes combates con las Farc y un bombardeo ocasionó la muerte de 17 civiles.  La justicia

ordinaria en múltiples instancias, y también los tribunales contenciosos, han responsabilizado a la

Fuerza Aérea por este hecho en el que resultaron condenados por homicidio doloso dos

destacados pilotos.  Sin embargo, ad portas de la defensa que empieza el gobierno colombiano en

la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso, se conoció que hace 14 meses un

juez de Arauca condenó a Grannobles, jefe de las Farc en esa región, por los mismos hechos.

La confusión no se hizo esperar. Sectores del gobierno asumieron este fallo como la prueba reina

de que ha habido un complot jurídico contra las fuerzas militares, y la Fiscalía se declaró

confundida sobre su propia actuación.  Lo grave es que aunque hay consenso en que el juez de

Arauca actuó de manera incongruente, el fallo está en firme y puede darle un giro a uno de los

episodios emblemáticos que enfrentan al estamento militar con la justicia.

Recién ocurrieron los hechos de Santo Domingo, la Justicia Penal Militar abrió una investigación

que fue cerrada de manera expedita con el argumento de que la Fuerza Aérea no había lanzado

ninguna bomba contra la población y que la muerte de los civiles había sido consecuencia de un

carro bomba puesto por las Farc en esa población.

Nadie se explica por qué un juez de Arauca condenó a un miembro de las Farc  por la muerte de 17 civiles si ese no era el crimen sobre

el que debía pronunciarse. Este estrambótico fallo le cae como anillo al dedo al Estado para su defensa ante la CIDH.

No obstante, un largo y accidentado proceso judicial llegó a la conclusión de que una bomba

cluster (o racimo) causó la tragedia.  La Fiscalía encontró pedazos de este artefacto en la zona, se

apoyó en peritos del FBI para demostrar que estas pertenecían a la Fuerza Aérea. Como si fuera

poco, tuvo acceso a grabaciones de asesores gringos que apoyaban la operación desde el aire en

las que éstos se sorprenden al ver que sus colegas colombianos atacaban la población a pesar de

que los civiles estaban a la vista.

En principio los pilotos fueron condenados por homicidio culposo, es decir, por haber cometido un

error. Pero después el Tribunal Superior de Bogotá, en una sentencia de segunda instancia,

condenó al capitán César Romero (piloto) y teniente Johan Jiménez (copiloto) a 30 años de cárcel

por el homicidio doloso de 17 civiles y las graves lesiones corporales a 30 más. En 2011, la

Fiscalía vinculó como presuntos responsables de esa masacre, a dos miembros más de las FAC,

al coronel Andrés Garzón Vélez y al mayor Germán David Lamilla, proceso que se encuentra

activo.

Entonces empezaron las confusiones e incongruencias. Mientras el gobierno se quejaba de que

éste fuera un proceso adelantado en la justicia civil, olvidando que la justicia castrense lo cerró

porque consideró que sus oficiales no estaban involucrados; las víctimas acudieron a la justicia

internacional argumentando que el gobierno denegó justicia al permitir que en primera instancia

haya sido la justicia militar la que abordara el caso, y por la múltiples obstrucciones que ha tenido

el mismo.

Lo que nadie esperaba hace pocas semanas es que se conociera el fallo de un juez especializado

de Arauca, Rodrigo Rodríguez Barragán, proferido el 31 de enero de 2011 en el que responsabiliza

a Germán Briceño Suárez alias Grannobles no sólo por la muerte de siete militares y las lesiones

de miembros del Ejército, que era el proceso que llevaba su despacho; sino por la muerte de los 17

civiles atribuidos en la sentencia a la explosión de un carro-bomba. Es decir, el juez vuelve a la

versión que en el momento de los hechos dio el entonces comandante de las FAC, Héctor Fabio

Velasco, y que desconoce todo lo actuado por la Fiscalía en estos años.

En realidad los fallos no son contradictorios. Lo que ocurre es que la Fiscalía General de la Nación

adelantó dos investigaciones, una por la muerte de los civiles y las lesiones ocasionadas a una

treintena de pobladores del caserío, y otra por la muerte de los militares y las lesiones que se

produjeron a 16 miembros de la Fuerza Pública. Se trata de dos hechos diferenciados en el

espacio y en el tiempo y por eso la Fiscalía los separó. La muerte de los civiles ocurrió el 13 de

diciembre de 1998, casi a las 10 am en la cabecera veredal; mientras que los enfrentamientos

entre el Ejército y la guerrilla ocurrieron entre el 12 y el 15 de diciembre en la zona rural de Santo

Domingo.

Lo irregular es que el juez Rodríguez Barragán, que investigaba los combates, terminara

pronunciándose sobre el otro proceso sin que el expediente probatorio ni la acusación  tratara

sobre él. El Fiscal 22 de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Gonzalo García

Gómez, confirmó que la resolución de acusación que sirvió de base para la emisión del fallo del

juez de Arauca se limitó a la muerte de los soldados pertenecientes a la XVIII Brigada y no incluyó

el episodio de los civiles. Entonces, ¿Si el juez de Arauca no tenía que pronunciarse sobre los

civiles por qué razones lo hizo?

Tito Augusto Gaitán, abogado de la Asociación Minga, quien apodera a las víctimas de la masacre

de Santo Domingo en el proceso penal, no se explica por qué  ni la Fiscalía, ni el Ministerio

Público, ni la Defensoría apelaron el fallo en su momento y permitieron que quedara en firme. “Si lo

hubieran hecho se habría caído el aparte de los civiles porque no guarda congruencia con la

resolución de acusación”.

Para el abogado penalista de la Corporación Nuevo Arco Iris, Juan Manuel Ramírez, esta

confusión le cae como anillo al dedo al Estado para decir ante la CIDH que todo fue una farsa y

salvar su responsabilidad en la masacre de Santo Domingo. De hecho Eduardo Montealegre,

defensor del Estado colombiano frente a la CIDH, y uno de los candidatos a Fiscal General de la

Nación, declaró recientemente en un medio de comunicación que le había hecho llegar a la Corte

copia del fallo del juez Rodríguez Barragán.

Gaitán calificó de impresentable, incoherente e inconsistente la defensa del Estado ante la Corte.

“Durante todo este tiempo el Estado ha sumado esfuerzos para manipular las pruebas y

distorsionar episodios procesales como lo hacen ahora, desfiguran la verdad para encubrir a los

responsables y re-victimizar a las víctimas”.  Él confía en que esta sentencia no va a tener ningún

impacto procesal.

Pero no todos piensan lo mismo. Nelson Nevito, abogado penalista y politólogo, cree que se

pretende revivir un tema probatorio que ya está cerrado. “En caso de resultar triunfante en la Corte

Suprema de Justicia esta teoría de que las muertes se produjeron por el grupo al margen de la ley

y no como consecuencia de la bomba clúster arrojada desde el helicóptero estarían frente a una

prueba nueva y permitiría de alguna manera revisión frente al caso de los pilotos”. Es decir, volver

a empezar. En ese sentido es clave el recurso de casación interpuesto por la defensa de los pilotos

en el caso Santo Domingo y sobre el que la Corte aún no se ha pronunciado.

La Asociación Minga presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Arauca en días pasados y

espera que en dos semanas haya ya una respuesta como único recurso de amparo porque el caso

no tiene vía procesal de resolución. Hasta ahora es un fallo ejecutoriado a pesar de las

incompetencias e irregularidades que pretenden corregir con la tutela.

Nevito por su parte identificó algunos episodios que le parecen extraños en la sentencia del Juez

de Arauca. Primero, que el fallo se conozca justo cuando el caso está en la CIDH. ¿Feliz

coincidencia para algunos? Segundo, que los defensores de los pilotos no tuvieran conocimiento

de este nuevo fallo. Tercero, que la defensa de Grannobles, en este caso de oficio, no haya

interpuesto ningún recurso. Cuarto, llama la atención el papel de la Fiscalía que parece tan

sorprendida como todos.

Tal como están las cosas el caso Santo Domingo vuelve a la palestra.  Para el gobierno es

estratégico demostrar que la Justicia Penal Militar no sólo tenía competencia, sino que tenía la

razón al decir que sus pilotos no tuvieron culpa en el bombardeo.  Más aún cuando el debate del

fuero está que arde. Sin duda es el gran beneficiado con el estrambótico fallo del juez de Arauca.

Reina Lucía Valencia/Arco Iris 

14 años después de la masacre de Mapiripán aún se desconoce la verdad 

CCEEU: ¿QUÉ PASÓ EN MAPIRIPÁN?

http://www.colectivodeabogados.org/CCEEU-Que-paso-en-Mapiripan

Las dos Masacres de Mapiripan

http://www.colectivodeabogados.org/Las-dos-masacres-de-Mapiripan-en

MASACRE DE MAPIRIPÁNLunes 11 de mayo de 2009, por Prensa - Colectivo4

El 12 de julio de 1997 aproximadamente un centenar de miembros de grupos paramilitares aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares procedentes de los aeropuertos de Neclocí y Apartadó, controlados por la Fuerza Pública, ubicados en la región del Urabá antioqueño, siendo recogidos por miembros del Ejército Nacional, quienes facilitaron su transporte aéreo y terrestre hasta Mapiripán. En la carretera, se les unieron miembros de estos grupos criminales procedentes de Casanare y Meta y desde allí, por vía fluvial, continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, en la orilla opuesta al río

Guaviare. Durante el recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, los miembros del grupo paramilitar transitaron sin ser detenidos por áreas de entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil II .Al amanecer del 15 de julio de 1997, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial, previo a ello reunieron a los habitantes del poblado de Charras y amenazaron de muerte a aquellos que pagaban impuestos a las FARC. Los hombres que conformaban el grupo paramilitar, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, portaban armas de corto y largo alcance, cuyo uso era monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia.Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, de las comunicaciones y de las oficinas públicas y procedieron a intimidar a sus habitantes, a secuestrar y a producir la muerte de otros. Los testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio de 1997, los miembros de esos grupos irregulares separaron a 27 personas relacionadas en una lista como presuntos auxiliadores, colaboradores o simpatizantes de las FARC y que estas personas fueron torturadas y descuartizadas.Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. Una vez concluida la operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia física, con el fin de obstruir la recolección de la prueba. Con posterioridad a la ocurrencia de esta cruel masacre, se verificó el desplazamiento forzado de más de quinientas familias de este municipio, hacía diferentes lugares del país.

2.2 Trámite del Caso ante el SIDH:

Procedimiento surtido ante la CIDH

El 6 de octubre de 1999 el Colectivo y CEJIL presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana. Esta aprobó el 22 de febrero de 2001 el Informe de Admisibilidad Nº 34/01.

La Comisión aprobó el Informe de fondo No. 38/03, el 4 de marzo de 2003 de conformidad con el artículo 50 de la Convención, en el cual estableció la responsabilidad del Estado por la violación de ciertos derechos consagrados en la Convención Americana y se formularon recomendaciones dirigidas al Estado, consistentes en la realización de una investigación completa, efectiva e imparcial en la jurisdicción ordinaria, así como en adoptar las medidas de reparación adecuadas en beneficio de las víctimas y sus familiares, y por último disponer los mecanismos suficientes y apropiados para evitar que ese tipo de hechos volviesen a suceder.

La Comisión decidió someter el caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana el 5 de septiembre de 2003, después de analizar la respuesta del Estado a las citadas recomendaciones.

Sentencia proferida por la Corte IDH

Una vez agotado el procedimiento previsto, el 15 de Septiembre de 2005, la Corte Interamericana profirió sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado Colombiano por la violación del derecho a la vida en perjuicio de aproximadamente 49 personas (artículo 4), el derecho a la integridad perso¬nal en perjuicio de las víctimas y de sus familiares (artículo 5.1 y 5.2) el derecho a la libertad personal en perjuicio de las víctimas (artículo 7), los derechos de los niños identificados en el proceso (Artículo 19), el derecho a la circulación y residencia en perjuicio de las personas que se desplazaron forzadamente (artículo 22) y por la violación de los derechos las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8.1 y 25).

En esta sentencia, la Corte estudia de manera detallada el marco normativo expedido por el Estado colombiano, por medio del cual creó los grupos paramilitares , así como los instrumentos normativos posteriores por medio de los cuales pretendió tipificar como conducta penal la constitución de grupos de esa naturaleza, así como las normas dictadas con el propósito de favorecer un presunto proceso de desmovilización de esas estructuras ilegales.

En relación con la responsabilidad internacional del Estado por los hechos descritos, la Corte entendió, que si bien éstos fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración, aquiescencia y

tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones, de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, inclusive de altos funcionarios de éstas . Así mismo se destaca del contenido del fallo, el estudio riguroso realizado por la Corte IDH, del fenómeno del desplazamiento forzado y de las especiales implicaciones que éste ocasionó en los familiares de las víctimas de la masacre de Mapiripán y en los demás pobladores de ese municipio, que se vieron avocados a abandonar su hogar. En esta línea, la Corte entiende que el desplazamiento implica una violación masiva, prolongada y sistemática de diversos derechos fundamentales, afectando en mayor medida a las mujeres, a los niños y a las personas de avanzada edad.Ante ello, la Corte procedió a ordenar medidas de reparación a favor de las víctimas y de sus familiares, entre ellas se destaca: La investigación de los hechos del caso, que conduzca a identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los mismos; la identificación de las víctimas de la masacre, por medio de publicaciones especiales y de la creación de un banco de datos genéticos; la integración de un mecanismo oficial de seguimiento del cumplimiento de las reparaciones ordenadas; tratamiento médico y psicológico a favor de los familiares de las víctimas; la prestación de garantías estatales de seguridad para los ex habitantes del municipio deMapiripán que decidan regresar y un acto de disculpa pública y de reconocimiento de responsabilidad a cargo del Estado. En la actualidad, el Colectivo y Cejil, adelantan un proceso continuo de concertación con las distintas entidades del Estado, para implementar y dar cumplimiento integral y adecuado a la sentencia sobre las diferentes medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.

Videos:

Mapiripan: Caracol Noticias Subido por el Espectador

http://www.youtube.com/watch?v=nN_a3cnlpEY

Historia

http://www.youtube.com/watch?v=q78L1nxVWqY&feature=related

Contravía

Parte I: http://www.youtube.com/watch?v=SKo4gSwlYlU&feature=related

Parte II: http://www.youtube.com/watch?v=gAOcK0ayOhQ&feature=relmfu

Las Verdades sobre el Conflicto en los Llanos Orientales

http://www.youtube.com/watch?v=S7SsSwfhROY&feature=related