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  • 8/14/2019 Entre antropologa y ddhh-investigacin activista y crtica

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    teridadesiversidad Autnoma Metropolitana - Iztapalapa

    [email protected]

    SN (Versin impresa): 0188701-7XICO

    2006Shannon Speed

    ENTRE LA ANTROPOLOGA Y LOS DERECHOS HUMANOS HACIA UNAINVESTIGACIN ACTIVISTA Y COMPROMETIDA CRTICAMENTE

    Alteridades, enero-junio, ao/vol. 16, nmero 031Universidad Autnoma Metropolitana - Iztapalapa

    Distrito Federal, Mxicopp. 73-85

    Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina y el Caribe, Espaa y Portugal

    Universidad Autnoma del Estado de Mxico

    http://redalyc.uaemex.mx

    mailto:[email protected]://redalyc.uaemex.mx/http://redalyc.uaemex.mx/http://redalyc.uaemex.mx/mailto:[email protected]
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    ALTERIDADES, 200616 (31): Pgs. 73-85

    Entre la antropologa y los derechos humanosHacia una investigacin activista

    y comprometida crticamente*

    SHANNON SPEED**

    Abstract ATTHE CROSSROADSOFHUMANRIGHTSANDANTHROPOLOGY:TOWARDACRITICALLY-ENGAGEDACTIVISTRESEARCH. This ar-ticle re examines anthropologys engagement w ith huma nr ights today . Through the lens of the au thors experien-ce in a case brought before the International Labor Or-ganization by a commu nity in Chiapa s, Mexico, thisw ork considers the ethical, practical, and epistemological

    questions tha t arise in a research defined by rightsactivism. The argument is tha t th e cri t ical engagementbrought about by activist research is both necessary

    and productive. Such research ma y contr ibute to trans-forming the discipl ine by a dd ressing the poli t ics ofkn ow ledge production and w orking to decolonize ourresearch pr ocess. Rath er than seekin g to avoid or re-solve the tensions inh erent in a nthr opological researchon human r ights, act iv is t research d raw s them to the

    fore, mak ing them a productive part of the process.Final ly , activist research al low s us to merge culturalcri t ique w ith pol i t ical action to produ ce kn ow ledge thatis empir ical ly ground ed, theoretical ly va luable andethical ly viable.Key wo r d s : hum an rights, Chiapa s, activist research

    Resumen En este ensay o se reexamina la relacin d e la an tropo-loga con los derechos huma nos. Med ian te una experien-cia de colaboracin en u n caso presentado a nte la Or-ganizacin In ternacional del Traba jo (OIT), l levado por lacomu ni d ad de Nicols Ru iz (Chi ap as , Mxico); se con-sid eran la s cuesti ones tica s, p rcticas y epist emolgi-cas que pueden surgir en la investigacin definid a por

    activismo legal. Se propone que el compromis o de lainvestigacin a ctivista es imp rescindible y productivo.Una invest igacin crtica y activis ta pued e favorecer la

    tran sforma cin d e la disciplina, al orientar la produ ccindel conocimiento y traba jar en la descolonizacin delproceso de investigacin. En vez de oculta rlas, m an tienelas s iempre presentes tensiones y contra dicciones in-herentes a la a ntr opologa d e los derechos huma nos, sebeneficia de el las y las convierte en la parte produ cti-

    va del pr oceso ana ltico y poltico. Fin almen te, esta for-ma de inves tiga cin perm ite combi na r el anlisi s crticocultural (critical cultural analysis)Con la a ccin polti ca ,par a pr oducir conocimiento empricamente sus tenta do,tericamente val ioso y ticamen te via ble.Pa l ab r as c l a v e: derechos humanos, Chiapas, investi -

    gacin activis ta

    * Una primera versin de este artculo fue publicada en ingls en American An thropologist ,vol. 108, nm. 1, marzo, 2006.** Investigadora y docente, Department of Anthropology, College of Liberal Arts, The University of Texas at Austin. 1 University

    Station C3200, Austin TX 78712. [email protected]

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    Parado en el cruce ro:rec onsiderando la invest igacin antropolgica sobre los derech os h um anos

    El debate del universal ismo y el relat iv ism o

    Por ello, tal vez no es de sorprender que el trabajo

    antropolgico en los derechos humanos surgido en los

    setenta tomara la forma de solidaridad y apoyo a los pue-

    blos indgenas que peleaban por sus derechos cultura-

    les y su existencia como grupos culturalmente distintos.

    Estos pueblos haban estado en contra de la opresin

    y la aniquilacin cultural durante siglos, pero fue has-

    ta la segunda parte del sigloXXque sus reivindicaciones

    empezaron a configurarse como luchas por los dere-

    chos.1Trabajo de este tipo fue el mbito de la antropo-

    loga; la nocin de derechos culturales colectivos era

    fundamentalmente antiuniversalista y caba bien den-

    tro del marco relativista. De hecho, Messer (1995) pro-

    pone que el apoyo del gremio antropolgico a los de-

    rechos indgenas es uno de los impedimentos percibidos

    para una relacin ms positiva con los derechos uni-

    versales.

    Fue hasta la segunda mitad de los ochenta cuando

    los antroplogos empezaron a trabajar ms directa-

    mente los derechos universales (fuera de los debates

    tericos acerca de universalismo/relativismo), sobre

    todo la documentacin de violaciones de derechos hu-

    manos en las reas donde trabajaban (por ejemplo,

    Manz, 1988; Scheper-Hughes, 1995; Binford, 1996; Wil-

    son, 1999). El surgimiento de la antropologa forense,

    encargada de documentar los abusos del pasado, tam-

    bin represent una contribucin importante (vase

    Joyce y Stove, 1991; Maples y Browning, 1995; Koff,

    2004). Asimismo, la colaboracin antropolgica en tes-

    timonios proporcion perspectivas personalizadas del

    efecto de las violaciones de los derechos humanos en

    individuos y comunidades (por ejemplo, Mench y

    Burgos, 1987; Tula y Stephen, 1994).

    Sin embargo, la percepcin de muchos de que el uni-

    versalismo no es sustentable en trminos filosficos

    ha dejado a los antroplogos clavados en el debate y en

    la bsqueda de mecanismos para seguir defendiendo

    derechos, aun cuando reconocen que stos son cons-

    trucciones sociales, producto de ciertas formas sociales,

    y que representan (y posiblemente reproducen) deter-

    minadas formas de poder (Hoffman, 2005).

    * Esta y todas las traducciones de citas son de la autora.1 La cada vez mayor alianza de algunos antroplogos con indgenas fue evidente en la primera Declaracin de Barbados, fir-

    mada en 1972. Despus de una reunin con grupos indgenas en Barbados, los antroplogos establecieron que, en AmricaLatina, el papel de la disciplina sera uno de compromiso para la liberacin de los indgenas, usando herramientas antropo-lgicas para ofrecer datos e interpretaciones... tiles en la lucha por la libertad, y para sacar provecho de todas las coyuntu-ras... actuar en nombre de las comunidades indgenas (Primera Declara cin de Barb ad os,1971 [disponible en www. nativeweb.org]). Con una intencin similar, el antroplogo de Harvard, David Maybury-Lewis, fund en 1972 la organizacin CulturalSurvival, su principal objetivo era defender los derechos humanos y la autonoma cultural de los indgenas y de las mino-ras tnicas oprimidas (Mission Statement, Cultural Survival, 2005 [disponible en www.cs.org]). Pese a las crticas de pater-nalismo y de estar circunscrito a un ncleo limitado geogrficamente de indios sudamericanos, el compromiso del modelode supervivencia cultural sigui siendo pequeo, pero fuerte en el interior de la antropologa.

    El relativismo cultural ha sido un importante modode pensar dentro de la antropologa desde hace

    dcadas. En Estados Unidos, antroplogos notablescomo Franz Boas, Ruth Benedict y Margaret Mead re-presentaban esa corriente, la cual fue adoptada ofi-cialmente por el Executive Board de la American Anthro-pological Association (AAA) en 1947, en su Declaracinsobre los Derechos Humanos (Statement on Human

    Rights), escrita por Melville Herskovits, en el contextode la redaccin de la Declaracin Universal de los De-rechos Humanos de las Naciones Unidas. El trabajoantropolgico de identificar y valorar la diferencia cultu-

    ral signific que muchos se mostraran poco dispuestosa juzgar prcticas culturales especficas desde un mar-co universal, pues comprendan que stas slo podranentenderse en el mbito de las lgicas culturales inter-nas de los grupos sociales en cuestin (vase Donnelly,

    2003; Downing y Kushner, 1988). Otros ms tomaronconsciencia de que el concepto universal de los derechoshumanos tiene sus races en las tradiciones filosficasy legales del Occidente, y muchos lo han consideradouna herramienta de las tradiciones culturales occi-dentales a la que se le otorga el estatus de normatividad(Merry, 1997: 28).* As, la relacin de la antropologa

    con los derechos humanos ha estado cargada de las con-tradicciones filosficas inherentes al universalismo yal relativismo, y ha sido complicada por el imperialismo

    cultural que universaliza los valores culturales liberalesy occidentales por encima de los indgenas y otros nooccidentales (DeGaay Fortman, 1987; AnNaim, 1992;Pannikar, 1992; Bell, 1999; para discusin vase Na-gengast y Turner, 1997; Cowan, Dembour y Wilson,2001). Estas tensiones dejaron a la antropologa teri-

    camente restringida y polticamente desmovilizada ensu capacidad para investigar y responder a violacionesde derechos humanos.

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    Los nu evos prob lema s d e la an tr opologa:colonial ismo y d escolonizacin

    Los antroplogos de los derechos humanos enfrentanhoy da complicaciones que van mucho ms all de losdebates ubicuos sobre el universalismo y el relativis-

    mo cultural. Quienes han trabajado el tema han en-carado muchas complejidades ticas, prcticas y epis-

    temolgicas.A partir de los ochenta, la antropologa sufri se-

    veras crticas internas y externas, las cuales provocaronque la disciplina cuestionara y redefiniera muchos desus preceptos ms bsicos. Estos cuestionamientosfueron lanzados tanto por los sujetos de estudio2pos-coloniales, como por la teora feminista, la teora cr-tica de raza y la teora posmoderna y poscolonial, quepusieron en duda las representaciones antropolgi-

    cas de los otrosy sealaron la colusin histrica de la

    disciplina con el poder colonial en la creacin de repre-sentaciones que reproducan lgicas y racionalida-des coloniales. La epistemologa cientfica tambin fueretada: la definicin de la antropologa como cienciasocial fue cuestionada y la validez de la nocin de queexiste una verdad sobre las culturas humanas que eraposible conocer fue prcticamente descartada. Siguien-do a tericas feministas, los antroplogos luchamos

    con la idea de que nuestras representaciones de losotros son producto de nuestro posicionamiento social,de cmo estamos situados en relacin con los querepresentamos. Adems, estas representaciones, nece-

    sariamente subjetivas, tenan a veces fuertes efectospolticos sobre lo que manifestamos en nuestros tra-bajos (Said, 1978; Lyotard, 1984; Clifford y Marcus,1986; Marcus y Fischer, 1986; Haraway, 1988; Pra-kash, 1990). Se examin cmo el mito de la objetividad

    cientfica, perpetuado por los antroplogos, haba ser-vido para ocultar los efectos de nuestro trabajo sobrelos sujetos que estudibamos, no slo en casos conintenciones polticas claras, como el de llevar a cabo es-pionaje con el pretexto de investigacin de campo (va-se Price, 2000), sino tambin las consecuencias in-directas que podran resultar de investigaciones bien

    intencionadas. As, la objetividad cientfica fue reco-nocida primero como meta imposible (todos venimos

    de un posicionamiento social y nuestro anlisis estafectado inevitablemente por l) y, segundo, como algoms insidioso, un disfraz para los efectos polticos (mu-chas veces fuera de nuestro control) de nuestros tra-bajos sobre otros.

    En el mismo periodo, los sujetos de estudio antro-polgico, en el mundo ya descolonizado, hicieron sus

    propias crticas, pues cada vez tenan ms control e in-fluencia sobre la situacin de las investigaciones rela-cionadas con ellos: sealaron los efectos negativos ypropsitos colonialistas de estudios del pasado, cuestio-

    naron de qu les serva la investigacin, exigan que elinvestigador comprobara su compromiso con ellos y se

    reservaban cada vez ms el derecho de impedir inves-tigacin antropolgica en sus comunidades.

    La llamada crisis de la representacin significque no tenamos alternativa, era necesario exami-nar cmo llevbamos a cabo nuestra empresa, o sea,nuestro trabajo (Denzin, 2002). Los antroplogos adopta-ron distintas opciones para cumplir con este imperativotico. Dos corrientes son importantes para mi argu-mento en este ensayo: por un lado, algunos recurrieron

    a lo terico y lo textual, lo cual permiti que el anlisis

    cultural o la crtica cultural se quedara como la prin-cipal contribucin de la antropologa y evit un enfrenta-miento ms complicado con sujetos cada vez ms cr-ticos y desafiantes. Para ellos, si la investigacin conotros no puede ser realizada sin contradicciones ticas,no se debe hacer. Por otro lado, hubo quienes desarro-llaron metodologas colaborativas y activistas paraenfrentar de manera frontal los efectos del conoci-

    miento producido e intentar descolonizar la relacinentre investigador e investigado (Harrison, 1991; TuhiwaiSmith, 1999; Mutua y Swadener, 2004; Hale, nd), opara crear una antropologa dedicada a la liberacin

    humana (Gordon, 1991; Scheper-Hughes, 1995).

    Crtica s en rela cin con los estu d iosde los derechos hum anos:la global izacin y el legal ism o

    Las preocupaciones sobre la conducta del investiga-dor y los efectos de la produccin del conocimiento sonan ms importantes y necesarios en situaciones deviolacin de los derechos de los sujetos y cuandose encuentran en peligro. Si estudiamos los derechos

    humanos, nuestros sujetos estn casi por definicinen circunstancias de riesgo o, por lo menos, de margina-

    cin notable. Aqu, uno podra pensar que la receta esel apoyo, el activismo: si estn en riesgo inmanente, elantroplogo debe usar su posicin, con el nivel relativode prestigio y poder que sta le provee, para defenderlos derechos, y dar a conocer oficial y pblicamente

    2 Utilizo comillas para enfatizar la naturaleza problemtica del trmino sujetoen la relacin antropolgica (uno de los temasde este ensayo).

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    cuando han sido violados. Muchos antroplogos lohan hecho de manera admirable. Sin duda, cuando

    la antropologa experimentaba el periodo ms fuertede autorreflexin epistemolgica y prctica, el corpus deinvestigaciones sobre los derechos humanos crecimuy rpido (vase Messer, 1993 y 1995; Nagengast y

    Turner, 1997). No obstante, como veremos a continua-cin, nuevos trabajos sobre los derechos tambin tra-

    jeron crticas hacia stos como concepto y como acti-vismo (basado en los derechos que problematizan elactivismo acadmico pro derechos).

    El aumento de estudios sobre derechos humanosfue producto de la dinmica expansin del discurso delos derechos humanos en todo el mundo. Con el finde los aos ochenta y la cada del muro de Berln, losproyectos del socialismo y del comunismo tambinperdieron relevancia para muchos, incluyendo dentro

    de la izquierda. Fue en esa coyuntura cuando el dis-

    curso de los derechos humanos, junto con el de la de-mocracia neoliberal, verdaderamente se globaliz. Enel vaco dejado por la desaparicin de los grandes ar-gumentos polticos para el cambio social los derechosemergieron como el terreno en el que se ubicaran casitodas las luchas por la igualdad y la justicia social(vase Grandin, 2004). El discurso de los derechos hu-manos se haba extendido entre los Estados-nacin

    desde la Segunda Guerra Mundial, pero fue hasta elpostsocialismo cuando tambin se globaliz como undiscurso de resistencia (Wilson, 1997; Ignatieff, 2001;Brysk, 2002; Falk, 2002; Donnelly, 2003). Eso encauz

    casi toda la lucha poltica hacia el mbito legal; tantoes el caso que, a la vuelta de una dcada, los analistasdiran: La vida poltica contempornea est tan satu-rada por el legalismo que es difcil imaginar manerasalternativas de deliberar sobre la justicia y luchar por

    ella. (Brown y Halley, 2002: 19).

    Nuevas conceptualizaciones, interacciones y din-micas sociales relacionadas con los derechos surgan,

    y los antroplogos reconocan que era urgente y necesa-rio entender y teorizar sobre estos procesos. Para algu-nos, esto signific dejar de lado el viejo debate sobre elrelativismo y el universalismo, lo cual se haba vuelto

    poco productivo. Para mediados de los noventa, Wilsony otros nos exhortaron a dejar de enfocarnos en el de-

    bate en s, y a estudiar los usos, significados y relacio-nes coyunturales de los derechos en contextos localesespecficos (Wilson, 1997: 14).

    Al mismo tiempo que el concepto de los derechoshumanos se ha globalizado han surgido en la antropo-loga y en la teora legal importantes crticas en tornoa los derechos. Ciertos analistas han sealado las ma-neras en que los derechos funcionan de forma conjuntacon el capitalismo y sirven como discurso regulatorio:

    normalizan ciertas relaciones de poder y, a la vez, coop-

    tan demandas polticas ms radicales (Brown, 1995;Gledhill, 1997; Hale, 2002). La crtica de los derechosfue extendida por tericas como Wendy Brown y JanetHaley (2002), hasta alcanzar al activismo legal de losacadmicos de izquierda. EnLeft Legalism/ Left Critique,argumentan en favor de un regreso a la crtica culturalcomo forma de activismo, destacando que el legalismoinsistentemente traduce cuestiones polticas amplias

    a cuestiones de marco legal reducido (2002: 19). Su-gieren que los acadmicos activistas se concentrandemasiado en metas legales de corto plazo y, en elproceso, dejan de reflexionar de manera crtica sobre

    la manera en que su produccin acadmica, que giraen torno de estas metas, podra servir en realidad parareforzar estructuras y discursos de opresin, en partea travs de fijar culturas e identidades en la ley, su-jetndolas a normas regulatorias estables (Brown y

    Haley, 2002: 24). Es importante sealar que este ar-gumento no es igual al de los positivistas que proponenque la academia comprometida con la lucha por losderechos falla en su tarea de mantener su objetividad(y as ver claramente la realidad, en vez de algo torci-do por sus propias creencias polticas). La objetividady la nocin de una (sola) realidad observable ya haban

    sido muy cuestionadas. La perspectiva de estas ana-listas es ms bien que el legalismo tiende a reducir

    nuestra visin a objetivos y metas limitados y de cortoplazo, poniendo en riesgo el anlisis crtico cultural deprocesos de poder ms amplios. Por lo tanto, podramosestar participando en la reproduccin de estas rela-ciones de poder en el mismo proceso de lucha por elcambio. En fin, lo que piden es no perder el anlisis cr-

    tico (no la objetividad) en la investigacin.Los antroplogos de derechos humanos enfrentan

    hoy una variedad de dilemas prcticos y ticos. Para

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    quienes estudian los derechos, meterse en la trincherade la teora o de la crtica cultural pura es ticamen-

    te problemtico, en especial considerando el estado devulnerabilidad en que podran encontrarse los sujetosde estudio. Si tomamos en serio las objeciones de Browny otros, tampoco es una solucin considerar el activismo

    de manera simplista, ya que esto implicara caer en latrampa de enfocarnos slo en ganar derechos, sin man-

    tener el anlisis crtico de cmo estas luchas reproducendiscursos y estructuras de poder. Entonces, qu ha-cer? Como antroploga entrenada en la crtica culturaly como activista de los derechos humanos, he luchadocon estas cuestiones en mi propia praxis. En este tra-bajo, sugiero que lo que se necesita en la actualidad enla antropologa de los derechos humanos es una meto-dologa de investigacin crtica y activista que combine,que fusione, el activismo y la crtica cultural (cul -

    tu ral cri t ique) aunque no resuelva totalmente estas

    cuestiones.

    Nicols Ruiz y la OIT: una experienc iade invest igacin c r t ica y activista

    Llegu a Chiapas en 1995 para llevar a cabo un pro-yecto acadmico definido desde el principio como in-

    vestigacin activista, y realic investigacin sobre de-rechos humanos para el doctorado y el posdoctorado.He colaborado como activista en dos organizacionesde derechos humanos: primero en Global Exchange,

    y despus, desde 1999, en la Red de Defensores Co-munitarios por los Derechos Humanos, que se dedicaa entrenar jvenes indgenas de las zonas de conflictopara llevar a cabo su propia labor de defensa de los de-rechos humanos.

    En el ao 2000, la Red de Defensores inici el Pro-yecto 169. Una de las tareas de este proyecto fue laelaboracin de una queja ante la Organizacin Inter-nacional del Trabajo (OIT) por violaciones al Convenio169 por el gobierno mexicano en contra de la comunidadde Nicols Ruiz. Colabor con la Red y con las autori-dades de la comunidad proporcionando la informacin

    y el anlisis etnohistrico que apoyara el reclamo co-munitario al derecho de identificarse como comunidad

    indgena y al reconocimiento de sus derechos territoria-les y formas autonmicas de gobierno. En esta seccinanalizo mi participacin en el proyecto y hago algunasreflexiones sobre la investigacin activista basadas enesta experiencia.3

    Nicols Ruiz es uno de los municipios ms pequeosde Chiapas, tanto en trminos de territorio como de

    habitantes. Slo hay tres municipios con menos pobla-cin, de los 119 que integran el estado.4La cabeceramunicipal (del mismo nombre) es el nico pueblo, yah radica 98% de su poblacin. Con 3 135 habitantes,

    no llega a la categora urbana, por lo que es considera-do un municipio totalmente rural (INEGI, 2000).

    La poblacin, fundada como comunidad por ind-genas tzeltales, quienes compraron la tierra de un te-rrateniente espaol, no ha sido identificada como unacomunidad indgena por varias dcadas. Sin embargo,en los ltimos aos la comunidad ha retomado su iden-tidad indgena, como parte de un proceso ms amplioque discuto en otro trabajo (Speed, 2002). Por ms dedos siglos, Nicols Ruiz ha luchado contra caciques,terratenientes y el estado para recuperar sus tierras.

    En aos recientes, en sus negociaciones con el estado,

    ha utilizado cada vez ms un discurso de derechosindgenas para apoyar el reclamo de sus tierras tradi-cionales. El estado se ha mostrado poco dispuesto areconocer la comunidad como indgena, y ha preferidotratar el tema como un conflicto agrario. En 1999, elentonces secretario de Gobierno, Rodolfo Soto Monzn,dijo a los representantes de la comunidad de NicolsRuiz que si queran ser considerados indgenas, deban

    aportar pruebas de que en la comunidad se hablaba eltzeltal.

    La historia demuestra claramente que los fundado-res de Nicols Ruiz fueron tzeltales. El nico ingreso

    de personas de fuera ocurri durante la Revolucin,cuando los mozos de los ranchos cercanos se concen-traron en el pueblo buscando evitar la violencia quearda en el campo. Sin duda, los habitantes actualesde Nicols Ruiz son de ascendencia tzeltal. Sus ins-

    tituciones, como los de la vasta mayora de los pueblosindgenas, no son rplicas prstinas de formas preco-lombinas: se han formado durante siglos por la interac-cin con el estado y con otros actores sociales, sin em-bargo, son distintas de las de la cultura dominante.

    Desde los inicios de la comunidad, la tierra en Nico-ls Ruiz es comunal y est distribuida a los individuos

    en parcelas; todas las decisiones acerca de su admi-nistracin son acordadas en la Asamblea de Comuneros

    y supervisadas por las autoridades de los Bienes Co-munales. Los hombres son comuneros, lo cual sig-nifica que tienen derecho a trabajar una parcela, y laresponsabilidad de participar en la asamblea comunal.Adquieren el carcter de comuneros cuando se casan

    3 Quiero sealar que mi participacin fue slo una parte de la reclamacin, la cual fue elaborada por lvaro Reyes, LisaGlowacki, Rubn Moreno y Hern Moreno.

    4 Le siguen los municipios de Osumacinta, Sunuapa y Santiago el Pinar.

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    o se convierten en cabeza de familia por una defuncin.Las decisiones de cada aspecto de la vida poltica de la

    comunidad son consensuadas en la Asamblea de Bie-nes Comunales, en la que participan todos los comune-ros, y es tan importante que en el Estatuto Internoque rige su vida poltica desde 1997 se hace referen-

    cia a ella como El rgano Supremo de la Comunidad.5Aunque la comunidad toma decisiones mediante el

    Comisariado de Bienes Comunales y en la Asamblea,desde 1868 Nicols Ruiz es ayuntamiento oficial.6Serealizan elecciones constitucionales, por lo que existeun gobierno municipal. Segn la concepcin popular,ste se encuentra sujeto a las decisiones del pueblo, elque se manifiesta en la Asamblea. Con frecuencia, losacuerdos de la Asamblea son implementados por laPresidencia Municipal, lo cual tambin ocurre al elegircandidatos a los puestos del ayuntamiento, incluyendo

    al presidente, quienes son seleccionados mediante una

    decisin consensuada, para luego ser electos en la vo-tacin oficial. Al ser escogidos por consenso, se esperaque todos voten por ellos cuando sean celebradas laselecciones.7Dicho de otra forma, se elige a los lde-res por medio de los usos y costumbres de la comuni-dad, para despus ser ratificados y legitimados parapropsitos de interaccin con el estado por mediodel proceso electoral oficial.8Esto significa que las

    autoridades ejecutan las decisiones del pueblo (porlo menos de los hombres) y no imponen las suyas. Elconsenso es fundamental para el funcionamientodel proceso poltico de la comunidad.

    Durante dcadas, el consenso en cuanto a las deci-siones polticas haba sido que la comunidad militaraen el partido oficial (el Partido Revolucionario Institu-cional, PRI) y, hasta donde fuera posible, beneficiarsede esta alianza poltica, incluso para la posible recu-

    peracin de sus tierras. El modelo del consenso funcio-naba bastante bien, pues la comunidad elega a suscandidatos para presidente municipal en la Asambleay simplemente ratificaba su decisin en las urnas. Has-ta 1996, las estadsticas de votacin en Nicols Ruizmostraban 100% de los votos para el PRI.

    Todo esto cambi a raz del levantamiento zapatistay, en 1995, los comuneros de Nicols Ruiz trasladaron

    su militancia al Partido de la Revolucin Democrtica(PRD) por decisin de la Asamblea; por lo tanto, en 1996,eligieron a su primer presidente municipal perredista.El mismo ao, Nicols Ruiz se declar una comunidad

    en resistencia. En 1998, 23 familias regresaron al PRI,y surgi un conflicto que an no termina. Para la ma-

    yora (que se qued con el PRD), este cambio representuna violacin de las normas comunitarias, siemprebasadas en las decisiones por consenso. Cuando lospristas dejaron de asistir a la Asamblea (respon-sabilidad que les otorga el derecho a trabajar tierrascomunales), se les revoc tal derecho, lo cual provocque el 3 de junio de 1998 se efectuara un operativo concientos de elementos de seguridad pblica, el Ejrci-to Federal y el Instituto de Migracin. Este hecho que

    dej 177 personas detenidas, 16 personas encarcela-

    das por ms de un ao, varios heridos y cicatrices quetodava no cierran mostr que el estado iba a defendera la minora leal al partido oficial, y, en el contexto deotros operativos en las cabeceras de municipios aut-nomos zapatistas, coloc claramente al conflicto quehasta hoy no se ha resuelto en el marco de la contra-insurgencia; la violencia que lo ha caracterizado lleva un periodista a llamar a Nicols Ruiz la Tierra sin

    Ley (Gurguha, 2000). Cabe sealar que el conflicto yla violencia en el municipio no eran aislados. De he-cho, el operativo llevado a cabo en ese lugar fue uno delos realizados en 1998 en contra de cabeceras de mu-

    nicipios autnomos zapatistas. El conflicto intraco-munitario entre militantes del partido oficial y perre-distas o zapatistas arda en numerosas comunidades,sobre todo en la zona norte de la entidad, y muchos loconsideraron parte de las estrategias contrainsurgen-

    tes del estado.En gran medida, la historia de Nicols Ruiz ha sido

    una de lucha para recuperar su tierra. Estas luchas,y sus enemigos y aliados en ellas, han definido a lolargo del tiempo su identidad. La identidad del mu-nicipio se ha construido histricamente y de manera

    5 Estatuto Interno Comun al ,artculo 16, p. 8 (copia del documento en posesin de la autora).6 Entre 1868 y 1934, el municipio se llam San Diego de la Reforma. La Constitucin de 1917 convirti los ayuntamientos

    en municipios libres, con base territorial, y desde entonces el pueblo es municipio. Como se discute ms adelante, con lasreformas del gobernador Victrico Grajales, que prohibieron el uso de nombres de santos para designar a los pueblos, sudenominacin fue cambiada a Nicols Ruiz en 1934.

    7 No obstante, existen casos de disidencia poltica que han provocado castigos a los responsables. Por ejemplo, en 1996, seishombres votaron por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando la comunidad haba decidido elegir al candidatodel Partido de la Revolucin Democrtica (PRD). Este conflicto es tratado con ms detalle en la siguiente seccin.

    8 Junto con Jane Collier (Speed y Collier, 2000), he tratado el problema que las comunidades pueden enfrentar cuando susautoridades, elegidas por usos y costumbres, no son reconocidas como legtimas por el estado. stas a veces son acusadasde usurpacin de funciones por las autoridades elegidas mediante el proceso electoral oficial.

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    ininterrumpida en relacin con otros grupos socialesy mediante las luchas por la tierra y su territorio. Du-

    rante el periodo en el que estas reivindicaciones se ex-presaban por medio del estado, la reforma agraria y laspolticas campesinistas, la identidad de Nicols Ruizse convirti en campesina. Es decir, la identidad ind-

    gena cedi su lugar a la identidad campesina a medidaque los discursos del estado y sus polticas enfatizaron

    la reforma y la asistencia agrarias para rectificar losproblemas de la poblacin rural. La identidad an estbasada en las luchas agrarias, pero stas se han tras-ladado del terreno agrar ioal tnico. Esto es, en elnuevo entorno de poscorporativismo, posreforma agra-ria y poslevantamiento zapatista, todo conduce haciauna nueva identidad y otra forma de luchar. Sin em-bargo, en el conflicto con grupos indgenas en Chiapas,el gobierno estaba poco dispuesto a reconocer a la co-

    munidad como indgena, y prefiri mantener este asunto

    en el terreno de conflictos agrarios, aunque cada vezcon menos posibilidades de resolverlo.

    Entra la ant roploga act ivista

    En el ao 2000, Nicols Ruiz enfrentaba tres problemas:su lucha histrica por la tierra, el conflicto interno con

    los pristas y el rechazo del gobierno a reconocer suautoidentificacin como pueblo indgena. En la Red deDefensores vimos posibilidades para los comunerosde Nicols Ruiz en el Convenio 169 de la OIT, el cual

    constituye el acuerdo internacional ms amplio sobrelos derechos de los pueblos indgenas. Mxico ha fir-mado y ratificado el Convenio, y est considerado unaley por encima de las leyes secundarias.

    En junio de 2001, integrantes de la Red de Defen-

    sores Comunitarios9se acercaron a las autoridades delos Bienes Comunales para proponerles la posibilidadde incluir a Nicols Ruiz en una reclamacin ante laOITen relacin con violaciones al Convenio 169 porparte del gobierno mexicano; se les explic que la co-munidad podra reclamar territorios con base en esteConvenio, tanto para recuperar las tierras, como para

    restituir aquellas irrecuperables,10

    y que el gobiernomexicano haba sido cmplice en la disminucin y re-

    duccin de sus ttulos mediante el uso discrecional decensos y programas agrarios, violando los artculos

    13, 14 y 16 del Convenio 169. Adems se discuti laopcin de argumentar que el gobierno violaba el ar-

    tculo 1, seccin 2, relativo a la autodeterminacin, aldecir que los miembros comuneros de Nicols Ruiz yano podan ser considerados indgenas porque habanperdido el uso de su idioma.

    Las autoridades de Nicols Ruiz, con una capacidadaltamente desarrollada para encontrar nuevas estrate-

    gias con el fin de continuar su lucha por la tierra, noperdieron el significado del caso ante la OIT: la comuni-dad de Nicols Ruiz tena el derecho de autoidentificarsecomo pueblo indgena y de luchar por su tierra comoterritorio. La estrategia del gobierno de rechazar susreclamos con el pretexto de que no hablaban tzeltal noera vlida a la luz del Convenio 169. La definicin de Ni-cols Ruiz como una comunidad indgena tambin lepermite tomar decisiones basndose en las costumbres

    internas. Lo anterior justifica la expulsin de los pris-

    tas, quienes se niegan a participar en lo que los comu-neros consideran una responsabilidad de sus miembrosde asistir a la Asamblea para tener derecho a trabajaruna parcela. El estado ya no tiene derecho de interveniren favor de los pristas, porque, como comunidad ind-gena, Nicols Ruiz tiene derecho a la autonoma en losprocesos de toma de decisiones locales.

    Es importante destacar que demostraron claramen-

    te estar interesados en reclamar las tierras que habanperdido a travs de los aos una bsqueda fundamen-tal para su identidad y sus metas colectivas, pero suinters por hacer valer su identidad colectiva como una

    comunidad indgena y establecer su derecho a definir-se como tal fue mayor. En palabras de uno de los co-muneros: Creo que esto es muy importante, el poderdecirle al gobierno: No somos Zona Centro; somostzeltales, sentimos que somos parte de los pueblos in-

    dgenas. Dos semanas despus, en la Asamblea de lacomunidad, ms de seiscientos comuneros votaronde manera unnime para declararse a s mismos unpueblo indgena como parte de la representacin antela OIT.

    Para documentar el caso, necesitaban informaciny anlisis antropolgicos. sa fue mi contribucin, y la

    entend como una oportunidad de trabajar en colabo-racin con los comuneros en un proyecto acadmico-

    activista, definido conjuntamente y con metas compar-tidas. Ellen Messer ha sugerido que una de las formas

    9 Este grupo incluy a los dos defensores de la comunidad Rubn Moreno Mndez y Hern Moreno Moreno y tres asesoresde la Red lvaro Reyes, Lisa Glowacki y la autora.

    10 Algunas de las tierras perdidas en Nicols Ruiz en el transcurso de los ltimos dos siglos se encuentran ocupadas por comu-nidades que se formaron hace algunos aos o dcadas atrs. La gente de la comunidad no tiene inters en destituir a estascomunidades, por lo que no busca la recuperacin de esas tierras; slo pretende recobrar aquellas en posesin de los gran-des terratenientes.

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    posibles de participar en la investigacin activista escuando los antroplogos responden a demandas

    indgenas para la documentacin histrica y culturalde sus reclamos de derechos humanos (1993: 237).La integracin de mi trabajo etnohistrico en NicolsRuiz al caso ante la OITpodra caber dentro de esta

    categora, y, adems, ofreca la posibilidad de crear, enla investigacin antropolgica, nuevas relaciones en-

    tre la investigadora y los investigados.

    Forjado en dilogo: el com prom iso de la invest igacin act ivista

    Al comienzo de este ensayo, examinamos algunas delas tensiones y dilemas en la relacin entre la antro-pologa y los derechos humanos: cuestiones del relati-

    vismo cultural, la tica profesional en la investigacin,

    la relacin neocolonial entre los antroplogos y lossujetos de estudio, los efectos polticos de la produc-cin del conocimiento, y las crticas a los derechos y alactivismo legal como forma de lucha; todos han desa-fiado y formado el encuentro entre la antropologa y losderechos humanos. En la investigacin actual, es muyimportante que los cuestionamientos a la prctica an-tropolgica sean tomados en cuenta, sobre todo en el

    tema de los derechos humanos. Mi argumento es que,como mnimo, la investigacin activista comprometidacrticamente nos abre la posibilidad de responder a lasobjeciones y a los dilemas ticos y prcticos sobre la in-

    vestigacin y la produccin del conocimiento, y de mo-vernos ms all de los interminables debates sobre elrelativismo y el universalismo. En la siguiente sec-cin reflexiono acerca de mi experiencia en Nicols Ruizen relacin con la queja ante laOIT, resaltando algunas

    virtudes y disyuntivas presentadas por la investiga-cin activista comprometida crticamente.

    Antes, definir lo que quiero decir con el trminoinv estiga cin crtica y acti vist a. Con crt ica reconozcoy afirmo la actividad fundamental de la antropologa:anlisis crtico cultural (critical cultur al analy sis). Nues-tra formacin especializada nos prepara a realizar el

    anlisis crtico, y, en la forma de investigacin que estoyimaginando, hace una contribucin no slo a nuestro

    conocimiento terico de las dinmicas sociales, sinotambin a la resolucin o mejoramiento de problemassociales definidos desde los actores sociales involu-crados. Por investigacinactivista sealo el compromisoexplcito de trabajar en colaboracin con los sujetosde estudio hacia objetivos polticos compartidos. Estasdos tareas pueden ser distintas y realizarse por sepa-rado. Pero mi argumento es y por ello utilizo el trmi-no investigacin activista comprometida crticamente

    que las dos pueden ser desarrolladas de manera con-junta y productiva, como un solo mtodo de investi-gacin. Esto no significa que las mltiples tensiones ycontradicciones que existen entre ellas dejen de exis-

    tir, sino que, en lugar de evitarlas,pueden ser tensionesproductivasde las cuales podramos beneficiarnos.

    Desde lo t ico y lo prctico :recon ociendo los e fectos po l t icos de la produccin de conocim iento

    Pocos discutiran que realizar trabajo de campo y ex-traer informacin de un pueblo o de un grupo luchando,

    desde una posicin marginada, por sus derechos b-sicos a la vida, a la autodeterminacin, o a la culturasera ticamente cuestionable, pero s lo sera al tomaren cuenta las relaciones desiguales entre investigadore investigados. Mientras el balance de poder vara deacuerdo con el lugar y la situacin, en la mayora de loscasos los investigadores tienen mucho ms poder paradefinir qu se investigar, cmo se investigar y qu sehar con el conocimiento producido. El desequilibrio

    de poder facilita incrementar los efectos dainos paralos investigados, quienes no tienen control sobre esteproceso. Quienes luchan por sus derechos humanosson, en muchas ocasiones, poblaciones vulnerables,as que los efectos negativos producidos por la falta dereflexin en el proceso de la investigacin y un mane-

    jo irresponsable de sus resultados puede ser an msgrave.

    Mnimamente, una investigacin activista colabora-

    tiva demuestra un deseo compartido de ver que los de-rechos de los sujetos se respetarn, y un compromiso

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    de involucrarlos en las decisiones sobre la investigaciny contribuir con un producto til para ellos. Estoy se-

    gura de que la mayora de quienes trabajan en el cam-po de los derechos humanos tienen algn compromisobsico con los conceptos, sea en el marco universal o enel marco especfico cultural. Sin duda, hay cierto tras-

    lape entre sus metas y los de la comunidad o grupo es-tudiado sea que todos pueden gozar del derecho a la

    vida o defender su cultura. Dichas metas nunca vana ser iguales, pero se traslapan. Una investigacin ac-tivista nos permite identificar las coincidencias y loslmites explcitos tanto de la investigadora como delos sujetos del estudio, todo gracias al dilogo. As fueen el caso de mi participacin con las autoridades deNicols Ruiz. Definimos con claridad los lmites de talcolaboracin y qu compartamos polticamente. Esono quiere decir que el dilogo se haya dado entre igua-

    les; las relaciones establecidas en campos ms amplios

    de poder todava determinan esa relacin; sin embargo,nos permiti reconocer esta limitacin de antemano ymantener un dilogo sobre esas relaciones en el marcode un proyecto compartido.

    Pero el tema de si un antroplogo debe tener uncompromiso o una responsabilidad con los sujetos deestudio, sobre todo cuando estn marginados y en des-ventaja, no es slo un asunto de la tica de la disciplina,

    en muchos casos es tambin una cuestin prctica.Hoy, los sujetos estn mucho ms preparados, y esprobable que esperen y exijan tal compromiso. Conocenla posibilidad de explotacin de los investigadores y la

    eventualidad de productos finales que tienen efectosnegativos en sus luchas y en sus vidas. Los indgenasy otros estn exigiendo cada vez ms participar en ladefinicin de lo que se investigar, cmo se investigary qu se har con los resultados. Con frecuencia esto

    es claro en Chiapas, en el contexto polarizado de losltimos aos requieren evidencia de solidaridad po-ltica y un compromiso patente de que el conocimientoproducido ser til para ellos, lo cual es razonable, so-bre todo en situaciones de conflicto como aquellas enlas que los estudiosos de los derechos humanos se in-volucran. Quienes viven en condiciones de tensin,

    que regularmente devienen en abierta violencia (comoen Nicols Ruiz), no pueden correr el riesgo de tener a

    alguien presente en particular alguien recopilandoinformacin que no est de su lado. (Yo slo pude tra-bajar en esta comunidad porque me conocan comoactivista por mi afiliacin a la Red.)

    Mi labor en la queja ante la OITme permiti trataresas preocupaciones ticas y prcticas de manera con-creta, pues pude hacer un compromiso con la comu-nidad acerca de metas conjuntamente definidas. stajug un papel significativo al momento de determinar

    lo que sera til saber y cmo debamos conseguir esainformacin. Adems, en mltiples ocasiones discu-

    timos los datos con sus miembros, lo cual permiti queellos incidieran no slo en la definicin del proyecto,sino tambin en el anlisis.

    Encuent ros conte nciosos? Tens iones y c ontradicc iones en e l compromiso act iv i s ta

    Aunque la construccin dialgica del proceso de inves-tigacin nos da la oportunidad de tratar el tema de losaspectos polticos de la produccin del conocimientoello no est libre de tensiones y contradicciones. En elproyecto de la queja ante laOIT, hubo dificultades y de-safos que merecen reconocimiento y atencin; mencio-

    nar los ms sobresalientes.

    Un problema es el papel del antroplogo/activistacomo intervencionista. Nicols Ruiz llevaba dcadasluchando por la tierra, varios aos en un conflicto lo-cal y estaba reevaluando su identidad comunitaria delo campesino a lo indgena. Estas dinmicas fueron re-sultado de las interacciones de la comunidad con liteslocales, con el estado, con los zapatistas y con varios ac-tores de la sociedad civil, incluyendo a los activistas de

    los derechos humanos. Sin embargo, fui yo, la antro-ploga, junto con otros activistas, quien los apoy paraestablecer el reconocimiento de su identidad indge-na como base alternativa de la lucha por la tierra y para

    tratar su conflicto local. Para algunos, sta sera unaintervencin no tica en la comunidad, una que losgui en cierta direccin en sus identidades y polti-cas locales.

    La cuestin de qu constituye una intervencin no

    tica en las vidas y culturas de aquellos con quienestrabajamos ha provocado diversos debates en los lti-mos aos; sobresale la controversia de Darkness in ElDorado, libro que acusa a un equipo de investigadores,algunos de ellos antroplogos, de haber incurrido enfaltas de tica, lo cual caus graves daos a los yano-mami, un grupo relativamente aislado de Sudamrica

    (AAA, 2002; Gregor y Gross, 2004; Tierney, 2002). Elasunto de los efectos de la investigacin, intencionados

    o no, es tal vez an ms evidente en la investigacinactivista, la cual es declaradamente intervencionistaen el sentido de que busca el cambio social de una ma-nera u otra. El compromiso de quien investiga de velarpor el bien de la comunidad no es ninguna garanta deque tales interacciones no tendrn consecuencias ne-gativas para ella.

    No obstante, tambin hay que considerar que lascomunidades locales han interactuado con muchos

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    actores sociales a lo largo de los siglos. Todas esas in-teracciones y las que ocurren dentro de la comunidad

    conforman sus maneras de pensar y actuar. Una vir-tud de la investigacin activista es que insiste en quetal interaccin debe abrirse a la definicin y a los efec-tos del escrutinio tanto del investigador como de la co-

    munidad. No prevalecer la opinin del primero, y laresponsabilidad de los resultados ser compartida.

    Hace ms visible los efectos que puede tener la inves-tigacin sobre los sujetos y por lo tanto implica que elinvestigador tiene ms responsabilidad de responderpor estos efectos, que en una investigacin que tratade evitar el asunto o de ocultarlo bajo un velo de objeti-vidad positivista.

    Un punto relacionado es el de las tensiones enfren-tadas por los antroplogos de los derechos humanos:la que se da entre el universalismo y el relativismo y

    aquella entre los derechos colectivos e individuales. La

    mayora de los antroplogos, por ms que apoyan oquieren apoyar al concepto de los derechos humanosuniversales, reconocen que no tiene fundamento noes sustentable como concepto filosfico. Sin embargo,sabemos que el discurso y la prctica de los derechoshumanos (incluso los universales) estn funcionandoen el mundo que es una realidad en los hechos, quemuchas personas actan con base en este concepto y

    que afecta hasta su identidad y concepcin del mundo.Asimismo, es el discurso de resistencia ms importanteen la actualidad. Entonces, cmo trabajar sobre losderechos humanos sin quitarles poder al criticar cons-

    tantemente la ausencia de una base filosfica? Cmopodemos tomar decisiones sobre quin tiene la raznen una situacin, como la de Nicols Ruiz, en la cualms de un grupo argumenta que estn siendo violadossus derechos? En esta comunidad, fueron los dere-

    chos individuales de la minora prista los que se vio-laron al prohibirles trabajar sus tierras colectivas? Olos que se violaron fueron los derechos colectivos delgrupo cuando el gobierno abus de su poder para inva-dir el pueblo en favor de sus militantes? Ante esto,ambos grupos creen tener la razn. No obstante, yotengo una opinin al respecto, y cualquier persona ten-

    dr la suya (sea o no la misma que la ma). Como inves-tigadora activista, fui aliada de una de las facciones:

    porque apoyaba la agenda de cambio social del movi-miento zapatista y porque resenta las tcticas contrain-surgentes del gobierno. En este caso, me encontr enuna posicin relativista al argumentar que slo podraentenderse el conflicto local (o la posicin de la mayo-ra) en trminos de la lgica cultural de la comunidad

    sobre el consenso. En otras situaciones, puedo imagi-narme tomando una decisin muy distinta, dependien-do de las particularidades de cada una. Lo que quiero

    sealar es que una manera de proceder, siguiendo alas feministas en el concepto deconocimientos situa dos,

    es reconocer la naturaleza discutible de la verdad yactuar siempre desde la posicin en la que uno est si-tuado. Aqu, el investigador activista, como todos losantroplogos, toma una decisin personal sobre sus

    alianzas. La diferencia es que, en la investigacin acti-vista, este proceso es ms explcito y transparente que

    en otras circunstancias en las cuales se pretende que lasafinidades de quien investiga no intervengan en su re-lacin con la comunidad. De ningn modo se resolvie-ron las tensiones: de hecho, fueron llevadas al centrode la atencin por la investigacin activista.

    Otra contradiccin se encuentra en la manera enque la definicin del antroplogo como el experto so-bre la cultura en el mbito legal de las luchas por losderechos puede alimentar jerarquas de poder exis-

    tentes. Una de las preocupaciones de una investigacin

    descolonizada es la valorizacin desigual del conoci-miento antropolgico o cientfico sobre el conocimien-to producido por los sujetos en s. Cuando el antro-plogo est llamado para ser el perito que declara que,en tal pueblo, la cultura indgena existe el cual fue mipapel, hasta cierto punto, en el caso de la queja de Ni-cols Ruiz ante laOIT, estas jerarquas de conocimientose fortalecen. A los miembros de las culturas no se

    les reconoce autoridad para hablar por s mismos opara definir sus culturas e identidades; slo los especia-listas antroplogos pueden hacerlo. Al cumplir el pa-pel de la especialista en cultura, en el caso de Nicols

    Ruiz, slo reforc esta idea, lo que constituye una claracontradiccin en un proyecto que busca cambiar esasvaloraciones jerrquicas en el proceso de investigacin.

    Hay cuestiones an ms complejas que surgen alconsiderar las crticas de los derechos y las luchas por

    ellos. Varias analistas han sealado el riesgo de estetipo de luchas, cuando se reduce la justicia a la justi-cia legal, terreno que, evidentemente, es manejado conmayor facilidad por los Estados. Una de las formas enque estas luchas se vuelven manejables es mediantela demarcacin, restriccin y reduccin en las definicio-nes inscritas en las leyes o que constituyen precedentes

    jurisprudenciales. Me explico: la identidad y la culturason fenmenos sociales inherentemente fluidos y cam-

    biantes que, de manera ineludible, estn esencializadosy fijados en la ley para propsitos de futura reglamenta-cin y, en los sistemas que funcionan sobre preceden-tes, tambin para futuros casos. Un ejemplo sera laidea de que los indgenas tienen una relacin cerca-na con la tierra, lo cual podra servir para ganar uncaso especfico (como ocurri con Awas Tingnis va-se anlisis de Hale, 2004), pero despus queda fijadoen la ley o representa un precedente (como lo es en el

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    sistema interamericano de proteccin de los derechoshumanos). Qu pasa cuando un grupo tnico hace

    un reclamo legal y no puede demostrar tal relacinespecial? Queda fuera de la definicin legal de ind-gena? No es posible reconocer su derecho a la tierrapor no poder demostrar su relacin cercana con ella.

    Parece lgico que quienes no pueden llenar tales re-quisitos podran encontrar dificultades para reclamar

    sus derechos. stos pueden ser argumentados comouna medida estratgica, pero a largo plazo podran pro-vocar ms dao que beneficios. Para los acadmicosactivistas, la cuestin es si estn fallando al mantenerun anlisis crtico, no por carecer de objetivad, sinopor enfocarse demasiado en los objetivos polticos in-mediatos que representa ganar un caso.

    En mi colaboracin en Nicols Ruiz, tena muy pre-sente este riesgo. Como antroploga entrenada en el

    constructivismo social y el antiesencialismo, y conscien-

    te de las crticas en la teora reciente, quise crear unadefinicin de su esencia indgena que captara la natu-raleza fluida en la construccin histrica de la culturay la identidad, pero sin ceder la importancia funda-mental que sas tienen en la vida de los involucradosy como base de sus reclamos legales. Desde mi perspec-tiva, esto apoyaba al caso, y, si ganaban, habra unaaceptacin de esa fluidez en un caso legal.

    Tambin vale la pena notar que los habitantes deNicols Ruiz no estaban necesariamente de acuerdocon mi definicin. Ellos entendan su cultura comoalgo unificado y enfatizaban continuidad sobre cam-

    bio, pues este ltimo, desde su perspectiva, tena pocosentido y no haca eco de sus propias percepciones.As, llegamos a otra contradiccin de mi interven-cin en Nicols Ruiz, que tambin tiene relevancia enotros lados: nuestro antiesencialismo puede contrade-

    cir los entendimientos de los grupos con quienes tra-bajamos.

    Esto no slo sucede con las definiciones de cultura:puede haber diferencias polticas, de interpretacin devarios aspectos del trabajo, de cul informacin incluiry cul no. De hecho, un argumento en contra de la in-vestigacin activista es que, al establecer un compro-

    miso con el pueblo en cuestin, se tiene que ceder elanlisis y, si hay diferencias de opinin, siempre es-

    cribir lo que ellos quieren. Deseo dejar claro que steno es el caso.

    Hacia una antropologa crtica y act iv i s ta de los derechos hum anos

    La tensin entre el compromiso tico-poltico y el an-lisis crtico siempre est presente en la investigacin

    activista, y en toda investigacin, junto a otras tensio-nes sobre el universalismo y el relativismo, las rela-

    ciones de poder entre el investigador y los investigados,la pragmtica de corto plazo y las implicaciones dems largo plazo. La virtud de la investigacin explcita-mente activista es que lleva el enfoque a esas tensiones

    y las mantiene en el centro del trabajo.Las crticas de la autoridad antropolgica positivista

    y de la teora feminista nos han hecho ms conscientesde la naturaleza socialmente situada de nuestra pro-duccin de conocimiento. Al entender las desigualdadesen las relaciones de la investigacin, hemos llegado acierto consenso en la disciplina relativo a la necesidadde situarnos de reflexionar acerca de cmo nuestroposicionamiento social, poltico, de clase, de gnero, et-ctera, afecta al anlisis que construimos. Esto inclu-ye considerar nuestro poder y autoridad en la relacin

    con los sujetos de nuestros estudios. Hale ha argumen-

    tado que la investigacin explcitamente activista, queforma alianzas con los sujetos de estudio, que hace su-yos los compromisos tema de discusin desde el prin-cipio y que mantiene las dinmicas sociales y depoder como parte de un dilogo continuo con aquelloscon quienes trabajamos, es simplemente llevar laprctica de situarnos a su conclusin lgica. El an-lisis crtico que est informado por una poltica expl-

    cita tiene que lidiar con esas polticas en vez de cedera la tendencia de desenfatizar el papel que juegan. Enel ideal de la investigacin crtica y activista, el anlisiscrtico est dirigido a aterrizar polticamente, y la es-

    trategia poltica se fortalece por sus resultados.En la antropologa de los derechos humanos, por la

    naturaleza del tema, esta reflexin y responsabilidades imprescindible. La parlisis en las investigacionessobre los derechos humanos, provocada por el debate

    entre el universalismo y el relativismo, puede ser supe-rada por proyectos que unan al anlisis crtico con laaccin poltica. No porque este tipo de investigacin so-lucione esta tensin filosfica, pues sta no puede resol-verse. Pero el debate tampoco puede ser superado si sele evade para evitar la parlisis, por el contrario, debemantenerse como tensin productiva en el trabajo. No

    tenemos qu comprobar la universalidad de los derechos,ni perdernos en un nihilismo total al descubrir que son

    relativos. Slo debemos evaluar el contexto en que es-tn siendo utilizados, y actuar basndonos en nuestrapropia situacin social, es decir, teniendo en cuentaporqu tomamos una decisin u otra en relacin conlos derechos en un contexto particular, y haciendo estoparte de un proceso abierto y transparente. La investi-

    gacin activista facilita este tipo de reflexin, siempresujeta a debate por quienes pueden ser afectados lossujetos del estudio.

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    Aunque tal tipo de investigacin sea posible, jamsse dar sin contradicciones. Pero la investigacin acti-vista, mantenida en tensin con el anlisis crtico, nosobliga, o debe hacerlo, a tratar esas contradicciones,sin importar que las conclusiones sean parciales, con-tingentes y sujetas a debate (como lo son en todas las

    investigaciones). Tenemos que lidiar tambin conlas contradicciones de participar en las luchas por losderechos, en especial cuando reconocemos que hayfuentes de opresin (como el capitalismo neoliberal)que no sern eliminadas por tales luchas, al contrario,hasta podran resultar fortalecidas por ellas. Este tra-bajo ha sido orientado a la crtica de los derechos y allegalismo como forma de lucha. Pero, otra vez, sugie-ro que la investigacin activista crticamente compro-metida es fundamental para tratar esas tensiones.

    Por razones ticas y prcticas, en la antropologade los derechos humanos es necesario un compromiso

    como el que representa la investigacin crtica y acti-vista, la cual nos permite unir la crtica cultural con laaccin poltica para crear conocimientos con base em-prica, tericamente vlidos, y tiles para las luchasen que se encuentran inmersos nuestros sujetos deestudio, ahora mejor definidos como colaboradores. Aquienes trabajamos en el mbito de los derechos hu-manos, este compromiso nos permite situarnos y avan-zar, teorizando y trabajando en favor de estos derechos,aun cuando sabemos que son productos histrica-mente construidos, relativos y siempre sujetos a deba-te e interpretacin. En fin, en el contexto de tensionesy contradicciones ticas, prcticas y epistemolgicas,

    la investigacin crtica y activista puede ser un cami-no que nos permita realizar un trabajo productivo yvital, que contribuya a la transformacin de la antro-pologa y de los estudios de los derechos humanos.

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