UNIVERSIDAD ECCI

FACULTAD INGENIERÍA AMBIENTAL

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO UNA RESPUESTA AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

PRESENTADO A: DIEGO ALEJANDRO ROJAS

PRESENTADO POR: DEISY ALFONSO VARGAS

COD: 17144

BOGOTÁ –COLOMBIA

2015

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO UNA RESPUESTA AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

INTRODUCCION

En este documento podemos identificar las diferentes maneras de ver las percepciones de los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales de alguna de las problemáticas más impactantes e importantes del país que es el posconflicto como la reconstrucción, rehabilitación para la confrontación de un proceso de paz.

El principal objetivo de este ensayo es analizar los aspectos y procesos que ha llevado a cabo el gobierno colombiano entre el medio ambiente y la seguridad, para construir la paz y llegar a un proceso en el cual se pueda solucionar el posconflicto y la seguridad ambiental teniendo en cuenta las decisiones que tomaron los gobiernos anteriores.

Según las investigaciones que se han realizado en cuanto al posconflicto y el medio ambiente, siempre se encuentran los aspectos como la economía, la industria, el régimen político y la agronomía, donde consideran que los problemas ambientales pueden llegar a generar conflictos regionales, nacionales y hasta internaciones.

“Es muy difícil recordar que hechos ahora del pasado estuvieron una vez muy lejos del futuro”

Colombia, un país que vive diariamente las consecuencias del conflicto armado, atraviesa actualmente un escenario de diálogo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, en el que la paz parece encontrarse más cerca que nunca desde que el conflicto dio inicio en la década de los sesenta. De acuerdo con esto, el país entra en un periodo de transición donde no sólo se reconocen los efectos del conflicto en sus dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales para buscar mecanismos de reparación a las víctimas y una declaración manifiesta de las responsabilidades por los delitos cometidos durante la época de guerra, sino que además se da inicio a una nuevo escenario de paz y reconciliación donde se promueven políticas y acciones sociales orientadas a la solución de conflictos socioeconómicos y ambientales bajo nuevos lineamientos políticos derivados de los acuerdos de paz.

Colombia es un país de alta concentración de tierra, con una subutilización para usos agrícolas y esta concentración se debe a razones históricas y ha sido incrementada y favorecida por el conflicto armado, que ha contribuido a altos índices de despojo y desplazamiento forzado. Hoy en día Colombia es el país con más desplazados en el mundo,

la problemática de la tierra, elemento central del conflicto armado colombiano está actualmente a la agenda de las negociaciones de paz.

Este país ha tenido un proceso de construcción nacional ligado al desplazamiento, que ha determinado sus características sociodemográficas actuales. La ocupación del territorio se ha basado históricamente en la apropiación privada y la orientación a los mercados externos (se puede observar en los ciclos de las quinas, el añil, el tabaco, la ganadería, café, caucho, tagua, petróleo y finalmente cultivos ilícitos), que han actuado como impulsores de la ampliación de la frontera agrícola. El patrón histórico de tenencia de la tierra ha sido la gran propiedad personal o unifamiliar sustentada en la violencia y asentada en las tierras de mejor calidad. Al margen quedaban otros territorios que no ofrecían condiciones adecuadas para los patrones de producción dominantes, y se convertían en zonas de asentamiento de las poblaciones desplazadas desde el interior de las fronteras agrícolas.

“El control y la concentración de la tierra constituyen un elemento central en la historia rural de Colombia. La ocupación espacial histórica del territorio, los procesos de colonización agraria y de asentamientos poblacionales, la ausencia del Estado, han conllevado a una alta concentración de la tierra y constituyen elementos críticos de la realidad agraria y rural y son generadores de violencia” (Tercer Laboratorio de Paz). El desplazamiento forzado sigue siendo masivo, con entre 3.9 y 5.5 millones de desplazados internos, incluidos 259.146 casos adicionales en el año 2011 - 155.692 casos según registros oficiales. Se registra además un aumento de los desplazamientos masivos (aquellos que afectan a más de 10 hogares o 50 personas) en el 2011.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido adelantando, en cooperación con agencias internacionales como la FAO, PNUD, OIM, Pnuma y Unodc, la identificación de más de 120 municipios que son considerados puntos clave en la aplicación de programas de posconflicto, partiendo del reconocimiento del mapa de la violencia en Colombia, y el análisis comparativo con indicadores ambientales registrados por Ingeominas y su mapa geológico de Colombia, el mapa de ecosistemas de Colombia, el Estudio nacional del agua, del Ideam, el Estudio de los conflictos de uso del territorio colombiano del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otros. El Ministerio de Ambiente y el Gobierno Nacional reconoce que las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de construcción de paz tienen altísima relevancia ambiental y que la implementación de la reforma rural impone muchos retos frente al manejo de las zonas de reserva, en las cuales se debe evitar la promoción de actividades productivas distintas a las que la vocación del suelo permite. Así, por ejemplo, la asignación de tierras a víctimas del conflicto que son despojados de sus tierras.

Colombia es un país de gran biodiversidad y de gran riqueza en el subsuelo, por ello la tierra atrae a inversionistas, a empresas transnacionales de extracción minera, a ganaderos, a agroindustriales, por lo cual los actores armados (Fuerzas armadas, paramilitares y

guerrilla) se enfrentan para ejercer un control sobre los recursos naturales. Es por esto, que la mayoría de los desplazados son campesinos pobres, mujeres y niños, y proceden de las zonas de Colombia más ricas en recursos pero donde hay mayores niveles de pobreza. Es un fenómeno silencioso, diario, cotidiano, que se produce de familia en familia y en sucesivos avances, retornos o estabilizaciones que pueden durar años. Además los desplazados tratan de no declararse como tales, debido a la estigmatización que sufren y a que las amenazas a su seguridad pueden continuar en el lugar de llegada. A su llegada a los barrios periurbanos de las grandes ciudades, estas personas pasan a engrosar el contingente de los pobres y excluidos. Los servicios públicos, débiles o inexistentes en estas zonas, se colapsan, los niveles de desnutrición son alarmantes y el acceso al sistema de salud muy difícil o imposible.

Todos los conflictos (políticos, económicos, culturales o armados) tienen a su vez manifestaciones de implicaciones ambientales, como son el terrorismo ecológico, y las guerras verdes, estas manifestaciones ya no son por escasez de recursos sino por la utilización con fines políticos y de poder de recursos renovable y no renovables como materiales para alcanzar un objetivo propuesto. Es por esto que para realizar un análisis de los conflictos ambientales tienen que interrelacionar la economía, política y ambiente.

Los desplazados que llegan a los barrios de invasión de las grandes ciudades comparten su espacio con comunidades ya asentadas y comparten otra situación: la exclusión de los derechos. Son los casos de Ciudad Bolívar en Bogotá, Altos de Cazuca en Soacha, Nelson Mandela en Cartagena o las comunas de Medellín: lo que en Colombia se denominan barrios "subnormales", zonas de aluvión que crecen sin planificación urbanística ni apoyo de las autoridades. En este marco se confunden con un grupo más amplio de migrantes de todo tipo. Pasan a engrosar, en definitiva, el grupo de los "pobres" en general.

El Estado colombiano no aborda el desplazamiento como una cuestión de derechos humanos sino que ofrece una respuesta limitada, no se plantea la reparación de los derechos vulnerados ni la prevención o protección. Aunque hay abundancia de leyes y normas pero la política presenta retrasos burocráticos, falta de recursos, ausencia de formación y sensibilización de muchos funcionarios,  que mantienen un conocimiento negativo sobre los desplazados. Los actores armados utilizan el desplazamiento en el marco de luchas por el control territorial de áreas estratégicas desde un punto de vista militar control de corredores, zonas de tráfico de armas e intendencia o de tránsito de productos ilegales o político destrucción de bases sociales, reales o potenciales, del adversario. Por ejemplo, los paramilitares y el Estado lo utilizan en regiones con fuerte presencia de actores sociales y con tradición organizativa en sindicatos, organizaciones campesinas o indígenas, como el Cauca. Todos los actores armados tienen los ojos puestos en este departamento, que por su orografía montañosa y su tradición organizativa y de lucha se considera estratégico para el desarrollo de la guerra.

El Gobierno colombiano ha desarrollado una serie de políticas para facilitar la restitución de las tierras y para reforzar los derechos de los propietarios con el fin de evitar que se produzcan más desplazamientos y permitir el retorno de aquellos que se vieron forzados a abandonar sus hogares. Desde 2003, el Gobierno ha implementado el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada con el objetivo de ayudar a reducir el riesgo de empobrecimiento de las poblaciones desplazadas. (Migraciones forzadas, 2008).

El actual Gobierno, liderado por el presidente Santos, ha incluido una política de restitución de las tierras en su Plan Nacional de Desarrollo 2010-14. Esta política reexamina los derechos de las poblaciones desplazadas, se centra en el acceso a la justicia para aquellos que han perdido sus propiedades por culpa de la violencia armada y sienta las bases para abordar otras cuestiones relacionadas con las infracciones de los derechos humanos y la justicia transitoria.

Para tener un buen proceso de paz debe estar precedido por la decisión interna de la guerrilla de abandonar la guerra y por parte del Estado de una oferta generosa para la reincorporación a la sociedad. Los acuerdos de paz son oportunidades para que el país reoriente sus políticas para resolver sus problemas reales que el conflicto pospone como la pobreza, la corrupción y la falta infraestructura. El mayor problema del conflicto es que el estado invierte todo su presupuesto para resolverlo y estas problemáticas quedan como segunda prioridad.

En conclusión, vemos un país que rescata sus potencialidades en lo ambiental a partir de la identificación del conflicto, sus intereses y efectos derivados de la lucha armada. La formulación de nuevas políticas debe pensarse desde el fortalecimiento de un ambiente de democracia y dignidad, donde las diferencias y el conflicto se gestionen por vías no violentas y que ellas sean un activo para el mejoramiento social permanente. En este sentido, comprendemos el postconflicto como una fase de transición que sigue a los acuerdos de paz, en la cual, el desafío más importante es poner en marcha las transformaciones requeridas para que la violencia contra la sociedad civil y el medio ambiente, con connotaciones políticas no vuelva a aparecer y para que el Estado colombiano avance en su capacidad para controlar y combatir la crisis ambiental. Por eso, las actividades en esta área se concentran en desarrollar conocimiento y propuestas alrededor de los retos de la transicionalidad en lo ambiental. Aquí deben abordarse proyectos en relación con las medidas clásicas de justicia transicional, reintegración y reconciliación, pero también en aquellos aspectos que implican cambios estructurales de largo plazo como la gobernabilidad territorial de los recursos, la cultura ambiental y la educación como procesos orientados hacia la sostenibilidad de la paz. Sólo de esta manera estas transformaciones podrán asegurar la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, en los componentes sociales políticos y económicos y por supuesto en lo ambiental.

El Estado colombiano es un país que desde hace más cuatro décadas, atraviesa un conflicto armado interno que ha representado grandes costos humanos, materiales y morales; se ha visto golpeado por una fuerte y constante oleada de violencia, debido a un conflicto interno desarrollado con diferentes organizaciones que se han levantado en armas, grupos subversivos explican una serie de causas de carácter histórico asociadas a la exclusión económica y participación política por parte de las clases dominantes, así como al cierre de espacios de expresión y participación legitima de gran parte de la población, especialmente la menos favorecida económicamente, un claro ejemplo son comunidades indígenas que han sido vulneradas, ignoradas e incluso excluidas en muchos asuntos estatales, siendo propio de formas “autoritarias” de gobierno.

El conflicto armado ha sido y continúa siendo uno de las mayores problemáticas, que muchos teóricos, historiadores y gente del común que le dan origen en los años cincuenta o sesenta con el bipartidismo, conservadores y liberales una guerra absurda por el poder, también se puede cuestionar mucho el tipo de sociedad pues si bien es cierto la población colombiana para esa época a comparación de la actual finales de 2015, era una población en su mayoría dedicada a parcelas de tierras con siembra de productos agrícolas que generalmente hacia que estos vivieran de su propia cosecha; razones por las cuales los índices de educación eran mínimos pues acceder a ella no era una prioridad ni muchos menos habían muchas posibilidades, en tanto a eso la sociedad para esa época en su mayoría estaba construida por campesinos.

Situaciones como la anterior descrita hicieron que la sociedad estuviera vulnerable para una invasión ideológica, la cual condujo a prácticas de guerra para cómo se mencionó anteriormente lograr el poder. A causa del bipartidismo extremo se presentaron masivas violaciones a las personas que pertenecían al bando contrario pues cuando alguno de los dos partidos lograba ganar las elecciones, entraba en una persecución violenta en pro de disminuir o condicionar su opositor; esto así acarreó las consecuencias futuras ya que con el uso desmedido de la fuerza por parte de estos gobiernos condujo a un “ Darwinismo” en términos de que la supervivencia dependía del más fuerte, lo cual hizo que muchos campesinos tuviera que alzarse en armas para su protección individual y en situaciones macro la creación de distintos grupos subversivos.

Los grupos subversivos son de gran importancia en cuanto al conflicto armado en Colombia porque debido a su participación como opositor a diferentes prácticas de Estado, se puede asegurar que el problema no es ser un opositor ideológico de determinado gobierno de turno si no por el contrario cuestionar el mantenimiento de estas aun con el trascurrir de los años y por otro lado al gobierno como actor en un escenario de guerra o conflicto; en un extremo están las guerrillas que inicialmente se incursionaron a las armas para proteger sus familias y encontrar la incorporación en la participación política, pues no es un secreto que aunque el estado colombiano es una república presidencialista, se ha visto que la forma de llevar los gobiernos se han caracterizado por líneas de consanguinidad que

han hecho que la democracia que legitima el pueblo se centre en un círculo vitalicio de familias apoderadas; cerrando los espacios políticos.

Las guerrillas en Colombia pudieron surgir de situaciones sociológicas bastante complejas y justificables como protección del enemigo, pero no justifica sus actividades ilícitas de las cuales dependen para financiar sus tropas, adquisición de armamentos, como el narcotráfico , secuestro y extorción además de las famosas vacunas a comerciantes y campesinos que es una cuota Litis por dejarlos ejercer actividades comerciales en diferentes zonas del país, o el despojo de terrenos para la siembra de coca u cualquier otra actividad.

El Estado no puede ser visto como otra víctima más de la violencia, pues es una actor directo de las hostilidades que se han venido llevando a cabo a lo largo de tantos años, algunos gobiernos han intentado dar soluciones a esta problemática, pero han fracasado en diferentes oportunidades, como el ejemplo del segundo gobierno de Alberto lleras, creando una oficina de rehabilitación que daba crédito (sin garantías y en dinero contante y sonante) a los subversivos en actitud de re incorporarse a la vida civil , practicas bastante cuestionadas por considerarse bastante apremiadoras para los autores de conductas aberrantes o en otros escenarios como es el caso de gobierno de Belisario Betancur y Álvaro Uribe Vélez quienes asumieron gobiernos imperantes al uso desmedido de la fuerza militar, que como resultado entre muchos hechos por parte del primero quedo en la memoria de todos los colombianos “la toma del palacio de justicia”, por el segundo hechos como los diferentes falsos positivos, estrategia de gobierno que uso para demostrar que su gobierno estaba acabando con la guerrilla y trayendo paz al país, y en otros casos diferentes operaciones militares cometieron masacres a campesinos en diferentes zonas del país por considerar la alianza con grupos guerrilleros y que después se corroboraba que no tenían ninguna fuente de vinculación.

Es así como se cuestiona que el desplazamiento forzado ha sido impulsado por los dos opositores del conflicto armado que se ha venido consolidando en Colombia, esta consecuencia tiene su nacimiento en las causas anteriormente mencionadas, que ha traído consecuencias como: la sobrepoblación en ciudades principales pues muchos ciudadanos han salido por amenaza a muerte o temor de ser llevados a las líneas guerrilleras, en los peores casos son sobrevivientes en masacres, personas que se ven obligadas de huir de su hogar que ha sido adquirido en su mayoría de casos por tradición hereditaria, situación que desprotegen al ciudadano que se ve obligado a enfrentarse al salvajismo de una ciudad donde se enmarca con mayor precisan el sistema capitalista, dibujado en un realismo de total desigualdad social y división de clases sociales.

En el desplazamiento existe un sujeto directamente vulnerado al enfrentarse a un lugar o población para la cual no se formado y va encontrar obstáculos para conseguir un trabajo y un techo, pues como se ha venido mencionando los despojados son campesinos los cuales estaban dedicados a la siembra agrícola o actividades de ganadería, actividad que en

ciudades como Bogotá, Medellín o Cali por dar un ejemplo no habrá oferta laboral para emplearlos, sin embargo otro problema es que estas personas se han dedicado a esas actividades por tradición de generación en generación, pero que en la ciudad no son tenidas en cuenta uno porque hay una gran demanda de desempleo a causa de la sobrepoblación lo cual conlleva prelación a cierto tipo de individuos como edad , capacidad medida en un título técnico o profesional para definir su idoneidad de esta manera excluyendo y haciendo a un lado algunas personas en situación de vulnerabilidad.

Las consecuencias del desplazamiento interno son múltiples. Debido al conflicto, las redes sociales familiares y comunitarias están fragmentadas y las comunidades están desintegradas. La mayoría de estas personas desplazadas por el conflicto armado en Colombia se dirigen a las áreas urbanas. Muchas personas viven en los cinturones de miseria de los centros urbanos bajo condiciones indignas y de sobrepoblación. Las tasas de desempleo en este sector de la sociedad son mayores a las del promedio nacional, mientras que quienes trabajan lo hacen bajo condiciones de precariedad, con la mayoría de personas desplazadas dedicadas al trabajo en el sector informal.

El tema de la tierra es un tema esencial en el conflicto y la violencia. Con el Ministerio de Agricultura hemos tratado de ver cómo podemos mejorar el acceso de la tierra a través de las convocatorias. Primero, hemos visto que cada año hay convocatorias pero la población desplazada no tiene acceso a este mecanismo por los requerimientos técnicos. Queremos que se mejore el procedimiento y que se garantice que sea más accesible para todas las personas desplazadas, pero en particular para las mujeres que hasta ahora están en desventaja. Entonces aquí hay otro ejemplo de cómo tratamos que haya una política diferenciada: asegurarnos que las mujeres tengan acceso a los servicios del Estado. Todavía no tenemos los resultados finales de la convocatoria de este año pero esperamos que las estadísticas nos puedan demostrar que este año un porcentaje mayor de los desplazados tienen acceso a este mecanismo. Segundo, algunos desplazados tienen acceso a tierras a través de mecanismos de reubicación. Hemos estudiado algunos casos emblemáticos para ver cómo a partir de ellos podemos cambiar el procedimiento de la reubicación y eso ha dado algunos resultados. Ahora hay que subirlo a nivel de política. El tema de la restitución de tierras no era parte del convenio con el Ministerio de Agricultura pero sí es un tema crítico. Hay que asegurarnos que esta restitución se haga en condiciones de seguridad para los beneficiarios. Desafortunadamente hemos visto que varios desplazados y líderes de desplazados a quien le devolvieron su tierra han sido o amenazados o, aún peor, asesinados porque no se daban las condiciones de seguridad. Para nosotros, antes de cualquier programa o política de restitución, necesitamos tener todas las garantías de seguridad para quienes reciben las tierras.

Con este fenómeno no solo están involucrados los campesinos despojados, si no por el contrario esto trae consigo un efecto enmarcado en todos los ciudadanos colombianos sin hacer distinciones de ningún tipo, como la sobrepoblación en las grandes ciudades, la

invasión ilegal de predios que generalmente están ubicados en zonas estratégicas no aptas para construir, poniendo en riesgo su vida en primera línea al ubicarse en terrenos donde se evidencian derrumbes o en situaciones análogas como asentarse en lugares de reserva natural como las zonas montañosas donde pueden haber yacimientos de agua por dar un ejemplo, convirtiéndose el desplazamiento en efectos graves en la economía; que esta también se ve muy afectada evidenciando que se debe incrementar las importaciones de todo tipo de productos de la canasta familiar, para así solventar la situación de falta de suministro interno ya que muchos campesinos se han visto en la obligación de abandonarlas, por estas razones la economía colombiana empieza a depender del suministro de productos de otros países disminuyéndose cada vez más la de nuestro país evitando el desarrollo económico esencial en un estado independiente.

En el marco jurídico Colombia se ha preocupado por proteger en un marco de diálogo de paz, la asistencia y reparación integral de las victimas dentro del conflicto armado interno, aunque es muy garantista y propositiva en muchos aspectos se debe cuestionar si el aparato legislativo esta adecuado para responder a estas formas jurídicas con presupuesto, eficacia y el respeto de derechos fundamentales como el debido proceso para cada uno de los sujetos que recurra al reclamo de estas; es importante esto ya que debido a que el conflicto interno lleva décadas existen pormenores en términos de justicia que dividiría el derecho de tierra, porque como se reconoce en la legislación colombiana se reconoce la posesión que se adquiere con ciertos requisitos regales como el fundamental que recae en que la persona que hace acción posesoria debe estar haciendo posesión del bien mínimo 10 años sin interrupción entre otras solemnidades, situaciones que se han presentado muy a menudo debido que hay personas que se han trasladado de un lugar a otro y han hecho la efectiva posesión del bien para ganar el título y dominio del bien, pero que posteriormente existe alguien que reclama la restitución de ese bien que no ha adquirido un justo título, debido a que fue adquirido por tradición de generación en generación, sin embargo la jurisdicción debe cuestionarse las miles de situaciones legales que constriñen que la restitución de tierras no sea más que una visión futurista de la sociedad que queremos…

Principios de restitución de viviendas y patrimonio de refugiados y desplazados Resolución de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU 2002/7 «Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial. Los Estados garantizarán a hombres y mujeres, incluidos los niños y niñas, la igualdad en el goce del derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio. Los Estados velarán por que en los programas, las políticas y las prácticas de restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio las mujeres y las niñas no resulten desfavorecidas. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar

voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual, en condiciones de seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse en una elección libre, informada e individual. La comunidad internacional debe promover y proteger el derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, así como el derecho a un regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad. El ámbito internacional también tiene incursionado a través del derecho internacional lineamientos de protección a la población civil afectada por los conflictos armados en este caso interno, para de alguna manera promover el respeto por la dignidad humana, principios como los anteriormente mencionados, mediante el DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO y sus protocolos adicionales, la cual se propone como eje fundamental garantizar un mínimo de humanidad en situaciones de guerra, buscando el equilibrio entre necesidades militares y el principio de humanidad.

Es indudable la importancia y el impacto social que produce el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, y más grave aún la situación de la mujer en éste, aunque sin importar su sexo, raza, credo o cultura está situación afecta a cualquier persona de una manera preocupante. Pero es preocupante la situación de las mujeres porque en gran medida son ellas quienes más sufren este flagelo, y no es que los hombres y niños no lo sufran de la misma forma, sólo que a la mujer desplazada asisten muchos cambios y traumas de especial importancia para la sociedad, para el núcleo familiar en especial y, obviamente, para ellas mismas.

La mujer campesina, indígena, afrocolombiana, o cualquiera sea su identidad cultural o étnica, en situación de desplazamiento, llega principalmente a los principales corredores urbanos del país, aunque a veces también a poblaciones donde creen que pueden empezar una nueva vida, no sólo con el drama de haberse despojado de lo que algún día tuvieron, sino con una gran carga emocional y social. Pasaron de ser las madres que cuidaban de sus hijos mientras ellos jugaban, hacían sus tareas o dormían, a ser madres que sólo les preocupa ya que sus hijos puedan comer el día de hoy porque no tienen cómo sostenerse, de ser esposas que amaban y apoyaban a sus maridos en algunos oficios de la vida diaria campesina a compartir con ellos la zozobra de no tener un techo dónde vivir ni unas tierras dónde cultivar, de ser amigas, vecinas amas de casa que se preocupaban porque su familia y comunidad estuviera unida.

CONCLUSIONES

el panorama del conflicto de un país y pensando en el posconflicto es necesario generar una rehabilitación social e institucional. para crear una nueva formulación para estructurar funciones del estado, la democracia y los derechos de los cuídanos. para que el respeto por los derechos humanos generen espacio donde se acabe el conflicto y se genere justicia.

el concepto de víctima es porque se encuentra un abuso claro entre el poder de las autoridades públicas y de seguridad de nuestro país, una víctima es cualquier persona sujeta a un delito o maltrato físico o psicológico, que afecten su núcleo familiar.

BIBLIOGRAFIA

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