INTERESES CONTRAPUESTOS

Entrevista a ISABEL VARGAS presidente de la UNE

INTERVENCIONISMO YANQUI EN VENEZUELA

MANEJO ANTIPOPULAR DE LAS FINANZASpág. 2

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Integrante de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas - CIPOML

edición 1902del 13 al 19 de mayo de 2020

EN LAS CALLES

ENFRENTANDO LA POLÍTICA

ANTIPOPULARDEL GOBIERNO

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Se lo advirtió y está ocurriendo. El modelo de desarrollo económico del país basado en la dependencia a los capitales extranjeros pasa la factura a los trabajadores y el pueblo. Desde que aparecieron los primeros síntomas de la crisis económica, en los últimos años del gobierno de Rafael Correa y hasta hoy, uno y otro gobierno «patearon la crisis hacia delante» apostando a un mayor endeudamiento para contar con recursos financieros y, por lo tanto, fueron aplazando el estallido de una situación económica inmanejable.

Ahora afrontamos esa circunstancia, la pandemia del Covid 19 aceleró su

INTERESES CONTRAPUESTOS

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desenlace y acrecentó la magnitud de los problemas, pero la raíz del conflicto es sistémica. La interpretación del fenómeno y la manera de darle salida confronta a concepciones ideológico-políticas que defienden intereses de clase contrapuestos. Para la burguesía neoliberal, la responsabilidad del problema fiscal está en la «obesidad del Estado» y presionan para su «achicamiento» que, como lo estamos viendo, significa recortes presupuestarios en salud, educación, disminución de sueldos y salarios y eliminación de miles de puestos de trabajo en el sector público. Pero ese Estado al que cuestionan ha sido construido a su imagen y semejanza, es el instrumento que les facilita y garantiza la acumulación capitalista, el que protege sus intereses como clase dominante y reprime cuando el pueblo protesta. El rechazo de los trabajadores a las políticas neoliberales de ninguna manera significa la defensa de este Estado, lo hacen porque así defienden su derecho a la educación, a la salud, al acceso a los servicios públicos. La clase obrera no puede perder

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de vista que su lucha por alcanzar la emancipación social implica crear y construir un Estado en el que ésta sea la clase dirigente y, por lo tanto, implica la destrucción de Estado capitalista.

La difícil situación que les ha tocado llevar sobre sus espaldas a los trabajadores les está permitiendo ver y entender mejor el carácter parasitario de la burguesía, el papel que cumplen los órganos de poder para defender los intereses y las riquezas de la clase dominante.

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El rechazo de los trabajadores a las políticas neoliberales de ninguna manera significa la

defensa de este Estado, lo hacen porque así defienden su derecho a la educación, a la salud, al acceso

a los servicios públicos.

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Es falso que los ajustes y recortes presupuestarios sean parte de la política pública ahora debido a la pandemia. En educación luego de 12 años de vigencia de la Constitución, todavía no se llega a entregar el 6% del PIB, tampoco el 4% a salud, cuando el propio correísmo calculaba que en unos cuatro o cinco año se llegaría a esa meta. Al contrario, año a año las proformas presupuestarias presentadas por el ministerio de Finanzas exponen reducciones en esos rubros y,

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Manejo antipopularde las finanzas

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para colmo, aumentos constantes en los egresos por deuda.

Crecientes pagos por deuda

A diferencia de los constantes decrementos de los recursos para las áreas sociales, la deuda y sus pagos están en constante crecimiento.

En el 2018 por amortizaciones e intereses se pagó más de 9300 millones de dólares, en el 2019 se incrementó a 10400 millones. Para el 2020 se presupuestó 10054 millones.

Siendo montos tan altos es totalmente comprensible y adecuada la propuesta de los sectores sociales de evitar estos pagos para que esos recursos se destinen a enfrentar la pandemia.

Sin embargo, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sostiene que hace falta dar muestras de “buena voluntad” a los acreedores y por ello, en el mes de marzo, cuando todo el país desesperaba por más

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dinero para enfrentar la crisis sanitaria, él decidió pagar 324 millones de dólares a los acreedores de los bonos 2015-2020, con el argumento que eso abriría las puertas a nuevos desembolsos por unos 2000 millones. Pero esos dineros no han llegado.

En mayo se denunció que el pago a los acreedores en marzo fue de 791 millones, pero se quedaron cortas, los pagos realizados por amortizaciones e intereses fueron por 802 millones, casi en su totalidad a acreedores externos, lo cual, como es lógico, redujeron las capacidades del gobierno para financiar las otras urgencias.

En mayo el BID desembolsó 700 millones de dólares, como parte del plan que tiene el gobierno para enfrentar esta crisis, sin embargo cabe resaltar que en momentos como los actuales hace falta que los recursos no salgan y entren más. Este movimiento deja al país con un saldo en contra 91 millones, pues en marzo el país tan solo recibió 11 millones en

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desembolsos. Quedando a la espera por las cifras de abril.

El manejo de la economía, en este caso referido a la deuda, deja a las claras que existe una inequívoca tendencia a privilegiar el pago de la deuda incluso en épocas de emergencia como la actual, justificándola en supuestas buenas voluntades de los acreedores que no se concretan en mejores condiciones de pago de la deuda, ni en condonaciones de intereses, ni en ningún mecanismo que pueda llevar a concluir que lo actuado va en el sentido correcto. Enfrentar la crisis para el régimen solo pasa por más deuda y cumplir con los pagos, en cambio las organizaciones sociales proponen no pagarla temporalmente y estos dineros destinarlos a la crisis, esto implicaría que la deuda no crezca para luego entrar en renegociaciones.

Educación

Según el actual PIB, Educación, que según la Constitución incluye la

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educación inicial, básica y bachillerato, debió tener un presupuesto de 6540 millones de dólares, y valores superiores a los 6 mil millones en cada uno de los últimos cinco años, sin embargo, en el 2019 se presentó una proforma de 3602 millones y en el 2020 de 4273 millones.

El ajuste por efectos de la pandemia, según lo está ejecutando el ministerio de Finanzas, contempla una reducción de 831 millones a todo el sector que incluye a educación superior, bachillerato, básica, media, inicial, cultura y deportes. Esto deja en claro que en lo que respecta al ministerio de Educación su reducción ronda por los 650 millones, de los cuales en la Asamblea Nacional ya se denunciaron la reducción de unos 300 millones. Esto se ha traducido en la suspensión de prácticamente todos los programas y proyectos como los de alfabetización, mejoramiento docentes, investigación pedagógica, bachillerato internacional. También se traduce en el despido de docentes ya sea por la no renovación de contratos o por la

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suspensión de los mismos. Llenar las necesidades de docentes ahora es una quimera, esta brecha se ha incrementado lo que se convertirá en reducción de la ya maltrecha calidad educativa.

Educación superior

En el 2018 el presupuesto para las universidades ascendió a 1443 millones, para el 2019 el gobierno propuso una reducción de 145 millones. Para el 2020 el presupuesto creció apenas a 1326 millones que no compensaron la reducción previa.

Por efectos de la pandemia se plantea una reducción de más de 98 millones que afecta principalmente a las partidas para pago de docentes o contratación de los mismos. Esto ya trae consecuencias como que en la Universidad Central se han suspendido las matrículas.

Es importante dejar en claro que las universidades tienen preasignaciones presupuestarias vinculadas a la

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recaudación de impuestos. Esto implica que si esa recaudación disminuye, como es lo previsto en el caso actual, se reducirán automáticamente los ingresos a las universidades, pero el caso es que la propuesta oficial contempla esta posible reducción y también otras adicionales que profundizan el problema, sobre todo porque golpean a las áreas de investigación y a la planta de docentes cuyas partidas están afectadas.

Salud

Los últimos años debió recibir presupuestos superiores a los 4300 millones de dólares. Para el 2020 estuvo presupuestado en 3888 millones, por debajo de la norma constitucional, más lejos estuvo el 2019 cuando se destino apenas 3 mil 62 millones, comportamiento similar a los años anteriores.

Este desentendimiento sobre los aspectos de la salud, que se traduce en presupuestos inferiores a los necesarios, ha sido una de las causas por las cuales la

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pandemia ha cobrado tantas víctimas y ha evidenciado sus falencias.

Cabe recordar que en épocas anteriores a la pandemia, la salud también fue un sector destinado a su reducción. Alrededor de 3000 trabajadores fueron desvinculados un par de meses antes del azote de la pandemia, esto en medio de la ola de reducción de personal en salud, que dio inicio con la vigencia del decreto 813, el de los “despidos voluntarios”, que dejó a los hospitales del país sin el concurso de importantes profesionales.

Pese a la debilidad del sector salud, el ministerio de Finanzas se encuentra ejecutando, también allí, una proceso de ajuste que supera los 214 millones, situación que se contradice con la actual situación sanitaria y también con los anuncios oficiales que sostienen un incremento presupuestario.

Martínez debe salir

Esta política ha provocado el rechazo de

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distintos sectores populares, debido a que el gobierno se ha sometido por entero a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y a los intereses de los dueños del capital. Richard Martínez, ministro de Finanzas, es pieza clave en el ejercicio de esta política y no es raro que actúe de esa manera, pues, antes de asumir estas funciones Martínez fungía de presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, llegó a Finanzas para seguir defendiendo los intereses de los grandes empresarios.

Por ello es que hoy Martínez concentra el odio de los trabajadores, la juventud y el pueblo que exigen su destitución. Tanto se ha generalizad el grito #FueraMartínez, que en la Asamblea Nacional han planteado iniciar un juicio político, por el reciente recorte de 98 millones de dólares en el presupuesto de las universidades.

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Las recientes denuncias de escandalosos sobreprecios en las compras de insumos médicos para los hospitales del IESS, unidas a las renuncias de sus más altos funcionarios son el caldo de cultivo ideal para que la burguesía, a través de las cámaras, grandes empresarios y políticos de derecha pululen para hacerse de su control y en medio de ello, junto con el gobierno, disponer de los recursos de trabajadores y jubilados.

Aunque los miles de despidos que se han producido tienen como consecuencia la

Al asecho del IESS

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reducción de los ingresos mensuales al instituto de los trabajadores, estos dineros siguen siendo apetitosos, seguramente por los 300 millones mensuales.

Desde la óptica gubernamental tener el control mantiene y ahora amplía las posibilidades de disponer de sus recursos. Si la ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas se aprueba, como fue enviada por el ejecutivo, el IESS y BIESS serán parte de la estructura del sector público y, por tanto, el uso de sus recursos a la libre discrecionalidad del ministro de Finanzas. El riesgo que esto conlleva es que se reduzca o anule financiamiento de las prestaciones que se entregan a afiliados y jubilados.

Pero detrás de la mencionada propuesta de ley también está la posibilidad de que el Ejecutivo licúe las deudas que tiene con esta institución. El gobierno tiene más de 22 mil millones de dólares que pertenecen al IESS, de ellos unos 13800 millones corresponden a valores de contribuciones del Estado como

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son el aporte del 40% a las pensiones, enfermedades catastróficas, seguro social campesino, etc. Sin embargo, increíblemente, gracias a una serie de leguleyadas y maniobras del oficialismo en contubernio con las autoridades del IESS el gobierno solo tiene registrada una deuda por 508 millones a favor del IESS. Esta ley permitiría mantener esta situación.

Por el lado de los empresarios el asalto a los recursos del IESS, especialmente del seguro de salud es de dominio público ahora con las denuncias de sobreprecios. Cierto es que los funcionarios corruptos permiten que los negociados se concreten, pero también es cierto que es en el sector privado en donde está la contraparte de la corrupción.

Desde hace años los afiliados y jubilados son enviados a consultas médicas particulares que facturan al seguro de salud el precio de su servicio, lo mismo ocurre en todos los otros espacios como son las medicinas, equipos médicos,

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insumos para oficinas, mobiliario, etc. Solo allí la empresa privada ya recibe un beneficio, sin embargo, para muchos de ellos no es suficiente e incluyen los generalizados sobreprecios que son compartidos con los funcionarios corruptos.

Todo lo anterior configura un amplio espectro de influencias y acuerdos entre gobierno y empresarios muy convenientes para ambos lados. Es en este ambiente en que el Ejecutivo ha tomado la decisión de elegir a Jorge Wated como su nuevo representante ante el Consejo Directivo del IESS. Un personaje de oscura trayectoria, vinculado fuertemente al PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano) cuyas cabezas máximas, los Bucaram, están fuertemente ligados a actos de corrupción, como es el caso de las mochilas escolares que llevaron a Abdalá Bucaram, expresidente del país, a su autoexilio, del que regresó una vez que su delito prescribió, o de su hijo, Dalo, en la lista de los personajes que han

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construido una mafia al interior del IESS. De este grupo sería parte Jorge Wated.

A este problema se une el hecho de la ausencia del representante de los trabajadores y la reciente renuncia del representante de los empleadores. En ambos casos pesa una decisión de la Corte Constitucional de reformar el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social que permita una elección de esos representantes de una manera democrática, para ello la Asamblea Nacional tuvo el plazo de un año, que feneció hace más de dos años. Esto ha conllevado el alargamiento de la solución del problema de la conformación del ente de dirección del IESS que, para el caso del representante de los trabajadores, debe ser enfrentado mediante la elección por voto directo y secreto de todos los afiliados activos y pasivos así como de los jubilados por el candidato de su preferencia. Siendo las organizaciones de trabajadores las que podrían proponer candidatos. De esa manera se zanjaría la resolución de la Corte Constitucional.

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Recorte presupuestario afecta a universidades

En el presupuesto que entró en vigencia este año se preveía un monto de USD 1.586 millones para el sistema universitario en 2020, incluido los recursos para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

El ajuste fiscal que el gobierno ha realizado y que reduce más de USD 98

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millones a las universidades y escuelas politécnicas deja el presupuesto en USD 1.425 millones.

¿Se podía reducir los recursos?

El artículo 355 de la Constitución en su último inciso señala:

“La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial.”

El gobierno ha justificado la reducción del presupuesto señalando que es causada por la rebaja de la recaudación de IVA e Impuesto a la Renta. Según el artículo 74 numeral 10 este ministerio puede “Aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional.”

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Estas medidas deben ser hechas en acuerdo con la Constitución, por ello, el ministerio de Finanzas debía establecer los lineamientos tomando en cuenta que la carta magna, en el artículo 165 establece que el presidente en estado de excepción puede utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.

¿Cuáles son las consecuencias de la reducción?

La reducción de los recursos a las universidades y escuelas politécnicas fue a la partida presupuestaria 51, que es la que rige la contratación del personal. En este caso, la de docentes, técnicos académicos, investigadores, pasantes y personal administrativo. El gobierno de Moreno como sus antecesores ha levantado una campaña para desacreditar a las instituciones, tratando de hacer ver que en ellas se dilapida dineros. Todo ese argumento de los “latisueldos” cae por su propio peso cuando recordamos que la Ley establece

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que el Consejo de educación Superior es la instancia que debe aprobar el escalafón de sueldos de los docentes, entidad de la que el propio Albán Secretario de la Senescyt es parte.

La visión de Contador, del ministro de Finanzas hace que no mire las consecuencias que la reducción financiera causaría. Las autoridades gubernamentales se sorprenden por lo que el estado invierte por alumno, con asombro dicen que son en promedio USD 5.924 al año, como que eso fuera un peso para la sociedad. Esas visiones economicistas llevan a que se considere la contratación docente con burocracia.

Es indudable que reducir el número de docentes significa reducir aulas, lo que causaría una restricción en el número de cupos para el ingreso a las universidades. La reducción de contratos hace que se cierren proyectos de investigación, que se reduzcan las actividades de vinculación con la colectividad. La reducción del presupuesto atenta con la misión misma

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de la universidad y se convierte en una gran afectación a los derechos de los jóvenes provenientes de los sectores populares pues son ellos quienes se quedarían discriminados en el acceso.

La reducción afecta también a las Universidades cofinanciadas, ellas reciben apoyo de recursos económicos por parte del Estado y se expresa en becas y apoyos económicos. Esto se reducirá, lo que afecta a los derechos de los sectores vulnerables como personas con discapacidad, o que pertenecen a los sectores pobres y de extrema pobreza.

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La reducción del presupuesto atenta con la misión misma de la universidad y se convierte en una

gran afectación a los derechos de los jóvenes provenientes

de los sectores populares pues son ellos quienes se quedarían

discriminados en el acceso.

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El gobierno nacional anunció la reducción del presupuesto de hasta un 15 % de las instituciones, incluyendo el sector educativo. Las implicaciones para las familias ecuatorianas serían particularmente dolorosas, porque al mismo tiempo que miles de docentes pierden su trabajo, los niños, niñas y jóvenes limitarían aún más su acceso a la educación.

“Los pobres estamos pagando la crisis y eso

no se puede permitir”Entrevista a Isabel Vargas

Presidenta de la UNE

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La presidenta de la Unión Nacional de Educadores, magíster Isabel Vargas, se refiere a este tema.

A propósito de la reducción del presupuesto para el sector educativo, ¿cuáles son las implicaciones para el país?

La UNE condena la reducción del presupuesto, pues significa que alrededor de 19 000 niños no puedan continuar sus estudios en el programa SAFI y que 145 000 jóvenes no puedan acceder a la educación, a programas de alfabetización y post alfabetización; 6 000 docentes fueron despedidos y eso afectará también la calidad de la educación. Condenamos que el gobierno haya pagado más de 320 millones de la deuda externa en grave perjuicio de nuestros niños y jóvenes. Por eso, nos unimos a las voces de los universitarios que también fueron afectados en 98 millones de su presupuesto; vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad pues la Constitución indica que ni siquiera en

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estado de excepción se puede afectar el derecho a educarse. Los pobres estamos pagando la crisis y eso no se puede permitir.

Además del despido de 6000 docentes a nivel nacional, ¿cómo afectan los proyectos de ley del ejecutivo al sector educativo?

En el informe para segundo debate de la ley de ayuda humanitaria continúa la figura de la flexibilización laboral, lo que afecta a los hijos de los trabajadores porque son ellos los que se encuentran en la escuela pública; al despedir a los trabajadores o cambiar sus condiciones, se afecta a su derecho a la educación, a la salud, a la alimentación de los niños y jóvenes. La flexibilización es un sueño de los empresarios quienes, aprovechándose de esta pandemia, nos imponen un virus más violento que es el neoliberalismo. Durante años, ha habido luchas históricas para detener la política fondomonetarista, y ahora, aprovechando el confinamiento de

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la gente, el gobierno aprovecha para aplicarla. Como UNE rechazamos la política neoliberal; también nos sumamos para defender el IESS y el BIESS, patrimonio de los afiliados al que se pretende quitar la autonomía para que el gobierno disponga de él, y no es para mejorar la salud de los ecuatorianos sino para pagar la deuda con los banqueros y empresarios. Exigimos la elección del representante de los afiliados para defender esta institución.

El ministro de Finanzas y la ministra de Educación se han negado a dar explicaciones acerca de la reducción del presupuesto. ¿A qué se debe esta negativa?

Ambos ministros se han definido como enemigos de la educación. La ministra sabe que quitarle un maestro a un estudiante es afectar su educación. No han entregado 5900 partidas que pertenecen a docentes jubilados; los maestros de todo el país se someten al acoso laboral, a la sobrecarga de trabajo

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con hasta 19 horas al día; si se reducen los docentes, vamos a tener más trabajo y más dificultades para brindar educación de calidad. Después de la cuarentena, no podemos regresar a aulas hacinadas porque sería un crimen; lo mismo sería intentar continuar con la educación virtual porque no es garantía de calidad de educación. Martínez dijo la semana anterior que es el momento para reducir 5.000 millones de gasto público, es decir que los despidos continuarán y afectarán al lado más débil que son nuestros niños y jóvenes. Por eso, no hemos dudado en acompañar al FUT, al Frente Popular, a estudiantes y docentes universitarios, docentes de educación general, a las jornadas de protesta tanto el viernes 8 como el lunes 11 de mayo, en varias provincias, que fueron movilizaciones importantes para la defensa del presupuesto. La gente está indignada y llegará un momento en que esta indignación rebase el confinamiento, y obligará a que la gente salga a las calles a protestar. Será responsabilidad del gobierno si la gente pone en riesgo sus

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vidas por defender sus derechos, ya que quienes están al frente del Estado solo gobiernan para los empresarios y sus grupos económicos.

¿Cuáles son las propuestas de los maestros para enfrentar la crisis?

Exigimos la moratoria de la deuda externa, que se cobren los impuestos a los grandes deudores del SRI, más de 1 500 millones de dólares; que los que más tienen aporten más, que se cobre un impuesto no diferible a las empresas que han tenido ganancias millonarias y a quienes poseen un patrimonio personal superior al millón de dólares; eliminar la intermediación del petróleo y recuperar los dineros de la corrupción; se debe exigir el retorno de los capitales que se encuentran en los paraísos fiscales. Esas son las fuentes de financiamiento, pero lamentablemente el gobierno responde a los intereses de los empresarios y se encuentra de rodillas ante el FMI, a costa de la sangre, del hambre, de la miseria y de la ignorancia del pueblo ecuatoriano.

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El gobierno propina un nuevo golpe a la educación y, en medio de la emergencia sanitaria, anuncia un recorte del presupuesto que, en conjunto, llegaría a los USD 400 millones, lo cual afecta todos los niveles de educación y el futuro de millones de niños, niñas y adolescentes.

En el caso de la educación superior se reducirán USD 98. 210.190 a las 32 universidades públicas, esto se suma

Para educación recortes,

para la deuda externa millones

Para educación recortes,

para la deuda externa millones

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a los USD 90 millones que redujo en 2019 y los USD 37 millones de este año. Varios rectores han manifestado que la medida provocará despidos de docentes y otras afectaciones, con lo cual se pone en riesgo la continuidad de la educación superior en el país.

Con la disminución del presupuesto, la oferta de aumentar un 23% de los cupos para la universidad será una más de los ofrecimientos incumplidos por el gobierno, al igual que las 40

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universidades que ofreció en campaña. Miles de jóvenes seguirán quedando fuera de la universidad, aumentando la alarmante cifra de 1 millón 500 mil jóvenes sin universidad.

Pero el golpe para educación inicial, básica y bachillerato es aún peor. Según informes extraoficiales, al concretarse el recorte, se perjudicará en USD 300 millones al sistema nacional de educación. Recordemos que este y el anterior gobierno incumplieron el 6% del PIB para educación y, en este año, redujeron del 3.9% al 3,2% la inversión en esta área.

Ahora mismo, sin el recorte, más del 60% de estudiantes no acceden a la tan cacareada “teleeducación” y se han desvinculado (despedido) a 6000 docentes. Ahora, por el recorte, el Mineduc dio por finalizado el programa “SAFPI” de educación inicial para 19 mil 300 niños de escasos recursos de entre 3 y 4 años de edad; así como el programa

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de alfabetización que tenía una cobertura para cerca de 150 mil personas. Adicionalmente, el gobierno ha anunciado la suspensión del programa de Bachillerato Internacional en más de 70 instituciones educativas de la costa.

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, sin ella no habría profesionales que necesita nuestro país para salir de la dependencia y el subdesarrollo. Por ello, al empeñar la educación, están empeñando nuestro futuro.

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Desde que empezó la cuarentena, la plaza “Indoamérica” de la Central, lucía desierta. Pero, desde la semana pasada, eso cambió y, ahora, poco a poco, se fue llenando de telones, carteles, pitos y tambores, cargados por jóvenes, que, pese a la necesidad de permanecer cubiertos y a un mínimo de dos metros de distancia, parecían reconocerse y se

De la lucha por la educación a la lucha por

la nueva vida

De la lucha por la educación a la lucha por

la nueva vida

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unían en un solo grito: ¡Presupuesto para la educación y no para la corrupción!

Escenas similares se repitieron en el Parque Infantil de Esmeraldas, la Gobernación de Manabí, el acceso a los parqueaderos de la Universidad Técnica de Babahoyo, el Parque Centenario de Guayaquil, en el Obelisco de Ibarra, el parque Vicente León de Latacunga, el parque central del Azogues, el Parque Calderón e Cuenca, la plaza San Sebastián de Loja y, fue así, en todas las provincias del país. Cientos de estudiantes, docentes, trabajadores y moradores de barrios populares se dieron cita en la jornada nacional en defensa de la educación.

Ya, en días pasados, se habían movilizado los trabajadores de la salud que reclamaban por bioseguridad e insumos para poder trabajar, decenas de miles de trabajadores que fueron despedidos en plena emergencia hicieron plantones por sus derechos,

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así como los pequeños comerciantes y moradores de barrios populares que exigían comida y medicina para poder quedarse en casa. Mientras, para el gobierno, es más urgente pagar la deuda que la vida del pueblo.

El primero de mayo, día histórico de la clase obrera, fue un primer grito de advertencia: la lucha por la vida, no sería sólo contra el virus, sino, contra toda la política antipopular del gobierno. Los trabajadores, la juventud y los pueblos contra las grandes potencias, los ricos y su gobierno, que sólo buscan llenarse los bolsillos, sobreexplotando, saqueando los recursos y robando, como lo demuestran los múltiples escándalos de corrupción.

El COVID 19 nos pone en nuevas condiciones, pero no es el comienzo: En octubre del año pasado, la unidad y lucha popular derrotaron las pretensiones del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles,

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privatizar los sectores estratégicos e imponer una flexibilización laboral a medida de los grandes capitalistas. Y es que aquí, igual que en el mundo entero, el capitalismo ha sacado las garras y muestra su rostro más brutal e inhumano: Este sistema es peor que un virus y es la principal amenaza para la vida y el planeta.

Por ello, esta batalla es solo el comienzo y el mañana nos encontrará, con todas

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las medidas del caso, en las calles y plazas de este país, utilizando todas las formas de lucha para conseguir un mundo mejor y, en ese camino, el rol protagónico lo debe jugar la juventud, que cuenta con tecnología de punta, con la experiencia histórica de un pueblo luchador, a la que muchos consideraban “perdida”, pero que viene aprendiendo que sólo la lucha es camino de victorias y que la alternativa a todos los problemas que nos aquejan, está más allá del statu quo.

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El Ministro de producción Iván Ontaneda dice que por culpa de la crisis del coronavirus, habrán más de MEDIO MILLÓN DE DESPIDOS que se suman a los miles que se han dado en las últimas semanas. Culpan al virus, lo ponen de excusa para dejar sin sustento y en la calle al pueblo,

Pandemia de despidos para

la juventud

Pandemia de despidos para

la juventud

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mientras ellos se ponen tristes porque el crecimiento de sus ganancias se reducirá un poco.

De estos despidos un porcentaje es para la juventud, sector preferido para los empleadores, ya que les resulta más rentable sus despidos que a un adulto, esto es precisamente lo que en medio de la crisis el gobierno en alianza con los empresarios quieren aprovechar aún más, unas para los actuales trabajadores, otras como las leyes no son retroactivas, para los nuevos trabajadores, es decir, los jóvenes.

Antes a nivel mundial las cosas no marchaban nada bien, y si partimos de las cifras de la OIT el mañana será más difícil aún ya que el 35% de la población desempleada corresponde a jóvenes de hasta 25 años, la tasa de empleo juvenil inadecuado triplica a la tasa general y se calcula que, al menos, hay 600 millones de “ninis”, es

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decir, jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Pero, hay más: la juventud el sector que menos salario percibe, que menor cobertura de seguridad social tiene, es la población que más incurre en la «informalidad»: subempleo, desempleo disfrazado.

Quisieron por décadas eliminar los derechos que mediante la lucha la clase obrera conquistó, ahora hablan con fuerza de despedir, tercerizar, reducir sueldos, recortar derechos laborales, en algunos casos dicen que se serán momentáneos, igual que en la educación y la eliminación de subsidios, la única salida que nos queda es levantarnos como en Octubre, o no tendremos futuro.

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Protestas en Ecuadorse fortalecen

Desde el martes 5 de mayo hasta el lunes 11 de mayo, en varios sectores del país, se realizaron plantones masivos en varias localidades del país en contra de las medidas antipopulares del régimen. Pese al estado de excepción y al aislamiento social, el descontento de la población provocó las movilizaciones por la defensa de los derechos.

Los despidos, el pago de la deuda externa, la falta de medicinas y alimentos, y

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ahora el recorte en el presupuesto de la educación básica, media y superior, así como las incontables denuncias de corrupción en contra de los funcionarios de hospitales e instituciones, ha derivado en esta situación que, en medio de la pandemia, pone en riesgo también la vida de los manifestantes.

El martes 5 de mayo se dio el primer plantón con distanciamiento social. En las afueras de la Universidad Central se concentraron profesores, trabajadores y estudiantes ante el anunciado recorte presupuestario en las universidades públicas del país. Después, un grupo de trabajadores se apostó en las afueras de la Asamblea Nacional. El viernes 8 de mayo, se realizó una jornada de protesta convocada por el FUT, para rechazar la política laboral del régimen, contra los despidos de trabajadores y en defensa de la Seguridad Social. En varias provincias se realizaron mítines y plantones.

El 11 de mayo se vivió una jornada nacional de protestas en contra de las

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políticas antipopulares del gobierno y del recorte del presupuesto de la educación. En esta jornada, estudiantes agremiados en la FEUE, la FESE, los gremios de docentes, empleados y trabajadores universitarios, la UNE, organizaciones de trabajadores autónomos, FUT, y varias organizaciones más salieron a las calles de ciudades como Quito, Guayaquil, Riobamba, Latacunga, Santo Domingo, Esmeraldas, Cuenca, Portoviejo, Ibarra entre otras, para defender el presupuesto de la educación pública, comida y medicina para el pueblo y en contra de la corrupción.

Estas movilizaciones han significado un nuevo momento de efervescencia social. Pese a las restricciones de movilidad, el pueblo se acerca a los lugares de concentración para brindar su apoyo a los manifestantes, porque la gente entiende que están defendiendo los derechos de todo un país. En redes sociales, existen muestras de apoyo para quienes exigen que no se recorte el presupuesto de su educación y que el

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gobierno resuelva la crisis sin cargarla en los hombros de los más pobres.El gobierno ha aprovechado estos momentos de emergencia nacional para imponer la política neoliberal de manera velada a través de la ley de ayuda humanitaria; ha insistido en la necesidad de reducir el gasto social, de disminuir los salarios de los servidores públicos, de obligar a la población a aportar para captar ingresos. Sin embargo, ha procurado no topar a los empresarios y banqueros, no ha recaudado lo que estos adeudan al país y, además, pretende darles más prebendas en el afán de sostener sus economías. Como si esto fuera poco, los casos de corrupción estallan a diario y, mientras que muchos luchan por sobrevivir sin comida ni trabajo, unos pocos hacen su agosto con los contratos estatales. El pueblo se ha cansado y nuevamente empieza a movilizarse para recordarle al gobierno que no pasarán sus intenciones.

Las consignas planteadas en las movilizaciones son “comida y medicinas,

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ya”, “moratoria de la deuda, ya”, “primero la vida”, “no más despidos”, “no al recorte del presupuesto”, y empieza a sonar con más fuerza “Fuera, Martínez, fuera”, por la forma nefasta y asesina con la que maneja las finanzas del país.

Las acciones de lucha para rechazar las medidas neoliberales seguirán incrementando si el gobierno continúa en la línea actual. Es responsabilidad absoluta de Moreno y su gabinete la vida de las personas que salen a diario a ganarse el pan y a defender el derecho a la salud, la educación y la alimentación

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Pese a las restricciones de movilidad, el pueblo se acerca a los lugares de concentración

para brindar su apoyo a los manifestantes, porque la gente entiende que están defendiendo

los derechos de todo un país.

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Condenamos intervencionismo

yanqui en Venezuela

La última provocación del imperialismo estadounidense en contra de Venezuela pasó en nuestro país prácticamente inadvertida, los grandes medios de comunicación apenas si informaron que “Nicolás Maduro aseguró haber neutralizado intento de incursión de mercenarios”, y nada más. Pero el suceso producido el pasado 3 de mayo en las costas venezolanas es sumamente grave, es un nuevo ejercicio de la derecha venezolana con el aval del

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gobierno de Donald Trump en el plan intervencionista que tienen trazado para el país caribeño.

Brevemente los hechos se sucedieron así. Lanchas motorizadas con hombres armados, entre los que se encontraban mercenarios estadounidenses, partieron de Colombia para desembarcar en la costa de la Guaira, a 30 km. de Caracas. La operación fracasó por la intervención de las FFAA venezolanas que neutralizaron y detuvieron a algunos de los participantes, entre ellos dos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman (ex miembros de las Fuerzas Especiales de EEUU), quienes reconocieron que su propósito era generar caos en la población, detener a funcionarios del gobierno venezolano y llevar a Nicolás Maduro a EEUU.

¿Quién organizó la operación? Por declaraciones de los detenidos, el plan se cocinó entre gente de total confianza de Juan Guaidó con Jordan Goudrean, propietario de la empresa yanqui

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de seguridad Silvecorp. Goudrean, también un ex boina verde que durante los 15 años que estuvo en el ejército, fue enviado en dos ocasiones a Irak y Afganistán. Este admitió en un video publicado en redes sociales ser uno de los líderes del grupo de intervención.

El trabajo de la derecha venezolana con Silvercorp data de hace al menos dos años atrás. Mantenían un contrato que establecía el costo de la operación en 212 millones de dólares, que sería pagado por Guaidó “con el dinero de las futuras exportaciones de petróleo venezolano”. No solo los mercenarios detenidos aseguraron la existencia de ese contrato, lo hizo también Juan José Rendón, alto comisionado y estratega de Guaidó, en una entrevista con el periodista de la CNN Fernando Rincón. Rendón reconoció que su firma está en cada una de las hojas del contrato, pero dijo “no saber” cómo apareció también la firma de Guaidó en alguna de esas hojas. Dijo también que no había acuerdo en la operación del 3 de mayo y que

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“Silvercorp lo hizo por decisión propia”. ¡Quién puede tragarse semejante rueda de molino!

Tampoco puede creerse que en la Casa Blanca desconocían de esta operación, como lo han señalado Donald Trump y Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. La derecha venezolana trabaja en íntima relación con el Pentágono, actúa en correspondencia con los plantes intervencionistas del imperialismo. No debe perderse de vista que esta operación fallida se produce pocas semanas después de que EEUU, a pretexto del combate antidrogas, movilizó buques militares cerca de las costas venezolanas, no solo como un acto de provocación o amedrentamiento, sino para alentar la acción de la derecha y para una rápida intervención de considerarlo del caso.

Mientras en el mundo la atención general está centrada en los efectos de la pandemia, en la pérdida de millones de empleos por la crisis económica, el

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imperialismo no pierde la ocasión para continuar sus ataques a los pueblos. Lo hace contra Venezuela, al igual que contra Cuba (su embajada en EEUU fue abaleada y se ha lanzado una campaña de desprestigio a los médicos cubanos que asisten en varios países), ha enviado buques de asalto al Golfo Pérsico, en lo que el jefe militar iraní, Hosein Salmí, ha calificado como “una guerra psicológica (y están) tratando de combinarla son las sanciones y presiones económicas”.

Como lo hemos señalado en muchas otras ocasiones, condenamos el intervencionismo yanqui en Venezuela y levantamos nuestra solidaridad con los trabajadores y pueblo de esa hermana república, y con todos los pueblos que son víctimas de la agresión de cualquier potencia imperialista.

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“Hoy, el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.”

“Hoy, el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.”

5 de Mayo202 años del nacimiento de Carlos Marx