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1 En el año de conmemoración del Bicentenario del inicio de la Independencia Nacional; y, del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana resulta necesario reflexionar sobre el carácter definitorio y formativo que ha tenido, en el proceso histórico de la Nación, la distribución social de su territorio. La distribución de la tierra, amplio y abarcante concepto, que ha incluido históricamente no solo la superficie de labor, sino pastizales, montes, selvas, bosques, humedales, desiertos, minas a cielo abierto y, en general toda la rica, variada y dispersa superficie de nuestro país. A partir del siglo XVI se han producido 3 grandes procesos de distribución de la tierra. El primero como consecuencia de la conquista, del movimiento de apropiación y expropiación que ésta significó. Colocó en manos de la corona española todo el territorio de lo que sería la Nueva España. Dice nuestro Maestro y Primer Presidente de este Tribunal Sergio García Ramírez: “Con la cruz y con la espada, aquélla como justificación de ésta, llegaron al Nuevo Mundo novedades numerosas: señores insospechados y soberbios, que relevaron a los
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En el año de conmemoración del Bicentenario del inicio de la
Independencia Nacional; y, del Centenario del inicio de la
Revolución Mexicana resulta necesario reflexionar sobre el carácter
definitorio y formativo que ha tenido, en el proceso histórico de la
Nación, la distribución social de su territorio. La distribución de la
tierra, amplio y abarcante concepto, que ha incluido históricamente
no solo la superficie de labor, sino pastizales, montes, selvas,
bosques, humedales, desiertos, minas a cielo abierto y, en general
toda la rica, variada y dispersa superficie de nuestro país.
A partir del siglo XVI se han producido 3 grandes procesos de
distribución de la tierra.
El primero como consecuencia de la conquista, del movimiento de
apropiación y expropiación que ésta significó. Colocó en manos de
la corona española todo el territorio de lo que sería la Nueva
España.
Dice nuestro Maestro y Primer Presidente de este Tribunal Sergio
García Ramírez: “Con la cruz y con la espada, aquélla como
justificación de ésta, llegaron al Nuevo Mundo novedades
numerosas: señores insospechados y soberbios, que relevaron a los
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gobernantes originales; un sistema diferente para el dominio y la
explotación de la tierra, generosamente distribuida entre los
hombres de armadura y aventura, a los que también se obsequió la
fuerza de trabajo de sus habitantes; héroes y creencias alojados en
la sede de los tradicionales adoratorios y difundidos en la
imaginación y la conciencia de los vasallos; promesas y amenazas
para esta vida, tan acosada, y para la otra, tan ofrecida: todo para
servicio del dominante y disciplina del dominado”. 1
Bulas papales y leyes de indias crearon la territorialidad
novohispana. Mercedes reales, encomiendas, caballerías y peonías,
de una parte, pueblos y comunidades por otra. Se estableció la
división social: República de españoles y República de indios, en
medio la franja de criollos, algunos mestizos privilegiados. Sobre
ese basamento se creó el sincretismo cultural, presidido por
palacios y catedrales churriguerescas.
La independencia tuvo en sus divisas el modificar la enorme
concentración del dominio territorial, puesto en manos del clero,
las corporaciones religiosas y grandes heredades, denunciada y
combatida por preclaros insurgentes, como el debatido Morelos
“Deben (…) inutilizarse todas las haciendas grandes –señaló el
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Siervo de la Nación-, cuyos terrenos laboríos pasen de dos leguas
cuando mucho, porque el beneficio positivo de la agricultura
consiste en que muchos se dediquen con separación a beneficiar un
corto terreno que puedan asistir con su trabajo e industria y no en
que un solo particular tenga mucha extensión de tierra infructífera,
esclavizando millares de gentes para que las cultiven por fuerza en
la clase e gañanes o esclavos, cuando pueden hacerlo como
propietarios de terreno limitado con libertad y beneficio suyo y del
público”. 2 (Cit. Esqivel Obregón, Toribio, Apuntes para la historia
del Derecho en México, Ed. Porrúa, México, 1984. t. II, p. 690).
Los indígenas, campesinos, pequeños propietarios, rancheros,
artesanos rurales, es decir el pueblo que luchó por la
independencia no la consumó. Por eso la divisa de regresar la
tierra a sus titulares originales, o a quienes se dedicaban a su
cultivo, quedó en el baúl de las cosas perdidas de la historia. Con la
independencia, “los campesinos quedaron bien dotados de miserias
y uncidos al mismo trabajo que los había mantenido ocupados”. 3
(García Ramírez. Pág. 5).
La reforma liberal abrió paso al segundo proceso de redistribución
de la propiedad, teniendo como objetivo la desamortización de
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bienes en manos muertas. Buscando la libre circulación de gran
parte de la propiedad de la tierra, para lograr su uso productivo.
Este proceso tuvo su fundamento en la ideología liberal, que
buscaba la reconstrucción jurídica y política con beneficios sociales,
como su rezago distintivo. El liberalismo mexicano de mitad del
siglo XIX, fue social, laico y republicano. Ponciano Arriaga
representó su expresión más alta y aún resuena su famoso voto
particular en el constituyente de 1857, al criticar la “monstruosa
división de la propiedad territorial –Mientras que pocos individuos
están en posesión de inmensos e incultos terrenos… un pueblo
numeroso, crecida mayoría de ciudadanos gime en la más horrenda
pobreza-“. (4)
Todos conocemos el resultado desastroso de aplicación de las Leyes
de Reforma, particularmente en el último tercio del siglo XIX. Dio
paso a un amplio proceso de despojo a pueblos y comunidades
indígenas, ampliamente documentado y que estuvo asociado al
impulso de vinculación de nuestro país al mercado mundial, al que
proveía de alimentos y materias primas de origen agrícola y minero.
Para ser competitivo se tradujo en mayor miseria y atraso para el
campo.
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Por eso los viejos ideales provenientes de la lucha de
independencia, vivos y soterrados en la conciencia social del
México profundo, pusieron en el centro de sus aspiraciones la lucha
por la recuperación de las tierras.
Así se dibujó el rostro del México rural de las Haciendas y los
peones acasillados, al concluir el siglo XIX.
La concentración de la tierra fue concentración del ingreso. Un
reducido grupo de mexicanos vinculados a intereses trasnacionales
disponían de la riqueza, por no decir del país.
El régimen Porfiriano que intentó, en un pragmatismo político
integrar un régimen liberal-conservador produjo un crecimiento
económico concentrado, excluyente y una falsa estabilidad política.
Su crisis fue múltiple e insoluble. Afectó, con intensidad variada,
los espacios político, económico, social, diplomático e incluso
cultural. Pero no fue sino cuando la cuestión agraria se puso en el
centro de la crítica y la acción social que se abrieron las grandes
compuertas por las que discurrió el andar armado de los
campesinos pobres y sin tierras.
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Los planes políticos se multiplicaron, desde el primigenio de San
Luis, surgido de la convocatoria de Camilo Arriaga (hijo de Ponciano
Arriaga) y en el que participaron los hermanos Flores Magón, hasta
el de Guadalupe de Venustiano Carranza. El debate nacional
iniciado por intelectuales de la talla de Andrés Molina Enríquez o
Luis Cabrera sintetizaron, en la base de los problemas nacionales,
el agrario. Al lado de ellos, en 1906 los popolucas de la sierra del
sur de Veracruz significaron la primera insurrección campesina del
siglo, antecedente del aluvión que se desencadenó a partir de 1910.
Ya es clásico decir que un pueblo sin tierra y sin libertad hizo la
revolución mexicana. Su carácter campesino la sitúa política y
socialmente como paradigma de la revolución agraria del siglo XX, a
nivel mundial.
Por ello la síntesis reformadora institucional que fue el Congreso
Constituyente de 1916-17 colocó al artículo 27 como síntesis de
esas aspiraciones.
Numerosos tratadistas han abordado el horizonte de la norma
constitucional, propiedad originaria de la nación de tierras y aguas,
fraccionamiento de latifundios y limitación de la pequeña
propiedad.
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Su producto más importante fue la reforma agraria en su dimensión
de redistribución de la propiedad de la tierra que posibilitó,
igualmente, la redistribución del ingreso. Dio lugar a la constitución
del mercado interno en la doble vía de generar una oferta de
alimentos y de materias primas, de origen rural, sobre los cuales se
desarrolló el proceso de industrialización; por otro lado, la
ampliación de la demanda interna, por la concurrencia, como
consumidores, de amplias capas de campesinos beneficiados por la
reforma agraria.
De esta manera el reparto de tierras sirvió de base para las
transformaciones estructurales de la economía, la sociedad, la
política y la cultura del país. Situación que es en muchas ocasiones
ignorada, desconocida, cuando no francamente denostada. Hoy
existen voces que niegan la existencia de la Revolución Mexicana,
otras que reducen sus efectos sociales y otras más, que establecen
categóricamente a la reforma agraria como un proceso fallido.
Si bien es cierto que no se sostuvieron en el tiempo los efectos de
redistribución del ingreso, hacia los campesinos del país,
especialmente los beneficiarios de la propiedad social, no es menos
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cierto que ello fue producto de un desequilibrio permanente de
precios entre los bienes del campo y los de la ciudad, en beneficio
de ésta última, lo cual produjo un segundo efecto de
empobrecimiento en el campo.
En los últimos años se abandonaron las políticas de subsidio,
crédito, asistencia técnica, abasto, apoyo a la comercialización de
productos agrícolas, todo lo cual ha abonado en profundizar la crisis
productiva del sector rural.
Las reformas jurídicas de 1992, que pretendieron constituir un
mercado de tierras para permitir la elevación de la producción y la
productividad rurales, a 18 años de haberse aprobado no han
tenido, por sí solas, eficacia para elevarlas.
Por todo ello la revaloración que se haga de la Revolución
Mexicana, la reforma agraria y el agotamiento de su modelo debe
conllevar propuestas que permitan establecer alternativas de
reformas jurídicas y de políticas públicas en beneficio del campo
mexicano.
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La Reforma Agraria ha sido un proceso social profundo y complejo
estrechamente vinculado con la formación del Estado mexicano
moderno. En su primera etapa (1910-1992) reconoció y tituló o
dotó de tierras a comunidades y a ejidos, como lo establecía el
Artículo 27 de la Constitución. El reparto agrario sumó alrededor
de 104 millones de hectáreas, poco más de la mitad del territorio
nacional. Lo prolongado de esta primera etapa de la Reforma
Agraria, si bien permitió un reacomodo suave del balance del poder
y el surgimiento pacífico de un México industrial y urbano, enfrentó
obstáculos estructurales que fueron creciendo a lo largo del
tiempo.
La reforma agraria contribuyó al proceso de integración nacional;
por eso se dio como proclama política el reparto agrario que
pretendía redistribuir la tierra, modificar el rumbo de la producción
y la redistribución de la riqueza.
De esta manera, a partir de profundas transformaciones del sector
rural, se fueron consolidando los elementos estructurales sobre los
cuales se configuró un nuevo modelo económico basado en la
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industrialización por sustitución de importaciones, que duró desde
mediados de los años cuarenta hasta finales de los sesenta.
A partir de la segunda mitad de los años sesenta, los intercambios
económicos fueron intensos y poco equilibrados entre los sectores
de la economía; a diferencia de aquella etapa de auge en que los
ingresos fiscales provenientes del sector agrícola eran menores que
el gasto público destinado al desarrollo rural, la banca privada
ahora captaba más recursos de la agricultura que los que devolvía
al campo por la vía del crédito y, por su parte, la industria no
generaba empleos suficientes para absorber la mano de obra
excedente en el medio rural. En ese momento se reorientaron los
objetivos de las políticas agrícolas, definiéndose como prioridad la
oferta de alimentos abundantes y baratos para ayudar a los
consumidores pobres y para apoyar los procesos de urbanización e
industrialización. Pero las políticas de fomento no eran
congruentes, la industria continuaba protegida de la competencia
externa, el campo veía incrementos reales en los precios de los
insumos y consecuentemente en los costos de producción, la única
política consistente en materia agraria seguía siendo el reparto de
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tierras. Comenzó entonces la descapitalización del campo
mexicano.
En los años setenta comenzó a notarse un estancamiento de la tasa
de crecimiento de la agricultura; al finalizar la década, frente a una
tremenda explosión demográfica, un modelo económico basado en
el precio del petróleo crudo y un creciente endeudamiento externo,
el crecimiento del sector agropecuario se fue en picada y comenzó
una de las peores crisis de la agricultura en México; la crisis
alimentaria se prolonga por mucho tiempo. Hasta nuestros días no
ha podido ser superada.
Una de las reformas de mayor trascendencia a principios de los
años noventa fue la reforma al Artículo 27 constitucional. Esta tuvo
como propósito fundamental establecer el marco jurídico suficiente
para propiciar las condiciones mínimas necesarias que favorecieran
el desarrollo rural, que posibilitaran la capitalización del campo y
que permitieran asegurar el abasto alimenticio de la población, ya
sea mediante la generación de productos para el consumo o de
productos como bienes de intercambio que mejoraran la balanza
agropecuaria. Los elementos que apostaban a estas condiciones
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suficientes fueron plasmados en el marco legal agrario vigente a
partir de 1992.
La creación de los tribunales agrarios resultado de estas reformas
dio respuesta a la vieja aspiración campesina de crear tribunales
especializados en la materia. Su jurisdicción y competencia se han
legitimado en el México rural y ha sido condición indispensable
para la conservación de la paz social en nuestro campo. La
resolución de los diferendos y controversias, colectivos e
individuales en el marco de la Ley ha significado, también, en un
número importante de casos dar seguridad jurídica a la tenencia de
la tierra y oportunidad para el desarrollo productivo.
A continuación informo el desarrollo de las actividades de los
tribunales en el año 2009.
INFORME JURISDICCIONAL
Informe Anual de los Tribunales Agrarios 2009
Durante el año 2009 se radicaron como competencia del Tribunal
Superior Agrario 707. 564 correspondieron a Recursos de Revisión.
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Incluyendo asuntos del año anterior se resolvieron 605 de la
siguiente manera: 60 confirman, 63 revocados, 8 modificaron, 451
improcedencias, 17 sin materia, 2 no admitidos, 4 desistimientos.
En cuanto a la competencia transitoria se recibieron 10
expedientes, y se resolvieron 11, pues se incluyó 1 de años
anteriores.
Por otro lado, se ordenó la ejecución y cumplimiento de 25
sentencias, para beneficiar a 1,080 campesinos, habiéndose
entregado más de 31, 325-54-70 has.
Fueron admitidos 9 incidentes de los cuales 3 están relacionados
con juicios agrarios y 6 con recursos de revisión.
En el mismo período, se recibieron 55 excitativas de justicia, las
cuales fueron radicadas en su totalidad.
Así mismo, respecto a expedientes con sentencia aprobada, fueron
recibidas 762 promociones, de las cuales fueron elaborados la
misma cantidad de oficios de respuesta.
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Durante el año 2009, se recibieron un total de 27,527 folios, de los
cuales, 23,706 fueron de correspondencia en general, 3,081
relativos a promociones, y 740 despachos.
Genéricamente, en el periodo enero-diciembre 2009 se aprobaron
por el Pleno un total de 937 resoluciones. Todos los engroses se
concluyeron.
Además de 33 acuerdos de aprobación de actas de ejecución y 123
acuerdos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
AMPAROS.
En cuanto a demandas de amparo contra resoluciones del Tribunal
Superior Agrario se interpusieron 639, de ellas 419 en amparo
directo y 220 fueron de amparo indirecto.
De los amparos directos se resolvieron 98 de la siguiente manera:
concedidos 10, negados 53, sobreseídos 8, desechados 12 y 15 de
incompetencia.
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De los amparos indirectos se resolvieron 104 de la siguiente
manera: concedidos 21, negados 8, sobreseídos 73, desechados 2 y
ninguna incompetencia.
TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.
En los 49 tribunales unitarios agrarios se radicaron 47,883
expedientes que sumados a los 33,996 que se encontraban en
trámite al 31 de diciembre de 2008, dan un total de 81,879 asuntos.
De los anteriores se resolvieron 44,849 asuntos, que corresponde al
54.77% del total, lo que refleja un alto grado de eficacia y eficiencia
del personal de los tribunales agrarios.
En cuanto a las demandas contra las resoluciones de los tribunales
unitarios agrarios se presentaron 4,618 amparos directos. se
resolvieron 1,470, de la siguiente manera: 496 concedidos, 662
negados, 99 sobreseídos, 117 desechados y 96 incompetencias.
En cuanto a las demandas contra las resoluciones de los tribunales
unitarios agrarios se presentaron 2,794 amparos indirectos. se
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resolvieron 1,080 de la siguiente manera: 300 concedidos, 140
negados, 579 sobreseídos, 28 desechados y 33 incompetencias.
Se llevaron a cabo 162 jornadas de itinerancia en beneficio de 1,467
poblados de 596 municipios, que representan el 24.5% del total
nacional, con la atención de 8,868 asuntos.
CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA AGRARIA
Se aprobó por el Fondo Jurica, constituido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el proyecto denominado “Elaboración de un
Estudio de Evaluación y Diseño de los Medios de Difusión de la
Justicia Agraria en México”, que permitirá una mejor comunicación
con los campesinos de México.
El CEJA, a través de la Subdirección de Capacitación, realizó un total
de 13 cursos en materia jurisdiccional y administrativa,
beneficiando a 517 servidores públicos, haciéndolo, en uno de los
cursos, por medio de la Internet desde el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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Este Centro de Estudios, durante el 2009 se encargó de renovar el
Sitio Web de los Tribunales Agrarios para hacerlo más funcional y
con una mejor imagen.
Se instaló el Mural Agrario Electrónico y “banners” informativos
para los campesinos en el edificio principal del Tribunal.
También se redefinió y continuó la publicación regular de la Gaceta
Interna: “La Semilla”; la Revista de los Tribunales Agrarios y los
Murales.
Se publicó la “Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios de la
Justicia en México”, elaborada por la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia (AMIJ).
RECURSOS HUMANOS
Se cuenta con una plantilla laboral que asciende a 1,522 plazas, de
las cuales 851 son ocupadas por mujeres y 671 por hombres. Con
relación a la función, se cubrieron 1,267 plazas jurisdiccionales y
255 administrativas.
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RECURSOS FINANCIEROS
El presupuesto ejercido por la Oficialía Mayor fue de 926,048,766
millones de pesos. En servicios personales se erogaron
542,433,671 millones de pesos; en inversión física se ejercieron
57,625,052 millones de pesos y para servicios generales
282,351,043 millones de pesos.
RECURSOS MATERIALES
Para la adquisición de diversos bienes y servicios se realizaron 15
licitaciones públicas nacionales e internacionales, 3 procedimientos
de invitación, generándose además 150 pedidos y 164 compras
directas.
Respecto de la construcción de las instalaciones de diversos
tribunales unitarios agrarios, en lo correspondiente al dto. 7 con
sede en Durango, Dgo., mediante licitación pública y
posteriormente a través de adjudicación directa se llevó a cabo la
ejecución de la obra, cuya inauguración se llevó a cabo el pasado 10
de marzo del presente año.
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Así también el pasado 16 de enero se dio por iniciada la
construcción del edificio del TUA 31, con sede en la cuidad de
Xalapa, Ver.
AUDITORÍA
En cumplimiento a los programas trimestrales de auditoría para el
año 2009, se realizaron 49 auditorías administrativas en los
tribunales unitarios agrarios. Así como en la Dirección General de
Recursos Humanos; Dirección General de Recursos Materiales y
Dirección General de Recursos Financieros.
Se participó en 20 cambios de magistrados de tribunales unitarios
agrarios, y en 6 de jefes de unidad administrativa, 1 cambio de sede
de tribunales unitarios agrarios. También se intervino en 4 cambios
de servidores públicos de áreas del Tribunal Superior Agrario.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
En el periodo que se reporta, la Unidad de enlace para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
recibió un total de 42 solicitudes de acceso a la información. De los
cuales 36 solicitudes se han recibido vía correo electrónico y 6 por
oficialía de partes.
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De las 42 solicitudes de acceso a la información, 18 han sido
contestadas procedentes, 17 de ellas se han orientado o canalizado
a otras dependencias públicas, 7 han sido negadas por ser
información de carácter reservado y confidencial.
Solicitudes recibidas vía internet (36) y por oficialía de partes (6)
haciendo un total de 42.
Como logros importantes a destacar resulta obligado señalar que,
no obstante la restricción presupuestal y la falta de sensibilidad de
la dependencia responsable de las cuestiones presupuestales, en
un esfuerzo colectivo de los Tribunales Agrarios y con la
extraordinaria visión del Gobernador Constitucional del Estado de
Durango Ismael Hernández Deras, que de manera desinteresada
donó un terreno en la capital de ese Estado, se logró la
construcción del primer Tribunal Unitario Agrario propio. Esta
construcción se realizó con un modelo de Tribunal “tipo”. Este,
además de estar diseñado con espacios útiles y adecuados para las
funciones propias de la materia agraria, cuenta con instalaciones de
primer nivel, vanguardistas y cómodas, que dignifican a nuestros
servidores públicos y a los justiciables.
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Del mismo modo y gracias a la donación del terreno por parte del
Sr. Gobernador del Estado de Veracruz, nuestro amigo Fidel
Herrera Beltrán, se inició la construcción del Tribunal Unitario
Agrario del Distrito 31, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, con las
mismas características señaladas; el que próximamente será
concluido.
Lo anterior pone de manifiesto que la voluntad, la congruencia y el
apoyo colectivo, superan con creces las trabas presupuestales y la
falta de visión de algunas dependencias, respecto de nuestro
campo mexicano, siendo pertinente destacar que la inauguración
del Tribunal del Distrito 7, cuya sala de audiencias lleva por nombre
Guadalupe Victoria, se presenta en una fecha muy significativa,
dado que se verifica, precisamente, en el año del “BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA y CENTENARIO DE LA REVOLUCION
MEXICANA”, y con este edificio propio, damos un paso muy
importante para dar cumplimiento al reclamo justo y visionario
plasmado por Emiliano Zapata, en la cláusula sexta del Plan de
Ayala de 1911.
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Aunado a lo anterior, resulta indispensable señalar que esta nueva
etapa, de edificios propios de los Tribunales Agrarios, va a
trascender en beneficio de muchos. Al liberarse este Órgano
Jurisdiccional de fuertes erogaciones consistentes en la renta del
inmueble, adecuación y ampliación; nos va a permitir que esos
recursos sean orientados para la mejor atención de los justiciables;
lo que resulta relevante en esta época de crisis, recortes
presupuestales y abandono de nuestros campesinos.
Agradecemos a diversos Ayuntamiento del país y otras
dependencias, la generosa donación de terrenos para estos fines.
Otro logro importante a destacar, lo constituyen las “Jornadas de
Actualización Jurisprudencial en Materia Agraria”, las que tuvieron
verificativo los días 27, 28 y 29 de enero pasado; se realizaron
gracias a la visión y sensibilidad del Ministrito Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lic. Guillermo Ortíz
Mayagoitia, a su Secretario Ejecutivo Jurídico y a su Director
General de Difusión.
Jornadas que contaron con mesas de trabajo, integradas en su
mayoría por personal tanto del Poder Judicial Federal, como de los
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Tribunales Agrarios, y que resultaron sumamente relevantes, ya
que contrario a lo que muchos piensan quedó acreditado que el
derecho agrario se encuentra más vigente que nunca, y como
muestra de ello, podemos señalar que se impuso un récord en el
seguimiento de las mismas, puesto que en edificio sede del más
alto Tribunal de la Nación acudieron 900 personas y la transmisión
realizada a toda la República Mexicana, a través de sus 42 Casas de
la Cultura Jurídica, fue presenciada por 1098 personas.
Debiéndose destacar que presenciaron dicho evento tanto
servidores públicos de los Tribunales Agrarios, del Poder Judicial
Federal, del Congreso de la Unión, de la Secretaría de la Reforma
Agraria, de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional,
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la
Defensoría Federal de Oficio, de la Procuraduría General de la
República, de diversos Gobiernos Estatales y Municipales; por
profesionistas integrantes del múltiples Colegios y asociaciones; de
profesores universitarios de diversas casas de estudios, estudiantes
y lo más importante por campesinos de todo el país.
Honorable Pleno, distinguidas y distinguidos invitados:
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Ya hemos insistido en que no todos los propósitos de la reforma de
92 se han cumplido, o no se han cumplido cabalmente en beneficio
de los campesinos.
Ya he señalado con anterioridad que en los últimos 15 años han
accedido a tierras ejidales y comunales más de dos millones de
nuevos titulares, tanto regulares como irregulares lo que ha
mantenido un margen de inseguridad a la seguridad jurídica en la
tenencia de la tierra ejidal o comunal. El tamaño promedio de las
parcelas disminuyó de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto. Disminuyó el
grado de tecnificación de los núcleos agrarios.
Si bien aumentó la superficie irrigada, en el mismo período de 15
años, disminuyó la superficie de labor y sembrada.
Lo más significativo es el dinamismo que ha adquirido el mercado
de tierras ejidales y comunales. Si bien predominan las
transacciones entre miembros de los propios núcleos, una
proporción importante (33%) se realiza con personas ajenas a los
mismos.
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Para un tribunal de justicia social no deja de ser imperativo el hacer
los señalamientos que afectan, de carácter general, a los núcleos
agrarios, como lo hemos insistido reiteradamente. La falta de
infraestructura, apoyo técnico, sistemas eficientes de
comercialización de la producción agropecuaria, asesoría real para
los procesos de venta de tierras, así como el sistema de precios de
garantía, abasto y acopio se hacen imprescindibles.
En los últimos años hemos ingresado al umbral de un nuevo ciclo
social del México rural, que de respuesta a temas emergentes que
gravitan en el escenario mundial, nacional y local como son los
relativos a la sustentabilidad del desarrollo.
Los tribunales agrarios se han propuesto dar respuesta a estos
temas asumiendo un interés hacia los temas vinculados a esta
nueva problemática y en particular los relacionados con el cambio
climático, la conservación de la biodiversidad biológica y la
seguridad alimentaria. Se ha informado de los esfuerzos para
generar en la jurisdicción agraria una nueva conciencia sobre los
aspectos ambientales, lo cual se ha traducido en la presencia
gradual de planteamientos de políticas públicas surgidos desde esta
instancia hacia los ámbitos nacional e incluso internacional.
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No ignoramos que para muchos sectores los principios de
protección ambiental y desarrollo sustentable se consideran una
restricción al desarrollo económico y social. Por ello deben
encontrarse fórmulas que concilien paradigmas en aras de lograr un
equilibrio en beneficio del bien superior de la sustentabilidad.
Es un lugar común señalar que las crisis son también espacios de
oportunidades. Tenemos que buscar los espacios para transformar
la vulnerabilidad ambiental en formas de aprovechamiento de la
tierra y sus recursos para generar medidas de mitigación,
adaptación y real desarrollo.
El mundo confronta hoy, en el amplio marco de una crisis
económica, una triple dimensión de problemas: la crisis energética,
la crisis alimentaria y la crisis ambiental profundamente vinculadas
y que reclaman respuestas institucionales para enfrentarlas. Las
políticas públicas al respecto, la oferta institucional del Estado y los
recursos presupuestales orientados en ese sentido son condición
necesaria, pero no suficiente, para garantizar la disposición del
ciudadano, de los núcleos agrarios y de la sociedad, para hacerlos
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exigibles. Solo la jurisdiccionalización de los derechos económicos,
sociales y ambientales puede garantizar su adecuada satisfacción.
El derecho a la alimentación y el reclamo por la soberanía
alimentaria son una exigencia cotidiana de los hombres del campo,
y de la sociedad en su conjunto. Las políticas públicas que se
requieren implican un amplio abanico que contempla medidas
destinadas a diversas formas a los productores: subsidios, créditos,
asistencia técnica, semillas mejoradas, pero además y en respuesta
a una extendida demanda social política de abasto, de acopio y de
precios de garantía. Estos son entre otros, algunos instrumentos
que permitirán romper el círculo de hierro de la improductividad, la
pobreza, la marginación de más franjas sociales de los campesinos
mexicanos.
Pero al mismo tiempo se requieren las reformas legales que
signifiquen el aprovechamiento productivo de la tierra y den
oportunidad a demandar los apoyos necesarios para hacerlo
posible.
La jurisdiccionalización del desarrollo sustentable es una práctica
extendida internacionalmente, que de manera embrionaria y
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formativa han asumido los tribunales agrarios, respondiendo a las
demandas de núcleos y derechosos en lo individual, reclamando la
reparación de daños a sus tierras, bosques, selvas o aguas. Hemos
sido innovadores en la redefinición de las fronteras de nuestra
jurisdicción, convencidos de lo legítimo de nuestro quehacer
institucional como lo ha confirmado el Poder Judicial de la
Federación.
La idea de los tribunales agroambientales no es nueva en nuestro
medio. Su maduración institucional ha venido forjándose con
talento, creatividad y estricto apego a derecho por un significativo
núcleo de Magistrados de los tribunales unitarios agrarios y del
Pleno del Tribunal Superior Agrario.
Tenemos que seguir ampliando esta perspectiva. Responder a la
demanda social conscientes de que los actores de la nueva
ruralidad tramitan sus conflictos recurriendo cada vez más a los
tribunales.
No ignoramos que la aplicación de la Ley puede ser motivo de
controversia. Así lo prevé nuestro sistema de control
constitucional. Pero estamos convencidos, también, de que solo un
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proceder encuadrado en la correcta aplicación de los principios
dará satisfacción y legitimidad al quehacer institucional. La
obligación de los tribunales agrarios, de los Magistrados y los
funcionarios judiciales es proporcionar la impartición de justicia
imparcial, donde las partes pueden solucionar sus disputas bajo
normas legales validas.
La jurisdiccionalización de los derechos sociales, culturales y
ambientales es el nuevo reto que se presenta a la administración de
la justicia en el siglo XXI. Ante el significativo avance en la
conciencia colectiva por establecer estos derechos, en particular los
referidos a un medio ambiente sano y a la sustentabilidad del
desarrollo se hace imperativo responder con la exigibilidad para el
ciudadano y la sociedad, de la prevalencia de estos derechos.
NOTAS:
1.- García Ramírez, Sergio “Establecimiento y horizonte de la Jurisdicción Agraria en México” en: 15 años de los Tribunales Agrarios. Tribunal Superior Agrario. México 2007. Pág. 17. 2.- Esquivel Obregón, Toribio, Apuntes para la Historia del Derecho en México. Editorial Porrúa, México, 1984. t. II, P. 690.
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3.- García Ramírez, Sergio. Ob. Sit. Pág. 19. 4.- Arriaga, Ponciano, Voto Particular sobre el derecho de propiedad regulado en el proyecto de Constitución de 1856, en Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones. XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. México. 1967. P. 589.
