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JUVENTUD PUEBLOS ORIGINARIOS 10 CTA // NOVIEMBRE-DICIEMBRE >> 2013 L a consolidación del modelo actual encuentra su signifi- cación y aplicación prác- tica, en la cadencia neoliberal de los noventa, es parte de un mismo proceso, pero afinado al punto de determinarnos como naciones puramente extractivistas, expor- tadoras de materia prima, agro- mineras fundamentalmente. Acciones directas de defensa del territorio, recuperación de hectáreas en manos de privados, movilización e incidencia en la reforma del Código Civil, fallos judiciales favorables y una masiva cumbre indígena. Algunos de los pasos adelante en la organización de los pueblos originarios durante 2013. Claro que también existie- ron –para con las comunidades indígenas– desalojos, violación de derechos y acciones violentas, pero la persistente y desigual lucha de los pueblos originarios motivan a un breve recorrido por algunos de los pasos adelante que invitan a seguir caminando. Justicia “El contrato de compraventa de los inmuebles pertenecientes a la comunidad indígena Moqoit o Mocovi es inconstitucional y nulo en todas sus partes, por lo que entendemos de estricta justicia mandar a que la empresa Bajo Hondo Agropecuaria restituya los inmuebles a las comunidades de pueblos originarios en el término perentorio de quince días y a los fines de una plena restitución de derechos vulnerados”, señaló un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de Roque Sáenz Peña (Chaco) y ordenó que una empresa de agronegocios devuelva 5000 hectáreas al Pue- blo Moqoit. El conf licto había comenzado en 2011, cuando la empresa Bajo Hondo S.A. se instaló en 5000 hec- táreas del paraje Raíz Chaqueña, territorio de la comunidad Lpa A Na Moqoit. El caso llegó a tribuna- les y en primera instancia dio la razón a la empresa. El Pueblo Moqoit apeló. Y la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Roque Sáenz Peña (Chaco) emitió un falló total- mente opuesto a la primera ins- tancia. Los jueces de Cámara remarca- ron la vigencia y operatividad del artículo 75 (inciso 17) de la Consti- tución Nacional. Y el fallo abordó un punto imprescindible en las demandas de los pueblos indíge- nas, en base al Convenio 169 de la OIT. “Se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrati- vas y legislativas que los afecten. Los Estados tienen el deber de con- sultar con los pueblos indígenas cualquier medida que los afecte”. Poco común, la empresa cumplió el fallo y se retiró del lugar. En la otra punta del país, el Gobierno Nacional y los provincia- les se embarcaron en 2012 en avanzar con el corrimiento de frontera petrolera, incluso con la técnica de fracking (fractura hidráulica). Se trata de una forma diferente de explotar hidrocarbu- ros, ya no con una perforación ver- tical y el brote de petróleo. Sino con una perforación vertical, pero también horizontal (a profundi- dad) y la inyección de agua y quí- micos a presión que rompen la roca contendedora de hidrocarburo. Luego se extrae el petróleo y gas por retrobombeo. Ese nuevo avance extractivo tuvo su primer revés judicial. Se trata del pozo de fracking de YPF conocido como “La Greta”, a 15 kilómetros de Río Mayo (Chubut). Se trata de una medida cautelar presentada por la abogada Silvia de los Santos en representación de Marcelino Pintihueque, inte- grante de la comunidad Comarca Chubut. La comunidad mapuche hizo hincapié en la falta de con- sulta al mundo indígena, la falta de audiencia pública (como esta- blece la normativa argentina) y la preservación del agua. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia hizo lugar, en junio, al pedido de suspender la actividad petrolera en base a dos aspectos: el derecho indígena (la comunidad no fue consultada) y el derecho ambiental (ante la incertidumbre de afectación del ambiente o la salud, la Ley General del Ambiente establece que es imprescindible tomar medidas precautorias). YPF apeló la medida. Y, en no- viembre, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut mantuvo el pedido de suspensión de activi- dades. Cuando el derecho indígena se aplica, el extractivismo frena. Código Civil El 27 de marzo de 2012, la presi- denta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentaron el anteproyecto de reforma del Código Civil (normas que regulan las relaciones civiles de las perso- nas físicas y jurídicas). El proyecto aborda la propiedad comunitaria indígena y las personerías jurídi- cas. Fue presentado como un avance en materia de derechos indígenas. Al mes de presentado, cuando el proyecto ya había circulado entre las organizaciones indígenas, el Consejo Plurinacional Indígena hizo su primera declaración pública. “La propiedad comunita- ria indígena no puede quedar encorsetada en un Código Civil y debe ser reglamentada en una ley especial, como lo prometió la Pre- sidenta en el marco de los festejos del Bicentenario. Los derechos constitucionales ganados en déca- das de lucha no pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”. Las críticas contaron con el apoyo de Centro de Estudios Lega- les y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Dere- chos Humanos (APDH), el Servi- cio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asociación de Abogados de Dere- cho Indígena (AADI), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), entre otras organizaciones. Comenzó un proceso de movili- zación y denuncia en la mayoría de las provincias con presencia indígena. Se exigió que se cumpla con el derechos a la “consulta libre, previa e informada” vigente en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Decla- ración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí- genas. Las principales críticas –además de la falta de participa- ción indígena–, fueron: descono- cer a los pueblos indígenas (sólo menciona “comunidades”, ins- tancia menor a pueblos en cuanto a organización política y sujeto de derecho), no legislar sobre terri- torio (lo acota a sólo “tierra”), desconocer a los pueblos indíge- nas urbanos e introducir a los pue- blos indígenas como sujeto del derecho privado (los equipara a un consorcio de edificio o a una cooperativa). La movilización se mantuvo en 2012 y 2013. En noviembre de 2013, el Senado Nacional dio media sanción al Código Civil. Hizo propio la mayo- ría de las propuestas indígenas. En un carta dirigida al presidente de la Comisión Bicameral, Marcelo Fuentes, el Consejo Plurinacional Indígena señaló: “Expresamos nuestro beneplácito respecto de EVALUANDO EL 2013 DESDE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Luchas y logros Los pueblos indígenas enfrentan el extractivismo y llevan una lucha desigual. Es regla la existencia de artícu- los sobre desalojos, pobreza y violación de derechos. Pero también hay logros, y no son pocos. Balance de 2013, un año de lucha y organización indígena. Por Darío Aranda Periodista. Colaborador del Periódico de la CTA u La Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut ordenó la suspensión del pedido de desalojo presentado el pasado 2 de septiembre presentado por la empresa de los hermanos Benetton en contra de la Comunidad Mapuche “Santa Rosa-Leleque”. Atilio Curiñanco y Rosa Rua Nahuelquir recuperaron ese territorio ancestral hace más de cinco años.
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JUVENTUDPUEBLOS ORIGINARIOS10 CTA // NOVIEMBRE-DICIEMBRE >> 2013
L a consolidación del modeloactual encuentra su signifi-cación y aplicación prác-
tica, en la cadencia neoliberal delos noventa, es parte de un mismoproceso, pero afinado al punto dedeterminarnos como nacionespuramente extractivistas, expor-tadoras de materia prima, agro-mineras fundamentalmente. Acciones directas de defensa
del territorio, recuperación dehectáreas en manos de privados,movilización e incidencia en lareforma del Código Civil, fallosjudiciales favorables y una masivacumbre indígena. Algunos de lospasos adelante en la organizaciónde los pueblos originarios durante2013. Claro que también existie-ron –para con las comunidadesindígenas– desalojos, violaciónde derechos y acciones violentas,pero la persistente y desiguallucha de los pueblos originariosmotivan a un breve recorrido poralgunos de los pasos adelante queinvitan a seguir caminando.
Justicia
“El contrato de compraventa de losinmuebles pertenecientes a lacomunidad indígena Moqoit oMocovi es inconstitucional y nuloen todas sus partes, por lo queentendemos de estricta justiciamandar a que la empresa BajoHondo Agropecuaria restituya losinmuebles a las comunidades depueblos originarios en el términoperentorio de quince días y a losfines de una plena restitución dederechos vulnerados”, señaló unfallo de la Sala Segunda de laCámara de Apelaciones de RoqueSáenz Peña (Chaco) y ordenó queuna empresa de agronegocios
devuelva 5000 hectáreas al Pue-blo Moqoit.El conflicto había comenzado en
2011, cuando la empresa BajoHondo S.A. se instaló en 5000 hec-táreas del paraje Raíz Chaqueña,territorio de la comunidad Lpa ANa Moqoit. El caso llegó a tribuna-les y en primera instancia dio larazón a la empresa. El PuebloMoqoit apeló. Y la Sala Segunda dela Cámara de Apelaciones en loCivil y Comercial de Roque SáenzPeña (Chaco) emitió un falló total-mente opuesto a la primera ins-tancia.Los jueces de Cámara remarca-
ron la vigencia y operatividad delartículo 75 (inciso 17) de la Consti-tución Nacional. Y el fallo abordóun punto imprescindible en lasdemandas de los pueblos indíge-nas, en base al Convenio 169 de laOIT. “Se deberán hacer consultas alos pueblos indígenas cada vez quese prevean medidas administrati-vas y legislativas que los afecten.Los Estados tienen el deber de con-sultar con los pueblos indígenascualquier medida que los afecte”.Poco común, la empresa cumplióel fallo y se retiró del lugar.
En la otra punta del país, elGobierno Nacional y los provincia-les se embarcaron en 2012 enavanzar con el corrimiento defrontera petrolera, incluso con latécnica de fracking (fracturahidráulica). Se trata de una formadiferente de explotar hidrocarbu-ros, ya no con una perforación ver-tical y el brote de petróleo. Sinocon una perforación vertical, perotambién horizontal (a profundi-dad) y la inyección de agua y quí-micos a presión que rompen la rocacontendedora de hidrocarburo.Luego se extrae el petróleo y gaspor retrobombeo.Ese nuevo avance extractivo
tuvo su primer revés judicial. Setrata del pozo de fracking de YPFconocido como “La Greta”, a 15kilómetros de Río Mayo (Chubut).Se trata de una medida cautelarpresentada por la abogada Silviade los Santos en representación deMarcelino Pintihueque, inte-grante de la comunidad ComarcaChubut. La comunidad mapuchehizo hincapié en la falta de con-sulta al mundo indígena, la faltade audiencia pública (como esta-blece la normativa argentina) y la
preservación del agua.La Cámara de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia hizo lugar, enjunio, al pedido de suspender laactividad petrolera en base a dosaspectos: el derecho indígena (lacomunidad no fue consultada) yel derecho ambiental (ante laincertidumbre de afectación delambiente o la salud, la Ley Generaldel Ambiente establece que esimprescindible tomar medidasprecautorias).YPF apeló la medida. Y, en no -
viembre, el Superior Tribunal deJusticia de Chubut mantuvo elpedido de suspensión de activi-dades.Cuando el derecho indígena se
aplica, el extractivismo frena.
Código Civil
El 27 de marzo de 2012, la presi-denta Cr istina Fernández deKirchner y el presidente de la CorteSuprema de Justicia de la Nación,Ricardo Lorenzetti, presentaron elanteproyecto de reforma delCódigo Civil (normas que regulanlas relaciones civiles de las perso-nas físicas y jurídicas). El proyecto
aborda la propiedad comunitariaindígena y las personerías jurídi-cas. Fue presentado como unavance en materia de derechosindígenas.Al mes de presentado, cuando el
proyecto ya había circulado entrelas organizaciones indígenas, elConsejo Plurinacional Indígenahizo su pr imera declaraciónpública. “La propiedad comunita-ria indígena no puede quedarencorsetada en un Código Civil ydebe ser reglamentada en una leyespecial, como lo prometió la Pre-sidenta en el marco de los festejosdel Bicentenario. Los derechosconstitucionales ganados en déca-das de lucha no pueden quedarreducidos a un Código Civil que nomide el impacto que va a generaren nuestras vidas y culturas”.Las críticas contaron con el
apoyo de Centro de Estudios Lega-les y Sociales (CELS), Madres dePlaza de Mayo Línea Fundadora, laAsamblea Permanente de Dere-chos Humanos (APDH), el Servi-cio de Paz y Justicia (Serpaj), laAsociación de Abogados de Dere-cho Indígena (AADI), el EquipoNacional de Pastoral Aborigen(Endepa) y el Observatorio deDerechos Humanos de PueblosIndígenas (Odhpi), entre otrasorganizaciones.Comenzó un proceso de movili-
zación y denuncia en la mayoríade las provincias con presenciaindígena. Se exigió que se cumplacon el derechos a la “consultalibre, previa e informada” vigenteen la Constitución Nacional, elConvenio 169 de la OIT y la Decla-ración de Naciones Unidas sobrelos Derechos de los Pueblos Indí-genas. Las principales críticas–además de la falta de participa-ción indígena–, fueron: descono-cer a los pueblos indígenas (sólomenciona “comunidades”, ins-tancia menor a pueblos en cuantoa organización política y sujeto dederecho), no legislar sobre terri-torio (lo acota a sólo “tierra”),desconocer a los pueblos indíge-nas urbanos e introducir a los pue-blos indígenas como sujeto delderecho privado (los equipara aun consorcio de edificio o a unacooperativa). La movilización semantuvo en 2012 y 2013.En noviembre de 2013, el Senado
Nacional dio media sanción alCódigo Civil. Hizo propio la mayo-ría de las propuestas indígenas. Enun carta dirigida al presidente dela Comisión Bicameral, MarceloFuentes, el Consejo PlurinacionalIndígena señaló: “Expresamosnuestro beneplácito respecto de
EVALUANDO EL 2013 DESDE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Luchas y logrosLos pueblos indígenas enfrentan el extractivismo y llevan una lucha desigual. Es regla la existencia de artícu-los sobre desalojos, pobreza y violación de derechos. Pero también hay logros, y no son pocos. Balance de2013, un año de lucha y organización indígena.
Por Darío Aranda Periodista. Colaborador del Periódico de la CTA
u La Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut ordenó la suspensión del pedido de desalojo presentado el pasado 2 deseptiembre presentado por la empresa de los hermanos Benetton en contra de la Comunidad Mapuche “Santa Rosa-Leleque”.Atilio Curiñanco y Rosa Rua Nahuelquir recuperaron ese territorio ancestral hace más de cinco años.
las modificaciones introducidasal proyecto en tratamiento, en loque respecta a los Derechos de losPueblos Indígenas. Considera-mos que, haber suprimido lasnormas que regulan la personeríajurídica y la posesión y propiedadde la tierra indígena y promoveruna Ley Especial que lo regule, esun gran paso hacia el respeto delos derechos de nuestros pueblospreexistentes”.También se remarcó que el artí-
culo 19 preocupa a los pueblos ori-ginarios porque señala que elderecho de las comunidadesestará atado a que cuenten conpersonería jurídica. “Esta redac-ción nos genera profunda preocu-pación, en tanto restringe el dere-cho a la posesión y propiedadcomunitaria de la tierra. Lo cualresulta manifiestamente inconsti-tucional al poner restriccionesreglamentarias no contenidas enla Constitución Nacional y en lasnormativas y jur isprudenciasinternacionales”.La propuesta indígena, que
deberá tomar la Cámara de Diputa-dos en 2014 cuando dé la otramedia sanción, es corregir laredacción. El capítulo aún no cerró, pero la
movilización indígena dio frutos:se modificó el grueso del articu-lado referido a pueblos origina-rios. En tres meses (marzo inicianlas sesiones en Diputados) se verási fue vaso medio lleno o mediovacío.
Vuelta al territorio
La multinacional italiana Benet-ton posee en la Patagonia Argen-tina 970.000 hectáreas. Es elmayor terrateniente del país. En2007, un matrimonio del Pueblo
Mapuche (Atilio Curiñanco y RosaRua Nahuelquir) decidió recuperarsu territorio ancestral y, en unaacción inesperada para el poderpolítico y empresario, se instaló enel territorio de sus ancestros, 535hectáreas en el corazón de lasestancias de los hermanos Carlo yLuciano Benetton. Este veranocumplirá siete años en su territo-rio ancestral.La recuperación en Santa Rosa
Leleque es quizá la más famosa dedecenas de acciones directas quedesde hace quince años realizanlos pueblos indígenas de Argen-tina. La mayor parte de las recu-peraciones territoriales se dieronen el sur del país, pero hay excep-ciones en el extremo norte. En1947, durante el gobierno de JuanPerón, la Gendarmería Nacionalasesinó a no menos de 500 indíge-nas del Pueblo Pilagá. Conocidacomo la “matanza de RincónBomba” (por el nombre del para -je). La Gendarmería se apropió delterritorio indígena.En abril de 2010, familias del
Pueblo Pilagá de tres comunidadesdecidieron volver a su territorio,547 hectáreas. La FederaciónPilagá, conformada por veintecomunidades –unas 3000 perso-nas– apoya políticamente la recu-peración. “Resistimos desde 1492.El Estado debe escuchar, no pedi-mos regalos, tienen que cumplir laley. Acá vivieron nuestros antepa-sados, no es de empresarios gana-deros ni de Gendarmería, es delPueblo Pilagá”, explicó el presi-dente de la Federación Pilagá,Saturnino Miranda.Una organización referente en
recuperaciones territoriales es elConsejo Asesor Indígena (CAI),del Pueblo Mapuche de Río Negro.Luego de diez años de insistir por
vía administrativa, con exiguosresultados y marañas burocráti-cas, en 1997 un trawün (asamblea)decidió avanzar con recuperacio-nes. En 2000 se produjo la primerarecuperación, de la ComunidadCasiano-Epumer, 8000 hectáreasque había usurpado un empresa-rio y terrateniente local. Entre2002 y 2005 se avanzó sobre otras30 mil hectáreas, siempre enmanos de grandes empresarios.Hasta enero de este año, y con unaveintena de casos, el PuebloMapuche de Río Negro lleva recu-peradas 160 mil hectáreas.En noviembre pasado, en Cuesta
del Ternero (en cercanías de El Bol-són), la comunidad José ManuelPichún recuperó 270 hectáreasque le había sido arrebatado en el2000. “Hoy 12 de noviembre de2013 tomamos nuevamente pose-sión y reafirmamos nuestra perte-nencia al territorio comunitario”,informó el Pueblo Mapuche en uncomunicado.
Actor político
“Cumbre Nacional de Pueblos yOrganizaciones Indígenas”, fue elnombre del encuentro inédito quese realizó durante tres días en For-mosa, en junio de 2013. “Exigimosque los derechos humanos lle-guen también a los pueblos indí-genas. Y no pueden llegar si losgobiernos apoyan a las petroleras,mineras y multinacionales soje-ras”, resumió José Quintriqueo,werquén (vocero) de la Confedera-ción Mapuche de Neuquén (CMN).La Cumbre cerró con una marchapor las calles formoseñas, cami-nata de dos horas, donde sobre-salió una consigna: “Territoriorobado, será recuperado”. Concurrieron 250 dirigentes de
15 pueblos indígenas y elaboraronun documento con demandas con-cretas y coordinaron acciones delucha para el corto y medianoplazo. “Los discursos de sobera-nía, políticas nacionales y popula-res se cae a pedazos cuando com-probamos que volvemos a sermeros proveedores de materiaprima para el mercado global. Loque arrancó en la década del 90 seacentúa a r itmos imparables,siendo nuestros territorios los másatacados”, afirma el documentofinal de la Cumbre, y que explicitaque el eje central fue el territorio yla avanzada del extractivismo(petróleo, minería, agronegocios,forestales) sobre territorios cam-pesinos e indígenas.Se hizo hincapié en la alianza
del Gobierno Nacional (medianteYPF) con Chevron. “La multinacio-nal petrolera contaminó y provocómuertes en hermanos indígenasde Ecuador, está comprobado porla Justicia de ese país, y acá se larecibe con brazos abiertos. Es laalianza del Gobierno con las cor-poraciones”, afirmó Jorge Nahuel,de la Confederación Mapuche deNeuquén.“Las situaciones trágicas en
territorios indígenas se sucedensin que ningún nivel de gobiernole dé la magnitud que corresponde.Es más sencillo lograr manteneresa realidad oculta”, denuncia eltexto, puntualiza los nombresde ladecena de indígenas asesinadosen los últimos años y afirma: “Vivi-mos una nueva recolonización delcapitalismo global. Y trabajamospara sacarnos de encima unEstado que sigue siendo colonial,que dos siglos después nos sigueexcluyendo”.Félix Díaz, autor idad de la
comunidad qom Potae Napocna
Navogoh (La Primavera) fue unade las voces más esperadas.Comenzó el acto de cierre ha -blando en idioma qom. Y luegoexplicó: “Es un día histórico, estaCumbre y esta marcha son histó-ricas. No somos opositores, nosomos oficialistas, queremos tra-bajar nuestros territorios para lavida”.Reconoció que es una “lucha
desigual” y contó que “muchoshermanos no pudieron venir porfalta de dinero para pasajes”.Remarcó la “capacidad de organi-zación” del Consejo Plurinacional,advirtió que seguirán luchandohasta que “se cumplan los dere-chos de todos los pueblos indíge-nas” e informó que el Consejo Plu-rinacional lo había designadocomo representante de los pueblosindígenas del país: “Agradezco esaconf ianza. La conf ianza no secompra ni se vende, se gana con lalucha. La militancia no se paga, sevive, se comparte. Esta Cumbre yesta marcha es un inicio, un pun-tapié de la Argentina plurinacio-nal que queremos”.Díaz viajó a Buenos Aires para
intentar entregar en mano eldocumento a la Presidenta, perono fue recibido. Al contrario, enagosto (luego de las eleccionesprimarias) recibió un ataquepúblico de Cristina Fernández deKirchner (que al mismo tiemporespaldó de forma explícita algobernador Gildo Insfrán). “Seburla de nosotros”, lamentó Díaz,pero volvió a pedir un encuentropara dialogar.En noviembre pasado, el Poder
Judicial de Formosa procesó aFélix Díaz y otros tres referentesqom (Clemente Sanagachi, MiguelKisinakai y Eugenio Fernández)por la represión policial del 23 denoviembre de 2010. “Estamosacusados en tres causas por usur-pación de nuestro terr itor io,atentado a la autoridad a manoarmada, robo de armas, lesionesgraves, por instigación a cometerdelitos e incluso por abuso sexualy homicidio. Nos acusan de todosestos cargos falsos pero no hay niun policía, ni un gendarme, ni unfuncionario provincial imputadoen alguna causa. Tampoco haypruebas contra nosotros, no lashay pues son inventadas”, denun-ció la comunidad.Félix Díaz fue muy breve:
“Seguiremos peleando por el terri-torio”.
En tiempos de corporaciones ygobiernos, hay una buena noti-cia y urge explicitarla: la luchaindígena no se detendrá.
11CTA // OCTUBRE >> 2013
uMarcha en el marcode la Cumbre NacionalIndígena en Formosa.
