El Tráfico de Drogas, su Origen y Evolución en el Estamento Armado Venezolano
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Artículo publicado en la Revista de Análisis Politológico Simón Bolívar Analytic Nro 24. Edición Extraordinaria, págs. 59-66
El Tráfico de Drogas, su Origen y Evolución en el Estamento Armado Venezolano
Mildred Camero C.
Doctora en Derecho en la Universidad de Roma
Introducción
En el presente artículo se presenta una imprescindible actualización acerca de la
relación que existe entre el tráfico de drogas y el estamento militar venezolano. Es
necesario establecer cuáles han sido los enfoques geopolíticos que históricamente han
caracterizado las estrategias latinoamericanas en contra de las drogas, y cuál ha sido la
participación del estamento militar en ese combate o lucha contra el mal llamado
“narcotráfico internacional” y los sistemáticos esfuerzos que a lo largo de décadas (después
del fin de la Guerra Fría) han emprendido organismos multilaterales como las Naciones
Unidas, la Organización de Estados Americanos, entre otros, así como países como los
Estados Unidos, con el fin de construir un nuevo orden americano o panamericano
funcional.
La situación en América Latina no ha sido fácil, ya que los responsables políticos de
los Estados, que están obligados a diseñar las políticas públicas y las estrategias para
enfrentar las amenazas globales contemporáneas y crear los conceptos tecnopolíticos, no
han hecho lo suficiente para resolverlos. La globalización, que ha marcado la aparición de
sociedades orientadas a buscar bienestar y placer en las drogas ilícitas, sin duda alguna ha
aumentado no solo el tráfico de drogas, sino el consumo, y esta dinámica de la oferta y la
demanda es lo que han aprovechado los traficantes para obtener las grandes ganancias
económicas y ganar aliados que van desde las altas esferas gubernamentales, pasando por
las fuerzas armadas nacionales encargadas de defender nuestro territorio nacional, así como
las fuerzas públicas cuyas funciones son las de reprimir el tráfico de drogas y sus delitos
conexos.
Cuando analizamos el problema del tráfico y consumo de drogas, tenemos que
hacerlo en un contexto estratégico situacional, ya que estamos en presencia de un problema
complejo, en el cual las reglas preestablecidas y el accionar de los actores son difíciles de
limitar, lo que plantea un desafío múltiple que abarca el ámbito sociopolítico, aunque con
una visión técnica.
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Las dimensiones del tráfico y consumo de drogas van más allá de posiciones
individuales, del afán de lucro y de las posiciones políticas de un país. Los países y los
pueblos deben de conocer el costo político y económico del problema, con el fin de que los
expertos determinen e influyan en su dinámica, busquen las soluciones y, por el contrario,
no permitan que ese enemigo externo se nos convierta en un enemigo interno que pervierta
nuestra sociedad e intente socavar las bases políticas y económicas de nuestros países.
Combatir el tráfico de drogas con nuestras propias fuerzas requiere como nación no
solo voluntad política, sino también la activación de la conciencia ciudadana, ya que
estamos en presencia de una industria ilícita trasnacional que forma parte de la delincuencia
organizada trasnacional y que, por lo tanto, para valorarnos como Estado es necesario
imponer nuestra autoridad como nación, contar con unas fuerzas armadas unificadas,
coherentes, independientes, profesionales, capaces de enfrentar a ese enemigo y agresor de
nuestra soberanía e integridad e identidad nacional. De allí la importancia de una fuerzas
armadas sólidas, no comprometidas con grupos irregulares, ni con grupos u organizaciones
de conductas criminales; por el contrario, que en cooperación con la sociedad y el propio
Estado se unas con la misión de controlar al enemigo y agresor de nuestra estabilidad
política, económica y social, y de nuestro patrimonio espiritual y material.
Las declaraciones de los exmagistrados de la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia, Ramón Eladio Aponte Aponte, y de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, Luis Velásquez Alvaray, en las cuales se califican a la Fuerza Armada
venezolana como aliada con los grupos irregulares y organizaciones civiles colombianas
dedicadas al tráfico de drogas internacional, pone de manifiesto la complejidad del
problema y nos permite poner en evidencia la situación que está viviendo Venezuela en los
actuales momentos. Nunca antes nuestro país había estado tan comprometido en el tráfico
de drogas internacional como en estos últimos 13 años del régimen chavista. Nunca la
comunidad internacional había aislado a un país como actualmente lo hacen con Venezuela,
y jamás nuestro país había sido considerado como el principal corredor de drogas de
América del Sur. Esta situación nos obliga a todos los venezolanos a recuperar el país. Es
casi como un mandato divino evaluar las alternativas disponibles y combinar acciones, con
el fin de lograr un resultado decisivo que motive a la gran masa democrática de nuestro país
a entender que estamos en presencia de un fenómeno perverso y global como es el tráfico
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de drogas, que destruye sin compasión y que, por lo tanto, requiere de la unión de todos los
venezolanos, así como de una voluntad política e integracionista.
Es necesario que se asuma el problema del tráfico y el consumo de drogas como una
cuestión de Estado y no se le perciba como un elemento marginal, ya que para combatirlo
requiere de una planificación, de una evaluación y de aplicación de criterios políticos,
teórico-técnicos y científicos para no incurrir en la improvisación y el efectismo. Pero
también necesitamos un poder judicial independiente y apolítico, un gobierno democrático
y unas fuerzas armadas dedicadas a sus verdaderas funciones e inequívocamente
independientes y apolíticas, “que nos garanticen la soberanía de la nación y aseguren la
integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar”.
Aspectos geopolíticos de las drogas
La historia de la humanidad es también la historia del uso de drogas, ya que desde
tiempos inmemorables el hombre ha utilizado todo tipo de hierbas, raíces, cortezas, hojas y
plantas para uso rituales y ceremoniales, de carácter eminentemente mágico y religioso; así
como para curar y aliviar males y enfermedades que lo han aquejado. Sin embargo, algunas
de estas plantas o sus derivados pueden alterar la conciencia y producir efectos placenteros
en el hombre como sensaciones de euforia, bienestar, alegría, tristeza, serenidad y energía,
pero también su uso y abuso conllevan a problemas de dependencia y secuelas de
degeneración física y psíquica. Lo mismo ha sucedido con las drogas elaboradas en
laboratorios, que han venido reportando una tendencia abusiva en cuanto a su uso y
dependencia, las cuales han generado graves problemas de toda índole a la humanidad y en
especial a la juventud.
La verdadera historia de las drogas comienza con la guerra contra el opio. El gran
problema social ocasionado por la adicción a esta sustancia obligó a las autoridades de la
China imperial (1889) a terminar sus exportaciones, las cuales habían desarrollado una
estructura comercial muy importante que se mantuvo a través del siglo XIX.
En cuanto al cultivo de la “coca”, su producción se ha extendido por casi toda
América. Se dice que llegaba hasta Nicaragua y las islas caribeñas. Es decir, la planta de
coca no es solo originaria de Colombia, Perú y Bolivia, sino que la misma se ha cultivado
en diferentes países latinoamericanos y que ha sido utilizada en toda la región con fines
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mágicos y religiosos. Durante la conquista los españoles transformaron el uso ritual de la
hoja de coca dentro de la cultura andina y la convirtieron en el principal recurso económico
de España para consolidar y ampliar su dominación. Por razones eminentemente
económicas, se autorizó el uso y disposición de la hoja de coca, por lo que llegó a
convertirse en la segunda fuente de ingreso de la Corona. Y fue así como después de
introducirle un valor comercial de cambio, asociaron su producción a la explotación de la
fuerza de trabajo en las manos, como una estrategia de control social para la acumulación
de capitales. A mediados del siglo XIX (1860), Albert Nieman en Austria aísla el alcaloide
de la hoja de coca traída de Perú y comienza a ser probada y utilizada en Alemania en
maniobras militares, en medicinas y en experimentos científicos de laboratorio.
Rápidamente se convirtió en la droga maravillosa, algo así como la panacea de
enfermedades desconocidas, como la cura de la adicción o dependencia a la morfina,
heroína, el alcohol, etc., lo que motivó que el consumo se extendiera en casi todos los
Estados Unidos. La coca comienza a sustituir a la morfina en medicamentos y recetas
médicas. En correspondencia con la expansión del consumo de la coca, aparecen formas
marginales de producción comercial de coca en Colombia, Perú y Bolivia en el marco de un
tráfico dominado por empresas europeas. El tráfico y consumo de drogas se incrementa de
manera alarmante en los Estados Unidos, y este país toma la iniciativa, por la naturaleza del
comercio y con el fin de lograr el control de los embarques internacionales y combatir el
mercado, de proponer una reunión de carácter internacional cuyo objetivo era controlar el
comercio del opio y de la coca. Fue una época de muchísimas reuniones internacionales y
de muchos tratados entre los países afectados por el consumo de drogas. Se crea la ONU y
se le otorga la función de la fiscalización de los estupefacientes, que posteriormente es
transferida a la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes). En 1961, por
mandato de la Asamblea General de la ONU, se elabora la Convención Única, referida solo
a los estupefacientes, y que posteriormente es enmendada por el Protocolo de 1972, con la
inclusión de los psicotrópicos. Es a partir de los años sesenta cuando evoluciona el cultivo
de la marihuana, de la coca en grandes extensiones de terrenos y con todas las técnicas
modernas de producción que ofrece la agricultura. De igual manera, se abre la ruta del
transporte para el envío de la coca y se extienden las actividades y el mercado masivo de la
cocaína, cuyo comercio resultó ser más rentable y con más facilidades en cuanto a su
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transporte. El precio de la cocaína es 100 veces mayor que el de la marihuana, los efectos
son superiores y es por tales razones que 1980 la cocaína eclipsa totalmente el mercado de
la marihuana, así como el de muchas otras drogas.
Con el desarrollo de los grandes cultivos de la planta de coca, aparecen
organizaciones verticalmente integradas y jerarquizadas, violentas y hostiles con nuevas
técnicas industriales y con el uso de productos químicos. Colombia emerge como la
principal fuente de comercialización y procesamiento de la cocaína, así como la principal
beneficiaria de su comercio en América Latina. Hace su aparición la legitimación de
capitales, así como los grandes capitales producto del tráfico de drogas, que les otorgan el
poder a los traficantes para comprar a funcionarios, crear redes internacionales, rutas y
medios de transporte, modus operandi, así como comprar gobernantes y gobiernos. Es
decir, se desarrolla una empresa trasnacional de gran envergadura y con un importante éxito
económico, sociocultural y político. Se profundiza el consumo de cocaína entre la juventud
norteamericana y se incrementa el tráfico de drogas en diversas ciudades de los Estados
Unidos, estalla la llamada “guerra contra las drogas” y aparece el eslogan “Diles no a las
drogas”, campaña dirigida desde la Casa Blanca por el entonces presidente Ronald Reagan,
cuyo fundamento era que la droga constituía una seria amenaza para la soberanía y
seguridad nacional de los Estados Unidos. Se emprende así una agresiva campaña contra el
tráfico y el consumo de drogas, se aprueba en Viena la Convención de las Naciones Unidas
contra el Narcotráfico, posteriormente el Plan Colombia, se promueven en Latinoamérica
nuevas legislaciones en el tema de las drogas, con severas penas a quienes participan en
actividades relacionadas con el tráfico de drogas, se dictan conferencias, cursos de
capacitación y actualización a funcionarios policiales y especialistas y expertos en el área
de la salud. En consecuencia, se desató en las décadas de los ochenta y noventa una
verdadera revolución en contra del tráfico de drogas.
A pesar de todos los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, no se ha
podido detener el avance del tráfico de drogas por múltiples motivos, lo que ha obligado a
los gobiernos de nuestro hemisferio a comenzar de inmediato una acción trasformadora de
sus estructuras sociales, políticas y económicas, con el fin de evitar que un país de tránsito
o consumidor puede llegar a convertirse en un país productor. Esto no quiere decir que los
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países productores y los países de tránsito o consumidores no tengan una responsabilidad
compartida en el negocio de las drogas.
Origen y evolución del tráfico de drogas en el estamento armado venezolano
Resulta difícil identificar cuáles fueron los orígenes del tráfico de drogas en
Venezuela y cuándo comenzó nuestras fuerzas armadas a involucrarse en el “negocio” de
las drogas. Sin embargo, al inicio del desarrollo de las grandes organizaciones criminales
dedicadas al negocio del cultivo, producción y comercialización de la cocaína, en
Venezuela operaban solo traficantes. Nuestras fuerzas armadas tenían entre sus funciones
enfrentar a estos grupos delincuenciales y repeler a los grupos insurgentes que se desplazan
por nuestras fronteras tratando de huir de la agresión de las fuerzas armadas colombianas.
Muy baja era la participación de militares en el negocio de las drogas y pocas eran sus
relaciones con los grupos armados en conflicto, o por lo menos no eran conocidos.
En 1987 se crea en la Guardia Nacional la Jefatura de Servicios contra el Tráfico
Ilícito de Drogas, denominación que posteriormente fue cambiada por Comando
Antidrogas, y su primer director fue el general de brigada, para ese entonces coronel,
Ramón Benigno Guillen Dávila. Hasta entonces la Guardia Nacional no tenía una
competencia plena en materia de investigación de drogas, ya que la Ley Orgánica sobre
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1984 establecía un lapso de 72 horas para el
conocimiento del asunto, dentro de las cuales debían ser remitidas las actuaciones
conjuntamente con los detenidos, al Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Estos fueron los
inicios del contacto de grupos militares venezolanos con organizaciones dedicadas al
tráfico de drogas. Comenzaron a circular rumores de que algunos oficiales recibían dinero
por dejar pasar cargamentos por el territorio venezolano para ser trasladados a los Estados
Unidos y a Europa, así como también de extorsión y colaboración con grupos dedicados al
secuestro. Con la reforma de la ley de drogas de 1993, se les da el carácter de órgano de
policía judicial a la Fuerzas Armadas de Cooperación y, en consecuencia, la competencia
para iniciar la instrucción de sumario. De allí en adelante lo que fue solo un rumor sobre las
actividades delictivas de los oficiales al servicio de este comando se convirtió en un
verdadero conflicto, ya que cada día se les involucraba de manera activa en operaciones de
tráfico de drogas. Y apareció el “cartel de los soles”, denominado así por ser liderados por
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generales de la Guardia Nacional y en alusión a los soles que estos portan en sus uniformes.
Esta red de oficiales ya no solo se dedicaba a lucrarse de esta actividad ilícita, sino
buscaban alianzas con grupos u organizaciones traficantes, como en el caso del
denominado “Cartel del Norte del Valle” que opera en el eje Arauca-Bolívar y Delta
Amacuro, desplazando otros carteles como el de la Guajira y la Costa. La participación de
este grupo de oficiales (no todos los oficiales estaban involucrados en el negocio, si bien
tenían conocimiento, pero no se atrevían a manifestarlo públicamente) pasó de ser simples
observadores y colaboradores de los traficantes para convertirse en verdaderos aliados,
incluso ya no solo se les entregaban credenciales para facilitarles sus operaciones, sino que
los propios traficantes eran utilizados en supuestas operaciones de entregas vigiladas y
controladas, y la entrega de credenciales les servía como identificación en el caso de ser
sorprendidos por una fuerza ajena a los militares.
En 1999, Hugo Chávez asume la Presidencia de la República, hecho que coincide
con la entrada en vigencia del Plan Colombia, y el conflicto interno colombiano llega a
Venezuela, pero nuestro país no tiene la institucionalidad para combatirlo. Los grupos
ilegales e insurgentes actúan por su propia cuenta en medio de la corrupción de los cuerpos
policiales y militares. Ni el gobierno de Colombia ni el de Venezuela logran contener el
dominio territorial de la delincuencia organizada, o de la connivencia policial-militar.
Ninguno de los dos gobiernos, pero sobre todo el de Venezuela, podía controlar lo que
sucedía en la frontera; por el contrario, el aparato estatal venezolano apoya y garantiza la
actividad de los traficantes, teniendo como vínculos grupos civiles, policiales y militares.
Asimismo, la red de militares involucrados en actividades de tráfico de drogas establece
lazos con altos mandos de las guerrilla colombiana, que se peleaban por el control de las
rutas del tráfico en Venezuela, rutas incluso no operativas, y el plan de las FARC era
involucrar más a todas las fuerzas armadas venezolanas en el “negocio”. Hay que recordar
que la guerrilla colombiana asume por razones económicas y no por ideales el negocio de
producción y procesamiento de las drogas ilícitas, por lo que desplazó a las organizaciones
y grupos civiles, quienes a su vez terminaron aliándose a movimientos paramilitares y
contraguerrillas. Poco a poco comienza a participar en él, además de la Guardia Nacional y
los cuerpos policiales, el Ejército venezolano y surgen los llamados “tumbes”, que no es
más que quitarse entre grupos los cargamentos de drogas. Se debilitan los grupos civiles,
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como es el caso del grupo liderado por Walid Makled (Cartel de Beirut), y se fortalece el
llamado “Cartel del Ejército”, que presiona para que sea incluido en la reforma de la Ley de
Drogas redactada en 2005, para de esta manera legalizar su actuación y participación en
investigaciones por drogas en el país. A partir de este momento se desata una verdadera
guerra entre los grupos civiles y militares, y entre el Ejército y la Guardia Nacional para
apoderase no solo de las rutas, sino de la distribución y comercialización en todo el
territorio nacional, y básicamente de la cocaína, del desvío de químicos y de solventes
como la gasolina y la urea. La aparición del llamado “Cartel del Ejército”, también llamado
“Cartel Bolivariano”, ya que parte de sus integrantes formaron parte del golpe de Estado
del 4 de febrero, en sus inicios se les identificaba con la droga proveniente del Norte de
Santander (bandas de las Águilas Negras); sin embargo, hoy en día, por su vinculación
política con el actual régimen y su alianza con las FARC, sus actividades delincuenciales se
han multiplicado, lo que ha desplazado de alguna manera a la Guardia Nacional y a la
Armada, que también muy tímidamente ha participado en el negocio del tráfico de drogas.
Las fuerzas armadas venezolanas desplegadas en la frontera colombo-venezolana
tienen como objetivo hacerles frente a los grupos guerrilleros que habían formado
componentes militares en nuestra frontera, a traficantes de drogas, contrabandistas,
bandoleros, el hampa común, así como a los desplazados ganados por la violencia
colombiana y refugiados. Pero lo más importante, constitucionalmente nuestras fuerzas
armadas nacionales se constituyeron para “garantizar la independencia y soberanía de la
nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la
cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo
nacional”. La democracia es la única forma de regresar la institucionalidad a nuestras
fuerzas armadas, de allí la importancia de un gobierno democrático que asuma la atención
de las fronteras como prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de
seguridad de la nación.
Bibliografía
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Artículo publicado en la Revista de Análisis Politológico Simón Bolívar Analytic Nro 24. Edición Extraordinaria, págs. 59-66
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