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SÍNTESIS DE PERIÓDICOS LOCALES
Lunes 23 de septiembre de 2013
EL SOL DE ZACATECAS
SÍNTESIS DE PERIÓDICOS LOCALES
Lunes 23 de septiembre de 2013
IMAGEN
SÍNTESIS DE PERIÓDICOS LOCALES
Lunes 23 de septiembre de 2013
Ocho Columnas, Capital
Aumenta el listado de proveedores
SELENE LAMAS
En los últimos tres años el padrón de proveedores de Gobierno del Estado se ha triplicado, al pasar
de 400 a más de mil 300, informó el secretario de Administración, Le Roy Barragán Ocampo.
Sin embargo, explicó que el de estos son de la entidad, ya que se busca que el recurso que gasta la
administración estatal quede en el estado.
Para ello, dijo que constantemente se han hecho ferias de proveedores a fin de que las empresas
conozcan los requisitos para convertirse en proveedores del gobierno estatal. “El gobierno no está
casado con nadie y todo mundo puede participar”, afirmó el funcionario.
Normatividad y demanda del servicio
Precisó que una vez que una compañía se convierte en proveedor, queda inscrita un año en el
padrón y luego se le da de baja, a menos que no renueve su inscripción en los dos meses
posteriores.
Expresó que normalmente los que no son de Zacatecas son aquellos que proveen equipo médico y
medicamentos, pues las compañías que surten estos insumos son nacionales e incluso
internacionales.
El funcionario estatal comentó que entre los productos que se adquieren con más frecuencia están
muebles, equipos de seguridad, vehículos, chalecos, armamento, consumibles de oficina, gasolina y
refacciones.
Destacó que anualmente la administración estatal gasta alrededor de 350 millones de pesos en
proveedurías, de manera que la fecha se han gastado poco más de mil millones de pesos.
Guillermo Huizar Carranza, secretario de la Función Pública, destacó que actualmente 8 de cada 10
pesos que compra el gobierno estatal se quedan en Zacatecas, pues al igual que Barragán
Ocampo, dijo que se trata de privilegiar a las empresas locales.
Asimismo, destacó que en lo que va de esta administración se han realizado más de 5 mil 500
procesos de licitación, de los cuales únicamente ha habido dos inconformidades que ya fueron
resueltas.
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Lunes 23 de septiembre de 2013
Según pudo comprobar Imagen, en el portal de transparencia del Gobierno del Estado no aparece
la relación del total de proveedores que fueron contratados, bien como resultado de una licitación
pública, invitación o adjudicación directa.
Asimismo, tampoco se transparenta la última actualización (a 31 de agosto) de dichos
procedimientos para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y
prestación de servicios; tampoco las convocatorias.
Columna El runrún
Por Francisco Reynoso
PRIMERA DENUNCIA
Rápidamente, la empresaria Lila Ulloa se mete en problemas con su cabildo. Regidores de
oposición, liderados por Eugenio Sáenz y Silvia Sánchez Treto, denuncian en la 61 Legislatura que la
alcaldesa de Monte Escobedo se trae una movida muy chueca con el nombramiento de Emilio
García García como tesorero.
COMO LA CALANDRIA
Llegó al Congreso un escrito en el que Sáenz y Sánchez Treto acusan a Lila Ulloa de usar la mayoría
priísta en el cabildo para pasarse la ley por el arco del triunfo.
El tal Emilio -refieren- dijo vivir en la calle Parroquia #7-A, en la cabecera municipal. Pero engañó a
Toño Aldana, exsecretario de Gobierno, para obtener la constancia de residencia. Porque donde
dijo residir es domicilio de una agencia de viajes. Los regidores piden a la cámara actuar rápido. No
quieren encontrarse un día con que el tesorero, como la calandria de José María Quintanilla, “voló,
voló, voló”.
MÁS CORRUPCIÓN
Personal de la Secretaría de Infraestructura que maneja Mario Rodríguez Márquez, descubrió nuevos
indicios de corrupción en una de las obras que dieron lustre al sexenio de Amalia García: La Plaza
del Bicentenario. Peritos de Sinfra descubrieron que fueron una porquería los trabajos de la
Constructora Gals, de Salvador Galván, para desviar el drenaje. Utilizaron para apuntalamientos
viguetas de metal susceptibles a la corrosión acelerada por el contacto con aguas ácidas. Y no
modo. Ya se toman medidas para corregir este nuevo entuerto.
DERECHO DE CORRUPCIÓN
En las obras públicas de México, el problema principal es la corrupción, le dijo un constructor francés
al ingeniero Enrique Santoyo, zacatecano de clase mundial. Y éste le reviró: “¿En Francia están libres
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de pecado?”. “No –aceptó el francés-. El “entre” es de 5%. La diferencia es que aquí, pagar
mordida –el diezmo- se considera un derecho para hacer las cosas mal”.
DE CLASE MUNDIAL
El zacatecano Enrique Santoyo vino a Zacatecas a echarle un ojito a la catedral basílica. En México
es responsable, desde hace muchos años, de vigilar, estabilizar y frenar el hundimiento de la
catedral metropolitana. Participó también en las obras, aunque parezca paradójico, de nivelación
de la mundialmente famosa Torre de Pisa.
Capital
Dará Carlos Peña 50% de su salario a 72 "hormiguitas"
El alcalde de la capital expresó que esta medida se trata de uno de sus principales compromisos de
campaña.
El alcalde de Zacatecas, Carlos Peña Badillo, destinará el 50% de su salario para distribuirlo entre las
72 "hormiguitas" que laboran en la capital.
El munícipe giró instrucciones a la tesorera María de Lourdes Martínez para que el próximo 30 de
septiembre, fecha en que le corresponde su primera quincena de salario, se aplique la reducción
del 50% al mismo y esa cantidad se destine a las "hormiguitas".
Así lo determinó luego de que el sábado entregara implementos de trabajo a los empleados de
barrido manual.
Estado
Valoran qué hacer con policías reprobados
SILVIA VANEGAS
JEREZ.- En el gobierno municipal se analizará la situación de los elementos policiacos que no han
aprobado los exámenes de confianza.
El secretario de Gobierno, Samuel Berumen, explicó que se valora la posibilidad de pedir una
prórroga o aplicarles nuevamente el examen.
“Lo vamos a verificar, ya en acuerdo tanto el presidente municipal como el encargado ( de
Seguridad Pública) y un servidor para corroborar todo eso y lo que le convenga más a Jerez”, dijo.
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El funcionario dijo desconocer por lo pronto cuántos elementos aprobaron el examen, pero aseguró
que trabajará en ese tema para tener una respuesta antes de octubre.
También comentó que hasta el momento no han iniciado el reclutamiento de nuevos elementos
para la policía preventiva.
“Apenas tenemos pocos días de iniciar aquí en la administración y es un mundo de cosas que
tenemos que realizar”, manifestó el secretario de Gobierno.
Dijo que entre las acciones que se han hecho en la presente administración, encabezada por José
Viramontes, se incluye “la corroboración de todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública”.
Fresnillo
Tardará un año completar la plantilla de preventivos
FRANCISCO VARGAS
Mientras que se llevan los procesos de contratación, la Policía Estatal apoyará en el municipio con
trabajos de patrullaje constante. (Archivo)
Por lo menos un año más El Mineral carecerá de la mitad de la plantilla de policías municipales,
declaró el secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto Ortiz, quien aseguró que la Policía Estatal
apoyará a Fresnillo hasta que tenga más preventivos.
La contratación de nuevos elementos para la Dirección de Seguridad Pública en Fresnillo tardará un
año aproximadamente, pues que sean aceptados a la corporación está sujeto a las
capacitaciones y exámenes de control y confianza que deben aprobar, explicó.
“Probablemente un año podría tardar el municipio en reclutar, capacitar, especializar, organizar y
clasificar podría tardar hasta septiembre del próximo año”, detalló.
El adiestramiento de los nuevos elementos deberá ser en el Instituto de Formación Policial y el
alcalde Benjamín Medrano Quezada deberá atender la situación a la brevedad, pues este proceso
se demorará.
“Fresnillo tiene derecho a 300 policías preventivos, actualmente tiene la mitad, entonces de
acuerdo al Subsemun (Subsidio para la Seguridad de los Municipios), en lo que se puede apoyar el
municipio es a reclutar gente nueva y capacitarlos”, refirió.
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Apoyará Policía Estatal
Por órdenes del gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, la Policía Estatal apoyará a los
municipios que carezcan de elementos preventivos que se dieron de baja por estándares de
operación del Subsemun.
Fresnillo, insistió el secretario de Seguridad Pública, no será la excepción. Hasta que el municipio
tenga un número considerable de preventivos, la Policía Estatal mantendrá presencia constante en
El Mineral.
Esperan a los marinos
Para octubre existe la posibilidad de que vuelva la Secretaría de la Marina (Semar) a Fresnillo,
adelantó Pinto Ortiz.
Tras la salida de los elementos de la Semar de El Mineral, la población dejó de sentir la misma
seguridad que durante casi un año tuvieron.
“Para el desfile del Día de la Independencia la Semar tuvo una reorganización para poder desfilar
con sus efectivos completos (en México DF), probablemente después de septiembre vuelvan a
desplegarse, puede ser que venga la Marina, aunque no sea el mismo agrupamiento”, auguró el
funcionario estatal.
Columna Los Jales
Por Francisco Vargas
Afilan cuchillos
Con el anuncio del alcalde Benjamín Medrano Quezada de finiquitar a los jefes de área, ya hay dos
que tres que planean su demanda contra el ayuntamiento y que una vez acabe el mes podrían
sacar la uñas para llevarse otra compensación.
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Estado
Espera Simaparg recibir pagos para que no le corten la luz
FRANCISCO MONSIVAIS
RÍO GRANDE.- Roberto Martínez Ortiz, encargado del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de (Simparg), pidió a la ciudadanía que presenta algún adeudo que se ponga al
corriente con los pagos.
El funcionario advirtió que el próximo jueves se debe de hacer un pago a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y por lo tanto se debe recaudar al menos 300 mil pesos.
Martínez Ortiz comentó durante las contingencias por las lluvias se estuvo trabajando al 100% en el
Sistema con los camiones, pipas, bombas, cuadrillas de personal y entre otros insumos.
“En este momento, el Simaparg le apuesta al cumplimiento de cada ciudadano que cuenta con el
servicio, que somos la gran mayoría, y podamos recabar el recurso que se necesita, y cumplir a su
vez, puesto que si no hacemos el pago a tiempo, se suspenderá el servicio”, expresó el hombre.
Consideró que “lo de menos” sería buscar un préstamo para salir del compromiso.
En el organismo, manifestó que es necesario que la gente comprenda la importancia de pagar por
el servicio, “así como pagamos a tiempo el recibo de luz, o de algunos otros”.
Martínez Ortiz comentó que se podrían enviar a las cuadrillas a cortar el servicio de quienes
pretendan un mayor atraso.
“Sin embargo, le apostamos a la buena voluntad y al cumplimiento como ciudadanos por parte de
las y los riograndenses”, manifestó el servidor público al insistir que confía en reunir el dinero.
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LA JORNADA ZACATECAS
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Primera plana, Política
Beneficiaría reforma hacendaria a estados y municipios: Anaya Mota
ALMA ALEJANDRA TAPIA /
A decir de la diputada local priísta, Claudia Anaya Mota la propuesta de reforma hacendaria del
Ejecutivo federal tiene un compromiso y sentido social, por lo que de aprobarse beneficiaría a los
estados y municipios del país.
La experredista incluso consideró que las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto
tienen un alto contenido social ya que la Federación en su conjunto ha manifestado el interés de un
mejor futuro.
En el caso concreto de la reforma hacendaria que comenzará a discutir en los próximos días,
destacó el beneficio de crear una pensión universal; en el entendido de que 66 por ciento de los
adultos mayores en México, nunca ha cotizado en un sistema de seguridad social y 37 por ciento de
ese grupo no tiene una pensión para sustentar sus necesidades básicas. Concretamente en
Zacatecas hay 153 mil 500 adultos mayores.
Aludió también a la Ley del Seguro de Desempleo, en un contexto donde México es el único país de
la OCDE que no da una prestación social de esta índole, al haber en Zacatecas 30 mil personas que
no tienen un empleo fijo, creyó que un seguro de desempleo protegería a las familias de la pobreza
y la incertidumbre.
Refirió que que tan sólo esos dos aspectos serían de relevancia nacional en cuanto a beneficios
sociales se refiere.
En términos generales, la priísta calificó a la reforma como una propuesta con una visión integral
para lograr un mejor federalismo, ya que la iniciativa de decreto de la Ley de Coordinación Fiscal,
se preocupa por las finanzas de los municipios.
Es decir, propone la reestructuración del cobro del impuesto predial, pues actualmente apenas
alcanza el 0.2 por ciento del PIB y la meta de la reforma es elevar el monto de recaudación a un 0.6
por ciento.
Otro de los “beneficios” de la reforma dijo, sería exentar del monto de participaciones federales
diversos rubros en los que destaca el Impuesto sobre la Renta, retenido a los trabajadores al servicio
de la entidad y el municipio. De esta forma éstos recibirán íntegramente el impuesto.
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También detalló que se plantea una reestructuración al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social y al Fondo de Fiscalización, los cuales no sólo sufren una reformulación, en aras
de conseguir eficiencia en la administración, sino que también incentivan el crecimiento de las
haciendas municipales.
Anaya Mota aludió a otro beneficio significativo a los municipios y el estado, en el caso de
Zacatecas al ser minera, se beneficiaría porque se propone cobrar un derecho de 7.5 por ciento
sobre la utilidad generada por la actividad que se realicen los municipios
Es así que de esa utilidad derivada de la extracción de metales preciosos, los municipios mineros
recibirán 50 por ciento del cobro de estos derechos a través del Fondo para el Desarrollo Regional
Sustentable para los Municipios Mineros. La priísta consideró por tanto que la reforma mantendrá su
compromiso social, al no gravar el IVA a los alimentos y las medicinas.
Aunque destacó que con la reforma sí se reducirían las exenciones para algunas actividades
económicas, como la compra, renta y pagos de hipoteca de casas habitación, los servicios de
enseñanza privada, el transporte terrestre público de personas y los espectáculos públicos en las
entidades, que sean distintos, al teatro, el circo y el cine. Se eliminaría además la tasa de 11 por
ciento para la zona fronteriza.
Claudia Anaya finalmente opinó que la reforma hacendaria generaría mejores condiciones para los
Estados y Municipios con metas que sólo se conseguirán si la sociedad civil y las autoridades locales
están dispuestas a contribuir con sus obligaciones.
Educación
Buscará Rector gestiones más fructíferas con apoyo de la comunidad universitaria
MARTIN CATALAN LERMA /
Viabilidad financiera, entre los objetivos que tiene la Universidad, informa Silva
Si no se recibe el dinero necesario, se espera que al menos sea suficiente para trabajar
Después de haber solicitado su renuncia a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas
(UAZ) y luego de ser rechazada por el Consejo Universitario, Armando Silva Cháirez afirmó que ese
suceso, ocurrido hace algunas semanas, ha significado para él un parteaguas en su administración
al frente de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.
A partir de ese momento, indicó, se ha avocado a la búsqueda de los canales más adecuados
para realizar gestiones más fructíferas, lo cual se espera lograr con el apoyo de toda la comunidad
universitaria.
“Yo sinceramente hice mi balance y autoanálisis de que la gestión que se había realizado no había
dado los resultados necesarios y eso lo manifesté en el documento que presenté, pero ahora los
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universitarios han manifestado su adhesión para trabajar en conjunto y así buscar alternativas para
fortalecer la institución”.
En consecuencia, el Rector afirmó que esa situación que se presentó, ahora permite trabajar en
condiciones más adecuadas para llevar a cabo las gestiones que se requieren para atender los
problemas financieros de la UAZ.
Silva Cháirez indicó entonces que en conjunto con los universitarios, se buscan las estrategias más
adecuadas para gestionar los recursos necesarios para atender la problemática de la institución, y
aunque es probable que no se le otorguen los montos necesarios, se espera que sean los suficientes
para mantener un funcionamiento adecuado, además de cumplir con los compromisos
contractuales con los sindicatos del sector académico y administrativo.
Desde el momento en que el Consejo Universitario rechazó su renuncia y manifestó apoyo a su
rectoría, “lo tomé como una responsabilidad, porque es la voluntad que expresaron da condiciones
diferentes de trabajo y de gestión de parte de las autoridades universitarias”.
“El planteamiento que se hizo fue en los términos que se establecieron. Fue una renuncia que
manifesté, las causas están ahí, pero ahora se da un parteaguas porque se conjunta un equipo
institucional”, agregó.
También comentó que hubo el reclamo de un sector de los universitarios de que no se sentían
convocados para atender los problemas de la UAZ, pero precisó que el tema de la gestión de
recursos lo tomó en su momento como una responsabilidad sólo de él.
Después de lo ocurrido, concluyó Silva Cháirez, se está impulsando una gestión colectiva, por lo cual
“manifiesto que esto es reiniciar una gestión y ahora sí decir que los universitarios están unidos
entorno a que tengamos una viabilidad financiera que permita ofrecer un servicio educativo de
alta calidad”.
Opinión
Controversial entrega recepción
Juan Gómez/
Código Político
Opacidad y debilidad institucional
Prevalecen acuerdos y pactos políticos
¿Se aplicará la ley ante los excesos?
La disparidad que prevalece en la entrega recepción efectuado en la reciente transición municipal
y en el Congreso del estado, pone de manifiesto la debilidad de las instituciones públicas, la
impunidad en el ejercicio de la política por encima de la Ley y la práctica de acuerdos entre
quienes detentan una porción del poder público.
Si bien es cierto que la formalidad de la entrega recepción se llevó a cabo en los tiempos que
establece la Ley, no sea transparentado el contenido de la entrega que hicieran los 58
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ayuntamientos salientes, lo que sin duda evidencia connivencia entre las autoridades receptoras y
las salientes.
La Auditoría Superior del Estado registró y documentó 968 millones de pesos de deudas en la
mencionada entrega recepción, pero hasta el momento no ha informado sobre la situación que
prevalece en la entrega que hiciera la 60 Legislatura, pues ha depositado la responsabilidad de
informar de esa situación a la 61 Legislatura.
El caso de Zacatecas refleja en gran parte el modus operandi de las administraciones municipales,
puesto que por un lado el alcalde saliente Arnoldo Rodríguez Reyes dio a conocer que dejó una
administración con cuentas sanas y una deuda de sólo 70 millones de pesos, lo cual es totalmente
alejado de la realidad.
El alcalde entrante para el período 2013-2016, Carlos Peña Badillo, ha dado a conocer en entrevista
con Pórtico On line, que el adeudo supera al informado por el edil saliente, pero evitó precisar una
cantidad puesto que, argumentó, aún están recibiendo a proveedores cuyo monto eleva
sustancialmente la deuda municipal.
Empero el alcalde priísta no podrá evidenciar la realidad que recibió de su antecesor por varias
razones, una de ellas tiene que ver con la pertenencia al mismo partido político, el PRI, que será
como una especie de camisa de fuerza que impedirá que aflore la realidad financiera de un
período municipal que fue el más cuestionado durante el pasado proceso electoral.
Mostrar la realidad financiera sería también un “disparo en el pie” del propio alcalde que tiene
fuertes compromisos con su antecesor que operó políticamente en su favor, y que por lo tanto está
obligado políticamente a mantener silencio ante un estado financiero que no le favorece en el
arranque de su administración municipal. Sin embargo la semana pasada la diputada Araceli
Guerrero Esquivel, ex secretaria general del PRI, reveló el desorden administrativo que han
encontrado algunos alcaldes entrantes, las “nóminas infladas” y el otorgamiento de plazas “al
cuarto para las 12” que se otorgaron.
Guadalupe es un caso distinto, pero también hay factores que evitarán que el actual alcalde priísta
Roberto Luévano Ruiz pueda no sólo evidenciar los excesos administrativos, sino deslindar
responsabilidades a los presuntos responsables, Rafael Flores Mendoza, actual diputado que preside
la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas en la 61 Legislatura y Gilberto Alvarez Becerra,
quien completó el período constitucional y operó en contra del candidato perredista a la alcaldía
guadalupense, Gerardo Romo Fonseca.
Durante entrevistas previas a su toma de posesión, el entonces presidente municipal electo de
Guadalupe, Roberto Luévano, estimaba recibir una administración municipal con
aproximadamente unos 150 o 180 millones de pesos de deuda.
Cabe mencionar que la ahora ex diputada panista Georgina Ramírez dio a conocer en su informe
de labores al frente de la Comisión de Vigilancia, sanciones administrativas y resarcitorias por el
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orden de los 476 millones de pesos, en tanto que el ex Auditor Superior del Estado, Jesús Limones
Hernández, dio a conocer denuncias penales por más de 20 millones de pesos ante la Procuraduría
General de Justicia, de las cuales el procurador Arturo Nahle García no ha reportado ningún
avance sobre su actual estado y menos aún, sobre su ejecución en alguna acción jurídico penal.
Por otro lado la situación en el Congreso del estado no difiere mucho de las irregularidades
administrativas en la mayoría de las presidencias municipales zacatecanas. La actual 61 Legislatura
analiza el reporte de la revisión documental de entrega recepción que entregó la Auditoría Superior
del Estado (ASE) a cargo del contador Raúl Brito Berumen.
Es importante recordar que la diputada priista Ana María Romo Fonseca entregó un informe sobre la
situación financiera de la 60 Legislatura, la cual es revisada y se prepara un dictamen respecto a su
contenido, pero han trascendido discrepancias entre lo informado y la realidad financiera.
Por ejemplo todo parece indicar que el fondo de apoyo municipal fue cobrado con anticipación
por parte de los integrantes de la pasada Legislatura, lo cual asciende a una cantidad millonaria
considerable.
Es por ello que algunos legisladores tienen serios problemas para comprobar sus ingresos que
percibieron en el período 2010-2013, en tanto que la rebelión de los diputados suplentes que
sustituyeron a los propietarios durante el pasado proceso electoral, interpusieron una demanda de
juicio político por las irregularidades administrativas que les afectaron la integración de sus
respectivos sueldos.
La demanda, obvio, fue rechazada por el pleno de la 31 Legislatura en una sesión extraordinaria,
pero esta semana será presentado el amparo en contra de la decisión de los legisladores.
Tanto los ayuntamientos de Zacatecas como la 60 Legislatura terminaron sus respectivos períodos,
envueltos en serias controversias administrativas producto de los excesos, omisiones, abusos y
opacidad en los que han caído por un lado los responsables de gobernar a los municipios y por el
otro los diputados que deben vigilar la eficiente y honesta aplicación del presupuesto estatal.
¿Realmente se aplicará la ley ante esta situación que hoy tiene al estado de Zacatecas en una de
sus más profundas crisis de administración financiera? Al tiempo.
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EL DIARIO NTR
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Primera plana, Metrópoli
Con deficiencias, construcción de Plaza Bicentenario
Antonio Torres
Mario Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) reconoció que existen
deficiencias en la construcción de la Plaza Bicentenario del sexenio anterior de la gobernadora
Amalia García Medina.
Indicó que este es un tema heredado por la administración anterior, por lo que urge hacer
correcciones pertinentes en la zona para que en años próximos no se vean afectadas las personas
que viven y transitan en el lugar.
En entrevista colectiva, aseguró que para estos trabajos se necesitan 40 millones de pesos, pero
según estudios realizados por expertos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se requieren
en realidad 170 millones, “prácticamente para volverla a hacer”.
Asimismo, afirmó que las ganancias del estacionamiento son para los trabajos de mantenimiento del
espacio.
“Es un tema que de lo que se genera se tiene que volver a regresar, ahorita hay un análisis en el que
la Secretaría de Infraestructura le pase (la administrativo) al Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (SEDIF)”, explicó.
Por lo anterior, Rodríguez Márquez señaló que desde hace unas semanas se hacen los trabajos
jurídicos para que dicho espacio pase los aspectos financieros al SEDIF.
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Primera plana, Metrópoli
Detectan irregularidades en nómina de la UAZ
Cristo González
La revisión de la nómina del personal técnico-académico de la Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ) presenta un avance cercano a 25 por ciento y se han encontrado 20
irregularidades.
Uno de los acuerdos del rector Armando Silva Cháirez con el Sindicato de Trabajadores (STUAZ) para
levantar la huelga que estalló el miércoles 11 de septiembre fue depurar la nómina, entre otras
demandas contempladas en el pliego petitorio.
Se estableció analizar la nómina de la administración central y de las unidades académicas para
despedir a los trabajadores que no sean necesarios y reducir 50 por ciento la plantilla de personal
de confianza.
En este sentido, Rafael Rodríguez Espino, secretario general del STUAZ, informó que la nómina que el
sindicato analiza se integra por 218 personas, y Rectoría examina la plantilla de personal de
confianza.
Sostuvo que durante el análisis de los expedientes de la clase trabajadora de la categoría técnico-
académico han encontrado 20 casos en los que falta documentación y se desempeñan en
actividades que no corresponden a esta área, e incluso laboran como docentes sin tener el grado
de escolaridad necesario.
Comentó que a más tardar el jueves 26 de septiembre el sindicato concluirá la revisión de la nómina
de esta categoría para dar a conocer los resultados.
Rechazó ISSSTE pago parcial
Otro de los compromisos de Silva Cháirez fue crear una cuenta mancomunada entre la UAZ y el
STUAZ, en la cual se depositaron las retenciones hechas a la base laboral en la quincena pasada
para que ese recurso llegue directamente al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
A decir de Rodríguez Espino, la semana pasada depositaron 5 millones de pesos a dicho organismo,
pero el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no aceptó
este pago parcial, debido a que la UAZ tiene que pagar 16 millones de pesos que adeuda desde
marzo.
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Columna Fuente Ovejuna
Staff
Sin sorpresas
Con apenas una cuarta parte de avance en la revisión o auditoría a la nómina universitaria,
evaluación llevada a cabo por la propia máxima casa de estudios del estado, se dice que hay al
menos 20 casos de “irregularidades”.
Sería de esperarse que, en las restantes tres cuartas partes de la revisión, salgan a la luz al menos
otros 50 casos similares.
¿Por qué tenía que llegar la Universidad Autónoma de Zacatecas al extremo de ponerse en tela de
juicio al enfrentar una crisis financiera? Pues simplemente porque mientras fue tiempo de “vacas
gordas”, tal vez a nadie le importó cómo funcionaba la UAZ.
El objetivo de la revisión, emanado de los acuerdos entre Rectoría y el STUAZ, es reducir a la mitad el
número de trabajadores de confianza, eliminando a aquéllos que no son necesarios. Y se antoja
que uno de los criterios sea, justamente, que los trabajadores con “irregularidades” sean eliminados
del rol de paga.
Sin embargo, algunos comprometidos universitarios se preguntan (y así lo han externado a
Fuenteovejuna) si, además de llevar a cabo estos recortes, habrá también sanción para quienes
permitieron que la situación llegara a tanto.
¿Quién o quiénes son los responsables de que se hayan llevado a cabo contrataciones irregulares?
¿Quiénes los responsables de que hubiese promociones, otorgamiento de plazas sin cumplir con los
requisitos?
¿Se fajará los pantalones la cúpula de la UAZ para llegar a encontrar a esos culpables y, en el caso
necesario, aplicar algún castigo a quienes fueron cómplices de semejante problema?
Todo apunta, según algunos de esos universitarios, a que se pretende hacer una “operación
cicatriz” de borrón y cuenta nueva, de olvidar el pasado y pensar más bien en el futuro de la
Universidad, pese a las voces (pocas) que exigen castigos.
Y es que, lamentablemente, no son pocos quienes se han visto de una u otra manera involucrados
en diversos grados de irregularidad de esos contratos.
Es decir, en la búsqueda de culpables, muchos callos acabarían siendo pisados y por ello hay
quienes señalan que sólo hay que sanear las listas de nómina y olvidar. O pasar a lo que sigue,
punto.
Lo más sintomático de los hallazgos de estas irregularidades es que no han causado mayor sorpresa
entre la cúpula de la Universidad.
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De una u otra manera, muchos (o la gran mayoría) sabían que así estaba ocurriendo, estaban al
tanto de contrataciones fuera de la norma, conocían casos de aviadores o empleados sin perfil
para el que habían sido firmados, etcétera.
No es algo nuevo y no es, sin duda, algo de lo que cualquiera pudiera decirse escandalizado. Y tal
vez, por ello, también es muestra de que muchos tienen al menos algo que ver con el predicamento
en que se puso a la Universidad.
Ahora bien, toda vez que se han “fajado los pantalones” para llevar a cabo el recorte de personal,
¿tendrán los universitarios también la madurez necesaria para sostenerse en la decisión y ser
consecuentes con la misma? ¿No habrá marcha atrás?
Mucho está en juego en este momento para la UAZ y uno de los puntos más importantes es la
credibilidad que puede fortalecer o, de plano, perder la autoridad universitaria, y todo depende de
cómo conduzca el proceso de purga que ha anunciado.
De ahí y de cómo se reestructure para dar la mejor educación a los jóvenes, optimizando sus
recursos y a la vez desarrollando y compartiendo el conocimiento, dependerá que nuestra máxima
casa de estudios salga del lodazal en el que se encuentra, o se acabe de hundir
irremediablemente.
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Local
Con las Nuevas Administraciones Vienen También Despidos Injustificados: SUTSEMOP
Hasta el Momento se han Presentado ya 15 Demandas
Por Juan Pablo Castro
Armando Moreira Medina, secretario general del SUTSEMOPArmando Moreira Medina,
secretario general del SUTSEMOP
Armando Moreira Medina, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) señaló que hasta el momento
se han presentado un total de 15 demandas relacionadas a “despidos injustificados”, luego
de que en los 58 municipios del estado arrancaran las nuevas administraciones locales.
“Es un problema que cada tres años tenemos que sortear, cada que llega una nueva
administración municipal se afecta a un determinado número de trabajadores puesto que
con cada nueva administración se tiene la idea de cambiar por completo al personal que en
las alcaldías labora, en este sentido nosotros como Sindicato al servicio del estado
trabajamos en beneficio de los afectados buscando que esos despidos sean resarcidos”,
detalló Moreira Medina.
Destacó que ha sido en los municipios de Loreto, Jiménez del Teul, Valparaíso, Ojocaliente y
Guadalupe, los lugares en los que se han presentado estas demandas.
Aseguró que para dicho efecto, los abogados del SUTSEMOP están ya trabajando con los
afectados de estos despidos.
“Es una lástima que cada tres años los trabajadores que laboran en las alcaldías u otros
organismos paraestatales tengan que estar prácticamente con el Jesús en la boca,
preocupados por saber si su lugar será respetado o si por el contrario están bajo riesgo de ser
despedidos sin mayores justificaciones.
Lamentablemente en lugar de que las nuevas administraciones que comienzan sus periodos
de gobierno en cada uno de los 58 municipios, en lugar de llegar a trabajar sobre lo que ya
las anteriores administraciones han hecho, se preocupan más por hacer despidos masivos y
ubicar en esos puesto a las personas que les ayudaron en su camino rumbo a las alcaldías”,
sentenció el líder sindical.
SÍNTESIS DE PERIÓDICOS LOCALES
Lunes 23 de septiembre de 2013
Moreira Medina destacó que para poder terminar con este tipo de prácticas resulta
necesario el establecer una serie de diálogos y tratos con el propio gobierno estatal, en el
que quede por sentado que quienes trabajan en una presidencia municipal puedan tener la
certeza de que sus plazas laborales serán respetadas sin importar que llegue una nueva
administración a las mismas.