el proceso de transicion de la empresa publicaICE_811_221-234__486A8C36CDC43C4E82C19202BF86B853.pdf

EL PROCESO DE TRANSFORMACINDE LA EMPRESA PBLICA

Luis Gmir Casares*

En este trabajo se detalla cmo ha ido evolucionando el concepto de empresa pblica en Espaa

distinguiendo cinco fases. En la primera, la empresa pblica se sita al servicio de una poltica

autrquica. En la segunda, de mayor apertura econmica, las funciones de la empresa pblica

aparecen como subsidiarias respecto de las de la privada. En la tercera, se estudia la empresa

pblica en el entorno de la transicin poltica, destacando su tratamiento en la Constitucin

Espaola, y en relacin con el ambiente poltico internacional del momento. En la cuarta, se

examina la evolucin de la postura del Partido Socialista en la consideracin de la empresa p-

blica y, por ltimo, en la quinta, se incluye el proceso privatizador del Partido Popular.

Palabras clave: empresas pblicas, nacionalizacin, privatizacin, Espaa 1941-2003.

Clasificacin JEL: L32, L33.

1. Antecedentes histricos

Sin remontarnos a perodos precedentes, desde

1941 hasta la actualidad podramos distinguir por lo

menos cinco fases:

1. La empresa pblica como instrumento de la po-

ltica autrquica.

2. La empresa pblica con funciones subsidiarias,

al menos en el lenguaje de la palabra (desde la aper-

tura al exterior de 1959-1960 y de forma literal desde

el I Plan de Desarrollo que se inicia en 1963).

3. Enfoque ms activista sobre la empresa p-

blica en el perodo en torno a la transicin. Dentro

de esta fase se dedicar cierta atencin en ningn

caso exhaustiva al tratamiento que tiene en la

Constitucin la empresa pblica, dadas las caracte-

rsticas de este nmero monogrfico de Informacin

Comercial Espaola.

4. Evolucin de la postura del PSOE: de las nacio-

nalizaciones a las privatizaciones.

DICIEMBRE 2003 NMERO 811

221

25 AOS DE CONSTITUCIN ESPAOLA

* Catedrtico de Poltica Econmica de la UCM y Presidente delConsejo Consultivo de Privatizaciones.

El autor de este trabajo se ha especializado en los ltimos aos en laproblemtica de las privatizaciones. Para evitar el autoplagio unaforma moderada pero muy real de plagiar, en temas concretos queresume o reproduce en este artculo, ha tenido que recurrir a laautocita, como mal menor (en todo caso hay un amplio margen deaportaciones nuevas en estas pginas).

Por otra parte desea agradecer al profesor Pedro Dur su colaboracinen este trabajo, aunque la responsabilidad del mismo sea nicamente desu autor.

5. Programa de Privatizaciones del PP.

En este apartado se tratarn brevemente los puntos 1

y 2 para centrar luego el artculo en los tres restantes.

La autarqua y la empresa pblica

El INI fue uno de los instrumentos del rgimen

franquista para potenciar la autarqua. Franco ya

haba defendido en unas declaraciones a la revista

Candide la autosuficiencia y las claras posibilidades

de Espaa segn l de conseguirla; en la ley de

creacin del INI aparecen menciones expresas a la

conveniencia de la autarqua y adems, el pensa-

miento fascista de Mussolini, defensor de la relacin

entre autarqua nacional e independencia, tena, es-

pecialmente en aquella poca, amplia repercusin en

la Espaa oficial (de hecho el INI espaol estuvo ba-

sado en el IRI italiano)1.

Durante las primeras dos dcadas de su existencia

(coincidiendo con la presidencia de Suanzes), el INI

acumula una importante tasa de inversin directa en

las empresas en las que participa, primndose en cier-

ta forma el volumen de produccin, sin tener demasia-

do en cuenta otros criterios de carcter econmico

como el coste asociado a dicha produccin2. Por otra

parte, se va a desarrollar la funcin del holding INI

como hospital de empresas privadas en crisis con

poco xito en el medio plazo y sin excesiva racionali-

dad econmica, dado que esta funcin a menudo esta-

ba basada en la influencia sociopoltica de la empresa

o de sus propietarios.

La subsidiariedad y la empresa pblica

A finales de los cincuenta los dogmas econmicos de

las dos primeras dcadas del franquismo estaban en

crisis y se van a ir sustituyendo por otros enfoques

ms favorables a una mayor apertura, como se pone

de manifiesto con el Plan de Estabilizacin de 1959.

Para la empresa pblica ello va a implicar un papel

ms secundario, pasando, al menos en teora, a una

funcin subsidiaria de la empresa privada3. Estos

cambios se pueden simbolizar tambin con la salida

en 1963 de la Presidencia del INI de Suanzes y con el

recorte de la autonoma de la que hasta ese momento

haba disfrutado el INI cuando en 1968 deja de depen-

der de la Presidencia para pasar al Ministerio de

Industria.


222


1 Como ancdota para ilustrar este punto, SCHWARTZ y GONZLEZ(1978) sealan que, cuando se publica la Ley que crea el INI en el BOE,se incluy un error que hubo que modificar posteriormente: en el artculo7. se sealaba que entre los vocales del Consejo figurara uno por elInstituto de Cambio y Divisas. Esta denominacin se corresponda alorganismo italiano ya que en Espaa su nombre era el Instituto Espaolde Moneda Extranjera.

El carcter parcialmente deseado de la poltica autrquica espaola yel papel del INI al respecto fue analizado en GMIR (1975) y enediciones posteriores de ese trabajo.

2 En palabras de SCHWARTZ y GONZLEZ (1978) el criterio deSuanzes no es el ptimo econmico de maximizacin de resultados, sinola maximizacin del producto. Participa en la creencia de que industriaautctona significa fortaleza nacional y de que las importaciones son unsigno de la debilidad de la produccin espaola.

3 En el I Plan de Desarrollo Econmico y Social (de 1963, para elperodo 1964-1967) se estableca que, antes de la creacin oestablecimiento de nuevas plantas industriales de una empresa nacional,se anunciar el oportuno concurso pblico para que el sector privadopudiera ejercer dicha actividad econmica. Sobre este punto existandiferencias con las recomendaciones realizadas en la poca por el BancoMundial, el cual sugera que la empresa pblica no debera gozar deventajas de ningn tipo frente a la empresa privada, pero que era libre(cumpliendo esa condicin) de entrar en cualquier sector. Por elcontrario, del Plan de Desarrollo se podra deducir que la empresapblica slo deba desarrollarse cuando existiera insuficiencia deiniciativa privada, aunque el Plan tambin recoge la posibilidad deutilizar las empresas pblicas cuando se necesite combatir prcticasrestrictivas o para imperativos de la defensa y de alto inters nacional. Entodo caso, segn Garrido Falla, este fue el ms terminante texto legalcontrario a la empresa pblica con el que actualmente cuenta nuestroderecho [cita recogida por MELGUIZO, A. (1973)].

A comienzos de los setenta, la poltica del INI in-

tenta poner un mayor nfasis en la racionalizacin

del sector pblico empresarial y en incrementar su

eficiencia. Se profundiza en la tendencia de dar im-

portancia a criterios de carcter econmico y empre-

sarial, en perjuicio de los puramente expansivos o

de incremento de la produccin industrial que ha-

ban venido primando en las dos primeras dcadas

del INI. Aunque la realidad posterior se separe de

las palabras, se pueden resumir las intenciones del

recin nombrado Presidente del INI en 1970, Clau-

dio Boada, de la siguiente manera: todas las em-

presas pblicas tienen que ganar dinero, a menos

que acten en un campo en el que las prdidas sean

juzgadas convenientes por motivos sociales; si tales

prdidas se creen necesarias, deberan ser financia-

das directamente a costa del presupuesto; si las

compaas pblicas actan en competencia con pri-

vadas que ganan dinero, las prdidas no seran jus-

tificables y las compaas deben ser disueltas o cedi-

das.

En el lenguaje de los hechos, aunque las ventas

no fueran significativas, en los tres aos de presi-

dencia de Boada se produjeron diversas enajenacio-

nes (la palabra privatizaciones todava no se utiliza-

ba) totales y parciales. Entre ellas podramos citar

la de Intelhorce (en la que los compradores se com-

prometan a mantener el empleo) y la de Unin

Elctrica. Esto no quiere decir que estos primeros

aos de la dcada fueran un punto de inflexin en la

expansin de la empresa pblica, ya que con el mis-

mo presidente que se realizan estas ventas el INI se

sigue expandiendo penetrando en nuevos sectores,

como el gas (se crea ENAGS), la electrnica y la in-

formtica. Adicionalmente, el INI sigue realizando

una poltica de accin regional (creacin de las

SODIS) y de salvamento de empresas (un ejemplo

de esta poca fue el de ASTANO).

En el perodo que va entre 1974 y 1977 se juntan

los efectos de la crisis econmica junto con los lti-

mos aos del rgimen existente en Espaa desde la

guerra civil. En el INI se suceden varios Presidentes

y la cuenta de resultados muestra un progresivo de-

terioro. Se introducen sistemas de planificacin y

control y se intenta fortalecer la cabecera del INI

frente al reino de taifas que rega en las grandes em-

presas (con escaso resultado). En este perodo se

crean nuevas SODIS y se contina con la labor de

hospital de empresas (por ejemplo, el INI entra en

el astillero Hijos de J. Barreras y en el Grupo de em-

presas lvarez).

2. La empresa pblica en el entorno

de la transicin

En este artculo en este apartado y en el 5 se va

a destacar que en ese perodo de la vida poltica espa-

ola, parte del mapa poltico defender con autntico

nfasis a la empresa pblica.

Aunque el PCE se modera en otros puntos, no nece-

sariamente en ste y el PSOE en su XXVII Congreso

de diciembre de 1976 se define como marxista y anti-

capitalista, en un contexto en el que criticaba a la so-

cialdemocracia como gestor del capitalismo4. El pro-

pio Miguel Boyer en aquella fase defenda nacionali-

zaciones en los sectores financiero y energtico y

durante el franquismo, desde determinados sectores

de la oposicin, se planteaba la nacionalizacin de la


223


4 Aunque en un grado, sin duda, muy distinto que el del PSOE, otrasposturas tambin estaban entonces a la izquierda de cmo lasencontramos ahora. El autor de este artculo realiz una entrevista aJordi Pujol en 1976 para la Revista Discusin y Convivencia: el modeloque el futuro President defenda para Catalua era la socialdemocraciasueca.

banca, relacionndola con el poder socio-poltico de di-

cho grupo econmico5.

En el plano internacional, hay que colocarnos en

aquel contexto histrico.

Es bastante despus de las primeras elecciones de-

mocrticas (15 de junio de 1977) e incluso con poste-

rioridad a la promulgacin de la Constitucin cuando

Margaret Thatcher gana sus primeras elecciones (3

de mayo de 1979) y comienza una poltica de privati-

zaciones6.

Sin embargo, poco ms tarde, Francia inicia su pro-

grama de nacionalizaciones sobre el que insistire-

mos en este apartado y uno de los antecedentes a

ese perodo era la Constitucin Portuguesa de 1976,

que dispona la irreversibilidad de todas las nacionali-

zaciones realizadas desde 1974, Constitucin que tuvo

que pasar por cuatro reformas incluida una tan tar-

da como la de 1997 para adecuarla a una economa

ms de mercado. Entre ellas hay que llegar a la de

1989 para encontrar la supresin a los obstculos a la

plena privatizacin.

Es en este contexto interno e internacional, sobre el

que aqu slo se han planteado unas lneas bsicas, en

el que se desarrolla este perodo y, dentro de l, en el

que hay que ubicar a la empresa pblica dentro de la

Constitucin de 1978.

En Toms de la Cuadra-Salcedo (1976, pg. 54) se ar-

gumenta que la Constitucin Espaola en materia de

empresa pblica y a travs del inciso del nmero 2 del

artculo 128 supone una ruptura radical con la filoso-

fa que inspiraba el Rgimen inmediatamente ante-

rior al establecimiento de la democracia, es decir, con

la filosofa de la subsidiariedad y como tal con el prin-

cipio de que la empresa pblica slo estaba justificada

cuando no existe iniciativa privada7.

En todo caso, la Constitucin limita la actuacin de la

empresa pblica y en general de la Administracin

pblica en cuanto que tiene que estar al servicio de los

intereses generales (vase el artculo 103.1 y, entre la

amplia bibliografa existente, las pginas 55-57 del

mencionado trabajo de Toms de la Cuadra-Salcedo).

Creo que ha pasado suficiente tiempo como para po-

der recordar esta ancdota. Aprobada la Constitucin

y hablando un da con Adolfo Surez, me deca que el

hecho de no haber conseguido la UCD mayora abso-

luta en 1977 haba ayudado a negociar un texto cons-

titucional basado en el consenso, dado que, si dicha

mayora hubiese existido, hubiera sido muy difcil evi-

tar la presin para promulgar una Constitucin ms

cercana a la derecha8.

Una de las virtudes del texto constitucional espa-

ol, muchas veces comentada, es que, sin modificarlo,

pueden existir gobiernos con ideologas diferentes.

Con el texto constitucional, un Gobierno hubiera po-

dido realizar una poltica mucho ms agresiva de em-

presas pblicas y nacionalizaciones, pero tambin pue-

de desarrollar un programa de privatizaciones. La ex-

presin podr es clave en el artculo 128, como lo ser

en el 131 al hablar de la posibilidad de planificar9.


224


5 Desde un enfoque independiente, por ejemplo en ROJO, L. A. (1973,pg. 104), se argumentaba a favor de dicha nacionalizacin.

6 Se suelen citar los precedentes de Chile, Togo o Sri Lanka, pero loque realmente coloca el tema en la agenda de discusin internacional esla actuacin de la Sra. Thatcher.

7 DE LA CUADRA-SALCEDO se remite a trabajos de MARTNEZESTERUELAS (1978), y de FERNNDEZ RODRGUEZ [citado este ltimopor CAZORLA PRIETO (1980)], y menciona la postura contraria a suenfoque de ARIO (1980).

8 En mi opinin, fue esa postura centrista la que permiti un dilogoque moder a la izquierda de la poca y consigui un textoasimtricamente promercado, como a continuacin se ver.

9 En este segundo caso, fue interesante la discusin en el Parlamentoentre el diputado Gastn Sanz que defenda la introduccin de laexpresin planificar en vez de podr planificar, la respuesta deGarca Aoveros y la decisin parlamentaria [citado por BASSOLS COMA(1996, pgina 142)].

En todo caso, la Constitucin espaola no es sim-

trica entre a) libertad empresarial y economa de mer-

cado y b) empresa pblica ms planificacin, por plan-

tear el dilema ideolgico diferencial, entonces clara-

mente existente en el mundo. El texto constitucional

se inclinaba por a) a travs del artculo 38, segn el

cual se reconoce la libertad de empresa en el marco

de la economa de mercado, sin la expresin podr

(no se dice podr reconocerse el sistema econmico

defendido en a), mientras que los artculos 128 y 131

utilizan dicha expresin)10.

En este contexto hay que valorar la labor de UCD.

Se ha destacado a menudo cmo en otros campos ayu-

d a centrar la vida poltica, que sala con todas sus

aristas y efecto champagne tras cuarenta aos de

rgimen franquista. Tambin en el terreno de la em-

presa pblica la UCD fue bsica para moderar posi-

ciones, como acabamos de mencionar en la nota 8.

La postura del PSOE fue evolucionando por razones

internas y por la evidencia de las caractersticas cen-

tristas de la sociedad espaola. Quiz si hubiese gana-

do las elecciones de 1977 o incluso las de 1979 habra

desarrollado polticas de nacionalizaciones mucho ms

intensas (podramos recordar sus antecedentes ideol-

gicos y los experimentos ya citados de la Francia de

Mitterrand, justo al principio de la dcada de los

ochenta). Sin embargo, tras el Congreso del PSOE de

septiembre de 1979 en el que abandona su enfoque

marxista salvo en planteamientos metodolgicos y

la constatacin del fracaso de las nacionalizaciones

francesas, se estrecha su margen de diferencia con la

UCD. De hecho, en las elecciones de 1982, la discusin

se centra en un tema concreto: el PSOE, en contra de

UCD, defiende la nacionalizacin de la red de alta ten-

sin. Gana las elecciones de 1982 y la lleva a cabo, pero

su enfoque no tiene que ver con sus antecedentes de de-

fensa de nacionalizaciones en los sectores financiero y

energtico ni con la poltica del socialismo francs de

principios de los ochenta.

3. Evolucin de la postura del PSOE

sobre la empresa pblica

Continuemos con lo dicho en el apartado anterior

sobre este punto.

La situacin financiera del conjunto de las empre-

sas pblicas segua arrastrando los efectos de la cri-

sis del petrleo, con importantes prdidas acumula-

das y, dados sus costes, con excedentes de capacidad

importantes. Durante los primeros aos, el princi-

pal objetivo del PSOE fue el saneamiento de las em-

presas pblicas, que se convirti en una de sus pol-

ticas estrella ante la opinin pblica de aquella

poca. Con ella se intent realizar un ajuste de ca-

pacidad en los sectores industriales ms afectados

por la crisis (siderrgico, naval, de fertilizantes, et-

ctera). La primera fase de este proceso, que conclu-

ye en lneas generales a finales de 1986, afect a

84.000 trabajadores y tuvo un elevado coste para las

arcas pblicas, que se puede estimar a finales de

1989 en el entorno del billn y medio de pesetas (el

75 por 100 se reparte entre el siderrgico y el sector

naval). El proceso ha recibido diversas crticas debi-

do a su elevado coste comparado con el relativamen-

te pequeo nmero de empresas a las que afect y,

sobre todo, por no haber conseguido sus objetivos de

poner a las empresas en situacin competitiva, ya

que apenas hubo acabado esta reconversin, los

principales sectores afectados, entre ellos, el naval

y el siderrgico, necesitaron de reconversiones adi-

cionales.


225


10 Por otra parte, en ARIO, G. (1995) se argumenta sobre lapreferencia del artculo 38 sobre el 128 dada su colocacinconstitucional [en general, sobre la postura del profesor Ario, veseARIO, G. (2000)].

En todo caso, esta poltica, iniciada por Bayn en

1981 como poltica de oferta de reconversin indus-

trial, era casi obligada si se quera que la empresa

pblica tuviera viabilidad, sin tener que soportar un

lastre tan elevado para las cuentas pblicas como el

que supona el sector pblico empresarial despus de

las crisis del petrleo.

Por otra parte, el PSOE lleva a cabo la expropiacin

de Rumasa y la reprivatizacin o vuelta al sector pri-

vado de dichas empresas. Se trat de un importante e

intenso proceso, ya que en el plazo de dos aos de las

800 empresas expropiadas 226 haban sido vendidas,

400 haban sido liquidadas o disueltas y 152 haban

sido devueltas a sus propietarios originales (World

Bank, 1986).

Por tanto, se puede entender que la venta de las

empresas de Rumasa se derivaba de la expropiacin y

no se trataba de desinversin de autnticas empre-

sas pblicas11.

El Gobierno del PSOE intent enfrentarse con la

viabilidad de otras empresas pblicas, de forma dis-

tinta o complementaria a la de la reconversin. As, a

partir de 1985 el INI inicia el proceso de venta de al-

gunas de sus empresas incluidas en sectores muy di-

ferentes, pero con una caracterstica comn: se esti-

maba que eran empresas en las que por diversas cir-

cunstancias tamao, tecnologa, comercializacin,

necesidad de fuertes inversiones y de presencia inter-

nacional su viabilidad futura no se consideraba po-

sible en el sector pblico. Por tanto, se puede decir que

eran privatizaciones impuestas por el mercado. Algu-

nos ejemplos relevantes son la enajenacin (an se-

gua sin hablarse de privatizaciones) de SEAT y

ENASA en el sector de automocin, SKF y CSA en el

de rodamientos, MTM y Atienza en el de bienes de

equipo, Enfersa en el de fertilizantes, etctera.

En esos momentos no se hablaba de la disminucin

del papel de la empresa pblica en la economa, sino

que se planteaban las privatizaciones como desinver-

siones para racionalizar la cartera de empresas p-

blicas y como operaciones necesarias para la viabi-

lidad de dichas empresas (mediante la venta o la in-

troduccin de un socio tecnolgico, financiero o

comercial). Por tanto, no exista un deseo declarado de

disminuir o replantear el papel de la empresa pbli-

ca12. Se segua hablando de su importancia, aunque se

actualizaron algunos de los argumentos utilizados

para su justificacin, como, por ejemplo, la necesidad

de contar con grandes grupos empresariales naciona-

les que, incluso, ayudaran a orientar la asignacin de

la produccin industrial nacional hacia los sectores

con mayores contenidos tecnolgicos o con mayor cre-

cimiento de la demanda, debido a que la estructura

industrial espaola se encontraba especializada com-

parativamente en los sectores con pequeo crecimien-

to de la demanda y escaso contenido de tecnologa13.

Las privatizaciones de empresas pblicas en esta

poca no cuentan, por tanto, con un plan predefinido y

van respondiendo a las necesidades de cada caso. Ms

tarde, ya a finales de los ochenta, las OPV de Endesa


226


11 La metodologa de estas ventas fue muy discutible. El juicio sobremuchas de ellas no sera positivo desde los criterios que en la actualidadutiliza el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP). En todo caso: a) serealizaron con extraordinaria rapidez y no existan precedentes claros deesta poltica; b) otras privatizaciones posteriores tampoco respondieron alos principios de publicidad, transparencia y concurrencia, con el enfoqueque sobre estos principios emplea el CCP.

12 El PSOE tuvo en su poltica de privatizaciones un problema internoimportante: a pesar de su evolucin, en extensos sectores del partidotena gran peso la defensa de la empresa pblica industrial.

13 Paradjicamente esta mayor especializacin relativa se deba enparte a las propias decisiones adoptadas en el seno de la empresapblica en etapas anteriores de primar precisamente el crecimiento deesos sectores (con independencia de que las ventajas comparativas de laeconoma espaola hubieran cambiando, especialmente, desde eldesarrollo de las crisis del petrleo).

(1988) y Repsol (1989) supondran las primeras gran-

des colocaciones en el mercado de valores de acciones

de titularidad pblica. Se trat de operaciones de ca-

rcter parcial, en las que las intensas campaas pu-

blicitarias desarrolladas facilitaron la participacin

de un elevado nmero de inversores minoristas. Di-

cha poltica, no obstante, se interrumpi durante al-

gunos aos, hasta que se intensific en la ltima legis-

latura del PSOE que comienza en 1993, quiz favore-

cida por la influencia de CIU, socio parlamentario del

PSOE en dicha legislatura. En definitiva, fueron casi

13.000 millones de euros (en trminos actualizados)

los ingresados por el Estado en la poca del PSOE a

travs de sus privatizaciones.

Estas operaciones fueron ventas parciales y el Esta-

do mantena un porcentaje significativo del capital

que le permita seguir controlando las empresas. Por

tanto, para algunos autores no se trat tampoco de

verdaderas privatizaciones, ya que no se produca el

traspaso de la gestin al sector privado. El objetivo de-

clarado de algunas de estas operaciones era la obten-

cin de la caja necesaria para realizar reestructura-

ciones o para enfrentarse con dficit de otras empre-

sas pblicas. Aunque casi no tendra tiempo de

emplearla, el PSOE aprueba en marzo de 1995 la Ley

que regula en Espaa una variante de la Golden Sha-

re inglesa, que permitira al Estado mantener un cier-

to control sobre las empresas privatizadas para las

que se utilizara. Esta ley sera despus aplicada por el

PP.

Las privatizaciones realizadas no supusieron nece-

sariamente una disminucin de la importancia del

sector pblico empresarial. Como se ha comentado,

las grandes empresas siguen bajo el control de la rbi-

ta pblica, mientras que, al mismo tiempo (para otros

objetivos como poltica regional, recolocacin de exce-

dentes laborales, diversificacin del tejido empresa-

rial, etctera), continua el desarrollo empresarial, in-

cluso en sectores en los que no estaba presente la em-

presa pblica. Un ejemplo es la llamada diversifica-

cin de Santa Brbara, que da lugar a la creacin de

empresas en sectores tan dispares como fabricacin

de discos duros de ordenador, de prtesis mdicas, de

barcos deportivos, de palas de aerogeneradores, entre

otros. Estos proyectos tuvieron un elevado porcentaje

de fracaso (en algunos casos ni se llegaron a iniciar las

ventas por carecer de un producto competitivo).

Por otra parte, se crea un complejo sistema de hol-

dings y subholdings (Teneo, AIE, SEPI) dependiente

del Ministerio de Industria, al mismo tiempo que otro

importante grupo de empresas pblicas dependa de

Patrimonio.

La utilidad de estos cambios no queda clara. Debido

a la multiplicidad de holdings y subholdings, el siste-

ma de cabeceras de las empresas pblicas se hace ms

complejo. La recin creada SEPI apenas tena funcio-

nes (aparte de ser una tenedora de acciones), que resi-

dan principalmente en Teneo para sus empresas,

mientras que las grandes empresas que provenan del

antiguo INH seguan gozando de una amplia autono-

ma (algo aplicable a la mayor parte de las grandes

empresas pblicas). Como ejemplo, dos empresas im-

portantes, Repsol y Endesa, tenan una dependencia

funcional diferente. As, Endesa se inclua en el sub-

holding Teneo, que a su vez dependa de SEPI, mien-

tras que Repsol dependa directamente de SEPI. Una

estructura que no parece coherente y que responda

ms bien a cuestiones histricas o a distribuciones

personales de poder.

Por tanto, el perodo del Gobierno del PSOE, consi-

derado en su globalidad, supone al mismo tiempo

cambios y continuidad en la poltica de empresa pbli-

ca. Continuidad debido a que no se modifica en esen-

cia el papel asignado a la empresa pblica (aunque

quiz se actualizan algunas justificaciones) y cambios

en lo que se refiere a que se empiezan las operaciones


227


de privatizacin con las contradicciones analiza-

das y que se producen diversas modificaciones en el

sistema de cabeceras no necesariamente eficaces (la

ms simblica, aunque de escasos efectos prcticos,

sera la desaparicin del INI). Tambin encontrara-

mos una variacin cuya trascendencia es una cuestin

que todava quedara pendiente de evaluar. El sector

pblico empresarial estatal se va retirando de su pa-

pel de hospital de empresas, mientras que son los

sectores pblicos autonmicos los que van a ir toman-

do el relevo, dando lugar en algunos casos a la consoli-

dacin de verdaderos INIs autonmicos.

En todo caso, insistamos en la evolucin de los enfo-

ques del PSOE antes de llegar al Gobierno, que com-

plementaremos en el apartado 5. Adems, para enten-

der el perodo 1982-1996 hay que colocarlo tambin en

el contexto internacional. La que podramos llamar

polmica franco-britnica (nacionalizaciones versus

privatizaciones) la gana el Reino Unido, incluso entre

crticos del thatcherismo. Despus todo el mundo pri-

vatiza y esta expresin hay que entenderla en sus

trminos literales, como se analiz en Gmir (1999).

Un ltimo dato: el propio socialismo francs pasa de

las nacionalizaciones al ni-ni (ni privatizaciones ni

nacionalizaciones) y despus, de hecho, a privatizar,

aunque con rubor terminolgico (a pesar de que

Francia no sea hoy de los mejores ejemplos de profun-

dizacin en la poltica de privatizaciones).

4. El Programa de Privatizaciones del PP

La llegada del PP al Gobierno y la aprobacin el 28

de junio de 1996 del Programa de Modernizacin del

Sector Pblico Empresarial del Estado implican un

cambio radical (aunque aplicado de forma gradual) en

la poltica de empresa pblica.

Este Programa (que tambin podramos denominar

Programa de Privatizaciones) establece su vocacin

de globalidad, lo que supone que las privatizaciones

alcanzaran a todas las empresas pblicas de propie-

dad estatal, con aquellas excepciones que establezca

el Gobierno. Adems las ventas afectaran a la totali-

dad de las acciones en poder del Estado, ya que se tra-

tara de traspasar la gestin a manos privadas14. Por

tanto, se puede interpretar que establece el principio

de que, a menos que exista una justificacin para con-

tinuar en el sector pblico, el destino de las empresas

estatales es el sector privado.

En el Programa de Privatizaciones se plantea el

principal objetivo de esta poltica en los siguientes

trminos: la reduccin y saneamiento del sector p-

blico empresarial tiene como fin ltimo la mejora de la

eficiencia productiva y la adecuada asignacin de re-

cursos escasos. ste es un Programa que no se con-

cluye en un breve plazo, pero no se pueden despreciar

los efectos que empiezan a sucederse desde el momen-

to en que se hace pblico, tanto en el seno como en las

relaciones externas de las empresas pblicas. Ello es

debido a que, si el Programa tiene credibilidad15, to-

dos los colectivos que trabajan o tienen relaciones con

las empresas pblicas (directivos, proveedores, traba-

jadores, etctera) conocen desde ese momento que el

destino de la empresa, aunque pueda no ser inmedia-

to, es la privatizacin. Por ello, poda ocurrir que con

el anuncio y con los primeros pasos de su puesta en

prctica, empezaran a tener lugar algunas de las

transformaciones que se podran esperar de la priva-


228


14 No obstante, el Gobierno ha utilizado en diversas empresas lallamada accin de oro en Espaa autorizacin administrativaprevia que le permite mantener de manera temporal cierto controlsobre determinadas operaciones que afecten a las empresas a las que seles ha aplicado. Esta regulacin est pendiente de revisin en Espaa yen varios pases europeos como consecuencia de una sentencia delTribunal de Justicia de la UE de mayo de 2003 (en principio nuestro paspodra aplicar un sistema cercano al que actualmente se utiliza enBlgica).

15 Y al comenzarlo con decisin, esta credibilidad aument.

tizacin, aun cuando todava no se conocieran las fe-

chas en que sera vendida cada empresa concreta.

El desarrollo del Programa de Privatizaciones ha

sido objeto de otros trabajos del autor (entre otros en

Gmir, L., 1999 y 2003b) por lo que no se va describir

con detalle en este artculo. En todo caso, se puede se-

alar que, desde la aprobacin de este Programa, se

han realizado en Espaa casi 60 operaciones de priva-

tizacin, con las que se han vendido ms de 50 empre-

sas pertenecientes a sectores muy diversos como ener-

ga electricidad, gas, petrleo, bienes de equipo,

aluminio, naval, electrnica, defensa, tabacos, cons-

truccin, telecomunicaciones, transporte de pasajeros

y mercancas areo, terrestre y martimo, auto-

pistas, banca, seguros, etctera. Hasta la actualidad

(septiembre del 2003) por las privatizaciones se ha ob-

tenido una cantidad en el entorno de los 32.000 euros

(en moneda corriente no actualizada).

El Programa de Privatizaciones se encuentra muy

avanzado y ha provocado una importante disminucin

de la importancia relativa del sector pblico empresa-

rial del Estado en la economa. As, en el Grfico 1 po-

demos observar como ha evolucionado la participacin

del Estado en el mercado burstil. Mientras que en

1995 el Estado era propietario del 12,25 de la capitali-

zacin total de la bolsa espaola, al cierre de 2002 di-

cho porcentaje alcanza nicamente el 0,43 por 100.

Para la puesta en prctica de este proceso, el Gobier-

no estableci los principios generales que deban guiar-

lo e increment el sistema de garantas y control de las

operaciones de privatizacin. As, adems de las tareas

ejercidas por el Parlamento y el Tribunal de Cuentas,

se refuerza el control ex post de la IGAE y se crea el

Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) con la

funcin de establecer un control ex ante.

El CCP tiene caractersticas parecidas a organis-

mos similares de pases de nuestro entorno (Francia,

Italia, Portugal o Alemania) y su objetivo es velar por

los principios de publicidad, concurrencia y transpa-

rencia a lo largo de las diferentes fases por las que

transcurre cada operacin de privatizacin. El CCP

emite un dictamen no vinculante sobre cada una de

las operaciones de privatizacin con anterioridad a

que el Consejo de Ministros adopte la decisin final,

dictamen pblico que, a menudo, en sus puntos crti-

cos, ha tenido amplia recogida en los medios de comu-

nicacin, ha modificado diferentes procesos y ha in-

fluido de manera importante en los siguientes (vese

CCP, 2002).

Otros dos elementos diferenciales respecto a los pro-

cesos anteriores de privatizacin son los siguientes:

1) La iniciativa y las principales decisiones pasan

a recaer en los agentes gestores en los accionis-

tas, es decir, ahora bsicamente en SEPI, y no en la

direccin de la empresa, lo que lleva a una mayor

coordinacin y reduce la posibilidad de conflictos de

intereses.

2) Se exigen valoraciones previas, externas e inde-

pendientes como un elemento ms que coadyuva a


229


GRFICO 1

PARTICIPACIN DEL ESTADOEN EL MERCADO BURSTIL

FUENTE: Bolsa de Madrid y elaboracin propia.

16,64 16,39

13,7712,21

10,87

5,56

0,58 0,34 0,54 0,53 0,4302468

1012141618

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

que las empresas se vendan a un precio adecuado,

aparte de aumentar la transparencia del proceso16.

El Programa de Privatizaciones no slo persigue el

incremento de la eficiencia en la empresa y de los sec-

tores afectados, sino que tambin ha buscado la efi-

ciencia en su propia ejecucin. Esto ltimo se podra

poner de manifiesto en la reduccin de los costes del

proceso (por ejemplo, se ha producido una importante

disminucin en las comisiones de las OPV) y de las

primas burstiles (stas ltimas miden la revaloriza-

cin de la accin, comparada con el ndice de mercado,

en un perodo corto un da o una semana despus

de la colocacin y son indicadores de lo ajustado del

precio de venta). Al mismo tiempo, se ha producido

una rentabilidad en el medio y largo plazo para los in-

versores superior a la revalorizacin de los ndices del

mercado17, lo que a su vez puede implicar una mayor

eficiencia de la empresa despus de la privatizacin,

como se analiza en Gmir (2003a).

En todo caso, a finales del 2003 el Estado sigue

manteniendo el control de un buen nmero de empre-

sas, aunque de menor tamao relativo de las ya vendi-

das. Tambin se mantienen participaciones de carc-

ter minoritario pero significativo en el capital de em-

presas tales como EADS, Endesa, Iberia, REE,

Altadis o Aldesa. Las manifestaciones del Presidente

de SEPI en el Congreso acerca de los objetivos de pri-

vatizacin sealaban la venta de todas las compaas

participadas operativas, con excepcin de Hunosa y

de Izar (resultante de la fusin de los astilleros civiles

y militares), as como del porcentaje (decreciente) de

REE que la ley obliga a mantener y de las participa-

ciones de Enresa e Infoinvest.

Por otra parte, ya desde el comienzo del Programa

de Privatizaciones se ha ido produciendo una simplifi-

cacin de la estructura organizativa de las cabeceras

de las empresas pblicas. El citado Programa recoge

la disolucin de Teneo y el paso de sus activos y pasi-

vos a SEPI (a efectos prcticos se elimin SEPI y se

cambi el nombre de Teneo por el de SEPI al que se

traspasan las empresas del antiguo INH). Junto a

este rgano gestor, se cre la Sociedad Estatal de Par-

ticipaciones Patrimoniales (SEPPa), la cual se encar-

gara de poner en prctica las privatizaciones de las

empresas dependientes de Patrimonio. En el ao

1997, se suprime la AIE y se transfieren sus partici-

paciones, obligaciones y bienes a SEPI. Ms reciente-

mente, en el ao 2000, desaparece el Ministerio de

Industria y la SEPI queda encuadrada en el Ministe-

rio de Hacienda del que tambin depende Patrimonio.

De esta manera, la estructura de la SEPPa se integra

en SEPI, a la que tambin se adscriben diversas em-

presas de Patrimonio, con lo que, si bien es cierto que

con menor contenido, el marco de holdings resulta

mucho ms claro y sencillo del que exista en 1996.

En definitiva, el paisaje de la empresa pblica esta-

tal ha sufrido en los ltimos aos un cambio sustan-

cial, cuya valoracin tendr que ser realizada con la

perspectiva del tiempo. Estos cambios no slo han

afectado a la estructura del sector pblico empresa-

rial (empresas que lo componen, organizacin del sis-

tema de cabeceras de las empresas pblicas, Ministe-

rios a los que estn adscritas), sino sobre todo a las

funciones asignadas (menos numerosas y de menor

importancia en la economa) al propio sector pblico


230


16 Es interesante destacar que en la fase de las privatizaciones delPSOE, el presidente de una de las grandes empresas pblicas argumental autor de este artculo (entonces portavoz del PP en la oposicin deindustria y energa) que no se deban realizar estas valoraciones. Suplanteamiento era que si despus no se consegua dicho precio, lapropia privatizacin quedaba desprestigiada, lo que alimentaba lascrticas internas que en el PSOE existan sobre este proceso.

El PP no ha tenido este problema. El CCP ha impulsado laindependencia de las valoraciones, distinguiendo luego claramente entrevalor y precio.

17 Esto ltimo se puede observar a travs de los ndices CCP vasepor ejemplo CCP (2002) que recogen el comportamiento del conjuntode valores de las empresas privatizadas.

empresarial. La privatizacin se convierte en el prin-

cipal instrumento para adaptar la composicin del

sector pblico empresarial a sus nuevas funciones

(aparte de sus efectos sobre la eficiencia, que, para

evitar reiteraciones, comentaremos en las conclusio-

nes de este artculo).

5. Resumen y conclusiones

Este trabajo se ha limitado al estudio del proceso de

transformacin de la empresa pblica desde la transi-

cin, con un breve apartado sobre los antecedentes

histricos, remontndonos a 1941, aunque un anlisis

ms completo nos llevara a la creacin de las Reales

Fbricas en el siglo XVIII y, dentro del perodo poste-

rior, hubiera tenido especial inters el primer tercio

del siglo XX, durante el cual aparecen importantes

empresas pblicas, muchas de las cuales seguan for-

mando parte total o parcialmente del sector p-

blico empresarial hasta el Gobierno del PP.

En general, la creacin de las empresas pblicas no

se haba basado en un plan predefinido (quiz con la

excepcin del muy criticable planteamiento autrqui-

co comentado brevemente en el apartado 1), sino que

responda a un enfoque de aluvin. Aunque en tr-

minos comparativos era algo menor que en otros pa-

ses de nuestro entorno, el sector pblico empresarial

espaol tena, en 1996, un tamao significativo, sin

coherencia interna y con un elevado grado de hetero-

geneidad.

Si tuviramos que dividir el mundo en dos modelos,

uno basado en la empresa privada y la economa de

mercado y el otro en la empresa pblica y la planifica-

cin, la Espaa posterior a la Guerra Civil hay que si-

tuarla en el primero, con dos objeciones de importan-

cia. En primer lugar, la economa de mercado queda

reducida por el intenso intervencionismo interior y

por la bsqueda de la autarqua (lo que separa nues-

tro mercado del internacional, cuando el mundo occi-

dental despus de la II Guerra Mundial empieza a

caminar en la direccin contraria a travs de la

OCDE, el GATT, etctera). Adems el INI implica dos

rasgos contrarios en relacin a dicho modelo: promue-

ve la expansin de la empresa pblica y disminuye la

economa de mercado al fomentar la autarqua.

Espaa se abre al exterior desde el Plan de Estabili-

zacin y disminuye el intervencionismo interno. Fue

una decisin audaz, eficiente y socio-polticamente

conservadora18. Era lgico que llevase a una modifica-

cin tambin en los planteamientos sobre la empresa

pblica, dado el carcter mucho ms promercado que

se va a impulsar en la economa. Hemos visto el dis-

tinto enfoque que aparece en el Primer Plan de Desa-

rrollo con la defensa de la subsidiariedad. En opinin

del autor de este trabajo, los Planes de Desarrollo tu-

vieron poco que ver con el desarrollo econmico. Este

se debi bsicamente a la apertura al exterior, que

multiplic los efectos positivos en nuestra economa

de un largo ciclo de crecimiento internacional. Los

Planes fueron ms bien el deseo de apropiarse polti-

camente de lo que tena lugar econmicamente por

las decisiones de liberalizacin. Por ello no es parad-

jico que la planificacin introduzca el principio de sub-

sidiariedad de la empresa pblica. Bassols Coma

(1996) y Cassesse (1995) han relacionado, con razn,

la crisis de la empresa pblica con el eclipse de la

planificacin indicativa. Pero en Espaa, en aqulla

poca, la decisin bsica de la poltica econmica del

momento fue la liberalizacin (con sus efectos sobre la

empresa pblica) y no los Planes de Desarrollo19, por


231


18 El autor de este trabajo analiz dichos rasgos y el contenido delprrafo anterior con mayor extensin en GMIR, L. (1975) y en edicionesposteriores de dicho libro.

19 Como punto bastante marginal, destacara que entre losespecialistas en Derecho Administrativo resulta especialmente importante

lo que es anecdtico que fuera en uno de ellos donde se

plasm dicho principio.

La subsidiariedad y los enfoques de Boada desde la

Presidencia del INI implican un nuevo planteamiento

sobre la empresa pblica, aunque quiz ms en el

lenguaje de las palabras que en el de los hechos. En

todo caso, se produjo un cambio real.

La transicin implic una fase realmente difcil, en la

que nuestra vida econmica y sociopoltica poda haber-

se visto muy influida (de manera negativa en opinin

del autor de este trabajo) por planteamientos sobre la

empresa pblica de pases cercanos a nuestro contexto

geogrfico, sumados a los antecedentes ideolgicos de

partidos polticos bsicos en aquel perodo. Uno de nues-

tros vecinos ms prximos Portugal manifest la

irreversibilidad de las nacionalizaciones en su Consti-

tucin de 1976 y otro Francia llev a cabo un impor-

tante plan de nacionalizaciones gobernando la UCD.

En el apartado 2 se ha mencionado algn punto de

la postura del PSOE en su XXVII Congreso de di-

ciembre de 1976 (a seis meses de las primeras eleccio-

nes generales). Se puede completar recordando que

su modelo empresarial prevea tres sectores:

a) El primero estara formado por grandes empre-

sas pblicas. En l se incluan, entre otras, las activi-

dades financieras y energticas. La gestin de estas

empresas se ceir obligatoriamente a las directrices

emanadas de los organismos de planificacin.

b) El segundo por la mayora de las grandes em-

presas que seran autogestionadas por los trabajado-

res. La representacin de los trabajadores sustituir a

las juntas generales de accionistas en las grandes

orientaciones y decisiones de la empresa. La supre-

sin del actual derecho de propiedad capitalista, en

las empresas donde se concentra la mayor parte de la

fuerza de trabajo del pas, supondr una transforma-

cin fundamental del sistema econmico y social.

c) El tercero sera una zona de pequeas empresas

privadas en las que la propiedad y la gestin estn

inevitablemente confundidas. [Vase al respecto

Guerra, A. (editor) (1977, pginas 209 y 210)].

En definitiva, de acuerdo con esta postura, desapare-

cer la empresa privada, tal como la conocemos, salvo

en pequeas empresas gestionadas por sus propietarios.

En ese entorno geogrfico y con esta ideologa, de fi-

nales de 1976 del principal partido de la oposicin, fue

de gran importancia la labor de UCD para moderar

posiciones, obtener por consenso una Constitucin b-

sicamente promercado y favorable a la libertad em-

presarial (aunque abierta a la existencia de Gobiernos

con distintos enfoques ideolgicos) y, antes, el Pacto

de la Moncloa, tambin por consenso. No es ste el lu-

gar de analizar dicho Pacto, que ya estudi el autor de

este trabajo, por ejemplo, en la edicin del ao 2000

del libro citado en la nota 1. Hagamos nicamente

una brevsima referencia al tratamiento de la empre-

sa pblica que podemos resumir en una nota a pie de

pgina y, antes, en una frase: era mucho ms de con-

trol que de expansin20.


232


la discusin terica sobre la subsidiariedad. (Recurdese, por ejemplo,que Lpez Rodo era catedrtico de dicha disciplina y que muchos de loscomentarios que sobre este punto y la Constitucin se han planteado enel apartado 2 provienen de profesores de la misma materia.)

La economa, sea en la especialidad de empresa o de teora de lapoltica econmica, ha utilizado otra conceptualidad, que el autor de estetrabajo desarroll en GMIR (1999) y que aparecer con mucha msextensin en GMIR (director) (2003b).

En todo caso, existe la lgica permeabilidad entre ambas disciplinas ylos enfoques de una afectan a la otra y, en definitiva, a la polticaeconmica real aplicada.

20 Se prevean, sin embargo, formas de influencia sindical en elGobierno de las empresas ms exigentes de lo que aparece en elartculo 129 de la Constitucin para todas las empresas. Hay querecordar que la diferente influencia sindical en la gestin de empresaspblicas y privadas es una de las razones (entre otras muchas) de ladistinta posicin entre ambas cuando actan en rgimen de competencia.

El efecto champagne (tras cuarenta aos de auto-

ritarismo de derechas), entre otras razones, llev a la

izquierda poltica y sindical a posturas radicales al

inicio de la transicin, que en general va moderando

despus. El PSOE modific sus enfoques, dentro tam-

bin del contexto de los muy importantes cambios que

se producen en todo el mundo sobre la empresa pbli-

ca entre 1976 y 1996.

En todo caso, su legado histrico, sus tensiones in-

ternas y su propia ideologa posterior le dificultaron el

desarrollo de la poltica de privatizaciones que nues-

tro pas necesitaba.

Ante la intensificacin del fenmeno de la globaliza-

cin, era an ms necesaria la apuesta por empresas

eficientes. La privatizacin, con todos los matices ne-

cesarios, implica en general ms eficiencia a) en la

empresa; b) en el sector al que la empresa pertenece,

si tiene suficiente entidad; c) en los sectores consumi-

dores de los productos provenientes del sector en el

que se han producido privatizaciones; d) en la credibi-

lidad de la poltica econmica que incorpora un decidi-

do programa de privatizaciones.

Los efectos de las privatizaciones sobre la eficiencia

se multiplican si se realiza en sectores con concurren-

cia interna o van acompaados de re-regulaciones

procompetencia21.

Aunque se han introducido algunas modificaciones

para ajustarlo ms a su contenido, este artculo puede

tener prcticamente el mismo ltimo prrafo en sus

conclusiones que el que aparece en otro distinto, escrito

simultneamente, que analiza terica y empricamente

los efectos de las privatizaciones sobre la eficiencia y la

competitividad en Espaa22. En definitiva, la conclusin

ms lgica es el efecto positivo e importante del Progra-

ma de Privatizaciones que se inici en 1996 por el PP so-

bre la eficiencia y la competitividad de la economa es-

paola. Este efecto nos llevara a: a) recomendar la pro-

fundizacin de la poltica de privatizaciones en nuestro

pas y b) estimar la conveniencia de que dicha poltica

vaya acompaada de nuevas medidas que intensifiquen

la liberalizacin y el fomento de la concurrencia, dado

que multiplican los efectos ya conseguidos.

Referencias bibliogrficas

[1] ARIO, G. (1980): La empresa pblica, en El Mode-lo Econmico en la Constitucin Espaola, dirigido porGARRIDO FALLA, Fernando, I.E.E.

[2] ARIO, G. (1995): Principios Constitucionales de lalibertad de empresa, Ed. Marcial Pons.

[3] ARIO, G. (2000): Principios de Derecho Pblico Eco-nmico, Comares, Granada.

[4] BASSOLS COMA, M. (1996): Artculo 131. La planifica-cin de la actividad econmica general, en ALZAGA, . (direc-tor):Comentarios a la Constitucin de 1978,EDERSA, Madrid.

[5] CASSESE, S. (1995): La nuova Costituzione economi-ca, Ed. Laterza.

[6] CCP (2002): Informe de Actividades 2002, Madrid.[7] CAZORLA PRIETO, L. M. (1980): Comentarios a la

Constitucin, director GARRIDO FALLA, Civitas, Madrid.[8] DE LA CUADRA SALCEDO, T. (1966): Artculo 128.

riqueza, iniciativa pblica y reserva al dominio pblico, enALZAGA, . (director): Comentarios a la Constitucin de1978, EDERSA, Madrid.


233


Es curioso y algo contradictorio este enfoque cuando el propioPacto manifestaba que las condiciones de actuacin de las empresaspblicas y privadas se equipararn de forma que en la gestin de ambostipos de empresa no se den situaciones discriminatorias (Ministerio deEconoma, 1977, pg. 89). Es cierto, en todo caso, que en aquelmomento no se conoca el texto concreto que iba a tener la Constitucin.

Por otra parte, se analizaba la posibilidad tanto de adquirir como deenajenar empresas, con el requisito de valoraciones rigurosas. Esinteresante este punto si lo relacionamos con lo que se dice al respectoen el apartado 4 y en la nota 16.

21 Estos temas se desarrollarn muy ampliamente en GMIR, L.(director) (2003b).

22 GMIR, L. (2003 a), resumen de lo que luego aparecer en eltrabajo citado en la nota anterior.

[9] GMIR, L. (1975): El perodo 1939-1959. La autarquay la poltica de estabilizacin, en GMIR, L. (coord.): PolticaEconmica de Espaa, Biblioteca Universitaria Guadiana yediciones posteriores en Alianza Editorial, Madrid.

[10] GMIR, L. (1999): Las privatizaciones en Espaa,Pirmide, Madrid.

[11] GMIR, L. (2003a): Las privatizaciones en Espaay sus efectos sobre la competitividad, Revista del Institutode Estudios Econmicos (en prensa).

[12] GMIR, L. (2003b, director): La teora econmica delas privatizaciones y su aplicacin a Espaa: (en preparacin).

[13] GUERRA, A. (editor): XXVII Congreso del PartidoSocialista Obrero Espaol, Editorial Arance.

[14] MARTNEZ ESTERUELAS, C. (1978): El principiode libre iniciativa econmica privada en el anteproyecto dela Constitucin, en Estudios sobre el Proyecto de Constitu-cin, Madrid, C.E.C.

[15] MELGUIZO, A. (1973): El papel de la empresa p-blica en la economa espaola, en VELARDE, J. (director):La Espaa de los aos 70. La Economa, Editorial Moneda yCrdito, Madrid.

[16] MINISTERIO DE ECONOMA (1977): Programa deSaneamiento y Reforma Econmica. Pacto de la Moncloa, Se-cretara General Tcnica, Ministerio de Economa, Madrid.

[17] ROJO, L. . (1973): Poltica Monetaria, en FUEN-TES QUINTANA (recopilador): El desarrollo econmico deEspaa. Juicio crtico al Informe del Banco Mundial, Revis-ta de Occidente, Madrid.

[18] SCHWARTZ y GONZLEZ (1978): Una historia delInstituto Nacional de Industria (1941-1976), Editorial Tec-nos, Madrid.

[19] WORLD BANK (1986): Techniques of Privatizationof State-Owned Enterprises, Selected Country Case Studies,Washington.


234


el proceso de transicion de la empresa publicaICE_811_221-234__486A8C36CDC43C4E82C19202BF86B853.pdf

Documents

Transcript of el proceso de transicion de la empresa publicaICE_811_221-234__486A8C36CDC43C4E82C19202BF86B853.pdf