ANÁLISIS

NATALY TORRES GUZMÁNNOVIEMBRE 2018

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) Ecuador

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) es una organización alemana representada en más de 100 países del mundo comprometida con los valores de la democracia y la justicia social. Desde su

llegada al Ecuador en el año 1974 como Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales

(ILDIS), la institución se ha desempeñado como centro de pensamiento progresista y facilitador de diálogos democráticos. El trabajo está enfocado en cuatro ejes: profundizar la dimensión

social de la democracia, fomentar la justicia social, construir una economía justa, así como

aportar a la gobernanza regional y la paz.

El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES.

Las opiniones expresadas en esta publicaciónno representan necesariamente las de laFriedrich-Ebert-Stiftung. ISBN: 978-9978-94-193-5

Nataly Torres GuzmánEconomista y master en Desarrollo Territorial Rural. Integrante del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. natalytorresg@gmail.com

El nuevo “consenso minero” en Ecuador: Discursos y prácticas contradictorias

El caso del Macizo del Cajas

Colectivo de Geografía Crítica

El Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador nació en Quito en 2012, formado por mujeres y hombres, geógrafas y geógrafos, investigadoras e investigadores sociales de diferentes orígenes, militantes comprometidas con el cambio social. A lo largo de estos años, hemos construido herramientas y análisis con el propósito de que sean útiles para la defensa de los territorios amenazados por los grandes proyectos del capital y, más recientemente, por el recru-decimiento del patriarcado. Frente a la amenaza del avance patriarcal, nos hemos enfocado en la lucha contra cualquier forma de violencia de género y en la lucha feminista en los territorios. Como Colectivo, hemos acompañado a diferentes organizaciones y comunidades, buscando apoyarlas a partir de herramientas prácticas y teóricas de la Geografía Crítica, a partir de la cual vamos ampliando y diversificando nuestras posturas teórico-políticas.

En agosto de 2018, la Corte Provincial del Azuay dictaminó la suspensión del proyecto minero Río Blanco en respuesta a la petición de medidas de protección interpuesta por habitantes de la parroquia Molleturo, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Entre 2016 y 2017, con la re-apertura del catastro minero, el gobierno ecuatoriano anunció concesiones por más de 2’657.000 hectáreas, que representan el 11% del territorio nacional. Estas concesiones interactúan con el sistema nacional de tierras protegidas, los ecosistemas de particular interés para la conservación y los territorios de pueblos indígenas.

Los proyectos mineros más avanzados ya han provocado graves consecuencias: violencia y atropellos; deforestación y contaminación de ríos; desalojo violento de familias, niños, niñas e incluso ancianos y personas enfermas; destrucción del patrimonio arqueológico; ocupación de la fuerza pública en comunidades campesinas e indígenas, entre otras.

Así, la apertura minera en Ecuador ha provocado la explosión de conflictos socio-ambientales que tienen como protagonistas a organizaciones indígenas y campesinas pero también a organizaciones ecologistas de la ciudad. Estos actores han desarrollado formas de movilización y participación diversa y creativa, posicionando en el debate público la defensa de la naturaleza, los territorios y la vida.

En este contexto: ¿Qué consecuencias han traído los movimientos del capital minero en Ecuador en el nuevo ciclo político-económico?, ¿qué papel ha tenido el gobierno en la promoción de la minería metálica?, ¿qué estrategias deben tomar las organizaciones de la sociedad civil para resistir al avance del modelo minero primario exportador en los territorios? Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en este documento.

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Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

El “consenso minero” ecuatoriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Los conflictos mineros en el sur del Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

¿La sentencia de la Corte Provincial frena la minería en Río Blanco? . . . . 10

¡El Cajas libre de minería! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Contenido

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Nataly Torres Guzmán

Introducción

En julio de este año, la Corte Provincial del Azuay dictaminó la suspensión del proyecto minero Río Blanco en respuesta a la petición de medidas de protección interpuestas por habitantes de la parroquia Molleturo, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay. Las afectaciones a las fuentes de agua, los contantes conflictos sociales y laborales, la vulneración del derecho a la consulta previa y la consulta ambiental fueron los motivos para que las poblaciones afectadas retomen la vía judicial como mecanismo para frenar la minería a gran escala.

Este hecho marca un hito para las organizaciones sociales y ecologistas a nivel nacional quienes habían perdido la confianza en el sistema judicial ecuatoriano por su accionar a favor de los grupos económicos y de poder. Después del Mandato Constituyente No. 6 o Mandato Minero de 2008 –que ordena dejar sin efecto concesiones mineras que afecten fuentes de agua, áreas protegidas y aquellas otorgadas sin consulta previa–, la sentencia de la Corte Provincial del Azuay es la victoria más importante para iniciar una moratoria minera propuesta por estos sectores por más de una década.

Las comunidades afro ecuatorianas del norte de la provincia de Esmeraldas y la comunidad indígena Ai Cofan de Sinangoe en la provincia de Sucumbíos, seguidamente, recurrieron a acciones similares obteniendo una victoria judicial. En el primer caso, los altos índices de contaminación de las fuentes de agua en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro producto de la minería a pequeña y mediana escala llevaron a que comunidades de

la zona a demandar y solicitar medidas cautelares. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo manifestó que la resolución de medidas cautelares dictadas en el año 2011 fue incompleta y no se cumplió a cabalidad, por lo que, modificó las medidas cautelares en el sentido de que se suspenda toda actividad minera. En el segundo caso, la reciente sentencia a favor de la comunidad Ai Cofan en Sucumbíos, se sustenta en el riesgo grave de afectación del río Aguarico, Chingual y Cofanes y la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, por tal motivo, se dispone la inmediata suspensión de todas las concesiones mineras otorgadas y en trámite dentro del territorio de la comunidad.

Ahora cabe la pregunta ¿por qué la minería es una problemática de preocupación nacional? Entre 2016 y 2017, con la re-apertura del catastro minero1, el gobierno anunció concesiones por más de 2’657.000 hectáreas (Ha), que representan el 11% del territorio nacional ecuatoriano (Minka Urbana 2017; Agencia de Regulación y Control Minero, 2017). Desde la promulgación de la actual Ley de Minería (enero de 2009) hasta abril de 2016, el catastro minero ecuatoriano había permanecido cerrado al registro de nuevos bloques mineros, en ese entonces, aproximadamente, 790.000 Ha se encontraban concesionadas, es decir el 3% del territorio nacional (Minka Urbana, 2017). Estas concesiones interactúan con el sistema nacional de tierras protegidas, los ecosistemas de particular interés para la conservación, y los territorios de pueblos indígenas (Roo Vandegrift et al., 2018).

Los proyectos mineros más avanzados ya han provocado graves consecuencias: violencia y atropellos; deforestación y contaminación de ríos;

1 El catastro minero es el registro de todas las áreas concesionadas a individuos y empresas y contiene las coordenadas georeferenciadas de los límites de las concesiones y los datos de los concesionarios (Minka Urbana, 2017).

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desalojo violento de familias, niños, niñas e incluso ancianos y personas enfermas; destrucción del patrimonio arqueológico; ocupación de la fuerza pública en comunidades campesinas e indígenas, como en la zona de Intag en el 2014, Tundayme en 2015; intervención militar masiva con armamento pesado en el territorio Shuar de Nankintz y sus alrededores en la Cordillera del Cóndor en 2016; sumado a varios conflictos sociales en Molleturo en 2018 (Minka Urbana, 2017; Acción Ecológica y Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, 2017; Sacher, 2017; Mongabay, 2018).

El referéndum efectuado en febrero de 2018, que incluía la pregunta “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”, muestra ahora su limitado alcance pese a que, más del 68% de población se expresó a favor del Sí en esta pregunta. Ya se advirtió, desde un inicio, lo “insuficiente” que resultaba esta pregunta ya que no resuelve el conflicto de fondo: prohibir la minería metálica en ecosistemas frágiles y de alta biodiversidad, fuentes y zonas de recarga de agua y territorios de posesión ancestral.

Frente a esta situación, el presente artículo explora los movimientos del capital minero en el Ecuador en el nuevo ciclo político-económico. Además, indaga el papel del gobierno de Lenin Moreno en la promoción de la minería metálica. Finalmente, resalta el papel de las organizaciones de la sociedad civil para posesionar en el debate, el avance de modelo minero primario exportador en los territorios y el rol que las resistencias sociales actuales tienen en defensa de la vida. Este análisis se realiza a partir de la lectura de un caso específico: el Macizo del Cajas.

El “consenso minero” ecuatoriano

El Consenso de los Commodities fue utilizado por Svampa (2013) para conceptualizar el orden económico y político en América Latina durante el ciclo de gobiernos “progresistas”. En este periodo, el boom de los precios internacionales de las materias primas y el incremento de la demanda de los países centrales y las potencias emergentes, como el caso de China, dieron como resultado un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas y la profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y nuevas formas de dependencia y dominación.

La llegada de gobiernos de derecha en la región, de la mano del debilitamiento del progresismo, marcan el inicio de un nuevo ciclo caracterizado por la disminución del tamaño del Estado y el retorno del discurso del libre mercado, la inversión extranjera y el militarismo norteamericano. El programa económico de atracción de inversiones consiste principalmente en flexibilizar para el capital transnacional los sectores: minero y agroexportador, y dar continuidad a los proyectos en curso. Esta realidad da cuenta de una situación de “consenso minero” que va más allá del tipo de gobierno y cuyo fin último es impulsar la minera a gran escala a lo largo y ancho de la región.

Ecuador no se distancia de esta realidad. El gobierno de Lenin Moreno, a pesar de alejarse del pensamiento político e ideológico de ex presidente progresista Rafael Correa, en el tema de la minería pretende dar continuidad a la política anterior de impulso al sector como mecanismo para contrarrestar la crisis económica que enfrenta el país. Mientras tanto, en lo político-ambiental mantiene un discurso y práctica llena de contradicciones.

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En 2017, el gobierno impulsó un Diálogo Nacional, cuyo objetivo era escuchar las propuestas de diferentes actores de la sociedad, construir acuerdos y corregir políticas públicas. En este contexto durante una reunión con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el presidente Moreno anunció la decisión de parar la entrega de toda concesión minera y petrolera, y dispuso que se evalúen las condiciones en que se otorgaron aquellas que ya están operando. Paralelamente, el Ministerio del ramo continuó legalizando cerca de 94.000 nuevas hectáreas a empresas transnacionales (Agencia de Regulación y Control Minero en Asamblea de los Pueblos del Sur, enero de 2018).

Después de la consulta popular de febrero de 2018, el presidente anunció que cerca de 2.000 hectáreas de concesión fueron revertidas, eso significa que más de 2 millones de hectáreas concesionadas siguen intactas, dejando la problemática de la minería irresuelta. Posteriormente, el gobierno viene desarrollando varias reformas para consolidar la propuesta de “Ecuador un país minero”, lema del anterior y de este gobierno. El incentivo más reciente se incorporó dentro de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, aprobada en junio de 2018.

La Ley otorga beneficio a los concesionarios mineros y las plantas beneficiarias sobre las ventas del mineral. Estos podrán pagar un porcentaje en un rango de 5% a 8% para los proyectos mineros medianos y grandes. Los criterios para calcular la regalía serán establecidos en el reglamento que se creará a ese efecto, de acuerdo con el principio de progresividad, volúmenes de producción, tipo de concesión y precio de los minerales. Este nuevo beneficio se suma a otras 13 modificaciones legales que se ejecutaron durante el gobierno anterior para garantizar flujos de inversión extranjera en el sector minero.

Las grandes ferias internacionales de minería premiaron los esfuerzos de Ecuador para arrancar con el desarrollo minero. En 2017, el gobierno anunció dos premios obtenidos a nivel internacional. El primer galardón consiste en el reconocimiento como “Mejor País en Desarrollo Minero”, concedido por los Annual Outstanding Achievement Awards of Mines and Money Americas en Toronto, Canadá. Este premio se otorga al “país que generó mayor expectativa e interés para los inversionistas”. El segundo galardón es por “País Más Innovador” en el mundo minero, otorgado por Mines and Money London Awards en Londres. Este es un premio que se da a los países que han realizado cambios en sus leyes para impulsar la minería y que han desarrollado proyectos mineros con alto cuidado ambiental (Ministerio de Minería, 2017 y Ahora News, diciembre de 2017).

La apertura minera en Ecuador provocó la explosión de conflictos socio-ambientales que tienen como protagonistas a organizaciones indígenas y campesinas pero también a organizaciones ecologistas de la ciudad. Estos protagonistas han desarrollado formas de movilización y participación diversa y creativa, posicionando en el debate público la defensa de la naturaleza, los territorios y la vida.

Los conflictos mineros en el sur del Ecuador

La provincia del Azuay se ha destacado a nivel nacional por la movilización permanente frente a la imposición de los proyectos de minería a gran escala. Las comunidades de Kimsakocha y Río Blanco llevan ya una década resistiendo a la minería debido a los altos riesgos que estos proyectos implican para la naturaleza, las poblaciones y las fuentes de agua, lo que pone en riesgo el derecho humano al agua y el sustento campesino.

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Estos dos territorios se ubican dentro del Macizo del Cajas, en el sur de la cordillera occidental del Ecuador y uno de los humedales más grandes del país que dan origen a ríos de suma importancia para la región austral. El complejo sistema hídrico del Macizo del Cajas permite la sobrevivencia y la economía local de los cantones Cuenca, Girón, San Fernando y Santa Isabel pertenecientes a la provincia del Azuay, así como a otros cantones de las provincias de Cañar y Guayas.

La presencia de yacimientos polimetálicos en estas zonas ha despertado el interés de corporaciones transnacionales, que en alianza con el Estado, han movilizado rápidamente recursos hasta estos territorios para fines de exploración y explotación minera. En la década del noventa, grandes corporaciones transnacionales como: la australiana inglesa Río Tinto y la canadiense COGEMA-TVX-NEWMONT aparecen en los primeros registros de presencia minera en la zona. Posteriormente, en los años 2000, con la salida de estas corporaciones, otras de menor tamaño como: las canadienses IAMGOLD S.A e International Minerals Corporation (IMC) logran obtener una concesión en las zonas de Kimsakocha y Río Blanco, ubicados al sur y oeste del Parque Nacional Cajas2, respectivamente.

Las áreas concesionadas a estas empresas cumplían con varias causales de disolución del Mandato Minero de 2008. Primero, se localizan en uno de los humedales más grandes del país y en la microcuenca de importantes ríos. En Kimsakocha nacen los ríos Tarqui y Yanuncay y en Río Blanco,

los ríos Miguir, San Luis, Canoas, y otros. Segundo, estas concesiones estaban localizadas en áreas protegidas. En el primer caso, las concesiones se encuentran en el Área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis, Sunsun-Yanasacha, El Chorro y Jeco, mientras que, en el segundo caso, las concesiones se traslapan con el Bosque Protector Molleturo-Mollepungo. Las dos áreas son parte del cinturón de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. Finalmente, en ninguno de estos casos se ha realizado la consulta previa, libre e informada a las poblaciones afectadas.

Incumpliendo claramente el Mandato Minero, el gobierno de Rafael Correa no solo que inició un proceso de sustitución de las concesiones antiguas por unas nuevas sino que, además, viabilizó el desarrollo de dos proyectos mineros en estas zonas: el proyecto Loma Larga, denominado inicialmente como “Quimsacocha”, que estuvo a cargo de la empresa IAMGOLD durante 13 años aproximadamente pero, en junio del 2012, vendió el 45% de sus derechos de explotación a la empresa canadiense INV Metals Inc; y, el proyecto Río Blanco administrado inicialmente por IMC y adquirido en abril de 2013 por la empresa china Junefield, cuya sucursal en Ecuador es Ecuagoldmining South América S.A. Río Blanco es el proyecto más avanzado. Desde agosto de 2016, iniciaron con la etapa de construcción de la mina.

La licitación de nuevos campos mineros a nivel nacional, en enero de 2017, afectó también al Macizo del Cajas. De las 15.899,73 hectáreas

2 El Parque Nacional Cajas forma parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). Esta área es fuente de recursos hídricos de suma importancia para la disponibilidad de agua en las zonas bajas, especialmente para la ciudad de Cuenca; además existe una alta biodiversidad endémica. Las actividades desarrolladas dentro del Parque se enmarcan únicamente en el marco de la gestión de manejo, tales como investigación, ecoturismo, monitoreo, etc. Forma parte de la Red de Humedales de Importancia Internacional en la Convención RAMSAR debido a la extensión e importancia de su sistema lacustre y de la Reserva de Biosfera Macizo del Cajas (Comité Promotor para la nominación ante UNESCO, 2012: 37-42).

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otorgadas inicialmente para el desarrollo del proyecto Loma Larga y Río Blanco, se incorporaron 90.146,53 hectáreas adicionales (inscritas o en

trámite) para actividades de exploración minera en la zona, como se lo puede apreciar en el siguiente mapa.

Mapa N .º 1

Concesiones mineras en el Macizo del Cajas (enero 2017)

Fuente: Maldonado y Torres (2017).

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¿La sentencia de la Corte Provincial frena la minería en Río Blanco?

Las limitaciones del Diálogo Nacional y la consulta popular frente a la minería provocaron que los conflictos en varios territorios a nivel nacional continúen profundizándose, es el caso de Río Blanco perteneciente a la parroquia Molleturo, cantón Cuenca. En esta comunidad, los enfrentamientos entre habitantes que se oponen y quienes apoyan la minería y trabajadores de la empresa minera han creado un ambiente de desolación e inseguridad. Quienes se oponen a la minería, la gran mayoría de Río Blanco, argumentan que la empresa Ecuagoldmining South América S.A -tan solo en la etapa de construcción de la mina- ya ha provocado impactos ambientales, como la contaminación y destrucción de fuentes y ojos de agua; violaciones a derechos laborales y derechos colectivos; división de las comunidades cercanas, incluso de las familias; y, la militarización de la zona producto del conflicto. Quienes apoyan la minería argumentan que traerá desarrollo y empleo a las comunidades (Mongabay, mayo de 2018).

La denuncia de las comunidades frente al proyecto minero fue formalizada ante la Unidad Judicial Civil Cuenca de la Corte Provincial del Azuay, quienes solicitaron medidas de protección debido a la vulneración de derechos constitucionales, como el derecho a la consulta previa, la consulta ambiental y el derecho humano al agua. La sentencia fue favorable a las comunidades ya que se aceptó dicha solicitud pero además, se ordenó la suspensión de la explotación en el sector de Río Blanco y la desmilitarización gradual y paulatina de los sectores en conflicto, precautelando la integridad de los miembros de la comunidad y evitando sobre todo conflictos.

La falta de independencia del sistema judicial durante el gobierno anterior, alejó a las organizaciones indígenas, campesinas y ecologistas de los mecanismos de exigibilidad judicial. Esta sentencia muestra un nuevo momento político, pero también la continuidad del papel del Estado como defensor de los proyectos mineros. Esto se hace evidente mediante acciones del gobierno central como: defensa judicial a los proyectos mineros, deslegitimación de la sentencia de la Corte Provincial, persecución política y administrativa a jueces (proceso disciplinario) y acciones discursivas de la minería responsable.

El Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minería y la Procuraduría General del Estado intervinieron en el proceso judicial con un recurso de apelación para evitar la suspensión del proyecto minero Río Blanco. Los argumentos de estas instituciones en contra de la sentencia fueron que, el Estado ha cumplido con los procesos administrativos y legales y, que la consulta previa, libre e informada no se aplica en este caso porque no existe población indígena, entre otros. A continuación se analiza los argumentos más relevantes del gobierno y los demandantes3.

Primero, el Estado argumenta que para el desarrollo del proyecto minero se realizó la consulta con las leyes que estaban vigentes en la época. Además, se realizó un proceso amplio de información en los centros poblados, medios de comunicación como por radio, periódico, sobre el estudio de impacto ambiental. La decisión fue que se aprobaba el proyecto, señalan. Las partes demandantes, en contraste, manifiestan que el gobierno confunde el proceso de consulta con audiencias públicas o socialización. Argumentan que la consulta previa debe ser obligatoria, y realizada con mecanismos apropiados, con información adecuada.

3 Para este análisis se utilizó toda la documentación del proceso judicial en el caso Rio Blanco.

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Segundo, respecto al mismo tema, el Estado manifiesta que para realizar la consulta previa, libre e informada, es necesario identificar si los accionantes cumplen con este precepto, de acuerdo con el Tratado 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En contradicción con el primer argumento, el Estado señala que existe una falta de legitimación activa en cuanto a la violación de la consulta previa ya que, en la parroquia Molleturo no existen pueblos indígenas, de acuerdo al Censo Poblacional de 2010, por lo tanto, no procede la consulta previa. La respuesta de las comunidades es que son pueblos indígenas en el sentido de auto identificación, pero también, debido a la posición ancestral de esas tierras. Este territorio alberga las ruinas de Paredones de Molleturo, que posiblemente fue un centro administrativo, religioso y militar de los Kañaris. En cuanto a la posición de la tierra, las concesiones mineras se localizan sobre la tierra y territorio de la comuna San Felipe de Molleturo, escritura que consta dentro de los archivos del gobierno comunitario.

Tercero, el Estado argumenta que se cumplieron con todos los requerimientos administrativos para firmar el contrato de explotación minera en la zona como: los estudios del impacto ambiental, estudios hidrológicos, biológicos, sociales, y ambientales ponderando los posibles impactos. Sin embargo, la población y las autoridades municipales demuestran una serie de irregularidades por lo que solicitan declarar la nulidad del otorgamiento de autorización de agua, autorización de exploración minera, autorización o estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para la fase de beneficio, la autorización de licencia ambiental para la explotación minera y todas las actividades inherentes al titular del proyecto Río Blanco.

La documentación que sustenta este pedido es la falta de certificado de no afectación Respecto de los Certificados de no Afectación al Recurso

Hídrico, de conformidad al Art. 26 literal b) de la Ley de Minería. Según oficio de SENAGUA Nro. SENAGUA –SDHJ.15-2018-0965– O se expresa que: “esta Subsecretaría no ha emitido ningún Acto Administrativo, a favor de los proyectos Estratégicos denominados Río Blanco y Loma Larga”. Para el proceso de otorgamiento de las licencias ambientales no se ha realizado la consulta ambiental en cada uno de los procesos. Aún no existen los estudios independientes que determinen la afectación real de este proyecto. En el año 2016, la empresa municipal de agua potable de Cuenca ETAPA EP contrató los servicios de la Universidad de Cuenca y del Azuay para la realización de estudios técnicos preliminares sobre el riesgo de los proyectos Loma Larga y Kimsakocha. Los estudios aún no están finalizados.

La postura del Estado ratifica su papel clave en el proceso de reprimarización de la economía mediante la garantía de la seguridad jurídica y física de los títulos mineros; reducción de la carga tributaria y promoción de un régimen arancelario laxo; reducción de los controles ambientales y la seguridad laboral; reverdecimiento del discurso a favor de la minería a través de conceptos como “la minería sustentable y responsable”; la violencia material y simbólica en los territorios de alta conflictividad, entre otros. Todos estos elementos respaldan el “consenso minero” en Ecuador.

¡El Cajas libre de minería!

Este es el lema que agrupa a las poblaciones afectadas por la minería a gran escala en el campo, pero también a organizaciones ecologistas de la ciudad en la provincia del Azuay. La defensa del Macizo del Cajas ha transcendido más allá de las fronteras de las comunidades cercanas a los proyectos mineros y se ha convertido en una de las movilizaciones ecologistas más importantes en el país. La movilización social ha permitido

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posicionar en el debate concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el agua, pero también la disputa sobre el concepto de desarrollo y el modelo económico que se pretende implementar en el país, y -de manera más acentuada- en el sur.

Frente a la imposición de este modelo económico, las parroquias involucradas, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, debaten actualmente alternativas prácticas para contrarrestar el discurso del desarrollo a partir de la minería. La apuesta va por un sistema económico integral que tenga como eje la protección de las fuentes de agua, y donde las comunidades locales sean corresponsables en el cuidado de las mismas; mejoramiento de los servicios ambientales como la dotación de agua de calidad; aprovechamiento de los diferentes pisos climáticos para la producción alimentaria en consonancia con los principios de la soberanía alimentaria; potenciación de un centro científico de investigación de los páramos; entre otros (Discusiones del grupo de alternativas del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, 2018; Asambleas en Molleturo y Victoria del Portete, 2018). La presencia de las mujeres, no solo en el proceso de movilización social, sino también en la construcción de estas alternativas tiene un peso importante.

Esta iniciativa necesita el involucramiento de actores como los gobiernos locales: Municipio de Cuenca, Prefectura del Azuay, pero también de las universidades. El cabildo cuencano jugó un papel importante en “declarar el territorio del cantón Cuenca, sus páramos y ecosistemas frágiles y amenazados, que se encuentran dentro del área de Reserva de la Biosfera del Macizo del Cajas, y en las áreas de protección y conservación ambiental y de fuentes hídricas determinadas por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, libres de minería metálica”. De igual manera, la Cámara Provincial del Azuay, en 2016, declaró a la provincia del Azuay como “territorio libre

de minería”. Si bien las comunidades reconocen este tipo de declaratorias, necesitan asimismo la presencia de estos gobiernos para ejecutar sus planes alternativos al modelo minero. De igual manera, las universidades tienen un potencial de involucramiento para impulsar la creación de conocimiento científico pero con compromiso social.

Conclusiones

En Ecuador está en curso un proceso de reprimarización de la economía a partir de la apertura de la minería a gran escala. Este proceso implica, en términos geopolíticos, nuevas formas de dependencia y dominación, debido a la ocupación territorial de sistemas no-capitalistas que pasan a formar parte de patrones de acumulación del capital mundial y constituyen el soporte para el abastecimiento de minerales de las economías de alto nivel de consumo.

El nuevo momento político en Ecuador marca el inicio de un nuevo ciclo de flexibilización de sectores como la minería y la continuidad de los proyectos con el fin de desarrollar el “consenso minero” ecuatoriano que consiste en impulsar la minera a gran escala en todo el país, independientemente del tipo de gobierno de turno. El papel del Estado en este proceso se reduce a la garantía de la seguridad de las concesiones mineras, la reducción de la carga tributaria, laboral y ambiental, el reverdecimiento del discurso minero y la imposición de la violencia en los territorios.

Las resistencias sociales a la minería han logrado frenar, parcialmente, el avance de la frontera minera, sobre todo en el Azuay, sin embargo, la amenaza aún se mantiene. Paralelamente, la defensa de los territorios, la naturaleza y el agua permitieron la revalorización de la identidad, el sentido de pertenencia y las posibilidades de re-

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establecer una relación con los páramos, desde una posición política de protección pero también de crear otras realidades posibles.

El 70% de los habitantes del cantón Cuenca manifiestan, según encuestas, que uno de los problemas de mayor preocupación es la minería y los riesgos de afectación a las fuentes de agua. El alto índice de preocupación de la ciudadanía no sería posible sin la constante lucha de las parroquias rurales Tarqui, Victoria del Portete, Molleturo y otras que, mediante un mensaje unificador de defensa del agua y la vida, han logrado sumar apoyo de diferentes sectores de la ciudad. De cara a las elecciones seccionales de marzo de 2019, el tema de la minería sin duda estará en la mesa de discusión. El reto actual de las organizaciones es posicionar la defensa del agua y la protección de las fuentes hídricas como un mandato popular y que las resoluciones de las autoridades anteriores que declararon la provincia y el cantón como “libres de minería” sean de cumplimiento obligatorio por

parte de las próximas autoridades electas.

La experiencia de la lucha por el agua en la provincia del Azuay deja mensajes y lecciones importantes para otras organizaciones del país. La articulación campo-ciudad, por ejemplo, ha demostrado que tiene un peso importante para detener los planes de empresas transnacionales gigantes. El reto está en que esta articulación crezca más allá de las localidades y que trascienda a otros territorios donde se focaliza la minería como las provincias de Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Azuay, en el sur, y las provincias del norte como Sucumbíos, Esmeraldas, Imbabura, entre otras. La Marcha Nacional por el Agua y la Vida y en Resistencia a la Minería, que actualmente recorre desde Tundayme (Zamora Chinchipe), territorio también en resistencia, hasta la capital, Quito, es una muestra de que la unidad de los pueblos crece cada día más bajo la consigna ¡Somos un país megadiverso, NO megaminero!

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Acción Ecológica y Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial (2017). La herida abierta del Cóndor, Una herramienta para la defensa de los territorios. Primera Edición. Quito: El Chasqui Ediciones.

Agencia de Regulación y Control Minero (2017). Geoportal del Catastro Minero, enero de 2017. Disponible en http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/

Ahora News (diciembre de 2017). Ecuador gana nuevo premio internacional por ser el País Más Innovador en el mundo minero. Disponible en http://ahoranews.net/ecuador-gana-nuevo-premio-internacional-pais-mas-innovador-mundo-minero/

Asamblea de los Pueblos del Sur (marzo de 2018). Mapeo de las nuevas concesiones mineras. Documento interno.

Comité Promotor para la nominación ante UNESCO (2012). Propuesta para la Declaratoria de la Reserva de Biosfera en el Macizo del Cajas. Ministerio del Ambiente. Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, SENPLADES, Municipalidad de Cuenca. ETAPA, GIZ, Naturaleza y Cultura Internacional.

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Bibliografía

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|El nuevo “consenso minero” en Ecuador: Discursos y prácticas contradictorias El caso del Macizo del Cajas

Nataly Torres Guzmán

Notas: Discusiones del grupo de alternativas del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, 2018.Asambleas comunitarias en Molleturo y Victoria del Portete, 2018.

ANÁLISIS

NATALY TORRES GUZMÁNNOVIEMBRE 2018

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) Ecuador

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) es una organización alemana representada en más de 100 países del mundo comprometida con los valores de la democracia y la justicia social. Desde su

llegada al Ecuador en el año 1974 como Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales

(ILDIS), la institución se ha desempeñado como centro de pensamiento progresista y facilitador de diálogos democráticos. El trabajo está enfocado en cuatro ejes: profundizar la dimensión

social de la democracia, fomentar la justicia social, construir una economía justa, así como

aportar a la gobernanza regional y la paz.

El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES.

Las opiniones expresadas en esta publicaciónno representan necesariamente las de laFriedrich-Ebert-Stiftung. ISBN: 978-9978-94-193-5

Nataly Torres GuzmánEconomista y master en Desarrollo Territorial Rural. Integrante del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. natalytorresg@gmail.com

El nuevo “consenso minero” en Ecuador: Discursos y prácticas contradictorias

El caso del Macizo del Cajas

Colectivo de Geografía Crítica

El Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador nació en Quito en 2012, formado por mujeres y hombres, geógrafas y geógrafos, investigadoras e investigadores sociales de diferentes orígenes, militantes comprometidas con el cambio social. A lo largo de estos años, hemos construido herramientas y análisis con el propósito de que sean útiles para la defensa de los territorios amenazados por los grandes proyectos del capital y, más recientemente, por el recru-decimiento del patriarcado. Frente a la amenaza del avance patriarcal, nos hemos enfocado en la lucha contra cualquier forma de violencia de género y en la lucha feminista en los territorios. Como Colectivo, hemos acompañado a diferentes organizaciones y comunidades, buscando apoyarlas a partir de herramientas prácticas y teóricas de la Geografía Crítica, a partir de la cual vamos ampliando y diversificando nuestras posturas teórico-políticas.

En agosto de 2018, la Corte Provincial del Azuay dictaminó la suspensión del proyecto minero Río Blanco en respuesta a la petición de medidas de protección interpuesta por habitantes de la parroquia Molleturo, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Entre 2016 y 2017, con la re-apertura del catastro minero, el gobierno ecuatoriano anunció concesiones por más de 2’657.000 hectáreas, que representan el 11% del territorio nacional. Estas concesiones interactúan con el sistema nacional de tierras protegidas, los ecosistemas de particular interés para la conservación y los territorios de pueblos indígenas.

Los proyectos mineros más avanzados ya han provocado graves consecuencias: violencia y atropellos; deforestación y contaminación de ríos; desalojo violento de familias, niños, niñas e incluso ancianos y personas enfermas; destrucción del patrimonio arqueológico; ocupación de la fuerza pública en comunidades campesinas e indígenas, entre otras.

Así, la apertura minera en Ecuador ha provocado la explosión de conflictos socio-ambientales que tienen como protagonistas a organizaciones indígenas y campesinas pero también a organizaciones ecologistas de la ciudad. Estos actores han desarrollado formas de movilización y participación diversa y creativa, posicionando en el debate público la defensa de la naturaleza, los territorios y la vida.

En este contexto: ¿Qué consecuencias han traído los movimientos del capital minero en Ecuador en el nuevo ciclo político-económico?, ¿qué papel ha tenido el gobierno en la promoción de la minería metálica?, ¿qué estrategias deben tomar las organizaciones de la sociedad civil para resistir al avance del modelo minero primario exportador en los territorios? Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en este documento.

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