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El laberinto de la gestión local en materia de

seguridad. A propósito de las experiencias en Chile y

Perú.

Por Enrique Castro Vargas

Incluye encuesta prospectiva a expertos de ambos países

Enrique Castro Vargas. Taller Asuntos Públicos/Sección Perú

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El laberinto de la gestión local en materia de seguridad. Experiencias en Chile y Perú

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INDICE

INTRODUCCION…………………………………………………………………………………………………………………. 04

I.- CONSIDERACIONES TEORICAS Y METODOLOGICAS……………………………………………………….. 05

1.- Caracterización de los Gobiernos Locales…………………………………………………………………….. 05

a. Factores territoriales…………………………………………………………………………………………. 08

b. factores socioeconómicos…………………………………………………………………………………. 09

c. factores institucionales……………………………………………………………………………………… 11

d. factores penales………………………………………………………………………………………………… 11

2.- Diálogos Locales……………………………………………………………………………………………………………. 12

3.- Sistema de matrices de impactos cruzados…………………………………………………………………… 13

II.- El LABERINTO DE LA INTERSECTORIALIDAD………………………………………………………………….. 14

1.- Liderazgo político en la gestión organizacional y funcional local………………………………….. 17

2.- Institucionalizar la Intersectorialidad……………………………………………………………………………. 18

3.- Equipos técnicos con profesionales expertos………………………………………………………………… 21

4.- El énfasis en los enfoques de intervención…………………………………………………………………….. 22

5.- Trabajo científico basado en la evidencia………………………………………………………………………. 23

6.- Focalizar territorialmente las intervenciones…………………………………………………………………. 24

7.- Focalizar la población vulnerable e intervenir integralmente…………………………………………. 25

8.- Diseño urbano preventivo………………………………………………………………………………………………. 26

9.- Permanente seguimiento, monitoreo y evaluación………………………………………………………… 27

10.- Incorporación de las Técnicas de Información y Comunicación (TIC) en las políticas de

seguridad……………………………………………………………………………………………………………………………… 29

III. CAMBIOS Y CONTINUISMOS……………………………………………………………………………………………. 30

IV. PROBABIILIDAD DE HIPOTESIS Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS AL 2020…………………… 32

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………………………………………………… 38

Anexos…………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

Bibliografía………………………………………………………………………………………………………………………….. 46


INTRODUCCIÓN

En el marco de las investigaciones que promueve el Consorcio Global para la

Transformación de la Seguridad se presenta esta investigación que observa, en Perú y

Chile, algunas dinámicas de gestión local en seguridad ciudadana. Ambos países

comparten lógicas parecidas de trabajo, en la medida que se cuenta con lineamientos

nacionales, con consejos subnacionales y secretarios técnicos locales.

Se parte de un relato teórico y metodológico que nos permite conocer las razones y

caracterizaciones de los gobiernos locales elegidos, se sigue con observaciones en

terreno, revisión de literatura acorde con la gestión local en seguridad, entrevistas a

expertos y aterriza en conclusiones que propenden a un modelo de gestión local.

La investigación se inicia en mayo del 2010, a pocos meses de instalado un nuevo

gobierno nacional en Chile y en el último año de gestión de los gobiernos locales en el

Perú. Resulta importante considerar estas circunstancias para leer el documento que

no se ve afectado por estas circunstancias ya que los hallazgos son relevantes en el

tiempo, sin embargo en el caso peruano los funcionarios entrevistados pueden ya no

estar en sus cargos o haberse realizado modificaciones en la estructura municipal.

Mientras que en Chile, como se explica en el documento, la nueva política nacional

genera modificaciones en funcionarios, el aterrizaje de las políticas y de los recursos a

nivel local.

Imposible concluir este documento sin agradecer la mirada crítica y reflexiva de la Soc.

Alejandra Mohor, las conversaciones en Chile con especialistas como Romina Nespolo

y Jorge Araya del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de

Chile; Ana María Munizaga de la Fundación Paz Ciudadana. La asistencia y colaboración

en Lima de Thesalia Carbo, las conversaciones con el Dr. Edson Berrios de la Defensoría

del Pueblo, la investigadora Nancy Mejía del Instituto de Defensa Legal, el Dr. Marco

García de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y el Dr.

Carlos Romero de la asociación civil “Ciudad Nuestra”. Igualmente responder al

respaldo de instituciones como “Perú Descentralizado” y el “Taller de Asuntos

Públicos”.


I.- CONSIDERACIONES TEORICAS Y METODOLOGICAS

La propuesta se elabora considerando cuatro etapas sucesivas de trabajo: Primero, la

selección de una muestra formada por 6 gobiernos locales, tres comunas en Santiago

de Chile y tres distritos en Lima, determinados en base a una serie acotada de criterios.

La recopilación de información a través de entrevistas, análisis de documentos

internos de gestión local y literatura que involucra a los gobiernos locales observados

dio lugar a una evaluación mixta y pluralista (Monnier, 1992), que facilitan el diálogo

entre las partes involucradas. “Más que la búsqueda de la mejor solución o la óptima

desde el punto de vista técnico, lo que se pretende es encontrar la más satisfactoria en

virtud del contexto político e institucional” (FLACSO, 2009, p14). Una tercera etapa es

la observación de las actuaciones municipales (el diseño de políticas, seguimiento y

evaluaciones a este nivel territorial); y, finalmente, la identificación de escenarios

posibles y futuros mediante la aplicación de un método prospectivo de impactos

cruzados (Sistemas y Matrices de Impacto Cruzado - SMIC) que tiene por objeto

identificar las probabilidades simples y condicionales de hipótesis y eventos.

1.- Caracterización de los gobiernos locales

Tanto en Perú como en Chile los gobiernos locales tienen un mandato político y

autonómico derivado de elecciones democráticas. En este escenario, el denominado

“Gran Santiago”, es socialmente imaginado como una sola unidad administrativa,

cuando en realidad se trata de la integración fáctica de 37 comunas todas dentro de la

Región Metropolitana (Dibujo 1). Lima Metropolitana, por su parte, adquiere desde el

año 2002 competencias reconocidas a los gobiernos regionales, y tiene una dinámica

que incluye a 43 distritos asociados desde sus periferias en un proceso socio

económico cada vez más independiente del centro (Dibujo 2).

En ambos países, la preocupación por la inseguridad ha sido sostenidamente relevante

para los actores públicos, los medios masivos de comunicación y la ciudadanía en

general. La última encuesta de victimización del Ministerio del Interior, en Perú (2005),

revela que en Lima la delincuencia o la falta de seguridad es la segunda mayor

preocupación del país superada sólo por el desempleo, considerado el principal

problema. En Chile, la situación no es diferente, la Encuesta Nacional Urbana de


Seguridad Ciudadana - ENUSC (2003 – 2009)1 registra a la pobreza y la delincuencia en

el primer y segundo lugar, respectivamente; mientras que en tercero y cuarto se

ubican la situación económica y el tráfico de drogas, en ese orden.

Esta problemática, su amplia visibilidad e intervención se materializan en acciones

nacionales y subnacionales que llegan incluso a generar modificaciones en las

estructuras del Estado. Ambos países ponen énfasis en el enfoque epidemiológico y

entienden que son muchos los factores causales de las conductas violentas y

delictuales. Esta comprensión no asegura la presencia activa de múltiples actores,

públicos y privados, involucrados en disminuir la inseguridad.

Gráfica Nº 1 Mapa del gran Santiago de Chile

Fuente: Wikipedia

Investigaciones empíricas exploran la asociación entre la delincuencia y una serie de

factores. Resultados derivados de la corriente de la elección racional dejan ver que el

crecimiento económico, el mercado laboral, la pobreza y la desigualdad son factores

que influyen en el desarrollo de actividades delictivas (Olavarría, 2007). Entre algunos

otros factores considerados relevantes se apunta al consumo de alcohol y drogas, la

1 Desde el año 2003, y de manera ininterrumpida desde el 2005, se viene aplicando la denominada Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que mide los niveles de victimización e inseguridad en Chile, sus regiones y las principales comunas urbanas del país.

Para la selección de comunas en Chile se intenciona hacia aquellas que no tengan un nivel crítico de inseguridad. Adicionalmente se considera el nivel de compromiso Municipal. Se trata de comunas geográficamente distantes y con puntajes significativos en el Índice de Vulnerabilidad Socio delictual (IVSD). Al poniente, la Comuna de Cerro Navia se ubica en el 5to lugar para el IVSD 2002 y 2007; al Sur, San Bernardo, en el puesto 13 para el 2002 y 11 para el 2007. Peñalolén es interesante por ser caracterizada con una buena gestión por los expertos consultados y con un nivel alto en relación a la procedencia de las víctimas de robos por sorpresa (ENUSC, 2009).


+

pobreza y la desigualdad, el desempleo, la juventud y la eficiencia del sistema de

justicia penal (Fruhling, 1997); otras exploraciones, exponen que vivir en áreas de alta

concentración de delincuentes influye en la probabilidad de involucrarse en

actividades criminales, una inercia criminal que construye el fraseo que el crimen del

pasado provoca el crimen futuro (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2001). En la misma

línea, Sampson y Laub arguyen que involucrarse en acciones delictivas en etapas

tempranas de la vida afecta las probabilidades futuras de desenvolver actividades

lícitas, debido a la reducción de oportunidades sociales y laborales (Shoemaker; 2000).

Gráfica Nº 2 Mapa de la Provincia de Lima Metropolitana

Fuente: Wikipedia

Con base en la epidemiología y el estudio de factores, consideramos apreciable las

investigaciones correlaciónales que no se quedan en la exposición superficial de

factores de riesgo sino que además evalúan el peso o influencia de cada una de ellas

en la problemática delictual. Así, en Chile, se elabora el Índice de Vulnerabilidad Socio

Delictual (IVSD) en el año 2002 (Araya y Sierra, 2002), que se actualiza en el 2007

(Araya, 2009), instrumento que identifica influencia de variables que definen factores

demográficos, sociales y económicos en la generación de comportamientos

Comas, al norte de Lima Metropolitana, fue una de las primeras invasiones poblacionales de importancia y precursora de la denominada Lima Norte; con una población de más de 400 mil personas y una pobreza casi igual al 20% supera el promedio de Lima. Villa El Salvador (VES), la versión de Comas pero al Sur de Lima, tiene un origen popular comunitario importante, con una población superior a los 380 mil habitantes y una pobreza por encima del 20%. Ambos son referentes de sus denominados Conos Norte y Sur de Lima. El distrito de Miraflores posee una población flotante comparable a la residente en Comas y VES y recibe de los expertos relatos de gestión atractivos.


delincuenciales. Espera medir la relación existente entre las variables independientes y

la variable dependiente tasa de población penal por comuna. El objetivo de la

herramienta es la correcta focalización de programas que buscan abordar condiciones

de riesgo.

Utilizaremos este instrumento para la determinación de la muestra en Chile.

Lamentablemente no pudo aplicarse el mismo instrumento en ambos países a pesar de

los esfuerzos en la investigación (anexo 1). La desigual y débil aplicación racional de los

datos y el limitado derecho a la transparencia y al acceso de información pública limito

el alcance de este objetivo.

Es por esta razón que para la selección de los distritos en Lima se basa en la consulta a

expertos en función de criterios territoriales, socioeconómicos, institucionales y de

justicia penal.

a. Factores territoriales

En Chile observamos dónde se realizan los hechos delictivos, de dónde provienen los

infractores, las víctimas2 y recalcamos la información del IVSD 2002 y 2007. Resalta el

cinturón de la zona sur de Santiago como gravitante en la problemática de “robos por

sorpresa”, mientras que en la zona nororiente y norponiente, la frecuencia del robo

por sorpresa – como delito ocurrido en la propia comuna – es media.

Es en la zona sur donde se ubica San Bernardo, con una alta frecuencia de “robos por

sorpresa” a residentes de la comuna, flanqueada por jurisdicciones complejas. Al

Poniente, Cerro Navia, se ubica en el 5to lugar de vulnerabilidad para el año 2002 y el

2007, con un nivel medio en los “robos por sorpresa” que se dan en la comuna.

Finalmente, Peñalolén aparece en un nivel medio en lo que respecta a este delito y,

ubicada en la zona oriente, se coloca en el puesto 54 en el IVSD, comuna que aparece

además compuesta por una extensa clase media.

En Lima, por su parte, la percepción de la violencia adquiere su punto más alto en las

áreas de mayor dinamismo económico, el casco urbano y el Cono Norte (Basombrío,

2 Ministerio del Interior. Encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. (2009) Recuperado http://www.seguridadciudadana.gob.cl/files/00_presentacion_enusc_2009_pais.pdf


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2007), Comas se ubica como eje importante de la denominada Lima Norte; unida al

centro histórico y a otras zonas por largas avenidas, cada vez más acabadas y un

reciente sistema de transporte rápido (Metropolitano). En el Cono Sur, Villa el Salvador

(VES) tiene porcentajes importantes de preocupación en la inseguridad y consumo de

drogas (Basombrío, 2007) y es un distrito social, política y económicamente

significativo en la historia de Lima. Esa energía económica, tanto considerada, nos hace

observar los tradicionales distritos del Cono Oeste, de alto comercio y alta población

circulante. Es el caso de Miraflores que se ubica frente al mar, se distancia de las zonas

periféricas o desarrollistas, con una historia burguesa que proviene de antaño unida

por una de las avenidas más grandes, que conecta el centro histórico de la ciudad con

este distrito y, evidentemente, integrada al reciente sistema de transporte.

La densidad poblacional reduce el abanico de comunas y/o distritos a circunscripciones

con una población significativamente alta en sus resultados censales o de una elevada

población flotante. Partimos de la preconcepción que a mayor concentración de

población mayor presencia de delitos a pesar de que existen estudios que la considera

como una variable no determinante (Núñez, 2003). La muestra se reduce a 17 distritos

en Lima con población superior al promedio Metropolitano. Es decir superior a

180,000 habitantes aprox. Comas, al norte de la ciudad, cuenta con 490,809 habitantes

y Villa El Salvador, al Sur, con 384,795. En el caso de Miraflores se aprecia una

población flotante alrededor de 350,000 personas aprox. atraídas diariamente por las

ofertas comerciales, gastronómicas y de diversión.

En Chile el IVSD del 2002 se elabora en base a comunas superiores a las 70 mil

habitantes y en el 2007 se elimina este criterio, esta investigación toma en cuenta las

20 primeras comunas del año 2002 y 2007 y las acota de acuerdo a su ubicación en

Santiago primero y a las conversaciones con los expertos luego.

b. Factores Socioeconómicos3

Pobreza. Es un factor que debe analizarse cuidadosamente debido a que puede llevar

a criminalizar la condición social. Corman y Mocan (2000), encuentran una relación

3 La desigualdad es un factor que aparece con mayor frecuencia en la literatura especializada, entendida como distribución inequitativa del ingreso. Pese a ello no es considerada como tal por su dificultad para acceder a información y luego determinarla distritalmente.


positiva entre el aumento de la tasa de pobreza y el aumento de las tasas de

asesinatos y lesiones. Para Briceño (2002) los territorios y poblaciones con mayor

pobreza tienen mayores índices de violencia, y ésta suele darse entre sus mismos

habitantes. Con todo, la experiencia discute la relación directa entre pobreza y delito,

mientras que ningún estudio prueba con certeza dicha asociación positiva. El IVSD ya

tiene integrada la variable pobreza y, en Lima, los distritos acotados geográfica y

poblacionalmente, son analizados con dicha variable. En los distritos de Comas y VES

sobre el 19% de la población es pobre superando el promedio de Lima. Miraflores por

su parte se encuentra muy por debajo de dicho promedio (1,8%).

Desempleo. Se ha encontrado relación contra cíclica entre crecimiento económico y

delincuencia. El estancamiento de la actividad económica induce a un incremento de la

actividad criminal, teniendo como puente conector el mercado de trabajo (Fajnzylber,

Lederman y Loayza, 2001). Para Freeman existe relación positiva entre la tasa de

desempleo y las tasas de actividad criminal; la falta de opciones laborales para

varones, jóvenes de baja preparación, la desigualdad salarial, las progresivas y

rentables oportunidades ilegales, sumado al incremento de la demanda de drogas,

contribuirían a elevar la posibilidad de estas personas a incursionar en actividades

criminales (Freeman, 1999).

Al dificultarse el ingreso de jóvenes al mercado laboral formal y no desarrollar lazos

sociales para organizar su futuro, decanta un conflicto entre las posibilidades

individuales y las oportunidades sociales, que se manifiesta en violencia, que se

desarrolla, principalmente, en sectores urbanos y es una de las principales causas de la

violencia de la región (Olavarría, 2007). En el caso de Comas la tasa de desempleo

alcanza el 10,8% y en VES el 7,5%4.

Servicios de educación y trayectorias educativas. La realidad escolar ha encontrado

una asociación media y fuerte con la delincuencia pero no se puede concluir que se

trata de una directa relación causal (Ferreira, 1998). Los años de escolaridad son vistos

como superación en relación a los niveles educacionales, así la mayor escolaridad

disminuye la probabilidad de conductas delictuales (Araya y Sierra, 2002). La cobertura

4 Datos proporcionados por el Ministerio del Trabajo basado en Encuesta de hogares especializada en niveles de empleo 2005, 2006, 2007 no disponible para el Distrito de Miraflores.


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educativa es amplia en ambas realidades nacionales, en Lima, los tres distritos se

encuentran por encima del 90% de asistencia escolar entre niños de 12 a 16 años. No

obstante, el fracaso educativo no es solo mal rendimiento, deben considerarse otras

variables como la socialización con pares de riesgo, inasistencia, niveles de violencia

escolar y otros, que aumentarían las posibilidades de entrar en dinámicas de exclusión

y desintegración ligadas al desempleo, sub-empleo, drogadicción y delincuencia.

c. Factores Institucionales

Compromiso Institucional. Observamos el nivel de presencia municipal. Primero, en

los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO en Chile) y Distrital (Plan Concertado de

Desarrollo Municipal en Perú); segundo, la información en su sitio web; tercero, la

asignación presupuestal como indicadores de transparencia y compromiso. En

resumen, se encuentra una amplia diversidad de condiciones en los tres ámbitos

observados.

Además de las fuentes de información secundaria, la consulta a expertos5 aporta

información concluyente respecto de qué municipios y distritos en Chile y Perú,

respectivamente, mostraban más compromiso con la gestión de la seguridad. Estas

consultas fueron complementadas con literatura temática especializada.

d. Factores penales

Incidencia delictiva. En Chile, la información se hace pública a través de los boletines

comunales emitidos por la DSP del Ministerio del Interior que recoge los datos

emanados de la ENUSC y de las denuncias por delitos de mayor connotación social6

(DMCS). De acuerdo a los datos de la ENUSC 2008 Peñalolén y San Bernardo presentan

porcentajes de hogares victimizados por sobre el promedio regional (40,2% y 42,8%,

respectivamente). Cerro Navia por su parte se encuentra levemente por debajo del

promedio regional.

5 La determinación de los expertos respondió a dos perfiles de procedencia: sociedad civil (centros académicos y ONG) y sectores públicos estatales (División de Seguridad Pública - DSP- del Ministerio del Interior en Chile y la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en el Perú). 6 Estos corresponden aquellos delitos que se ha determinado causa mayor impacto en la ciudadanía, a saber: homicidios, lesiones, violaciones, hurto, robo con sorpresa, robo con violencia e intimidación y robo con fuerza.


La información correspondiente al Perú no es publicada de manera sistemática ni fue

proporcionada por los órganos responsables de ella pese a ver sido solicitada (Anexo

1).

Vecinos detenidos. Se espera trabajar con la variable dependiente: tasa de población

penal por comuna y/o distrito, observando su relación con las variables

independientes (factores demográficos, sociales y económicos), de manera similar a la

metodología utilizada en el IVSD. Así utilizando este instrumento en el caso chileno el

dato ya estaba contenido al seleccionar la muestra. En Perú, sin embargo, la

información fue solicitada al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de

Justicia sin poder acceder a ella.

2.- Diálogos locales. Una vez seleccionados y caracterizados básicamente los seis

gobiernos locales resultaba necesario obtener información que permitiera conocer

cómo se gestiona la seguridad ciudadana en cada uno de ellos. Para lograrlo se

recurrió a los datos ya existentes a nivel local, tales como planes y/o estrategias de

seguridad, notas técnicas y boletines, entre otras fuentes de información secundarias.

La observación de instrumentos locales se realizó también a la luz de su relación con

los Planes Nacionales.

En segundo lugar, se opta por entrevistas individuales a expertos, secretarios técnicos

(ST) y beneficiarios de las agencias locales. Los municipios, sea desde una unidad

autónoma o un secretario, se relacionan con otras direcciones dentro del Municipio; y

fuera de éste, con la policía, la justicia penal (Ministerio público y los Jueces), el

servicio post penitenciario, los servicios de educación, salud, trabajo, vivienda y

también con los privados involucrados en la materia. Las entrevistas consideraron

preguntas similares en ambos países, procurando responder a los siguientes objetivos:


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Cuadro Nº 1 Objetivo principal y específicos de la investigación

Objetivo General: Esbozar un Modelo de Gestión Local en Seguridad Ciudadana

Objetivos Específicos:

Conocer la administración local en seguridad ciudadana

Observar la relación con el subsistema persecutorio y de sanción penal

Situar las iniciativas y formas de participación ciudadana

Conocer de las iniciativas exitosas y fallidas

Observar la relación con la seguridad privada a nivel local

Fuente: Elaboración propia.

3.- Sistema de Matrices de Impactos Cruzados (SMIC)

En relación a la prospección sobre escenarios futuros, acudimos al grupo de expertos

para en ellos aplicar la herramienta de Sistemas y Matrices de Impactos Cruzados. El

análisis de impacto cruzado, representa la tentativa de identificar algunas variables y

probar modelos computacionales, juegos de sistemas mediante los cuales se puede

visualizar la interacción entre variables a lo largo del tiempo.

Se trata de suponer probabilidades simples y condicionarlas a hipótesis o eventos,

apropiado para un fenómeno de características multidimensionales como la

inseguridad urbana, y el mundo dinámico y lleno de interacciones en el que ocurre. La

herramienta destaca escenarios más probables y las combinaciones más frecuentes lo

que permite, como político u operador público, anticiparse o potenciar una situación.

El SMIC, método que aplicaremos, tiene dos fases, la formulación de hipótesis y

elección de expertos a quienes se les aplica la encuesta. La segunda fase es cuando se

analizan las respuestas.


Cuadro Nº 2 Hipótesis de situaciones en que podría encontrarse la gestión local de la seguridad

ciudadana al año 2020.

Nro. Hipótesis

1 Se consolida la presencia de unidades técnicas de gestión local en seguridad ciudadana

2 Se mejora las condiciones para monitorear y evaluar la gestión local en materia de seguridad ciudadana

3 Se mejoran las condiciones de intersectorialidad

Fuente: Elaboración propia

II.- El laberinto de la intersectorialidad

La década de los noventa marco un punto de inflexión en materia de seguridad urbana

en Latinoamérica. Al respecto, los indicadores de los denominados delitos urbanos son

significativos pese a la imprecisión, falta de rigurosidad, precariedad y manipulación

de los datos criminales. Lo cierto es que el incremento de este tipo de hechos es

contundente y de coincidencia indesligable con el proceso globalizador mundial que

termina de consolidarse, precisamente, en los noventa (Ciafardini, 2006).

A fines de siglo Chile vive una serie de cambios que desplazan la visión centrada en la

justicia criminal hacia una más integral que va con el concepto de seguridad ciudadana

primero y seguridad pública después (Zuñiga, 2010). En Perú, el terrorismo y el

gobierno autoritario de los noventa distorsionaron y afectaron los servicios de

seguridad (Basombrío y Costa, 2004) y recién sufren algunas modificaciones en el

primer gobierno de transición democrática del siglo XXI. No obstante, en ambos países

es importante la presencia de un proceso donde la prevención se consolida en el relato

público y la gestión de la inseguridad se abre hacia la inclusión de la sociedad civil y de

servicios públicos y privados diversos. Desde mediados del siglo XXI parece

mantenerse la elaboración de planes, estrategias nacionales y la activación de una

lógica de sistemas y subsistemas para diagnosticar, planificar, ejecutar y monitorear

acciones. Esto se articula temáticamente en servicios como el de justicia y el

penitenciario, por ejemplo; y territorialmente en el nivel local, provincial y regional.


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El principio de subsidiaridad – donde el asunto debe ser resuelto por la autoridad más

cercana - vendría al rescate para justificar el necesario liderazgo territorial del Alcalde y

su Municipio como protagonista en la gestión de la seguridad. No obstante la

complejidad del fenómeno de la violencia, sus multicausalidades y dimensiones, abren

el abanico a más actores. Una intersectorialidad propia de un sistema.

La prevención de la delincuencia se entendía como una especialización limitada de la

policía, como un producto derivado de los sistemas formales en las actividades

policiales, de los procesos de condena, la pena y el encarcelamiento. La actuación de

estos sistemas formales y tradicionales resultó sumamente costosa e ineficiente para

el Estado y de ahí su ampliación (Crawford, 1997). Para Crawford, estas evoluciones

reflejan una reorganización de los poderes y de responsabilidades al interior y entre los

Estados, entre los intereses de los privados y los que poseen la sociedad civil.

Antecedentes se pueden encontrar en Francia, por ejemplo, donde la asociación de

alcaldes llevo a cabo, en 1982, una serie de contratos entre distintos alcaldes con la

finalidad de crear consejos urbanos en prevención del delito. Estos consejos lograron

reunir a un amplio número de ciudadanos y de agencias a fin de desarrollar proyectos

de prevención comunitaria enfocada en población vulnerable, específicamente en la

empleabilidad de jóvenes en situación de riesgo social. Desde 1989 estos contratos

han sido administrados a través de una agencia interministerial que vincula los

intereses del total de ministerios involucrados en apoyo a proyectos locales

(Bonnemaison, G 1982; Shaw, 2000). Bélgica adoptó el sistema francés de contratos

urbanos. Holanda desarrolló una política de alcaldes de ciudad (1996) con la finalidad

de hacer frente a la crisis de las ciudades relacionadas al desempleo, la ruptura

familiar, el abandono de las calles y lugares públicos, la utilización de drogas y la

presencia del delito. En Inglaterra y Gales, a partir de la Crime and Disorder Act (1998),

cada autoridad local y su cuerpo de policía establecen una multiagencia que debe

incluir las áreas de salud, libertad vigilada y otras, así como representantes juveniles

(Shaw, 2000). Y en Colombia, la prevención desde el liderazgo político alcaldicio

aparece esbozando la propuesta de la “cultura ciudadana”, frente a la opción de la

“ventana rota”, que se define como un conjunto de acciones, costumbres y reglas

mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilita la convivencia


urbana y conduce al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los

derechos y deberes de los ciudadanos (Costa, 2007).

Gráfica Nº3 Flujograma de los Planes Comunales de Seguridad Pública en Chile (2007-2010)

El nivel de intervención del gobierno local varía de acuerdo al liderazgo político, los

recursos comprometidos, las capacidades profesionales instaladas, la convergencia

interinstitucional entre otras. En Chile, desde el año 2001 se viene ingresando

comunas a una metodología de diagnóstico, planes comunales, consejos de seguridad

local, secretario técnico, mesa técnica comunal, primero, y mesa de coordinación

municipal después (Programa Comuna Segura 2001- 2006 y Planes Comunales de

Seguridad Pública 2007- 2010). En Perú, no es tan distinto, desde el año 2003 se

instala en cada nivel de gobierno (regional, provincial y distrital) comités de seguridad

ciudadana, ligados a la metodología de diagnósticos, planes distritales, consejos de

coordinación distrital y secretarios técnicos.


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Gráfica Nº 4 Flujograma de trabajo a nivel local en Perú

Difícil dudar del aporte de la prevención en la mejora de la seguridad y tantos años

interviniéndose el fenómeno de inseguridad se puede vislumbrar herramientas útiles a

las que arribamos a partir de la investigación

1.- Liderazgo político en la gestión organizacional y funcional local. Las ejecuciones de

las actividades observadas, tanto en Perú como en Chile, dependen de la presencia o

ausencia de liderazgo político del alcalde y de su capacidad para identificar e integrar

actores vinculados al fenómeno. El Municipio cumple un rol que se multiplica en

diferentes espacios, sean intra o extra municipales, un pívot de la coordinación con

actores públicos y privados en materia de prevención y de control. Esto demanda un

mayor traslado de competencias y capacidades desde el nivel central a las unidades

territoriales menores.

Resulta positivo que cinco de los seis municipios participantes de la investigación7,

salvo Ch1, cuenten con una unidad o sub unidad organizacional de seguridad

ciudadana. De estas cinco, P2 no es una unidad especializada en seguridad ciudadana

sino que asume esta tarea como adicional a otras en materia de fiscalización y es el

único que no tiene secretario técnico. En los otros cuatro municipios, aun cuando hay

7 En adelante para identificar a los municipios utilizaremos la codificación P1, P2 y P3 para los municipios en Perú y Ch1, Ch2 y Ch3 para los seleccionados en Chile.


ST, en tres hay un trabajo efectivamente integrado con la gerencia especializada (P1,

P3 y Ch3).

En Chile, hasta el año 2010, los ST son financiados directamente desde el nivel central

por la DSP del Ministerio del Interior; mientras que en Perú no hay claridad respecto

de quien debe financiar un cargo que es escogido por el alcalde pero impuesto desde

el nivel central.

Así señalan:“(…)por directiva nacional el secretario técnico no puede ser el encargado

de la Gerencia Municipal pero el Ministerio tampoco financia su sueldo (…) sin

embargo los dos cargos recaen en mi” (S.T.P3). Existen también esfuerzos opuestos por

integrar la S.T. al Municipio. “(…) dependo de la Directora del área de Gerencia de la

Seguridad Ciudadana quien es mi jefa. Antes había sólo un secretario técnico y no lo

acompañaba ningún equipo, sin embargo, se ha ido insertando la S.T. a la gerencia de

SC” (STCh3).

El secretario técnico correspondiente a Ch1 señala: “(…) no existe una gerencia de

seguridad así que coordino directamente con la Alcalde y con los que sea necesario”.

El liderazgo político puede resultar retórico por lo que se requiere decisiones concretas

y sostenidas en materia de gestión, visibilizadas preferentemente en una Gerencia o

Dirección Municipal ubicada en el organigrama institucional. Las dimensiones de esta,

y por tanto los recursos que demande del presupuesto municipal y de transferencias

nacionales, deberán ser coherentes con la problemática local.

Desde que el estado peruano reconoce la problemática y legisla top-down la presencia

del ST debe hacerse responsable – de manera parcial y total en algunos lugares- del

cumplimiento de la norma que impone.

2.- Institucionalizar la Intersectorialidad

Para las seis realidades locales existen espacios de deliberación y acuerdo - los

Consejos Comunales de Seguridad Pública (CCSP) en Chile y los Comités Distritales de

Seguridad Ciudadana (CDSC) en Perú – como instancias externas a la orgánica

Municipal (gráficas 1 y 2). Por su naturaleza de colectivo los espacios plurales y


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deliberativos no están exentos de dificultades, al contrario son zonas de conflicto y

oposición. Son además los principales lugares para la participación de la sociedad civil.

Cuadro Nº3 Consejos Comunales y Comités distritales de Seguridad Ciudadana en Perú y Chile

Al observar los planes y relatos de los secretarios técnicos se pueden encontrar

algunas contradicciones en relación al trabajo conjunto: “Nunca viene nadie de la

Fiscalía, por lo menos desde mayo no ha participado, antes había un fiscal pero lo

reemplazaron y a pesar de haber solicitado su presencia no se ha apersonado” (STCh2).

En este caso se evidencia que la intersectorialidad aparece sujeta a la voluntad de los

representantes y no como una práctica institucionalizada.

El ministerio público parece tener una relación exclusiva con las policías (Ch1, Ch2, P1 y

P3) salvo Ch3 en donde además de participar del consejo lo hace de una mesa jurídico

policial con personal municipal.


La existencia del plan o del comité no asegura el trabajo conjunto, transversal ni

intersectorial, pudiendo convertirse sólo en un requisito formal. “La Gerencia (que

entrega licencias) no participa del plan y tampoco coordina mucho con la Gerencia de

Desarrollo Social ni con esta Sub Gerencia (…) el trabajo conjunto es mayor con policías

para colocar cámaras y acciones de control” (STP2).

Es carente la participación de agencias intra municipales y externas, así por ejemplo, la

judicatura está ausente en cuanto a penas alternativas a la privación de libertad, de los

6 gobiernos locales solo Ch3 tiene desarrollada la implementación de penas

alternativas.

Las prácticas del quehacer intersectorial, conjunto y sostenido, propenden a su

institucionalización en la gestión pública. “La gerencia, inserta en una adecuada red

municipal, se relaciona con los otros directores como pares (…). También tenemos

mesas de trabajo temáticas dirigidas por la gerencia en donde participa la Gestión

Comunitaria, SERPLAC, Tránsito, Salud, Educación y servicios que de una u otra manera

están insertos (…).Se encuentran en las diferentes mesas donde se van asociando

metas entre los directores, ahí se establecen los recursos para cumplir los objetivos.

También estamos muy ligados al mundo académico” (STCh3). Esta anotación es

valorada como muy positiva para arribar a una intersectorialidad efectiva en la medida

que se comprometen recursos para materializar los acuerdos.

La intersectorialidad remite a la integración de actores diversos con vistas a la solución

de problemas sociales (Cunill, 2005), y la inseguridad es un fenómeno donde la

interdependencia de los agentes involucrados se hace evidente, tanto horizontal como

verticalmente, en la implementación de las acciones. Las dinámicas centralistas y

descentralizadoras generan un gobierno multinivel y a la vez la necesidad de

encontrarse en el espacio local con metas y estrategias comunes.

En los espacios observados se evidencia una integración de características Top – Down,

se interviene una escuela y los escolares pocas veces son partícipes del diseño, de la

intervención o del monitoreo; de igual manera con el genérico jóvenes, niños y niñas

sean agresores o vulnerados en sus derechos. Lo mismo ocurre habitualmente cuando


D5

la gerencia de seguridad local o los secretarios técnicos se constituyen como meros

receptores del poder central.

Los lineamientos de nivel central para propiciar este acercamiento pueden también,

por el contrario, generar obstáculos: “Creo que hay mucho que afinar porque influye

los cambios que acompañan al proceso. Cada ministro viene con su marcha y el nuevo

con su contramarcha” (S.T.P3).

Se requiere de una integración sistémica con el ejecutivo nacional. Que las acciones

comprometidas no varíen a voluntad de la nueva autoridad ministerial o de un servicio

en su interior.

3.- Equipos técnicos con profesionales expertos

En todas las circunscripciones encontramos equipos que varían de acuerdo a los

objetivos que persiguen y la cantidad de personal con la que cuentan. Salvo Ch3 -y Ch2

en menor medida- no existen equipos integrales multidisciplinarios si no que más bien

se tiene una misión más represiva materializada en la vigilancia operativa.

“Trabajamos con una geógrafa que geo referencia la comuna con cortes trimestrales

también contamos con asistentas sociales que trabajan en la unidad de análisis,

abogados y ex policías en la unidad jurídico/policial. A ello sumamos los equipos de los

proyectos FAGM8 y el aporte de académicos externos al Municipio” (STCh3).

Buena parte del trabajo para mejorar el diseño y la implementación de las políticas en

América Latina involucran la instalación de capacidades técnicas en los municipios o en

entidades que, por medio de la tercerización, pueden asistir amplia o específicamente

a diferentes servicios y/o niveles de gobierno. Caso contrario se reproduce la lógica

perversa que plantea Frühling (2008) en donde existen altas probabilidades de éxito

para aquellos programas que son ejecutados desde el nivel central o en grande urbes.

Pues es ahí donde existen los recursos económicos para contar con equipos expertos y

multidisciplinarios.

8 Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal que se destinan desde el Ministerio del Interior a los proyectos que presentan las comunas para trabajar líneas de prevención en Chile


Un fenómeno de amplias aristas requiere contar con un equipo capacitado

profesionalmente, con recursos humanos y logísticos financiados principalmente por el

gobierno local o por recursos trasladados del subnivel de gobierno superior, sea

provincial o regional; o directamente del Estado nacional. Sin dejar de comprometer al

empresariado en una labor que beneficia sus condiciones de rentabilidad.

Contar con profesionales civiles, atraídos por los incentivos económicos, el clima

laboral, la dinámica de intervención y que aporten con experiencia en criminología,

seguridad ciudadana y ciencias sociales permite disponer luego de diagnósticos

actualizados en incidencia y factores de riesgo, oferta de programas diferenciados por

grados de complejidad y efecto; intervenciones coherentes y sobre todo, mecanismos

de monitoreo y evaluación.

No obstante resulta escasa la presencia de profesionales civiles, más escasa aún que

estén vinculados a las ciencias sociales, las ciencias clínicas, el derecho, el mundo

comunicacional y el de los urbanistas, entre otros.

4.- El énfasis en los enfoques de intervención

Como lo señalamos líneas antes los equipos no son multidisciplinarios y el pasado de la

mayoría de los secretarios técnicos se encuentra en las fuerzas de orden y seguridad

(P1, P3, Ch1 y Ch2). Quizás por esta razón impera la oferta de seguridad basada en la

presencia de efectivos municipales, unidades móviles, alarmas y cámaras de video

vigilancia. Los casos de P1, P2, P3 y Ch1 cuentan con un reducido paquete de ofertas

en prevención social y comunitaria, a diferencia de Ch2 y Ch3, que abren su abanico

hacia una prevención más integral e innovadora.

Para algunos ST la prevención está asociada unívocamente al efecto disuasivo de la

vigilancia. “La gerencia está dividida en la subgerencia de Serenazgo, que previene y

coadyuva a la policía; y, la subgerencia de circulación terrestre (…) que realiza una

función de fiscalización” (STP3).

Una encuesta prospectiva a expertos realizada por el Taller de Asuntos Públicos el año

2009 en Colombia, México, Perú y Chile indaga en la probabilidad de ocurrencia en tres


D�

hipótesis proyectadas al año 20159, los resultados arrojaron una asociación media

entre las acciones de la seguridad ciudadana y el mejoramiento de la calidad de vida

de los individuos. Esto reafirma el carácter aún represivo en la manera de concebir el

problema pese a lo instalado de la prevención en la retórica política y lo que hasta

ahora se ha hecho en la región (Carlos Basombrío, 2010).

El Plan de SC 201010 de P2 señala sobre la violencia y pandillaje que es necesario

“desarrollar un programa municipal de inclusión de jóvenes en riesgo (…)”. No obstante

el cronograma de actividades, que consta en el mismo plan, sólo considera charlas a

alumnos de instituciones educativas, pasacalle y concurso de pancarta alusivos al

tema. Es decir, se trata de actividades aisladas que no son coherentes con la

consecución del objetivo.

5.- Trabajo científico basado en la evidencia

La nueva gestión pública reconoce la introducción de normas más rigurosas sobre los

resultados, el incremento del control y de la responsabilidad. Se materializan formulas

contractuales, que comprometen las acciones y la continuidad de los recursos, se

realizan esfuerzos para ajustar procesos que permitan definir objetivos y fines, los que

se complementan periódicamente con evaluaciones de programas.

En la mayoría de los países de la región se aplican encuestas de victimización pero sólo

pocos lo aplican con rigurosidad y periodicidad necesaria. Tanto Ch1, Ch2 y Ch3 son

observadas en las ENUSC 2005-2010, esto no ocurre de manera sistemática en P1, P2

ni P3, que en algunos casos cuentan con encuestas (P1 y P3) pero de las que no se

conoce su ficha metodológica sino sólo los resultados finales. En rigor no cuentan con

línea de base que permita una evaluación más completa sino sólo con los registros

policiales (poco confiables) y algunas veces con superposición de registros. “Tenemos

contrato con una empresa privada que nos lleva las estadísticas y el mapa del delito.

9 Taller de Asuntos Públicos. Mirada prospectiva de la seguridad pública en Chile, Perú, Colombia, México y El Salvador (2009) Recuperado http://tallerasuntospublicos.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2010-02-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=3 10 Se trata de un plan que no estaba aprobado a la fecha de realizar las entrevistas


Pero no son con cifras de la Policía sino solo Serenazgo [policía municipal] en base a

nuestras intervenciones y llamadas telefónicas” (STP3).

A partir de la observación de los planes locales se identifica como problemas

principales el maltrato contra la mujer y el niño, el consumo problemático de alcohol,

las riñas vecinales y la violencia intrafamiliar (P1, P2 y P3). Sin embargo estos planes

profundizan sobre los robos, la prostitución y el tráfico de drogas que aparecen más

exigidos en el modelo que envía el CONASEC a los gobiernos locales. Entonces, el

conocimiento rescatado en el diagnóstico, como esfuerzo conjunto, se deshace cuando

el plan distrital de seguridad ciudadana reproduce lo que el modelo le entrega. Puede

incluso ser tan distorsionado el plan que en algunos casos se copia las actividades que

aparece en el modelo sin integrar los problemas particulares de la realidad distrital

(P1).

Esta distorsión tiende a enfatizan la compra de más unidades móviles, las patrullas

mixtas y las alarmas (P1 y P3) cuando el diagnóstico apunta en otro sentido. Por lo

tanto hay que realizar levantamiento de información constante y darle un uso

adecuado y coherente con los resultados obtenidos.

La mencionada ausencia de equipos multidisciplinarios que discutan diagnósticos y

programas tiene su correlato en que se utilice la capacitación y los talleres de manera

universal y masificada (P1, P2 y P3), como única estrategia de intervención en el

ámbito de prevención social.

Es una tarea pendiente la construcción de herramientas de gestión y de medición, que

además, sean aplicadas de manera racional que no duplique esfuerzos y que persigan

la consecución de los objetivos identificados a partir del diagnóstico.

6.- Focalizar territorialmente las intervenciones.

La intervención debe diferenciar las necesidades territorialmente con la participación

de los actores vinculados al fenómeno social. En los distritos observados hallamos,

mapas de Plan Cuadrante (Ch1, Ch2, Ch3), Mapas de georefenciación (P1, P2, P3, Ch1,

Ch2 y Ch3) y mapas de juntas de vecinos o de agrupaciones de juntas vecinales (P1, P2,

P3, Ch1, Ch2, Ch3).


D

Estos instrumentos de gestión permiten concentrar esfuerzos en factores de diseño

urbano o en dinámicas sociales que mantienen un espacio como problemático. De esta

manera se delimita geográficamente las acciones permitiendo racionalizar el uso de

recursos, alcanzar resultados más rápidos y efectivos, definir tareas con mayor

facilidad y establecer metas auditables.

No aparece en los municipios observados mapas de Georeferenciación en factores

sociales de riesgo que identifiquen la calidad de vida de sus habitantes como es el

consumo problemático de alcohol y drogas, familias monoparentales, familias o grupos

de menores de edad con ingresos a los registros policiales, etc. Los diagnósticos y

mapas son herramientas de gestión que requieren de actualizaciones constantes,

considerando precisiones en áreas territoriales pequeñas o barrios (Distressed urban

areas o deproved neighbourhood). Esta herramienta de gestión permite realizar

seguimiento en las relaciones de confianza y cohesión entre vecinos y la disposición

colectiva a intervenir en los problemas del entorno (Manzano, 2009).

7.- Focalizar la población vulnerable e intervenir integralmente

La sola asistencia laboral para una persona con problemas de dependencia

farmacológica o los talleres de prevención en el consumo de drogas para un niño o

niña que sufre de maltrato al interior de su hogar, no se condice con una adecuada o

racional distinción del usuario o cliente. La aplicación de prevención universal y

homogénea impera en P1, P2 y P3 donde las capacitaciones y los talleres a extensos

grupos indiferenciados es una prioridad. El éxito de la intervención se mide a partir de

la cantidad de personas atendidas sin considerar seguimientos ni evaluaciones.

En los tres municipios chilenos existen intervenciones de mayor focalización debido a

los recursos disponibles y direccionados desde los FAGM. En Ch3, adicionalmente, el

municipio invierte en programas complementarios focalizados en niños y niñas

infractores y para la mediación social de conflictos.

A partir de la información con la que cuentan los actores involucrados (Policías,

DIPROFAM11, OPD12, DEMUNA13, colegios, clubes de fútbol, Iglesia, Juntas de Vecinos y

11 Dirección de Protección de la Familia de Carabineros de Chile.


otros muchos más) es posible formular un catastro, organizado en grupos e individuos

infractores y vulnerables, una ficha familiar, una ficha personal y la posibilidad de

realizar intervenciones integrales y seguimientos que permitan reducir el nivel de

violencia en la vida de los habitantes del barrio.

En ninguno de los municipios, salvo Ch3 y no de manera sistemática, aparece una

intervención multiagenciada que permita abordar integralmente a grupos y/o

individuos conjugando las ofertas de programas que puedan existir.

Agrupar las ofertas disponibles con las que cuenta el municipio o los servicios

nacionales que aterrizan en la circunscripción, es una tarea del equipo municipal de

seguridad ciudadana, quienes deben realizar el trabajo de diferenciar y entregar

servicios –directamente o mediante terceros-, de manera especializada e integral a

quienes el diagnóstico arroje como población vulnerable o vulnerada.

Otra faceta de focalización a considerar y al parecer ausente es aquella que se refiere

al acceso diferenciado de los individuos a bienes y servicios. Esto es que los municipios

debieran orientar determinadas intervenciones a aquellos sectores donde sus

habitantes, por si solos, no están en condiciones económicas de proveérselos

(intervención diferenciada por grupo económico).

8.- Diseño urbano preventivo

Enfoque que pretende reducir la probabilidad de ocurrencia de hechos delictivos y la

percepción de inseguridad mediante estrategias y metodologías de carácter ambiental,

aplicadas desde el enfoque multidisciplinario, hacia la disuasión del comportamiento

de los criminales, disminución de la sensación de inseguridad así como aumentar la

cohesión social mediante el diseño ambiental (CPTED- Crime Prevention Through

Environmental Design). Basado en principios como la vigilancia natural, el

reforzamiento territorial, el control natural de accesos, la mantención de espacios

públicos y la participación comunitaria.

12 Oficina de Protección del Menor de los Municipios de Chile 13 Defensoría Municipal del niño y adolescente en Perú


D+

En la totalidad de las circunscripciones se implementa iniciativas de prevención

situacional que linda con nociones de diseño urbano preventivo, no obstante no

parece haber una instalación conceptual en los secretarios técnicos que permita, por

ejemplo, pensar el diseño de los barrios considerando aspectos como la vigilancia

natural.

Pese a la limitada aplicación del concepto en cada uno de los territorios se

implementan iniciativas de recuperación de plazas, calles, la creación de espacios de

recreación de libre y gratuito uso público pero priorizando la colocación de alarmas,

cámaras de video vigilancia y luminarias, mencionadas como prioritarias por los

secretarios técnicos de P1, P2, P3, Ch1 y Ch2. En Chile, durante el año 2009, la línea de

proyectos de prevención situacional es la más financiada por el Ministerio del Interior

(DIPRES, 2010). Estas iniciativas son mencionadas por ST de Perú y Chile como

instancias de acercamiento y de colaboración entre vecinos y agentes de seguridad.

9.- Permanente seguimiento, monitoreo y evaluación

Cuando la DIPRES evalúa la DSP del Ministerio de Interior, hace hincapié en el débil

monitoreo y evaluación de los programas que financia. De la misma opinión son las

instituciones que proponen mejoras para el Plan 2011- 2016 que ejecutaría el nuevo

gobierno. En Perú, por su parte, los planes anuales de seguridad establecen objetivos

bastante poco claros e inespecíficos: “Acercar y optimizar la Justicia” aparece como

objetivo del sector para los años 2008, 2007 y 2006, por ejemplo. Este tipo de

objetivos imposibilita que se construyan indicadores que permitan medir los niveles de

avance y logro de ellos.

A nivel local, las experiencias observadas son diversas. “No hay evaluación real del

CONASEC quienes realmente evalúan son los alcaldes a sus funcionarios” (STP3). Esta

es una situación que se repite. “Se rinde cuentas al Alcalde y a la División de Seguridad

Pública por los programas que financia” (STCh1). “Le rindo cuenta verbal al Alcalde que

es a quien respondo y de quien dependo porque es mi jefe directo” (STCh2).

En los municipios la generación de sistemas de registro de las actividades se remite

casi exclusivamente a la constatación del número de ellas y la cantidad de

participantes. No existen en el nivel local indicadores que permitan medir el


cumplimiento de cada uno de los objetivos de los programas. Pese a ello, en ambos

países desde el nivel central, se identifican indicadores generales de logro,

fundamentalmente, de incidencia delictiva y que son reproducidos casi

mecánicamente a nivel local.

Este comportamiento unívoco se visibiliza en los sitios web en donde no aparece

ninguna rendición de cuentas, monitoreo o evaluación en materia de seguridad

pública. En este marco hay prácticas diferentes. “La cuenta pública se realiza todas las

semanas ya que el alcalde tiene programada actividades por barrios, visita los barrios y

da cuenta por micro espacios” (STCh3). Esta situación si bien es considerada positiva

por su cercanía con el ciudadano no cuenta con la racionalidad y detalle técnico que

requiere la observación de los gastos y del impacto de las acciones en la materia.

Si bien en Latinoamérica existe un creciente número de evaluaciones en programas de

prevención y control, aún son reducidas en lo que a impacto y resultados se refiere, y

existen muy pocas de costo-beneficio publicadas.

Se requiere conocer del contexto en el que se desarrollan las intervenciones, los

factores sociales, políticos, económicos y culturales que puedan estar presentes. Así, la

necesidad de determinar el impacto y efectividad de las políticas de prevención y de

control, radica en que permiten seleccionar las medidas que funcionan, corregir y/o

descartar las que no (Campbell, 1969).

La evidencia recogida nos invita a sugerir la necesidad de realizar un seguimiento

técnico y político de los programas implementados, del nivel en que se encuentra el

debate de la seguridad en los diferentes niveles de gobierno, la intersectorialidad y el

desempeño de policías, jueces, fiscales y otros actores involucrados en la gestión.


D1

Gráfico Nº 5 Propuesta para el seguimiento, monitoreo y evaluación

Fuente: Elaboración propia

10.- Incorporación de las Técnicas de Información y Comunicación (TIC) en las

políticas de seguridad

Se releva la necesidad de aprovechar las oportunidades que brinda las TIC para

mejorar la gobernabilidad a través de la implementación de los canales electrónicos de

comunicación entre gobernantes y ciudadanos. Gobierno electrónico y ciudades

digitales son expresiones frecuentes en nuestros días, que da cuenta de la nueva

interacción entre ciudadanos y gobernantes locales en las concepción de política

urbana (Finquelievich, 2001).

En ninguno de los gobiernos locales encontramos una utilización extendida de las TIC,

mínimamente se hace uso de las plataformas virtuales, en todos se entrega

información de contacto de la unidad respectiva del municipio y/o policía municipal.

En Ch2 se incorpora un sistema de denuncia en línea y enlaces a sitios de nivel central;

en Ch1 y en P3 se entrega información de uno o dos programas. En el otro extremo

Ch3 entrega información más acabada sobre qué se hace en la comuna en materia de

seguridad.

Deficiencia de tecnología en un tiempo en que se pueden utilizar las herramientas

electrónicas de una manera bastante más interactivas, y no sólo mostrar quiénes

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Del desempeño funcional de los actores integrantes

De los niveles de intersectorialidad

Del debate en seguridad ciudadana

De los programas implementados


integran el comité, los niveles de gastos, los mapas de Georeferenciación delictual, el

diagnostico, los planes, las acciones, los niveles de medición de programas, sino la

producción de fórmulas audiovisuales, los avisos urbanos, la comunicación en tiempo

real, sistemas de intranet, entre otros.

III. CAMBIOS Y CONTINUISMOS

En Chile, el nuevo gobierno postula el Plan Chile Seguro (2010 – 2014), mediante el

cual se pretende reducir en 15% el número de hogares víctimas de delitos. Es decir,

lograr una tasa de victimización inferior al 29% para el año 2013. Para ello se plantean

cinco nuevos ejes: (1) Prevenir, (2) Proteger, (3) Sancionar, (4) Apoyar y (5) Rehabilitar.

Esta nueva estrategia tiene a la gestión de información y la ejecución en el territorio

como líneas transversales. La segunda, se distancia de lo que era la intervención en la

comuna hacia una por barrios. Es la visión del barrio, con todas sus particularidades y

complejidades, la unidad básica para el nuevo plan en Chile (Plan Chile Seguro, 2010;

10).

En Chile se evidencia una continuidad de instrumentos nacionales de gestión, la

Política Nacional del 2004, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2006 -2010) y la

actual Política Chile Seguro (2010-2014) de Agosto del 2010. Esta última es la

continuidad de lo hecho anteriormente sobre mediciones periódicas; comités público –

privado; información compartida entre las policías; planes en barrios críticos;

prevención temprana de la violencia; prevención escolar y familiar; prevención en

sectores de riesgo; reducción de la violencia intrafamiliar; programas en escuelas;

prevención y reducción del consumo de drogas y alcohol; recuperación de espacios

públicos; estándares de prevención en proyectos de viviendas sociales; redes y centros

de atención a víctimas; entre otros, pero con las particularidades propias de ser un

gobierno diferente al que inicio las acciones en la materia.

En este actual proceso se crea el Ministerio de Interior y Seguridad Ciudadana que, por

el momento, iguala la Subsecretaria de Prevención con la División de Seguridad

Pública que ejecuta el Programa de Seguridad y Participación Ciudadana.

El Plan Chile Seguro pareciera desplazar el criterio desconcentrado que venía

aplicándose hacia uno de carácter centralista, entregando limitada participación a los

gobiernos locales y determinando, top down, los barrios donde intervenir


�5

desaprovechando la estructura y el know how consolidado en años de política a nivel

de comunas. Aún resulta prematuro realizar evaluaciones de intersectorialidad con

apenas 7 meses de lanzado el nuevo plan. Es incierto el futuro de los Secretarios

Técnicos, al menos respecto de que se mantenga el financiamiento desde el nivel

central como ha sido los últimos años. De ser así esto impondría en los Municipios una

nueva carga económica.

En Perú, por su parte, se viene elaborando planes nacionales en seguridad de manera

ininterrumpida desde el año 2004, mejorando poco a poco la determinación de metas

y objetivos, hasta ahora priorizados en la instalación de capacidades a través de

talleres y eventos, la elaboración de informes, actas, planes y documentos que no son

del todo conocibles ni visibilizados.

El Ministerio del Interior encargado de definir, conducir y evaluar la política de

seguridad es además quien conduce el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

(SINASEC).

La restauración de la democracia a inicios del siglo XXI produce una excepción de

liderazgo civil en el Ministerio, que estuvo fuertemente militarizado en las últimas tres

décadas; y abre la posibilidad para democratizar, profesionalizar y modernizar los

servicios de seguridad. Lamentablemente dura poco y la conducción del ministerio se

relega para ex policías. Esto se agrava con la amplia movilidad de ministros de interior

y cambios de rumbo a pesar de existir planes nacionales, además de no contar con una

planta profesional altamente capacitada y estable que garantice continuidad política y

profesional (Costa y Romero, 2011).

En los últimos 10 años el Ministerio a más que duplicado su presupuesto (Costa y

Romero, 2011). Este aumento no se ha materializado en esfuerzos de

intersectorialidad o de aterrizaje local con municipios que no sea más allá de los planes

y capacitaciones de las que hemos hecho mención. No ha ejecutado nada en

transferencias. Y el fondo de defensa para la Policía tiene más del 50% sin ejecutar.

Ante el repliegue de las policías y del Ministerio, los Municipios se hacen protagónicos

mediante el patrullaje, extendiendo y equipando a la policía municipal (denominada

Serenazgo), la video vigilancia, la inversión en autos, camionetas, motocicletas,

bicicletas y más efectivos.


En el año 2009, se emite la directiva policial “Lineamientos para la efectividad en la

ejecución de planes integrados de seguridad ciudadana entre gobiernos locales y la

Policía Nacional del Perú” (01-2009-DIRGEN-PNP/EMG). Que impulsa la coincidencia de

las jurisdicciones policiales con los gobiernos locales y una única autoridad policial en

cada una de estas jurisdicciones por el plazo de dos años, dispone patrullaje integrado

dirigido por el comisario y coordinado con la Gerencia de seguridad ciudadana del

Municipio; implementa mecanismos de rendición de cuentas por medio del cual el

comisario informa mensualmente al alcalde sobre la incidencia delictiva; y dispone que

la policía trabaje exclusivamente con las juntas vecinales promovidas por los

municipios.

La gestión Municipal de Lima Metropolitana, iniciada en enero del 2011, ha querido

mostrar liderazgo y compromiso de intersectorialidad, convocando a los distritos que

la integra y anunciando el diseño de una única plataforma técnica metropolitana que

elaboraría el observatorio de la criminalidad, ésta en coordinación con el Poder

Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, la policía nacional y los 43

municipios distritales

IV. PROBABIILIDAD DE HIPOTESIS Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS AL 2020

Para efectos de este ejercicio se definen rangos numéricos que permite ubicar la

probabilidad de ocurrencia de escenarios futuros:

Cuadro Nº 4 Rango de probabilidades para la ocurrencia de escenarios

RANGO NIVEL DE PROBABILIDAD

0 – 0.4 Baja probabilidad 0.41 – 0.6 Mediana probabilidad 0.61 - 1 Alta probabilidad


��

Cuadro Nº5 Hipótesis consultadas a los expertos peruanos y chilenos provenientes de sociedad civil y del

estado (Anexo 2)

Nro. Hipótesis

1 Se consolida la presencia de unidades técnicas de gestión local en seguridad ciudadana

2 Se mejora las condiciones para monitorear y evaluar la gestión local en materia de seguridad ciudadana

3 Se mejoran las condiciones de intersectorialidad

1. Probabilidad simple. Incluyendo a todos los expertos, chilenos y peruanos,

sin diferenciación de grupo profesional obtenemos la siguiente probabilidad

simple.

Cuadro nº 6 Totalidad de expertos

EL análisis general respecto de las percepciones de todos los expertos, exhibe que para las tres hipótesis planteadas, la probabilidad de ocurrencia es media. La consolidación de unidades técnicas municipales es la hipótesis con mayor probabilidad, seguida de la intersectorialidad y el monitoreo.

Cuadro nº 7 Expertos de sociedad civil y del estado en Chile

En el análisis desagregado por país, aparecen diferencias. Si bien el orden antes presentado se mantiene, aumentan significativamente las probabilidades para los expertos chilenos

1 : U.T.M

2 : Monit.Eval

3 : Intersect.

Probabilidades

0,572

0,475

0,546

© LIP

SO

R-E

PIT

A-P

RO

B-E

XPE

RT

1 : U.T.M

2 : Monit.Eval

3 : Intersect.

Probabilidades

0,634

0,496

0,583

© LIP

SO

R-E

PIT

A-P

RO

B-E

XPE

RT


Esta jerarquía de las posibilidades se mantiene al parcelar los análisis según diferentes

grupos: sólo sociedad civil de ambos países; sólo sector público de ambos países; por

sector según países, etc. Cambian, eso sí, la magnitud de las probabilidades asignadas.

Cuadro nº 8 Expertos estatales de Perú y Chile

En ambos países, existe desde el estado mayor optimismo respecto de la posibilidad de consolidar Unidades de Gestión Municipal.

2. Probabilidad condicionada si es que ocurre otra hipótesis. Señala una

expectativa condicionada respecto a la ocurrencia de Hx SI ocurre Hy.

Cuadro nº 9 Probabilidad condicionada para todos los expertos

En la opinión general de los expertos la consolidación de UTM aumenta considerablemente sus probabilidades de ocurrir, si es que ya se ha instalado el monitoreo y la evaluación. Lo mismo ocurre respecto de la intersectorialidad.

Estos resultados se repiten de manera bastante homogénea para los diferentes análisis

por subgrupos, según país y tipo de experto. Cabe destacar una excepción. Los

expertos peruanos de la sociedad civil, atribuyen una mayor probabilidad de que se

instale el monitoreo y la evaluación, si antes de han consolidado las UTM.

Otro resultado interesante de destacar, aun cuando mantiene la lógica general, es el

importante aumento numérico de las probabilidades de ocurrencia asignadas por los

expertos de instituciones estatales.

1 : U.T.M

2 : Monit.Eval

3 : Intersect.

Probabilidades

0,699

0,502

0,652

© LIP

SO

R-E

PIT

A-P

RO

B-E

XP

ER

T

1 : U.T.M

2 : Monit.Eval

3 : Intersect.

U.T.M

Monit.E

val

Intersect.

0,572 0,802 0,772

0,667 0,475 0,652

0,737 0,749 0,546

© LIP

SO

R-E

PIT

A-P

RO

B-E

XP

ER

T


�

3. Probabilidad condicionada si no ocurre la otra hipótesis Señala una

expectativa condicionada respecto a la ocurrencia de Hx si NO ocurre Hy.

Cuadro nº10 Probabilidad condicionada para todos los expertos

Este cuadro evidencia la alta asociación general entre las hipótesis presentadas. De no ocurrir cualquiera de ellas, baja de manera significativa la probabilidad de ocurrencia de las otras.

Sin embargo, los puntos más altos se ubican, paradójicamente en la instalación de

UTM sin que exista Monitoreo y Evaluación cuando es en esta asociación donde existía

mayor grado de interdependencia en la probabilidad condicionada a la ocurrencia de la

hipótesis. Queda entonces la pregunta que trataremos de contestar, ¿Hay

interdependencia entre las hipótesis?

4. Probabilidad de ocurrencia de escenarios

Este ejercicio permite conocer la probabilidad de que ocurran las hipótesis en el mismo

tiempo.

El histograma exhibe la probabilidad pendular que tiene la realización de las hipótesis.

Es decir, es alta la posibilidad de que se consoliden Unidades Técnicas Municipales, se

realizan monitoreo y evaluación como que se fortalece la intersectorialidad; así

1 : U.T.M

2 : Monit.Eval

3 : Intersect.

U.T.M

Monit.E

val

Intersect.

0 0,363 0,331

0,22 0 0,263

0,291 0,362 0

© LIP

SO

R-E

PIT

A-P

RO

B-E

XP

ER

T


también es alta la posibilidad de que ninguna de ellas se realice. Y esta situación tiene

rostros complejos cuando la lectura se realiza según grupos de expertos.

Las opiniones son bastante oponibles al interior de los grupos de expertos, los

expertos de Perú y de Chile, provenientes de la sociedad civil, no son tan optimistas

con que las tres hipótesis se realicen simultáneamente; a diferencia de los expertos del

sector público de ambos países, que tienen una expectativa mayor respecto a la

realización de las tres hipótesis en un mismo tiempo. Lo siguiente se observa en los

histogramas siguientes:

Sin embargo al mirar el histograma de probabilidad de escenarios según países, se

puede ver que el monitoreo y la evaluación aparecen relegados recién a un cuarto

lugar de escenarios. Así lo muestran los siguientes histogramas:


�+


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- La investigación evidencia la necesidad de impulsar y exigir una mayor

transparencia y acceso de información en materia de seguridad de parte de todas las

agencias involucradas, sin esta condición previa resulta limitada la realización de

investigaciones y evaluaciones que legitimen y perfeccionen los programas. Resalta un

problema con el flujo de la información en todos los niveles (Gobierno central –

gobierno local y viceversa; niveles de gobierno – sociedad civil).

2.- Al finalizar este recorrido exhibimos un resumen comparativo producto de las

observaciones a los gobiernos locales donde Ch3 desarrolla una actividad bastante más

completa e integral en relación a los demás municipios, conjugando acciones en

prevención y control incluyendo agencias internas y externas al gobierno municipal. La

evidencia analizada advierte de un liderazgo edilicio que podría ser aquello que

determina la integralidad de la gestión en seguridad pública en Ch3.

El cuadro que presentamos a continuación no pretende ser acucioso sino más bien

demostrativo de un panorama general en ámbitos que nos parecen cruciales.

Cuadro nº 10 Resumen comparativo de las observaciones en gobiernos locales

Ámbitos

PERÚ CHILE

P1 P2 P3 CH1 CH2 CH3

NSE - - + - - +-

Incidencia delictual

+ +- - + +- +

Magnitud poblacional

+ +- - + - +-

Espacios concertados intersectoriales

Espacio CDSC: por norma CCSP: por norma 50% soc. civil

Participación horizontal

Del MP es limitada Sin info para justicia

Activa de todos

actores

s/i Irregular. personalis

mos

Regular involucran fondos

Participación vertical

JV – no opina en materia presupuestaria

JV+ org. Territoriales y funcionales – no opina en materia

presupuestaria

Unidad técnica

Denominación Gerencia de SC

Subgerencia de

fiscalización

Gerencia de SC

No existe como

unidad

Dirección de

seguridad y desarrollo humano

Gerencia de SP

Integración funcional del

ST integrado

ST doble función

ST=gerente

ST trabaja

ST en conjunto

ST integrado


�1

ST a la UT solo

Fuente de financiamiento del ST

Municipal directa

Municipal a otra unidad

Municipal directa

Gob. Central

Gob. Central

Gob. Central

Equipo multidisciplinario

No No No No +- +

Origen del ST Ex policía Otro Ex policía Ex policía

Ex policía otro

Planes locales de seguridad

Existe Repite

modelo

Existe sin aprobar

Existe en profundid

ad

Existe Estrategia local

No existe Contenida

en PLADECO

Existe en profundid

ad

Prevención

Social Mínimo Mínimo Mínimo Regular Bastante Más que bastante

Situacional Si Si Si Si Si Si

Focalización No No No Si –FAGM

Si – FAGM Si – FAGM

+ municipal

es

Control

Vigilancia municipal

Rondas mixtas/Vigilancia

compartida – con soc civil

Rondas mixtas

con policía

s/i Patrullaje integrado

Conectados con

carabineros x radio

Policía Rondas mixtas/Vigilancia compartida – con

serenazgo

Alcalde presta

terreno y tecnologí

a

Relación directa con alcalde / entrega de

información

Dos vías de

conexión Alcalde / Gerencia

Territorialización

Georreferenciación delito

Si Si Si Si Si Si

Mapas JV Si Si Si Si Si Si

Encuestas Si

s/i metod. No Si

s/i metod.

Si ENUSC

TIC

Uso Limitado Limitado Limitado Limitado

Limitado Limitado

Sitio Web Sólo fono policía

Básico plan

piloto

Básico + sistema

control policial

Básico describe FAGM

Links

Básico - solo

Denuncia en línea

Avanzado Programa

s Acciones

Contactos Fuente: Elaboración propia

3.- La investigación propone una serie de elementos a considerar en las intervenciones

locales en materia de seguridad. En primer lugar el liderazgo político, aunado a la

rendición de cuentas que describa el actual estado de la situación, que introduzca la

seguridad ciudadana como una matriz en la gestión local, que abandone la retórica de

la prevención y se materialice mediante constructos organizacionales, es decir, una


unidad de gestión local o su tercerización en Universidades, ONGs u otras, fiscalizada

por el municipio y la población.

Esta Unidad técnica asegura equipos de profesionales bastante más sólidos con

enfoques multidisciplinarios que permitan abordajes más integrales para dar respuesta

a la amplia gama de problemáticas que emergen desde lo local. Esta unidad se

convierte en un ente coordinador y de permanente interacción con las demás agencias

pertinentes.

La participación de estos actores externos del municipio debe superar la voluntariedad

y personalismos. Para ello no bastara, como hemos visto sobre todo en el caso

peruano, la existencia de una norma sino que requiere justamente de la validación de

esta matriz de la seguridad ciudadana.

La práctica participativa e inclusiva de las agencias involucradas, dentro y fuera del

municipio – y de sociedad civiles una tarea sostenida en el tiempo, que involucra

metas, acciones y presupuestos comunes. Sólo así, mediante la práctica continuada, se

logra institucionalizar la intersectorialidad.

El trabajo científico basado en la evidencia estará sujeto a la capacidad de compartir

información y de requerirla a los organismos de nivel central de esta manera las

decisiones que se tomen para la definición de un plan o estrategia podrán responder

efectivamente a necesidades y no a imaginarios sobre ellas. El rol que cumple aquí la

Unidad Técnica es crucial ya que es la llamada a recolectar y sistematizar la

información de manera permanente y oportuna para ponerla a disposición del

colectivo local intersectorial. Resulta de suma utilidad contar con registros que den

cuenta de prácticas locales exitosas y fallidas debidamente contextualizadas.

En ese sentido la seguridad ciudadana se viene constituyendo como un trabajo en

aristas disímiles y compleja que nos lleva a pensar en mejorar las condiciones de la

ciudad, minimizando los factores de desintegración a través de la instalación de

servicios educativos inclusivos, servicios de salud cercanos, la práctica de actividades

alternativas, como terapias corporales y deportes no tradicionales como el skate,

ciclismo, caminatas a la montaña (traking), correr olas (surf), entre otras en donde


M5

exista contacto con la naturaleza, la música y otras maneras de desarrollar las artes. Es

decir, la pelota por ser menos costosa debe ser el único programa recreativo a

desarrollar.

Tanto la elaboración del diagnóstico como del plan y/o estrategia deben considerar el

diseño urbano preventivo, territorializar las intervenciones en barrios vulnerables,

focalizar la población vulnerable e intervenir integralmente. El tamaño y los problemas

del fenómeno de inseguridad provoca que así como se focaliza la intervención en

espacios territoriales pequeños también se elaboren intervenciones mayores de

carácter interdistrital o intercomunal, según sea el caso.

Existen tres líneas transversales a todo el proceso y la participación de los actores, la

primera se refiere al uso de las TIC para la gestión interna y externa, ellas permiten

optimizar los recursos a través de la comunicación remota vía intranet; visibilizar las

acciones mediante soportes multimedia disponibles en oficinas públicas y cada vez

como un recurso más valioso utilizar las páginas web para dar cuenta de la oferta de

programas, de las acciones realizadas y los resultados de esta. En segundo lugar, el

monitoreo permanente de los programas que incluye la evaluación de procesos y

resultados, este monitoreo también debe darse sobre los objetivos y el debate local y

nacional en la temática. Finalmente, y tal vez lo más importante, la rendición de

cuenta que debe abrir y cerrar el proceso transparentando las acciones y permitiendo

el acceso a toda la información que se genere a partir de la gestión de la Seguridad

ciudadana a nivel local.


Gráfica Nº 4. Propuesta de modelo de gestión local en Seguridad Ciudadana

4.- La recomendación frente a resultados poco auspiciosos respecto de las

posibilidades de la consolidación al 2020 de un modelo de gestión en la línea de las

tres hipótesis, es consolidar primero estrategias de monitoreo y evaluación. Parece ser

que a los ojos de los expertos es fundamental que los gobiernos locales sean

observados desde cerca para que alcancen las condiciones deseadas de gestión.


M�

Esto representa un doble desafío toda vez que los mismos expertos son los que

señalan que el monitoreo de la gestión es la hipótesis con menor expectativa de

realización

El monitoreo y la evaluación aparece como determinantes de las posibilidades de

avanzar hacia unidades técnicas consolidadas y el trabajo intersectorial permanente.

5.- Concluir diciendo que las experiencias en Perú y Chile abren la posibilidad de

trabajar juntos y aprender mutuamente de nuestras experiencias. Existe una

importante cantidad de conocimiento acumulado en torno a lo que se ha venido

haciendo en los últimos diez años, por lo que ya no se justifica repetir la fórmula de la

mano dura, con seguidores en el mundo de la política y vinculado a lo que se viene

denominado “populismo penal”.


Anexo 1: Resultado de solicitudes de información para elaborar un Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual para Perú (Lima Metropolitana)

Fuente: Elaboración propia. Respuesta Adecuada(A), Inadecuada (i); y sin respuesta (S.R); traslada la pregunta a otra entidad (t).

INSTITUCION PREGUNTA RESPUESTA

Instituto Nacional Penitenciario

¿Cuáles son los 20 principales distritos de dónde proviene la población penal penitenciaria?

I

Instituto Nacional de Estadística

Información estadística reciente sobre tasa de pobreza A

Ministerio de Justicia ¿Cuáles son los 20 principales distritos de dónde proviene la población penal penitenciaria?

T

Ministerio de Trabajo ¿Cuáles son los 20 distritos en donde se ubican las mayores tasas de desempleo?

I

Ministerio de Economía y Finanzas

¿Cuáles son los 20 distritos en donde se observan las mayores tasas de pobreza?

I

Ministerio de Educación

¿Cuáles son los 20 distritos en donde se observan las mayores tasas de deserción escolar?

I

¿Cuáles son los 20 distritos en donde existe la mayor tasa de población en edad escolar no matriculada?

I

Policía Nacional del Perú

¿Cuáles son los diez distritos en Lima Metropolitana con mayor presencia de detenciones flagrantes por delitos de robo, hurto, Tráfico ilícito de drogas, pandillaje y homicidios para los años 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004?

S.R

¿Cuáles son los diez distritos en Lima Metropolitana con mayor presencia de denuncias por delitos de robo, hurto, lesiones, Tráfico ilícito de drogas, pandillaje y homicidios para los años 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004?

S.R

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana

¿Cuáles son los diez distritos en Lima Metropolitana con mayor número de capacitaciones en materia de seguridad ciudadana para los años 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004?

I

¿Se cuenta con algún sistema o fórmula para identifican distritos de alta vulnerabilidad socio delictual? ¿Cuál es?

I

¿Cuál es el ranking de vulnerabilidad con el que cuenta la secretaría técnica de SC?

I

Ministerio Público

¿Cuáles son los diez distritos dentro del Distrito Judicial de Lima con mayor presencia de denuncias por delitos de robo, hurto, lesiones, Tráfico Ilícito de drogas, pandillaje y homicidios para los años 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004?

i

¿Cuáles son los diez distritos de Lima Metropolitana con mayor presencia de investigaciones por delitos de robo, hurto, lesiones, Tráfico Ilícito de drogas, pandillaje y homicidios para los años 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004?

I

Poder Judicial

¿Cuáles son los diez distritos de Lima metropolitana con mayor número de sentencias por delitos de robo, hurto, lesiones, tráfico ilícito de drogas, pandillaje y homicidios para los años 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004?

S.R

Ministerio de Salud

¿Cuáles son los diez distritos de Lima Metropolitana con mayor número de emergencias por lesiones?

I


M

Anexo 2

Encuesta prospectiva a expertos: Hacia la construcción de un modelo local de gestión pública

en Seguridad Ciudadana

(Perú – Chile al 2020) I.- Descripción de las Hipótesis Hipótesis 1. Se consolida la presencia de unidades técnicas de gestión local en seguridad ciudadana. La realización o presencia, a nivel distrital, de unidades multidisciplinarias de técnicos que

trabajan desde un enfoque preventivo y reactivo la seguridad ciudadana en el distrito y no

solamente a nivel de control y reacción (policía municipal).

Hipótesis 2. Se mejora las condiciones para monitorear y evaluar la gestión local

El monitoreo y la evaluación se instala como acciones necesarias e indispensables en los planes

locales y sus mediciones se publicitan a la sociedad civil.

Hipótesis 3. Se mejoran las condiciones para la intersectorialidad La intersectorialidad además de ser considerada en la redacción de los planes y los programas

se establece estrategias o dinámicas que institucionalizan la intersectorialidad

II. Perfiles de Expertos

PERU CHILE

Nombre Institución Nombre Institución Edson Berrios Defensoría del

Pueblo (Estado) Jorge Araya División de Seguridad

Pública (Estado) Alex Rueda Defensoría del

Pueblo (Estado) Sebastián Acevedo División de Seguridad

Pública (Estado) Marco García Secretaría Técnica

del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Estado)

Cristian Galdames Municipio de Curacaví (Estado)

Eduardo Pérez Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Estado)

Adolfo Gonzales División de Seguridad Pública (Estado)

Nancy Mejía Instituto de Defensa Legal (Sociedad Civil)

Alejandra Mohor Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (Sociedad Civil)

Enrique Arias Instituto de Defensa Legal (Sociedad Civil)

Isabel Retamal Universidad Alberto Hurtado (Sociedad Civil)

Hugo Muller Taller de Asuntos Públicos (Sociedad Civil)

Hugo Frühling Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (Sociedad Civil)

Carlos Romero Ciudad Nuestra (Sociedad Civil)

Fernanda Varela Paz Ciudadana (Sociedad Civil)


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