66 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº366 MARZO 2007 } Nº IDENTIFICADOR: 366.015

El sistema democrático español ha intentado introducir unmodelo de educación en valores cívicos, sin haber logrado suadecuada plasmación en el sistema educativo a lo largo delas diferentes reformas emprendidas. Pasó con la asignaturade Ética como alternativa a la clase de Religión. Y tambiéncon la incorporación del sistema constitucional actual comomateria obligatoria de estudio. Luego vino la transmisión devalores cívicos como función transversal, inspiradora de todala acción educativa, que pretendió establecer la LOGSE, sinque tan excelente propósito alcanzase una mínima realidaden los centros de enseñanza. Ninguno de estos ensayos deeducación en valores y de educación cívica tuvo la oposición

El debate ideológico

CHRISTIAN INARAJA

La introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía cuenta con la oposición frontal de la

Conferencia Episcopal Española, que propone una objeción de conciencia que exima al alumnado católico de

cursarla. El autor despeja el falso dilema que plantea la Iglesia entre una educación ético-cívica y la enseñanza

de la religión, responsabilidad de las respectivas confesiones, no del Estado.

VICTORINO MAYORAL CORTÉS

Presidente de la Fundación Cives y de la Liga España de la Educación

y la Cultura Popular. Diputado al Congreso

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de la Iglesia católica. Sin embargo, ha sido curiosamente ahora,al plantear la introducción de la Educación Ético-Cívica comoasignatura, siguiendo patrones generalizados en otros paíseseuropeos, cuando ha surgido su oposición frontal y su inten-to de eliminar determinadas partes del currículo.

En nuestro país ha ocurrido que finalmente el Estado ha rotola pasividad que venía manteniendo en relación con esta partede la educación y ha adoptado una actitud activa que obliga aldesarrollo académico de los fines de la educación establecidosen el artículo 27.2 de nuestra Constitución: la educación tienepor objeto el pleno desarrollo de la personalidad y ha de ha-cerse en el respeto a “los principios democráticos de convi-vencia y los derechos y libertades fundamentales”. Así pues,una formación común de todos los alumnos en tales principioses un mandato constitucional que los poderes públicos no hanacertado a realizar correctamente hasta este momento, bienporque han tolerado la entrega de la formación moral de todoslos alumnos a una determinada confesión, siguiendo la inerciaderivada de un estado confesional no suficientemente supera-do, bien porque han consentido el reparto de los alumnos,encomendando una parte de ellos al Estado para que los edu-cara en valores cívicos laicos. Esto último es lo que hizo la UCDal establecer la asignatura de Ética como alternativa obligato-ria a la clase de Religión, y más recientemente el PP, al intro-ducir en la LOCE –a instancias de la jerarquía eclesiástica– lasdos versiones –una confesional y otra aconfesional– de la asig-natura Sociedad, Cultura y Religión. Esta situación de casi mo-nopolio efectivo de la Iglesia católica en la transmisión de valo-res morales en la escuela ha seguido activa incluso durante elperiodo de aplicación de la LOGSE, ya que la transversalidadpretendida y no lograda por esta ley en la educación en valo-res creó, en realidad, un vacío que la LOE intenta ahora reme-diar con la introducción de esta nueva asignatura en cuatro cur-sos académicos.

La posición de la Conferencia Episcopal

Para la Iglesia católica las cosas están meridianamente claras:la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos formaparte de la “fuerte oleada de laicismo” que, como una situaciónnueva, se vive hoy en España y que produce un recrudecimien-to del viejo “enfrentamiento entre catolicismo y laicismo”. Tal esla posición adoptada por la Conferencia Episcopal Española(CEE) y recogida en las “Orientaciones morales ante la situaciónactual de España”, aprobadas el 23 de noviembre de 2006.Según se afirma en el epígrafe 18 de estas orientaciones, “algu-nos sectores pretenden excluir a los católicos de la vida públicay acelerar la implantación del laicismo y del relativismo moralcomo única mentalidad compatible con la democracia”. A estaoleada de laicismo, al que identifican con “la ausencia de Dios”y, en consecuencia, con el triunfo del ateísmo (lo que es unamanifiesta manipulación deformante que trata de atribuir al lai-cismo elementos que le son ajenos), atribuyen los prelados las“dificultades” para incorporar “el estudio libre de la religión ca-tólica en los currículos de la escuela pública”. También achacana la oleada de laicismo la ley que permite el matrimonio entrepersonas del mismo sexo, el apoyo a la “ideología de género”,la ley del “divorcio exprés” (así califican la reforma que agilizalos trámites en los casos de ruptura matrimonial), la creciente

tolerancia con el aborto, la “producción de seres humanoscomo material de investigación” y también “el anunciado pro-grama de la nueva asignatura, con carácter obligatorio, deno-minada Educación para la Ciudadanía, con el riesgo de unainaceptable intromisión del Estado en la educación moral de losalumnos, cuya responsabilidad primera corresponde a la familiay a la escuela”. Tales disposiciones de los poderes públicos,incluida la Educación para la Ciudadanía, pueden producir,pues, según los obispos, grandes males, que serán causa “deloscurecimiento y debilitamiento de la conciencia moral queconllevan”.

Varios días antes de aprobarse la mencionada instrucciónpastoral se celebraron, organizadas por la CEE, unas jornadassobre Educación para la Ciudadanía, inauguradas por su presi-dente, Ricardo Blázquez, y clausuradas por su vicepresidente,Antonio Cañizares. En esencia, la CEE cuestiona la capacidaddel Estado para establecer de forma obligatoria esta área, por-que a su juicio implica convicciones religiosas y morales y afec-ta a un derecho fundamental como es el de los padres a quesus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté deacuerdo con sus propias convicciones (artículo 27.3 de laConstitución Española). Según los obispos, la asignatura con-tiene aspectos que interfieren negativamente y amenazan estederecho fundamental. En realidad, parece que lo que temen esla interferencia que pueda producirse entre las doctrinas ecle-siásticas y la enseñanza de derechos regulados recientementepor las leyes civiles, a las cuales se ha opuesto la CEE.

En aquellas jornadas varios especialistas católicos universita-rios analizaron y criticaron desde distintos puntos de vista laEducación para la Ciudadanía. Allí se planteó la posibilidad deejercer la objeción de conciencia para rechazar una enseñanzaescolar contraria a las propias convicciones. Esta posición fuesostenida por el profesor Jorge Otaduy, titular de DerechoEclesiástico de la Universidad de Navarra, quien afirmó queexisten elementos en nuestro sistema jurídico que permitensostener que la objeción de conciencia es en España un dere-cho fundamental que puede extenderse a supuestos como elde la Educación para la Ciudadanía. Es evidente que existenotros notables juristas que afirman radicalmente lo contrario.Sin embargo, lo más curioso de esta posición es que se ase-meja a las pretensiones manifestadas por ciertos grupos fun-damentalistas en Francia, según se recoge en el informe de laComisión Stasi sobre laicidad, que fue encargado por el presi-dente de la República francesa en el año 2003. En el epígrafe3.2. de este informe se analizan ciertas dificultades que afectana la laicidad del servicio público escolar, debido a reivindica-ciones de carácter “comunitarista” que tratan de hacer preva-lecer las convicciones particulares de una confesión religiosa ogrupo cultural frente a las reglas generales que establece elEstado para la comunidad global de ciudadanos. Se trata dereivindicaciones que van más allá de la mera exhibición de sig-nos religiosos en las escuelas, el tema más tratado por losmedios de comunicación. Según ese documento, conocidocomo Informe Stasi, el curso normal de la escolaridad se vetambién alterado por las peticiones de ausencia sistemáticasen días de la semana considerados sagrados y por la interrup-ción de cursos y exámenes alegando motivos de oración o deayuno. Y lo que más se parece a lo que ocurre en España: laaparición de “comportamientos” que rechazan la enseñanzade tramos enteros del programa de Historia o de Ciencias Na-

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turales y desorganizan el aprendizaje de estas disciplinas. Tam-bién se señala significativamente la existencia de centros con-certados, con ideario religioso, que se niegan a enseñar “aque-llas partes del programa que no les parecen conformes aciertos aspectos de su visión del mundo”.

Otro argumento contrario a la creación de la nueva asigna-tura fue expuesto en aquellas jornadas por Jaime Urcelay, pro-motor del grupo confesional Profesionales por la Ética. A suparecer, el modelo “antropológico” subyacente en el currículode la LOE no es conciliable con la “antropología cristiana”.Suponemos que quiso referirse a la “antropología teológica”,que, como es sabido, es aquella parte de la teología dogmáti-ca que aborda el concepto del hombre tal como se recoge enlas fuentes de la Revelación. Esta pretensión de fundamentaren la teología y en la Revelación la Educación para la Ciuda-danía puede corresponder muy bien a la educación en valoresen el estado confesional (como ocurrió en España hasta laConstitución de 1978), pero es imposible plantearla en cual-quier estado democrático, pluralista y aconfesional como elque existe hoy en España. En todo caso el intento de que lasleyes educativas recojan expresamente el “concepto cristiano”del hombre y de la existencia ya lo ha planteado sin éxito laIglesia católica en todas las reformas que se han emprendidodesde que España es un país democrático.

Esa manera descarnada de defender los intereses eclesiásti-cos, con argumentos que finalmente resultan incoherentes conlos principios que se proclaman como intangibles, la practicóel jesuita Martínez Camino, actual portavoz de la CEE, cuandopropuso el siguiente arreglo para el conflicto que les enfrentacon los poderes públicos: la Iglesia aceptaría la existencia de laasignatura de Educación para la Ciudadanía siempre que fueseasignatura optativa y se convirtiese en alternativa de la Reli-gión. En tal caso, parece que lo que es consustancialmentemalo se convertiría en bueno.

La cuestión fundamental parece pues consistir en que losalumnos que se declaran católicos no tengan que estudiarla yquede solamente como asignatura relegada para los que noforman parte de sus fieles. Según el portavoz de la CEE, en elcaso de que el Gobierno no aceptase tales condiciones, no sedebía dudar en alentar la objeción de conciencia, porque “elEstado no tiene competencia para definir el bien y el mal” (almenos para aquellos alumnos que se consideran católicos). Yseguía advirtiendo: “Si se comprueba que los contenidos quese imparten obligatoriamente invaden el campo de la defini-ción del bien y del mal moral o de la educación de la concien-cia de los alumnos, los padres tendrían pleno derecho a ejer-cer su objeción, para que sus hijos no tuvieran que cursar unaasignatura que contradice sus conciencias morales y religio-sas”. He aquí el típico jerarca clerical que, desde una posiciónmaniquea, simplista y dogmática, se arroga el papel de admi-nistrador de absolutos y de certezas morales que deben asu-mir todos los ciudadanos, sean o no miembros de su rebaño.

Un falso dilema

Para la Iglesia católica sólo existen razones religiosas y con-fesionales. Para la sociedad civil y el Estado democrático exis-ten otras razones de interés social y público para la educaciónen valores. Y estos argumentos de la sociedad civil y demo-

crática son también de gran peso y deben ser tenidos encuenta a la hora de introducir la Educación para la Ciudadaníaen el currículo escolar. Por eso, lo primero que es preciso des-pejar es el falso dilema que la CEE plantea entre la educaciónético-cívica y la enseñanza de la religión y sus valores. A nues-tro juicio, son dos cuestiones perfectamente diferenciablesque no se deben confundir si no se quiere correr el riesgo deverse abocado a un debate cuya cuestión de fondo vendría aser el intento de algunos de restaurar una nueva especie deestado confesional. Es muy importante saber si por parte dela Iglesia católica se acepta que España es constitucionalmen-te un Estado laico, cuestión que no parece tener clara. Segúnsentencias reiteradas del Tribunal Constitucional, el artículo16.3 de nuestra carta magna introduce una idea de aconfe-sionalidad equivalente a laicidad positiva; laicidad positivaque veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos yestatales, como antes decíamos. Esta separación entre laIglesia y el Estado, juntamente con el mandato de neutralidady trato no discriminatorio de los poderes públicos hacia lasconvicciones y creencias de los ciudadanos, constituyen laesencia del estado laico o aconfesional.

Así pues, está vedada cualquier confusión entre los fines reli-giosos y estatales. También en lo que se refiere a la Educaciónpara la Ciudadanía y los derechos humanos. Los fines de la edu-cación están recogidos en el artículo 27.2 de la Constitución, ala que encomienda la enseñanza en el respeto a los principiosdemocráticos de convivencia y a los derechos y libertades en elmarco de un estado aconfesional o laico. Por tanto, la forma-ción religiosa y de sus valores no es una actividad del Estado,sino de las respectivas iglesias en el ámbito a que alcance lademanda de los ciudadanos. Los poderes públicos son los des-tinatarios del mandato constitucional del artículo 27.2. Tienen,pues, unos deberes que cumplir y lo han de hacer por mediode leyes educativas, planes de estudios, materias o asignaturasy actividades escolares que permitan el pleno desarrollo de lapersonalidad de los alumnos en tales valores. En realidad esta-mos hablando también de los llamados “valores superiores” enlos que se inspira nuestra Constitución y del contenido éticoindiscutible que en ellos existe. Se trata, en definitiva, del míni-mo común ético consagrado por el derecho, tal como afirma elTribunal Constitucional, o, lo que es lo mismo, “el ideario edu-cativo constitucional” del que habló el que fue su presidente,Francisco Tomás y Valiente.

Frente a la anterior argumentación se sitúan aquellos que,rechazando e incluso condenando la laicidad del Estado, afir-man que éste no solamente está vacío de valores éticos, sinoque además carece de legitimidad para ordenar académica-mente la educación cívica basada en valores. Sólo “la socie-dad” y “la familia”, como apelaciones genéricas que en rea-lidad sirven de cobertura al intento de protagonismo de laIglesia, son depositarias de los valores morales y de la “ver-dad” que deben ser enseñadas en las escuelas. No existeningún otro valor de alcance moral que deba ser enseñado.En el fondo se trata del reverdecimiento del confesionalismo,que prueba de recuperar la hegemonía histórica que siempretuvo en los centros educativos españoles, y que hoy preten-de sobrevivir en un marco democrático que ya no le puedegarantizar viejas hegemonías y privilegios. Cuando hablamosde valores constitucionales no debemos olvidar que son valo-res perfectamente identificables, definibles, susceptibles de

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expresión académica, pedagógica y didáctica, y enseñadosademás por profesores que, según el artículo 20.1.c. de laConstitución, gozan de la autonomía profesional consecuen-te de la libertad de cátedra. Así pues, ni el Estado ni el servi-cio público de enseñanza pueden ser tratados por nadie co-mo un espacio vacío de referencias éticas, como un espacioyermo o como si fuesen bienes nullius a disposición de quienquiera manejarlos a su antojo. En realidad estamos hablandode la res publica es decir, de lo que es común más allá de lasdiferencias.

Por lo tanto, desde una perspectiva laica y constitucional,con la Educación para la Ciudadanía se trata de educar envalores comunes y compartidos, que entendemos que son losprincipios democráticos de convivencia. La Constitución por laque hoy nos regimos es en sí misma un pacto para la convi-vencia de ciudadanos que manifiestan una gran diversidadentre ellos. En consecuencia, la Educación para la Ciudadaníadebe reflejar tal pacto y los valores que lo sustentan, con obje-tividad y neutralidad, pero también con convicción. Nadie espropietario de los valores constitucionales, que no pertenecenal patrimonio de ningún partido político, que no son confe-sionales ni anticonfesionales. Además la Educación para laCiudadanía ha de ser un factor útil para mejorar y articular laconvivencia social y para abordar, prevenir o corregir nuevos yviejos fenómenos que amenazan la convivencia de la socie-dad civil. Tal es el caso de los fundamentalismos intolerantes,el racismo, la xenofobia, la violencia en sus diferentes mani-festaciones, la marginación, la exclusión social, la insolidaridadsocial y territorial y también los otros fenómenos que atañen ala calidad y validez del sistema democrático, como son elabandono de la participación por parte de los ciudadanos, elabsentismo electoral, el desprestigio de la política y el distan-ciamiento entre los dirigentes políticos y sus decisiones y lasaspiraciones que refleja la opinión pública.

Así pues, desde la perspectiva civil –y no tanto desde laconfesional, que se fundamenta en la pertenencia a una fereligiosa determinada–, la educación en valores se configuracomo una propuesta de Educación para la Ciudadanía decarácter ético-cívico para formar ciudadanos que no sóloconozcan el modelo jurídico-constitucional en el que se hande desenvolver como tales, así como las instituciones demo-cráticas y servicios, sino que también adquieran las clavesvalorativas para abordar, como ciudadanos libres, los diversosproblemas antes enunciados. Las sociedades abiertas y plura-les, basadas en la tolerancia y en la aceptación de la diversi-dad, requieren una educación cívica que capacite a los ciuda-danos para convivir en el seno de ellas. Para la preservaciónde los fundamentos y conquistas de la sociedad civil demo-crática, y los valores morales que ésta encierra, es precisointroducir en la formación de los escolares el concepto de ciu-dadanía y derechos humanos que, en sí mismo, constituye unlogro de civilización respecto al cual no se puede mantener nila ignorancia ni la indiferencia. Más allá de consideracionesesencialistas o reflexiones abstractas, es bien evidente que entérminos históricos la ciudadanía es una conquista reciente delser humano, en proceso de universalización pese a los indu-dables retrocesos y amenazas que pesan sobre ella. Aún hoypodemos comprobar que existen extensos espacios geográfi-cos o momentos históricos en los que no existe la ciudadaníacomo acervo de derechos y deberes reflejados en constitu-

ciones democráticas. Aún hoy existen tiempos y lugaresdonde se produce el reinado del hombre como lobo para elhombre, y la vida de éste sigue siendo pobre, sucia, brutal ybreve, tal como describió Thomas Hobbes en su famosa obraLeviatán. De muchos de esos lugares precisamente procedentantos y tantos emigrantes que, desafiando grandes riesgospara su vida, intentan alcanzar los elementos básicos de ciu-dadanía aquí, en Europa.

Fue el progreso de la civilización lo que logró a lo largo delos dos últimos siglos poner en pie la ciudadanía, como cons-trucción cultural, social, política y jurídica, que dota al ser hu-mano de un estatuto respetado de derechos y deberes y quesolamente es posible en el Estado de derecho. Porque fuerade la democracia y sus valores no existen la ciudadanía ni elciudadano, sino tal vez el súbdito, el gobernado, el adminis-trado, el creyente o el miembro de una etnia. La ciudadaníaha sido una creación histórica, conquistada no sin luchas nisangre y crecientemente enriquecida con garantías y derechoshumanos a lo largo de las diversas generaciones. Es razonablepor tanto que se aborde la Educación para la Ciudadanía enlas aulas remarcando el significado de la ciudadanía comoconquista a lo largo del desarrollo de nuestra civilización mo-derna y destacando también los deterioros que puede sufrirpor el desconocimiento o la erosión ocasionados por la des-afección y el abstencionismo de los ciudadanos en relacióncon valores y derechos difícilmente adquiridos.

Por último, es preciso tener muy claro algo que los adoctri-nadores profesionales siempre olvidan: en las democraciasserias no se permite el adoctrinamiento de los ciudadanos, nies posible la existencia de asignaturas semejantes a laFormación del Espíritu Nacional de la época franquista, que,como todo el mundo sabe, era obligatoria, como la enseñan-za de Religión católica, sin alternativa posible e impartida porel Cuerpo de Instructores de FET y de las JONS. Resulta unaexpresión de sectarismo inaceptable comparar aquellos con-tenidos, aquellas imposiciones, aquellas doctrinas y aquel pro-fesorado del partido único con los contenidos que, según laLOE, debe tener la Educación para la Ciudadanía. No se pue-den comparar los valores de la Declaración Universal de losDerechos Humanos y de la Constitución Española con losPrincipios Fundamentales del Movimiento, sobre los que sefundaron algunos privilegios escolares que algunos aún man-tienen. De la Educación para la Ciudadanía que ahora planteael sistema democrático español ha de quedar excluido cual-quier adoctrinamiento en los centros públicos y concertados,tanto desde el poder público como desde la Iglesia. Porqueel adoctrinamiento es radicalmente antagónico a cualquierproyecto de educación ético cívica, en la medida en que elpropósito fundamental de ésta es la promoción de la convi-vencia solidaria y respetuosa con el pluralismo, el cultivo de lalibertad responsable y de los deberes cívicos. Esto requiere laexistencia de condiciones en los centros escolares favorablesal cultivo del pensamiento crítico y la libertad de conciencia,así como la desaparición de toda oportunidad de inculcaciónmanipuladora de doctrinas o comportamientos partidistas osectarios, al menos en los centros públicos y concertados, seaquien sea quien los gestione. Porque no se puede adquiriruna educación en valores ético-cívicos allí donde impere unambiente autoritario y no participativo, o un adoctrinamientodogmático, de cualquier género que éste sea.