El "bien común"como pretexto del Presidente José de Araujo para crear

una compañía de soldados y prohibir el aguardiente de caña en

Quito en 1737

Luis J. Ramos Gómez

El estudio del fundamento, estructuración y provecho del poder en cualquiera de sus facetas es uno de los campos más ilustrativos de la realidad de una detenninada sociedad, pero también uno de los más complejos, tanto por la cantidad de renglones que entran en juego, como por la variedad de los mecanismos utili7.ados para afianzar la posición propia y anular la del contrario.

Si bien todo estudio sobre "el poder" es importante en sí mismo porque nos pennite aproximamos a determinados entresijos de la sociedad, también es cierto que el interés de este campo está igualmente ligado a la comparación entre ámbitos y épocas para así poder apreciar cambios y permanencias. Desde este doble ángulo debemos observar los episodios que pre­sentamos, y que sucedieron en el Quito del siglo XVIII, porque fácilmente podemos trasla­darlos a otros lugares y tiempos si hacemos abstracción de "personas" y de "hechos concre­tos".

l. LA PUGNA POR EL PODER EN EL QUITO DE 1737

Si ciertamente toda pugna por el poder es importante en sí misma, también es evidente que su ttascendencia es muy distinta, ya que sus efectos pueden ir de lo "particular" a lo "esta­tal". Dadas las personas involucradas y los renglones en litigio, en una zona intennedia debe

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situarse el caso que presentamos, y que se centra en el Quito de los años 30-40 del siglo XVIII. Nuestra principal fuente es la pesquisa abierta contra su Presidente, el limeí'lo José Arauja y RíoO), quien había comprado el cargo el 9 de abril de 1732 mediante la entrega de 26.000 pesos, tomando posesión del puesto de Gobernador y Capitán General el 28 de diciembre de 1736, y del de Presidente de la Real Audiencia al día siguiente.

Desafortunadamente desconocemos las rawnes concretas que impulsaron al limeí'lo José de Arauja a negociar en la Corte la presidencia, gobernación y capilanía general de Quito, pero sí que sabemos que el nuevo mandatario no era un total desconocido en el área. Efecti­vamente, su mujer, María Rosa de Larrea, era de familia quiteña; su cuí'lado Victorino Montero -corregidor de Piura a la entrada de Araujo- tenía negocios en Quito a través de su corresponsal José de Barba, y el propio Arauja tenía amistad o relación con varias personas con tradición en el ámbito quiteí'lo, entre ellos el obispo de la diócesis. Este conocimiento de gentes del ámbito de su gobierno fue sin duda la causa de que su actuación se iniciara sin vacilaciones y de forma tajante, y también de que desde el mismo momento de su toma de posesión en 1736, salieran hacia Lima y Madrid una variada serie de denuncias que iban fmnadas por un amplio abanico de gentes: desde el Presidente saliente, a cargos municipales, pasando por el Diputado del Co­mercio quiteí'lo (Ramos Gómez 1986: cap. 111).

Desde nuestro punto de vista, las denuncias entonces cursadas no deben interpretarse como un ataque personal contra el Presidente Arauja y su forma de gobernar, sino como un episodio más de la pugna por el poder local establecido en Quito entre dos grupos rivales, integrddo uno y otro por quiteí'los y foráneos, tanto europeos como criollos, pugna que se reavivó con la entrada de Arauja a fines de 1736. Efectivamente, su llegada produjo un vuelco en la estructun1ción del poder local hasta entonces existente, ya que -dejando aparte las eternas acomodaciones- el nuevo Presidente apoyó -y fue apoyado- por una serie de gentes mal si­tuadas con Dionisia de Alcedo, el Presidente saliente, las cuales de inmediato comen:z.aron a desplazar de los puestos claves a aquellas que habían rodeado y se habían visto favorecidas por el anterior mandatario. Esta es la causa de que el enfrentamiento que se produjo en Quito en esos momentos estuviese protagonizado no tanto por individuos aislados como por gentes corporativamente unidas o agrupadas en tomo a las dos grandes e interrelacionadas bobinas de las que salían los hilos con los que estaba tejida la tela del poder quiteí'lo: por una parte la de las relaciones de parentesco, y por otra la de las actividades económicas, palpables éstas a través de los préstamos, los avales, la articulación de compañías mercantiles o la preferencia en actividades relacionadas con campos de la Real Hacienda, como el cobro de alcabalas y de tributos, o la conducción del Real Situado a Cartagena y Santa Marta.

Las gentes que habían apoyado y en las que se había apoyado Alcedo mientras fue pre­sidente, quedaron en diciembre de 1736 sin cabeza visible en los organismos dirigentes del espacio quiteí'lo; sin embargo poco duró esa situación, porque a fines de enero de 1737 ese

(!) Este proceso tiene concentrado el principal de su información en la sección Escribanía de Cámara del Archivo General de Indias, legajos 914 a, by c; 915 a y b; y 916 a y b, si bien también hay elementos importantes en las secciones de Indiferente General y Audiencias de Quito y Lima

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De este poco utilizado pleito se ocupó ya Federico González Suáres (1969-70, pp. 1007 y sigs.), y no­sotros mismos en cuatro trabajos ya publicados (Ramos Gómez 1985: vol. l, 1989, 1991 y 1993).

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grupo aparece claramente agrupado en tomo a la figura del fiscal de las Audiencia, el vizcaíno Juan de V alparda(2), quien en septiembre de 1737 incluso casaba con una hija del cesado pre­sidente, siendo la principal cabeza del grupo opositor hasta que murió en septiembre de 1743. Si a este bloque encabezado por Valparda le vemos actuar a través de diversas personas del Cabildo, Audiencia, Caja Real o comercio, y podemos identificar rápidamente a sus compo­nentes porque ellos son los firmantes de quejas y denuncias, al "otro", al que ahora pasa a ocupar el poder, es más difícil diseccionarle, porque muchos de sus miembros están tapados por la figura del presidente Arauja, que en ocasiones aparece como el único protagonista, pero que ciertamente ni está solo ni actúa en solitario. Mientras aquéllos -los de Valparda- están asfixiados por el poderoso contrario y se ven obligados a plantear a las lejanas autoridades superiores de Lima o de Madrid las quejas y denuncias que han llegado hasta nosotros, los segundos -los de Araujo- actúan "en casa" sin generar en principio ninguna documentación "quejosa" que nos pennita su inmediata identificación, si bien sus nombres aparecen en las acusaciones del contrario o en las disposiciones que a su favor hizo el Presidente.

Pero afortunadamente no son éstas las únicas pistas que tenemos para la identificación de unos u otros, ya que también contamos con los datos que nos proporcionan las declaraciones que los componentes de ambos bandos hicieron en las muchas informaciones que entonces se abrieron en Quito, así como los testimonios que prestaron en el proceso abierto en 1743 contra José de Arauja.

2. LA PESQUISA SOBRE }OSE DE ARAUJO Y R/0

El enfrentamiento entre ambos grupos tiene como elemento más llamativo la serie de acusaciones elevadas contra José de Arauja en 1737, y a las que podemos agrupar en dos blo­ques interconectados: por una parte el de las relacionadas con el enriquecimiento del Presidente, y por otra el constituido por las disposiciones dadas para controlar la estructura sociopolítica quiteña. Entre las primeras -las relativas al enriquecimiento del Presidente- debemos mencio­nar el haber introducido diversas mercancías al efectuar su entrada en Quito con el fin de co­merciar con ellas, actividad que se dice que continuó desarrollando en años posteriores; el or­ganizar y pennitir en su casa el juego, cobrando a los participantes, el aceptar sobornos, o el perseguir al contador con el fin de que personas de su círculo comerciasen con los fondos de la Real Hacienda. Entre las segundas -las relacionadas con el control de la estructura sociopolítica- debemos enumerar la de mezclarse en las elecciones de alcaldes, incluso con­firmando a sus candidatos aunque no fuesen los más votados; la de haber perseguido a los regidores que no votaron a sus candidatos, desterrando al regidor decano; la de destituir del puesto de corregidor interino a persona contraria; la de haber removido al Colector General de Rentas Decimales para nombrar a persona de su facción; la de haber levantado una compa­ñía de doce soldados, o la de haber prohibido la libre circulación de correos.

(2) El fiscal aparece claramente señalado en contra del presidente Araujo en el incidente de fines de enero entre éste y Jorge Juan y Antonio de Ulloa; en concordancia con ello, el primero de febrero, los alcal­des de Quito nombrados por Araujo en contra de la voluntad del Cabildo abrieron una información contra Valparda sobre temas relacionados con su vida pública y privada (Ramos Gómez 1989: 123).

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La sola enumeración de estos hechos demuestra que la vida en el Quito de 1737 fue ciertamente muy tensa, aplacándose en parte al asentarse el nuevo grupo que rodeaba a Araujo y al intervenir el virrey limeño en el restablecimiento del orden. Pero no fue el de Lima el único poder que intervino, ya que también actuó Madrid, el otro destinatario de las quejas salidas de Quito, y así el 14 de agosto de 1738 el Consejo de Indias, tras considerar la situa­ción quiteña, elevó al rey la correspondiente consulta, proponiendo que se abriese una pesqui­sa al presidente Araujo. Al parecer del Consejo se plegó el Rey el 5 de septiembre, fechándose el 31 de diciembre de 1738 la pertinente Real Cédula, que conllevaba la separación de Arau jo del puesto y su reemplazo por el juez pesquisidor, el oidor de Quito Pedro Martínez de Arizala.

Si bien en esta ocasión el Consejo había obrado rápidamente, sin embargo de nada valió la medida tomada, ya que no pudo cumplimentarse por haber profesado en la orden franciscana la persona encargada de acometer tan delicada tarea<3), y no haberse tenido la normal precau­ción de haber designado suplentes; pero la situación se complicó aún más por la inhibición del virrey de Lima, que nada comunicó a Madrid a o Santa Fe, capital del virreinato de la Nueva Granada, al que pasó a pertenecer Quito desde el 20 de agosto de 1739. Ciertamente la pesquisa ordenada podría haber quedado en suspenso de por vida si el 10 de enero de 1742 el Consejo de Indias no hubiese retomado el tema proponiendo al Rey que se llevase a efecto la pesquisa bajo la mano de Don Manuel Rubio de Arévalo, oidor de Quito hasta 1740 y a la sazón de Santa Fe, si bien permanecía en aquella ciudad al tener a su cargo la visita de la Real Caja(4); el Rey aceptó la opinión del Consejo, siendo nombrado él y sus dos suplentes el 22 de abril de 1742. Los cargos que debía considerar este juez pesquisidor eran no sólo los co­rrespondientes a las denuncias de 1737, sino también los que se le hubieran hecho a Araujo con posterioridad o los que se le hicieran entonces, circunstancia que nos permite conocer nuevos episodios proiagonizados por el Presidente y su~ partidarios con posterioridad al mo­mento álgido de 1737.

Tan grave orden como la reseñada se recibió en Quito el 29 de mayo de 1743, y de inmediato se puso en ejecución, pues el primero de junio era suspendido Araujo, y tras ser detenido y secuestrados sus bienes, salía desterrado hacia Tumbes el día 14 para evitar que su presencia interfiriera en la pesquisa. Se iniciaba así la parte central del proceso contra el pre­sidente Araujo, que se compone de la presentación por los acusadores de los cargos, testigos y pruebas oportunas; del interrogatorio del pesquisado; de la articulación de los cargos y del descargo del acusado, quien presentó sus testigos y pruebas; de la enumeración por las partes de las tachas de los testigos contrarios para intentar anular sus testimonios, y de la elevación a definitiva de las conclusiones, todo lo cual se produjo entre junio de 1743 y marzo de 1745, mes en el que la pesquisa quedaba vista para sentencia.

Como fácilmente puede deducirse de lo dicho, la documentación entonces generada es tan amplia como compleja, y gracias a ella contamos con una serie de datos que nos permiten aproximarnos con detalle a la estructura interna de los grupos de poder existentes en el Quito

(3) No podemos descanar que el elemento que decidió finalmente la profesión del oidor fuese, precisa­mente, el encargo de esta misión, de la que pudo enterarse por sus conexiones en el Consejo. Fuese o no fuese ésta la causa. el hecho es que Pedro Martínez de Arizala, que consideraba su ingreso en la orden seráfica desde 1731, profesó entonces en Pomasqui, como escribió al Rey el 25 de abril de 1739.

(4) Esta visita había comenzado enjulio de 1740.

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de esos momentos, a sus mecanismos y a los campos por los que se pugnó. Algo de ello he­mos tocado en otros artículos nuestros (Ramos Gómez 1991 y 1993), a los que remitimos, pretendiendo en el presente ocuparnos de un tema más concreto, pero igualmente ilustrativo: el de cómo "el poder" se rodeó de soldados para hacer más palpable su fuerza y presencia, y arbitró medidas con las que enriquecerse él y adelantar a sus partidarios, utilizando en todo ello el pretexto de actuar en servicio del bien público.

3. LA COMPAÑIA DE SOLDADOS LEVANTADA EN FEBRERO DE 1737 POR DECISION PERSONAL DE JOSE DE ARAUJO

3.a. Su nacimiento y desaparición

Desafortunadamente no contamos con los documentos correspondientes a la génesis de la compañía de soldados levantada en Quito en febrero de 1737(5), debiéndonos contentar con los datos que sobre el terna dio el fiscal Juan de Valparda en la carta que escribió al Rey el primero de marzo de 1737(6). Ya entonces el Presidente y el Fiscal estaban claramente enfren­tados, dominando el primero no sólo el Cabildo de la ciudad, sino también la Audiencia y por tanto el Real Acuerdo, como deja traslucir el siguiente párrafo del escrito de Valparda, donde dice que "y aunque como fiscal debiera haber hecho esta consulta al tribunal de la Audiencia, he tenido por conveniente omitirla en materia tan grave (en institución donde concurre como superior y cabeza su mismo autor, y me ha parecido más propio de la obligación de mi oficio dar cuenta al Virrey del Perú ... y a Vuestra Majestad".

En su carta, el fiscal enlaza la medida personalmente tomada por Arauja con una vieja aspiración de la Real Audiencia de Quito -muda, por cierto, hasta el mes de agosto-, señalan­do que "con el motivo de echarse de menos en esta ciudad un número bastante de executores para las diligencias que se ofrecen de justicia, propuso esta Audiencia a Vuestra Majestad [que] se sirviese dar orden para que de la Real Hacienda se pagase una partida de hombres que asis­tiesen a los ministros y a las justicias ordinarias en la ejecución de las providencias que fuesen necesarias", argumento que, por otra parte, concuerda con el expuesto por José de Arauja en la carta que escribió al Rey el 4 de octubre de 1738(7), en la que se refiere a otra dirigida a Fe­lipe V el 13 de julio de 1737, que no hemos localizado.

(5) Ciertamente la existencia de una fuerza de este tipo no era una total novedad en Quito, pues ya había existido en tiempos de la presidencia de Don Juan de Sosaya, si bien desconocemos cuáles eran los fines entonces perseguidos.

(6) AGI, E.C. 914 a, primer cuaderno, fols. 35v a 38v. En ella Valparda no sólo acusó a Araujo de levan­tar indebidamente una compañía de soldados, sino también del sistema de financiación arbitrado, he­chos ambos de los que se hizo eco el Rey en la orden de pesquisa contra Araujo de 31 de diciembre de 1738, uno de cuyos cargos era "si ha levantado una tropa y puesto una gabela a todos los que tienen tienda con trato de pulperías" (AGI, Indiferente General 555a, fol. 119 v).

CJl En ella dice el Presidente que "por falta de ministros ... se ha originado la frecuente desobediencia a los mandatos de los jueces, y aún la extracción de los presos, violando las cárceles", lo que le obligó a "formar un cuerpo de doce alguaciles, con el nombre de soldados, que sirvieran de acompañar en las rondas a los jueces de esta ciudad y en los demás casos necesarios para la administración de justicia" (AGI, Quito 133, fol. 339).

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Pero no sólo no estaba de acuerdo el fiscal V alparda con esta visión de la Audiencia -decía en su escrito "no ser necesario este auxilio para mantener el respeto y la autoridad de los tribunales, como se ha experimentado"-, sino con la legalidad de la medida arbitrada por Araujo, ya que señalaba que sin haber contestado el Rey a la antigua petición de la Audiencia sobre la creación de ese cuerpo armado, "no haber sacado la subordinación al superior gobier­no del Virrey, ni haberse ofrecido caso extraordinario que requiera la formación de alguna tropa, Don José de Araujo y Río, presidente de esta Audiencia, a [los] pocos días de haber tomado la posesión de este empleo mandó acuartelar una bandera y reclutar una compafiía de hombres para su guardia".

En el escrito de Valparda quedaba claro que el levantar una compañía de soldados era una decisión personal de Araujo, hecho que el mismo Presidente reconocía sin tapujos en un auto fechado el 14 de febrero de 1737 que fue remitido por el Fiscal en su carta del primero de marzo, en el que Araujo declaraba que había obrado de esa forma "por la facultad que reside en sí en servicio de Su Majestad en beneficio de la pública utilidad", aludiendo indirec­tamente a su cargo de Gobernador. A esta misma línea de competencia -y responsabilidad­personal, aunque basada en otro de sus empleos -en el de Capitán General-, se ajusta una muy posterior declaración de Araujo al ser interrogado sobre el tema en junio de 1744, ya que entonces dijo que "por guarnecer el respeto de su empleo como Capitán General, mandó po­ner una bandera a la puerta de su casa para que ocurriesen los que quisiesen alistarse, de los que entonces entresacó hasta el número de 12, con un tambor, y nombró por capitán a Don Pedro de Larrea, a quien le dio un pliego de papel con algunos apuntes para que advirtiera el cumplimiento de su obligación a dichos soldados"(8).

De los testimonios cilados se desprende que estamos ante una actuación personal de José de Araujo que no fue contradicha oficialmente en Quito por inutilidad, temor o -más probablemente- por estrategia del fiscal, quien prefirió atacarle en Lima o Madrid por ser es­pacios menos controlados por el mandatario. La maniobra de Valparda se vio coronada por el éxito, pues tanto Madrid(9) como Lima consideraron la medida de Araujo como no ajustada a derecho, si bien antes de que el "superior gobierno" limeño interviniese hacia agosto de 1737(10),

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AGI. E.C. 915a, 4° cuaderno, fol. 35. Esta justificación la ampliará y la reafinnará Araujo el 23 de marzo de 1745 en su respuesta al segundo cargo (E.C. 915b, 91 Cuaderno, fols. 59-68), donde señala que fue un hecho legítimamente ejecutado en virtud de Real facultad como fué el de los referidos doce soldados de guardia, pues por una Real Cédula de S.M., su fecha en Segovia a 20 de mayo de 1717, dirigida al Sr. Virrey del Perú, se Je ordena que con ninguno pretexto ponga embarazo ni dificultad a los presidentes de Quito para que ejerzan la capitanía general de aquel distrito, sino que antes bien contribuya y facilite el que se les guarden los honores, prerrogativas y facultades que gozan los presi­dentes de Chile y Panamá; es así que los Presidentes de Chile y Panamá gozan de los honores y prerro­gativas de tener soldados de guardia (lo que no necesita de prueba por ser público y notorio), Juego los Presidentes de Quito pueden tener soldados de guardia, y por consiguiente los que yo tuve fué con Real facultad". No hemos localizado una orden explícita dada por Madrid, aunque sí una prueba de que la actuación de Araujo no era legal, pues uno de los cargos que figuran en la orden de pesquisa contra el Presidente de 31 de diciembre de 1738, era el de "si ha levantado una tropa y puesto una gabela a todos los que tienen tienda con trato de pulperías" (AGI, Indiferente General 555a, fol. 119v). Ningún dato concreto tenemos de Jo arbitrado por Lima, si exceptuamos una serie de referencias que se hacen en la pesquisa abierta a Araujo sobre que el virrey ordenó el fin de la compañía de soldados hacia el mes de agosto de 1737.

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el Presidente de Quito -posiblemente alertado desde Lima- quiso protegerse recurriendo a que la Real Audiencia pidiese el beneplácito de la Corona para el levantamiento de la compañía de soldados.

Así, el 8 de agosto de 1737, estando presentes los oidores José Llorente, Manuel Rubio de Arévalo y Pedro Gómez de Andrade, José de Araujo señaló "la gran falta que [él] experi­mentaba de ministros subalternos o ejecutores con quien pudiese obrar lo mucho que se ofrecía en su gobierno, y que esta propia la conocía este Tribunal para ejecutar sus órdenes y las pro­videncias de Justicia . .. y que para evitar uno y otro daño tenía por conveniente el nombrar seis(!!) hombres, o los que pudiese mantener a su costa, para ocurrir al remedio de aquellos daños". Esta medida fue claramente apoyada por la Audiencia, quien señaló que escribiría al Rey -como lo hizo el 16 de agosto de 1737- para que "informado de las justas causas que han deliberado esta providencia, resuelva lo que sea de su mayor agrado y servicio" (AGI, E.C. 914b, 52 cuaderno, fol 280).

Pero no sólo buscó Araujo este camino para obtener la autorización de la Corona, pues también solicitó el permiso como Capitán General(l2), vía a la que responde la carta escrita al Rey el 4 de octubre de 1738 en la que suplicaba "se digne de concederme, como a Capitán General que soy de esta provincia, el tener doce soldados en mi casa para que estén prontos a las órdenes de todos los jueces de esta ciudad en las ejecuciones de justicia, y al mismo tiempo sirvan de centinela a la puerta de la Caja Real, que al presente se halla sin custodia" (AGI, Quito 133, fol. 329).

De poco valieron los intentos de Araujo para conseguir institucionalizar la compañía de soldados levantada en febrero de 1737, porque a la postre ésta no pudo mantenerse, muriendo de forma parecida a como había nacido: sin perfiles definidos ni en cuanto a causa y momento, o al menos así se de~-prende de la documentación que hemos localizado en el Archivo General de Indias. Con respecto a la razón de su desaparición, nosotros creemos que se debió a órdenes superiores emanadas de Lima, hecho que se refleja en el punto noveno del interrogatorio que Simón Alvarez de Monteserín presentó el 8 de septiembre de 1744 en la pesquisa sobre Araujo, donde pidió que los testigos declarasen sobre "si saben que los soldados se mantuvieron desde el principio del gobierno de dicho señor Don Joseph el discurso de once meses en la forma referida hasta que vino orden del Excelentísimo Señor Virrey para que los quitase" (AGI, E.C. 914 b, 62 cuaderno, fol 3).

Con respecto al momento de su fin, las noticias que tenemos son contradictorias, pues si bien Simón Alvarez de Monteserín habla de once meses -de febrero a diciembre de 1737-José de Araujo, al contestar al segundo cargo en marzo de 1745, dará como fecha del fin la inconcreta de "por octubre de 1737, y duró dicha guardia de soldados ocho meses" (AGI, E.C.

(11 ) El número inicialmente levantado por Araujo fue el de doce, si bien esa cifra no se mantuvo siempre; si a comienzos de junio seguía existiendo ese número (escrito de Araujo al Rey de 3 de agosto de 1737, AGI, Quito 133, fol. 267), a comienws de julio se había reducido, pues en un auto de 6 de julio de 1737 -remitido por Araujo el 4 de octubre de 1738-, el escribano Domingo López de Urquía declara­ba que por el coste de su mantenimiento, "se va deshaciendo de dichos soldados de aquel número que deseó el celo de su señoría establecer" (AGI, Quito 133, fol. 339).

(12) Sin duda Araujo cursó también esta petición al superior gobierno de Lima, si bien no hemos encontra­do huella de este hecho en la documentación manejada en el AGI.

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915 b, 911 cuaderno, fols. 59-68), sei'lalando directamente a septiembre al contestar al cargo de haber sido interesada la prohibición del aguardiente de caña (AGI, E.C. 915 b, 92 cuaderno, fols. 129-134).

3.b. úis misiones de los soldados reclutados por Araujo

La medida de levantar una compañía de soldados respondía, según Arauja, a unas ne­cesidades evidentes. Pero, ¿cuáles eran éstas? Ciertamente son variopintas, ya que si en el auto de 14 de febrero de 1737 se invoca el "buen gobierno, paz y quietud de la república", en el testimonio de Domingo López de Urquía de 6 de julio de 1737 se da como razón "el bien de la causa pública, decoro y respeto a la Real Justicia" (AGI, Quito 133 fol 341); por otra parte en la petición de Arauja a la Audiencia de 8 de agosto de 1737 se habla de "la necesidad de ministros subalternos o ejecutores" que hiciesen cumplir sus órdenes o las de la Audiencia, mientras que en su carta al Rey de 4 de octubre de 1738 saca el argumento de que vigilen la Caja Real y en el interrogatorio de junio de 1744 se alude al "respeto de su empleo de Capitán General". Pero ¿quiénes amenazaban a la república, a la real Justicia, o al capitán genernl, o desconocían sus órdenes? Ningún ejemplo concreto nos da A.mujo para ninguno de los su­puestos a excepción del relativo al del cargo de Capitán Generdl, para el que cita explícitamente a los tenientes de navío Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que formaban pane de la misión de la Academia de las Ciencias de París para medir el grndo terrestre a la altura del ecuador.

El incidente (Ramos Gómez, 1986 vol. I, especialmente cap. III-4, p. 70 y sgs.) que en fecha tan tardía como 1744 invoca el capitán general José de Arnujo como causa del levanta­miento de la compañía de soldados se inició el 30 de enero de 1737 al negarse Antonio de Ulloa a dar al Presidente el tratamiento de "señoría" que por cortesía -y no por obligación­venía recibiendo, así como el no obedecer la orden de mantenerse preso en su casa por desacato; cuando la Justicia intentó capturar a Ulloa, éste y Juan, se defendieron con sus armas blancas, hiriendo a algunos de los ministros que pretendieron prenderles, trns lo cual ambos marinos se acogieron al sagrado del Colegio de la Compañía de Jesús. Pero no fue este incidente el pretexto invocado por Arauja en su interrogatorio de 1744 o en su justificación de marzo de 1745 sobre el por qué del levantamiento de la compañía de soldados, sino el que los dos mari­nos pudiesen salir de su refugio y "se entrnsen en mi casa y que experimentase (con grave daño mío y de la representación de mi oficio) su resolución, para cuyo reparo no sólo pude, sino [que] debí (usando de las facultades de Gobernador y Capitán General) guamecerme con dicha guardia como la tuvo dicho mi antecesor [el presidente Sosaya en 1707] para escusarme de la deshonrn que pudieran ocasionarme dichos tenientes" de navío(13). Ciertamente era un pobre e inexacto pretexto con el que además en ningún momento podía justificar el grave hecho de haber levantado sin autorización superior una compañía de doce soldados(l4).

(13) AGI, E.C. 915 b, 9' cuadernos, fols 59-68, respuesta al segundo cargo (23 de marzo de 1745). Esta misma tesis figuraba como punto octavo del interrogatorio que presentó Araujo el 17 de agosto de 1744.

(14) Ciertamente esta argumentación del Presidente no sólo no es consistente, sino tampoco válida, ya que si los dos marinos se habían acogido a sagrado el 31 de enero de 1737, el día 7 de febrero lo abandona­ba Jorge Juan para acudir a Lima en demanda de Justicia, de donde retomó hacia el 20 de junio, si bien

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Afortunadamente estos argumentos expuestos por Arauja para defender la medida por él tomada no son los únicos que tenemos para aproximamos a todas las razones que movieron al Presidente a actuar como acUJó, pues también contarnos con algunos datos sobre las misiones que desarrollaron los soldados. Así, si por una parte Arauja alude en la documentación manejada a la protección del convento de San Francisco en el capíwlo de 1737, a la ayuda a algún ministto en la detención de reos, a la mayor seguridad en la ciudad, a acompañar al viáúco y a ser el brazo ejecutor en la guerra que entonces se abrió contra el aguardiente de caña -tema del que nos ocupamos en este mismo artículC>-, por otra reconoce que su misión estaba también rela­cionada con la protección y el realce de la figura del Presidente y su esposa, para lo cual no sólo se les había aposentado en el zaguán de su morada -las casas de cabildC>- sino que como declaró el propio Presidente en su descargo de 1745 "me habían de acompañar éstos siempre que mi esposa o yo salíamos de casa, porque la guardia es personaJ"(IS).

Como vemos, los soldados no sólo estaban para auxiliar a la Justicia, sino también para mostrar la fuerza del Poder.

3.c. La financiación de la compañía de soldados

Pero no todo consistió en levantar una compañía de doce soldados y darles unas órdenes, pues también había que aposentarles, dotarles de armas, vestuario y alimentos, y, por supuesto, pagarles; cienamente al no poder recaer las sumas necesarias sobre la Real Hacienda ni existir organismo o institución que pudiera afrontarlas, Arauja se vio obligado a arbitrar diversas medida<; para obtener el dinero necesario, recurriendo posiblemente también a su bolsillo06).

El alojamiento lo consiguió del cabildo de la ciudad, que controlaban sus fieles desde enero de 1737 (Ramos Gómez 1989), institución que el 15 de febrero de 1737 ordenó desocupar un locaJ(l7) sito en los bajos de las Casas del Cabildo, donde moraba el Presidente, para con­vertir la pieza en cuartel, cambiando la puerta que daba a la calle por otra que se abrió al zaguán. La financiación de las armas -rejones- y vestuario -uniforme verde y amarillC>-, así como la de parte de la alimentación de los soldados, la obtuvo de instituciones o personas fieles, entre-

ya antes, en concreto el 7 de marzo, Ulloa podía moverse libremente por Quito, pues en esa fecha co­bró su sueldo de los Ofie,iales Reales. Por tanto, si la razón dada hubiera sido la causa del levantamien­to de la compañía de soldados, al desaparecer aquélla habría tenido que disolverse ésta.

<15) El fi scal Juan de Valparda en su escrito al Rey de primero de marzo ya habló de una función personal de la compañía de soldados con respecto al presidente Araujo, ya que decía que eran "para su guar­dia".

(16) El primer dato que tenemos sobre esta financiación personal procede del auto de Domingo López de Urquía el 6 de julio de 1737, donde al hablar de la paga de los soldados señala: "la cual me consta la hace y ha hecho su señoría ... a expensas de su propio pecunio, manteniendo a dichos soldados hasta el presente" (AGI, Quito 133, fol. 339); por otra parte en el Real Acuerdo de 8 de agosto de 1737 se declara que el Presidente "tenía por conveniente nombrar seis hombres a su costa" (AG, E.C. 914 b, 5° cuaderno, fol. 280). En este mismo sentido irán las diversas declaraciones y escritos de Araujo, quien siempre habló de que los pagó de su pecunio.

<17) En este local ejercía su oficio de escribano Enrique Capilla, perdiendo por tanto la ciudad ese ingreso, cantidad a la que había que sumar los gastos del acondicionamiento de ese espacio.

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gando 200 pesos tanto el Cabildo como el Obispo en fecha que no hemos podido concretar. Pero estas aportaciones del Cabildo no fueron las únicas, pues para pagar el sueldo del capitán de los soldados, el 16 de febrero de 1737 éste decretó la venta de unos propios en Añaquito, medida que finalmente no se llevó a efecto por las intensas gestiones del regidor Simón Sánchez de Monteserín, destacadísimo componente del grupo opuesto a Araujo.

Pero no sólo contó Araujo con estas aportaciones de individuos o instituciones, ya que también arbitró otros medios para mantener en su pie la compañía de soldados, como fueron las obligadas contribuciones de pulperos y truqueros.

3.c.1. La contribución de los pulperos

La carta escrita por Valparda al Rey el primero de marzo de 1737 en la que denunciaba el levantamiento de una compañía de soldados, iba acompañada de una orden de Arauja fechada el 14 de febrero de 1737, en la que señalaba "a dicha guardia y soldados el salario convenien­te para la manutención de los sobredichos", el cual debían cobrar "sin ... perjuicio de la repú­blica"; pero por "república" sólo entendía Arauja la Real Hacienda, porque según el auto re­mitido por Valparda, el Presidente "debía mandar y mandó que todos los pulperos que [se] comprenden en el circuito de la ciudad con tiendas públicas contribuyan cada uno de por sí, de cualesquiera esfen1s que sean, cuatro reales en cada mes, sin escusa ni réplica alguna, por ser como es esta [contribución] prorrata y pensión moderada y de menor cantidad"08).

Este sistema de financiación lo había decidido e impuesto el Presidente sin tener ningu­na atribución para ello, siendo denunciada la medida a Lima y a Madrid por el Fiscal de la Audiencia el primero de marzo de 1737; pero no sólo hacía saber Valparda este hecho, sino también una consecuencia -creemos que inexacta, pero útil para sus fines- que afectaba a un ramo de la Real Hacienda: "que a fin de relevarse los pulperos de la contribución del número impuesto, han cerrado muchos las tiendas menoscabándose considerablemente el ramo del in­dulto y composición de pulperías [-que era de 30 pesos anuales-] que pertenece al Real Haber de Vuestra Majestad"(l9).

(18) La referida orden era hecha pública el mismo 14 de febrero, cuando el escribano Diego Arias Allamirano lo notificó "a los pulperos que [se] comprenden desde la esquina de Sanla Catarina, San Agustín para arriba, con los demás pulperos que están al circuito de la plaza San Bias y Sanla Bárbara, sacada sóla la tienda que está debajo del balcón de Don Bal1asar de Cuellar", y el día 15 de febrero, se comunicó "a los pulperos de la esquina de San Marcos, Santa Calalina, San Bias y San la Bárbara hasla el circui­to de la plaza, en sus personas" (AGI, E.C. 914 a, primer cuaderno, fol. 100 v).

(19) No hemos localizado ninguna referencia que pruebe esta consecuencia de la contribución impuesla por el presidente Araujo, a quien le preocupó sobre manera el tema En su defensa argumentó que V alparda no especificó este extremo en el interrogatorio que presentó el 4 de agosto de 1743, y que en su lecho de muerte -fallecería en septiembre de ese ai\o- declaró querer rectificar su acusación, lo que según él no pudo hacer lanto por presionarle el resto de los acusadores como porque "hubo un teólogo que le dijese no estar obligado a firmar dicho instrumento, y que bastaba el que hubiere omitido en el interrogatorio la circunstancia que hizo agravante esta acusación, pues no había articulado lo de que se cerraron las tiendas de los pulperos, ni el menoscabo de los derechos reales, ni lampoco la exacción de los cuatro reales por mes, como se reconoce en el interrogatorio" (AGI, E.C. 915 b, 9° cuaderno, fol. 62 v).

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Si bien en el decreto por el que se impuso la contribución a los pulperos no se especifi­can ni razones ni ventajas para éstos, sin embargo, cuando a Araujo se le acusó de la ilegalidad de esta actuación, arguyó en 1745 "que los pulperos tienen la obligación de asistir a su costa a todos los actos de justicia como rondas, conducir desterrados, acompañar a los azotados y ajusticiados, cercar conventos cuando se refugia algún reo de delito exceptuado, y en todo lo demás en que les ocupan las justicias de esta ciudad, no obstante que de contrario se diga que es corruptela el ocupar en estos ministerios a los pulperosC20), sin prueba ni justificación algu­na (como lo hacen en todo lo que dicen), cuando consta por la prueba de dichos testigos(21) que ha sido inmemorial costumbre de la que se les ocasionan no sólo los gastos que ejecutan, sino la pérdida de sus ganancias en el tiempo que ocupan en las mencionadas diligencias"; teniendo en cuenta que los soldados iban a ocuparse de todas esas misiones, dice Araujo en 1745 que "discurrí la compensación de cuatro reales por mes para que concurrieran a mante­ner dichos soldados" (AGI, E.C. 92 cuaderno, fol. 65 v y sigs.).

Esta argumentación que Araujo empleó en 1745 no la utilizó en ningún momento en 1737, ni al imponer esa contribución a los pulperos, ni al retirarla. Pero, ¿cuándo la anuló? Al parecer de inmediato, según se desprende del testimonio de Domingo López de Urquía, quien el 6 de julio de 1737, por orden de Araujo, "pasó a inquirir, averiguar y preguntar a los pulperos ... si alguno de ellos había contribuido cuatro reales por mes ... para la paga y sueldo de los soldados", a lo que respondieron que "no habían contribuido dichos cuatro reales ni un real para el efecto de la dicha paga"(22).

Ninguna justificación dio Araujo en 1737 al hecho de la anulación de la contribución y cuando lo hizo al hacérsele cargo de esa imposición, aludió en su declaración de junio de 1744 a la resistencia de los afectados -"supo el sei'lor confesante que los pocos pulperos a quienes les hizo la notificación no lo llevaron a bien, por lo cual mandó cesar en las demás notifica­ciones y no llegó el caso de que ningún pulpero exhibiese cosa alguna" (AGI, E.C. 915 a, 4° cuaderno, fol. 36)-- y en el descargo de marzo de 1745, a las posibles consecuencias de la imposición sobre la Real Hacienda; "por la consideración de que éstos pagaban derechos a S.M., cuya paga pudiera dificultarse por este motivo" (AGI, E.C. 915 b, 92 cuaderno, fol. 64v.).

Nosotros creemos que la causa de retirar la contribución estuvo más relacionada con la segunda razón que con la primera, y que se produjo en el momento en el que Araujo advirtió o fue advertido de lo peligroso de su iniciativa, ya que tocaba uno de los puntos más sensibles de la Corona: la Real Hacienda.

(20) El juez pesquisador Rubio de Arévalo, a este respecto señalará en el extracto de los autos "que no hay ley, ordenanza ni estatuto que constituya a los pulperos la obligación de concurrir a los actos de justi­cia ni a su ejecución, sino que es una corruptela introducida por los jueces que precisan a estos misera­bles tal que vez a la concurrencia de lo que no es de su obligación" (AGI, E.C. 8° cuaderno, fol. 177).

(21) Araujo había incluido en el interrogatorio que presentó el 17 de agosto de 1744 una pregunta al respec­to, de cuyas contestaciones había obtenido esta conclusión que transcribimos.

(22) Este testimonio fue remitido a la Corona con carta de 4 de octubre de 1738 (AGI, Quito 133, fol. 340), y con él estará conforme la parte acusadora

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3.c.2. La contribución de los truqueros

Si bien el fiscal Juan de Valparda había denunciado el primero de marzo de 1737 la imposición a los pulperos de una contribución para la sustentación de la compañía de soldados levantada por Araujo, sin embargo nada había dicho de la carga que, para igual fin, se había colocado a los truqueros. El primer dato que al respecto tenemos nos aparece en la sexta pre­gunta del interrogatorio presentado por Juan de Valparda el 4 de julio de 1743, donde al ha­blar de la compañía de soldados y de su financiación mediante una contribución a los pulperos dice: "y además de ésto, a cada mesa de truco y dueño de ella le impuso la pensión de dos pesos cada mes, que se cobró exactamente, y de que no se pudo librar la mesa perteneciente a la cofradía de las Benditas Animas por más diligencias que hizo Don Nicolás de Sierra, su mayordomo, quien pagó a un criado del capitán de la guardia, como consta del recibo(23) de que hace presentación" esta parte (AGI E.C. 914 a, primer cuaderno, fol. 92v).

Como vemos, si en el caso de la contribución impuesta a los pulperos no se cobró ninguna cantidad, sin embargo no ocurrió lo mismo con la de los truqueros, como demuestra tanto el recibo de cuatro pesos a cargo de la Cofradía de las Animas como el reconocimiemo explícito que del hecho hace Araujo en su confesión iniciada el 15 de junio de 1744, donde declara que como en la ciudad había "10 o 12 mesas de truco en que logran sus dueños crecidas ganancias sin pagar a S.M. derecho alguno, discurrió el señor confesante que cada uno pagase dos pesos por mes parn ayuda de mantener los doce soldados, cuya comisión tuvo el capitán Don Pedro de La Rea, a quien le preguntó el señor confesante, al cabo de dos meses, de lo que había cobrndo, y respondió que sólo ocho o diez pesos, porque los más trucos ernn de señordS viudas y personas principales, y por evitar disgustos le mandó el señor confesante suspender en la cobranza, como así se ejecutó"(24).

Ciertamente no tenemos por ahora datos que nos permitan confirmar o desmentir esta explicación, pero lo que parece cierto es que se cobró a muy pocos y durante muy poco tiempo porque los presuntos contribuyentes no aceptaron la imposición.

4. LA PROHIBICION DEL AGUARDIENTE DE CAÑA

Si la primera noticia que tenemos de la creación de una compañía de soldados tiene fecha de 14 de febrero de 1737, la de su primera actuación corresponde al 23 de febrero, día en el que están presentes en la publicación de un bando dado por Araujo contra la tenencia y fabricación del aguardiente de caña. ¿Se trata de una coincidencia? Nosotros pensamos que

(23) El referido documento reza: "Recibí del señor Don Nicolás de Sierra, mayordomo de la Cofradía de las Benditas Animas, dos pesos por el truco de las benditas ánimas por un mes que se cumplió a pri­mero de abril de setecientos treinta y siete" (AGI, E.C. 914 a, primer cuaderno fol. 98). Si bien la legitimidad de este recibo es aceptada por todos, sin embargo menor credibilidad tiene la declaración del sexagenario Gregorio de Cárdenas, quien el 16 de octubre de 1744 declaró que se le habían cobrado 4 pesos mensuales por dos mesas de truco que tenía, y que había pagado la cantidad total de 44 pesos. (AGI, EC 914 b, 6° cuaderno, fol. 98).

(24) Lo dicho por Araujo en su declaración se corresponde en cierta medida con la pregunta décima del interrogatorio que él presentó el 17 de agosto de 1744, donde se lee: "y si saben que los truqueros

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no, que la existencia de esos soldados era necesaria para que el Presidente pudiese aplicar una medida(25) que le interesaba particulannente a él y quizá a determinadas personas de su grupo, que aún no hemos localizado, las cuales o pretendían hacerse con el control de la elaboración del aguardiente de caña o bien dañar los intereses de los contrarios(26).

Araujo nos dice que desde que había llegado a Quito, había apreciado que el consumo de esta bebida provocaba, especialmente entre los indios(27), muertes repentinas por beberla con exceso, "con peligro manifiesto de la salvación de sus almas y consunción de los dichos indios", fallecimienlOs que "al presente con más exceso [ocurren], por ... [la] mala calidad" del pro­duclO, ya que se mezclaba "con cabuya y otros ingredientes que la hacen más nociva", por lo que decidió prohibirla apoyándose en una Real Cédula de 16 de agoslO de 1714. En esta reso­lución, el Rey, buscando "la pública universal salud de los vasallos de los reinos del Perú y la Nueva España", ordenaba bajo graves penas que no se tolerase ni a seglares ni a eclesiásticos la fábrica ni la venta o uso secreto o público del aguardiente de caña, el cual debía ser derramado y rolOs los útiles con los que se fabricaba "de forma que no queden en estado de poder volver a servir", vendiéndose el instrumental en provecho de las justicias que los hubieren aprendido (Muro Orejón 1969: documenlO 275).

Así, el 23 de febrero de 1737, el Presidente Araujo llevó al Real Acuerdo la referida Real Cédula, prohibiéndose en el terrilOrio quiteño "vender en público ni en secrelO, en mucha ni en poca o más leve cantidad, de la dicha bebida; ni que persona alguna de cualesquier estado, calidad o condición que sea ose fabricar ni se fabrique con ningún motivo causa ni pretexlO dicho aguardiente de caña, ni vender caldos que lleven en su naturaleza esta destilación en sus trapiches, ora sean de seculares o de eclesiá<;ticos, ni [en las] casas particulares de la ciudad o sus barrios, con apercibirnienlO [de] que se derramará el que se hallare en ser en cualquier parte en que se encontrare, y que se romperán sus materiales y se venderán sus instrumenlOs de su fábrica y las mulas que lo condujeren para aplicar su produclO a las justicias que lo aprendieren, y dar la cantidad de veinte pesos a la persona que lo denunciare". Con respecto a la multa que se impondría a los transgresores, se reservaba "su señoría en sí la asignación de

tienen crecidas utilidades de las coymas sin pagar derecho alguno a S.M., y que se les cobraron a algu­nos dos pesos al mes para mantener dichos doce soldados, lo que duró muy poco tiempo, [por]que apenas se cobraron ocho o diez pesos, y porque se resistían a pagar mandé no se cobrasen más" (AGI, E.C. 914 b, 79 cuaderno, fols. 14 a 18).

(25) José de Araujo puso en relación a la compañía de soldados con la erradicación de la fabricación y ven­ta del aguardiente en carta al Rey de 3 de agosto de 1737, donde señala que el éxito obtenido en uno y otro tema se deben "a la buena diligencia y pronta ejecución de 12 soldados que en los cuatro primeros meses de mi gobierno mantuve de mi caudal" (AGI, Quito 133, fol. 267).

(26) En este momento sólo estamos en condiciones de plantear esta hipótesis, que esperamos poder demos­trar con posteriores investigaciones.

(27) El Cabildo Eclesiástico de Quito, en carta al Rey de 3 de octubre de 1738 es más exacto al respecto, indicando sobre este tema que el uso del aguardiente de caña era importante "no sólo entre los indios, sino también entre los mestizos y demás gente de esta especie ... viéndose cada día tantas desastradas muertes de esta miserable gente que ya por la destemplanza con que lo bebían ocasionaban su propia ruina, y ya porque en otros se originaba un gran furor para acometer a los que se hallaban inmediatos a ellos; de todos modos no había cosa más frecuente en esta ciudad que [las] muertes de estos misera­bles" (AGI, Quito 133, fol. 325).

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la cantidad para imponerla a proporción de la calidad y estado de la persona que contraviniere con las demás que le pareciere convenir según derecho".

En el mismo acto se ordenaba la publicación del bando en las calles y barrios; su fijación en carteles por las esquinas, y su remisión a las ciudades villas y asientos de la Audiencia, y a los corregidores para su proclamación y cumplimiento. Esta publicación comenzó en Quito el mismo día 23 de febrero, apareciendo como testigos "Miguel de Vera y Pedro de La Vega, ayudantes de la guardia de su señoría, y demás soldados"(28).

4.a. La búsqueda, secuestro y remate de los alambiques

Pero los soldados de la guardia de Araujo no sólo estuvieron presentes en la publicación del bando de prohibición del aguardiente de caña, sino también en su cumplimiento, actuando en apoyo de Don Manuel de La Cerda(29) el día 2 de marzo de 1737, cuando se recorrió Quito con ese fin, obrando unas veces de forma rigurosa y otras laxa. Con respecto a esta última línea de actuación, la Justicia en un caso argumentó la ausencia de la duei'la de la casa para no registrarla, sin retomar luego a ella -así sucedió con la de Doña María Cornejo, viuda del que había sido presidente de Santa Fe-, y en otro se contentó con las explicaciones dadas por la dueña, como sucedió con Doña María de Luna, viuda de Don Eugenio de Chiriboga, en cuya ca..a se habían hallado "cinco aposentos que según sus vestigios parecían haber servido de alambiques de sacar aguardientes, y la susodicha dijo que ... dos alambiques los había retenido en su poder por cuenta de los arrendamientos que le debían de dichos aposentos los dueños" de ellos; que otro había sido de Bernardo Chacón, que se lo había llevado; el cuarto de "una pobre que no la quiso nombnrr, y el otro de otra pobre que por pedimento de Doña Tomasa Maldonado, mujer legítima de don Patricio Villamil, le había dado el aposento para que tuvie­se en él su alambique, y que los habían desbaratado todos y se los habían llevado"(30)_

(28) El 26 de marzo escribió José de Araujo a Villagarcía comunicándole lo hecho, lo que aprobó el viney en carta de 8 de mayo de 1737.

(29) Así se desprende del testimonio del escribano receptor "Joaquín Guerrero, quien dio fe de que el 2 de marzo de 1737, en cumplimiento de la Real Cédula "y por la comisión dada por su señoría al capitán Don Manuel de La Cerda para la pesquisa y celo de los alambiques que tienen [los vecinos] para sacar dichos aguardientes en las casas de esta ciudad y sus barrios, salió el dicho capitán Don Manuel en compañía de mí, el presente escribano y de Manuel de Andrade y Ventura Aldas, soldados de la guar­dia de su señoría".

(30) En las alegaciones hechas por los acusadores de Arauja el 8 de febrero de 1745 en la afirmación de los cargos, se dice sobre este último punto que en casa de "Doña María de Luna, viuda de Don Eugenio Chiriboga, y suegra de Don Tomás Guerrero (-uno de los alcaldes propuestos por Araujo al Cabildo en 1737 y nombrados por él a pesar de no haber obtenido el mayor número de votos-], Don Juan y don Clemente Sánchez, Don Diego Donoso y Don Cristóbal de Jijón .. . se hallaron cinco aposentos que habían servido de alambiques y aún dos de éstos instrumentos en poder de dicha Dña María [Pero] por una leve disculpa que dió, se los dejaron en [su] ser, no habiendo sido suficiente para con las otras personas la ciencia del escribano de que estaban aplicadas las paylas a otros ministerios"; por lo seña­lado debe inferirse "la coligación que tiene y ha tenido dicho señor Don José con la familia de Doña María de Luna" (AGI, E.C. 915 b, 8° cuaderno, 154-159).

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El resultado de los registros que se efectuaron en Quito el 2 de marro de 1737 no fue muy brillante, según el correspondiente auto y lo expuesto por José de Araujo el 9 de marzo, ya que lo entonces aprendido fueron cuatro alambiques<31), los cuales, una vez abollados<32), "mandó su señoría se sacasen a pregón y se rematasen en el mejor postor, y su producto se aplique a la paga de soldados de la guardia"; la cantidad obtenida fue la de 104 pesos y seis reales, la cual se destinó a "la paga de los doce soldados de dicha guardia por convenir así a la buena administración de justicia"(33).

Pero estos alambiques no fueron los únicos entonces tomados, ya que según el dato que también nos proporciona Araujo el 9 de marzo, hubo una actuación en el valle de Guayllabamba, en la hacienda de Puruanta, que estaba a cargo del padre maestro fray Pedro Alderete, de la orden de Nuestra Señora de las Mercedes, donde se requisaron 8 botijas de aguardiente de caña y 6 de vinillo, y 2 alambiques; aunque en el documento se dice que el líquido se derramó en la Plaza Mayor, y el metal se abolló, sin embargo no se indica que se subastasen las piezas.

Si tenemos en cuenta los datos aportados por los documentos que se nos han conservado, el número de alambiques tomados y destruidos en Quito y sus entornos fue muy escaso, cir­cunstancia que no sólo nos choca a nosotros, sino también a algunos quiteños del momento, que acusaron a Araujo de no declarar todo lo tomado. De este hecho se hizo eco el juez pesquisidor Rubio de Arévalo en el extracto de los autos de 18 de abril de 1746, donde escri­bió que a pesar de "los dichos de los testigos de la sumaria" sobre las aprensiones en los va­lles de Guallabamba, Quinche y Peruche, así como del circuito de Quito y de la ciudad, el Presidente "no ha presentado estas diligencias o actuaciones, para que en la confusión y gene­rnlidad quedase sin pruebas el grande monto de cobros que se extrajeron en los tntpiches de eclesiásticos seculares, en los [de los eclesiásticos] regulares y en los de [los] laicos, de que absolutamente no hace el Presidente mención y se desentiende y prescinde de la justificación que resulta en estos autos por los dichos de los testigos de la sumaria" (AGI, E.C. 915 b, "Ex­tracto de autos" de 18 de abril de 1746, fol. 21 y sigs.).

Como veremos más adelante, nuestra conclusión es otra.

4.b. La actuación sobre los pulperos que vendieron aguardiente de caña

Pero no fue éste el único golpe dado por la Justicia en relación con el aguardiente de caña, ya que se persiguió también su venta, como se ordenaba tanto en la Real Cédula de 10 de agosto de 1714, como en el bando publicado por José de Araujo el 23 de febrero de 1737,

(3!) Araujo fue acusado de que uno de los alambiques tomados se dedicaba a la elaboración de tintes y otro a la fabricación de chicha, afirmaciones que desestimó el Presidente.

(32) Según declarnron algunos testigos de la acusación, las piezas que salieron a subasta estaban práctica­mente tal cual fueron requisadas, por lo que podían ser utilizadas sin problemas por los adquirientes. Lógicamente los testigos de la defensa señalan lo contrario.

(33) Aunque esto era lo ordenado en la Real Cédula de 16 de agosto de 1714, no perdió Araujo la posibili­dad de transfonnar el texto de la orden para rodearse de una aureola de generosidad y desprendimien­to, renunciando a aplicarse la cantidad que le correspondía por tener "pane en ello, como se le concede por la referida Real Cédula, respecto de atender más su señoria a la manutención del respeto debido a la Real Justicia y ejecución de las reales órdenes de su Majestad, que a su propio interés".

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campo del que sólo tenemos un caso mencionado y otro detallado. El primero fue protagoni­zado por Ignacio Sánchez, alias "El Espadero", pulpero de la plazuela de Santo Domingo, a quien se le siguió causa por el alcalde Tomás Pérez Guerrero el 25 de marzo de 1737 por haber vendido aguardiente de cai'la después de la prohibición.

El hallazgo de la mercancía prohibida le significó al pulpero y a su esposa la inmediata prisión, él en la cárcel y ella en el Recogimiento de Santa Marta. Allí permanecieron mientras se subastaban los productos de la pulpería, que alcanzaron la suma de 130 pesos(34), si bien el monto había sido calculado en 327 pesos 2 reales según la suma de los productos que apare­cen en el inventario efectuadoC35), sin contar las tijeras y navajas que en ella había y los cua­dros colgados en sus paredes.

Pero en esta ocasión, y a diferencia de lo que había ocurrido con el remate de los ele­mentos de los alambiques, la suma obtenida no fue a parar a los soldados, sino devuelta misericordiosamente por Arauja al pulpero o a su mujer, según atendamos a la documenta­ción -fechada el 29 de marzo de 1737- aportada por el Presidente en su descargo, o a la de­claración de la hermana de la esposa del pulpero de 28 de octubre de 1744. Según la primera fuente, a los dos días de efectuada la subasta, Arauja, "informado ... ser el susodicho [pulpero] un pobre hombre cargado de mujer e hijos y ser la cortedad de dicho aguardiente con que se

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La mercancía la compró José Bravo, quien ofreció de salida 11 O pesos, y al no presentarse nadie subió a 130 con tal que se rematase a la hora, como sucedió. Estos datos se complemenlan con la declaración de la hermana de la esposa de Ignacio Sánchez de 28 de octubre de 1744, hecha el 28 de octubre de 1744, quien dice que la tienda la "sacó por hacer bien a dicho su cuñado un amigo suyo llamado Tomás Bautista en precio, según se quiere acordar, de dos­cientos pesos, sin entrar en ese precio las muchas prendas que tenía la dicha tienda por los fiados en que las habían empeñado, cuyas cobranzas hicieron aparte el alcalde, escribano y ministros que concu­rrieron a dicha venta, siendo la importancia de dicha pulpería según se lo dijo su cuñado a esta testigo, de quinientos pesos y más, por estar surtida aún de cosas ajenas que le habían puesto para vender, dejando a dicho su cuñado del todo inhábil y adeudado" (AGI, E.C. 914 b, 6° cuaderno, fol. 170). Si bien el inventario de la tienda se efectuó con detalle, valorándose además la mercancía, resumimos el mismo indicando sólo los diversos renglones, que son los siguientes: 12 pesos en reales de a dos, sencillos y medios; 19 pesos y cuatro reales, en reales de a cuatro y un doblón "que dijo Micaela de Benavides mujer legítima de Ignacio Sánchez tocar y pertenecer a Maria Cabezas de Córdoba, mujer de José Ramírez, que los dejó en cargo para acudir al convento de Santo Domingo por semanas"; ve­las; puñales grandes y pequeños, uno con cabo y contera de plata y los otros ordinarios"; ocho navajas, cuatro de destajar plumas y una de barbero; dos baleros; tijeras viejas; rapaduras; vino; aceite; aguar­diente de uva; dulces; polvos azules; clavo de comer, pimienta de castilla; almidón de trigo; almidón de papas; azafrán de Castilla; arroz de Castilla; coquitos de Chile; yerba; jabón negro; alusema; ajonjo­lí; jabón de valles en limpio; sal limpiacayapas; mazos de tabaco; cigarros; badanillas; cinchones de cabuya y cinchas; jarcia; aventadores; escobas de yumbos; fagulas; saquillos; tablas de toacasto; pilares; tacones de madera; rodela bordada de hieno; pescado negro; tabaco en polvo criollo; pita torcida; piezas de cintas de reata; peines de cuero; achote; frascos de frasquera; cuerda gruesa. En el casco de la tienda se hallaron "siete láminas pequeñas de distintas advocaciones, con sus marquitos dorados ... un sitial pequeño de raso, con su santo Cristo de bulto de madera ... lienzo sin moldura de más de vara de largo". A estos bienes hay que añadir, si hacemos caso de la declaración de la hermana de la esposa del "Espadero", de 28 de octubre de 1744, "un altar de nacimiento primoroso" que se lo llevaron a casa del Presidente, si bien por intercesión del padre misionero apostólico fray Femando de La Rea, se lo devolvieron, "aunque muchas cosas se han perdido de él".

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Je cogió del rezago, y no nuevamente comprado ni fabricado después del bando general que se publicó", decretó su perdón, ordenando que se le entregase la canúdad por la que fue rema­tada la pulpería, recibiendo el pulpero 107 pesos(36). Sin embargo, según la declaración de la hermana de la esposa del pulpero, la devolución -por cierto de 120 pesos- tuvo Jugar varios afios después, por su intervención ante el Presidente, quien "se compadeció y le promeúó a la tesúgo que en saliendo de los ejercicios [espirituales] a que se iba, daría providencia", lo que se efectuó un día antes de que "El Espadero" muriese loco, y cuatro días antes de que fallecie­se su esposa, quien por cierto fue quien recibió la suma (Declaración de Gregoria Benavides de 28 de octubre de 1744; AGI, E.C. 914 b, 62 cuaderno, fol. 170).

No fue esta la única aprensión de aguardiente, ni la única sanción económica impuesta, ni el único perdón misericordioso de Araujo, ya que según declaró en su descargo de marzo de 1745, "otra multa impuse a un pulpero, que ni me acuerdo de su nombre ni de la canúdad (aunque sería corta), y sólo si hago memoria [de] que el alcalde ordinario Don Joaquín Laso, en fuer7..a del encargo que le tenía hecho de que celase el aguardiente de cafia, vino a informarme de que tenía un pulpero porción de aguardiente, por cuyo informe puede que se le sacase una multa, la que se me trajo viniendo al mismo úempo el pulpero. Informado de la corta canúdad que se Je halló y que 1enía reservada para los remedios de su casa, y que no la había comprado después del bando, usando de conmiseración y piedad le mandé volver la multa" (AGI, E.C. 915 b, 92 cuaderno fol. 129-134).

Ciertamente o los pulperos obedecieron a pies juntillas el bando y se desprendieron del aguardienle, o hubo una conspiración de silencios para ocultar la bebida.

4.c. Intereses ocultos en la prohibición del aguardiente de caña

Dos aguardientes eran los que se venían consumiendo en el ámbito quiteño, el de uva, que no se producía en la zona por lo que había que importarlo, y el de cafia, que era de elabo­rnción local. Tanto en la Real Cédula de 16 de agosto de 1714 como en el bando publicado por Araujo el 23 de febrero de 1737, sólo se prohibía el aguardienle de caña, no el de uva, que a partir de entonces era el único que podía consumirse. Aunque pudiera ser una casualidad, ciertamenle nos resulta muy sospechoso que a este tráfico no fuese ajeno el Presidente de Quito, quien tenía acceso al producto a través de su cuñado Victorino Montero, arrendador desde el 26 de agosto de 1735 de la mina de brea de Amotape (Lohmann 1976: 272), a cuya cabeza había colocado al hermano de Don José: a Francisco Araujo y Río. De esta forma los dos hermanos aparecían en el extremo de una cadena cuyo senúdo nos da el propio Victorino Montero en carta escrita al Presidente de Quito el 11 de octubre de 1737, donde señala que la brea de Amotape "se vende en El Callao y Pisco a cambio de aguardientes, y [de] éstos sólo se sale de ellos enviándolos a Panamá, Valles y Quito"(37).

(36) La diferencia entre los 130 pesos del remate y los 107 recibidos creemos que se debe al descuento de los 20 pesos que debía recibir el denunciante y a los gastos del remate.

(37) AGI, Quito 134, fol 138; carta remitida por José de Araujo en su escrito al Rey de 4 de febrero de 1740.

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Araujo era pues "la conexión quitei'ia", y el producto a distribuir el aguardiente de uva, cuyo mercado resultaba muy ampliado al prohibir el Presidente la elaboración, distribución y consumo del de cai'ia; este hecho creemos que explica la "extraña rapidez" con la que Araujo se dio cuenta de los fallecimientos que el aguardiente de caña producía y con la que obró para "buscar remedio", que lógicamente no fue el de perseguir a quienes adulteraban el aguardien­te de cai'ia, sino el de prohibirlo y obligar a consumir sólo el de uva.

Aunque los quitei'\os no se percataron exactamente de la entidad de la maniobra, sí que sospecharon que la prohibición del aguardiente de cai'ia no sólo redundaba en beneficio de la salud de los vecinos, sino también en la de los bolsillos del Presidente. Así, en el cargo que el 12 de agosto de 1743 (AGI, E.C. 915 a, 8° cuaderno, fol. 116) presentó Don Simón Alvarez de Monteserín, éste acusó a Araujo de que "la prohibición de dichos aguardientes no fue más que un estudiado ardid de dicho sei'\or", treta que sólo relacionó con ''poder vender con repu­tación y con excesiva ganancia los [aguardientes] que introdujo a esta ciudad en las cargas que condujo al tiempo que vino a servir su presidencia"(38), argumentando que "en cuanto acabó de expender los que había introducido ... después volvieron a correr los de la tierra sin embarazo alguno, como hasta hoy se hallan corrientes".

Aunque la sospecha de Alvarez de Monteserín estaba bien encaminada al afirmar que algo se escondía debajo de la prohibición del aguardiente de caña, sin embargo fallaba al buscar las causas, pues aunque Araujo introdujese en QuiLO, al momenLO de su llegada, mucha mayor cantidad de las cuatro botijas de aguardiente de uva declarada'>, esa acción no puede explicar una medida como la que LOmó. Pero Alvarez de Montescrín plantea en su acusación otro hecho que no debemos dejar de pa<;ar por alLO: el del ténnino de la prohibición, que si bien él une al agotamiento de la mercancía introducida por Araujo, éste la pone en relación con la desmovilización de los soldados; efectivamente, en el punto 25 del interrogatorio presentado por el Presidente el 17 de agosto de 1744, se lee: "Y si saben que dicha prohibición de los aguardientes de caña fue por el año treinta y siete en tiempo que hubo soldados, y no hasta que se acabasen de vender las botijas de aguardiente que suponen traje yo de Lima, y que aunque encargué este cuidado a las justicias, por defecLO de ministros dejaron de celarlo" (AGI, E.C. 914 b, 7º cuaderno, fol. 14 y sigs.).

Aunque este párrafo es revelador, debemos aclarar que está incluido en un contexto que aparentemente deja a Araujo libre de cualquier sospecha Sin embargo es preciso señalar que estarnos ante un hábil montaje puesto en marcha por el Presidente quiteño para apartar de sí la acusación de estar relacionado con el comercio, para lo cual remitió al Rey un testimonio con una serie de supuestas cartas de Victorino Montero a su corresponsal en Quito y a él mismo. El detonante que provocó esta actuación fue un vale que cayó en manos del fiscal Valparda y en el que Araujo reconocía el 16 de mayo de 1738 que había recibido de Juan de Zumárraga "2.000 pesos que por hacer una merced me ha prestado, los cua­les entregaré a su disposición cuando me los pida, o se irán satisfaciendo del producto de 40 petacas de jabón, 19 botijas de aguardiente y 15 fardos de cordobanes que pongo a su disposición para que la persona que señale venda estos géneros y le entregue el producto".

(38) Araujo, en su entrada en Quito se presentó con un impresionante volumen de equipaje entre el que aparecía un considerable botijambre, que según el Presidente estaba formado por "48 botijas de vino y vinagre, 18 de aceitunas, 4 de aguardiente, [y] 10 arrobas de aceite en 28 botijuelitas", todo lo cual era para gastos de su casa (Interrogatorio presentado por José de Araujo el 21 de julio de 1739, AGI, Quito 134, fol. 83 ).

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Es posible que esta explicación dada por José de Araujo sea cierta, pero no podemos dejar de planteamos la posibilidad de que el cese de la persecución del aguardiente de caña no coincidiese con la anulación de la compañía de soldados, sino con el hecho de que el mercado ya estuviese convenientemente "saneado", tanto para el Presidente y su aguardiente de uva, como para sus partidarios y su aguardiente de caña. Con esta última posibilidad creemos que tienen relación dos hechos; el primero es que cuando en Quito se destruyeron los alambiques para la fabricación de la bebida, se exceptuaron los de determinadas personas que pensamos estaban ligadas al grupo que controlaba el poder, lo que quizá también sucediera con los de las haciendas, de donde no tenemos datos; el segundo es el corto número de alambiques que oficialmente se embargó y destruyó frente a los muchos que parece que se tomaron, hecho que quizá no se deba al ansia de enriquecimiento de Araujo, como pensó Rubio de Arévalo, sino a la voluntad de eliminar de la producción a personas no gratas e incentivar la de las amigas, a quienes fueron a parar los alambiques tomados.

5. RECAPITULACION

En febrero de 1737 José de Araujo tomó la decisión personal de levantar una compañía de soldados que, entre otras fuenas, contó con el apoyo inmediato del Cabildo y de la Au­diencia, que no recurrió la medida. Pero no todo fueron aplausos o silencios, pues en marro de ese año el fiscal de la Audiencia, José de Valparda, denunció a Lima y a Madrid el exceso cometido por el Presidente, no por celosa vigilancia de la legalidad, sino por a'>Í convenir a los intereses de la parcialidad con la que se había alineado al menos desde fines de enero de ese año de 173 7, y que era contrnria a la del nuevo mandatario.

Aunque la razón invocada por Araujo en 1737 para la creación de una compañía de soldados fue la de dotar a la Justicia de ministros ejecutores, en realidad estamos ante un claro caso de afirmación del propio poder, pues los soldados dependían de él como Capitán Gene­ral, residían en su casa y dos de ellos, "discretamente" vestidos de verde y amarillo y armados con rejón, le acompañaban a él o a su esposa en sus salidas. Si el que el poder se rodee de una fuerza armada para garantizar su tranquilidad y el cumplimiento de sus disposiciones guber­nativas, no es un hecho excepcional, tampoco lo es el procedimiento arbitrado por Araujo para su financiación, que según él no debía recaer sobre la "república", aunque a la hora de la verdad intentó que sobre ella recayera, como hemos visto.

Pero el levantamiento de una compañía de soldados no fue la única medida arbitrada por Araujo con el pretexto de atender a la felicidad de los quiteí'los, ya que también intentó evitar los males que producía el consumo de aguardiente de caña adulterado, lo que hizo no de la fonna que parecía lógica: saneando el producto, sino prohibiendo su fabricación y consumo al poner en vigor una cédula de 1714, ya en desuso. Si bien inicialmente la medida arbitrada por Araujo sólo podría calificarse de excesiva, en realidad el calificativo que le cuadra es otro bien distinto, pues estamos ante una hábil operación comercial camuflada con la invocación al "bien común" y a la voluntad del Rey (que por cierto también fue interesada).

Nosotros creemos que lo que en realidad pretendía Araujo era por una parte el colocar en el mercado el aguardiente de uva que distribuía su cuí'lado Victorino Montero, y por otra

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destruir la infraestructura que para la producción y distribución del aguardiente de caña tenían las gentes del grupo contrario, refommdo al mismo tiempo la de las propias.

Aunque la recluta de la compañía de soldados y la prohibición del aguardiente de caña aparentemente son dos medidas independientes que sólo tienen en común su proximidad en el tiempo y el responder supuestamente al "bien común", en realidad creemos que están emparentadas, y que la segunda estaba condicionada por la puesta en marcha de la primera. Nosotros creemos que no es casual que los soldados aparezcan en todos los episodios de la aplicación de la prohibición del aguardiente de caña, siendo la causa de ello el temor a la protesta de quienes lo fabricaban o más bien de quienes lo consumían; sin la existencia de esa fuerza militar, ¿se habría atrevido Arauja a aplicar la cédula de 1714? Creemos que no.

Llegando a relacionarse el fin de la prohibición con el término de la bandera levantada por el Presidente

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Luis Ramos Gómez Calle Nuria, 91 28034 Madrid

ESPA~A

Revista Andina, Año 11

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BIBLIOGRAFIA

GONZALEZ SUAREZ. Federico 1969-70 Historia General de la República del Ecuador, 3 vols., Casa de La Cultura

Ecuatoriana. Quito.

LOHMANN VILLENA, Guillermo 1976 "Victorino Montero del Aguila y su Estado político del reino del Perú (1742)".

Anuario de Estudios Americanos, vol. XX, Sevilla.

RAMOS GOMEZ. Luis J. 1985 Epoca, génesis, y texto de las "Noticias Secretas de América", de Jorge Juan

y Antonio de Ulloa, vols. XVI y XVII de la colección ''Tierra nueva e cielo nue­vo", C.Sl.C., Madrid.

1989 "Un ejemplo de la lucha por el poder en Quito [la elección de alcaldes del año de 1737]". Cultura, Revista del Banco Central del Ecuador, vol. 24 A. Quito.

1991 "La estructura social quiteña entre 1737 y 1745 según el proceso contra Don José de Araujo y Río" Revista de Indias, vol. LI, NV 191. Madrid.

1993 "La pugna por el poder local en Quito entre 1737 y 1745 según el proceso contra el Presidente de la Audiencia José de Araujo y Río". "Revista Complutense de Historia de América", Nº 18, Madrid.

MURO ORE.ION, Antonio (edición, estudio y comentarios) 1969 Cedulario Americano del Siglo xvm. Colección de disposiciones legales In­

dianas desde 1680 a 1800, contenidas en los Cedularios del Archivo General de Indias. Vol II (Cédulas de Felipe V de 1700-1724). EEHAdel CSIC, Sevilla.

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